TA TOL - Sentencia 73001-33-33-003-2022-00333-01 (22-05-2025)

Ibagué, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación No. Interno No.

73001-33-33-003-2022-00333-01 0239-2024 Medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante Odilia Jackeline Alcazar Corrales Demandado

Tema NaciónMinisterio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del MagisterioFomag Sanción Moratoria

I. ASUNTO A DECIDIR De conformidad con lo establecido en los artículos 153 y 243 del C. de P.A y de lo C.A., procede esta Sala Oral a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la NaciónMinisterio de Educación - Fondo Nacional de Presta ciones Sociales del Magisterio en contra de la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2023 por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral del

Circuito de Ibagué.

II. ANTECEDENTES

1. Pretensiones1.

“DECLARACIONES:

1. Declarar la nulidad del Acto administrativo contenido en el oficio No. TOL2022EE013483 del 09 de mayo de 2022, notificado el mismo día, mes y año, en cuanto la NaciónMinisterio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Tolima, negó el reconocimiento y pago de la SANCIÓN MORA a mi mandante establecida en la Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados a partir del día siguiente al vencimiento de los setenta (70) días hábiles cursados desde

Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados a partir del día siguiente al vencimiento de los setenta (70) días hábiles cursados desde el momento en que se radicó la solicitud de la cesantía ante la demanda y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma.

2. Declarar que mi representado (a) tiene derecho a que la Nación-Ministerio de Educación NacionalFondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, le reconozca y pague la SANCIÓN POR MORA establecida en la Ley 1071 de 2006 equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, co ntados a partir del día siguiente al vencimiento de los setenta (70) días hábiles causados desde el momento en que se radicó la solicitud de la cesantía ante la demandada y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma, por el periodo pendiente por rec onocer y pagar el cual no fue objeto de conciliación comprendido entre el 01 de enero de 2020 y el 19 de febrero de 2022, equivalente a 780 días de mora.

A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

1. Condenar a la Nación-Ministerio de Educación NacionalFondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a que se le reconozca y pague la SANCIÓN POR MORA establecida en la Ley 1071 de 2006 equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados a partir del día siguiente al vencimiento de los setenta (70) días hábiles

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retardo, contados a partir del día siguiente al vencimiento de los setenta (70) días hábiles

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causados desde el momento en que se radicó la solicitud de la cesantía ante la demandada y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma, por el periodo pendiente por reconocer y pagar el cual no fue objeto de conciliación comprendido entre el 01 de enero de 2020 y el 19 de febrero de 2022, equivalente a 780 días de mora.

2. Condenar a la Nación-Ministerio de Educación NacionalFondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al reconocimiento y pago de los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de la SANCIÓN MORATORÍA referida en el numeral anterior, de conformidad con el artículo 187 del C.P. A.C.A., aplicando la formula aceptada por el Consejo de Estado para ajustar su valor, esto es, cuando termina su causación se consolida una suma total, ese valor total, es objeto de aj uste desde la fecha en que cesa la mora, es decir a partir del 19 de febrero de 2022, hasta la ejecutoria de la sentencia.

3. Condenar a la Nación-Ministerio de Educación NacionalFondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a que dé cumplimiento al fallo, en los términos de los artículos 192

de la sentencia.

3. Condenar a la Nación-Ministerio de Educación NacionalFondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a que dé cumplimiento al fallo, en los términos de los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 del 2011 C.P.A.C.A., esto es, una vez ejecutoriada la sentencia, se generan intereses, según los dispuesto en los artículos en mención.

4. Condenar en costas a la Nación -Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio”.

2. Fundamentos fácticos.

• El 2 de abril de 2019, la señora Odilia Jackeline Alcazar Corrales radicó solicitud de reconocimiento y pago de la cesantía a que tenía derecho con ocasión a su labor como docente en los servicios educativos estatales en el Departamento del Tolima.

• Por lo anterior, a través de la Resolución No. 0387 del 30 de enero de 2020 le fue reconocida la cesantía solicitada.

• Empero, el pago de prestación peticionada a favor de la actora solo se produjo hasta el 19 de febrero de 2022.

