TA TOL - Sentencia 73001-33-33-002-2021-00003-02 (13-02-2025)

Ibagué, trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Radicación Nº.: 73001-33-33-002-2021-00003-02

Número Interno: 982-2024

Medio de Control: REPARACIÓN DIRECTA

Demandante: MARIO VILLAMARIN GUTIERREZ Y OTROS

Demandado:

Tema:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO “INPEC” y OTROS Falla médica.

IASUNTO A DECIDIR

De conformidad con lo establecido en los artículos 1 53 y 24 3 del C.P.A.C.A., procede esta Sala Oral de Decisión a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el pasado 24 de julio de 2.024, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante.

IIANTECEDENTES

1. Pretensiones:

“(…)

PRIMERA: Que, se declare Administrativa y Patrimonialmente Responsables

al MINISTERIO DE DEFENSA – EL INSTITUTO NACIONAL

PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), LA UNIDAD DE SERVICIOS

PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), LA FIDUPREVISORA S.A.

(EN REPRESENTACION DEL CONSORCIO P.P.L), y la FIDUAGRARIA S.A.

(EN REPRESENTACION DEL CONSORCIO P.P.L), por la muerte del recluso HECTOR FABIO VILLAMARIN GUTIERREZ, el día 4 de enero de

(EN REPRESENTACION DEL CONSORCIO P.P.L), y la FIDUAGRARIA S.A.

(EN REPRESENTACION DEL CONSORCIO P.P.L), por la muerte del recluso HECTOR FABIO VILLAMARIN GUTIERREZ, el día 4 de enero de 2019, en el Centro Penitenciario y Carcelario – COIBA PICALEÑA de la ciudad de Ibagué Departame nto del Tolima, como consecuencia de la falla del servicio de salud carcelario, al no prestarle la debida atención médica que correspondía.

SEGUNDA: Que, como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a las entidades demandadas MINISTERIO DE JUS TICIA – EL INSTITUTO

NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), LA UNIDAD DE

SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), LA FIDUPREVISORA S.A. (EN REPRESENTACION DEL CONSORCIO P.P.L), y la FIDUAGRARIA S.A. (EN REPRESENTACION DEL CONSORCIO P.P.L),Rad. 73001-33-33-02-2021-00003-02 (Interno 982-2024)

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reconocer y pagar a los demandantes los perjuicios morales y materiales que se les causo y sigue causando, especialmente, en el ámbito sentimental (dolor moral) , por causa de la muerte del señor HECTOR FABIO VILLAMARIN GUTIERREZ, que estando bajo el cuidado y custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, este no cumplió con su deber de prestar los servicios médicos oportunamente, suministrar los

FABIO VILLAMARIN GUTIERREZ, que estando bajo el cuidado y custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, este no cumplió con su deber de prestar los servicios médicos oportunamente, suministrar los medicamentos requeridos y remitirlo en forma oportuna a un Centro Hospitalario de III nivel y en general brindarle la atención adecuada acorde con las patologías que padecía.

TERCERA: Perjuicios morales:

(…)”

Nombre Parentesco S.M.L.M.V. Valor

S.M.L.M.V

Total

VALENTINA VILLAMARIN MORALES

(Q.E.P.D) (REPRESENTADA POR

FRANCIA ELENA MORALES GOMEZ).

