TA TOL - Sentencia 73001-33-33-002-2019-00041-02 (22-05-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Mag. Ponente: John Libardo Andrade Flórez

Ibagué – Tolima, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

EXPEDIENTE: 73001-33-33-002-2019-00041-02

INTERNO: 0996/2024

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

DEL DERECHO

DEMANDANTE: NANCY MODESTO CLAVIJO Y

MARTHA ROCÍO HERNÁNDEZ

AYALA

DEMANDADO: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE

LA NACIÓN

I. ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte dema ndada, contra la sentencia proferida por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva el 31 de julio de 202 4, qu e accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

Las señoras Nancy Modesto Clavijo y Martha Rocío Hernández Ayala, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentaron demanda con la finalidad de obtener mediante sentencia judicial, un pronunciamiento favorable sobre las siguientes:

1. Declaraciones y condenas1

Las demandantes refieren lo siguiente:

“PRIMERA: Que mediante el trámite del Medio d e Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, conforme a lo anterior se proceda a inaplicar el

1. Declaraciones y condenas1

Las demandantes refieren lo siguiente:

“PRIMERA: Que mediante el trámite del Medio d e Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, conforme a lo anterior se proceda a inaplicar el artículo 1 del Decreto 0382 del 2013, modificado por el decreto 022 de 2014 párrafos finales que establecen "constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud", por ser visiblemente ILEGAL e

INCONSTITUCIONAL.

1 Folios 3 y 4 del documento 004ED_01002201900041Cuader.pdfMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 2

Demandante: NANCY MODESTO CLAVIJO Y MARTHA ROCÍO HERNÁNDEZ AYALA Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Radicación: 73001-33-33-002-2019-00041-02

Interno: 0996/2024

SEGUNDA: Solicito se extienda el valor de la Bonificación judicial establecida en el Decreto 0382 del 2013, modificado por el decreto 022 de 2014, para que sea incluida como factor prestacional para la liquidación de la prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías, primas de productividad, bonificación por servicios prestados. Y derechos laborales que por disposición legal o Constitucional, tiene derecho el convocante, teniendo en cuenta que es pagada de manera periódica y se recibe de forma habitual.

TERCERA Que mediante el trámite del Medio de Control d e Nulidad y

laborales que por disposición legal o Constitucional, tiene derecho el convocante, teniendo en cuenta que es pagada de manera periódica y se recibe de forma habitual.

TERCERA Que mediante el trámite del Medio de Control d e Nulidad y Restablecimiento del Derecho se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en los siguientes oficios por medio de la cual se negó la reclamación inicial,

• N° 31500-2688 del 13 de junio de 2018, por el cual se dio respuesta a los

funcionarios NANCY MODESTO CLAVIJO y MARTHA HERNANDEZ

OLAYA.

CUARTA: Que mediante el trámite de la conciliación extrajudicial se declare la

nulidad del acto administrativo Resolución No. 2-3294 del 16 de octubre de 2018, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación y se procedió a confirmar el oficio recurrido, negando la reliquidación de todos los factores salariales incluyendo la Bonificación Judicial.

QUINTA: Como consecuencia de lo anterior solicito se proceda a ordenar a la Nación – Fiscalía General de la Nación a re liquidar las prestaciones sociales, tales como primas de servicio, prima de navidad, prima de vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías, prima de productividad, bonificación por servicios, y demás derechos laborales o Constitucionales, desde el 01 de enero del año 2013, hasta cuando se haga efectivo el pago, con la inclusión de la BONIFICACION JUDICIAL en la prestaciones sociales, de los demandantes.

SEXTA: Así mismo, condenar a las entidades demandadas a que sobre las sumas

hasta cuando se haga efectivo el pago, con la inclusión de la BONIFICACION JUDICIAL en la prestaciones sociales, de los demandantes.

SEXTA: Así mismo, condenar a las entidades demandadas a que sobre las sumas adeudadas a mi representado, y se proceda a pagar los ajustes del valor de dichas sumas conforme al índice de precios al consumidor.

SEPTIMA: Condenar a la entidad demandada, a reconocer y pagar los intereses moratorios, conforme al fallo 188 de 1999 proferido por la Corte Constitucional, si a ello hubiere lugar.

OCTAVA: Ordenar a las entidades demandadas, a que den cumplimiento a lo dispuesto en el fallo dentro del término consignado en el Artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOVENA: Condenar en costas y agencias en derecho a las entidades convocadas.