• No obstante, la Nación - Ministerio de Educación Nacional - FOMAG efectuó un pago parcial por la suma de $7.839.978 el 6 de junio de 2022, por concepto de sanción moratoria por el periodo comprendido entre el 2 de noviembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, quedando pendiente un valor por reconocer y pagar, equivalente a la suma de $116.031.674.

• Ante el no pago de la sanción mora por el periodo pendiente, la actora, por medio de

pendiente un valor por reconocer y pagar, equivalente a la suma de $116.031.674.

• Ante el no pago de la sanción mora por el periodo pendiente, la actora, por medio de reclamación administrativa con radicado TOL2022ER010671 del 23 de marzo de 2022, solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria a la entidad demanda, misma que se resolvió negativamente mediante acto administrativo contenido en el Oficio No. TOL2022EE013483 del 9 de mayo de 2022 a través de la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del

Tolima.

• En consecuencia y con el objetivo de cumplir con el requisito de procedibilidad, se efectuó audiencia de conciliación, mediante la cual la Nación - Ministerio de Educación NacionalFOMAG, presentó fórmula conciliatoria parcial respecto de la mora generada durante el año 2019, por lo que, los parámetros de la propuesta obedecieron al periodo moratoria comprendido entre el 18 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, equivalente 167 día de mora.73001-33-33-003-2022-00333-01

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• A pesar de lo anterior, respecto del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 19 de febrero de 2022, no se logró acuerdo conciliatorio razón por la cual, existe un periodo de mora pendiente por ser reconocido y pagado.

3. Contestación de la demanda.

de febrero de 2022, no se logró acuerdo conciliatorio razón por la cual, existe un periodo de mora pendiente por ser reconocido y pagado.

3. Contestación de la demanda.

• Nación-Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

Magisterio2. Admitida la demanda, el vocero judicial de la entidad demandada descorrió oportunamente su traslado oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones incoadas por la actora, indicando que, de acuerdo con los artículos 57 de la Ley 1955 de 2019 y 2.4.4.2.3.2.28. del Decreto 942 de 2022 le está prohibido utilizar sus recursos para el pago de la indemnización económica solicitada, con relación a ello, sostuvo que la sanción mora sobre la cual se pretende su reconocimiento y pago al corresponder a la vigencia 2020 no puede ser reconocida por medio de los títulos de tesorería administrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En suma, respecto de la imposibilidad para responder por las pretensiones resaltó la necesidad de vincular a la Secretaría de Educación del Tolima pues, de conformidad con el ya mencionado artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, es esta entidad territorial la responsable de la causación de la mora; en consecuencia, solicitó sea desvinculado el FOMAG de la controversia. Con el ánimo de fundamentar su oposición, propuso como excepciones previas (i) falta de integración del litisconsorcio necesario, resaltando que debe vincularse al ente territorial Secretaría de Educación del Tolima con el fin de que se establezca la responsabilidad respecto de la causación y pago de la sanción moratoria y, (ii) ineptitud sustancial de la demanda por falta de legitimación en la causa por

del Tolima con el fin de que se establezca la responsabilidad respecto de la causación y pago de la sanción moratoria y, (ii) ineptitud sustancial de la demanda por falta de legitimación en la causa por pasiva del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio para el pago de la sanción moratoria, toda vez que la modificación normativa introducida traslada cualquier obligación de pago derivada del retardo en el pago de las cesantías a la entidad territorial certificada. Aunado a la anterior, como excepciones de mérito formuló (i) inexistencia de la obligación, (ii) cobro de lo no debido (iii) ausencia del deber de pagar sanción por parte del FOMAG, (iv) falta de legitimación en la causa por pasiva del FOMAG, para asumir condenas por sanción mora, posteriores al 31 de diciembre de 2019 y, (v) reconocimiento oficioso o genérica.

