TA TOL - Sentencia 73001-33-33-003-2021-00063-01 (13-03-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA MAGISTRADO PONENTE: LUÍS EDUARDO COLLAZOS OLAYA Ibagué, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

RADICACIÓN: 73001-33-33-003-2021-00063-01

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: MARIBEL RIVEROS BARRERO - OTROS

APODERADO: DAYANA ALEJANDRA PADILLA MOSCOSO

DEMANDADO: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

APODERADO: ANDRÉS FELIPE LONDOÑO CLAVIJO

DEMANDADO: MUNICIPIO DE SAN LUIS

APODERADO: ABEL RUBIANO ACOSTA

TEMA: LESIONES POR ACCIDENTE TRÁNSITO

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia del 27 de mayo de 2024, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

La parte demandante, en ejercicio del medio de control de reparación directa, mediante apoderado, promovió demanda en contra del Departamento del Tolima y el Municipio de San Luis - Tolima, con el fin de que se declaren responsables por los perjuicios materiales, morales y daño a la vida en relación causados a los demandantes con ocasión del fallecimiento de William Ducuara en un ac cidente ocurrido el 2 de febrero de 2019, cuando este se movilizaba en su motocicleta en la vía que comunica el Municipio de Ortega con el Municipio de San Luis, a la altura del puente ubicado sobre el canal de

cuando este se movilizaba en su motocicleta en la vía que comunica el Municipio de Ortega con el Municipio de San Luis, a la altura del puente ubicado sobre el canal de Usocoello entre la Veredas Luisa García y Cordialidad.

Que se ordene a las demandadas reconocer a los demandantes los perjuicios morales, materiales y daño a la vida en relación, por la muerte de William Ducuara.

Que se ordene la indexación de las sumas reconocidas y el cumplimiento de la sentencia en los términos establecidos en el CPACA.

2. HECHOS

Los que tienen relevancia jurídica son los siguientes:

2.1 El 2 de febrero de 2019, se esperaba la llegada de William Ducuara a su casa luego de definir unos contratos que le iban a adjudicar en el municipio de Ortega; sin embargo, ese día no llegó a su vivienda.

2.2 Que Maribel Riveros Barrero, en su condición de compañera permanente de Willian Ducuara al advertir que este no llegó a su vivienda ubicada en la vereda Caracolí del municipio de San Luis, llamó a su suegro para ponerle en conocimiento lo ocurrido.

2.3 El 4 de febrero de 2019, Maribel Riveros Barrero en compañía de algunos familiares decidió inic iar la búsqueda de su comp añero permanente y el 5 de febrero de 2019, decidió informar sobre la desaparición a la Fiscalía del Municipio del Guamo.Radicación: 73001-33-33-003-2021-00063-01

Acción: Reparación Directa

Demandante: Maribel Riveros Barrero -otros Demandado: Departamento del Tolima Página 2 de 15

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2.4 El 6 de febrero de 2019, aproximadamente a las 6:00 pm, se informó a los familiares que se encontró un cuerpo entre la canal de usocoello y la quebrada de Paujil cerca del municipio del Guamo, y que había un 6% de posibilidad que fuera William Ducuara; quien posteriormente fue reconocido por su compañera permanente.

2.5 Que del dictamen de Medicina Legal, se logra inferir que William Ducuara, se había caído en la vía que conduce del municipio de Ortega al municipio de San Luis, a la altura del puente ubicado sobre el canal de usocoello entre las veredas Luisa García y Cordialidad; por lo que al dirigirse al lugar encuentran la motocicleta dentro del canal, por lo que se infiere que la víctima cayó al precipicio al no encontrar señales ni barreras que lo contuvieran,

2.6 Que el puente ubicado entre las veredas Luisa García y Cordialidad en la vía que comunica el Municipio de O rtega con el municipio de San Luis – Tolima, no cuenta con unas barandas de seguridad extensas y adecuadas.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

3.1 MUNICIPIO DE SAN LUIS – TOLIMA

Sostuvo que no demostró los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado en la falla del servicio alegada, más aún, cuando no existe sustento técnico alguno al no haber informe de accidente de tránsito que demuestre la causa del siniestro, tampoco se demostró que la causa del accidente fue la falta de señalización o de mantenimiento de

haber informe de accidente de tránsito que demuestre la causa del siniestro, tampoco se demostró que la causa del accidente fue la falta de señalización o de mantenimiento de la vía, pudiendo presentarse una o más causas distintitas a las alegadas en la demanda, tales como impericia en la conducción, exceso de velocidad, un desperfecto mecánico del velocípedo, o incluso un posible estado de embriaguez del conductor.