2. Hechos2

2 Folios 4 y 5 del documento 004ED_01002201900041Cuader.pdfMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 3

Demandante: NANCY MODESTO CLAVIJO Y MARTHA ROCÍO HERNÁNDEZ AYALA Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Radicación: 73001-33-33-002-2019-00041-02

Interno: 0996/2024

Como sustento fáctico de las anteriores declaraciones y condenas, la parte actora manifestó:

Que las demandantes Nancy Modesto Clavijo y Martha Rocío Hernández Ayala laboran en la Fiscalía General de la Nación en la subdirección regional de apoyo

Como sustento fáctico de las anteriores declaraciones y condenas, la parte actora manifestó:

Que las demandantes Nancy Modesto Clavijo y Martha Rocío Hernández Ayala laboran en la Fiscalía General de la Nación en la subdirección regional de apoyo centro sur, en los cargos de técnico investigador IV y fiscal delegada, respectivamente, entidad en la cual han tenido una vinculación continua y permanente, ejerciendo sus labores con alta calidad y con un desempeño ejemplar y eficiente.

Refirió el apoderado que las accionantes fueron beneficiarias del Decreto 0382 de 2013, que fue modificado por el Decreto 022 de 2014, que creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la entidad demandada, la que se comenzó a pagar a partir del 01 de enero de 2013, no obstante, la misma no se ha considerado como un factor prestacional a excepción de para el Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión.

Sostuvo que la aludida bonificación se percibe mensualmente por las actoras, siendo habitual, destacando que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia en su Sala Laboral, todo lo que recibe un trabajador de tal manera es salario y forma parte integral de este, motivo por el cual tal emolumento se debía incluir para liquidarse todas las prestaciones sociales.

Señaló que se efectuó reclamación administrativa ante la entidad accionada solicitando el reconocimiento y pago de la reliquidación de las prestaciones sociales de las demandantes incluyendo en esta la bonificación judicial, dando la Fiscalía General de la Nación respuesta a través del oficio No. 31500-2688 del

solicitando el reconocimiento y pago de la reliquidación de las prestaciones sociales de las demandantes incluyendo en esta la bonificación judicial, dando la Fiscalía General de la Nación respuesta a través del oficio No. 31500-2688 del 13 de junio de 2018, decisión que fue recurrida en apelación y confirmada a través de la Resolución No. 2-2394 del 16 de octubre de 2018.

Pidió el profesional del derecho que se consideraran los fallo s dictados por el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de Bogotá del 21 de junio de 2017 y del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué de fecha 17 de julio de 2017, que determinaron la inclusión de la mencionada bonificación en la liquidación de prestaciones sociales.

3. Normas violadas y Concepto de Violación3

La parte actora invocó como fundamentos de derecho el Decreto 0 382 de 2013, que fue modificado por el Decreto 022 de 2014 , el artículo 138 del C.P.A.C.A. el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, así como las demás normas que fueran concordantes y el artículo 53 de la Constitución Política.

En cuanto al concepto de violación, solicitó que se tuviera en consideración lo dispuesto en los decretos antes relacionados, calificando como ilegal e inconstitucional la expresión contenida en estos que reza "constituirá

3 Folios 5 y 6 del documento 004ED_01002201900041Cuader.pdfMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 4

Demandante: NANCY MODESTO CLAVIJO Y MARTHA ROCÍO HERNÁNDEZ AYALA Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Radicación: 73001-33-33-002-2019-00041-02

Interno: 0996/2024

únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud", arguyendo que los derechos laborales tenían la connotación de irrenunciables, lo cual fue desconocido por la entidad demandad, además de que dichas normas no podrían ser contrarias a la jurisprudencia del Órgano de Cierre de lo Contencioso Administrativo relativa a que aquello que perciba un empleado de forma habitual se debía incluir cuando se hiciera la liquidación de s us prestaciones sociales.

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA4

Por medio de su apoderado judicial, la Fiscalía General de la Nación, allegó escrito de contestación a la demanda en el cual inició pronunciándose frente a los hechos, para lo cual expresó que eran ciertos del primero al tercero , el octavo, el noveno y el décimo segundo; que no era cierto el cuarto, que no eran hechos el quinto, el décimo y el décimo primer o y que se atendría a lo que se probara respecto del sexto y del séptimo.

