TA TOL - Sentencia 73001-33-33-003-2020-00102-01 (13-03-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAG. PONENTE: DR. BELISARIO BELTRÁN BASTIDAS

Ibagué, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 73001-33-33-003-2020-00102-01 (2023-1476)

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante: DELIA PATRICIA OSPINA GUZMAN

Demandado: MUNICIPIO DE IBAGUÉ

Tema: INSUBSISTENCIA CARGO DE LIBRE NOMBRAMIENTO

Y REMOCIÓN

OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación formulado por el apoderado judicial de la parte demandante, contra el fallo proferido por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, de fecha 26 de septiembre de 2023, mediante el cual, negó a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora DELIA PATRICIA OSPINA GUZMAN actuando mediante apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, instauró demanda contra EL MUNICIPIO DE IBAGU É, con el fin que se le concedieran las siguientes:

“PRETENSIONES

1. Que se declare la nulidad de los artículos décimo primero y décimo segundo del Decreto No. 1000 -0010 del 10 de enero de 2020 “Por medio del cual se hacen unos nombramientos ordinarios en la Planta de Empleos de la Administración Central Municipal”, a través el cual se nombró al señor Felipe Roberto La Rota García y se declaró

medio del cual se hacen unos nombramientos ordinarios en la Planta de Empleos de la Administración Central Municipal”, a través el cual se nombró al señor Felipe Roberto La Rota García y se declaró insubsistente a la señora Delia Patricia Ospina Guzmán en el cargo Asesor Código 105 Grado 16.

2. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene el reintegro de la accionante al cargo que venía desempeñando o a uno de iguales o mejores condiciones, cargo en el que deberá permanecer hasta la consolidación de su derecho pensional.

3. Que se declare que no h ubo solución de continuidad en la relación laboral.

4. Que se ordene el pago de salarios, prestaciones y aportes de seguridad social dejados de pagar desde el momento de la insubsistencia hasta el reintegro efectivo.Expediente: 73001-33-33-003-2020-00102-01 (2023-1476)

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5. Que se condene a la demanda al pago de las costas”.

Las anteriores pretensiones se fundamentan en los siguientes:

HECHOS

1. La señora DELIA PATRICIA OSPINA GUZMAN , identificada con la cédula de cédula de ciudadanía número 38.252.045, nació el veintisiete (27) de octubre de mil novecientos sesenta y uno (1961), al momento de la insubsistencia contaba con 58 años de edad.

2. La demandante inicialmente se vinculó labor almente al municipio de

(27) de octubre de mil novecientos sesenta y uno (1961), al momento de la insubsistencia contaba con 58 años de edad.

2. La demandante inicialmente se vinculó labor almente al municipio de Ibagué desde el 25 de agosto de 1988 al 17 de septiembre de 1989.

3. La señora DELIA PATRICIA OSPINA GUZMAN , identificada con la cédula de cédula de ciudadanía número 38.252.045, posteriormente se volvió a vincular laboralmente al municipio de Ibagué, desde el 02 de febrero de dos mil dieciséis en el cargo de Asesor Código 105 Grado 16 a través del Decreto 107 del dos (2) de febrero de dos mil dieciséis

(2016).

4. Encontrándose en el grupo de pre pensionados en fecha 20 de febrero de 2019, le solicitó al Municipio de Ibagué se procediera con destino a Colpensiones a expedirle certificado de tiempo de servicio o certificado de información laboral en los formatos CLEB P (certificados laborales para bonos pensionales), los que efectivamente le fueron expedidos.

5. La expedición de los anteriores documentos tenía como objeto actualizar su historia laboral para acceder a su pensión.

