TA TOL - Sentencia 73001-33-33-002-2018-00136-01 (15-05-2025)
Detalles
- Título
- TA TOL - Sentencia 73001-33-33-002-2018-00136-01 (15-05-2025)
- Autor
- Tribunal Administrativo de Tolima
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
Mag. Ponente: John Libardo Andrade Flórez
Ibagué – Tolima, quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación Nº.:
73001-33-33-002-2018-00136-01
No. Interno: 0299/2023
Medio de
Control:
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Demandante: JORGE IVÁN RIAÑO JAIMES
Demandado: MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Tema: Perjuicios etapa precontractual
I. ASUNTO
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte dema ndante contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué el 25 de enero de 202 3, qu e accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, no observándose nulidad alguna que invalide lo actuado dentro del presente medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO , impetrado por JORGE IVÁN RIAÑO JAIMES en contra del MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
II. ANTECEDENTES
El señor Jorge Iván Riaño Jaimes, por intermedio de apoderada judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda, con la finalidad de obtener mediante sente ncia judicial, un pronunciamiento favorable sobre las siguientes:
1. PRETENSIONES1
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda, con la finalidad de obtener mediante sente ncia judicial, un pronunciamiento favorable sobre las siguientes:
1. PRETENSIONES1
Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 00366 del 20 de noviembre de 2017, mediante la cual se declaró desierto el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. AI – SAMC – 0048 – 2017.
Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 0043 del 22 de enero de 2018, por medio de la cual se resolvió una solicitud de revocatoria directa presentada en contra de la Resolución No. 0366.
Que como consecuencia de l o anterior, a título de restablecimiento del derecho se condene al Municipio de Ibagué a reconocer y pagar (i) el lucro cesante, es decir, lo dejado de percibir como utilidad en la propuesta económica por la pérdida de oportunidad a razón de $52.372.016.13 para la época en que se presentó la oferta; (ii) el daño emergente, relacionado con los gastos en que incurrió el demandante en la preparación de la oferta, póliza de seriedad de la oferta y demás gastos administrativos, estimados en la suma de $15.000.000; (iii) a título de perjuicios
1 De conformidad con lo relatado en los Folios 7677 del Documento 001. del expediente de primera instancia.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 2
Demandante: JORGE IVÁN RIAÑO JAIMES
Demandado: MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Demandante: JORGE IVÁN RIAÑO JAIMES
Demandado: MUNICIPIO DE IBAGUÉ Radicación: 73001-33-33-002-2018-00136-01
Interno: 0299/2023
morales causados, la suma de 100 SMLMV ; por la tristeza, depresión y congoja causada por la decisión que se produjo.
Que se condene al Municipio de Ibagué al pago de costas y agencias en derecho a que hubiere lugar.
Que las sumas ordenadas se actualicen de acuerdo con el IPC, más los intereses legales a que haya lugar , y el pago de los intereses bancarios vigentes desde la ejecutoria de la sentencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 192 y 195 del CPACA.
Del examen del expediente se concluye que el anterior petitum se sustenta en los siguientes:
2. HECHOS2
Que el 1 de junio de 2017, el Municipio de Ibagué publicó en la página SECOP el proyecto del p liego de condiciones, junto con los documentos y estudios previos, con los que pretendía adelantar un proceso de selección abreviada de menor cuantía , cuyo objeto era: “contratar las obras de remodelación y adecuación física de la sala virtual del barrio La Pola, salón comunal del barrio Parrales, salón comunal barrio La Francia, rampa de la biblioteca Alberto Santofimio comuna 5, cubiertas del Jorge Eliecer Gaitán, batería sanitaria de la I.E. Diego Fallón y los parques 1, 2 y 3 del barrio La Castellana, conforme a los proyectos aprobados en el marco del Sistema Municipal
Eliecer Gaitán, batería sanitaria de la I.E. Diego Fallón y los parques 1, 2 y 3 del barrio La Castellana, conforme a los proyectos aprobados en el marco del Sistema Municipal de Planeación y Presupuestos Participativos”, por la suma de $337.271.331.
Que m ediante Resolución No. 00235 del 16 de agosto de 2017, la Administración municipal dio apertura al proceso de selección abreviada de menor cuantía AISAMC-0048-2017, y ordenando publicar el pliego de condiciones definitivo.
Que e l ingeniero Riaño Jaimes presentó una oferta dentro del plazo establecido dentro del proceso de selección, así como lo hicieron 21 personas más; no obstante, para el 01 de septiembre de 2017, fecha de cierre de la convocatoria, solo 7 interesados presentaron oferta, entre ellos el demandante.
