TA TOL - Sentencia 73001-33-33-002-2023-00065-01 (05-06-2025)

Ibagué, cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación Nº Interno: 73001-33-33-002-2023-00065-01 1889-2024

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

Demandante: GERARDO GUEVARA BAQUERO

Demandado: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENAIASUNTO A DECIDIR

De conformidad con lo establecido en los artículos 153 y 243 del C.P.A.C.A., procede esta Sala Oral de decisión a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la entidad accionada en contra de la sentencia de primera instancia proferida el 11 de septiembre de 2024 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

IIANTECEDENTES

1. Declaraciones1

“1. QUE SE DECLARE, la nulidad del Oficio número 73-2-2022-003209, del 26 de octubre de 2.022, expedido por el SERVICIO NACIONAL DEAPRENDIZAJE-SENA-, suscrito por el Directo r RegionalSena-Tolima, el cual niega la existencia de una relación laboral (contrato realidad), del señor GERARDO GUEVARA BAQUERO como docente instructor de esa entidad; así como el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, seguridad social y demás derechos existentes con la demandada durante el tiempo laborado.

2. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho se declare la existencia de una relación laboral (contrato realidad)

seguridad social y demás derechos existentes con la demandada durante el tiempo laborado.

2. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho se declare la existencia de una relación laboral (contrato realidad) entre el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y el señor GERARDO GUEVARA BAQUERO durante el periodo laborado como Docente instructor, de manera ininterrumpida entre el 21 de junio de 2011 y el 31de agosto de 2020.

3. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, a título de restablecimiento del derecho, se condene al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA, a liquidar y pagar a mi poderdante señor GERARDO

GUEVARA BAQUERO, lo siguiente:

1 Ver Expete JuzgadoC.Ppal -Archivo 73fls 1-273001-33-33-002-2023-00065-01

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a. el equivalente a las prestaciones sociales comunes y de carácter legal que devengan los empleados de planta del SENA, en el cargo de Docente instructor, tomando como base de liquidación el valor mensual pactado como precio de los contratos de prestación de servicios de todos los contratos celebrados.

b. Pagar los aportes patronales al Sistema de Seguridad Social en pensiones con destino al fondo pensional al que se encuentre afiliado el demandante aplicable a los periodos comprendidos entre el 21 de junio de 2021 al 31 de agosto de 2022.

c. Reembolsar los dineros cancelados por concepto de aportes al Sistema

demandante aplicable a los periodos comprendidos entre el 21 de junio de 2021 al 31 de agosto de 2022.

c. Reembolsar los dineros cancelados por concepto de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, respecto de la cuota parte legal que la entidad no trasladó a la empresa prestadora de Salud, durante la ejecución de los contratos y que fue cancelada por el demandante.

4. Que se condene a la entidad demandada, a pagar las sumas debidamente indexadas, conforme a los criterios de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, desde el momento que debieron sufragarse y hasta cuando se efectúe el pago.

5. Que se ordena dar cumplimento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA, junto con los correspondientes intereses moratorios a que haya lugar.

6. Igualmente se condene a la demandada en costas y agencias en derecho.”.

2.- Fundamentos fácticos2

Como fundamento de sus pretensiones, el apoderado de la parte accionante expuso los hechos que son susceptibles de sintetizarse así:

1El señor Gerardo Guevara Baquero se vinculó con el SENA, inicialmente a través de cooperativas de trabajo asociado desde el 19 de enero de 2010 hasta el 30 de junio de 2011, como instructor en los niveles de formación para el área temática de refrigeración y climatización y posteriormente se vinculó a través de contratos de prestación de servicios ejerciendo el cargo de docente instructor del programa de mantenimiento de equipos de refrigeración, ventilación y climatización.

2En desarrollo de la actividad contratada, le asignaron labores de docente

vinculó a través de contratos de prestación de servicios ejerciendo el cargo de docente instructor del programa de mantenimiento de equipos de refrigeración, ventilación y climatización.

2En desarrollo de la actividad contratada, le asignaron labores de docente instructor para impartir formación titulada y/o complementaria en las modalidades presencial dentro de los programas regular: Electrónica y automatizaciónrefrigeración, ventilación y climatización del centro de industria y comercio.