6. Desde esa época el municipio de Ibagué y la administración del momento conocía su condición de pre pensionada.

7. El primer día de labores el Alcalde del Municipio Ibagué, doctor ANDRES FABIAN HURTADO BARRERA, expidió el Decreto No. 10000010 del 01 de enero del 2020, "Por medio del cual se hace n unos nombramientos ordinarios en la planta de Empleos de la Administración Central Municipal", en donde en su artículo Décimo

0010 del 01 de enero del 2020, "Por medio del cual se hace n unos nombramientos ordinarios en la planta de Empleos de la Administración Central Municipal", en donde en su artículo Décimo primero nombra al señor FELIPE ROBERTO LA ROTA GARCIA, en el cargo que desempeñaba mi poderdante y en el artículo décimo Segundo, refiere que el nombramiento anterior implica la insubsistencia de la señora DELIA PATRICIA OSPINA GUZMAN en el cargo de Asesor Código 105 Grado 16..El anterior Decreto le fue comunicado a mi poderdante DELIA PATRICIA OSPINA GUZMAN, el día dos de enero de 2020.Expediente: 73001-33-33-003-2020-00102-01 (2023-1476)

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8. Mi poderdante se encuentra afiliada al régimen de prima media con prestación definida administrado actualmente por COLPENSIONES.

9. A la fecha de declaratoria de insubsistencia la señora DELIA PATRICIA OSPINA GUZMAN, contaba con 1.169, 28 semanas cotizadas y 58 años de edad.

10. Conforme la historia laboral de Colpensiones 1.129,28.

11. Cotizados en el Municipio de Ambalema más de 40 semanas que no ha sido posible actualizar su historia laboral, a pesar de haber instaurado tutela y haber obtenido fallo favorable, se adjunta copia de certificación de tiempo servido a ese municipio como Personera Municipal del 02 de junio de 1992 hasta el 25 d e abril de 1993, y el

tutela y haber obtenido fallo favorable, se adjunta copia de certificación de tiempo servido a ese municipio como Personera Municipal del 02 de junio de 1992 hasta el 25 d e abril de 1993, y el fallo de tutela.

12. La declaratoria de insubsistencia de su cargo se produjo faltándole cerca de 131 semanas de las 1.300 de aportes que la ley exige para obtener su pensión, que equivalen 2 años y ocho meses.

13. Conforme lo anterior la señora DELIA PATRICIA OSPINA GUZMAN, contaba con fuero de estabilidad laboral reforzada por pertenecer al grupo de pre pensionados, faltándole menos de 3 años para pensionarse.

14. El cargo desempeñado por mi poderdante al momento de la insubsistencia no tiene atribuciones de determinar política o directrices dentro de la entidad, ni es de especial confianza en niveles directivos, como tampoco de administración, manejo directo de bienes, dinero y/o valores del Estado, pues las labores asignadas son eminentem ente técnicas.

15. Contra el Decreto No.10000010 del 01 de enero de 2020 expedido por el Municipio de Ibagué y respecto del cual se solicita su nulidad parcial no procedía recurso alguno.

16. Se llevó a cabo diligencia de conciliación extrajudicial el día 14 de mayo de 2020, ante la Procuraduría 27Judicial II administrativa, como consta en la acta 81 (sic) y constancia No. 62, sin llegar a acuerdo alguno”.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

MUNICIPIO DE IBAGUÉ (Índice 016 SAMAI del Expediente Digital del Juzgado)

consta en la acta 81 (sic) y constancia No. 62, sin llegar a acuerdo alguno”.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

MUNICIPIO DE IBAGUÉ (Índice 016 SAMAI del Expediente Digital del Juzgado)

Dentro del término concedido para el traslado, se pronunció la apoderada judicial del Municipio de Ibagué, quien manifestó oposición frente a todas y cada una de las pretensiones formuladas en la demanda presentada por la señora DELIA PATRICIA OSPINA GUZMÁN. Argumentó que el cargo ocupadoExpediente: 73001-33-33-003-2020-00102-01 (2023-1476)

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4 por la accionante era de libre nombramiento y remoción, situación que permite al nominador efectuar el retiro del servidor público conforme a las facultades discrecionales previstas por la ley.

Precisó que, aún en el evento de considerar el argumento de la demandante, esta no cumplía con la condición para ser catalogada como prepensionada, pues contaba solamente con 1.122,14 semanas cotizadas al momento de la declaratoria de insubsistencia, restándole más de 219,86 semanas para cumplir el requisito legal exigido.