SANTIAGO VILLAMARIN MORALES

JORGE VILLAMARIN HERNANDEZ

HECTOR VILLAMARIN HERNANDEZ INGRI VILLAMARIN HERNANDEZ Hijos (5) 100 x 5= 500 $ 828.116 $ 414.058.000

MARIO VILLAMARIN GUTIERREZ

EUZABETH VILLAMARIN MIRELLA

VILLAMARIN GUTIERREZ NOHEMI

VILLAMARIN GUTIERREZ MIGUEL

ANTONIO VILLAMARIN ARGEMIRO

VILLAMARIN GUTIERREZ

Hermanos (6) 50 x 6= 300 $ 828.116 $ 248.434.800

JUAN PABLO VILLAMARIN

LEONARDO FABIO JOYAS

VILU\MARIN JAIR HUMNBERTO

JOYAS VILLAAMRIN ALEX

VALDERRAMA VILALAMRIN

YAMILETH VALDERRAMA

VILLAMARIN CAMILO VALDERRAMA

LEONARDO FABIO JOYAS

VILU\MARIN JAIR HUMNBERTO

JOYAS VILLAAMRIN ALEX

VALDERRAMA VILALAMRIN

YAMILETH VALDERRAMA

VILLAMARIN CAMILO VALDERRAMA

VILLAMARIN ANIBAL OLAVE

VILLAMARIN MARYURIE OLAVE

VILLAMARIN RAFAEL PIZO

VILLAMARIN MIGUEL ANGEL

VILLAMARIN ESCOBAR JOHAN

SEBASTIAN VILLAMARIN MARIN JOAN ALEXIS VILLAMARIN CASTRO Sobrinos (12) 35 x 12 = 420 $ 828.116 $ 347.808.720

TOTAL 1220 $1.010.301.520

CUARTA: Perjuicios materiales a título de lucro cesante.

(…)

Los perjuicios materiales ascienden a la suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/Cte. ($125.873.632), más la indexación.

QUINTA: En el presente evento, el actuar del MINISTERIO DE JUSTICIA –

el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), LA

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC),

LA FIDUPREVISORA S.A. (EN REPRESENTACION DEL CONSORCIO P.P.L), y la FIDUAGRARIA S.A. (EN REPRESENTACION DEL CONSORCIO P.P.L), fue claramente antijurídico, y, por lo tanto, susceptible de la obligación

LA FIDUPREVISORA S.A. (EN REPRESENTACION DEL CONSORCIO P.P.L), y la FIDUAGRARIA S.A. (EN REPRESENTACION DEL CONSORCIO P.P.L), fue claramente antijurídico, y, por lo tanto, susceptible de la obligación de indemnizar los daños causados por tal omisión a los ahora demandantes.Rad. 73001-33-33-02-2021-00003-02 (Interno 982-2024)

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SEXTA: Que, en todo caso, se repare integralme nte los perjuicios sufridos conforme lo indica el artículo 16 de la ley 446 de 1.998, así como, se de aplicación a la Jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre resarcimiento de daños morales y materiales, con fundamento en el principio de reparación integral, el cual, está ampliamente reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa

Rica.

SÉPTIMA: Que, el valor de las condenas reconocidas en la sentencia, sean actualizadas al ejecutoriarse el fallo, con base en la variación porcentual del I.P.C. para efectos de compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, de conformidad con lo previsto en el art. 192 del C.P.A.C.A.

OCTAVA: Que, la sentencia de mérito favorable a las pretensiones de la demanda, se le dé cumplimiento en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOVENA: Que, se condene al MINISTERIO DE JUSTICIA – EL INSTITUTO

demanda, se le dé cumplimiento en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOVENA: Que, se condene al MINISTERIO DE JUSTICIA – EL INSTITUTO

NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), LA UNIDAD DE

SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), LA

FIDUPREVISORA S.A. (EN REPRESENTACION DEL CONSORCIO P.P.L), y la FIDUAGRARIA S.A. (EN REPRESENTACION DEL CONSORCIO P.P.L), al pago de las Costas y Agencias en Derecho que se causen por la presentación y, tramite de este Medio de Control.

2. Fundamentos fácticos

Como fundamento de sus pretensiones, el apoderado de la parte accionante expuso los hechos relevantes que se sintetizan así:

• En el mes de abril de 2017, el señor HECTOR FABIO VILLAMARIN GUTIERREZ (QEPD), ingresó al Centro Penitenciario y Carcelario – COIBA PICALEÑA d e la ciudad de Ibagué, momento para cual era paciente diabético, quedando su estado de salud bajo el cuidado y custodia del

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.

• La salud del señor HECTOR FABIO VILLAMARIN GUTIERREZ (QEPD), una vez ingreso al centro carcelario, empezó a desmejorarse, sin que las entidades encargadas de su atención y cuidado realizaran alguna acción tendiente a mejorarla, contribuyendo así, a que adquiriera en el interior del Centro Penitenciario una tuberculosis.