Por lo anterior, solicitó se nieguen las pretensiones de la demanda.

3.2 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Sostuvo que los daños causados no se originaron por falla en el servicio donde tuviera responsabilidad la entidad territorial, por acción o por omisión.

Que en el informe de necropsia, es razonable inferir que William Ducuara cayó al canal y falleció por ahogamiento en el agua, al menos 36 horas antes de las 08:27 horas del 7 de febrero de 2019 y que, independientemente de la fecha y hora real del deceso, no existe relación causal entre el mismo y e l estado de la vía o del paso sobre el canal; además, que se desconoce el estado anímico, mental o de salud de la víctima al momento de transitar por ella.

Por lo anterior, solicitó se nieguen las pretensiones.

4. SENTENCIA IMPUGNADA

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, el día 27 de mayo de 2024, negó las pretensiones de la demanda, tras considerar que no se demostró la responsabilidad estatal de las entidades territoriales demandadas por el daño consistente en la muerte de William Ducuara (q.e.p.d.) ocurrida el 3 de febrero de 2019 y que fue

responsabilidad estatal de las entidades territoriales demandadas por el daño consistente en la muerte de William Ducuara (q.e.p.d.) ocurrida el 3 de febrero de 2019 y que fue consecuencia de un accidente de tránsito que acaeció entre la noche del 2 y el 3 de febrero de 2019, dado que no se demostraron las circunstancias en las que se produjo el hecho dañoso, al no existir pruebas que permitan establecer cómo ocurrió el accidente que sufrió la víctima, tampoco se demostró un nexo causal de las acciones y omisionesRadicación: 73001-33-33-003-2021-00063-01

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que se achacan a las demandadas con el daño como elemento determinante de la responsabilidad.

5. RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante en el recurso de apelación indicó que se debería dar aplicación al principio de concausalidad, pues, si bien no existe certeza de cómo ni a qué hora se produjo el accidente es claro que existe un daño y que existe una falla en el servicio por parte de la administración, más aún, si se tiene en cuenta que en el puente que comunica las veredas Luisa García y Cordialidad no existen barandas de protección previas al ingreso del mismo, ni ningún tipo de seña lización y/o iluminación que advirtiera del mismo, motivo por lo cual se le debe atribuir cierto grado de responsabilidad a la administración, porque el señor William Ducuara (Q.E.P.D.) sufrió un accidente de tránsito a la altura del puente en mención, y s i hubiesen existido unas barandas de

mismo, motivo por lo cual se le debe atribuir cierto grado de responsabilidad a la administración, porque el señor William Ducuara (Q.E.P.D.) sufrió un accidente de tránsito a la altura del puente en mención, y s i hubiesen existido unas barandas de protección y/o una señal que advirtiera del puente, muy seguramente estaría con vida.

Que el daño pudo haber resultado de dos causas, por un lado la falla de la administración, por ausencia de señalización y barandas de protección al ingreso del puente y por otro la falta de elementos de protección personal por parte del fallecido William Ducuara, es así como concurren la falla en el servicio de la administración y el actuar culposo de la víctima, caso en el cual no se puede exonerar de responsabilidad al Estado, ya que se estaría hablando de concurrencia de culpas y simplemente se disminuiría el quantum de la indemnización más no se exoneraría a la administración de su responsabilidad.

Por lo anterior, solicitó se revoque la sentencia apelada y se acceda a las pretensiones.

6. TRÁMITE PROCESAL

El proceso fue radicado en esta Corporación el 20 de agosto de 2024. Mediante auto del día 12 de septiembre de 2024, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

El trámite del recurso de apelación se surtió, de conformidad con lo establecido en el artículo 247 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

7. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA SALA

7.1. COMPETENCIA

Es competente el Tribunal Administrativo del Tolima para conocer del presente asunto,

7. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA SALA

7.1. COMPETENCIA

Es competente el Tribunal Administrativo del Tolima para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto por el artículo 73 y siguientes de la Ley 270 de 1996 y por los artículos 153 y 243 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el art. 328 del CGP.

7.2. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde determinar, si

1. Se encuentra acreditado el daño antijurídico alegado por la parte demandante con ocasión a un accidente de tránsito; ii) Si se demostraron las causas que originaron el accidente de tránsito, y en caso afirmativo, iii) si las demandadas son responsables administrativa y patrimonialmente del daño sufrido por los demandantes, el día 2 de febrero de 2019, con ocasión a un accidente, o, si por el contrario, no existe prueba que permita endilgar responsabilidad alguna.Radicación: 73001-33-33-003-2021-00063-01

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7.3. TESIS DE LA SALA

La sala confirmará la sentencia apelada, en el sentido de negar las pretensiones.