Que, dentro del término para realizar la evaluación se publicaron 3 adendas que modificaron el cronograma, al igual que la conformación del comité evaluador, a través de acto administrativo publicado el 15 de septiembre de 2017, mediante el cual se cambió al Secretario de Planeación Municipal, arquitecto Héctor Cervera, y se designó para la evaluación técnica otros profesionales.
Que el 25 de septiembre de 2017 fue publicado el primer informe de evaluación, en el cual se consignó que la propuesta del demandante cumplía con todos los requisitos técnicos, jurídicos y financieros, otorgándose puntaje a 3 propuestas: Carlos Iván Muñoz Bernal, Álvaro Hernán Patarroyo y , el demandante, Jorge Iván Riaño Jaimes.
Que desde la primera evaluación, la fórmula que se utilizó para aplicar el puntaje de
Carlos Iván Muñoz Bernal, Álvaro Hernán Patarroyo y , el demandante, Jorge Iván Riaño Jaimes.
Que desde la primera evaluación, la fórmula que se utilizó para aplicar el puntaje de la propuesta económica no fue la indicada en los pliegos de condiciones.
Que el 29 de septiembre de 2017 el Comité Evaluador se pronunció frente a las observaciones y rindió el informe final de evaluación, en el que siguieron habilitados
2 De conformidad con lo relatado en los Folios 69 – 76 del del Documento 001.del expediente primera instancia.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 3
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Demandado: MUNICIPIO DE IBAGUÉ Radicación: 73001-33-33-002-2018-00136-01
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y obtuvieron puntaje los 3 oferentes antes mencionados; no obstante, incurrieron en el mismo error de aplicación del TRM o fórmula para otorgar puntaje a la propuesta económica.
Que el 12 de octubre de 2017, la Entidad emitió Acta del Comité Evaluador III, la cual dio respuesta a las observaciones presentadas a la evaluación técnica, encontrando que el demandante continu aba cumpliendo con todos los requisitos técnicos, jurídicos y financieros, siendo además la única propuesta habilitada técnicamente; pese a la conclusión planteada, inexplicadamente al aplicar la fórmula económica, apareció el proponente No. 05 César Oswaldo Castro González, quien ya había incurrido en causal de rechazo desde la evaluación inicial, siendo expresamente
pese a la conclusión planteada, inexplicadamente al aplicar la fórmula económica, apareció el proponente No. 05 César Oswaldo Castro González, quien ya había incurrido en causal de rechazo desde la evaluación inicial, siendo expresamente descartado del proceso, y en forma que podría calificarse como deliberada se le aplicó el TRM correcto , obteniendo un total de 1.000 puntos, mot ivo por el cual nuevamente el acta así emitida fue objeto de observaciones.
Que d e forma inexplicable, a través del Anexo 1 “Acta de respuesta de las observaciones” con fecha del 3 de noviembre, publicada el 20 de noviembre, se rechazó la propuesta presentada por el actor, pero por una causal no aplicable, pues lo que se presentó fue un error mecanográfico, más no se trató del nombre de un ítem, su unidad o cantidad.
Con base en lo anterior, en el Informe Final del acta de verificación de revisión y evaluación técnica – informe IV - de fecha 10 de noviembre y publicado el 20 de noviembre de 2017, el Comité Evaluador determinó que ninguno de los proponentes cumplía con las condiciones técnicas solicitadas en los pliegos definitivos de condiciones y la adenda modificatoria, por lo que se recomendó declarar desierto el proceso de selección abreviada de menor cuantía SAMC-0048-2017.
Que mediant e la Resolución No. 00366 del 20 de noviembre de 2017, se declaró desierto el proceso de selección antes mencionado, acto administrativo que no fue notificado en debida forma.
Que e l 22 de noviembre de 2017, fecha que a anterior decisión debe tenerse por notificada por conducta concluyente, el demandante radicó solicitud de Revocatoria
notificado en debida forma.
Que e l 22 de noviembre de 2017, fecha que a anterior decisión debe tenerse por notificada por conducta concluyente, el demandante radicó solicitud de Revocatoria Directa, la cual fue resuelta de forma negativa a través de la Resolución No. 0043 del 22 de enero de 2018.
La propuesta económica presentada por el demandante nunca fue modificada o corregida, por lo que no contienen error alguno; y si se dio alguna modificación, fue por las copias que fueron escaneadas en la Dirección de Contratación.
