TA TOL - Sentencia 73001-23-33-000-2023-00419-00 (22-05-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Magistrado Ponente: LUÍS EDUARDO COLLAZOS OLAYA Ibagué, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

Radicación: 73001-23-33-000-2023-00419-00

Acción: EJECUTIVO

Demandante: JOSÉ ALIRIO ARDILA ARDILA

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCAILES DEL

MAGISTERIO.

Apoderado: RUBEN DARIO GIRALDO MONTOYA (Parte demandante).

JOHANNA ANDREA SANDOVAL HIDALGO (parte demandada).

Asunto: SENTENCIA ANTICIPADA DE PRIMERA INSTANCIA.

SENTENCIA

Procede la Sala a dictar sentencia que en derecho corresponde, de manera anticipada, conforme lo dispuesto en el articulo 182 A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011-, modificado por la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, al no haber pruebas por practicar y que las allegadas por las partes no fueron objeto de tacha o desconocimiento dentro del proceso ejecutivo presentado por el señor Hildebrando Flórez en contra de Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

I. ANTECEDENTES

1. DEMANDA1.

A través de apoderado judicial el señor José Alirio Ardila Ardila , interpuso la correspondiente acción ejecutiva contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional –

I. ANTECEDENTES

1. DEMANDA1.

A través de apoderado judicial el señor José Alirio Ardila Ardila , interpuso la correspondiente acción ejecutiva contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con la finalidad de que se pague la sanción moratoria por pago tardío de cesantías, reconocida a través de las sentencias del 17 de mayo de 2018 proferida por este Tribunal y la providencia de segunda instancia del 8 de octubre de 2020 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, en donde se condenó al pago de la sanción moratoria consistente en un día de salario por cada día de retardo desde el 16 de enero de 2014 al 29 de diciembre de 2015 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento, radicado bajo el número 73001-23-33-001-2017-00196-00.

Específicamente, se solicitó que se librará mandamiento de pago a su favor y en contra del Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por las siguientes sumas de dinero:

a) Por la suma de $64.363.352 equivalente a la sanción moratoria del periodo entre el 16 de enero de 2014 hasta el 29 de diciembre de 2015, correspondiente a 712 días de mora por el salario diario del año 2014.

1 Expediente SAMAI: índice Nro. 00004; archivo “005_ED_M272802D73001233300”.Radicación: 73001-23-33-000-2023-00419-00

Acción: Ejecutivo

Demandante: José Alirio Ardila Ardila

1 Expediente SAMAI: índice Nro. 00004; archivo “005_ED_M272802D73001233300”.Radicación: 73001-23-33-000-2023-00419-00

Acción: Ejecutivo Demandante: José Alirio Ardila Ardila Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Sentencia de Primera instancia Pág. 2b) Por la suma de $4.872.523 por valor de los intereses moratorios a la tasa DTF conforme al artículo 192 del CPACA, correspondiente a los generados desde el 23 de enero de 2021 y hasta el 22 de abril de 2021. c) Por la suma de $18.655.271 intereses a la tasa comercial a partir del 2 de diciembre de 2022 - fecha en que se presentó la cuenta de cobro - al 30 de noviembre de 2023, más los intereses que se causen hasta la fecha que se pague la obligación. d) Por la suma de $1.013.200 por concepto de condena en costas y agencias en derechos reconocidas en las sentencias judiciales de primera instancia y sus correspondientes gastos.

Lo anterior, teniendo en cuenta el incumplimiento de la s sentencias proferidas por esta Corporación y el Consejo de Estado en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho antes anunciado.

2. MANDAMIENTO DE PAGO2 Y MEDIDA CAUTELAR3.

2.1. Providencia de libró mandamiento de pago:

Mediante providencia del 12 de diciembre de 2023 , el Despacho sustanciador libró mandamiento de pago por los siguientes conceptos:

2.1. Providencia de libró mandamiento de pago:

Mediante providencia del 12 de diciembre de 2023 , el Despacho sustanciador libró mandamiento de pago por los siguientes conceptos:

2.1. Por concepto de capital la suma de $64.363.352 M/CTE.

2.2. Los intereses moratorios en tasa equivalente al DTF desde el 23 de enero de 2021 hasta el 22 de abril de 2021, sobre el total del capital.

