TA TOL - Sentencia 73001-33-33-001-2019-00099-01 (29-05-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Mag. Ponente: John Libardo Andrade Flórez

Ibagué – Tolima, veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación Nº.: 73001-33-33-001-2019-00099-01 (917/2022) Medio de

Control:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

Demandante: MARÍA DORA ESCOBAR DE LOZANO

Demandado: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA –

FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES

Tema: Reliquidación Pensional

I. ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la señora MARÍA DORA ESCOBAR DE LOZANO contra la sentencia del 27 de septiembre de 2022, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, que negó las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

La señora MARÍA DORA ESCOBAR DE LOZANO mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda con la finalidad de obtener, a través de sentencia judicial , un pronunciamiento favorable respecto de las siguientes:

1. Declaraciones y Condenas1

Que se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución No. 249 del 6 de febrero de 2013 , expedido por la Secretaría Administrativa y la Directora del Fondo Territorial de Pensiones de la

Que se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución No. 249 del 6 de febrero de 2013 , expedido por la Secretaría Administrativa y la Directora del Fondo Territorial de Pensiones de la Gobernación del Tolima , y en la Resolución No . 0240 del 11 de junio de 2013, expedida por el Gobernador del Departamento del Tolima. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene al Departamento del Tolima a reliquidar la pensión de jubilación de la demandante, incluyendo el ingreso base de liquidación, el auxilio de transporte, la prima de alimentación, y las doceavas partes de l as primas de vacaciones y de navidad, así como los demás factores salariales que fueron percibidos en el último año de servicio,

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Demandante: MARÍA DORA ESCOBAR DE LOZANO Demandado: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES Radicación: 73001-33-33-001-2019-00099-01

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pagando las diferencias existentes entre el valor que el ente demandado le reconoció y la suma que verdaderamente le correspondía.

Que se ordene el descuento retroactivo por concepto de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones sobre los factores que se reconozcan, a partir de tres años atrás desde la presentación de la petición que agotó el procedimiento administrativo.

Que las sumas adeudadas sean debidamente indexadas y sobre aquellas se

General de Seguridad Social en Pensiones sobre los factores que se reconozcan, a partir de tres años atrás desde la presentación de la petición que agotó el procedimiento administrativo.

Que las sumas adeudadas sean debidamente indexadas y sobre aquellas se paguen los intereses moratorios señalados en el artículo 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Que se condene al DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES en costas, si a ello hubiere lugar.

2. Hechos2

Que la señora MARÍA DORA ESCOBAR DE LOZANO es pensionada por el Director de la Caja de Previsión Social del Tolima, hoy Departamento del Tolima – Fondo Territorial de Pensiones, según la Resolución No. 2138 del 5 de septiembre de 1988, retroactiva al 7 de enero de 1985, fecha en la cual adquirió su derecho.

Que el último año de servicio docente de la señora Escobar de Lozano fue el 2 de febrero de 1999 al 1 de febrero de 2000, habiendo devengado l os haberes laborales de la siguiente manera:

1. Sueldo: $370.628,00.

2. Auxilio de Transporte: $24.012,00.

3. Prima de Alimentación: $21.451,00.

4. Prima de Vacaciones: $204.257,00.

5. Prima de Navidad: $425.535,00.

Que, mediante derecho de petición con fecha del 21 de marzo de 2014, se solicitó al Señor Gobernador del Departamento del Tolima la revisión de la reliquidación de la pensión de jubilación, para que se incluyera al ingreso base

Que, mediante derecho de petición con fecha del 21 de marzo de 2014, se solicitó al Señor Gobernador del Departamento del Tolima la revisión de la reliquidación de la pensión de jubilación, para que se incluyera al ingreso base de liquidación pensional todos los factores salariales percibidos en el año inmediatamente anterior al retiro definitivo del servicio docente oficial.

Que la solicitud fue resuelta negativamente mediante la Resolución No. 249 del 6 de febrero de 2013 , expedida por la Secretar ía Administrativa y la Dirección del Fondo Territorial de Pensiones de la Gobernación del Tolima, mediante la cual se negó el ajuste y/o revisión de pensión de jubilación de la demandante, por inclusión de factores salariales, por lo que se presentó recurso de apelación ante el Señor Gobernador del Departamento del Tolima.