3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN3.
Como normas violadas se citaron en la demanda las siguientes:
- Artículo 25 numeral 18, artículo 30 numeral 9 y artículo 28 de la Ley 80 de 1993. - Ley 1150 de 2007 - Ley 019 de 2012. - Decreto 1082 de 2015.
3 Folios 3 a 8 del Documento 003. DEMANDA MARLENY MESA.pdf del expediente de primera instancia.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 4
Demandante: JORGE IVÁN RIAÑO JAIMES
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El apoderado de la parte demandante alegó como concepto de violación que el Municipio de Ibagué desconoció el principio de economía en materia de contratación estatal previsto en el artículo 25, núm. 8 y artículo 30 núm. 9 de la Ley
El apoderado de la parte demandante alegó como concepto de violación que el Municipio de Ibagué desconoció el principio de economía en materia de contratación estatal previsto en el artículo 25, núm. 8 y artículo 30 núm. 9 de la Ley 80 de 1998, toda vez que la declaratoria de desierta procede únicamente por motivos o causas que impiden la escogencia objetiva del contratista, lo cual no ocurrió en el presente caso.
Precisó que también se v ulneró el principio de buena fe, al haberse adoptado una decisión para beneficiar o perjudicar a un proponente, y para los efectos, señaló que los miembros del Comité Evaluador concluyeron que los proponentes Álvaro Hernando Patarroyo y Jorge Iván Riaño Jaimes eran los únicos que cumplían con todos los requisitos exigidos en el pliego definitivo y la adenda que lo modifica , lo cual apuntaba a toda costa que el ganador era el demandante; sin embargo, de manera extraña se concluyó que ninguno de los proponentes cumplía las condiciones técnicas solicitadas.
Acusó que la Resolución No. 0366 del 20 de noviembre de 2017 incumple lo establecido en el núm. 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, al no indicar de forma expresa y detallada las razones que condujeron a la declaratoria de desierto del proceso de selección. Contrario a ello , frente al demandante, se indicó falsamente que modificó el ítem 1.2. que señalaba: salón comunal Parrales en desmonte aparatos sanitarios en donde el valor unitario aparece una S , y no un cinco (5), valor
que modificó el ítem 1.2. que señalaba: salón comunal Parrales en desmonte aparatos sanitarios en donde el valor unitario aparece una S , y no un cinco (5), valor correspondiente a (2S.505) , situación que comprometió la falta de objetividad y lealtad del Comité Evaluador.
Derivado de lo anterior , exp uso que, según el pliego definitivo, no hubo modificación del ítem, ni la unidad o su cantidad, a lo sumo, de acuerdo con la fórmula matemática de la multiplicación, debió advertirse un error mecanográfico, que reitera, no podía dar lugar al rechazo de la oferta, pues como lo indicó el Consejo de Estado, si bien los pliegos de condiciones pueden establecer como causal de rechazo la imposibilidad de modificar los ítems de la propuesta, tal exigencia no puede llegar al punto de privilegiar lo formal sobre lo sus tancial, como lo es el caso de rechazar una propuesta cuando se hace evidente y es reconocido por el proponente que se cometió un error de tipo mecanográfico, sin que pueda privilegiarse entonces un error formal sobre lo sustancial.
Destacó que, en este caso, el error no proviene del demandante , sino del scanner que usa la Oficina de Contratación de la Entidad, que desdibujó algunos números y letras, recayendo la responsabilidad directamente en la Administración Municipal, partiendo de la mala fe de esta, pues quienes escanean las propuestas son los funcionarios de la alcaldía.
Finalmente, señaló que los actos acusados adolecen de falsa motivación, pues se acusó al actor de que el documento escaneado no correspondía con el que posteriormente reposaba en la propuesta original y copia, situación que denota que
Finalmente, señaló que los actos acusados adolecen de falsa motivación, pues se acusó al actor de que el documento escaneado no correspondía con el que posteriormente reposaba en la propuesta original y copia, situación que denota que son contrarios a la Ley , y se expidieron induciendo a error al ordenador del gasto, todo lo cual se orientaba a favorecer a un oferente, pero que dadas las circunstancias de no poder descalificar al demandante, optaron por recurrir a argumentaciones falsas solo con la finalid ad de no actuar como lo ordenaba el proceso y la Ley , y en últimas, poniendo en riesgo la confianza y lealtad legítimas depositada en los servidores públicos.
4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDAMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 5
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4.1. Municipio de Ibagué
Guardó silencio, según indica la constancia secretarial visible en la página 105 del archivo 001 del expediente digital.