2.3. Los intereses moratorios a la máxima tasa de interés comercial, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, sobre el total del capital, desde el 02 de diciembre de 2022 hasta que se haga efectivo el pago total de la obligación.

2.4. La suma de $1.013.200 M/CTE por las costas y agencias en derecho del proceso ordinario aprobadas por auto del 10 de octubre de 2022.

El mandamiento de pago fue notificado a la entidad demandada el 15 de enero de 20244. Así, el 18 de enero de 2024 inició el término de traslado para pagar la obligación, el cual venció el 24 de enero de 2024. El mismo 18 de enero de 2024 también inició el término de traslado para proponer excepciones, el cual venció el 31 de enero de 20245.

Dentro del término respectivo, la entidad ejecutada contestó la demanda, proponiendo varios medios exceptivos de los fijados en el numeral segundo del artículo 442 del C.G.P, tales como pago y prescripción.

2.2. Providencia que decretó medida cautelar:

varios medios exceptivos de los fijados en el numeral segundo del artículo 442 del C.G.P, tales como pago y prescripción.

2.2. Providencia que decretó medida cautelar:

En auto de la misma fecha – 12 de diciembre de 2023 -, se decretó medida cautelar de embargo y retención de las sumas de dinero consignados o que se lleguen a consignar a nombre de la parte ejecutada La Nación - Ministerio de Educación - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, en las cuentas señaladas en la solicitud de medidas cautelares, atendiendo las excepciones a la regla general de inembargabilidad citada en la parte motiva de esta providencia.

2 Expediente SAMAI; índice Nro. 0007; archivo “008_AUTOLIBRAMANDAMIENTOEJECUTIVO” 3 Expediente SAMAI; índice Nro. 00005; archivo “007_AUTODECRETAMEDIDACAUTELAR” 4 Expediente SAMAI; índices Nro. 00017. 5 Expediente SAMAI; índice Nro. 00023.Radicación: 73001-23-33-000-2023-00419-00

Acción: Ejecutivo Demandante: José Alirio Ardila Ardila Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Sentencia de Primera instancia Pág. 3Así mismo, en esa providencia se advirtió que el Patrimonio Autónomo Fiduprevisora S.A. o PA Fiduprevisora, es el ente constituido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, cuyos dineros son los que se debían retener, por ser el obligado al pago de la obligación que aquí se ejecuta , precisándose por ellos que la mención de

Sociales del Magisterio, cuyos dineros son los que se debían retener, por ser el obligado al pago de la obligación que aquí se ejecuta , precisándose por ellos que la mención de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) que se hace es simplemente porque la representación legal del demandado la ejerce la Nación – Ministerio de Educación, pues el Fondo carece de personería para comparecer por sí mismo al proceso judicial.

En dicha providencia, también en el numeral cuarto se estableció un límite de embargo por la suma de $80.000.000.

3. OPOSICIÓN AL MANDAMIENTO DE PAGO6.

Frente a lo s hechos de la demanda, se efectuaron varias precisiones por parte de la ejecutada, entre las cuales, se afirmó que se dio estricto cumplimiento a las sentencias objeto de ejecución, allegando pantallazos de la plataforma a través de las cuales se anunció que por concepto de cesantías se había cancelado $65.519.626 el 18 de diciembre de 2023.

Luego, se opuso al reconocimiento a intereses moratorios a la tasa del DTF conforme al artículo 192 del CPACA por cuanto precisó que debe tenerse en cuenta que existe un periodo muerto para la causación de intereses desde la fecha de ejecutoria contando 3 meses, hasta la fecha de radicación del derecho de petición o solicitud de cumplimiento de la sentencia objeto de reclamo ejecutivo , en este caso, asegura que se consolidó la cesación o suspensión de los intereses.

Así mismo, l a parte ejecutada alegó las excepciones de pago y prescripción de la obligación.

de la sentencia objeto de reclamo ejecutivo , en este caso, asegura que se consolidó la cesación o suspensión de los intereses.

Así mismo, l a parte ejecutada alegó las excepciones de pago y prescripción de la obligación.

Respecto a la excepción de pago, planteó que según el artículo 1625 del Código Civil, el pago es un modo de extinguir las obligaciones, en este caso, como se había demostrado en los anexos de la contestación de la demanda que la entidad demandada realizó el 18 de diciembre de 2020 el pago de la obligación, e s decir, en una fecha posterior a las sentencias que le dieron origen a la obligación y como los ordena el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) en su artículo 442, debe declararse esta excepción, así como, se solicitó se admitiera cualquier pago que se acreditara en el proceso.