4. La sentencia apelada3.

El 19 de diciembre de 2023, el Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral del Circuito de Ibagué procedió a dictar sentencia de primera instancia , en la que declaró la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. TOL2022EE013483 del 09 de mayo de 2022, por medio del cual la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio negó el reconocimiento y pago de la sanción mora a favor de la accionante, para tal efecto tuvo en cuenta las siguientes apreciaciones: Partiendo del análisis fáctico, la instancia determinó que la Secretaría de Educación del Departamento del Tolima, no expidió oportunamente el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías

siguientes apreciaciones: Partiendo del análisis fáctico, la instancia determinó que la Secretaría de Educación del Departamento del Tolima, no expidió oportunamente el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías parciales de la accionante dentro del plazo de 15 días previsto en el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006, como quiera que la solicitud de reconocimiento fue presentada el 2 de abril de 2019 y el acto administrativo fue expedido hasta el 30 de enero de 2020, habiendo transcurrido más de 9 meses. En ese sentido y partiendo de que el acto administrativo fue expedido por fuera del término de ley, el a-quo determinó que se produjeron 947 días de retardo en el pago de las cesantías, pues la solicitud fue radicada el 2 de abril de 2019 y su pago solo se dio hasta el 19 de febrero de 2022. Ahora bien, teniendo en cuenta que la conciliación prejudicial celebrada entre las partes logró un acuerdo parcial por el periodo comprendido entre el 18 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, por un total de

2 Índice de descarga 8 expediente juzgado SAMAI. 3 Índice de descarga 4 SAMAI.73001-33-33-003-2022-00333-01 0239-2024 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Odilia Jackeline Alcazar Corrales NaciónMinisterio de EducaciónFondo Nacional de Prestaciones Sociales del MagisterioFomag

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167 días , estableció que, sobre los 780 días restantes de mora se produjo una sanción correspondiente a $101.917.350 toda vez que, la asignación básica percibida en el año 2019 por la

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167 días , estableció que, sobre los 780 días restantes de mora se produjo una sanción correspondiente a $101.917.350 toda vez que, la asignación básica percibida en el año 2019 por la demandante fue de $3.919.898, y un salario diario de $130.663,27. Por otra parte , respecto al retardo en la expedición del acto de reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación del Departamento del Tolima señaló que, la Resolución 0837 del 30 de enero de 2020 da cuenta de que el 13 de mayo de 2019 fue enviad o a la fiduprevisora el proyecto de resolución, el cual fue devuelto el 4 de junio de 2019 con el estado negado y, fue nuevamente remitido el 23 de julio de 2019, en consecuencia solo se remitió hoja digitalizada de fecha de estudio solo hasta el 16 de enero de 2020, con estado “aprobada”. A partir de lo anterior, estimó que la NaciónMinisterio de EducaciónFondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se excedió en los términos de la ley para la gestión a cargo de la sociedad fiduciaria en las solicitudes del reconocimiento de cesantías, pues de acuerdo con el Decreto 1271 de 2018, en concordancia con el artículo 57 de Ley 1955 de 2019, esta última contaba con 5 días hábiles siguientes al recibo del proyecto de acto administrativo de reconocimiento de cesantías parciales o definitivas para impartir su aprobación o desaprobación, situación que no acaeció pues, no solo se sabe que transcurrieron 15 días hábiles desde que le fue enviado el proyecto de resolución por parte

definitivas para impartir su aprobación o desaprobación, situación que no acaeció pues, no solo se sabe que transcurrieron 15 días hábiles desde que le fue enviado el proyecto de resolución por parte del ente territorial (13/05/2019), hasta el estudio realizado el 4 de junio de 2019 por el cual se negó la prestación solicitada; sino que además, habiéndose enviado nuevamente el 23 de julio de 2019, esta únicamente remitió hoja digitalizada de fecha de estudio el 16 de enero de 2020, transcurridos casi seis meses. En ese sentido, indicó que, la entidad demandada no logró comprobar que la mora no le fuera atribuible siendo ello injustificable que solo hasta el 19 de febrero de 2022 se hayan puesto a disposición de la demandante las cesantías reconocidas mediante la Resolución 0387 del 30 de en ero de 2020; resaltando que si bien la entidad territorial sobrepasó algunos de los términos conferidos por el Decreto 1272 de 2018 en el proceso de reconocimiento de cesantías de la demandante, resulta más que evidente que la mora en el pago de las cesant ías de la docente obedece al incumplimiento de los plazos previstos para la aprobación o desaprobación del proyecto de acto administrativo que en ese entonces era paso obligado, así como el previsto para el pago correspondiente, por parte del FOMAG. Finalmente, hace claridad en que, si bien la mora se causó con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1955 de 2019, el parágrafo de su artículo 57 determina la responsabilidad del ente territorial del pago de la sanción mora en el pago de las ces antías, esta se hace efectiva única mente en los

