TA TOL - 73001333300220160021301-(20-06-2018)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA MAG. PONENTE: DR. BELISARIO BELTRÁN BASTIDAS lbagué, veinte (20) de junio del dos mil dieciocho (2018)

Expediente: Número Interno:

Medio de Control: Demandante:

Demandado: Tema: 73001-33-33-002-2016-00213-01

1016-2017

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

,IESUS ANTONIO SANCHEZ

FONDO DE PRESTACIONES DEL MAGISTERIONACION - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

• DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Reliquidación de Pensión de Jubilación docente Tesis de Unificación del Consejo de Estado OBJETO DEL FALLO Decide la Sala el recurso de apelación formulado por la apoderada judicial del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, contra el fallo proferido el 02 de agosto del 2017, por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante el cual accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES El señor JESUS ANTONIO SANCHEZ, actuando a través de apoderado judicial, y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, formula demanda contra LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y GOBERNACION DEL TOLIMA, pretendiendo se declare la nulidad de la Resolución No. 7516 del 27 de noviembre de 2015, mediante

EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y GOBERNACION DEL TOLIMA, pretendiendo se declare la nulidad de la Resolución No. 7516 del 27 de noviembre de 2015, mediante la cual le niegan el reconocimiento y pago de la reliquidación de la pensión de jubilación incluyendo todos los factores salariales. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se declare, reconozca y page a mi poderdante, la liquidación pensional con todos los factores salariales devengados durante el último ario trabajado. Asimismo se ordene, el reconocimiento y pago de los ajustes por motivo de la disminución de poder adquisitivo del salario y demás emolumentos de conformidad con el artículo9 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011 y se condene al pago de agencias de derecho y costas procesales. Las anteriores pretensiones las soporta en los siguientes: HECHOS El apoderado judicial de la parte demandante, manifiesta que su prohijada laboró como docente al servicio del Departamento del Tolima, por lo que una vez acreditó los requisitos, la entidad accionada mediante Resolución No. 1021 del 03 de septiembre de 2007, le reconoció la pensión de jubilación.Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 73001-33-33-002-2016-00213-01 (1016-2017) 2 Jesús Antonio Sánchez VS. Fondo De Prestaciones Del Magisterio - Nación - Ministerio De Educación NacionalGobernación Del Tollina - Secretaria De Educación Y Cultura. Indica, que al momento de liquidar la pensión de su mandante, no le incluyeron todos los factores salariales devengados durante el último ario de

Gobernación Del Tollina - Secretaria De Educación Y Cultura. Indica, que al momento de liquidar la pensión de su mandante, no le incluyeron todos los factores salariales devengados durante el último ario de servicio, violando de tal manera sus derechos adquiridos. Como consecuencia de ello, expone, que solicitó la revisión de la Pensión Vitalicia de Jubilación, ya que para la liquidación de esta, no fue tomado en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados en el último ario de servicios. ' De conformidad a lo solicitado, la entidad actualmente demandada, mediante la Resolución No.7516 de fecha 27 de noviembre de 2015, negó la reliquidación pensional con la inclusión de todos los factores salariales. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Nación - Ministerio De Educación Nacional - Fondo Nacional De Prestaciones Sociales Del Magisterio Mediante escrito visible a folios 63 a 75 del plenario, La Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio procedió a contestar demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, al considerar que no ha vulnerado derecho alguno de la accionante. Señala que en el presente caso la peticionaria a pesar de encontrarse bajo el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, la Corte en sede de control abstracto de Constitucionalidad, en cuanto a lo referente al IBL, interpretó que este no era objeto base de dicha transición, ya que la aplicación ultractiva de los beneficios del régimen de transición solo se refería a la edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo, pero no al IBL.

Propone como excepciones: inexistencia del derecho a reclamar por parte

ultractiva de los beneficios del régimen de transición solo se refería a la edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo, pero no al IBL.

Propone como excepciones: inexistencia del derecho a reclamar por parte del demandante, buena fe, prescripción, inexistencia de la vulneración de principios legales y falta de legitimidad en la causa por pasiva.