De otra parte, sobre la prescripción de la obligación planteó que, esta figura debe ser analizada a la luz del artículo 2536 del Código Civil, el cual determina la extinción de obligaciones contenidas en título ejecutivo por un lapso de 5 años.

4. TRÁMITE PROCESAL

De las excepciones propuestas, se corrió el traslado establecido en el numera 1 del artículo 443 del C.G.P., y la parte ejecutante presentó escrito pronunciándose sobre los medios exceptivos7.

La secretaría procedió a ingresar el expediente al despacho para fijar la audiencia del artículo 443 C.G.P, sin embargo, a través de providencia del 16 de abril de 2024 8, el Despacho acogió la figura de sentencia anticipada en el presente proceso, ante el cumplimiento de los presupuestos determinados en el artículo 182 A del CPACA, al

Despacho acogió la figura de sentencia anticipada en el presente proceso, ante el cumplimiento de los presupuestos determinados en el artículo 182 A del CPACA, al

6 Expediente SAMAI: índice Nro. 00020, archivo “020_CONTESTACIÓN Y EXCEPCONES FOMAG – FIDUPREVISORA” 7 Expediente SAMAI; índice Nro. 00035. 8 Expediente SAMAI: índice Nro. 00040Radicación: 73001-23-33-000-2023-00419-00

Acción: Ejecutivo Demandante: José Alirio Ardila Ardila Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Sentencia de Primera instancia Pág. 4concluir que no había pruebas que practicar y que las allegadas por las partes no fueron objeto de tacha o desconocimiento.

De igual manera, en esa misma providencia, se ordenó correr traslado para alegar, en caso, de no ser recurrida esa decisión, por lo que, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esa providencia, las siguientes partes presentaron sus alegaciones finales, así:

4.1. Parte ejecutante9.

Frente a la excepción de pago, precisó atendiendo el mandamiento de pago librado el 12 de diciembre de 2023, la entidad demandada efectuó un primer pago parcial por la suma de $24.570.343, el día 22 de enero de 2024, y un segundo pago por valor de $65.519.626 el día 28 de marzo de 2024, sin embargo, advirtió que dichas sumas de dinero no logran cubrir la totalidad de la obligación.

el día 28 de marzo de 2024, sin embargo, advirtió que dichas sumas de dinero no logran cubrir la totalidad de la obligación.

Explicó que dicha conclusión, se debía que al liquidar la obligación se generaba los siguientes valores a los cuales se le imputa los pagos antes aludidos, así:

Conforme a ello, aseguró que aún quedaba un excedente, por el cual debía ordenarse seguir adelante con la ejecución, para el cumplimiento total de la obligación a cargo del FOMAG.

4.2. Parte demandada10.

Inició solicitando se negaran las pretensiones de la demanda, atendiendo a que conforme las pruebas se habían efectuado los reconocimiento s y pago s en cumplimiento a lo ordenado en las sentencias objeto de ejecución, al efectuarse el pago de $65.519.626 el 18 de diciembre de 2023 a través del Banco Ganadero , y, el pago por la suma de $24.570.343 el 25 de enero de 2024 a través del Banco BBVA.

Luego, continuó con el análisis de los intereses moratorios, exponiendo que deben calcularse sobre la suma que la entidad accionada debió cancelar a la ejecutoria de la sentencia bajo la tasa equivalente al DTF durante los diez (10) primeros meses y luego bajo la tasa del interés corrientes bancario, sin embargo, se debe tener en cuenta la fecha de radicación de la petición de pago, dado que si esta se radicó superados los tres (3) meses posteriores a la fecha de ejecutoria, los intereses moratorios cesaran hasta la fecha de radicación.

9 Expediente SAMAI: índice Nro. 00045

meses posteriores a la fecha de ejecutoria, los intereses moratorios cesaran hasta la fecha de radicación.

9 Expediente SAMAI: índice Nro. 00045 10 Expediente SAMAI; índice Nro. 00046.Radicación: 73001-23-33-000-2023-00419-00

Acción: Ejecutivo Demandante: José Alirio Ardila Ardila Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Sentencia de Primera instancia Pág. 5Finalizó con el tema de la condena en costas, a lo cual expuso ese análisis no es objetivo, sino que debe el juez tener en cuenta la buena fe de la entidad respecto a sus actuaciones procesales.