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Que mediante Resolución No. 0240 del 11 de junio de 2013, el Señor Gobernador del Departamento del Tolima confirmó la Resolución No, 249 del 6 de febrero de 2013.

Que mediante Decreto No. 532 del 16 de junio de 1995, se liquidó la Caja de

del Departamento del Tolima confirmó la Resolución No, 249 del 6 de febrero de 2013.

Que mediante Decreto No. 532 del 16 de junio de 1995, se liquidó la Caja de Previsión Social del Tolima, estableciendo en su artículo segundo la sustitución y pago de las pensiones por el Departamento del Tolima a través del Fondo Territorial de Pensiones del Departamento, creado mediante Ordenanza No. 034 del 30 de junio de 1995.

Que, para el 13 de febrero de 1985, fecha en la cual se expidió la Ley 33 de 1985 “Por la cual se dictan medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las Prestaciones Sociales para el Sector Público” , la señora María Dora Escobar de Lozano no solo tenía más de 15 años al servicio del Estado, sino que estaba pensionada por el Departamento del Tolima y continua ba ejerciendo sus funciones como docente pensionad a activa al servicio del Magisterio Tolimense, como efectivamente sucedió.

Que la señora María Dora Escobar de Lozano, por su condición de exfuncionaria al servicio del Departamento del Tolima, tiene su régimen pensional en el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969, que establece que “el valor de la pensión mensual vitalicia de jubilación será equivalente al 75% del promedio de salarios y primas de toda especie percibidos en el último año de servicio” , resaltando el hecho de que tales disposiciones son unísonas en ordenar la liquidación sobre salarios devengados del último año de servicio y no sobre aportes sufragados, que exigía la pensión por aportes, Ley 71 de 1988, inaplicable para empleados oficiales con más de 20 años de servicio al Estado.

sobre salarios devengados del último año de servicio y no sobre aportes sufragados, que exigía la pensión por aportes, Ley 71 de 1988, inaplicable para empleados oficiales con más de 20 años de servicio al Estado.

3. Normas violadas y Concepto de Violación3

La parte demandante indicó que la Resolución No. 249 del 6 de febrero de 2013 y la Resolución No. 0240 del 11 de junio de 2013, se infringieron los artículos 1, 2, 6, 13, 25, 48, 53, 58 y 209 de la Constitución Política, artículo 5 de la Ley 171 de 1961, artículo 4 de la Ley 4 de 1966, artículo 5 del Decreto Reglamentario 1743 de 1966, y el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969.

Indicó que la Constitución Política de 1991 estableció la solidaridad, la eficiencia y la universalidad como principios fundamentales que rigen la Seguridad Social. Además, señaló que, en el artículo 2 de la misma Constitución, que establece como deber del Estado asegurar que estos principios se cumplan de manera efectiva. Argumentó que los ideales del Estado Social de Derecho en cuanto a la seguridad social se ven frustrados cuando las entidades públicas, por negligencia, descuido o falta de una decisión definitiva sobre las solicitudes de los pensionados, dificultan que los antiguos trabajadores puedan acceder a sus beneficios de pensión , p or lo tanto, es esencial que las peticiones, especialmente aquellas relacionadas con el

definitiva sobre las solicitudes de los pensionados, dificultan que los antiguos trabajadores puedan acceder a sus beneficios de pensión , p or lo tanto, es esencial que las peticiones, especialmente aquellas relacionadas con el

3 Fls. 8-29 - Expediente Digital – 3_ALDESPACHOPARAESTUDIO_002_CUADERNOPRINCIP.pdf.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 4

Demandante: MARÍA DORA ESCOBAR DE LOZANO Demandado: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES Radicación: 73001-33-33-001-2019-00099-01

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reconocimiento, la revisión o la nueva liquidación de las pensiones, se resuelvan con prontitud.

Añadió que la forma en que se organizan y se gestionan los procedimientos establecidos para tramitar y aprobar estas prestaciones no deben convertirse en obstáculos para el derecho sustancial, sobre todo cuando existen precedentes importantes y el reconocimiento de derechos similares por parte de otras entidades en diferentes regiones del país. En este contexto, consideró que en el caso específico se violó el principio de eficiencia, especialmente al negar el derecho reclamado.

