TA TOL - Sentencia 73001-33-33-004-2018-00182-01 (02-05-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA MAGISTRADO PONENTE: LUÍS EDUARDO COLLAZOS OLAYA Ibagué, dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

RADICACIÓN: 73001-33-33-004-2018-00182-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: EDINSON MARROQUIN NOGUERA - OTROS

APODERADO: GABRIEL ALFONSO AGUIRRE SUAREZ

DEMANDADO: RAMA JUDICIAL

APODERADA: JUAN PAULO RIVAS GAMBOA

TEMA: FALLA EN EL SERVICIO – ERROR JUDICIAL – PÉRDIDA

DE OPORTUNIDAD

CUESTIÓN PREVIA

El presente asunto fue puesto en consideración de la Sala; sin embargo, el Magistrado Carlos Arturo Mendieta Rodríguez presentó impedimento para conocerlo; por lo que se resolverá con fundamento en lo dispuesto en el artículo 131 del C.P.A.C.A, previo a emitir el pronunciamiento de fondo.

El Magistrado Dr. Carlos Arturo Mendieta Rodríguez sustenta el imp edimento en el numeral 2° del artículo 141 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 130 del C.P.A.C.A, que señala:

“(…)2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente.”

En virtud de lo anterior, sostiene como sustento del impedimento “…En este sentido, debo señalar que las circunstancias fácticas y jurídicas que dieron lugar al presunto error judicial y/o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, cuya reparación

En virtud de lo anterior, sostiene como sustento del impedimento “…En este sentido, debo señalar que las circunstancias fácticas y jurídicas que dieron lugar al presunto error judicial y/o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, cuya reparación se pretende en el presente asunto, provienen de una actuación judicial en la que intervine directamente como integrante de la Sala de decisión. Mediante sentencia de segunda instancia, proferida el 28 de abril de 2016 dentro del radicado 73001 -33-33-008-201300080-01, se resolvió confirmar la negativa de la s pretensiones de la demanda de reparación promovida por los señores Ancizar Marroquín Noguera, María Ruth Perdomo Polanía, Hernán Marroquín Noguera y otros contra el municipio de Ibagué por un accidente de tránsito.”

A juicio de la Sala el impedimento presentado por el Dr. Carlos Art uro Mendieta Rodríguez, fundado en la causal 2° del artículo 141 del CGP, puede afectar la imparcialidad del Magistrado al momento de resolver de fondo el asunto; por lo que se declarará fundado el mismo.

1. OBJETO DE LA DECISIÓN Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y demandada, en contra de la sentencia del 30 de junio de 2021 , proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, mediante el cual se accedió parcialmente a las pretensiones.Radicación: 73001-33-33-004-2018-00182-01

Acción: Reparación Directa

Demandante: Edinson Marroquín Noguera -Otros Demandado: Nación – Rama Judicial Página 2 de 22

Acción: Reparación Directa

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2. ANTECEDENTES

La parte demandante, en ejercicio del medio de control de reparación directa, mediante apoderado, promovió demanda en contra de la Rama Judicial, con el fin de que se declare administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios materiales y morales ocasionados a los demandantes, por la f alla en el servicio consistente en defectuoso funcionamiento de la justicia, al emitir fallo dentro de un proceso de reparación directa sin existencia de pruebas porque se perdieron, lo que dio lugar a una pérdida de oportunidad de recibir reparación por los daños que motivaron la presentación de esa demanda.

Que se ordene a la demandada reconocer a favor de los demandantes los perjuicios materiales, morales y daño a la vida en relación por la pérdida de la oportunidad de obtener la reparación por los daños sufridos por Edinson Marroquín Noguera.

Que se ordene a la demandada aplicar el IPC a las sumas que sean reconocidas a los demandantes.

3. HECHOS

Los que tienen relevancia jurídica son los siguientes: 3.1 El 19 de diciembre de 2014, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Oral de descongestión, profirió fallo absolutorio dentro del proceso de reparación directa tramitado bajo el radicado 73001 -33-33-008-2013-00080-00 adelantado en contra del municipio de Ibagué, decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Tolima el 28 de abril de 2015.