3Señaló que el demandante durante todo el tiempo de su vinculación prestó el servicio de manera personal, ininterrumpida, subordinada, recibiendo una remuneración, cumpliendo un horario de trabajo de 160 horas mensuales con aprendices , recibiendo ordenes e instrucciones verbales y escritas sobre lo que debía realizar, siguiendo las órdenes del Subdirector Regional

2 Ver Expete JuzgadoC.Ppal -Archivo 73fls 3-473001-33-33-002-2023-00065-01

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del SENA y de los diversos coordinadores académicos del Centro Industrial y Construcción SENA. Tolima, con sede en Ibagué.

4Expresó que el último contrato de prestación de servicios del demandante se terminó hasta el 31 de agosto de 2020, al haber sido nombrado y vinculado en carrera con el SENA, posesionándose a par tir del 01 de septiembre de 2020 como instructor de planta, cumpliendo y realizando las mismas funciones que realizaba a través de los contratos de prestación de servicios.

3.- Contestación de la demanda3.

septiembre de 2020 como instructor de planta, cumpliendo y realizando las mismas funciones que realizaba a través de los contratos de prestación de servicios.

3.- Contestación de la demanda3.

Oportunamente la apoderada judicial del ente accionado descorrió el traslado de la demanda, oponiéndose a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones por carecer de fundamentos de hecho y de derecho.

Sostuvo que dicha entidad no había trasgredido normativa alguna por cuanto la modalidad de contratación suscrita con el demandante estaba claramente regulada en la Constitución Política y en la Ley 80 de 1993, existiendo además fundamentación jurisprudencial que la soportan.

Precisó que conforme a las probanzas allegadas al expediente no se podía advertir el elemento subordinación o dependencia frente al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA-; así mismo señaló, que el actor había aportado los contratos de prestación de serv icios celebrados con la entidad, los cuales habían sido suscritos de manera temporal, por periodos de tiempo específicos, para cubrir necesidades concretas, sin presencia de continuidad, por lo que no estaba demostrada la existencia de los elementos necesa rios para la conformación del contrato realidad.

Aseguró que el aquí demandante no se regía bajo la normatividad del servicio educativo público, por lo que no se podía catalogar como docente; así mismo señaló, que el actor en razón a su profesión y por no existir restricción alguna podía ejercerla como particular, por lo que no era cierto que el mismo hubiese cumplido un horario laboral, ya que podía abandonar sus labores sin autorización previa, sin

señaló, que el actor en razón a su profesión y por no existir restricción alguna podía ejercerla como particular, por lo que no era cierto que el mismo hubiese cumplido un horario laboral, ya que podía abandonar sus labores sin autorización previa, sin embargo, tenía que cumplirle a los aprendices unas horas de formación, por lo que esto lo debía coordinar con el supervisor para informar a los aprendices y organizar el horario para cumplir lo pactado en el contrato.

Afirmó que era claro que los contratos presentados en la demanda como prueba eran contratos estatales legalmente permitidos, que contaban con la vigilancia de un supervisor, quien verificaba el cumplimiento del objeto del contrato y por su naturaleza, se r equería que de común acuerdo con el supervisor se estableciera un horario, y ello no significaba que existiera una subordinación o dependencia con el empleador.

Reiteró que no era viable ni jurídica ni fácticamente atender el reconocimiento de prestaciones sociales y demás emolumentos solicitados en el escrito de demanda, teniendo en cuenta que no se cumplía con los requisitos esenciales para la configuración del contrato realidad, especialmente el de la continua dependencia o subordinación; así mismo señaló que no podría otorgársele a los Instructores del SENA la calidad de docentes.

3 Ver Expete JuzgadoC.Ppal -Archivo 8173001-33-33-002-2023-00065-01

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Propuso los siguientes medios exceptivos: i) Falta del requisito de procedibilidad para entablar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; ii) Falta de

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Propuso los siguientes medios exceptivos: i) Falta del requisito de procedibilidad para entablar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; ii) Falta de requisitos para demandar; iii) Caducidad de la acción; iv) I nexistencia de los elementos constitutivos del contrato de trabajo; v) Cobro de lo no debido; vi) Buena fe exenta de culpa; vii) Falta de causa para pedir; viii) Inexistencia de la obligación; ix) Legalidad del acto administrativo; y x) Prescripción.