De manera similar, expuso que el artículo 53 de la Constitución asigna a la ley la obligación de considerar como un principio mínimo fundamental la situación más ventajosa para el trabajador en caso de duda al aplicar o interpretar las leyes laborales. Mencionó la importancia de que la realidad de las relaciones laborales prevalezca sobre las formalidades establecidas por las partes, la garantía de la seguridad social, el pago puntual y el ajuste de las

interpretar las leyes laborales. Mencionó la importancia de que la realidad de las relaciones laborales prevalezca sobre las formalidades establecidas por las partes, la garantía de la seguridad social, el pago puntual y el ajuste de las pensiones, y la aplicación de la ley sin perjudicar lo s derechos de los trabajadores. De esta manera, la protección de la pensión no solo proviene del sistema de seguridad social, sino también de la propia relación laboral. Por todo lo anterior, consideró crucial aplicar el principio de favorabilidad en este caso particular ante cualquier incertidumbre sobre la aplicación de las normas laborales vigentes, dando prioridad a la interpretación más beneficiosa para el trabajador, que en esta situación específi ca implic a aplicar la regla de las doceavas partes a todos los componentes salariales.

Ahora bien, basándose en la normativa legal, argumentó que la demandante tiene el derecho a que se revise, se vuelva a calcular o se actualice su pensión de jubilación, tomando en cuenta el 75% del promedio de lo que percibió durante su último año de servicio como docente, incluyendo conceptos como la prima de alimentación, la prima de vacaciones y la prima de navidad.

Adujó así, que la entidad demandada desconoció los normativos legales anteriormente expuestos, lo que causó graves perjuicios a la demandante en los ámbitos económico, social y familiar. Esto se debe a que la cantidad de dinero que recibió como pensión, como resultado de la negativa de la administración a liquidar su pensión de jubilación de manera completa (es decir, incluyendo todos los factores salariales establecidos por la ley), afectó negativamente su calidad de vida y la de su familia dependiente.

Sostuvo que la pensión es la compensación directa que el trabajador o su

decir, incluyendo todos los factores salariales establecidos por la ley), afectó negativamente su calidad de vida y la de su familia dependiente.

Sostuvo que la pensión es la compensación directa que el trabajador o su sustituto deben recibir por la contribución de su fuerza laboral a la sociedad y a su empleador durante su vida laboral, por lo tanto, señaló que la señora María Dora Escobar de Lozano tiene derecho a que exista una relación justa entre el trabajo realizado y el monto de su pensión, la cual debe calcularse de manera equitativa, incluyendo todos los componentes salariales reconocidos por la ley.

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDAMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 5

Demandante: MARÍA DORA ESCOBAR DE LOZANO Demandado: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES Radicación: 73001-33-33-001-2019-00099-01

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4.1 Departamento del Tolima

La apoderada judicial del ente territorial indicó que se opone a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, por carecer de fundamentos de hecho y derecho.

Señaló que los servidores públicos que se encuentran inmersos en el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 , les son aplicables los criterios de interpretación adoptados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-230 de 2015, y recientemente por la Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia del 28 de agosto de 2018, razón por la cual su pensión debe reconocerse y liquidarse aplicando lo establecido en la Ley 33 de 1985, a

de Estado en la sentencia del 28 de agosto de 2018, razón por la cual su pensión debe reconocerse y liquidarse aplicando lo establecido en la Ley 33 de 1985, a excepción del ingreso base de liquidación, el cual se rige por la Ley 100 de 1993 y su Decreto Reglamentario.

Aseveró que el Fondo Territorial de Pensiones efectuó el reconocimiento de la pensión conforme lo ordenado por el artículo 3 de la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta que la mencionada Ley y la Ley 62 de 1985 sustentó que la inclusión de factores salariales como la prima de navidad, prima de vacaciones y prima de alimentación no se encuentran destinadas por la Ley para hacer parte del IBL, y expresó que los mismos tampoco son factores de cotización; motivo por el cual afirmó que la demandante no es acreedora del régimen pensional contemplado en la Ley 6 de 1945 y los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978.