Gobernación del Tolima La Entidad Territorial, a través de su apoderada contestó la demanda vista a folios 114 a 121 del plenario, oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, aduciendo que el acto administrativo demandado se ajusta a derecho, ya que estas carecen de sustento jurídico, constitucional y legal que indiquen su procedencia respecto al ente territorial que represento. Finalmente, propone como excepciones: Improcedencia de la reliquidación de la pensión de jubilación con recursos del Departamento del Tolima, cobro de lo no debido frente al Departamento del Tolima, prescripción y reconocimiento oficioso de excepciones. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de lbagué, mediante sentencia del 02 de agosto del 2017, accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que de acuerdo al contenido de las leyes 33 y 62 deNulidad y Restablecimiento del Derecho No. 73001-33-33-002-201.6-002-13-01 (10)6-2017) 3 Jesús Antonio Sánchez VS. Fondo De Prestaciones Del Magisterio - Nación - Ministerio De Educación NacionalGobernación Del Tolima - Secretaria De Educación«Y Cultura. 1985 y al precedente jurisprudenclial der.' . n'Alejo de Estado, se deduce

Gobernación Del Tolima - Secretaria De Educación«Y Cultura. 1985 y al precedente jurisprudenclial der.' . n'Alejo de Estado, se deduce que la demandante tiene derecho a que su mesada pensional sea liquidada con inclusión de todos los factores salariales que haya percibido durante el último ario de servicios a la adquisición de su estatus pensional. RECURSO DE APELACIÓN La apoderada judicial del Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, presentó recurso de alzada contra la sentencia proferida reiterando los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, y el marco normativo que rige la pensión de jubilación de la actora. Aduce que, de acuerdo con los lineamientos de la ley 33 de 1985, ley 91 de 1989, ley 812 de 2003, Decreto 3752 de 2003 y Decreto 1158 de 1998, no hay lugar al reconocimiento de los factores salariales que el accionante alega, pues solo de pueden incluir estos factores que sirvieron de base para efectuar pensión, los señalados en el decreto 1158 de 1998, por lo cual, debe indicarse que el demandante no cumple con los presupuestos facticos para acobijarse por la excepcion de la Ley 33 de 1985. Resaltando, que es la Secretaría de Educación a quien por virtud de la ley, les corresponde el tramite de las prestaciones sociales de los docentes que se encuentran adscritos, en virtud de la descentralizacion del sector educativo. Por otra parte, argumenta que si bien es cierto el Consejo de Estado en sentencia del 4 de agosto de 2010 expresó que en torno a la cuantía de las

adscritos, en virtud de la descentralizacion del sector educativo. Por otra parte, argumenta que si bien es cierto el Consejo de Estado en sentencia del 4 de agosto de 2010 expresó que en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir, aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se le dé; ello no es obice para que en el momento de realizarse la liquidación pensional se tengan en cuenta por parte del operador jurídico todos aquellos factores salariales cualquiera que sea su origen, puesto que una interpretación asi abierta y sin armonizar con el ordenamiento jurídico constitucional contravendría la norma fundamental que indica que el regimen de prestaciones sociales es exclusivo resorte del legislador. Por lo anterior, arguye que la sentencia enunciada no avala que en casos como el presente deba dictarse sentencia ordenando la reliquidación de la pensión demandada, con base en factores salariales que tienen. origen en disposiciones administrativas y no legislativas pues dicha interpretación estaría al margen de la Constitución, como quiera que, no pueden entenderse que los factores salariales que definen la cotización de la pensión puedan surgir de competencias normatiVas en materia de esta prestación social, de otras autoridades de la República "en el caso sub-lite los factores salariales tienen origen en ordenanza departamental" soslayando entonces las competencias exclusivas del legislador. Asimismo, indica que la Corte Constitucional en sentencia de unificación 230 de 2015 refirió que el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del

tienen origen en ordenanza departamental" soslayando entonces las competencias exclusivas del legislador. Asimismo, indica que la Corte Constitucional en sentencia de unificación 230 de 2015 refirió que el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 no había sido objeto de transición, razón por la cual debía aplicarse lo preceptuado en el artículo 36 d.e la misma normatividad. Además, puntualizó que la aplicación ultractiva de los beneficios del régimen de transición solo se refería a la edad, tiempoNulidad y Restablecimiento del Derecho No. 73001-33-33-002-2016-00213-01 (1016-2017) 4 Jesús Antonio Sánchez VS. Fondo De Prestaciones Del Magisterio - Nación - Ministerio De Educación NacionalGobernación Del Tollina - Secretaria De Educación Y Cultura. de servicio y taza de remplazo, pero no al IBL, puesto que frente al mismo se debe dar aplicación al inc. 3 del Artículo 36 de la citada ley, es decir los últimos diez años laborados y frente a los factores que se realizaron aportes para pensión. Lo anterior, sin dejar de lado aquellos servidores que se encontraban beneficiados con el régimen de transición contenido en la ley 33 de 1985 a los cuales se les aplicará el Régimen anterior, es decir lo señalado en el Decreto-Ley 3135 de 1968 para los nacionales o la ley 6 de 1985 para los territoriales. Por lo anterior, solicita se revoque la sentencia recurrida y en su lugar se proceda a negar las pretensiones de la demanda y a condenar en costas a la parte actora, (Els. 154-161).