4.- La sentencia apelada4

Lo es la proferida el 11 de septiembre de 2024 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué, en la que se accedió a las pretensiones de la demanda.

Luego de trascribir las disposiciones legales y jurisprudenciales que regulan el contrato realidad, señaló que para la acreditación del mismo era menester demostrar la existencia de tres elementos, como son, la prestación personal del servicio, una contrap restación económica por el servicio prestado y la subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador.

Sostuvo que se había demostrado en el proceso el demandante había prestado sus servicios para el SENA a través de contratos de prestación de servicios, siendo el primero de ellos el contrato No 00510 de 21 de julio de 2011 y el último de ellos el No 1318816 de 29 de enero de 2020, de donde se podía inferir que la labor contratada debía asimilares a la de un docente , ya que impartía instrucciones de formación y capacitación a los aprendices del SENA . Igualmente señaló que

contratada debía asimilares a la de un docente , ya que impartía instrucciones de formación y capacitación a los aprendices del SENA . Igualmente señaló que también estaba demostrado en el plenario que el actor entre el 19 de enero de 2010 y el 30 de junio de 20 11 había prestado sus servicios impartiendo formación profesional integral en el área de refrigeración y climatización, a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado Cotraser. A su vez sostuvo que el actor suscribió el contrato de prestación de servicios No 135 de 11 de septiembre de 2009, cuyo objeto era la prestación de servicios personales como instructor contratista, impartiendo formación titulada presencial a los aprendices.

Manifestó que también estaba demostrado en el expediente que el aquí demandante había sido nombrado en periodo de prueba en el Centro de Diseño Tecnológico e Industrial como instructor G01 de la Regional ValleCali de la planta globa del SENA, por haber superado el concurso de méritos.

Afirmó que respecto de los elementos prestación personal del servicio contraprestación por el servicio prestado no existía mayor desaven encia sobre estos, pues las partes eran coincidentes en que el citado señor había prestado sus servicios como instructor a través de contratos de prestación de servicios.

Dijo que el demandante impartía formación titulada o complementaria regular en diversas áreas de acuerdo con su competencia profesional, por lo que el objeto contractual guardaba estrecha relación con la misión y el primer objetivo relacionado con la form ación profesional integral, de ahí que se presumiera la existencia del elemento subordinación, el cual estaba ligado al objeto misional de la entidad, de donde la formación de aprendices depende directamente de las

relacionado con la form ación profesional integral, de ahí que se presumiera la existencia del elemento subordinación, el cual estaba ligado al objeto misional de la entidad, de donde la formación de aprendices depende directamente de las directrices de la entidad, sin que el in structor tuviese autonomía para cambiar o establecer otros lineamientos diferentes a los que el SENA tenía establecido para la formación de aprendices.

Agregó que los testigos habían sido coincidentes en afirmar que el demandante había prestado sus servicios como instructor de la accionada, por lo que el Juez de

4 Ver Expete Juzgado –C.Ppal - archivo 2573001-33-33-002-2023-00065-01

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instancia arribó a la conclusión de que entre el señor Gerardo Guevara Baquero y el SENA existió una relación laboral, en donde impartió formación profesional a los aprendices, labor esta que guardaba idéntica relación con las labores desempeñadas con los instructores formadores de la planta del personal del SENA.

En relación al fenómeno jurídico de la prescripción, precisó que el último contrato de prestación de servicios del demandante tuvo vigencia hasta el 13 de diciembre de 2020, sin embrago se había ejecutado hasta el 31 de agosto de 2020, en razón a la vinculación de este en carrera administrativa, por lo que a partir de esta última fecha contaba con tres años para solicitar el reconocimiento del contrato realidad, elevando la correspondiente reclamación administrativa el 18 de octubre de 2022, es decir, dentro del término legal, por lo que ordenó el reconocimiento prestacional

fecha contaba con tres años para solicitar el reconocimiento del contrato realidad, elevando la correspondiente reclamación administrativa el 18 de octubre de 2022, es decir, dentro del término legal, por lo que ordenó el reconocimiento prestacional desde el 21 de junio de 2011 hasta el 31 de agosto de 2020, advirtiendo que aquellas anteriores al 19 de octubre de 2019 se encontraban prescritas, salvo lo correspondiente a los aportes pensionales.