Finalmente, formuló como excepción aquella que denominó “ cobro de lo no debido” y solicitó el reconocimiento oficioso de excepciones.

5. Sentencia Recurrida4

El Juzgado Primero Administrativ0 Oral del Circuito de Ibagué, mediante sentencia proferida el 27 de septiembre de 2022, resolvió:

“PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante y a favor de la parte demandada, para lo cual se incluirán como agencias en derecho el equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigente.

en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante y a favor de la parte demandada, para lo cual se incluirán como agencias en derecho el equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigente.

TERCERO: Por Secretaría, realizar las anotaciones de rigor, dejando las constancias correspondientes en el sistema “Siglo XXI” y una vez en firme, archivar el proceso.”

Para llegar a estas decisiones, la Juez A-quo estableció que el problema jurídico consistía en verificar si la demandante tiene derecho a que su pensión de jubilación sea reajustada, tomando el 75% del promedio de la asignación básica, con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el

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último año de servicio , para lo cual debía examinarse el régimen jurídico aplicable a la demandante.

En un análisis del material probatorio y los hechos jurídicamente relevantes para el caso en concreto, encontró la Juez de Primera Instancia que el reconocimiento pensional efectuado a la señora María Dora Escobar de Lozano tuvo fundamento en la Ordenanza 057 de 1966, que pese a haber sido declarada

para el caso en concreto, encontró la Juez de Primera Instancia que el reconocimiento pensional efectuado a la señora María Dora Escobar de Lozano tuvo fundamento en la Ordenanza 057 de 1966, que pese a haber sido declarada nula, es procedente liquidar al considerarse una pensión ordinaria que estuvo sujeta al cumplimiento de requisitos especiales, conforme las reglas jurisprudenciales de unificación expuestas por el Consejo de Estado el 25 de abril de 2019.

Señaló que, según la providencia de unificación del 25 de abril de 2019, existen únicamente dos regímenes para la liquidación pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales. Indicó que, quienes fueron vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, les rigen las previsiones de la Ley 33 de 1985 y los factores salariales que se deben tener en cuenta para efectos de la liquidación o reajuste pensional son los establecidos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 , y solo lo son sobre aquellos que se hayan efectuado los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones.

Finalmente, observó que en el último año de servicios de la señora María Dora Escobar de Lozano, como docente adscrita al Departamento del Tolima, devengó sueldo, auxilio de transporte, prima de alimentación, prima de vacaciones y prima de navidad, y que de estos solamente se encuentra enlistado como factor salarial la asignación básica en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985.

Por lo anterior, concluyó que no hay lugar a reliquidar la pensión de jubilación, de acuerdo con los parámetros jurisprudenciales reseñados, teniendo en

Por lo anterior, concluyó que no hay lugar a reliquidar la pensión de jubilación, de acuerdo con los parámetros jurisprudenciales reseñados, teniendo en cuenta, a su vez, que no se acreditó dentro del proceso que respecto de los mencionados factores se hayan realizado aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones.

6. Recurso de Apelación5

El apoderado de la señora MARÍA DORA ESCOBAR DE LOZANO interpuso recurso de apelación contra la decisión proferida en primera instancia, solicitando que se revoque integralmente la sentencia y en su lugar se concedan las pretensiones de la demanda en su totalidad.

Alegó que el A Quo erró al no considerar aplicar en su integridad las normas que le son favorables a la demandante, anteriores a las Leyes 33 y 62 de 1985, como lo son la Ley 6 de 1945, Ley 171 de 1961, Ley 4 de 1966, Decreto Ley 1743 de 1966, Decreto Ley 3135 de 1968, Decreto Ley 1045 de 1978, Decreto Ley 1848 de 1969, entre otras, como igual los precedentes judiciales, las Jurisprudencias de la Honorable Corte Constitucional, del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo del Tolima, que sean concord antes con la causa petendi y es

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Demandante: MARÍA DORA ESCOBAR DE LOZANO

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por ello que son tales disposiciones las que rigen, para todos los efectos, dicha pensión.