tramitado bajo el radicado 73001 -33-33-008-2013-00080-00 adelantado en contra del municipio de Ibagué, decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Tolima el 28 de abril de 2015. 3.2 El 27 de marzo de 2017, el Dr. Gabriel Alfonso Aguirre Suárez solicitó copia del CD o DVD contentivo de las pruebas testimoniales recibidas en audiencia dentro del proceso tramitado bajo el radicado referido. 3.3 El 31 de marzo de 2017, el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Ibagué expidió certificación en la que manifestó que una vez revisados los CDS obrantes en el expediente, no se encontró el que contenía la audiencia de pruebas celebrada el 29 de agosto de 2014. 3.4 Que el Tribunal Administrativo del Tolima, al advertir que el CD obrante a folio a folio 159 del expediente no era el de pruebas, requirió al Juzgado Tercero Administrativo Oral de Descongestión para que enviara el cd correspondiente a lo cual, el Juzgado respondió con evasivas, sin que este hubiera sido allegado, aun así, el Tribunal no hizo pronunciamiento en relación con las pruebas obtenidas. 3.5 Que el fallo de primera y segunda instancia emitido dentro del proceso de reparación directa tramitado bajo el radicado 73001 -33-33-008-2013-00080-00, se profirió sin las pruebas que fueron decretadas y prácticas, porque no se encontraron dentro del expediente.

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Sostuvo que se opone a todas y cada una de las pretensiones por carecer de fundamento

pruebas que fueron decretadas y prácticas, porque no se encontraron dentro del expediente.

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Sostuvo que se opone a todas y cada una de las pretensiones por carecer de fundamento jurídico, por tanto, se atiene a lo que se pruebe en este proceso.Radicación: 73001-33-33-004-2018-00182-01

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Propuso las excepciones de: Inexistencia de perjuicios, culpa exclusiva de la víctima, no configuración de los requisitos para que se configure el error judicial y la genérica.

5. SENTENCIA IMPUGNADA

El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, el día 30 de junio de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones, tras considerar que la parte demandante logró demostrar la configuración del error judicial como título de imputación para predicar la responsabilidad del Estado en este asunto, derivado de la actuación de las autoridades judiciales que fallaron en prim era y segunda instancia el proceso de reparación directa radicado bajo el No. 73001 -33-33-008-2013-00080, pues se permitió la pérdida del Cd que debía contener la grabación de la audiencia de pruebas practicada el 29 de agosto de 2014 y ello conllevó a que el Superior al desatar el recurso de alzada, se pronunciara sin valorar los medios de prueba de carácter testimonial recepcionados al interior del proceso.

La a quo, resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR administrativamente responsable a la NACIÓNsin valorar los medios de prueba de carácter testimonial recepcionados al interior del proceso.

La a quo, resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR administrativamente responsable a la NACIÓNRAMA JUDICIAL, por la pérdida de oportunidad causada por el error judicial en que se incurrió, al no haber valorado la totalidad de los medios probatorios recaudados dentro del proceso de reparación directa radicado bajo el No. 73001-33-33-008-2013-00080, conforme se anotó en precedencia.

SEGUNDO: CONDENAR, como consecuencia de la declaración anterior, a la NACIÓN-RAMA JUDICIAL a pagar por concepto PERJUICIOS DE PÉRDIDA DE LA OPORTUNIDAD, a favor del señor ANCIZAR MARROQUIN NOGUERA, la suma equivalente a un (01) salario mínimo legal mensual vigente y a favor de los demás demandantes, señores MARIA RUTH NOGUERA DE MARROQUIN,

MARÍA RUTH PERDOMO POLANÍA, EDINSON MARROQUIN NOGUERA,

LUZ MARLENY MARROQUIN NOGUERA, HERNAN MARROQUIN NOGUERA, MARTIN EULISES MARROQUIN NOGUERA y LU IS ALFONSO MARROQUIN NOGUERA, la suma equivalente a medio (0.5) salario mínimo legal mensual vigente, para cada uno de ellos.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones antes anotadas.

CUARTO: Sin condena en costas.

QUINTO: La providencia será cumplida en los términos previstos en los artículos 192 y 195 del CPACA y demás normas concordantes. (…)”

6. RECURSO DE APELACIÓN

6.1 PARTE DEMANDANTE

QUINTO: La providencia será cumplida en los términos previstos en los artículos 192 y 195 del CPACA y demás normas concordantes. (…)”

6. RECURSO DE APELACIÓN

6.1 PARTE DEMANDANTE

Sostuvo que la aplicación del criterio de equidad debió contemplar para el efecto, todos los elementos de juicio que fueron objeto de evaluación jurídica y probatoria, más aún, cuando la regulación de perjuicios dentro de los procesos de reparación directa si son objeto de evaluación con relación a una tabla designada para tal efecto.Radicación: 73001-33-33-004-2018-00182-01

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Que las sumas de dinero derivadas de la pérdida de oportunidad, no se evalúan, sino que se decretan en la medida de que se trata de afectaciones subjetivas, que para el caso concreto deben incluir no solo lo relacionado a la lesión sufrida por Ancizar Marroquín mientras conducía su motocicleta, sino que también deben incluir los daños causados a todos los demandantes que perdieron la posibilidad de ver reparado su daño, además de incluir el tiempo dedicado por los demandantes a la realización del proceso, así como los gastos incurridos para realizar el mismo, y finalmente el propio daño moral sufrido por haber perdido la oportunidad de ver la satisfacción de sus pretensiones.