Propuso como excepciones de fondo las siguientes: “prescripción”, “no fundamento legal de las prestaciones reclamadas en la demanda”, “improcedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por ausencia de vicio en los actos administrativos acusados”, “inexistencia de la

fundamento legal de las prestaciones reclamadas en la demanda”, “improcedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por ausencia de vicio en los actos administrativos acusados”, “inexistencia de la obligación a cargo del Municipio de Ibagué” y “condicionamiento antijurídico de la adquisición del derecho reclamado”.

TERCERO CON INTERÉS – FELIPE ROBERTO LAROTA GARCÍA (Índice 017

SAMAI del Expediente Digital del Juzgado)

Durante el término de traslado, guardó silencio.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En sentencia proferida el día 26 de septiembre de 2023 , el Juzgado Tercero Administrativo oral del Circuito de Ibagué , negó a las pretensiones de la demanda.

Como sustento de su decisión, expresó lo siguiente: (Índice 074 SAMAI)

“(…) La parte demandante afirma que el acto administrativo atacado está viciado de nulidad, al considerar que entidad accionada no tuvo en cuenta la estabilidad laboral reforzada por su condición de prepensionada. De acuerdo con el marco jurídico de esta decisión, en principio y conforme con lo señalado en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 en su parágrafo 2°, el retiro de un empleado de libre nombramiento y remoción depende de la discrecionalidad del nominador.

Según las reglas jurisprudenciales señaladas en el marco jurídico de esta decisión, se debe estudiar si la actora ostentaba la condición de prepensionada para el momento de su desvinculación y si se vulneraron sus derechos fundamentales, particularmente la expectativa de

decisión, se debe estudiar si la actora ostentaba la condición de prepensionada para el momento de su desvinculación y si se vulneraron sus derechos fundamentales, particularmente la expectativa de pensionarse.Expediente: 73001-33-33-003-2020-00102-01 (2023-1476)

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5 Como se vio, a la fecha de la expedición del acto acusado, esto es el 1º de enero de 2000, la actora tenía 59 años 9 meses de edad y 1168 semanas cotizadas, por lo que es claro que no cumplía el requisito de semanas cotizadas para acceder a la pensión de vejez en los términos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003, que establece que para acceder a la dicha prestación las mujeres deben tener 57 años y 1300 semanas de cotización.

Al buscar la diferencia entre las semanas cotizadas que exige la norma y las efectivamente cotizadas por la accionante al 1 de enero de 2020, se sabe que le faltaban 132 semanas, lo que equivale a 2,53 años, por lo que se concluye que a la señora Delia Patricia Ospina Guzmán, para la fecha de la declaratoria de insubsistencia del cargo de Asesor , le faltaban menos de 3 años de cotización al sistema o tiempo de servicio para hacerse acreedora de la pensión de vejez; por tanto, puede decirse con toda certeza que para esa fecha ostentaba la condición de prepensionada que se afirma

de 3 años de cotización al sistema o tiempo de servicio para hacerse acreedora de la pensión de vejez; por tanto, puede decirse con toda certeza que para esa fecha ostentaba la condición de prepensionada que se afirma en la demanda, pues se itera, conforme la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional y del propio Consejo de Estado, la condición de prepensionado la tienen las personas vinculadas laboralmente que dentro de los 3 años siguientes cumplirían el número mínimo de semanas de cotización.

Ahora bien, como lo alega la entidad accionada, el cargo ocupado por la accionante era de libre nombramiento y remoción, por lo cual en principio no la haría beneficiario de la estabilidad laboral reforzada y así lo ha indicado igualmente la Corte Constitucional en sentencia citada de forma precedente, puesto que, para este tipo de servidores debe analizarse si con su desvinculación se afectaron derechos y garantías constitucionales y sus expectativas de pensionarse

En el proceso está demostrado que la señora Delia Patricia Ospina Guzmán, luego de la declaratoria de insubsistencia, ha seguido realizando aportes al sistema de seguridad social en pensión, puesto que co mo lo certifica la Administradora Colombiana de Pensiones, entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de julio de 2022 fecha para la cual se expidió esta, la demandante realizó cotizaciones con un IBC de $1.480.000; lo que significa que con su desvinculación no se le truncó la posibilidad de acceder a una pensión de vejez, ni se afectaron derechos fundamentales, por cuanto paras esa fecha tenía ya un total de 1296,57 semanas de cotización, faltándole solo 3,43 semanas, es decir menos de un mes de

acceder a una pensión de vejez, ni se afectaron derechos fundamentales, por cuanto paras esa fecha tenía ya un total de 1296,57 semanas de cotización, faltándole solo 3,43 semanas, es decir menos de un mes de cotización para cumplir con este segundo requisito de pensión, que seguramente para el momento de emitirse esta sentencia, ya se habrá completado.”.

