TA TOL - 73001-33-33-002-2018-00328-01-(08-08-2024)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Ibagué, ocho (08) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Medio de control: REPARACION DIRECTA

Demandante: LUZ MELIDA HERRERA Y OTROS

Apoderado: Raúl Ignacio Molano Franco

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALIA GENERAL DE LA

NACION

Apoderados: Martha Liliana Ospina Rodríguez – Fiscalía Juan Pablo Rivas Gamboa – Rama Judicial Radicación: 73001-33-33-002-2018-00328-01

Interno: 0111 -2022

CUESTIÓN PREVIA La Sala deja constancia, que la presente providencia se profiere por el Magistrado ponente José Aleth Ruiz Castro, Presidente de la Corporación, de conformidad con lo ordenado por el H. Consejo de Estado en oficio CE-Presidencia-OFI-INT-2024-2366, a través del cual se comunicó que la Sala Plena de esa Corporación, en sesión celebrada el 28 de mayo de 2024, aprobó el traslado en propiedad del doctor Ángel Ignacio Álvarez Silva, del Tribunal Administrativo del Tolima, al Tribunal Administrativo de Norte de Santander y lo designó como Magistrado encargado del Despacho 003 del Tribunal Administrativo del Tolima.

Precisado lo anterior , e n cumplimiento de lo decidido por el Consejo de Estado – Sección Tercera, en sentencia del seis (6) de ma yo de dos mil veinticu atro (2024), dentro del expediente de acción de tutela radicado con el No. 11001 -03-15-000-2023Sección Tercera, en sentencia del seis (6) de ma yo de dos mil veinticu atro (2024), dentro del expediente de acción de tutela radicado con el No. 11001 -03-15-000-202305020-01, Consejera Ponente Dra. MARIA ADRIANA MARIN en la cual se concedió el amparo del derecho fundamental a la igualdad y al debido proceso de los señores Disneyda Herrera Arango, Francidia Guzmán Herrera, Deimar Guzmán Herrera, Isneda Guzmán Herrera, Trevelio Guzmán Meléndez en nombre propio y en representación del menor Oscar Fabian Guzmán Herrera y, en consecuencia, dispuso dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia dictada por esta Corporación el 09 de marzo de 2023 dentro del presente proceso y ordenó la expedición de una nueva sentencia en la que se tengan en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva del mencionado fallo de tutela, procede la Sala a dictar fallo de segunda instancia que en derecho corresponde. ASUNTO Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué el 10 de diciembre de 2021, que negó las pretensiones de la demanda, dentro del presente medio de control de REPARACIÓN DIRECTA promovido por DISNEYDAMedio de control: REPARACIÓN DIRECTA 2

Demandante: TREVELIO GUZMAN MELENDEZ Y OTROS Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Radicación: 73001-33-33-002-2018-00328-01

Interno: 0111 – 2022

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Radicación: 73001-33-33-002-2018-00328-01

Interno: 0111 – 2022

HERRERA ARANGO, FRANCIDIA GUZMÁN HERRERA, LUZ MEDLIDA GUZMÁN HERRERA, GILBERTO GUZMÁN HERRERA, ISNEIDA GUZMÁN HERRERA y TREVELIO GUZMÁN quien actúa en nombre propio y representación de los menores OSCAR FABIAN GUZMÁN, LLURLI FARLIN GUZMÁN Y DEIMAR GUZMAN en contra de la NACIÓN – RAMA JUDICIAL y LA FISCALÍA GENERAL DE LA

NACIÓN.

ANTECEDENTES

Los demandantes DISNEYDA HERRERA ARANGO, FRANCIDIA GUZMÁN HERRERA, LUZ MELIDA GUZMÁN HERRERA, GILBERTO GUZMÁN HERRERA, ISNEIDA GUZMÁN HERRERA y TREVELIO GUZMÁN quien actúa en nombre propio y representación de los menores OSCAR FABIAN GUZMÁN, LLURLI FARLIN GUZMÁN Y DEIMAR GUZMÁN, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de REPARACIÓN DIRECTA consagrado en el artículo 140 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentaron demanda en procura de obtener, mediante sentencia judicial, una decisión favorable sobre las siguientes, DECLARACIONES Y CONDENAS Que se declare que la NACIÓN – RAMA JUDICIAL y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN son administrativa y solidariamente responsables de los perjuicios causados a los demandantes, como consecuencia de los daños materiales y morales ocasionados