Conforme a lo anterior declaró la nulidad del acto administrativo demandado y el consecuente reconocimiento y pago de prestaciones laborales y sociales devengadas por un instructor de igual categoría del SENA, tales como vacaciones, primas, bonificaciones y cesantías, teniéndose claridad que para su liquidación se tendrá en cuenta el valor de los honorarios pactados en los contratos, valores estos que ordenó su indexación conforme al IPC.

5.1. Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - 5.

Interpuesto el recurso de alzada oportunamente por la apoderada judicial de la accionada, en donde solicita la revocatoria del fallo de primer grado, para que en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda.

Dijo que de los testimonios recepcionados y analizados en forma conjunta con los contratos de prestación de servicios suscritos por el accionante y el SENA, no se advertía que la subordinación alegada estuviese probada, ya que el acto r desempeñaba actividades contractuales de forma temporal, autónoma e independiente; a su vez, hizo un análisis de cada uno de los testimonios recaudados en el curso de la audiencia de pruebas, cuestionado algunos aspectos,

desempeñaba actividades contractuales de forma temporal, autónoma e independiente; a su vez, hizo un análisis de cada uno de los testimonios recaudados en el curso de la audiencia de pruebas, cuestionado algunos aspectos, dando validez a otros y brindando su apreciación sobre el análisis de dicha prueba testimonial.

Expuso que en el proceso no se encontraba acreditada el elemento subordinación requerido para la configuración del contrato realidad, pues de las declaraciones de los testigos se podía establecer de manera clara y contundente que el demandante no recibió órdenes, dado que la supervisión realizada por el SENA con el supervisor consistía en una verificación de los compromisos de acuerdo con lo que estaba pactado en los contratos de prestación de servicios; así mismo señaló, que entre las partes aquí en disputa se desarrolló una relación contractual amparada en la buena fe en la coordinación de actividades.

Dijo que los contratos suscritos por el demandante tenían objetos contractuales diferentes, que fueron interrumpidos y fueron temporales, pues las interrupciones entre uno y otro fueron mayores a 30 días; que tampoco se había demostrado que la labor ejecutada por el demandante estuviera supeditada al cumplimiento de órdenes y directrices verbales o escritas , o que tuviese que cumplir un horario de trabajo, que existiesen en su contra procesos disciplinarios, memorandos, felicitaciones, llamados de atención que evidenciaran que se tuviese la potestad de mando sobre el demandante , por el contrario estaba probado que el mismo

5 Ver Expte Juzgado – C.P Ppal – Archivo 2673001-33-33-002-2023-00065-01

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de mando sobre el demandante , por el contrario estaba probado que el mismo

5 Ver Expte Juzgado – C.P Ppal – Archivo 2673001-33-33-002-2023-00065-01

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ejercía sus actividades de manera autónoma e independiente en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Sostuvo que la supervisión de labores contratadas no implicaba per se una relación de subordinación, sino que la misma demostraba la necesidad de la entidad contratante de verificar el cumplimiento de la labor contratada; igualmente señaló, que el actor no había probado el desempeño en las mismas condiciones de cualquier otro servidor público de la entidad.

Adujo que no era procedente declarar la nulidad del acto administrativo demandado, ya que nunca existió entre el SENA y el actor una relación laboral, pues lo que realmente existió entre estos fue una relación meramente contractual, regulada claramente en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

Finalmente traslitero sendos apartes jurisprudenciales relacionados con el tema en comento.

III. TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por auto 21 de enero de 2025 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la accionada y como quiera que no se requirió la práctica de pruebas, y que dentro del término de ejecutoria del auto que admitió el recurso de alzada no se presentaron alegatos de cierre, se dispuso a dar cumplimiento a lo previsto en el numeral 5 del Artículo 247 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

alzada no se presentaron alegatos de cierre, se dispuso a dar cumplimiento a lo previsto en el numeral 5 del Artículo 247 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

1.- Sobre la competencia

Es competente esta Colegiatura para desatar la impugnación contra la sentencia proferida el pasado 11 de septiembre de 2024 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué, según voces del artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir que son apelables las sentencias de primera instancia proferidas por los jueces administrativos.