• El señor HECTOR FABIO VILLAMARIN GUTIERREZ (QEPD), falleció el día

tendiente a mejorarla, contribuyendo así, a que adquiriera en el interior del Centro Penitenciario una tuberculosis.

• El señor HECTOR FABIO VILLAMARIN GUTIERREZ (QEPD), falleció el día 4 de enero de 2019, en el Centro Penitenciario y Carcelario – COIBA PICALEÑA de la ciudad de Ibagué, como consecuencia de la falla del servicio de salud carcelario, al no cumplir con su deb er de prestar los servicios médicos en forma oportuna, suministrar los medicamentos y tratamientos requeridos por el interno, y por no remitir al señor HECTOR FABIO VILLAMARIN GUTIERREZ (QEPD) en forma oportuna a un Centro Hospitalario de III nivel que tuviera la capacidad de tratar la enfermedad del interno.

3.- Contestación de la demandaRad. 73001-33-33-02-2021-00003-02 (Interno 982-2024)

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3.1 Ministerio de Justicia y del Derecho

A través de su apoderado judicial el ente ministerial se opuso a todas y cada una de las pretensiones de los demandantes, toda vez que carece de legitimación procesal y material en la causa por pasiva y/o indebida representación de la Nación, como quiera que no participó directa ni indirectamente, en los hechos que dieron lugar a la presente demanda, y tampoco, ejerce la representación legal del -INPECni de la –USPECy demás entes demandados.

De otra parte, propuso como excepciones las que denominó: “no agotamiento

la presente demanda, y tampoco, ejerce la representación legal del -INPECni de la –USPECy demás entes demandados.

De otra parte, propuso como excepciones las que denominó: “no agotamiento requisito de procedibilidad con el ministerio de justicia y del derecho, falta de legitimación material en la causa por pasiva y/o la indebida representación de la nación y falta de legitimación procesal en la causa por pasiva”.

3.2 La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC

Precisó que a partir del 31 de enero de 2016, la USPEC, asumió la contratación para la prestación de los servicios de salud, según lo establecido en el Decreto 2519 de 2015 y en cumplimiento de dicho mandato legal, suscribió el contrato de Fiducia Mercantil No. 363 de 2015 con el CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015, conformado por FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A , p or lo tanto, la Unidad cumplió a cabalidad con la obligación que dentro de su funcionalidad y competencias se ha establecido.

Aseveró que no existe relación alguna entre el objeto de creación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, y lo pretendido por la parte demandante pues esta no detalló la acción u omisión en que haya podido incurrir la Unidad.

Agregó que los accionantes no acreditaron cada uno de los elementos constitutivos del daño antijurídico tendientes a demostrar la existencia de una posible falla en el servicio por parte de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

CARCELARIOS -USPEC.

del daño antijurídico tendientes a demostrar la existencia de una posible falla en el servicio por parte de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

CARCELARIOS -USPEC.

Por último, propuso como excepciones las que denominó: “falta de legitimación en la causa por pasiva e incongruencia de la pretensión indemnizatoria que hace improcedente una decisión de fondo”.

3.3 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario “INPEC”

Mediante apoderado judicial, la entidad accionada contestó el líbelo introductorio oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones de la demanda.

Señaló que según la cartilla biográfica el interno HECTOR FABIO VILLAMARIN fue capturado el 6 de abril de 2.017 y se encontraba purgando la pena impuesta por el Juzgado Quinto Penal Municipal de Ibagué, por el delito de hurto.

Indicó que según el informe del 4 de enero de 2019 el dragoneante FREDY RICARDO URREGO quien era oficial de servicio, refirió que en la celda 1 piso 1 del pabellón 4 del bloque 5, se encontró el cuerpo sin vida de Héctor Villamarín, quien sufría de diabetes y fue atendido el día anterior a su muerte por el área de sanidad del INPEC.