Que se declare que la NACIÓN – RAMA JUDICIAL y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN son administrativa y solidariamente responsables de los perjuicios causados a los demandantes, como consecuencia de los daños materiales y morales ocasionados con motivo de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor TREVELIO GUZMÁN MELENDEZ desde el 15 de Julio de 2009 hasta el 12 de noviembre de 2009 , por la presunta comisión del delito de Rebelión. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se CONDENE a las entidades demandadas, a pagar en form a solidaria a los demandantes las siguientes sumas de dinero por concepto de perjuicios materiales y morales: Perjuicios Materiales En la modalidad de lucro cesante, estimado en cuantía de ($ 6.459.700), suma dineraria dejada de percibir por el tiempo que estuvo detenido injustamente, es decir, un total de 4 meses que corresponde al tiempo de detención y la espera para encontrar un nuevo trabajo, partiendo de un salar io mínimo legal vigente para esa época. Perjuicios Morales Para cada uno de ellos por la privación injusta en el periodo comprendido entre el 13 de Julio de 2009 hasta el 12 de noviembre de 2009 : TREVELIO GUZMÁN MELENDEZ (afectado), DISNEYDA HERRERA ARANGO (compañera), FRANCIDIA GUZMÁN HERRERA, LUZ MELIDA GUZMÁN HERRERA, GILBERTO GUZMÁN HERRERA, ISNEIDA GUZMÁN HERRERA OSCAR FABIAN GUZMÁN, LLURLI FARLIN GUZMÁN Y DEIMAR GUZMÁN, en calidad de hijos del afectado,

GUZMÁN HERRERA, ISNEIDA GUZMÁN HERRERA OSCAR FABIAN GUZMÁN, LLURLI FARLIN GUZMÁN Y DEIMAR GUZMÁN, en calidad de hijos del afectado, la suma de dinero equivalente a 50 SMLMV.Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA 3

Demandante: TREVELIO GUZMAN MELENDEZ Y OTROS Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Radicación: 73001-33-33-002-2018-00328-01

Interno: 0111 – 2022

Para cada uno de ellos por el término que el afectado estuvo en libertad provisional:

TREVELIO GUZMÁN MELENDEZ (afectado), DISNEYDA HERRERA ARANGO

(compañera), FRANCIDIA GUZMAN HERRERA, LUZ MELIDA GUZMAN

HERRERA, GILBERTO GUZMAN HERRERA, ISNEIDA GUZMAN HERRERA OSCAR FABIAN GUZMAN, LLURLI FARLIN GUZMAN Y DEIMAR GUZMAN, la suma de dinero equivalente a 25 SMLMV. Daño a bienes constitucionales y legales Solicitan que se impongan a las demandadas medidas de reparación integral no pecuniarias a favor de los demandantes. Se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187 y 192 ss. de La Ley 1437 de 2011. Se condene en costas a los entes demandados. El anterior petitum fue cimentado en los siguientes, HECHOS Que el señor TREVELIO GUZMÁN MELENDEZ, fue privado de su libertad entre el 13

Se condene en costas a los entes demandados. El anterior petitum fue cimentado en los siguientes, HECHOS Que el señor TREVELIO GUZMÁN MELENDEZ, fue privado de su libertad entre el 13 de julio de 2009 hasta el 12 de noviembre de 2009, en detención preventiva en el lugar de residencia por la presunta comisión del delito de Rebelión. Que el proceso penal adelantado en contra del señor TREVELIO GUZMÁN MELENDEZ, culminó con sentencia absolutoria proferida el 16 de julio de 2016 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Ibagué, en la que se expuso claramente, que los procesados no desplegaron conductas típicas que se adecuaran al delito de rebelión y, por ende, no existía responsabilidad penal alguna que endilgar lo que evidencia lo injusto de la privación de la que fue objeto el demandante. Que el demandante tuvo que abandonar su empleo durante el lapso que duró la investigación y tiempo después de recuperar su libertad, situaciones que causaron graves perjuicios de índole material y moral a él y su núcleo familiar. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA RAMA JUDICIAL Mediante apoderado judicial manifestó su oposición a las pretensiones de la demanda, aduciendo la inexistencia de razones de hecho y derecho que sustenten los pedimentos de la parte actora. Indicó que la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Ibagué obedeció a que la Fiscalía no logró demostrar más allá de toda duda razonable la culpabilidad del imputado.