Que en relac ión con el daño moral en caso de las lesiones personales, es importante destacar que se trata de una calificación compensatoria, y en consecuencia el a quo debió

haber perdido la oportunidad de ver la satisfacción de sus pretensiones.

Que en relac ión con el daño moral en caso de las lesiones personales, es importante destacar que se trata de una calificación compensatoria, y en consecuencia el a quo debió tener en cuenta el grado de aflicción que le produjo esta lesión grave e injustificada tanto a Ancisar Marroquín como a su familia, el cual vio como la deformación física de su pierna afectó gravemente su moral y su pasión por la vida, atacando el núcleo esencial de la vida digna, sin más acreditación que su paso por el hospital, sus terapias, el e stado de destrucción de su moto, sin contar aún con el daño ocasionado directamente por la administración judicial quienes de manera culposa afectaron la posibilidad de los demandantes de ser reparados.

Que no resulta equitativo condenar a un salario mínimo legal a los demandados en virtud de la equidad, porque los actores debieron pagar por el parqueadero de su moto, sus arreglos, el pago de los taxis, los médicos, los fisioterapeutas, los medicamentos, los honorarios de abogado, los costos procesales y demás gastos en que incurrieron dentro del proceso de reparación directa que perdieron por error judicial.

Que en este asunto, nunca se hizo tasación del daño moral como compensación, por lo que debe tasarse en esta instancia.

Por lo anterior, solicitó modificar la sentencia apelada.

6.2 PARTE DEMANDADA

Sostuvo que se opone a las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento fáctico y jurídico.

Que en el régimen de responsabilidad objetiva del Estado, a la parte demandante, le

6.2 PARTE DEMANDADA

Sostuvo que se opone a las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento fáctico y jurídico.

Que en el régimen de responsabilidad objetiva del Estado, a la parte demandante, le asiste la respo nsabilidad de probar que bajo el actuar de la Rama Judicial, existe los hechos, el daño y el nexo causal, entre ambos, en cambio a la parte demandada únicamente le asiste el deber de probar que no se configura uno de estos requisitos.

Que en el presente caso no se predica la falla en el servicio ni tampoco error judicial en el actuar del operador judicial, ya que en principio, se debe estudiar el régimen de responsabilidad subjetivo, desde la existencia del daño antijurídico causado en el actuar del operador judicial, situación que no se observa aquí, ya que la actuación del juez de conocimiento, se produjo en cumplimiento de un deber legal, dando aplicación a los requisitos objetivos de valoración y recaudo probatorio.

Por lo anterior, solicitó no se condene a la entidad demandada por la pérdida de oportunidad probatorio alegada por el actor, ya que no se demostró la existencia de perjuicios, reviviendo el proceso con otro proceso administrativo, cuando ha podido hacer uso de otros recu rsos extraordinarios, cuando ya está configurada la causal de la inmutabilidad de cosa juzgada de la sentencia.Radicación: 73001-33-33-004-2018-00182-01

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7. TRÁMITE PROCESAL

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7. TRÁMITE PROCESAL

El proceso fue radicado en esta Corporación el 1° de septiembre de 2021. Mediante auto del día 15 de diciembre de 2021, se admitió el recurso de apelación.

El trámite del recurso de apelación se surtió, de conformidad con lo establecido en el artículo 247 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

8. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA SALA

8.1. COMPETENCIA

Es competente el Tribunal Administrativo del Tolima para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto por el artículo 73 y siguientes de la Ley 270 de 1996 y por los artículos 153 y 243 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el art. 328 del CGP.

8.2. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde determinar, si

1. Se encuentra acreditado el daño antijurídico alegado por la parte demandante; esto es, la pérdida de oportunidad. ii) Se encuentran acreditados los presupuestos para la configuración de la pérdida de oportunidad, y en caso afirmativo, iii) Este daño antijurídico se puede atribuir a la demandada, o por el contrario no es posible endilgarle responsabilidad patrimonial.

8.3 TESIS SALA

La sala Revocará la sentencia apelada, y en su lugar, negará las pretensiones de la demanda.

es posible endilgarle responsabilidad patrimonial.

8.3 TESIS SALA

La sala Revocará la sentencia apelada, y en su lugar, negará las pretensiones de la demanda.