5. SENTENCIA RECURRIDA4
El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante sentencia proferida el 25 de enero de 2023, resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 0366 del 20 de noviembre de 2017, por medio de la cual se declaró desierto el proceso de selección abreviada
“PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 0366 del 20 de noviembre de 2017, por medio de la cual se declaró desierto el proceso de selección abreviada de menor cuantía AI -SAMC-0048-2017, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: ABSTENERSE de efectuar juicio de legalidad alguno sobre la Resolución No. 0043 del 22 de enero de 2018, al no ser un acto susceptible de control judicial.
TERCERO: Negar las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo antes expuesto.
CUARTO: Sin costas.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia sino fuere apelada archívese el expediente, previas anotaciones en el Sistema de Gestión y Manejo Documental Justicia XXI y devuélvanse los remanentes por gastos procesales, en caso de existir.”
Para llegar a estas decisiones, el Juez A-quo estableció como problemas jurídicos los siguientes:
- ¿Procede o no la nulidad de las Resoluciones No. 00366 del 20 de noviembre de 2017, por medio de la cual se declaró desierto un proceso de selección abreviada de menor cuantía, y No. 0043 del 22 de enero de 2018, por medio de la cual se resolvió una solicitud de revocatori a directa, por incurrir en falsa motivación y violación de las normas en que debía fundarse y, si como consecuencia de ello, es procedente reconocer a favor del demandante el lucro cesante, daño emergente y perjuicios morales causados por la imposibilidad de celebrar el respectivo contrato?
consecuencia de ello, es procedente reconocer a favor del demandante el lucro cesante, daño emergente y perjuicios morales causados por la imposibilidad de celebrar el respectivo contrato?
- ¿Cuándo procede la nulidad del acto administrativo que declara desierto un proceso de selección abreviada de menor cuantía?
- ¿De prosperar la nulidad, debe reconocerse a favor del demandante el lucro cesante, daño emergente y perjuicios morales causados por la imposibilidad de celebrar el respectivo contrato?
Para ello, en primer lugar, definió el marco jurídico y jurisprudencial de la contratación de menor cuantía, y una vez analizados los hechos con relación a las pruebas obrantes en el expediente, consideró el Juez de primera instancia que no son ciertas las afirmaciones que sustentaron el acto administrativo por medio del
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cual se declaró desierto el proceso de selección objeto de estudio, configurándose sobre este la causal de falsa motivación y fue expedido con infracción de las normas en que debía fundarse.
Ello en razón a que, la administración municipal no se ciñó a los estrictos mandatos que regulan la declaratoria de desierto del proceso de selección, al evidenciarse múltiples inconsistencias en los informes realizados por el Comité de evaluación ,
Ello en razón a que, la administración municipal no se ciñó a los estrictos mandatos que regulan la declaratoria de desierto del proceso de selección, al evidenciarse múltiples inconsistencias en los informes realizados por el Comité de evaluación , que sustentó su decisión en presuntas irregularidades que no afectaban en absoluto el componente económico de la oferta, ni los criterios de comparación.
Destacó que la propuesta original del costo del salón comunal Parrales, ítem 1.2., fue estudiada de forma desacertada en un a copia escaneada de la propuesta que presentaba errores mecanográficos, lo cual generó una modificación de números a letras, pero que ello no era motivo suficiente para rechazar la oferta o insinuar una alteración del aspecto económico de la misma; y agregó que la diferencia en el ítem reportado por la Entidad como incorrecto es casi imperceptible, por lo que consideró que la misma pudo deberse a la posterior manipulación de los documentos presentados por parte de la administración municipal , y que luego fueron valorados por el Comité evaluador , pues no guarda lógica alguna que el proponente pretendiera modificar el número 5 de su propuesta con una S, para hacerla aritméticamente inoperable y, de ese modo, generar el rechazo de su propia oferta.
El A quo consideró que lo anterior se debió a una actuación irregular de la Entidad demandada, toda vez que en el Acto Administrativo que resolvió la s olicitud de revocatoria directa se indicó que el procedimiento que se surtía en la etapa de cierre y apertura de sobre co nsistía en escanear o digitalizar la documentación de las propuestas de oferta, lo cual podría generar modificaciones de los documentos que
revocatoria directa se indicó que el procedimiento que se surtía en la etapa de cierre y apertura de sobre co nsistía en escanear o digitalizar la documentación de las propuestas de oferta, lo cual podría generar modificaciones de los documentos que influirían en su posterior valoración por parte del Comité evaluador.