Indicó que la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Ibagué obedeció a que la Fiscalía no logró demostrar más allá de toda duda razonable la culpabilidad del imputado. Aseguró que, en la audiencia de imputación e imposición de medida de aseguramiento, con base en las pruebas aportadas se podía inferir de manera razonada la responsabilidad del señor Trevelio Guzmán Meléndez, en la presunta comisión del delito de rebelión, lo que conllevó a la imposición de la medida de aseguramiento.Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA 4

Demandante: TREVELIO GUZMAN MELENDEZ Y OTROS Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Radicación: 73001-33-33-002-2018-00328-01

Interno: 0111 – 2022

Por consiguiente, resultó evidente que la privación de la libertad del demandante, desde el punto de vista de la causalidad material, fue producto de la actuación del ente investigador lo que rompe el nexo de causalidad entre el acto jurisdiccional de la privación y el daño que se alega como irrogado. Finalmente, propuso las excepciones que denominó “INEXISTENCIA DE PERJUICIOS, AUSENCIA DE NEXO CAUSAL, FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR

PASIVA Y NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA QUE OPERE LA

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO”.

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PASIVA Y NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA QUE OPERE LA

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO”.

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Mediante apoderada judicial, manifestó su oposición a los hechos, declaraciones y condenas impetradas en la demanda por carecer de sustento probatorio, toda vez que la actuación de la Fiscalía General de la Nación se surtió de conformidad con la Constitución Política y las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos. Indicó que en el análisis del proceso no se evidenció una actuación arbitraria, ni mucho menos un error judicial o un defectuoso funcionamiento de la administración como pretende hacerlo ver la parte demandante. Solicitó también tener en cuenta los pronunciamientos del Consejo de Estado y, en consecuencia, se verifiquen los daños morales expuestos en la demanda en relación con la relevancia y gravedad de los hechos materia de debate; asimismo, señaló que los perjuicios materiales deben soportarse en elementos de prueba inexistentes en el expediente. Indicó que en la captura del señor Trevelio Guzmán Meléndez, estaban dadas las condiciones para la imputación realizada por la Fiscalía General de la Nación, refiriendo que ajustó sus decisiones a los presupuestos jurídicos, fácticos y probatorios, pues no existe prueba que ponga de presente actuación caprichosa, arbitraria y violatoria en forma manifiesta del derecho a la defensa, por el contrario, al sindicado se le brindaron todas las garantías procesales durante la instrucción que fue integral tanto en los hechos favorables como en los desfavorables a sus intereses.

forma manifiesta del derecho a la defensa, por el contrario, al sindicado se le brindaron todas las garantías procesales durante la instrucción que fue integral tanto en los hechos favorables como en los desfavorables a sus intereses. Propuso como excep ciones las que denominó FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, AUSENCIA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO E INIMPUTABILIDAD DEL MISMO A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, INEXISTENCIA DEL NEXO

DE CAUSALIDAD, Y CUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL”.

SENTENCIA RECURRIDA El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué , mediante sentencia proferida el 10 de diciembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda, y condenó en costas a la parte demandante fijando como valor a reconocer por concepto de agencias en derecho quince (15) salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes, conforme lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP. Para arribar a tal conclusión, definió como problema jurídico establecer si exist e responsabilidad de las entidad es demandadas y, en consecuencia, si estas debían serMedio de control: REPARACIÓN DIRECTA 5

Demandante: TREVELIO GUZMAN MELENDEZ Y OTROS Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Radicación: 73001-33-33-002-2018-00328-01

Interno: 0111 – 2022

condenadas a pagar los perjuicios reclamados por los demandantes, en razón de la privación de la libertad a la cual fue sometido el señor Trevelio Guzmán Meléndez.