de la Ley 1955 de 2019, el parágrafo de su artículo 57 determina la responsabilidad del ente territorial del pago de la sanción mora en el pago de las ces antías, esta se hace efectiva única mente en los eventos en que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago por parte de la correspondiente Secretaría de Ed ucación; y que, pese a que el articulado en cita prohíbe expresamente el pago de indemnizaciones a cargo del FOMAG, la naturaleza penalizadora de la sanción moratoria no es equivalente a una indemnización, pues pretende sancionar la inacción de la entidad encargada de realizar el pago, por lo cual, en el presente caso es responsable el FOMAG por los 780 días de mora no conciliados.

5. Fundamentos de la impugnación4.

Oportunamente, el vocero judicial de la Nación - Ministerio de Educación Nacional - FOMAG, recurrió la sentencia de primer grado, mediante la cual, el Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, accedió a las pretensiones de la demanda, y, en consecuencia, declaró la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. TOL2022EE013483 del 09 de mayo de 2022, por medio del cual la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio negó el reconocimiento y pago de la sanción mora a favor de la accionante, y se le condenó al pago de la sanción moratoria en los términos de la Ley 1071 de 2006. Con el fin de sustentar su inconformidad, indicó que conforme a la entrada en vigencia de la Ley 1955

de la sanción moratoria en los términos de la Ley 1071 de 2006. Con el fin de sustentar su inconformidad, indicó que conforme a la entrada en vigencia de la Ley 1955 de 2019 la responsabilidad en el pago de la sanción mora quedó a cargo del Ministerio de Educación Nacional pero solo hasta el 31 de diciembre de 2019 y, que es a partir de esa fecha que esta recae de

4 Índice de descarga 5 folio 278 a 300.73001-33-33-003-2022-00333-01 0239-2024 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Odilia Jackeline Alcazar Corrales NaciónMinisterio de EducaciónFondo Nacional de Prestaciones Sociales del MagisterioFomag

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forma individual o divisible a cargo de la entidad territorial y de la entidad fiduciaria encargad a de administrar el fomag, quien además responde con cargo su propio patrimonio, resaltando que la instancia desconoce la naturaleza de la demanda y confunde el papel de la fiduciaria como administradora de los recursos del fomag. Bajo ese contexto, advirtió que, el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019 deroga todas las disposiciones contrarias de modo que , las disposiciones de la Ley 962 de 2005 y el Decreto 1272 de 2018 no son aplicables en tanto el procedimiento para la expedición de los actos administrativos que reconocen las cesantías parciales y/o definitivas del sector docente cambió , según el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 ya no se realiza el proyecto de acto administrativo en virtud de las facultad otorgada a las Secretarías de Educación de reconocer y l iquidar las cesantías de personal docente eliminando la

2019 ya no se realiza el proyecto de acto administrativo en virtud de las facultad otorgada a las Secretarías de Educación de reconocer y l iquidar las cesantías de personal docente eliminando la doble vuelta de la aprobación por parte de la entidad pagadora, al respecto concluyó: “(…) considerando que la entidad territorial incumplió los plazos para expedición, notificación, dicho retardo también repercutió en la tardanza del envío de la solicitud de pago a la sociedad Fiduciaria, por consiguiente, la sanción moratoria aquí reclamada ha de ser reconocida y pagada con recursos propios de la entidad que generó la mora por la tardanza del trá mite a su cargo y no con recursos del FOMAG por expresa prohibición legal del inciso 4 del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019”. Por otro lado, argumentó que existe la inexistencia actual de la obligación en cabeza del fomag y , a favor de la demandante con corte a 31 de diciembre de 2019, en tanto por vía administrativa el 6 de junio de 2022 fue pagado el valor de $7.839.978 por un total de 60 días comprendidos entre el 2 de noviembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2019 y, un pago posterior en virtud de la conciliación celebrada el 12 de septiembre de 2022 ante la Procuraduría Judicial I para Asuntos Administrativos de Ibagué en la cual se acordó un pago por $13.981.244 por el periodo comprendido entre el 18 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2019 por un total de 167 días adicionales al pago administrativo, de modo que, no existe motivo alguno para que se tenga vinculado al fomag en tanto ya se satisfizo la pretensión de la demandante en lo que legalmente podría corresponder.