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso de apelación manifestando que, el A Quo no tuvo en cuenta aspectos fundamentales en la valoración de las pruebas aportadas al proceso, desconociendo la situaciónExpediente: 73001-33-33-003-2020-00102-01 (2023-1476)

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6 de vulnerabilidad económica y laboral de la señora Delia Patricia Ospina Guzmán, quien gozaba del fuero de prepensionada al moment o de ser declarada insubsistente de su cargo.

Continuó argumentando que, si bien el Juzgador de primera instancia reconoció expresamente que la demandante se encontraba bajo la condición de prepensionada, procedió a negar las pretensiones de la demanda bajo el argumento de que la señora Ospina Guzmán había continuado realizando aportes a Colpensiones después de su desvinculación laboral, presumiendo erróneamente que dicha circunstancia demostraba su permanencia en el mercado laboral.

El apelante afirmó que esta conclusión carece de sustento probatori o y

aportes a Colpensiones después de su desvinculación laboral, presumiendo erróneamente que dicha circunstancia demostraba su permanencia en el mercado laboral.

El apelante afirmó que esta conclusión carece de sustento probatori o y jurídico adecuado, pues no se tuvo en cuenta que las cotizaciones posteriores a la desvinculación se hicieron sobre una base salarial significativamente inferior ($1.480.000) comparada con la que devengaba en el cargo del municipio de Ibagué ($3.678.75 6), afectando considerablemente la liquidación final de la pensión, tal como lo establece el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

En tal sentido, manifestó que la decisión recurrida incurrió en un error al inferir que los aportes posteriores demostraban est abilidad económica o laboral de la demandante, cuando en realidad estos se efectuaron con recursos proporcionados por su familia para evitar quedar desprotegida en salud y pensión, no por estar vinculada laboralmente o generando ingresos propios..

En este sentido, indicó que el Juzgador omitió valorar debidamente el impacto negativo y directo que generó la decisión arbitraria de desvinculación sobre la estabilidad económica, emocional y familiar de su representada, quien, además, enfrentó serias dificultades para reinsertarse al mercado laboral debido a condiciones estructurales como la pandemia del COVID-19 y las limitaciones propias del mercado laboral hacia las mujeres adultas mayores, hecho corroborado por la jurisprudencia constitucional (Sentencia T-052 de 2023).

Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia apelada, y en consecuencia, se reconozca el derecho de la demandante, al reintegro al cargo o a uno de

(Sentencia T-052 de 2023).

Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia apelada, y en consecuencia, se reconozca el derecho de la demandante, al reintegro al cargo o a uno de iguales o mejores condiciones, así como el pago de salarios, prestaciones y aportes de segur idad social dejados de percibir desde la desvinculación irregular hasta la fecha efectiva del reconocimiento de su pensión por parte de COLPENSIONES.Expediente: 73001-33-33-003-2020-00102-01 (2023-1476)

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TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Mediante auto del 20 de octubre de 2023, la Corporación admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante contra la sentencia del 26 de septiembre de 2023, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué. Igualmente, se indicó que, el recurso se tramitaría de acuerdo a lo previsto en el artículo 247 del CPACA modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 (Índice 00080 del Expediente Digital del Juzgado).

CONSIDERACIONES

PARTE PROCESAL

Es competente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para resolver la presente controversia, en segunda instancia tal como lo establece el artículo 153 del C.P.A.C.A.

PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a la Corporación entrar a determinar, si la señora Delia Patricia

presente controversia, en segunda instancia tal como lo establece el artículo 153 del C.P.A.C.A.

PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a la Corporación entrar a determinar, si la señora Delia Patricia Ospina Guzmán tiene derecho a ser reintegrada al cargo de Asesor Código 105 Grado 15 en la Administración Central del Municipio de Ibagué, del que fue declarada insubsistente, considerando que al momento de la desvinculación se encontraba en condición de pre -pensionada, y por tanto gozaba de estabilidad laboral reforzada, o si por el contrario, la decisión del juez de primera instancia fue acertada al negar las pretensiones, al estimar que, aunque la demandante sí ostentaba la calidad de pre -pensionada, no hubo vulneración a sus derechos fundamentales debido a que continuó realizando cotizaciones pensionales posteriores a la desvinculación, razón por la cual no se truncó su expectativa legítima de pensión.

ESTUDIO SUSTANCIAL

LA PROVISIÓN DE LOS EMPLEOS PÚBLICOS.

La Constitución Política, en su artículo 125, determina las diferentes clases de empleos públicos, siendo la regla general la carrera administrativa, y exceptuando de la misma, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y demás que la ley determine.

Dicho precepto constitucional señala igualmente que la forma de nombramiento será por concurso público y que el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de losExpediente: 73001-33-33-003-2020-00102-01 (2023-1476)

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carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de losExpediente: 73001-33-33-003-2020-00102-01 (2023-1476)

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8 requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

Por último, es claro ese precepto constitucional en determinar que el retiro del empleado procede i) por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; ii) por violación del régimen disciplinario y iii) por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.

La ley 909 de 2004 contiene las normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa y la gerencia pública, y sus disposiciones son las aplicables para la época, tanto del nombramiento como de la declaratoria de insubsistencia del demandante. En el artículo 1° de dicha Ley se establece que, hacen parte de la función pública los siguientes empleos públicos:

• Empleos públicos de carrera • Empleos públicos de libre nombramiento y remoción; • Empleos de período fijo • Empleos temporales.

A su vez, en el artículo 5 ibidem, clasifica los empleos públicos de la siguiente forma:

“Artículo 5. Clasificación de los empleos . Los empleos de los organismos y entidades regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con excepción de:

1. Los de elección popular, los de período fijo, conforme a la Constitución Política y la ley, los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones

organismos y entidades regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con excepción de:

1. Los de elección popular, los de período fijo, conforme a la Constitución Política y la ley, los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en las comunidades indígenas conforme con su legislación.

2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno

de los siguientes criterios:

a) Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices así:

(...) En la Administración Central y órganos de control del Nivel

Territorial:

Secretario General, Secretario y Subsecretario de Despacho; Veedor Delegado, Veedor Municipal, Director y Subdirector de Departamento Administrativo; Director y Subdirector Ejecutivo de Asociación de Municipios; Director y Subdirector de Área Metropolitana; Subcontralor, Vicecontralor o Contralor Auxiliar, Jefe de Control Intero o quien haga sus veces; Jefes de Oficinas Asesoras de Jurídica, de Planeación, deExpediente: 73001-33-33-003-2020-00102-01 (2023-1476)

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9 Prensa o de Comunicaciones; Alcalde Local, Corregidor y Personero Delegado.

En la Administración Descentralizada del Nivel Territorial:

Presidente; Director o Gerente; Vicepresidente; Subdirector o Subgerente; Secretario General; Jefes de Oficinas Asesoras de Jurídica,

Delegado.

En la Administración Descentralizada del Nivel Territorial:

Presidente; Director o Gerente; Vicepresidente; Subdirector o Subgerente; Secretario General; Jefes de Oficinas Asesoras de Jurídica, de Planeación, de Prensa o de Comunicaciones y Jefes de Control Interno y Control Interno Disciplinario o quien haga sus veces;

b) Los empleos cuyo ejercicio implica especial confianza, que tengan asignadas funciones de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo, que estén al servicio directo e inmediato de los siguientes funcionarios, siempre y cuando tales empleos se encuentren adscritos a sus respectivos despachos (...)"

El título cuarto de la ley 909 de 2004, preceptúa la forma de ingreso y ascenso al empleo público y la forma de proveer el mismo, en los siguientes términos:

“Artículo 23. Clases de nombramientos. Los nombramientos serán ordinarios, en período de prueba o en ascenso, sin perjuicio de lo que dispongan las normas sobre las carreras especiales.

Los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en esta ley.