Puso de presente que el decreto cuya aplicación se pedía por la parte actora precisaba cuál era su ámbito de aplicación, así como sus destinatarios , para luego mencionar que se oponía a las pretensiones incoadas en la demanda, toda vez que las mismas no contaban con fundamentos fácticos y jurídicos, debido

precisaba cuál era su ámbito de aplicación, así como sus destinatarios , para luego mencionar que se oponía a las pretensiones incoadas en la demanda, toda vez que las mismas no contaban con fundamentos fácticos y jurídicos, debido a que los actos acusados únicamente dispusieron el acatamiento de un deber legal que se le impuso a la Fiscalía , así como que no estaba de acuerdo con lo relativo a las costas y agencias en derecho, debido a que no había lugar al reconocimiento y pago de los perjuicios que se pretendían, además que estas tenían que resultar causadas y comprobadas.

Adujo que su representada ha acatado lo manifestado por los servidores de esta acerca de acogerse al régimen salarial y prestacional previsto en los decretos sobre aspectos salariales que ha dictado el gobierno nacional en aras de que no se afecten sus derechos adquiridos.

Respecto de las normas que se alegaron como vulneradas por la parte accionante, abordó lo relativo a la creación de la bonificación judicial para los servidores de la entidad demandada, así como de la Fiscalía General de la Nación, en la cual se contaba con dos escalas salariales y que dieron lugar a que anualmente se dictaran los de cretos que establecían la remuneración de los empleados.

Relacionó la sentencia T-679 de 2023 de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa , respecto del cumplimiento del parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, que contempla la nivelación salarial, para lo cual advirtió que el gobierno, en sus decretos proferidos en el año 1993, concedieron incrementos que eran mayores al 100% del salario

parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, que contempla la nivelación salarial, para lo cual advirtió que el gobierno, en sus decretos proferidos en el año 1993, concedieron incrementos que eran mayores al 100% del salario percibido en el año anterior, para el régimen ordinario, así como incrementos

4 Folios. 3 a 21 del documento 006ED_03201900041PoderyCon.pdf.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 5

Demandante: NANCY MODESTO CLAVIJO Y MARTHA ROCÍO HERNÁNDEZ AYALA Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Radicación: 73001-33-33-002-2019-00041-02

Interno: 0996/2024

iguales o más altos para el régimen optativo , estos dos con los cuales se suprimió las dispersiones en el ingreso salarial mensual que había con el régimen anterior, nivelando los empleos que tenían la misma categoría y complejidad funcional.

Se refirió a las negociaciones colectivas y a los acuerdos que dieron lugar a la bonificación judicial prevista en el Decreto 382 de 2013, en donde se acordó que esta sería factor salarial solamente para la base de cotización en el sistema general de pensiones y de salud, sumado a que los servidores tanto de la Rama Judicial como de la Fiscalía General de la Nación, señalaron que la distribución que efectuó tal norma garantizaba la equidad, la gradualidad y la proporcionalidad de la totalidad de sus ingres os, junto con la jerarquía y complejidad funcional que tenían sus empleos, por lo que el hecho de que fuera

que efectuó tal norma garantizaba la equidad, la gradualidad y la proporcionalidad de la totalidad de sus ingres os, junto con la jerarquía y complejidad funcional que tenían sus empleos, por lo que el hecho de que fuera factor para tal efecto no era algo ilegal ni un indebido ejercicio de las competencias del Ejec utivo, advirtiendo que en el evento de estar en desacuerdo con ello procedía era la acción de inconstitucionalidad.

Igualmente, hizo alusión a la aplicación del mandato de sostenibilidad fiscal en el Decreto 0382 del año 2013 , atendiendo a lo previsto en el artículo 334 de la Constitución Política, afirmando que si se reconociera la bonificación judicial carácter salarial, se afectaría esta disposición debido a que se requerirían recursos no previstos para tal efecto y, a la legalidad del fundamento normativo particular, explicando que eran el legislador y/o el gobierno nacional, quien es estaban facultados para emitir normas sobre el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos , al igual que para crear, modificar o eliminar un emolumento de índole laboral , no habiéndose previsto que la bonificación antes mencionada fuera contemplada para liquidar alguno de estos, por lo que acceder a ello sería intervenir en las competencias de aquéllos y afectar decretos sobre temas salariales.

La apoderada de la entidad propuso como excepciones las que denominó “Constitucionalidad de la restricción del carácter salarial ”, “prescripción de los derechos laborales”, “cumplimiento de un deber legal”, “cobro de lo no debido” y la de “buena fe”.