En ese orden de ideas, arguyó que la Administración municipal desconoció el principio de la primacía de lo sustancial sobre lo formal, al no interpreta r o aclarar el referido documento y vislumbrar que la propuesta no se había alterado, sino que el cambio del 5 por la S se debió a un error de la digitalización o escaneo que podía ser subsanado. Y adicionó a ello que, en el mismo pliego de condiciones definitivo, numeral 3.12, se estableció que las dos copias de la oferta debían corresponder exactamente al original, y en caso de presentarse alguna diferencia entre e ste y las dos copias, prevalecería siempre el original, siendo dicho mandato desconocido por la propia Entidad en su afán de declarar desierto el proceso de selección.
Al respecto, trajo a colación que la jurisprudencia del Consejo de Estado5 indica que la subsanabilidad de la oferta es excepcional, pues no puede reemplazar la debida elaboración de la propuesta , y es un derecho del proponente y una carga de la Administración, que tiene el deber de señalar al oferente los yerros pasibles de ser enmendados para que , en caso tal, los corrija dentro del plazo fijad o en el procedimiento de selección, y hasta antes de la adjudicación. Por lo cual, e n el evento de que la Administración omita la carga de indicar al proponente un yerro pasible de ser subsanado, se entenderá que el defecto quedó corregido.
procedimiento de selección, y hasta antes de la adjudicación. Por lo cual, e n el evento de que la Administración omita la carga de indicar al proponente un yerro pasible de ser subsanado, se entenderá que el defecto quedó corregido.
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 29 de junio de 2015. Radicado 25000-23-31-000-200501178-01 (40.660). C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 19 de abril de 2018 . Radicado 25000 -23-36-000-201301165-01 (54.632). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 22 de abril de
2022. Radicado 25000-23-26-000-2011-00150-01 (50127). C.P. María Adriana Marín.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 7
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Asimismo, replicó que el referido órgano de cierre señala que la administración no tiene la facultad discrecional para declarar a motu proprio desierto un proceso de licitación, decisión que solo resulta procedente cuando medien causales y circunstancias contempladas en las normas, habida consideración de que la facultad de adjudicación es reglada, por tanto, los motivos por medio del cual declara desierta un proceso de selección de contratista debe estar fundamentado en causales
circunstancias contempladas en las normas, habida consideración de que la facultad de adjudicación es reglada, por tanto, los motivos por medio del cual declara desierta un proceso de selección de contratista debe estar fundamentado en causales objetivas, lo cual en el presente caso no se observó.
En consecuencia, el A quo determinó que resultaba de recibo el argumento con el cual la Administración municipal pretendió sustentar la declaratoria de desierto del proceso de selección y concluir que tal defecto no era subsanable, y que en realidad la propuesta original prestada sí correspondía al presupuesto oficial de la Entidad, y que cualquier modificación advertida al momento de escanear o digitalizar las ofertas no podía ser trasladada al oferente, máxime cuando en este caso no se evidenció una alteración de la propuesta económica que hubiere generado ventajas o que hubiere afectado la igualda d de los participantes , pues dicha irregularidad debió ser aclarada o interpretada a la luz de la sana crítica, inclusive, acudiendo al texto original de la propuesta.
Frente al lucro cesante derivado de la utilidad esperada y el daño emergente que se ocasionó por la presentación de la propuesta, precisó que el demandante no logró demostrar que su propuesta la más favorable para la Entidad, y advirtió que la oferta del señor CESAR OSWALDO CASTRO fue rechazada por similares circunstancias a las ocurridas con el actor, situación que de ser analizada en plano de igualdad con el actor, seguramente le hubiera permitido seguir en el proceso de selección y obtener la adjudicación del contrato.
En consecuencia, el Juzgado de primera instancia concluyó que la Resolución No. 0366 del 20 de noviembre de 2017, por medio de la cual se declaró desierto el proceso
obtener la adjudicación del contrato.
En consecuencia, el Juzgado de primera instancia concluyó que la Resolución No. 0366 del 20 de noviembre de 2017, por medio de la cual se declaró desierto el proceso de selección abreviada de menor cuantía AI -SAMC-0048-2017, fue expedida con falsa motivación y con violación de las normas en que debía fundarse, pues e n el presente caso la inconsistencia advertida por la entidad no configuraba ninguna de las causales de rechazo que fueron invocadas, y por el contrario, era un factor que podía ser aclarado o i nterpretado por la Administración para continuar con el proceso contractual. Sin embargo, precisó que el demandante no cumplió con la carga de demostrar que su ofrecimiento económico era más favorable para la entidad, lo cual era necesario para determinar si tenía derecho a la adjudicación del contrato.