Lo anterior, porque para que se configure el daño antijurídico por pérdida de oportunidad, se deben acreditar los siguientes supuestos: i) la certeza de la oportunidad que se reputa perdida; ii) la imposibilidad definitiva de obtener el provecho, la reparación del daño o evitar el detrimento; y iii) encontrarse en una situación potencialmente apta para la consecución de la indemnización.

El primer presupuesto, relacionado con la certeza de la o portunidad que se reputa perdida, en este asunto, se encuentra acreditado, porque Edinson Marroquín Noguera presentó demanda en contra del municipio de Ibagué, por el accidente de tránsito sufrido por Ancizar Marroquín Noguera el 7 de septiembre de 2011; c on el fin de buscar la reparación de los perjuicios ocasionados, la cual fue admitida e l 26 de febrero de 2013, por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué,1 y el 17 de junio de 2014, el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Descongestión del Circuito de Ibagué, avocó el conocimiento del proceso; 2 es decir, que tenía la legítima expectativa de obtener la indemnización de los perjuicios, sin embargo, el proceso concluyó con la negación de las pretensiones.

1 Ver cuaderno principal tomo I – expediente digital teams 2 Ver cuaderno principal tomo I – expediente digital teamsRadicación: 73001-33-33-004-2018-00182-01

pretensiones.

1 Ver cuaderno principal tomo I – expediente digital teams 2 Ver cuaderno principal tomo I – expediente digital teamsRadicación: 73001-33-33-004-2018-00182-01

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Por otra parte, frente a la impos ibilidad definitiva de obtener el provecho, la reparación del daño o evitar el detrimento, también se encuentra acreditado este supuesto, porque dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado No. 73001 -33-33008-2013-00080, el 19 de diciembre de 2014, el Juzgado Tercero Administrativo Oral de descongestión del Circuito de Ibagué, negó las pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada el 28 de abril de 2016, por parte de este Tribunal; sin que existiera posibilidad de obtener la reparación pretendida.

No obstante, en este asunto, no se configuró el daño antijurídico ante la ausencia del tercer requisito de la pérdida de oportunidad, siendo necesario que quien lo alega demuestre que estaba en una situación potencialmente apta para obtener un provecho o evitar un detrimento, esto es, que contaba con una expectativa legítima susceptible de ser indemnizada, situación que no se acreditó en este caso.

Cabe advertir que aunque existió una falla ante la pérdida de l CD que contenía la audiencia de pruebas, ello por sí solo no constituye el daño alegado por el demandante, consistente en la pérdida de oportunidad para obtener indemnización, pues, no toda falla

Cabe advertir que aunque existió una falla ante la pérdida de l CD que contenía la audiencia de pruebas, ello por sí solo no constituye el daño alegado por el demandante, consistente en la pérdida de oportunidad para obtener indemnización, pues, no toda falla da lugar a un daño, más aún, cuando en el curso del proceso se decretaron, practicaron y valoraron las pruebas solicitadas, especialmente, la testimonial y en este caso, aun en el evento en que el CD de la audiencia de pruebas se encontrara en el expediente, por esa sola circunstancia no se puede concluir, que el ad quem revocaría la decisión de primera instancia y accedería a las pretensiones.

Es decir, que la aparente indemnización pretendida en el proceso de reparación directa con el radicado No. 73001-33-33-008-2013-00080, solo estaba establecida en el plano meramente hipotético del actor, sin que se dé el presupuesto de la de la existencia de potencialidad apta para indemnizar.

8.4. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A partir de la Constitución Política de 1991, las entidades públicas deben responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que causen por acción u omisión siempre que les sean imputables 3, y no es que anteriormente no respondieran, es sólo que con su vigencia, ella dispuso en un articulado ese sentido.

Nuestro órgano de cierre4 aduce que “Esta norma, que se erige como el punto de partida en la estructura de la responsabilidad Estatal en Colombia, afinca sus raíces en los pilares fundamentales de la conformación del Estado Colombiano, contenidos en el artículo 1 superior, a saber, la dignidad hum ana, el trabajo, la solidaridad de las personas que la

en la estructura de la responsabilidad Estatal en Colombia, afinca sus raíces en los pilares fundamentales de la conformación del Estado Colombiano, contenidos en el artículo 1 superior, a saber, la dignidad hum ana, el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. De igual forma, con ponencia de Jaime Orlando Santofimio, en sentencia del 09 de mayo de 2011, radicación No.: 54001-23-31000-1994-08654-01(19976), expresó:

3 La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Corte Constitucional, Sentencia C -333 de 1996. Postura que fue seguida en la sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos

seguida en la sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, sentencia C-892 de 2001. 4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, C.P.: Olga Mélida Valle De La Hoz, en sentencia del 30 de enero de 2013, radicación No.: 25000-23-26-000-2001-01156-01(25573).Radicación: 73001-33-33-004-2018-00182-01

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“Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración públic a tanto por la acción, como por la omisión. Dicha imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar: i) la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos tít ulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio –simple, presunta y probada-; daño especial –desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal-; riesgo excepcional), y; adicionalmente a lo anterior, resulta relevante

presunta y probada-; daño especial –desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal-; riesgo excepcional), y; adicionalmente a lo anterior, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado.