5. Sentencia5

El Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Ibagué, mediante sentencia

derechos laborales”, “cumplimiento de un deber legal”, “cobro de lo no debido” y la de “buena fe”.

5. Sentencia5

El Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Ibagué, mediante sentencia proferida el 31 de julio de 2024, resolvió:

“PRIMERO. –DECLARAR no probadas las excepciones denominadas: Constitucionalidad de la restricción del carácter salarial, ii) Cumplimiento de un deber legal, iii) Cobro de lo no debido y iv) Buena fe, conforme lo expuesto.

5 Documento 020Sentencia de Pr_2201941NancyModestoC.pdf.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 6

Demandante: NANCY MODESTO CLAVIJO Y MARTHA ROCÍO HERNÁNDEZ AYALA Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Radicación: 73001-33-33-002-2019-00041-02

Interno: 0996/2024

SEGUNDO.- DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción de los derechos laborales sobre las diferencias en las prestaciones causadas con anterioridad al 23 de mayo de 2015, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO.– INAPLICAR POR INCONSTITUCIONAL E ILEGAL la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” contenida en la disposición normativa del inciso 1° del artículo 1º del decreto 382 de 2013, sus decretos modificatorios y demás normas que lo modifiquen o sustituyen, por

General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” contenida en la disposición normativa del inciso 1° del artículo 1º del decreto 382 de 2013, sus decretos modificatorios y demás normas que lo modifiquen o sustituyen, por cuanto la bonificación judicial si constituye factor salarial para la base de liquidación de todas las prestaciones sociales, conforme se expresa en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO.- DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en el oficio 31500 -2688 del 13 de junio de 2018 y en la resolución 23294 del 16 de octubre de 2018, como se esbozó en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO.- Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, SE ORDENA a la NACIÓN -FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN en virtud de la Ley 4 de 1992, reliquidar y pagar a favor de las señoras NANCY MODESTO CLAVIJO, identificada con C.C. 6 5.744.968, y MARTHA ROCIO HERNÁNDEZ OLAYA, identificada con C.C. 65.742.829, todas las prestaciones sociales desde el 1° de enero de 2013, incluyendo la bonificación judicial como factor salarial, pero con efectos fiscales a partir del 23 de mayo de 2015 ( por prescripción trienal) y mientras perdure su vinculación laboral con la Fiscalía General de la Nación. Desde luego, cancelando las diferencias que se hayan generado como consecuencia de la reliquidación.

Las sumas liquidadas deberán actualizarse mes a mes por tratarse de una obligación de tracto sucesivo y conforme a la formula consignada en la parte motiva de esta providencia.

generado como consecuencia de la reliquidación.

Las sumas liquidadas deberán actualizarse mes a mes por tratarse de una obligación de tracto sucesivo y conforme a la formula consignada en la parte motiva de esta providencia.

Las diferencias en los aportes pensionales que se generen con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial desde el 1° de enero de 2013, deberán ser canceladas por la fiscalía general de la Nación al fondo pensional correspondiente; y, de las sumas que resulten a favor de las demandantes, realícense los descuentos para el mismo efecto. Lo anterior, en razón a que dichos aportes son irrenunciables e imprescriptibles.

SEXTO.- Negar las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO.- NO CONDENAR en costas a la parte demandada, conforme a lo dispuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

OCTAVO.- La demandada dará cumplimiento a esta providencia en los términos previstos en el artículo 192 del CPACA.

NOVENO.- Ejecutoriada esta providencia, sino fuere apelada, archívese el expediente, previa anotación en el software de gestión.

DÉCIMO.- Advertir a las partes que los memoriales se recepcionarán únicamente a través de la ventanilla virtual de samai.”Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 7

Demandante: NANCY MODESTO CLAVIJO Y MARTHA ROCÍO HERNÁNDEZ AYALA Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Radicación: 73001-33-33-002-2019-00041-02

Interno: 0996/2024

Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Radicación: 73001-33-33-002-2019-00041-02

Interno: 0996/2024

Para llegar a tales determinaciones, el A quo circunscribió el problema jurídico a resolverse a determinar la legalidad del acto administrativo demandado, de manera que hubiera lugar a disponer el reajuste de prestaciones sociales de las accionantes, incluyendo e n estas la bonificación judicial como factor salarial desde el 01 de enero de 2013 , para lo cual se refirió a la excepción de constitucionalidad y de ilegalidad, así como al marco tanto normativo como jurisprudencial de la bonificación judicial.