6. IMPUGNACIÓN6
La parte demandante a través de apoderada judicial interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué el 25 de enero de 2023, solicitando se revoque el numeral tercero, y que en consecuencia se modifique la decisión, en el sentido de reconocer y pagar las pretensiones de carácter económica debidamente realizadas.
Arguyó que, contrario a lo manifestado por el Juez de conocimiento, el demandante demostró con suficiencia que su propuesta era la mejor, ello derivado del análisis de las evaluaciones realizadas por la Entidad, d e los cuales se puede apreciar que el Comité evaluador obró siempre con la intención de no otorgarle a mi representado
demostró con suficiencia que su propuesta era la mejor, ello derivado del análisis de las evaluaciones realizadas por la Entidad, d e los cuales se puede apreciar que el Comité evaluador obró siempre con la intención de no otorgarle a mi representado
6 Expediente primera instancia, SAMAI índice 00098Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 8
Demandante: JORGE IVÁN RIAÑO JAIMES
Demandado: MUNICIPIO DE IBAGUÉ Radicación: 73001-33-33-002-2018-00136-01
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la puntuación que por ley correspondía; pues desde la evaluación inicial, la oferta presentada por el señor Riaño Jaimes estuvo habilitada y fue debidamente evaluada.
Bajo este entendido, el apelante agregó que en respuesta a las observaciones de fecha 11 de octubre de 2012, el Comité evaluador aceptó un error en la fórmula que aplicó en la evaluación técnica fechada el 21 de septiembre de 2017, por lo que la misma se realizó nuevamente con los proponentes que cumplían . Y que, la s observaciones arrojadas por la evaluación técnica realizada el 10 de octubre evidencian que la propuesta presentada por el señor CESAR OSWALDO CASTRO GONZÁLEZ no cumple, y que la ún ica oferta que podía recibir puntaje era exclusivamente la propuesta presentada por el oferente No. 6, la del demandante.
Agregó a ello, de manera más precisa que, ante la expresión de inconformidad del demandante, en vez de reconocer su error, el Comité evaluador arbitrariamente decidió elaborar una evaluación adicional luego de dar respuesta a observaciones
Agregó a ello, de manera más precisa que, ante la expresión de inconformidad del demandante, en vez de reconocer su error, el Comité evaluador arbitrariamente decidió elaborar una evaluación adicional luego de dar respuesta a observaciones con fecha 3 de noviembre de 2017, de lo que concluyó que todos los oferentes poseen errores en sus ofertas económicas, y por lo tanto lo que procede es la declaratoria de desierto del proceso de selección.
Por lo tanto, consideró que no es cierta la conclusión a que llega el Despacho de primera instancia, en el sentido que podían ser evaluados dos oferentes, cuando es claro que el único habilitado para ser aplicado el puntaje por el factor de oferta económica es el aquí demandante, y de forma inexplicable que no se compadece de las conclusiones preliminares expresadas por el Comité evaluador ; en especial cuando se evidenció la única intención de lograr la declaratoria de desierto del proceso de selección, contrariando los principios de selección objetiva, economía e imparcialidad de que deben estar revestidas las actuaciones de los servidores públicos que fungen como evaluadores , así como en las observaciones que se presentan en el curso del proceso , toda vez que se trata de un concepto, una recomendación, no de un acto definitivo y sin discusión, para determinar que efectivamente al único al que se podía haber adjudicado el contrato no e ra otra persona que el señor Riaño Jaimes.
III. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
Mediante auto del 05 de junio de 2023 por reunir los requisitos legales, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandante, contra
III. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
Mediante auto del 05 de junio de 2023 por reunir los requisitos legales, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Ibagué, el 25 de enero de 2023.
En los términos de lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, se advierte que dentro del término comprendido entre la notificación del auto que concedió la apelación y la ejecutoria de la providencia que admitió el respectivo recurso no hubo pronunciamiento alguno de las partes.
Así mismo, de acuerdo con la Constancia Secretarial de ingreso al Despacho para decisión de fondo de fecha 04 de julio de 2023, la providencia de l 05 de junio de 2023, que admitió el recurso de apelación interpuesto fue notificada al agente del Ministerio Público el 15 del mismo mes y anualidad, quien guardó silencio dentro del término concedido para rendir concepto.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 9
Demandante: JORGE IVÁN RIA
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