Enfatizó que no existen elementos probatorios que permitan concluir que hubo un funcionamiento anormal o inactividad por parte de la administración o de l servicio penitenciario, por lo tanto, no se le puede imputar responsabilidad por acción y /oRad. 73001-33-33-02-2021-00003-02 (Interno 982-2024)

REPARACIÓN DIRECTA

penitenciario, por lo tanto, no se le puede imputar responsabilidad por acción y /oRad. 73001-33-33-02-2021-00003-02 (Interno 982-2024)

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omisión en los deberes de cuidado y protección del recluso, máxime cuando los fundamentos facticos se soportan en una aparente falla en la atención en salud del privado de la libertad.

Enfatizó que las causas de deceso de l señor Héctor Fabio Villamar ín fueron el resultado del curso de la patología de base, conjuntamente con otras complicaciones de diverso tipo que conllevó finamente a su deceso, situaciones que fueron atendidas por los profesionales de la salud dispuestos por el fondo de Atención en sa lud PP L, a quienes le corresponde dispensar la atención medico asistencial a la población privada de la libertad y con la cual el INPEC no tiene vinculo.

Precisó que la prestación del servicio de salud a la PPL se realizó directamente por parte el INPEC hasta el 25 de septiembre de 2009, ello debido a las modificaciones realizadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud contenidas en la Ley 1122 de 2007 reglamentada por el Gobierno Nacional a través del Decreto 1141 de abril de 2009 y por el Decret o 2777 de 2010 posteriormente modificado por e l Decreto 2496 del 6 de diciembre de 2012, reglamentación por medio de la cual se trasladó la prestación integral de esos servicios a cargo del régimen subsidiado, en cabeza de CAPRECOM EPS., liquidado por el Gobierno Nacional a través del

Decreto 2496 del 6 de diciembre de 2012, reglamentación por medio de la cual se trasladó la prestación integral de esos servicios a cargo del régimen subsidiado, en cabeza de CAPRECOM EPS., liquidado por el Gobierno Nacional a través del Decreto 2519 del 28 de diciembre de 2015, ya con la entrada en vigencia de la Ley 1709 de 2014 y el Decreto 2245 de 2015, la responsabilidad de la prestación del referido servicio le fue trasladada a la FIDUPREVISORA en virtud del vínculo contractual con la Unidad de Servicios Penitenciarios.

Propuso como excepciones las que denominó: “inexistencia de nexo causal, falta de legitimación en la causa por pasiva, ausencia del derecho de reclamar ante el INPEC, falta de actitud probatoria y excepción genérica”.

4.- La Sentencia Apelada

El pasado 24 de julio de 2.024, el Juzgado segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué procedió a dictar sentencia de primer grado, negando las pretensiones de la demanda y absteniéndose de condenar en costas a la parte demandante.

El a-quo sostuvo que, de acuerdo al material probatorio obrante en el expediente, las afirmaciones realizadas por la parte demandante al indicar que el señor Héctor Fabio Villamarín Gutiérrez no recibió atención médica asistencial y no recibió medicamentos para tratar las enfer medades que lo aquejaban no resultan ser ciertas, pues, el interno siempre tuvo a su alcance servicio médico profesional y de control que atendieron uno a uno de sus padecimientos, por tanto, no se encuentra acreditada alguna omisión, renuencia o defectuosa atención en el servicio de salud brindado.

ciertas, pues, el interno siempre tuvo a su alcance servicio médico profesional y de control que atendieron uno a uno de sus padecimientos, por tanto, no se encuentra acreditada alguna omisión, renuencia o defectuosa atención en el servicio de salud brindado.