En cuanto al caso concreto, sostuvo que el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, no había restringido ni limitado el carácter prestacional para la bonificación judicial que percibían los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación desde el año 2013, por lo que determinó que el gobierno nacional actuó excediendo su facultad reglamentaria, puesto que fue más allá de lo que reglamentó esa Ley excluyendo tal emolumento para la liquidación de prestaciones sociales , pues no se tuvo en cuenta que la nivelación debía observar criterios de equidad, más no desmejorar los salarios y las prestaciones sociales, con lo cual se vulneraron los derechos fundamentales y principios mínimos fundamentales de los trabajadores.

Determinó que, en virtud de lo anterior, la norma era inconstitucional e ilegal , puesto que la bonificación judicial sí era factor salarial para liquidar prestaciones sociales, concluyendo que se desvirtuó la presunción de legalidad

Determinó que, en virtud de lo anterior, la norma era inconstitucional e ilegal , puesto que la bonificación judicial sí era factor salarial para liquidar prestaciones sociales, concluyendo que se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos demandados, siendo procedente acoger favorablemente las pretensiones de la demanda.

Por último, al pronunciarse sobre la prescripción, determinó que la reliquidación ordenada tendría efectos fiscales desde el 23 de mayo de 2015 y por el tiempo en que las demandantes estuvieran vinculadas a la entidad demandada, así como que esta debía asumir el pago de las diferencias por concepto de aportes pensionales y efectuarse los respectivos descuentos.

6. Recurso de Apelación6

Frente a la anterior decisión, la apoderada de la entidad demandada interpuso recurso de apelación, en el cual reiteró algunos de los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y refirió providencias del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, el Tribunal Administrativo del Tolima, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

De manera específica sobre la bonificación judicial, comentó que en el Decreto 382 de 2013 no se estableció que se pudiera aplicar con retroactividad , sumado a que la Fiscalía General de la Nación no estaba facultada para determinar o modificar las normas sobre salarios o prestaciones que contempló aquél , pues un actuar en este sentido no tendría efecto ni crearía derechos y precisó que

6 Documento 021_MemorialWeb_Recurso-APELACIONSENTENCIA.pdf.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 8

un actuar en este sentido no tendría efecto ni crearía derechos y precisó que

6 Documento 021_MemorialWeb_Recurso-APELACIONSENTENCIA.pdf.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 8

Demandante: NANCY MODESTO CLAVIJO Y MARTHA ROCÍO HERNÁNDEZ AYALA Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Radicación: 73001-33-33-002-2019-00041-02

Interno: 0996/2024

aunque dicha norma fue modificada por el Decreto 022 de 2014, no cambiaron las condiciones y beneficiarios de ese emolumento , teniendo este último también modificaciones con el Decreto 1270 de 2015.

Explicó que la competencia otorgada al gobierno nacional sobre temas salariales fue respecto de los empleados públicos que estuvieran activos, según lo previsto en los artículos 150 numeral 19 y 189 numeral 14 de la Constitución Política y que los Decretos 382, 383 y 384 de 2013 no incurrían en la trasgresión manifestada por la parte actora, sino que eran acordes al bloque de constitucionalidad, a la legalidad y a los acuerdos celebrados con los representantes de la Rama Judicial y de la Fiscalía.

Precisó que la bonificación judicial fue creada solamente para los servidores de su representada que al momento de entrar en vigencia el Decreto 0382 de 2013 se rigieran en los aspectos salariales y prestacionales por el Decreto 53 de 1993 y el Decreto 875 de 2012 o las normas que modificaran o sustituyeran este , destacando que aquél era acorde a lo establecido en la Ley 4 de 1992, agregando

y el Decreto 875 de 2012 o las normas que modificaran o sustituyeran este , destacando que aquél era acorde a lo establecido en la Ley 4 de 1992, agregando que estas disposiciones normativas no preveían que todos los conceptos que percibiera un trabajador se tomarían para liquidar sus factores salariales y prestacionales.

Arguyó que el Decreto 382 de 2013 era válido, contaba con eficacia jurídica y estaba revestido de legalidad, por lo que no se le podía dar alcances o interpretaciones distintas y que la nulidad pretendida significaba desconocer los acuerdos a los que se llegó sobre la materia, los cuales no se demandaron en este proceso ni se ha declarado su nulidad , por lo que no podían ser inobservados por las autoridades, generándose una ineptitud sustantiva de la demanda, debiendo ser la sentencia inhibitoria.