En este asunto, la demandante no logró demostrar que la causa determinante del accidente fue la falta de señalización o barandas en el puente ubicado sobre el canal de riego de Usocoello. Conforme a lo anterior, no todas las circunstancias que anteceden a la producción del

accidente fue la falta de señalización o barandas en el puente ubicado sobre el canal de riego de Usocoello. Conforme a lo anterior, no todas las circunstancias que anteceden a la producción del daño son causas directas del mismo, es decir, que en este caso era necesari o que el demandante demostrara que la falta de señalización y barandas sobre en el puente ubicado sobre el canal de riego de Usocoello, fueron las causas determinantes, adecuadas o eficientes que produjeron el perjuicio alegado, sin que obre en el proceso prueba que conlleve a esa conclusión. Cabe precisar, que el accidente sufrido por William Ducuara, pudo ocurrir por varias causas, pues la conducción de vehículos ha sido considerada una actividad peligrosa, lo cual lleva implícito un alto riesgo1. En este sentido, se advierte que a la parte actora no le bastaba con acreditar la existencia de un daño, sino que le correspondía, a partir del empleo de todos los medios de convicción a su disposición, acreditar que el accidente fue producto de la acción u omisión de la entidad demandada, lo cual, como se indicó en precedencia, no ocurrió.

7.4. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A partir de la Constitución Política de 1991, las entidades públicas deben responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que causen por acción u omisión siempre que les sean imputables 2, y no es que anteriormente no respondieran, es sólo que con su vigencia, ella dispuso en un articulado ese sentido.

Nuestro órgano de cierre3 aduce que “Esta norma, que se erige como el punto de partida en la estructura de la responsabilidad Estatal en Colombia, afinca sus raíces en los pilares

su vigencia, ella dispuso en un articulado ese sentido.

Nuestro órgano de cierre3 aduce que “Esta norma, que se erige como el punto de partida en la estructura de la responsabilidad Estatal en Colombia, afinca sus raíces en los pilares fundamentales de la conformación del Estado Colombiano, contenidos en el artículo 1 superior, a saber, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las pers onas que la integran y en la prevalencia del interés general”. De igual forma, con ponencia de Jaime Orlando Santofimio, en sentencia del 09 de mayo de 2011, radicación No.: 54001-23-31000-1994-08654-01(19976), expresó:

“Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública tanto por la acción, como por la omisión. Dicha imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar: i) la atribución conforme a un deber

1 Ver sentencia Consejo de Estado del 2 de marzo de 2017, radicación No. 47001-23-31-000-2007-00414-01. 2 La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades,

administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Corte Constitucional, Sentencia C -333 de 1996. Postura que fue seguida en la sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, sentencia C-892 de 2001. 3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, C.P.: Olga Mélida Valle De La Hoz, en sentencia del 30 de enero de 2013, radicación No.: 25000-23-26-000-2001-01156-01(25573).Radicación: 73001-33-33-003-2021-00063-01

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jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados

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jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el prece dente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio –simple, presunta y probada-; daño especial –desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal-; riesgo excepcional), y; adicionalmente a lo anterior, resulta relevante tener en cuenta los aspe ctos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado.

(…)

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad, según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica. Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”.

En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva, título autónomo que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”. Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico -jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rec hazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo

que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rec hazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”.

Esto, sin duda, es un aporte que se representa en lo considerado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”. Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no.”

En consecuencia, se hace necesario dilucidar en el caso concreto si se configuran los elementos legales para que surja el deber del Estado de responder, esto es, el daño antijurídico, la imputabilidad del mismo al demandado y el nexo causal entre uno y otro.

7.4.1 El daño ha sido tradicionalmente entendido como aquel menoscabo o detrimento que sufre una persona y que puede ser patrimonial o extrapatrimonial; sin embargo, para que genere responsabilidad debe ser: cierto, personal y antijurídico. Es cierto cuando efectivamente ocurre de tal suerte que el hipotético no puede ser indemnizado . Así mismo, cuando se menciona que sea personal, se refiere que sólo su víctima está legitimada para la reclamación. El Consejo de Estado4 ha señalado: “El concepto del daño antijurídico cuya definición no se encuentra en la Constitución ni en la ley, sino en la

legitimada para la reclamación. El Consejo de Estado4 ha señalado: “El concepto del daño antijurídico cuya definición no se encuentra en la Constitución ni en la ley, sino en la doctrina española, particularmente en la del profesor Eduardo García de Enterría, ha sido reseñado en múltiples sentencias desde 1991 hasta épocas más recientes, como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.”