Los empleos de carrera administrativa se proveerán en período de prueba o en ascenso con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito, según lo establecido en el Título V de esta ley. (...)

PARÁGRAFO 2. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las causales consagradas por la constitución política y la ley y deberá efectuarse mediante acto

ley. (...)

PARÁGRAFO 2. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las causales consagradas por la constitución política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado. La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado.”

Por último, en el artículo 41 ibidem se establecen las causales de retiro del servicio de los empleados públicos:

Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de de carrera administrativa se produce en los siguientes casos:Expediente: 73001-33-33-003-2020-00102-01 (2023-1476)

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10 a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción:

b) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado de carrera administrativa; c) Literal INEXEQUIBLE d) Por renuncia regularmente aceptada: e) Declarado CONDICIONALMENTE exequible Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez; f) Por invalidez absoluta; 9) Por edad de retiro forzoso; h) Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario;

la pensión de jubilación o vejez; f) Por invalidez absoluta; 9) Por edad de retiro forzoso; h) Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario; i) Declarado CONDICIONALMENTE exequible Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo; /) Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño del empleo, de conformidad con el artículo 50. de la Ley 190 de 1995, y las normas que lo adicionen o modifiquen; k) Por orden o decisión judicial; 1) Por supresión del empleo; m) Por muerte; n) Por las demás que determinen la Constitución Política y las leyes.

Parágrafo 2. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.

La competencia para efectuar la remoción en empleos de lib re nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado."

De todo lo anterior, se concluye que el retiro de un empleado de carácter de libre nombramiento y remoción retiro, no necesita procedimiento alguno respecto del mismo, incluso se puede retirar del cargo sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan a adoptar la decisión, sin embargo, este debe ser ejercida dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad.

ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE

OCUPAN CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN.

razonabilidad.

ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE

OCUPAN CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN.

La Corte Constitucional, en Sentencia SU -003 de 2018, fijó como regla jurisprudencia que, en general, los empleados públicos de libre nombramiento y remoción, que relaciona el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 909 de 2004, no gozan de estabilidad laboral reforzada. Lo anterior, con fundamento en las siguientes consideraciones:Expediente: 73001-33-33-003-2020-00102-01 (2023-1476)

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11 "(...) Según el primer criterio, son de libre nombramiento y remoción los empleos “de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices” (literal a) o, como los denomina el literal siguiente, “los altos funcionarios del Estado”. Esta categoría de servidores públicos, en los términos del artículo 5.2.a de la Ley 909 de 2004, integra a los empleos públicos de más alto nivel jerárquico al interior de la Rama Ejecutiva del Poder Público y de los Órganos de Control, en la administración central y descentralizada del nivel nacional, en la admin istración central y órganos de control del nivel territorial, y en la administración descentralizada del nivel territorial. Dada esta condición, les corresponde la dirección, conducción y orientación de las entidades estatales de las que hacen parte. En

nivel nacional, en la admin istración central y órganos de control del nivel territorial, y en la administración descentralizada del nivel territorial. Dada esta condición, les corresponde la dirección, conducción y orientación de las entidades estatales de las que hacen parte. En atención a su alta calidad y elevadas responsabilidades, se trata de los empleos públicos que exigen el máximo grado de confianza por parte de sus nominadores y, por tanto, de discrecionalidad en cuanto a su nombramiento y remoción.

De conformidad con el segundo criterio, son de libre nombramiento y remoción, “Los empleos cuyo ejercicio implica especial confianza, que tengan asignadas funciones de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo, que estén al servicio directo e inmediato de los altos funcionarios del Estado, siempre y cuando, tales empleos se encuentren adscritos a sus respectivos despachos” (literal b). Esta categoría incluye aquellos empleos de “especial confianza” que se encuentran “adscritos” a los despachos de algunos de los órganos que integran la primera categoría (“los altos funcionarios del Estado” ) en la administración central y descentralizada del nivel nacional, en la administración central y órganos de control del nivel territorial, y en la administración descentralizada del nivel territorial. Esta categoría, además, incluye, en la Administración Central del Nivel Nacional, algunos empleos adscritos a los despachos de algunos servidores públicos de los órganos de seguridad