5. INFORME DE PAGO.

El 4 de marzo de 2024 11 el apoderado de la parte actora informó que el 22 de enero de 2024, la entidad demandada realizó un pago parcial por la suma de $24.570.343, sin embargo, precisó que no cubría el valor total de la obligación adeudada.

Posteriormente, encontrándose el proceso al despacho para continuar con la fase del numeral 2 del artículo 443, para establecer si se emitía sentencia anticipada, mediante memorial calendado el 10 de abril de 202412 el apoderado del extremo ejecutante informó que la entidad demandada FOMAG había efectuado un segundo abono por la suma de $65.519.626 el día 28 de marzo de 2024, no obstante, advirtió que aún quedaban saldo pendiente de la obligación, por lo que solicitó continuar la ejecución por el excedente y las costas liquidadas.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

pendiente de la obligación, por lo que solicitó continuar la ejecución por el excedente y las costas liquidadas.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA.

Es competente esta corporación para dictar la sentencia anticipada que corresponde dentro del proceso ejecutivo promovido en este asunto, tal como lo establecen los artículos 125, 156 y 182 A del CPACA.

2. PROBLEMAS JURÍDICOS

Conforme los planteamientos de la demanda y la contestación, en el auto que se acogió a sentencia anticipada se establecieron los siguientes cuestionamientos de orden jurídico:

2.1. ¿El título objeto de recaudo (las sentencias de primera y segunda instancia) a la fecha de presentación de la demanda, es decir, el 02 de diciembre de 2022, contenían obligaciones claras, expresas y exigibles a favor del ejecutante y en contra de la ejecutada?

2.2. El valor se tendrá como base será el previsto en el mandamiento de pago, es decir, la suma de $ 64.363.352 M/CTE por concepto de capital y $1.013.200 M/CTE por las costas y agencias en derecho. De manera que únicamente deberá determinarse ¿Cuál es el valor intereses moratorios desde el 23 de enero de 2021 hasta el 22 de abril de 2021 y desde el 02 de diciembre de 2022 hasta su pago, según las reglas de los artículos 192 y 195 del CPACA? En este mismo escenario deberá precisarse si ¿La causación de intereses se suspendió? Y, en caso afirmativo ¿En qué fecha y hasta cuándo?

2.3. Aclarado lo anterior, deberá determinarse ¿Cuál es el valor del capital para la fecha

intereses se suspendió? Y, en caso afirmativo ¿En qué fecha y hasta cuándo?

2.3. Aclarado lo anterior, deberá determinarse ¿Cuál es el valor del capital para la fecha de presentación de la demanda? Y de subsistir valores por pagarse ¿Con qué suma se debe continuar la ejecución?

2.4. ¿Existen pagos o valores a favor de la ejecutada, sumados a los abonos informados, que puedan compensar los valores objeto de recaudo?

11 Expediente SAMAI; índice Nro. 00038 12 Expediente SAMAI; índice Nro. 00039.Radicación: 73001-23-33-000-2023-00419-00

Acción: Ejecutivo Demandante: José Alirio Ardila Ardila Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Sentencia de Primera instancia Pág. 62.5. ¿Los pagos ordenados por Resolución N° 0414 del 03 de febrero de 2023, emitida por el Fomag, por valor de $65.519.626, suspendió la causación de intereses? ¿La eventual suspensión debe entenderse desde la emisión de la resolución o desde el pago efectivo o puesta a disposición? Y ¿Qué efecto tiene la devolución del pago de $65.519.626 por no haber sido reclamado por el ejecutante?

2.6. ¿Los pagos efectuados el 22 de enero de 2024 y 28 de marzo de 2024, por $24.570.343 y $65.519.626 respectivamente, reconocidos expresamente por el ejecutante, constituyen pago total de la obligación? En caso negativo, será necesario

$24.570.343 y $65.519.626 respectivamente, reconocidos expresamente por el ejecutante, constituyen pago total de la obligación? En caso negativo, será necesario indagar si ¿Dichos pago s interrumpieron la consolidación de intereses moratorios? Y si ¿Los pagos tiene la entidad de pago parcial?

