TA TOL - 73001-33-33-008-2016-00282-01-(02-03-2023)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA MAGISTRADO PONENTE: LUÍS EDUARDO COLLAZOS OLAYA Ibagué, dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

RADICACIÓN: 73001-33-33-008-2016-00282-01

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: OSCAR WILDER AGUIRRE ALBARRACIN – OTROS

APODERADO: JOSÉ DAVID GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

DEMANDADO: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA

NACIONAL

APODERADO: JAVIER ANDRÉS CÓRDOBA RAMOS

TEMA: DAÑO POR LESIONES SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO

– PERJUICIOS MORALES SOBRINOS

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en contra de la sentencia del 18 de diciembre de 2020, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, mediante el cual se accedió parcialmente a las pretensiones.

1. ANTECEDENTES

La parte demandante, en ejercicio del medio de control de reparación directa, mediante apoderado, promovió demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con el fin de que se declare administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios morales, materiales, y daño a la vida en relación - daño a la salud; como consecuencia de las lesiones sufridas por Oscar Wilmer Aguirre Albarracín , al prestar servicio militar obligatorio en el mes de julio de 2014.

Que se condene a la demandada a pagar a favor de los demandantes , los perjuicios

consecuencia de las lesiones sufridas por Oscar Wilmer Aguirre Albarracín , al prestar servicio militar obligatorio en el mes de julio de 2014.

Que se condene a la demandada a pagar a favor de los demandantes , los perjuicios morales, así: i) a la víctima directa la suma equivalente a 150 SMLMV, ii) a quienes acuden en la calidad de padres y hermano la suma equivalente a 150 SMLMV; y iii) a quienes acuden al proceso en calidad de sobrinos la suma equivalente a 100 SMLMV.

Que se ordene a la demandada reconocer a favor del demandante perjuicios materiales, así: i) lucro cesante consolidado la suma de $22.052.188 y ii) lucro cesante futuro la suma de $168.766.741, con la respectiva actualización.

Que se ordene a la demandada pagar a favor de los demandantes, los daños a la vida en relación, así: i) a la víctima directa la suma equivalente a 150 SMLMV , ii) a quienes acuden en la calidad de padres y hermano la suma equivalente a 150 SMLMV; y iii) a quienes acuden al proceso en calidad de sobrinos la suma equivalente a 100 SMLMV.

Que se ordene a la demandada efectuar la actualización del monto total de la indemnización, de conformidad con lo establecido en el artículo 195 del CPACA; además de los intereses moratorios respectivos.

Que se ordene a la demandada dar cumplimiento a la respectiva sentencia, conforme a lo establecido en el artículo 192 del CPACA.Radicación: 73001-33-33-008-2016-00282-01

Acción: Reparación Directa

Demandante: Oscar Wilder Aguirre Albarracin -otros

lo establecido en el artículo 192 del CPACA.Radicación: 73001-33-33-008-2016-00282-01

Acción: Reparación Directa

Demandante: Oscar Wilder Aguirre Albarracin -otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Página 2 de 13

2. HECHOS

Los que tienen relevancia jurídica son los siguientes: 2.1 Oscar Wilmer Aguirre Albarracín, ingresó a prestar servicio militar obligatorio en el mes de febrero de 2013, como Auxiliar Regular en la Policía Nacional, siendo asignado al Departamento de Policía del Tolima, en el municipio de Roncesvalles.

2.2 Oscar Wilmer Aguirre Albarracín, se encontraba en la etapa de instrucción, en prácticas de polígono, y cuando se disponía a realizar la práctica de tiro con una ametralladora M-60, se le explotó el cartucho que se encontraba en el arma, sintiendo un fogonazo en su cara y ojo, lesionándose gravemente.

2.3 Que en el informe administrativo por lesiones radicado bajo el No. 2014-047, se consignó que las lesiones a la integridad personal del demandante, ocurrieron en el servicio por causa y en razón del mismo.