de modo que, no existe motivo alguno para que se tenga vinculado al fomag en tanto ya se satisfizo la pretensión de la demandante en lo que legalmente podría corresponder. Finalmente, concluyó que al acreditarse el pago de la prestación solicitada se está presentando la inexistencia actual de lesión jurídica para el demandante respecto del fomag , haciendo claridad que, es actual en el sentido que quizá al momento de radicación del libelo aun se hallaba presente este presupuesto en razón a que no se había realizado el pago que se acredita , de tal forma que, de encontrarse acreditada la mora es responsabilidad de la entidad pagadora quien para el caso es la Fiduprevisora.

III. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA Por auto del 10 de mayo de 2024 5, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fomag, sin que ninguno de los sujetos procesales se hubiera manifestado sobre el mismo, por lo que en aplicación al numeral 5° del artículo 247 del C. de P.A y de lo C.A. modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, ingresó el expediente al Despacho el 14 de junio de 20246.

IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

1. Competencia.

Es competente esta Colegiatura para desatar la impugnación contra la sentencia de primer grado, según voces de los artículos 153 y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir que corresponde a los Tribunale s Administrativos en segunda

5 Índice de descarga 7 SAMAI. 6 Índice de descarga 11 SAMAI.73001-33-33-003-2022-00333-01

Contencioso Administrativo, al definir que corresponde a los Tribunale s Administrativos en segunda

5 Índice de descarga 7 SAMAI. 6 Índice de descarga 11 SAMAI.73001-33-33-003-2022-00333-01 0239-2024 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Odilia Jackeline Alcazar Corrales NaciónMinisterio de EducaciónFondo Nacional de Prestaciones Sociales del MagisterioFomag

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instancia conocer de las apelaciones contra las sentencias de primera instancia dictadas por los jueces administrativos.

2. Problema jurídico.

En términos de la apelación, el problema jurídico que se plantea se contrae a establecer si la decisión de primera instancia se ajustó a derecho, o si, por el contrario, del material probatorio aportado al sub lite, es viable concluir que la mora en el pago de la prestación resulta imputable al Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del MagisterioFomag, al ser este el causante de la tardanza en el envío del acto administrativo a la entidad pagadora.

3. Desarrollo de la tesis de la Sala.

3.1. Marco normativo y jurisprudencial.

• Régimen de cesantías de los docentes y la sanción moratoria por pago tardío.

La Ley 91 de 1989 no reguló el derecho de los docentes al reconocimiento y pago de esta prestación, y en esa perspectiva la sanción por mora en el pago de las cesantías es una figura creada por la Ley 244 de 1995, cuyo objetivo es proteger el pago oportu no de las cesantías, pues a través del

y en esa perspectiva la sanción por mora en el pago de las cesantías es una figura creada por la Ley 244 de 1995, cuyo objetivo es proteger el pago oportu no de las cesantías, pues a través del establecimiento de una sanción pecuniaria para las entidades públicas por la demora en el pago de esta prestación, se buscaba que estas expidieran la resolución de reconocimiento y pago en forma oportuna y expedita para evitar corrupción, favorecimientos indebidos y perjuicios a los trabajadores.7 En este sentido, la Ley 244 de 1995 se ocupó de determinar los destinatarios de la sanción, fijar los términos para la liquidación; reconocimiento y pago de las cesantías definitivas de los servidores públicos de los órganos y entidades del Estado; y estab lecer el término para que opere la respectiva sanción y su valor.8 Así, respecto al procedimiento y los términos para el reconocimiento y pago de las cesantías, la norma indica que la administración tiene 45 días para pagar la prestación solicitada. El término comienza a correr una vez han transcurrido 15 días desde la r adicación de la petición, periodo en el que la administración debe emitir un pronunciamiento de fondo en el que reconozca o niegue el pago del auxilio de cesantía. A esos 60 días se suman 5 días más correspondientes al término de ejecutoria del acto de reconocimiento y liquidación, cuyo trámite debe agotarse en 65 días hábiles, y a partir del día 66, se reconocerá y pagará al beneficiario un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las cesantías. De otra parte, la Ley 1071 de 2006 modificó la Ley 244 de 1995, y precisó su ámbito de aplicación,