Señaló que considerar los factores salariales de prima de vacaciones , prima de navidad y prima de alimentación como no viables para ser añadidos a la reliquidación de la pensión de jubilación era errado , argumentando que el artículo 4 de la Ley 4ª del 23 de abril de 1966 dispuso que a partir de la vigencia de esta ley, las pensiones de jubilación o invalidez se liquidarían y pagarían tomando como base el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicios, sin señalar los factores de salario que debían tenerse en cuenta para la liquidación, y por lo tanto, debiendo entenderse que todo lo que constituye salario devengado habitualmente debían incluirse en el salario base de liquidación y las doceavas partes de lo percibido ocasionalmente como primas de servicio, vacacionales y de navidad.

A su vez, señal ó el Decreto 1045 de 1978, que en su artículo 45 expone claramente que la asignación básica mensual, los auxilios de alimentación y transporte, la prima de navidad y la prima de vacaciones hacen parte de los factores de salario a tenerse en cuenta en la liq uidación de las pensiones a las que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales. Mismo que encuentra apoyado fundamentalmente en la jurisprudencia referida,

factores de salario a tenerse en cuenta en la liq uidación de las pensiones a las que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales. Mismo que encuentra apoyado fundamentalmente en la jurisprudencia referida, sentada por esta jurisdicción, en sentencia calendada 22 de noviembre de 2018, Magistrado Ponente Dr. Jose Aleth Ruiz Castro, la cual determina “la Ley 33 de 1985 modificada por la Ley 62 del mismo año, y el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, no puede concederse un alcance restrictivo a dicha norma, pues se corre el riesgo de excluir de la base de liquidación pensional factores salariales devengados por el trabajador y que por su naturaleza ameritan ser incluidos para tales efectos”.

Expresó entonces que la sentencia de primera instancia desconoció en forma palmaria el artículo 53 de la Constitución Política, en lo referente al principio de favorabilidad en la interpretación de las normas laborales, indicando que sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Tolima (30 de agosto de 2020 y 16 de septiembre de 2020), como Tutelas falladas por el Consejo de Estado y confirmadas por la Corte Constitucional (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, 14 de abril de 2016) donde se reconoció el derecho a la reliquidación por factores salariales de las pensiones de jubilación de los docentes del Departamento del Tolima que obtuvieron su pensión bajo el régimen de la Ordenanza 057 de 1966, en el equivalente al 75% del promedio de todo lo devengado en el último año de servicios, tuvieron como fundamentos los principios de favorabilidad,

Tolima que obtuvieron su pensión bajo el régimen de la Ordenanza 057 de 1966, en el equivalente al 75% del promedio de todo lo devengado en el último año de servicios, tuvieron como fundamentos los principios de favorabilidad, inescindibilidad, debido proceso, igualdad y derechos adquiridos, entre otros. Por lo tanto, argumentó que ninguna Ley, norma jurídica o sentencia de unificación que desconozca estos principios constitucionales , puede prevalecer.

III. TRÁMITE DEL RECURSO

Mediante auto del 12 de diciembre de 2022, por reunir los requisitos legales, seMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 8

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admitió el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Ibagué, el 27 de septiembre de 2023.

De igual manera, de acuerdo con la constancia secretarial de ingreso para decisión de fondo de fecha 2 de febrero de 202 3, la providencia de 12 de diciembre de 202 2 que admitió el recurso de apelación interpuesto, fue notificada al agente del Ministerio Público, quien guard ó silencio dentro del término concedido para rendir concepto.

Encontrándose el proceso en estado de decidir, a ello se procede, con base en las siguientes,

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

término concedido para rendir concepto.

Encontrándose el proceso en estado de decidir, a ello se procede, con base en las siguientes,

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación formulado por la apoderada del demandado contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ibagué el 27 de septiembre de 2022, en la que se negaron las pretensiones de la demanda.

2. Problema Jurídico

El problema jurídico en el presente asunto consiste en establecer, si la decisión que negó la reliquidación de la pensión de jubilación, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de primera instancia el día 27 de septiembre de 202 2, se encuentra ajustada a derecho y por consiguiente, se debe confirmar la decisión; o si tal como lo aduce la parte recurrente por el contrario, tiene derecho a que se le reliquide con el 75% de lo devengado en el último año de servicios, teniendo en cuenta como factores salariales además de la asignación básica, la prima de navidad, la prima de alimentos, la prima de vacaciones, y el auxilio de transporte, percibidos en el último año de servicios.