(…)

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad, según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica. Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”.

En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva, título autónomo que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”. Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico -jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cua ndo hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”.

Esto, sin duda, es un aporte que se representa en l o considerado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de

Esto, sin duda, es un aporte que se representa en l o considerado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”. Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no.”

En consecuencia, se hace necesario dilucidar en el caso concreto si se configuran los elementos legales para que surja el deber del Estado de responder, esto es, el daño antijurídico, la imputabilidad del mismo al demandado y el nexo causal entre uno y otro.

8.4.1 El daño ha sido tradicionalmente entendido como aquel menoscabo o detrimento que sufre una persona y que puede ser patrimonial o extrapatrimonial; sin embargo, para que genere responsabilidad debe ser: cierto, personal y antijuríd ico. Es cierto cuando efectivamente ocurre de tal suerte que el hipotético no puede ser indemnizado . Así mismo, cuando se menciona que sea personal, se refiere que sólo su víctima está legitimada para la reclamación. El Consejo de Estado5 ha señalado: “El concepto del daño antijurídico cuya definición no se encuentra en la Constitución ni en la ley, sino en la doctrina española, particularmente en la del profesor Eduardo García de Enterría, ha sido

5 Sección Tercera, Subsección A, C. P.: Hernan Andrade Rincón, en sentencia del 26 de mayo 2011, radicación No.:

doctrina española, particularmente en la del profesor Eduardo García de Enterría, ha sido

5 Sección Tercera, Subsección A, C. P.: Hernan Andrade Rincón, en sentencia del 26 de mayo 2011, radicación No.: 19001-23-31-000-1998-03400-01(20097),Radicación: 73001-33-33-004-2018-00182-01

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reseñado en múltiples sentencias desde 1991 hasta épocas más recientes, como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.”

En otro fallo 6 indicó: “ En cuanto al daño antijurídico, debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho”, y que la “Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armon iza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración”.

El precedente jurisprudencial constitu cional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (Art. 1º) y la igualdad (Art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos,

encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (Art. 1º) y la igualdad (Art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución ”7. En efecto, el daño antijurídico se concibe como aquel que la víctima no está obligada a soportar y por tanto, resulta jurídico si se constituye en una carga pública, o, antijurídico si es consecuencia del desconocimiento por part e del mismo Estado del derecho legalmente protegido, dando como resultado el no tener el deber legal de soportarlo.

8.4.2. De la imputación. Al respecto se ha distinguido entre la imputación fáctica (imputatio facti) y la imputación jurídica (imputatio iure) con el objeto de determinar quién debe entrar a resarcir el daño causado. Así, Enrique Gil Botero, en el salvamento de voto que hace a la sentencia del 26 de mayo de 20108 expresó:

“Ahora bien, en materia del llamado nexo causal, debe precisarse una vez más que este constituye un concepto estrictamente naturalístico que sirve de soporte o elemento necesario a la configuración del daño, otra cosa diferente es que cualquier tipo de anál isis de imputación, supone, prima facie, un estudio en términos de atribuibilidad material (imputatio facti u objetiva), a partir del cual se determina el origen de un específico resultado que se adjudica a un obrar – acción u omisión-, que podría interpretarse como causalidad material, pero que no lo es jurídicamente hablando porque pertenece al concepto o posibilidad de referir un acto a la conducta humana, que es lo que se conoce como imputación.

acción u omisión-, que podría interpretarse como causalidad material, pero que no lo es jurídicamente hablando porque pertenece al concepto o posibilidad de referir un acto a la conducta humana, que es lo que se conoce como imputación.

No obstante, lo anterior, la denominada imputación jurídic a (imputatio iure) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a lo s diferentes sistemas o regímenes de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política9.”

El Estado, entonces, es responsable extracontractualmente una vez se haya configurado la existencia de un daño antijurídico y la imputación del mismo desde el punto de vista fáctico y jurídico y, siempre y cuando se predique el nexo de causalidad entre estos.

6 Consejo de Estado, Sala d