2. Problema jurídico.

El problema jurídico que aquí se plantea consiste en determinar, si el acto administrativo que negó el reconocimiento de una relación laboral y el pago de prestaciones sociales derivadas del mismo se ajustó a derecho, o si, por el contrario, se debe reconocer que entre el accionante Gerardo Guerrero Baquero y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA-, existió una relación de hecho de carácter laboral legal o reglamentaria a pesar de su vinculación mediante contratos de prestación servicios, y, por end e, si el citado señor tiene derecho a que se le reconozca y paguen las prestaciones sociales dejadas de percibir como consecuencia de dicha relación simulada mediante contrato s de prestación de servicios.

3. Marco legal y jurisprudencial

El efecto normativo y garantizador del principio de la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, contenido en el

servicios.

3. Marco legal y jurisprudencial

El efecto normativo y garantizador del principio de la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, contenido en el artículo 53 de la Carta Política, está dirigido a proteger los derechos de primera y73001-33-33-002-2023-00065-01

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segunda generación, es decir, el derecho al trabajo y garantías laborales, indistintamente del sujetos (llámese Estado y/o particular) y vínculo contractual en sentido formal, toda vez que su función va dirigida a hacer valer la relación laboral sobre sobre cualquier otra figura en la que se enrostra. Punto de partida inherente al pensamiento unificador de nuestros órganos de cierre constitucional y jurisdiccional en sus diferentes providencias.

El tratamiento jurisprudencial de los contratos realidad, de donde se concluye -en cuanto a su configuración -, que constituye un requisito indispensable para demostrar la existencia de una relación de trabajo, que el interesado acredite en forma incontrove rtible los tres elementos de la relación laboral, esto es, i) la prestación personal del servicio (de manera permanente), ii) la continuada dependencia y subordinación y iii) una remuneración en contraprestación por la labor realizada, de modo que no quede duda acerca del desempeño del contratista en las mismas condiciones de cualquier otro servidor público.

Al tenor, el Decreto 2400 de 1968, régimen de administración de personal de la Rama Ejecutiva, en la parte final del artículo 2º dice que “para el ejercicio de

en las mismas condiciones de cualquier otro servidor público.

Al tenor, el Decreto 2400 de 1968, régimen de administración de personal de la Rama Ejecutiva, en la parte final del artículo 2º dice que “para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y, en ningún caso, pod rán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones.”

Tal Decreto fue modificado y adicionado, mediante el artículo 7° del Decreto 1950 de 1973, y por el artículo 1º del Decreto 3074 de 2008, que expresaron:

“Artículo 7º. Salvo lo que dispone la ley para los trabajadores oficiales, en ningún caso podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de funciones públicas de carácter permanente, en cuyo caso se crearán los empleos correspondientes mediante el procedimiento que se señala en el presente Decreto Nacional.

La función pública que implique el ejercicio de la autoridad administrativa no podrá ser objeto de contrato ni delegarse en el personal vinculado mediante esta modalidad”.

Y el artículo 1º del Decreto 3074 de 2008:

“Articulo1o. Modificase y adicionase el Decreto número 2400 de 1968, en los siguientes términos:

El artículo 2º quedará así:

(…)

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones” (Negritas de la Sala).

En sentencia de fecha 5 de junio de 2014, el H. Consejo de Estado, a través de un

contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones” (Negritas de la Sala).

En sentencia de fecha 5 de junio de 2014, el H. Consejo de Estado, a través de un esfuerzo interpretativo, recurrió a los criterios consignados por la Corte Constitucional (funcional, igualdad, temporal, excepcional, continuidad), para así establecer una m etodología más abierta, a la hora de valorar las diferentes prerrogativas que puedan estar ínsitas en la problemática abordada, resaltándose la conceptualización de la “permanencia”, como un factor determinante a la hora de elucubrar el principio de la realidad sobre las formalidades, por lo que en dicha providencia y a través del juicio de constitucionalidad del inciso final el artículo 2º73001-33-33-002-2023-00065-01