4 Sección Tercera, Subsección A, C. P.: Hernan Andrade Rincón, en sentencia del 26 de mayo 2011, radicación No.: 19001-23-31-000-1998-03400-01(20097),Radicación: 73001-33-33-003-2021-00063-01

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En otro fallo 5 indicó: “ En cuanto al daño antijurídico, debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho”, y que la “Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los p rincipios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración”.

El precedente jurisprudencial constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (Art.

Administración”.

El precedente jurisprudencial constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (Art. 1º) y la igualdad (Art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución ”6. En efecto, el daño antijurídico se concibe como aquel que la víctima no está obligada a soportar y por tanto, resulta jurídico si se constituye en una carga pública, o, antijurídico si es consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del d erecho legalmente protegido, dando como resultado el no tener el deber legal de soportarlo.

7.4.2. De la imputación. Al respecto se ha distinguido entre la imputación fáctica (imputatio facti) y la imputación jurídica (imputatio iure) con el objeto de determinar quién debe entrar a resarcir el daño causado. Así, Enrique Gil Botero, en el salvamento de voto que hace a la sentencia del 26 de mayo de 20107 expresó:

“Ahora bien, en materia del llamado nexo causal, debe precisarse una vez más que este constituye un concepto estrictamente naturalístico que sirve de soporte o elemento necesario a la configuración del daño, otra cosa diferente es que cualquier tipo de anál isis de imputación, supone, prima facie, un estudio en términos de atribuibilidad material (imputatio facti u objetiva), a partir del cual se determina el origen de un específico resultado que se adjudica a un obrar – acción u omisión-, que podría interpretarse como causalidad material, pero que no lo es jurídicamente hablando porque pertenece al concepto o posibilidad de

determina el origen de un específico resultado que se adjudica a un obrar – acción u omisión-, que podría interpretarse como causalidad material, pero que no lo es jurídicamente hablando porque pertenece al concepto o posibilidad de referir un acto a la conducta humana, que es lo que se conoce como imputación.

No obstante, lo anterior, la denominada imputación jurídic a (imputatio iure) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a lo s diferentes sistemas o regímenes de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política8.”

El Estado, entonces, es responsable extracontractualmente una vez se haya configurado la existencia de un daño antijurídico y la imputación del mismo desde el punto de vista fáctico y jurídico y, siempre y cuando se predique el nexo de causalidad entre estos.

7.5. PRESUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD EN EL CASO CONCRETO

7.5.1. EL DAÑO ANTIJURÍDICO

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, C.P.: Jaime Orlando Santofimio, en sentencia del 09 de mayo de 2011, radicación No.: 54001-23-31-000-1994-08654-01(19976). 6 Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001.

Santofimio, en sentencia del 09 de mayo de 2011, radicación No.: 54001-23-31-000-1994-08654-01(19976). 6 Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001. 7 Radicación No. 05001-23-26-000-1994-02405-01(18590) C.P.: Dr. Mauricio Fajardo Gómez, 8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 12 de 1993, expediente 7622, M.P. Carlos Betancur Jaramillo.Radicación: 73001-33-33-003-2021-00063-01

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El daño antijurídico es entendido como la lesión que una persona no tiene el deber jurídico de soportar, y es uno de los presupuestos que estructuran la responsabilidad del Estado, común a todos los regímenes (falla del servicio, presunción de falla, daño especial, trabajos públicos, etc), a tal punto que la ausencia de éste elemento imposibilita el surgimiento de la responsabilidad endilgada, lo que naturalmente significa que se hace imposible la declaración de responsabilidad a cargo del Estado.

Ahora bien, para que el daño sea resarcible o indemnizable la doctrina y la jurisprudencia han establecido que debe reunir las características de cierto, concreto o determinado y personal.

Sobre el tema nos ilustra el profesor Juan Carlos Henao Pérez, que:

“(…) para que se declare la responsabilidad es menester que se presenten en forma concurrente una falla del servicio, un daño y una relación de causalidad

personal.