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

proceda a negar las pretensiones de la demanda y a condenar en costas a la parte actora, (Els. 154-161). TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA Mediante auto del 21 de septiembre del 2017, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada (Fl. 170). En providencia del 03 de octubre del 2017, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público, por el término de 10 días para que presentaran sus alegatos de conclusión (Fl. 173). Dentro del término concedido, el Departamento del Tolima a través de apoderado judicial, presento sus alegatos a folios 176 a 180 del plenario, aduciendo que la entidad que representa se encuentra libre de toda responsabilidad que se le pueda indilgar en el pago de pensiones de personal adscrito al magisterio, pues si bien la Secretaría de Educación y Cultura actúa en nombre y representación del Ministerio de Educación en la elaboración del proyecto del acto administrativo de reconocimiento pensional; pero no es esta la entidad facultada para el reconocimiento pensional, ya que es el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio la que cuenta con esta aptitud, por ello requiere sea revocada la sentencia de primera instancia, y decrete como probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. Surtido el anterior término, los demás sujetos procesales y el ministerio público guardaron silencio (El. 180 reverso). CONSIDERACIONES PARTE PROCESAL Es competente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para resolver la presente controversia, tal como lo establece el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011. El marco de competencia de esta segunda instancia, se circunscribe a los

PARTE PROCESAL Es competente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para resolver la presente controversia, tal como lo establece el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011. El marco de competencia de esta segunda instancia, se circunscribe a los argumentos expuestos por la parte demandada en el recurso de apelación presentado. ESTUDIO SUSTANCIAL El problema jurídico de fondo a resolver, se contrae a establecer si resulta procedente la reliquidación de la pensión de jubilación de la parteNulidad y Restablecimiento del Derecho No. 73001-33-33-002-2016-00213-01 (1016-2017) 5 Jesús Antonio Sánchez VS. Fondo De Prestaciones Del Magisterio - Nación - Ministerio De Educación NacionalGobernación Del Tolima - Secretaria De Educación Y Guinda. demandante con la totaliclatdO's factores‘látáriales devengados durante el ario inmediatamente anterior a la adquisición del status de pensionada. PRECEPTOS NORMATIVOS APLICABLES AL CASO Del régimen jurídico aplicable al reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales. En orden a resolver el presente asunto, es preciso remitirse al régimen jurídico de la pensión de jubilación de los docentes oficiales. La Ley 6 de 1945, sobre prestaciones oficiales, consagró: "Art. 17 Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes prestaciones: (...) b) Pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado o llegue a cincuenta (50) arios de edad, después de veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo, equivalente a".

gozarán de las siguientes prestaciones: (...) b) Pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado o llegue a cincuenta (50) arios de edad, después de veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo, equivalente a". La Ley 6a de 1945 es de carácter general por cuanto aplica, en principio, a los servidores públicos nacionales, que luego se extendió a los territoriales; y no es especial porque su artículo 17 no consagra un régimen de esa naturaleza para determinados servidores estatales. En principio, esta ley rigió para los empleados del sector público nacional y del sector privado. En materia pensional, esta ley rigió en el ámbito nacional hasta la expedición del Decreto 3135 de 1968. Para los empleados oficiales territoriales la citada Ley 6a se aplicó teniendo en cuenta el artículo i° del Decreto 2267 de 1947 que hace extensivo a los empleados y obreros al servicio de departamentos y municipios las prestaciones consagradas en la Ley 6a.- El Decreto-Ley 3135 de 1968, disponía: "ART. 27. —El empleado público o trabajador oficial que sirva veinte (20) arios continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 arios si es varón, o 50 si es mujer, tendrá derecho a que por la respectiva entidad de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último ario de servicio" (derogado por L. 33/85, art. 25). El Decreto-Ley 3135 de 1968 y su reglamentario (Decreto 1848 de 1969) en