haga efectivo el pago de las cesantías. De otra parte, la Ley 1071 de 2006 modificó la Ley 244 de 1995, y precisó su ámbito de aplicación, pues mientras en la Ley 244 de 1995 establecía que los destinatarios de la norma eran los servidores públicos de todos los órdenes, en le nueva disposición s e dijo que lo eran los miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, y agregó que para los mismos efectos, se aplicará a los miembros de la Fuerza Pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma transitoria o permanente, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional del Ahorro. Igualmente, extendió los efectos de la sanción a la demora en el trámite del retiro parcial de las cesantías, pues la Ley 244 de 1995 solo se refería a las cesantías definitivas, y mantuvo los mismos términos para el trámite de reconocimiento y pago del au xilio de cesantía, así como el valor de la sanción moratoria por retardo en su pago. Debe advertirse igualmente, que con la expedición del Decreto 1272 de 2018 expedido por el Ministerio de Educación Nacional, se reglamentó el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas de

7 Consejo de Estado, Sentencia del 27 de marzo de 2007, Rad. 2000-02513-01 (IJ) C.P. Jesús María Lemus Bustamante. 8 Artículo 1º Ley 244 de 1995.73001-33-33-003-2022-00333-01 0239-2024 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Odilia Jackeline Alcazar Corrales

8 Artículo 1º Ley 244 de 1995.73001-33-33-003-2022-00333-01 0239-2024 Nulidad y Restablecimiento del Derecho Odilia Jackeline Alcazar Corrales NaciónMinisterio de EducaciónFondo Nacional de Prestaciones Sociales del MagisterioFomag

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los docentes con el propósito de agilizar esos trámites y cumplir los acuerdos suscritos con FECODE el 16 de junio de 2017. El referido decreto definió el procedimiento, los plazos y responsabilidades de los actores que intervienen en el reconocimiento de las prestaciones, esto es, las entidades territoriales certificadas en educación y la sociedad fiduciaria encargada del mane jo de los recursos del FOMAG, señalando que las solicitudes de reconocimiento de cesantías parciales o definitivas a cargo de dicho Fondo deben ser resueltas sin exceder 15 días hábiles contados desde la radicación completa de la solicitud por parte del peticionario.9 Con respecto al pago de las cesantías indicó que dentro de los 45 días hábiles siguientes a la notificación y ejecutoria del acto administrativo que reconoce las solicitudes de reconocimiento de cesantías parciales o definitivas, la sociedad fiduciaria debe efectuar los pagos correspondientes.10 Cabe señalar que, en relación con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías a los docentes, el Consejo de Estado profirió múltiples decisiones contradictorias, pues de un lado sostuvo que los docentes no son destinata rios de la norma que consagra la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías, señalando que el legislador no señaló expresamente que

de un lado sostuvo que los docentes no son destinata rios de la norma que consagra la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías, señalando que el legislador no señaló expresamente que los mismos fueran beneficiarios de esta disposición, y que los docentes están cobijados por un régimen especial que no consagró la sanción moratoria por pago tardío de cesantías a su favor. En otras providencias, nuestro órgano de cierre reconoció que la sanción por mora en el pago de las cesantías sí procede para miembros del magisterio, pues sostuvo que existía abundante jurisprudencia que soporta la tesis de la compatibilidad de la aplicación de la Ley 1071 de 2006 con el régimen de cesantías de los docentes, por cuanto se trata de una normativa que cobija a todos los empleados y trabajadores del Estado.11 En reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo expidió la Sentencia de Unificación por Importancia jurídica Sentencia CE -SUJ-SII-012-2018, SUJ-012-S2, del 18 de julio de 2018, rad. No. 73001 -23-33-000-2014-00580-01 (Número Interno: 4961 -2015), donde se estudió una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por un docente contra la NaciónMinisterio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento del Tolima, y en el citado fallo sentó jurisprudencia para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, según las siguientes reglas: a) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se expida por

sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, según las siguientes reglas: a) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corre sponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.

b) Así mismo, en