Interno: 0111 – 2022

condenadas a pagar los perjuicios reclamados por los demandantes, en razón de la privación de la libertad a la cual fue sometido el señor Trevelio Guzmán Meléndez. Manifestó seguidamente que la causa penal adelantada en contra del señor TREVELIO GUZMÁN MELÉNDEZ, correspondió a una decisión conforme a derecho, una vez analizados los argumentos expuestos por los apoderados de las partes y valorados los elementos de prueba allegados al plenario, consideró el Juzgado que debían denegarse las pretensiones de la demanda, toda vez que la medida de aseguramiento se encontraba debidamente fundada de acuerdo con los artículos 308 numeral 2 y 310, numerales 1,2,3 y 4 del Código de Procedimiento Penal, lo que no permitía establecer una imputación fáctica y jurídica a las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial. Agregó que las circunstancias que rodearon su captura daban un alto grado de probabilidad de su compromiso penal, el cual se fundamentó en el informe de batalla suscrito por el Teniente Coronel Pedro Javier Rojas Guevara Oficial de Inteligencia de la Sexta Brigada de Ibagué, y del cual dio traslado al señor Maximiliano Cuellar Vargas Investigador del CTI, lo que generó el inicio de las investigaciones preliminares en contra del señor GUZMÁN MELÉNDEZ y otras 16 personas más, que habían sido señaladas como milicianos e integrantes activos de esa guerrilla, por ex miembros de las FARC que se encontraban en el programa de reinserción.. Precisó que, del proceso penal adelantado en contra del demandante y los fundamentos

como milicianos e integrantes activos de esa guerrilla, por ex miembros de las FARC que se encontraban en el programa de reinserción.. Precisó que, del proceso penal adelantado en contra del demandante y los fundamentos expuestos por la Fiscalía ante el Juez de Control de Garantías, se podía apreciar que para el momento de solicitar la medida de aseguramiento existían elementos de juicio que constituían indicios graves de responsabilidad, y daban cuenta de la posible o probable participación del demandante, en los hechos punibles investigados. Señaló que por el delito investigado y estar vinculado presuntamente con las FARC, se hacía necesaria la medida de aseguramiento impuesta al imputado, máxime que lo s medios de convicción permitían inferir la razonable autoría o participación del hoy demandante en las actividades endilgadas. Finalmente indicó que resultaba evidente que la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Trevelio Guzmán Meléndez, estuvo antecedida de una serie de actuaciones procesales y probatorias que fueron ejecutadas conforme con la Ley, cumpliendo los criterios que gobiernan la imposición de medidas preventivas, advirtiendo que tal medida fue razonable, proporcional y necesaria, por lo tanto, no se configuran los presupuestos para endilgar responsabilidad a las entidades demandadas por el daño alegado. IMPUGNACIÓN Inconforme con la decisión anterior, la parte demandante interpuso recurso de apelación solicitando la revocatoria de la sentencia de primera instancia para que, en su lugar, se acceda a la totalidad de las pretensiones incoadas en la demanda. Indicó que no comparte la decisión del A quo, comoquiera que el daño infringido a los

solicitando la revocatoria de la sentencia de primera instancia para que, en su lugar, se acceda a la totalidad de las pretensiones incoadas en la demanda. Indicó que no comparte la decisión del A quo, comoquiera que el daño infringido a los demandantes está acreditado , pues, atendiendo al precedente jurisprudencial sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad que avala en la actualidad el Consejo de Estado, se establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados la asunción de la carga de soportar unaMedio de control: REPARACIÓN DIRECTA 6

Demandante: TREVELIO GUZMAN MELENDEZ Y OTROS Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Radicación: 73001-33-33-002-2018-00328-01

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investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. Lo anterior, se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa en los ciudadanos, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no se encuentre justificación configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. Alegó que, si bien es cierto, las entidades demandadas actuaron en cumplimiento de las funciones otorgadas por la Ley y la Constitución Política, también lo es que, el Consejo de Estado ha considerado que la pr esunción de inocencia es un principio universal contenido en la Constitución Política de Colombia y en los Códigos Penales que protegen

funciones otorgadas por la Ley y la Constitución Política, también lo es que, el Consejo de Estado ha considerado que la pr esunción de inocencia es un principio universal contenido en la Constitución Política de Colombia y en los Códigos Penales que protegen al sindicado desde el inicio de la investigación hasta la sentencia condenatoria o absolutoria. Aseveró en su recurso, q ue dentro del proceso penal hubo una total orfandad investigativa de parte de la Fiscalía General de la Nación y consideró que la mencionada entidad faltó a su deber constitucional y legal investigativo, solicitando una medida de aseguramiento privativa de la libertad sin el lleno de los requisitos, lo que acarreó un daño antijuridico a Trevelio Guzmán Meléndez y su familia, emergiendo la obligación de reparación por parte del Estado. Concluyó, que en el fallo de primera instancia se desconoció el régimen o bjetivo de responsabilidad, no hay culpa exclusiva de la víctima, pues no hay ninguna conducta de la víctima para hacer incurrir al Juez Penal en equivocación, y no está probado un comportamiento doloso por parte del demandante o un actuar a título de culp a grave; y la conducta endilgada no existió, por lo tanto, debe revocarse la decisión proferida por el a-quo. En ese orden de ideas, aclaró que la ausencia total de responsabilidad penal fue lo que llevó al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué a absolver al señor Trevelio Guzmán Meléndez , porque él no desplegó conducta típica, por ende, la línea jurisprudencial del Consejo de Estado, ha recalcado que en este tipo de asuntos, la