último ario de servicio" (derogado por L. 33/85, art. 25). El Decreto-Ley 3135 de 1968 y su reglamentario (Decreto 1848 de 1969) en general, salvo algunas normas, se expidió y aplicó para servidores de la rama ejecutiva nacional del poder público; el cual aumentó la edad de jubilación para los hombres, quienes se pensionarían con 55 arios de edad y los mismos 20 de servicio; mientras que las mujeres continuaron adquiriendo su derecho pensional a los 50 arios de edad. Aunque en algunos casos fue aplicada a servidores de los entes territoriales, en verdad, estos continuaron sometidos a la Ley 6a de 1945 y normas complementarias y modificatorias. Este régimen pensional se aplicó, salvo norma legal en contrario, hasta la aparición de la Ley 33 de 1985, aunque se continuó aplicando en materia de edad pensional conforme al régimen de transición que ella consagró en este aspecto. Se anota que la Ley 33/85 en su artículo 25 derogó en forma expresa el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968 -Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 73001-33-33-002-2016-00213-01 (1016-2017) 6 Jesús Antonio Sánchez VS. Fondo De Prestaciones Del Magisterio - Nación - Ministerio De Educación NacionalGobernación Del Tolima - Secretaria De Educación Y Cultura. El Decreto Ley No. 2277 de 1979, estatuto docente, comprende un régimen "especial" de los educadores; sin embargo, esta disposición no regula las pensiones de jubilación u ordinarias de los mismos, de modo que es preciso remitirse a la regulación general de la Ley 33 de 1985.

"especial" de los educadores; sin embargo, esta disposición no regula las pensiones de jubilación u ordinarias de los mismos, de modo que es preciso remitirse a la regulación general de la Ley 33 de 1985. La ley 33 de 1985, que previó el régimen pensional general, empezó su vigencia el 13 de febrero de 1985, señaló: "Art. 1°. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos »legue a la edad de cincuenta y cinco arios (55) tendrá derecho a que por la respectiva caja de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones. Parágrafo 2.- Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente ley hayan cumplido quince (15) arios continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley. (...) La Ley 33 de 1985, rige desde el 13 de febrero de 1985, fecha de su promulgación, y es aplicable a los empleados oficiales de todos los órdenes; para la pensión ordinaria de jubilación exige que el empleado oficial haya servido 20 arios continuos o discontinuos y tenga 55 años de edad. , De su aplicación se exceptúan tres casos: Los empleados oficiales que trabajen en actividades que por su

para la pensión ordinaria de jubilación exige que el empleado oficial haya servido 20 arios continuos o discontinuos y tenga 55 años de edad. , De su aplicación se exceptúan tres casos: Los empleados oficiales que trabajen en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, y aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones. Los empleados oficiales que a la fecha de entrar a regir hayan cumplido 15 arios de servicio, a quienes se les aplicarán las disposiciones sobre edad pensional que regían con anterioridad. 3- ) Y los empleados oficiales que a la fecha de la vigencia de la Ley, hayan cumplido los requisitos para obtener pensión de jubilación, quienes se continuarán rigiendo por las normas anteriores. A su vez, la Ley 62 de 1985, modificatoria parcial de la Ley 33/85, en lo pertinente a la liquidación de la pensión, dispuso: "Art. 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial, estará constituida por los siguientes factores cuando se trate de empleados del'Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 73001-33-33-002-2016-00213-01 (1016-2017) 7 Jesús Antonio Sánchez VS. Fondo De Prestaciones Del Magisterio - Nación - Ministerio De Educación NacionalGobernación Del Tolima - Secretaria De Educación Y Cultura. orden nacional: asignacignia; gasiÓnié 'nresentación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes." Con posterioridad, se expidió la Ley 91 de 1989, que además, creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Sobre el tema dispuso lo siguiente: "Art. 1°. Para los efectos de la presente ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos: Personal Nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional. Personal Nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, antes del 1° de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. Personal TerritoriaL Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del I° de enero de 1976, sin en el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la ley 43 de 1975. PARÁGRAFO. Se entiende que una prestación se ha causado cuando se han cumplido los requisitos para su exigibilidad. Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de

han cumplido los requisitos para su exigibilidad. Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990, será regido por las siguientes disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial, de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del I° de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales, se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta ley". La Ley 60 de 1993, dispone en su artículo 6 que: "El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones, será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital, y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la

serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital, y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial....Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 73001-33-33-002-2016-00213-01 (1016-2017) 8 Jesús Antonio Sánchez VS. Fondo De Prestaciones Del Magisterio - Nación - Ministerio De Educación NacionalGobernación Del Tolima - Secretaria De Educación Y Cultura. La Ley 100 de 1993, en el inciso 2 del artículo 279, excluyó a los docentes del Sistema Integral de Seguridad Social cuando expresó: "Así mismo, se exceptúan a los afiliados al Fondo lyadonal de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración...". En esas condiciones, si el régimen de seguridad social en materia de pensión de vejez (que reemplaza a la antigua pensión de jubilación) no se aplica a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, entidad que tiene a su cargo el reconocimiento de las pensiones de jubilaciónderecho e invalidez de los docentes, cabe concluir que estas prestaciones siguen sometidas al régimen legal anterior que no es otro que el de la Ley 33 de 1985, con el régimen de transición aplicable restrictivamente. La Ley 115 de 1994, que contiene la Ley General de Educación, señaló: "Art. 115 Régimen Especial de los Educadores Estatales. El ejercicio de la profesión docente estatal se regirá por las normas del régimen especial

La Ley 115 de 1994, que contiene la Ley General de Educación, señaló: "Art. 115 Régimen Especial de los Educadores Estatales. El ejercicio de la profesión docente estatal se regirá por las normas del régimen especial del Estatuto Docente y por la presente ley. El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la ley 60 de 1993 y en la presente ley. ''. Como pude observarse en materia de pensión de jubilación, ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 consagraron un régimen "especial". Tampoco lo hace la Ley 115 de 1994, sino que ratificó que la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes. En el mismo sentido, la Ley 812 de 2003, "Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario", señaló:

"ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES.

El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.

de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres. Luego de la transcripción de las normas precedentes, se colige que en el presente caso no resultan aplicables la Ley 100 de 1993, la Ley 812, ni el Decreto 3752 de 2003, toda vez que: (i) el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, exceptuó de la aplicación de Sistema General de Seguridad Social en ella contenido, a los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio y (ii) La Ley 812 de 2003 dispuso que los derechos pensiónales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, sólo cobijaban a los docentes que se vincularan a partir de su entrada en vigencia y que el régimen prestacional para los docentes nacionalizados, al igual que los nacionales y los territoriales que se encontraran vinculados al servicio público oficial, era el establecido para alNulidad y Restablecimiento del Derecho No. 7300l -33-33-002-20l 6-00213-01 (1016-2017) 9 Jesús Antonio Sánchez VS. Fondo De Prestaciones Del Magisterio - Nación - Ministerio De Educación NacionalGobernación Del Tolima - Secretaria De Educación Y Cultura. Magisterio en las disposiciones vigentes cb 'actiterioridad a su entrada en vigencia. Los factores salariales que se deben tener como base de liquidación en la pensión ordinaria de Jubilación reconocidas bajo las Leyes 33 y 62 de 1985. En este contexto, y toda vez que la presente controversia versa sobre la no

vigencia. Los factores salariales que se deben tener como base de liquidación en la pensión ordinaria de Jubilación reconocidas bajo las Leyes 33 y 62 de 1985. En este contexto, y toda vez que la presente controversia versa sobre la no inclusión de todos los factores salariales devengados al momento de reconocer la pensión de jubilación, esta Corporación anota que en providencias anteriores se ha considerado que las disposiciones contenidas en el inciso segundo del artículo 1° de la Ley 62 de 1985' respecto a los factores salariales a tener en cuenta para la base de liquidación de las pensiones reconocidas bajo la Ley 33 de 1985 se prestan para tres interpretaciones así: La primera que permite que se incluyan todos los factores salariales devengados; 2). sólo se podrán incluir aquellos factores sobre los cuales se había realizado aportes; 3). finalmente una interpretación taxativa, es decir, sólo se tienen en cuenta los factores enlistados en la Ley. • Empero, dando cumplimiento y aplicación a reciente pronunciamiento de la Sección Segunda en Pleno del Consejo de Estado, que retoma la primera forma de interpretar el contenido y alcance del referido artículo 1 de la Ley 62 de 1985, en cuanto a la inclusión de los factores salariales a tener en cuenta para el monto de la pensión de jubilación, la Sala acoge la senda tendiente a que se incluyan todos los factores salariares recibidos por el empleado durante el último año. En este sentido, El Consejo de Estado en sentencia de unificación del 04 de agosto de 2010, Consejero Ponente: Dr. Víctor Hernando A