2.4 Que el demandante antes de entrar a prestar su servicio militar obligatorio, era un joven sano sin ningún tipo de problema en su salud física o mental, llevaba una vida normal, practicaba futbol; y debido a su lesión, su vida cambio totalmente al no poder realizar las cosas que antes practicaba , pues, no podía dormir , veía borroso, no podía caminar, le quedaron cicatrices en el rostro.

normal, practicaba futbol; y debido a su lesión, su vida cambio totalmente al no poder realizar las cosas que antes practicaba , pues, no podía dormir , veía borroso, no podía caminar, le quedaron cicatrices en el rostro.

2.5 Que al momento de presentación de esta demanda la institución castrense no les ha cancelado a los demandantes los perjuicios materiales, morales y fisiológicos ca usados por las lesiones sufridas por Oscar Wilmer Aguirre Albarracín.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Sostuvo que se opone a todas y cada una de las pretensiones por carecer de fundamento jurídico.

Que existe una diferencia entre las clases de vinculación al servicio militar, una frente al soldado regido por la Ley 48 de 1993 , el cual surge del deber constitucional de defensa y no detenta el carácter laboral, y la otra, surge de la de la relación legal y reglamentaria consolidada a través del acto de nombramiento y la posesión del servidor o de la relación contractual creada mediante la suscripción de un contrato laboral (soldado profesional).

Que en el presente caso existe rompimiento del nexo causal, pues, no se prueba con la demanda, que las afecciones sufridas por el demandante tengan relación con la prestación del servicio de policía, por el contrario , se advierte una total orfandad probatoria en ese sentido, pues, no se arriman, conceptos de especialistas y/ dictámenes que indiquen que estas originan el daño antijurídico que se pretende indemnizar.

Por lo anterior, solicitó se nieguen las pretensiones de la demanda.

4. SENTENCIA IMPUGNADA

El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, el día 18 de diciembre

Por lo anterior, solicitó se nieguen las pretensiones de la demanda.

4. SENTENCIA IMPUGNADA

El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, el día 18 de diciembre de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones, tras considerar que el daño antijurídico se concretó durante el servicio militar obligatorio y en cumplimiento de actividades propias de él, y no se derivó de un acto aislado que generara el rompimiento del nexo causal como lo alega la entidad demandada; lo anterior, porque se demostró que el escenarioRadicación: 73001-33-33-008-2016-00282-01

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Demandante: Oscar Wilder Aguirre Albarracin -otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Página 3 de 13

de la lesión fue una práctica en polígono al manipular el arma ametralladora M -60 cal 7.62 mm de serie número 181627 presentando ésta una novedad al disparar que afectó el rostro del conscripto, es decir, se encontraba bajo la dirección y supervisión de los mandos de la institución de formación policial; por lo que se considera que, en virtud del principio de igualdad de las cargas públicas, surge la obligación para la demandada de indemnizar al demandante por los daños sufridos.

El a quo, resolvió:

“(…) PRIMERO: DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA -POLICIA NACIONAL, de los perjuicios ocasionados al demandante OSCAR WILMER AGUIRRE ALBARRACIN, como consecuencia de las lesiones sufridas durante el tiempo

a la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA -POLICIA NACIONAL, de los perjuicios ocasionados al demandante OSCAR WILMER AGUIRRE ALBARRACIN, como consecuencia de las lesiones sufridas durante el tiempo en que prestó su servicio militar obligatorio como auxiliar de policía.

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada a pagar a favor de los demandantes por concepto de perjuicios morales, como se expuso en la parte motiva de esta

sentencia las siguientes sumas:

OSCAR WILMER AGUIRRE

ALBARRACIN

VICTIMA

DIRECTA

5 S.M.M.L.V.

OSCAR AGUIRRE ALVAREZ PADRE 5 S.M.M.L.V.

YISENIA AGUIRRE ALBARRACIN HERMANA 2.5 S.M.M.L.V.

DAIRO AGUIRRE ALBRRACIN HERMANO 2.5 S.M.M.L.V.

ALBA LUCIA ALBARRACIN SANCHEZ HERMANA 2.5 S.M.M.L.V.