Guzmán Meléndez , porque él no desplegó conducta típica, por ende, la línea jurisprudencial del Consejo de Estado, ha recalcado que en este tipo de asuntos, la decisión que pudo generar el daño se produjo en el marco de un proceso judicial, y, en consecuencia, tal prohibición implica considerar que las únicas conductas de la víctima aptas para romper el nexo entre esa decisión y el daño, suceden en el marco del mismo proceso y no antes de él. Finalmente adujo que, en los asuntos de conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa, la condena en costas no deviene como consecuencia de resultar vencido en el proceso, sino que exigen una carga argumentativa adicional que descalifique la conducta procesal de la parte condenada en costas, por lo que solicita se revoque la condena en costas impuesta en primera instancia. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN Mediante auto del 22 de febrero de 2022, por reunir los requisitos legales, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, contra la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2021 , por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué.Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA 7

Demandante: TREVELIO GUZMAN MELENDEZ Y OTROS Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Radicación: 73001-33-33-002-2018-00328-01

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En los términos de lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo

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En los términos de lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, se advierte que desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la e jecutoria de la providencia que admitió el respectivo recurso, la apoderada de Fiscalía General de la Nación efectuó pronunciamiento respecto al recurso. De igual manera se deja constancia que el auto que admite el recurso de apelación fue notificado al a gende del Ministerio Publico el día 01 de abril de 2022, quien guardó silencio.

PRONUNCIAMIENTO FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

La apoderada de la entidad demandada solicitó a esta Corporación confirmar la sentencia proferida por el juzgado de primera instancia, lo anterior, fundamentado en que las acciones desarrolladas por la Fiscalía General de la Nación se encontraron con el lleno de los requisitos establecidos en la Carta política y en la Ley 906 de 2004. (Documento 007_ del expediente digital) Reiteró que la Fiscalía General de la Nación solicitó al Juez con Funciones de control de garantías la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva del señor Trevelio Guzmán Meléndez, previa verificación de los requisitos de ley y en virtud de los cuales era procedente la imposición de medida de aseguramiento para el demandante. Señaló, que debe tenerse en cuenta que para imputar responsabilidad a la FGN es preciso combinar unas circunstancias previstas en el artículo 90 Constitucional, esto es,

cuales era procedente la imposición de medida de aseguramiento para el demandante. Señaló, que debe tenerse en cuenta que para imputar responsabilidad a la FGN es preciso combinar unas circunstancias previstas en el artículo 90 Constitucional, esto es, una acción o una omisión, donde partícipe activamente uno de sus agentes, un daño como consecuencia de lo anterior y un nexo causal entre el hecho, la omisión y el daño, por lo tanto, como en el sub judice, no se configura ni mucho menos se prueban tales presupuestos, corresponde negar las pretensiones de la demanda. Finalmente, insistió en que se configura la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad. Encontrándose el proceso en estado de decidir, a ello se procede, para lo cual se hacen las siguientes. CONSIDERACIONES COMPETENCIA De conformidad con el artículo 153 del CPACA, esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué el 10 de diciembre de 2021, en la que se despacharon de manera desfavorable las pretensiones de la demanda. PROBLEMA JURÍDICO La Sala debe determinar si la privación de la libertad de la que fue objeto el señor TREVELIO GUZMÁN MELÉNDEZ fue injusta al ser absuelto por el Juzgado Segundo Penal de Conocimiento de Ibagué por atipicidad de la conducta y, por tanto, si se le generó un daño antijurídico a este y a su núcleo familiar, como lo manifiesta la parteMedio de control: REPARACIÓN DIRECTA 8

Penal de Conocimiento de Ibagué por atipicidad de la conducta y, por tanto, si se le generó un daño antijurídico a este y a su núcleo familiar, como lo manifiesta la parteMedio de control: REPARACIÓN DIRECTA 8

Demandante: TREVELIO GUZMAN MELENDEZ Y OTROS Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Radicación: 73001-33-33-002-2018-00328-01