2.7. ¿Ha operado el fenómeno jurídico de la prescripción de cinco (5) años que prevé el literal k, numeral 2 del artículo 164 del CPACA, en armonía con el artículo 2536 del Código Civil Colombiano? En ese orden de ideas, será necesario determinar ¿Cuál es la fecha de exigibilidad del título ejecutivo, es decir, luego de los 10 meses que prevé el artículo 192 del CPACA?

2.8. ¿Están acreditadas las costas procesales? y, en todo caso, siguiendo las reglas del artículo 188 del CPACA, ¿Existió una manifiesta carencia de fundamento legal de la demanda o las excepciones propuestas?

3. GENERALIDADES DE LOS TÍTULOS EJECUTIVOS.

Los artículos 422 del Código General del Proceso y 297 de la Ley 1437 de 2011, definen el título ejecutivo y señalan las providencias que tienen tal característica, respectivamente.

El artículo 422 del Código General del Proceso, reza:

“Art. 422. Títulos Ejecutivos . Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y que constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial

causante y que constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley (Se subrayó). (...)”.

En virtud a lo anterior, se pueden demandar ejecutivamente las obligaciones que reúnan las siguientes condiciones:

1. Obligaciones expresas, claras y exigibles.

2. Que emanen del deudor o de su causante, o que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción.

3. Que constituyan plena prueba contra él.

Ahora bien, el artículo 297 del CPACA13 establece que puede constituir un título ejecutivo en materia de lo contencioso administrativo, a saber (i) cierto tipo de providencias

13 “1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.//2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.//3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entid ades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a tra vés del

expresa y exigible.//3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entid ades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a tra vés del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual,Radicación: 73001-23-33-000-2023-00419-00

Acción: Ejecutivo Demandante: José Alirio Ardila Ardila Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Sentencia de Primera instancia Pág. 7judiciales que cumplan con determinados requisitos; (ii) el contrato estatal y en general, cualquier otro acto que sea proferido con ocasión de la actividad contractual, y (iii) los actos administrativos, siempre y cuando tengan constancia de ejecutoria y la autoridad administrativa que los expidió de fe de que se tratan del primer ejemplar expedido.

En virtud a lo hasta aquí expuesto, encontramos, primero, que los títulos ejecutivos deben cumplir determinados requisitos formales y de fondo para su ejecución, y segundo, que éstos pueden ser singulares o complejos.

Respecto a los requisitos formales y de fondo, el Consejo de Estado, en providencia del siete (07) de diciembre de 2017, dentro del proceso con radicado 85001-23-33-000-201400201-01(52702), M.P. Danilo Rojas Betancourth, indicó:

“(…) con la revisión de los requisitos formales, se busca determinar si los documentos que

00201-01(52702), M.P. Danilo Rojas Betancourth, indicó:

“(…) con la revisión de los requisitos formales, se busca determinar si los documentos que integran el supuesto título ejecutivo conforman unidad jurídica, son auténticos, y emanan del deudor o de la autoridad judicial o administrativa correspondiente, de modo que se pueda colegir que tienen la capacidad de imponer la ejecución de un crédito en cabeza de quien los expide o de un tercero14.

Ahora, respecto a la verificación de las condiciones de fondo, la misma Corporación ha sostenido que se propende por determinar si el cumplimiento de la obligación que contiene el título puede ser conminado sin óbice alguno o, en otras palabras, si presta mérito ejecutivo, para lo cual, aquél vínculo jurídico debe ser (i) exigible, en el sentido de que sea factible ejecutarlo por no encontrarse sujeto a plazo o condición, esto es, que se trate de una obligación pura y simple; (ii) expreso, es decir, que el crédito debe aparecer de forma manifiesta en el documento sin necesidad de acudir a suposiciones que hagan necesario aplicar razonamientos lógicos complejos, y (iii) claro, en el entendido de que la obligación sea fácilmente apreciable a partir del contenido literal del docume nto o documentos que la contienen o la demuestran15.”