Añadió el juez de instancia que de la necropsia al cadáver del señor Héctor Fabio Villamarín y del dictamen efectuado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se pude concluir que la muerte del recluso se produjo de manera súbita por un evento cardiaco, y no a causa de la tuberculosis que padecía, como lo afirma la parte demandante, por lo tanto, su deceso no tuvo relación directa con sus antecedentes médicos así como tampoco entre la atención recibida dentro del centro de reclusión, desvirtuándose de esta manera las apreciaciones realizadas tanto en la demandada como las indicadas por los testigos Andrés Felipe Lora García Y Erika Ocampo Aristizábal.Rad. 73001-33-33-02-2021-00003-02 (Interno 982-2024)

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Consideró el Juzgado a quo que hubo una omisión probatoria absoluta que impide imputar el daño a las entidades demandadas porque no se acreditó por la parte demandante algún tipo de irregularidad que permitiera configurar la falla del servicio alegada, por el contrario, se probó que e l recluso fue valorado por los médicos del centro carcelario, quienes emitieron diferentes órdenes para la práctica de exámenes y una vez confirmado los diagnósticos se dispuso siempre el tratamiento médico para tratarlos.

centro carcelario, quienes emitieron diferentes órdenes para la práctica de exámenes y una vez confirmado los diagnósticos se dispuso siempre el tratamiento médico para tratarlos.

Concluyó el a quo que no están probados los elementos necesarios para imputar responsabilidad a los demandados por la muerte del señor Héctor Fabio Villamarín, por lo que, negó las pretensiones de la demanda.

5.- El Recurso de Apelación

5.1. Parte demandante

Dentro de la oportunidad procesal pertinente, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia, reiterando in extenso los argumentos expuestos en la demanda y en sus alegatos de conclusión, afirmando entre otros aspectos lo siguiente:

Que, en el caso bajo examen, en la historia clínica del día 4 de enero del 2019, fecha en la que falleció el señor Villamarín, se demuestra el mal estado de salud en que se encontraba, pues tenía antecedentes de diabetes y tuberculosis pulmonar, diagnósticos por los que en repetidas ocasiones suplicó ser atendido en un Centro Hospitalario de III nivel que tuviera la capacidad de tratar sus patologías, a tal punto, que el día anterior a su muerte había solicitado nuevamente atención médica, la cual, nunca llegó, presentándose primero su fallecimiento.

Por lo anterior, alega la parte actora que el fatídico desenlace del señor Héctor Fabio Villamarín Gutiérrez, fue producto de una cadena de múltiples causas , pues en la historia clínica no se observa el plan de manejo y seguimiento que debió ordenarle

Villamarín Gutiérrez, fue producto de una cadena de múltiples causas , pues en la historia clínica no se observa el plan de manejo y seguimiento que debió ordenarle el médico tratante, mucho menos se encuentra evidencia de ser valorado por médicos especialistas, por lo que es evidente el abandono por parte de las demandadas, al no realizar el respectivo seguimiento a las patologías del interno.

IIITRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por auto del 21 de octubre de 2.024 se admitió el recurso de alzada interpuesto por el apoderado del extremo activo y, en aplicación al numeral 5º del artículo 247 del CPACA modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, ingresó el expediente al Despacho el 20 de noviembre próximo pasado, para proferir sentencia, termino dentro del cual el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC se pronunció sobre el recurso de apelación de la parte demandante, en los siguientes términos:

Insistió que con el material probatorio arrimado no puede concluirse que e l daño padecido por la parte demandante es atribuible a l INPEC , como quiera le fue suministrada al señor FABIO VILLAMARIN GUTIERREZ (Q.E.P.D), la atención medica requerida, por parte de la entidad prestadora de salud intramural y el Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E de Ibagué.

Señaló que en la historia clínica se encuentran registradas las atenciones dispensadas por el área de sanidad y la entidad hospitalaria desde el año 2017 alRad. 73001-33-33-02-2021-00003-02 (Interno 982-2024)

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dispensadas por el área de sanidad y la entidad hospitalaria desde el año 2017 alRad. 73001-33-33-02-2021-00003-02 (Interno 982-2024)

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2019, con ocasión al diagnóstico de diabetes y demás padecimientos, así como la entrega de los medicamentos necesarios para contrarrestar los efectos adversos de su enfermedad, situación esta que deja sin sustento la afirmación realizada por la parte activa, referente a la desatención medica de las entidades accionadas.