3. Tesis de la Sala

Consiste en afirmar que se debe confirmar la sentencia impugnada, pues si bien es cierto, en aplicación del principio de favorabilidad, las pensiones reconocidas bajo la Ordenanza 057 de 1966, pese a su declaración de nulidad, pueden ser objeto de revisión para su reliquidación, empleando la normatividad aplicable a la generalidad de los servidores públicos, conforme

reconocidas bajo la Ordenanza 057 de 1966, pese a su declaración de nulidad, pueden ser objeto de revisión para su reliquidación, empleando la normatividad aplicable a la generalidad de los servidores públicos, conforme los parámetros establecidos por el Consejo de Estado en sentencia del año 2010, también es cierto que no procede la inclusión dentro de la reliquidación solicitada de factores salariales diferentes a los reconocidos al demandante al momento de liquidarse su pensión por retiro definitivo del servicio, pues no acreditó haber realizado aportes al Sistema de Seguridad Socia l sobre mencionados factores, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y laMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 9

Demandante: MARÍA DORA ESCOBAR DE LOZANO Demandado: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES Radicación: 73001-33-33-001-2019-00099-01

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sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 , al constituirse en precedente vinculante y obligatorio para los casos que guardan identidad fáctica.

4. FUNDAMENTOS DE LA TESIS DE LA SALA

4.1. De las pensiones de jubilación otorgadas en aplicación de la Ordenanza 057 de 1966 – Tesis de la Sección Segunda del Consejo de Estado

El problema jurídico objeto de debate en el sub-lite hace referencia a la revisión de la liquidación de la pensión de jubilación, reconocida a un docente con base en la Ordenanza 057 de 1966, desaparecida de la vida jurídica a través de la

El problema jurídico objeto de debate en el sub-lite hace referencia a la revisión de la liquidación de la pensión de jubilación, reconocida a un docente con base en la Ordenanza 057 de 1966, desaparecida de la vida jurídica a través de la sentencia proferida por esta corporación y confirmada por el Consejo de Estado.

Al respecto, pueden reconocerse dos posiciones jurisprudenciales, representada la primera en la sentencia proferida el 7 de junio de 2007, en la cual se indicó, por parte de la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo siguiente:

“(…) En estas condiciones, mal podría salir la Sala reconocer un emolumento con base en una norma que ya fue declarada nula. En otras palabras, la Ordenanza no le sirve al demandante de sustento de su pretensión. La administración en el acto administrativo demandado negó el derecho al peticionario, entre otros, bajo el argumento de que la liquidación pensional se efectuó con fundamento en la Ordenanza 57 de 1966. El estudio de legalidad del acto conforme a los argumentos que expresa el demandante y que aduj o ante la administración, tendientes a que se incluyan en su liquidación todos los sueldos devengados en el último año de servicios, incluidos prima de navidad y académica, implicaría para la Sala, necesariamente, revisar la decisión acusada a la luz de la disposición ordenanzal que sirvió de sustento al acto de reconocimiento y liquidación de la prestación, disposición que ya ha desaparecido del ordenamiento jurídico, motivo por el cual no están llamadas a prosperar las pretensiones de la demanda”.

La segunda posición jurisprudencial puede encontrarse en un pronunciamiento

liquidación de la prestación, disposición que ya ha desaparecido del ordenamiento jurídico, motivo por el cual no están llamadas a prosperar las pretensiones de la demanda”.

La segunda posición jurisprudencial puede encontrarse en un pronunciamiento de la misma Subsección, que, en sentencia de 18 de febrero de 2010, consideró que a pesar de que la pensión haya sido reconocida en los términos de la Ordenanza 057 de 1966, para efectos de su reliquidación esta debería sujetarse a las normas que regulen la pensión ordinaria de jubilación de los docentes. Señaló esta providencia lo siguiente:

“(…) En punto a la solicitud de reliquidación de la mesada pensional destaca la Sala que no se comparten los argumentos consignados en la providencia recurrida sobre la imposibilidad de peticionar esta reliquidación y el reajuste del derecho pensional por haberle sido reconocida en virtud de la Ordenanza 057 de 1966 que finalmente fue anulada por la autoridad administrativa, porque, a pesar de que el reconocimi