JOSE RAUMIR GARCIA ALBARRACIN HERMANO 2.5 S.M.M.L.V.

LUIS SANTIAGO LOPEZ AGUIRRE representado legalmente por YISENIA

AGUIRRE ALBARRACIN

SOBRINO 1 S.M.M.L.V.

EDISON AGUIRRE MOLANO representado legalmente por DAIRO

AGUIRRE ALBARRACIN

SOBRINO 1 S.M.M.L.V.

MONICA YULITZA GARCIA ARIAS representada legalmente por JOSE

RAUMIR ARCIA ALBARRACIN

SOBRINA 1 S.M.M.L.V.

SOBRINO 1 S.M.M.L.V.

MONICA YULITZA GARCIA ARIAS representada legalmente por JOSE

RAUMIR ARCIA ALBARRACIN

SOBRINA 1 S.M.M.L.V.

LUZ ANYELI GARCIA ARIAS representada legalmente por JOSE

RAUMIR GARCIA ALBARRACIN

SOBRINA 1 S.M.M.L.V.

DAIRO AGUIRRE ALBARRACIN HERMANO 2.5 S.M.M.L.V.

ALBA LUCIA ALBARRACIN SANCHEZ HERMANA 2.5 S.M.M.L.V.

JOSE RAUMIR GARCIA ALBARRACIN HERMANO 2.5 S.M.M.L.V.

LUIS SANTIAGO LOPEZ AGUIRRE representado legalmente por YISENA

AGUIRRE ALBARRACIN

SOBRINO 1 S.M.M.L.V.

EDISON AGUIRRE MOLANO representado legalmente por DAIRO

AGUIRRE ALBARRACIN

SOBRINO 1 S.M.M.L.V.

MONICA YULITZA GARCIA ARIAS representada legalmente por JOSE

REUMIR GARCIA ALBARRACIN

SOBRINA 1 S.M.M.L.V.

LUZ ANYELI GARCIA ARIAS representada legalmente por JOSE RAUMIR GARCIA ALBARRACIN SOBRINA 1 S.M.M.L.V.Radicación: 73001-33-33-008-2016-00282-01

Acción: Reparación Directa

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TERCERO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda conforme a la parte motiva.

CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas a la parte accionada

QUINTO: La entidad dará cumplimiento al presente fallo, dentro de los términos previstos en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y

Contencioso Administrativo (…)”

5. RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada s ostuvo que en cuanto al daño no tiene reparo alguno , pues, es claro que el resultado dañoso consiste en las lesiones en el rostro sufridas por Oscar Wilmer Aguirre Albarracín , las cuales se encuentran debidamente acreditadas, no solo con las historias clínicas, sino con los informes de novedad del 12 de julio de 2014, el formato de reporte de accidentes en la Policía Nacional del 18 de julio de 2014 , la calificación del informe administrativo por lesiones 047/14 del 1º de octubre de 2014, y la Junta Medico Laboral de Policía del 21 de septiembre de 2016.

Que, frente a la imputabilidad del daño, indicó que se aportaron las pruebas que acreditaron que Oscar Wilmer Aguirre Albarracín, ingresó a prestar el servicio militar obligatorio en buenas condiciones de salud, de acuerdo a valora ción médica de ingreso a la Policía Nacional; además, en el informativo prestacional por Lesión No. 047/14, se estableció que las lesiones sufridas por el actor ocurrieron en actos del servicio con

a la Policía Nacional; además, en el informativo prestacional por Lesión No. 047/14, se estableció que las lesiones sufridas por el actor ocurrieron en actos del servicio con ocasión del mismo, es decir , de acuerdo a lo estipulado en el artículo 24 literal B, del derecho 1796 del 14 de septiembre de 2000.

Que su inconformidad gira en torno a la indemnización de perjuicios morales a los demandantes Luis Santiago López Aguirre, Edison Aguirre Molano, Mónic a Yulitza García Arias y Luz Anyeli García Arias, quienes acuden al proceso en calidad de sobrinos y a quienes se les reconoció 1 SMLMV, lo anterior, porque el daño moral solo se presume respecto del cónyuge, compañero o compañera permanente y parientes dentro del primer grado de consanguinidad o civil.