Resaltó que, el hecho que al señor HECTOR FABIO VILLAMARIN (Q.E.P.D), se le determinara como causa de muerte “INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO Muerte súbita” inmersa en el protocolo de necropsia No. 2019010173001000008 del cuatro (04) de enero de dos mil diecinueve (2019) realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no compromete la responsabilidad del INPEC.

Concluyó que, al no ser el INPEC prestador directo de los servicios médicos, y no haberse acreditado una falla en cabeza de esta entidad, debe resolverse de manera desfavorable el recurso de apelación impetrado por el actor y en su lugar confirmar el fallo proferido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.

IVCONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

1. Competencia.

Es competente esta colegiatura para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el pasado 24 de julio de 2.024 por el Juzgado Segundo

1. Competencia.

Es competente esta colegiatura para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el pasado 24 de julio de 2.024 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, según voces del artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir que son apelables las sentencias de primera instancia proferidas por los jueces.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar, si la NACION - MINISTERIO DE JUSTICIAINSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC, FIDUPREVISORA S.A., FIDUAGRARIA. , deben ser declarados patrimonial y administrativamente responsables por los daños y perjuicios reclamados por los demandantes, como consecuencia de la presunta falla del servicio que condujo a la muerte de l señor HECTOR FABIO VILLAMARIN GUTIERREZ (q.e.p.d.) el pasado 4 de enero de 2.019, o si, por el contrario, tal y como lo determinó el a-quo, no se encuentra probada dentro del expediente dicha responsabilidad y por ende deben negarse las pretensiones de la demanda.

3. Tesis que resuelven el caso.

3.1. Tesis de la Parte Demandante

Sostuvo que las demandadas deben ser declarad as administrativamente responsables de los perjuicios morales y materiales causados a los demandantes, por la deficiente atención médica requerida por el señor HECTOR FABIO VIILLAMARIN GUTIERREZ para el manejo de las patologías que padecía.

responsables de los perjuicios morales y materiales causados a los demandantes, por la deficiente atención médica requerida por el señor HECTOR FABIO VIILLAMARIN GUTIERREZ para el manejo de las patologías que padecía.

3.2. Tesis de la Parte Demandada

3.2.1. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario “INPEC”.Rad. 73001-33-33-02-2021-00003-02 (Interno 982-2024)

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Aseguró que no es posible imputarse ningún tipo de responsabilidad al INPEC, ya que, si bien su deceso se produjo al momento en que se encontraba bajo la custodia de la entidad, no existen elementos demostrativos, con los que se pueda concluir que hubo un funcionamiento anormal o inactividad por parte de la administración en cabeza de la entidad.

3.2.2. La UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC

Aseveró que no existe relación alguna entre el objeto de creación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, y lo pretendido por la parte actora, como quiera que el señor Héctor Fabio Villamarín Gutiérrez recibió la atención que requería desde el momento mismo que así lo necesitó, y cuando requirió traslado el INPEC lo materializó en cumplimiento de sus funciones de referencia y contrarreferencia. Además, refiere que la historia clínica que reposa en el expediente da cuenta de las atenciones oportunas y diligentes en salud recibidas por los profesionales de la salud contratados por el administrador fiduciario.

contrarreferencia. Además, refiere que la historia clínica que reposa en el expediente da cuenta de las atenciones oportunas y diligentes en salud recibidas por los profesionales de la salud contratados por el administrador fiduciario.

3.3. Tesis del Juzgado de Primera Instancia

Consideró que deben negarse las pretensiones de la demanda, toda vez que no se demostró que el fallecimiento del señor Héctor Fabio Villamarín Gutiérrez acaecido el 4 de enero de 2.019 fuera producto de la falla en el servicio médico indilgado a las demandadas, pues se demostró que su deceso no fue por un empeoramiento de las patologías padecidas por este, sino por un infarto, lo que imposibilita atribuir responsabilidad a las demandadas, no configurándose los elementos de la relación de causalidad.