Sobre el tema nos ilustra el profesor Juan Carlos Henao Pérez, que:

“(…) para que se declare la responsabilidad es menester que se presenten en forma concurrente una falla del servicio, un daño y una relación de causalidad entre uno y otro9. (…) Si no hubo daño o no se puede determinar o no se le pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la conducta del actor resultará necio e inútil. (…) De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la ma teria, tanto teórica como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuya falta resulta inoficiosa cualquier acción indemnizatoria. (…) El daño es, entonces, el primer elemento de la responsabilidad, y de no estar presente torna inoficioso el estudio de la misma, por más que exista una falla del servicio. (…) Primero se ha de estudiar el daño, luego la imputación y, finalmente, la justificación del porqué se debe reparar, esto es, el fundamento. (…) El daño deber ser probado por quien lo sufre, so pena de que no proceda su indemnización. (…) El demandante no puede limitarse, si quiere sacar avante su pretensión, a hacer afirmaciones sin respaldo probatorio”10

En relación con el daño que originó el presente medio de control, esto es, el fallecimiento de William Ducuara en un accidente ocurrido el 2 de febrero de 2019, cuando este se movilizaba en su motocicleta en la vía que comunica el Municipio de Ortega con el Municipio de San Luis, a la altura del puente ubicado sobre el canal de Usocoello entre

movilizaba en su motocicleta en la vía que comunica el Municipio de Ortega con el Municipio de San Luis, a la altura del puente ubicado sobre el canal de Usocoello entre la Veredas Luisa García y Cordialidad, se aportó al proceso, el registro civil de defunción No. 0626386211 y el informe pericial de necropsia No. 2019010173001000076 de Instituto de Medicinal Legal12.

En el informe pericial de necropsia No. 2019010173001000076 de Instituto de Medicina Legal, se consignó:

“(…) INFORMACIÓN DISPONIBLE AL MOMENTO DE INICIAR LA

NECROPSIA Datos del acta de inspección: Resumen de hechos: Según acta de inspección técnica a cadáver realizada en el Guamo el 06 -02-2019 a las 17:16, de un cuerpo encontrado en la quebrada en inmersión En la vereda Serrezuela Paujil, del municipio del Guamo, con

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de septiembre de 1993, C. P.: Daniel Suárez Hernández, exp.: 8298 10 HENAO PÉREZ, Juan Carlos. El Daño Análisis Comparativo de la Responsabilidad Extracontractual del Estado en Derecho Colombiano y Francés. Ed. Universidad Externado de Colombia. 2010. Págs. 35 – 40. 11 Ver página 33 del documento demanda y anexos – expediente digital, índice 4 aplicativo SAMAI 12 Ver páginas 36-40 del documento demanda y anexos – expediente digital, índice 4 aplicativo SAMAIRadicación: 73001-33-33-003-2021-00063-01

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Demandante: Maribel Riveros Barrero -otros

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extensas áreas de piel esfaceladas principalmente en cráneo, cara y mano izquierda, con perdi da de pelo y enfisematoso, atado con un lazo de la extremidad superior derecha para que la corriente de la quebrada no se lo llevara (…)

ANALISIS Y OPINION PERICIAL Según el acta de inspección se trata de un cuerpo de sexo masculino sin vida en estado de descomposición en fase enfisematosa, encontrado en la quebrada de la vereda Serrezuela Paujil del municipio del Guamo. Identificado fehacientemente mediante carta dental, realizada por la odontóloga Forense María del Pilar Cabrera, como WILLIAM DUCUARA. Du rante la necropsia se encuentra un hombre adulto, que mide entre 175-185 cm de talla y 80-90 kg de peso, de contextura robusto, en decubito supino, completo, en fase enfisematosa de descomposición, vestido con una pantal6n y extensas áreas de piel esfacela das principalmente en cráneo, cara y mano izquierda y exposici6n de hueso, músculos pálidos, tendones, que pueden corresponder a cambios por depredadores acuáticos. No se observan signos de trauma premortem, luchas o defensa. Los órganos toraco-abdominales con cambios por lisis, la vía aérea con arena, los pulmones con aumento del peso y tamaño, los cuales se encuentran edematosos que le ocasionan una obstrucción de la vía aérea con anoxia cerebral y su muerte. (…)

lisis, la vía aérea con arena, los pulmones con aumento del peso y tamaño, los cuales se encuentran edematosos que le ocasionan una obstrucción de la vía aérea con anoxia cerebral y su muerte. (…)

Probable causa básica de muerte: Anoxia cerebral por sumersión. Manera de muerte: violenta a determinar.”

Así las cosas, se tiene acreditado el daño en el presente caso, esto es, el fallecimiento de William Ducuara, por anoxia cerebral por sumersión. 7.5.2. IMPUTACIÓN Y CASO CONCRETO En el sub judice la parte actora pretende que se declaren a las demandadas responsables administrativa y patrimonialmente por los perjuicios materiales, morales y daño a la vida en relación causados a los demandantes con ocasión del fallecimiento de William Ducuara en un accidente ocurrido el 2 de febrero de 2019, cuando este se movilizaba en su motocicleta en la vía que comunica e