Que por lo anterior, era necesario probar la existencia de perjuicios a los sobrinos, lo cual en este caso no ocurrió, ya que lo único que se acreditó fue el parentesco con el lesionado a través de los registros civiles de nacimiento, sin que el daño moral para est os demandantes se pueda presumir, ya que no pertenecen al primer grado de consanguinidad.

6. TRÁMITE PROCESAL

El proceso fue radicado en esta Corporación el 17 de marzo de 2014. Mediante auto del día 30 de junio de 2021, se admitió el recurso de apelación.

El recurso de apelación se tramitó en los términos del numeral 5° del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.Radicación: 73001-33-33-008-2016-00282-01

Acción: Reparación Directa

CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.Radicación: 73001-33-33-008-2016-00282-01

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Demandante: Oscar Wilder Aguirre Albarracin -otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Página 5 de 13

7. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA SALA

7.1. COMPETENCIA

Es competente el Tribunal Administrativo del Tolima para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto por el artículo 73 y siguientes de la Ley 270 de 1996 y por los artículos 153 y 243 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el art. 328 del CGP.

7.2. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde determinar, si

1. Se encuentra acreditado el perjuicio moral sufrido por los demandantes que acuden al proceso en calidad de sobrinos. ii) Es posible reconocer perjuicios morales a quienes ostentan la calidad de sobrinos, solo acreditando el parentesco, o por el contrario, también se debe acreditar la afección moral sufrido por estos.

7.3 TESIS DE LA SALA

Según jurisprudencia del Consejo de Estado, se entiende que para reconocer indemnización por perjuicios morales a quienes acuden al proceso en calidad de sobrinos, es necesario probar no solo el parentesco sino el vínculo o relación afectiva que permitan inferir el sufrimiento, lo anterior como quiera que no hacen parte de aquellos familiares que se encuentran en el primer y segundo nivel de relación afectiva, pues, a estos últimos son a quienes les basta con aportar la prueba del parentesco o de la

que permitan inferir el sufrimiento, lo anterior como quiera que no hacen parte de aquellos familiares que se encuentran en el primer y segundo nivel de relación afectiva, pues, a estos últimos son a quienes les basta con aportar la prueba del parentesco o de la relación marital, para inferir su afectación moral.

En este asunto, se acreditó el parentesco existente entre los demandantes que acuden al proceso en calidad de sobrinos, a través de los registros civiles aportados, pero no obra prueba que acredite que los sobrinos (Luis Santiago López Aguirre, Edison Aguirre Molano, Mónica Yulitza García Arias, y Luz Anyeli García Arias ) hayan padecido alguna afectación moral por la lesión de Oscar Wilmer Aguirre Albarracín , es decir, no se evidencia el dolor de estos por el daño aquí alegado, tal y como lo indicó la entidad demandada en su apelación.

En consecuencia, se modificará la sentencia de primera instancia, en el sentido de negar el reconocimiento de los perjuicios morales a favor de Luis Santiago López Aguirre, Edison Aguirre Molano, Mónica Yulitza García Arias, y Luz Anyeli García Arias , quienes acuden al proceso en calidad de sobrinos.

7.4. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A partir de la Constitución Política de 1991, las entidades públicas deben responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que causen por acción u omisión siempre que les sean imputables 1, y no es que anteriormente no respondieran, es sólo que con su vigencia, ella dispuso en un articulado ese sentido.

1 La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado

su vigencia, ella dispuso en un articulado ese sentido.