Interno: 0111 – 2022

actora en su escrito de apelación o si, por el contrario, como adujo el A quo en la sentencia impugnada, es evidente que la privación de la que fue objeto el demandante surge como una causa justa a la que se vio compelido y, en tal medida, pese a ser absuelto en el juicio penal y permanecer incólume su presunción de inocencia, ello no da cabida automática a una indemnización de los perjuicios por el sometimiento a la investigación penal, por lo que no se encuentra acreditado el daño antijurídico alegado. Definido lo anterior, corresponde a la Sala determinar si procede el reconocimiento de los perjuicios materiales y morales pretendidos en los términos solicitados en la demanda. TESIS DE LA SALA La tesis que sostendrá la Sala consiste en afirmar que debe revocarse íntegramente la sentencia impugnada, a la luz de los criterios señalados por el Consejo de Estado como aplicables a la determinación de responsabilidad estatal por privación de la libertad, bajo la óptica del régimen objetivo, comoquiera que el fallo penal absolutorio determinó

sentencia impugnada, a la luz de los criterios señalados por el Consejo de Estado como aplicables a la determinación de responsabilidad estatal por privación de la libertad, bajo la óptica del régimen objetivo, comoquiera que el fallo penal absolutorio determinó atipicidad de la conducta desplegada por el señor Trevelio Guzmán Meléndez, por lo tanto, se estructura la responsabilidad de las entidades demandadas por la privación injusta del demandante. En lo que corresponde a la solicitud de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, considera la Sala que, aunque en la demanda se individualizó la pretensión por lucro cesante , en el plenario no obra documento alguno que acredite que el señor Trevelio Guzmán Meléndez desarrollara alguna actividad económica al momento de su aprehensión o que con ocasión a dicho suceso perdiera su empleo, razón por la que no procede algún reconocimiento por tal concepto. En cuanto a la indemnización por perjuicios morales , atendiendo a la posición jurisprudencial fijada por el Consejo de Estado y acreditado el parentesco, se reconoció al afectado directo la suma equivalente a 19.5 SMLMV y cada uno de sus hijos 9.7 5 SMLMV; se negó tal reconocimiento a favor de su compañera permanente, comoquiera que no obra sustento probatorio alguno que compruebe la relación afectiva entre los compañeros. Finalmente, se negó la indemnización de medidas de reparación integral no pecuniarias, en razón a que no se estruc turan los presupuestos y circunstancias para acreditar que el daño sea anormal, desmedido y excesivo que amerite dicho reconocimiento.

FUNDAMENTO DE LA TESIS DE LA SALA

en razón a que no se estruc turan los presupuestos y circunstancias para acreditar que el daño sea anormal, desmedido y excesivo que amerite dicho reconocimiento. FUNDAMENTO DE LA TESIS DE LA SALA MARCO JURÍDICO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE AL CASO CONCRETO El artículo 90 de la Constitución Nacional establece la cláusula general de responsabilidad que dispone: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas (…)” Jurisprudencialmente el Consejo de Estado ha dispuesto que es necesario en cada caso particular en el que se atribuya responsabilidad extracontractual del Estado, estudiar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, con miras a determinar si el Estado es responsable del daño sufrido y reclamado por los demandantes.Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA 9

Demandante: TREVELIO GUZMAN MELENDEZ Y OTROS Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Radicación: 73001-33-33-002-2018-00328-01

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En consecuencia, para establecer la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, corresponde analizar: a) la existencia de un daño antijurídico; b) la imputación jurídica y fáctica y c) el nexo causal entre el daño y la falla en el servicio en los eventos en que éste sea el título de imputación.

DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA EN LA

FUNCIÓN DE ADMINISTRAR JUSTICIA - PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

imputación. DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA EN LA FUNCIÓN DE ADMINISTRAR JUSTICIA - PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD Constituye garantía de un Estado Social y Democrático de Derecho, el goce y eficacia de ciertos derechos intrínsecos reconocido s al ser humano, dentro de los que se encuentra la libertad personal. Al respecto, e l artículo 28 de nuestra Carta Magna, es claro al disponer que “Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley...”. “La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley”. El art ículo anotado guarda plena concordancia con lo establecido en normas internacionales integ radas a la constitución conforme lo sostiene el artículo 93 de la misma carta, entre los cuales se tiene: - Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Ley 74 de 1.968, expresa que "Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta...". - Convención Americana de Derechos