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del Decreto 2400 de 1968 y el aparte del artículo 1º del Decreto 3074 de 2008, nuestro Órgano de Cierre acude a la sentencia C-614 del 2 de septiembre de 2009, MP Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en la que, entre otras cosas, decantó algunos criterios qu e definen el concepto de función permanente como elemento, que sumado a la prestación de servicios personales, subordinación y salario, resulta determinante para delimitar el campo de la relación laboral y el de la prestación de servicios. Tales criterios son:

I. Criterio funcional: esto es, si la función contratada está referida a las que usualmente debe adelantar la entidad pública, en los términos señalados en el

servicios. Tales criterios son:

I. Criterio funcional: esto es, si la función contratada está referida a las que usualmente debe adelantar la entidad pública, en los términos señalados en el reglamento, la ley y la constitución, será de aquellas que debe ejecutarse mediante vínculo laboral.

II. Criterio de igualdad: si las labores desarrolladas son las mismas que las de los servidores públicos vinculados en planta de personal de la entidad y, además se cumplen los tres elementos de la relación laboral, debe acudirse a la relación legal y reglamentaria o al contrato laboral y no a la contratación pública.

III. Criterio temporal o de la habitualidad: si las funciones contratadas se asemejan a la constancia o cotidianidad, que conlleva el cumplimiento de un horario de trabajo o la realización frecuente de la labor, surge una relación laboral y no contractual, o sea que si se suscriben órdenes de trabajo sucesivas, que muestra el indiscutible ánimo de la administración por emplear de modo permanente y continuo los servicios de una misma persona, y no se trata de una relación o vinculo de tipo ocasional o esporá dico, es lógico concluir que nos referimos a una verdadera relación laboral.

IV. Criterio de la excepcionalidad: si la tarea acordada corresponde a actividades nuevas y éstas no pueden ser desarrolladas con el personal de planta o se requieren conocimientos especializados o de actividades que, de manera transitoria, resulte necesar io redistribuir por excesivo recargo laboral para el personal de planta, puede acudirse a la contratación pública; pero si la gestión contratada equivale al giro normal de los negocios de una empresa debe corresponder a una relación laboral y no puramente contractual.

personal de planta, puede acudirse a la contratación pública; pero si la gestión contratada equivale al giro normal de los negocios de una empresa debe corresponder a una relación laboral y no puramente contractual.

V. Criterio de la continuidad: si la vinculación se realizó mediante contratos sucesivos de prestación de servicios, pero para desempeñar funciones del giro ordinario de la administración, esto es, para desempeñar funciones de carácter permanente, la verdadera relación existente es de tipo laboral.

En ese sentido, la Corte Constitucional en Sentencia C -171 de 2012, Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva, expreso:

“En suma, de lo expuesto hasta aquí puede concluirse que el carácter de propio o permanente de la función contratada por una entidad del Estado, permite diferenciar si realmente se trata de un contrato laboral o de un contrato de prestación de servicios, ya que si la labor contratada hace parte de las funciones permanentes de la entidad o puede ser realizada por empleados de planta o no requiere conocimientos especializados, se trata en realidad de un contrato laboral aunque las partes le den el nombre y forma de contrato de prestación de servicios.

Así, la Corte ha evidenciado la existencia de una gran brecha entre la regla de prohibición de contratación de servicios de funciones permanentes de las entidades públicas y la realidad fáctica relativa a este tema, constatando al efecto la falta de eficacia real de dicha prohibición derivada de los preceptos constitucionales mencionados, ineficacia que afecta temas estructurales de73001-33-33-002-2023-00065-01

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la Carta de 1991, como los principios rectores del derecho al trabajo y de la función pública. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha reiterado de manera enfática la abierta inconstitucionalidad de “.., todos los procesos de des laboralización de las relaciones de trabajo que, a pesar de que utilizan formas … legalmente válidas, tienen como finalidad última modificar la naturaleza de la relación contractual y falsear la verdadera relación de trabajo”. (…)

En síntesis, la jurisprudencia constitucional ha sostenido la existencia de claros límites constitucionales a la contratación estatal derivados directamente de la Carta Política en sus artículos 25, 53, 123 y 125 Superiores, de manera que ésta debe respeta r prevalentemente la regla general de acceso al trabajo permanente con el Estado, de respeto por la vinculación laboral con la administración, y por tanto la prohibición respecto de la celebración de contratos de prestación de servicios cuando se trat