1 La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Corte Constitu cional, Sentencia C -333 de 1996. Postura que fueRadicación: 73001-33-33-008-2016-00282-01

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Nuestro órgano de cierre2 aduce que “Esta norma, que se erige como el punto de partida en la estructura de la responsabilidad Estatal en Colombia, afinca sus raíces en los pilares fundamentales de la conformación del Estado Colombiano, contenidos en el artículo 1 superior, a saber, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. De igual forma, con ponencia de Jaime

fundamentales de la conformación del Estado Colombiano, contenidos en el artículo 1 superior, a saber, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. De igual forma, con ponencia de Jaime Orlando Santofimio, en sentencia del 09 de mayo de 2011, radicación No.: 54001-23-31000-1994-08654-01(19976), expresó:

“Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública tanto por la acción, como por la omisión. Dicha imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar: i) la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio –simple, presunta y probada-; daño especial –desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal-; riesgo excepcional), y; adicionalmente a lo anterior, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado.

(…)

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad, según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica. Debe quedar claro, que el derecho no

Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad, según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica. Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”.

En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva, título autónomo que “parte de los límites de lo previsible por una pers ona prudente a la hora de adoptar las decisiones”. Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico -jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”.

Esto, sin duda, es un aporte que se r epresenta en lo considerado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”. Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no.”

de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no.”

seguida en la sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, sentencia C-892 de 2001. 2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, C.P.: Olga Mélida Valle De La Hoz, en sentencia del 30 de enero de 2013, radicación No.: 25000-23-26-000-2001-01156-01(25573).Radicación: 73001-33-33-008-2016-00282-01

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En consecuencia, se hace necesario dilucidar en el caso concreto si se configuran los elementos legales para que surja el deber del Estado de responder, esto es, el daño antijurídico, la imputabilidad del mismo al demandado y el nexo causal entre uno y otro.

7.4.1 El daño ha sido tradicionalmente entendido como aquel menoscabo o detrimento que sufre una persona y que puede ser patrimonial o extrapatrimonial; sin embargo, para que genere responsabilidad debe ser: cierto, person al y antijurídico. Es cierto cuando efectivamente ocurre de tal suerte que el hipotético no puede ser indemnizado . Así

que sufre una persona y que puede ser patrimonial o extrapatrimonial; sin embargo, para que genere responsabilidad debe ser: cierto, person al y antijurídico. Es cierto cuando efectivamente ocurre de tal suerte que el hipotético no puede ser indemnizado . Así mismo, cuando se menciona que sea personal, se refiere que sólo su víctima está legitimada para la reclamación. El Consejo de Estado3 ha señalado: “El concepto del daño antijurídico cuya definición no se encuentra en la Constitución ni en la ley, sino en la doctrina española, particularmente en la del profesor Eduardo García de Enterría, ha sido reseñado en múltiples sentencias desde 1991 hasta épocas más recientes, como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.”

En otro fallo 4 indicó: “ En cuanto al daño antijurídico, debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho”, y que la “Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armon iza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración”.

El precedente jurisprudencial constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (Art. 1º) y la igualdad (Art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos,

encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (Art. 1º) y la igualdad (Art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artíc ulos 2º y 58 de la Constitución ”5. En efecto, el daño antijurídico se concibe como aquel que la víctima no está obligada a soportar y por tanto, resulta jurídico si se constituye en una carga pública, o, antijurídico si es consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, dando como resultado el no tener el deber legal de soportarlo.

7.4.2. De la imputación. Al respecto se ha distinguido entre la imputación fáctica (imputatio facti) y la imputación jurídica (imputatio iure) con el objeto de determinar quién debe entrar a resarcir el daño causado. Así, Enrique Gil Botero, en el salvamento de voto que hace a la sentencia del 26 de mayo de 20106 expresó:

“Ahora bien, en materia del llamado nexo causal, debe precisarse una vez más que este constituye un concepto estrictamente naturalístico que sirve de soporte o elemento necesario a la configuración del daño, otra cosa diferente es que cualquier tipo de análisis de imputación, supone, prima facie, un estudio en términos de atribuibilidad material (imputatio facti u objetiva), a partir del cual se determina el origen de un específico resultado que se adjudica a un obrar – acción u omisión-, que podría interpretarse como causalidad material, pero que no lo es jurídicamente hablando porque pertenece al concepto o posibilidad de referir un acto a la conducta humana, que es lo que se conoce como imputación.

acción u omisión-, que podría interpretarse como causalidad material, pero que no lo es jurídicamente hablando porque pertenece al concepto o posibilidad de referir un acto a la conducta humana, que es lo que se conoce como imputación.