De lo anterior, se observa que el título de recaudo debe contener todos los documentos que lo integran, pero, además, unos requisitos, condiciones o exigencias tanto de forma como de fondo, siendo las primeras la autenticidad de los documentos, que emanen del deudor o que provengan de una providencia judicial o de un acto administrativo en firme.

que lo integran, pero, además, unos requisitos, condiciones o exigencias tanto de forma como de fondo, siendo las primeras la autenticidad de los documentos, que emanen del deudor o que provengan de una providencia judicial o de un acto administrativo en firme. En cuanto a las segundas, es decir, las de fondo o sustanciales, se refieren a la acreditación de una obligación insatisfecha que está a cargo del ejecutado y debe ser clara, expresa y exigible al momento de la ejecución.

En cuanto a la diferencia entre títulos ejecutivos singulares y complejos, la misma Corporación, en auto del 31 de mayo de 2016, expediente 25000-23-26-000-2014-0060801, sostuvo que la determina el número de documentos necesarios para establecer la obligación. Sobre el particular, indicó: “ se está frente a los primeros cuando el título ejecutivo está compuesto por un solo documento que da cuenta de la obligación clara, expresa y exigible, mientras que los últimos están integrados por varios medios que, únicamente juntos, pueden llegar a certificar la existencia de ese crédito”.

en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.//4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derec ho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que e xpida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar”.

existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que e xpida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar”. 14 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 24 de enero de 2007, exp. 85001-23-31-000-2005-00291-01(31825), C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de octubre de 2004, exp. 23989, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.Radicación: 73001-23-33-000-2023-00419-00

Acción: Ejecutivo Demandante: José Alirio Ardila Ardila Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Sentencia de Primera instancia

Pág. 84. CASO CONCRETO

4.1. Sobre el título ejecutivo.

En ejercicio del presente medio de control el ejecutante José Alirio Ardila Ardila, pretende que la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, le pague el valor de la sanción moratoria contemplada en la Ley 1071 de 2006, por el periodo comprendido entre el 16 de enero de 22014 hasta el 29 de diciembre de 2015, es decir, 712 días del salario diario correspondiente al año 2014.

Dichas pretensiones las fundamenta en la condena impuesta dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor José Alirio Ardila Ardila contra Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

Dichas pretensiones las fundamenta en la condena impuesta dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor José Alirio Ardila Ardila contra Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con radicado Nro. 73001-23-33-001-2017-00196-00, en sentencia de primera instancia calendada el 17 de mayo de 2018 , siendo confirmada por providencia en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda del 8 de octubre de 2020, en las cuales se ordenó lo siguiente:

Sentencia de primera instancia del 17 de mayo de 201816:

“RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio SAC:

2016RE13866 del 18 de noviembre de 2016.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título del restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que reconozca y pague la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías del actor, equivalente a 1 día de salario por cada día de retardo contando desde el 16 de enero de 2014 al 29 de diciembre de 2015.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: DECLARAR no probada la excepción de prescripción.

(…) SEXTO: CONDENAR en costas de primera instancia a la parte demandada, conforme lo preceptuado en el artículo 188 del CPACA, para lo cual se fija el equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, como agencias en derecho. Por secretaría se

SEXTO: CONDENAR en costas de primera instancia a la parte demandada, conforme lo preceptuado en el artículo 188 del CPACA, para lo cual se fija el equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, como agencias en derecho. Por secretaría se deberán liquidar.”

Sentencia de segunda instancia calendada el 8 de octubre de 202017:

“FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, proferida el 17 de mayo de 2018 por el Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió a las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.”

La decisión que tal como se advirtió en el mandamiento de pago, fue notificada por correo electrónico del 19 de enero de 2021, por lo que la providencia quedó debidamente ejecutoriada el 22 de enero de 2021, conforme lo establece el artículo 302 del CGP.

16 Expediente SAMAI; índice Nro. 00004; archivo “005_ED_M272802D73001233300”, folios 15 al 34. 17 Expediente SAMAI; índice Nro. 00004; archivo “005_ED_M272802D73001233300”, folios 38 al 54.Radicación: 73001-23-33-000-2023-00419-00

Acción: Ejecutivo Demandante: José Alirio Ardila Ardila Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Sentencia de Primera instancia Pág. 9Según lo expuesto, la decisión judicial constituye título ejecutivo claro, expreso y exigible, tal como se concluyó al momento de librar mandamiento de pago en providencia del 12

Sentencia de Primera instancia Pág. 9Según lo expuesto, la decisión judicial constituye título ejecutivo claro, expreso y exigible, tal como se concluyó al momento de librar mandamiento de pago en pro