Señaló que la normatividad indicaba cuál era el monto de la bonificación y la periodicidad en que habría de pagarse , lo que no se estaba discutiendo, haciendo alusión a la libertad de configuración del poder legislativo y en los casos precisos de autoridades administrativas , no pudiendo además la Fiscalía controvertir los decretos que dictara el gobierno nacional , especialmente cuando eran el resultado de negociaciones con trabajadores, insistiendo que el actuar de la entidad ha sido en cumplimiento de un deber legal.

Adujo que en el presente asunto se daba una excepción de inconstitucionalidad al no haberse demandado los acuerdos de las negociaciones que dieron lugar a la expedición del Decreto 382 de 2013, no han sido anulados ni se pidió su inaplicación, estando vigentes, por lo que no podía hacerse un

al no haberse demandado los acuerdos de las negociaciones que dieron lugar a la expedición del Decreto 382 de 2013, no han sido anulados ni se pidió su inaplicación, estando vigentes, por lo que no podía hacerse un pronunciamiento de fondo en cuanto a la nulidad de los artículos primero y segundo de aquel ni de las normas que regulan el tema, pues de lo contrario se ignoraría la presunción de legalidad del mismo , siendo el único c amino para decidir el asunto el medio de control de nulidad , toda vez que dicho acto contaba con presunción de legalidad, motivo por el que solicitó que se modificara la decisión de instancia.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 9

Demandante: NANCY MODESTO CLAVIJO Y MARTHA ROCÍO HERNÁNDEZ AYALA Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Radicación: 73001-33-33-002-2019-00041-02

Interno: 0996/2024

III. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

Mediante auto del 26 de septiembre de 2024, por reunir los requisitos legales, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandada, contra la sentencia proferida por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva el 31 de julio de 2024.

En los términos de lo dispuesto en el artículo 247 del C .P.A.C.A., modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, se advierte que dentro del término comprendido entre la notificación del auto que concedió la apelación y la

En los términos de lo dispuesto en el artículo 247 del C .P.A.C.A., modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, se advierte que dentro del término comprendido entre la notificación del auto que concedió la apelación y la ejecutoria de la providencia que admitió el recurso, no hubo pronunciamiento alguno de las partes.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con el artículo 153 del C.P.A .C.A., esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación formulado por la apoderada de la parte demanda da, contra la sentencia proferida por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva el 31 de julio de 2024.

Adicionalmente, precisa esta Colegiatura, que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, radicación: 73001 33 33 005 2016 00238 01 (1958 -2024) en auto del veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), decidió declarar infundado el impedimento formulado por esta Corporación en casos con similares como al que aquí se analiza.

2. Problema jurídico

En el sub judice consiste en determinar si, el acto administrativo acusado, infringió las normas Constitucionales y legales invocadas en el libelo introductorio, en cuanto negó a las demandantes el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales liquidadas incluyendo la bonificación judicial devengada a partir del 01 de enero de 2013, o si, por el contrario, aquél fue expedido conforme a derecho.

introductorio, en cuanto negó a las demandantes el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales liquidadas incluyendo la bonificación judicial devengada a partir del 01 de enero de 2013, o si, por el contrario, aquél fue expedido conforme a derecho.

3. Tesis de la Sala

La tesis que sostendrá la Sala, consiste en afirmar que corresponde confirmar la decisión de primera instancia, comoquiera que se desestiman los argumentos de la parte recurrente en razón a que no controvierten los fundamentos fácticos en que fue reconocida a las accionantes la bonificación judicial de que trata el Decreto 382 de 2013 y teniendo en cuenta que, los propuestos no lograronMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 10

Demandante: NANCY MODESTO CLAVIJO Y MARTHA ROCÍO HERNÁNDEZ AYALA Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Radicación: 73001-33-33-002-2019-00041-02

Interno: 0996/2024

desvirtuar lo decidido por el juez de primera instancia, más aún, cuando existe precedente vertical de obligatorio cumplimiento.

4. Marco jurídico y jurisprudencial

4.1 Régimen Salarial y Prestacional de los empleados de la Fiscalía General de la Nación

La ley 4 de 19927, expedida en virtud de lo dispuesto en el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política 8, en su artículo 1° , dispuso que correspondía al Gobierno Nacional, dentro de los marcos establecidos en esa ley, f