3 Sección Tercera, Subsección A, C. P.: Hernan Andrade Rincón, en sentencia del 26 de mayo 2011, radicación No.: 19001-23-31-000-1998-03400-01(20097), 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, C.P.: Jaime Orlando Santofimio, en sentencia del 09 de mayo de 2011, radicación No.: 54001-23-31-000-1994-08654-01(19976). 5 Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001. 6 Radicación No. 05001-23-26-000-1994-02405-01(18590) C.P.: Dr. Mauricio Fajardo Gómez,Radicación: 73001-33-33-008-2016-00282-01

Acción: Reparación Directa

Demandante: Oscar Wilder Aguirre Albarracin -otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Página 8 de 13

No obstante, lo anterior, la denominada imputación jurídica (imputatio iure) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas o regímenes de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la

antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas o regímenes de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política7.”

El Estado, entonces, es responsable extracontractualmente una vez se haya configurado la existencia de un daño antijurídico y la imputación del mismo desde el punto de vista fáctico y jurídico y, siempre y cuando se predique el nexo de causalidad entre estos.

7.5. PRESUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD EN EL CASO CONCRETO

En el sub judice el demandante pretende que se declare a la entidad demandada administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios morales, materiales, y daño a la vida en relación - daño a la salud; como consecuencia de las lesiones sufridas por Oscar Wilmer Aguirre Albarracín , al prestar servicio militar obligatorio en el mes de julio de 2014.

Por su parte, el a quo accedió parcialmente a las pretensiones, al considerar que el daño antijurídico se concretó durante el servicio militar obligatorio y en cumplimiento de actividades propias de él, y no se derivó de un acto aislado que generara el rompimiento del nexo causal como lo alega la entidad demandada.

La parte demandada, en su escrito de apelación indicó que su inconformidad gira en torno a la indemnización de perjuicios morales a los demandantes Luis Santiago López Aguirre, Edison Aguirre Molano, Mónica Yulitza García Arias y Luz Anyeli García Arias, quienes acuden al proceso en calidad de sobrinos y a quiene s se les reconoció 1 SMLMV, lo

Edison Aguirre Molano, Mónica Yulitza García Arias y Luz Anyeli García Arias, quienes acuden al proceso en calidad de sobrinos y a quiene s se les reconoció 1 SMLMV, lo anterior, porque el daño moral solo se presume respecto del cónyuge, compañero o compañera permanente y parientes dentro del primer grado de consanguinidad o civil , y en este caso era necesario acreditar los perjuicios morales, lo cual no ocurrió.

En este sentido, la Sala se pronunciará únicamente acerca del reconocimiento y liquidación de los perjuicios morales a favor de los demandantes que acuden al proceso en calidad de sobrinos , como quiera que la apelación solo fue pres entada por la parte demandada y gira en torno a este aspecto, lo anterior de conformidad con lo establecido 328 del CGP.

7.5.1 INDEMNIZACIÓN PERJUICIOS - Daño Moral.

Frente al daño moral, se debe indicar que an te la imposibilidad de cuantificar el daño moral, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido un tope monetario para la indemnización de dicho perjuicio, que se ha tasado, por regla general, en el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensu ales cuando el daño cobra su mayor intensidad, caso correspondiente al padecimiento sufrido por las propias víctimas o por quienes acrediten relaciones afectivas propias de las relaciones conyugales y paterno -filiales (primer grado de consanguinidad) con l a víctima que ha perdido la vida o sufrido una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, según el caso. En cuanto a los demás

(primer grado de consanguinidad) con l a víctima que ha perdido la vida o sufrido una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, según el caso. En cuanto a los demás

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 12 de 1993, expediente 7622, M.P. Carlos Be