4. Tesis del Tribunal

De conformidad con el material probatorio allegado al expediente, la Sala considera

que, NACIONMINISTERIO DE JUSTICIA - INSTITUTO NACIONAL

PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC, FIDUPREVISORA S.A ., FIDUAGRARIA no pueden ser declaradas patrimonialmente responsable s de los daños y perjuicios pr esuntamente causados a los demandantes ya que, según se demostró, la atención brindada al señor HECTOR FABIO VILLAMARIN GUTIERREZ (q.e.p.d.) fue ajustada a lo esperado conforme la sintomatología que presentaba para el momento de la atención en las circun stancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos, y al no haberse demostrado

GUTIERREZ (q.e.p.d.) fue ajustada a lo esperado conforme la sintomatología que presentaba para el momento de la atención en las circun stancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos, y al no haberse demostrado fehacientemente la imputación fáctica y jurídica ni la relación de causalidad adecuada entre el presunto daño y la actuación de las entidades como elemento esencial de la responsabilidad Estatal, debe confirmarse en su integridad la sentencia de primer grado que negó las pretensiones de la demanda.

4.1. Desarrollo de la Tesis de la Sala.

4.1.1. La responsabilidad patrimonial del Estado.

El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas y se requiere de la concurrencia de varios elementos a saber: (i) el daño antijurídico, (ii) la imputabilidad jurídica y fáctica del daño a un órgano del Estado y, (iii) el nexo causal entre el daño y la actuación u omisión de la administración.Rad. 73001-33-33-02-2021-00003-02 (Interno 982-2024)

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El Daño Antijurídico es entendido jurisprudencialmente como el detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia causado a alguien, en su persona, bienes, libertad, honor, afectos, creencias, etc., suponiendo la destrucción o disminución de

perjuicio, menoscabo, dolor o molestia causado a alguien, en su persona, bienes, libertad, honor, afectos, creencias, etc., suponiendo la destrucción o disminución de ventajas o beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales de que goza un individuo, sin que el ordenamiento jurídico le haya impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carezca de causales de justificación (Consejo de Estado – Sección Tercera, sentencia del 27 de ene ro del 2000, M.P: Alier E. Hernández Enríquez).

De acuerdo a una debida interpretación del artículo 90 Constitucional, el H. Consejo de Estado1 ha enseñado que, la responsabilidad del Estado se origina, de un lado, cuando existe una lesión causada a la víctima que no tiene el deber jurídico de soportar y, de otro, cuando esa lesión es imputable fáctica y jurídicamente a una autoridad pública. Dicha Tesis fue avalada por la Corte Constitucional en Sentencia C-333 de 1993, en donde expresó, que además de c onstatar la antijuridicidad del daño, el juzgador debe elaborar un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión.

Al referirnos a la imputación jurídica y fáctica, debemos remitirnos a lo explicado por la Sección Tercera del H. Consejo de Estado que considera que “imputar, para nuestro caso, es atribuir el daño que padeció la víctima al Estado, circunstancia que se constituye en condición sine qua non para declarar la responsabilidad patrimonial de este último (...) la imputación del daño al Estado depende, en este caso, de que

nuestro caso, es atribuir el daño que padeció la víctima al Estado, circunstancia que se constituye en condición sine qua non para declarar la responsabilidad patrimonial de este último (...) la imputación del daño al Estado depende, en este caso, de que su causación obedezca a la acción o a la omisión de las autoridades públicas en desarrollo del servicio público o en nexo con él, excluyendo la conducta personal del servidor público que, sin conexión con el servicio, causa un daño” (Sentencia del 21 de octubre de 1999, expediente 10948, M.P: Alier Eduardo Hernández Enríquez).

A partir de la disposición constitucional señalada, la jurisprudencia y la doctrina contencioso administrativa han desarrollado distintos regímenes de responsabilidad imputables al Estado, como (i) el subjetivo, que se basa en la teoría de la falla del servicio y (ii) el objetivo, que obedece a diferentes situaciones en las cuales la entidad demandada está llamada a responder, por un lado, con ocasión del ejercicio de actividades peligrosas o la utilización de elementos de la misma naturaleza, caso en el cual se habla del régimen del riesgo excepcional, y por otro, debido a la ruptura de la igualdad frente a las