TA TOL - Sentencia 73001-33-33-005-2019-00119-02 (29-05-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Mag. Ponente: John Libardo Andrade Flórez

Ibagué – Tolima, veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

EXPEDIENTE: 73001-33-33-005-2019-00119-02

INTERNO: 0914/2024

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: DIANA LUCÍA VELÁSQUEZ

RAMÍREZ

DEMANDADO: NACIÓN - RAMA JUDICIAL – DEAJ

I. ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte dema ndada, contra la sentencia proferida por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva el 28 de junio de 202 4, qu e accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

La señora Diana Lucía Velásquez Ramírez por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda con la finalidad de obtener mediante sentencia judicial, un pronunciamiento favorable sobre las siguientes:

1. Declaraciones y condenas1

“1. Q ue se declare la nulidad del Acto administrativo contenido en el Oficio DESAJIBO 17 -3565 del 20 de septiembre de 2017 por medio del cual se resuelve de manera negativa una solicitud de reajuste, reliquidación y pago de la bonificación judicial como factor salarial para efectos de pago de prestaciones sociales, cesantías,

DESAJIBO 17 -3565 del 20 de septiembre de 2017 por medio del cual se resuelve de manera negativa una solicitud de reajuste, reliquidación y pago de la bonificación judicial como factor salarial para efectos de pago de prestaciones sociales, cesantías, y demás emolumentos desde el año 2013 a la fecha a favor de mi demandante.

2. Se declare la existencia del silencio administrativo negativo respecto del recurso de apelación interpuesto contra el Oficio 3566 de fecha 20 de septiembre de 2017, radicado el día 26 de octubre de 2017 ante la entidad convocada, el cual fuere concedido mediante Resolución No. DESAJIBO 17 -4108 de octubre 20 de 2017, y consecuencialmente se declare la nulidad del mismo, respecto del cual no se ha notificado decisión alguna a la fecha de presentación de esta demanda.

3. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la entidad demandada reconocer a la demandante como factor constitutivo de salario, la bonificación judicial creada con el artícul o 1 del decreto 0383 del 06 de marzo de 2013 y sus incrementos anuales conforme a los Decretos proferidos por el Gobierno Nacional por cuanto su causa y objeto es la nivelación salarial de los empleados de la rama judicial, cuya fuente normativa es la Ley 4 de 1992.

1 Fls.10 a 11, Cuaderno Principal. Expediente DigitalMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 2

Demandante: DIANA LUCÍA VELÁSQUEZ RAMÍREZ Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DEAJ Radicación: 73001-33-33-005-2019-00119-02

Interno: 0914/2024

Demandante: DIANA LUCÍA VELÁSQUEZ RAMÍREZ Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DEAJ Radicación: 73001-33-33-005-2019-00119-02

Interno: 0914/2024

4. Que se ordene a la entidad demandada que la bonificación judicial como factor salarial sea incrementada por los años subsiguientes, conforme a los porcentajes establecidos por el Gobierno Nacional para los empleados públicos enunciados en la Ley 4 de 1992, toda vez, que su naturaleza es netamente salarial.

5. Que se ordene a la entidad demandada reconocer, liquidar y pagar las diferencias salariales y prestacionales entre lo pagado a la demandante y la inclusión de la unificación judicial cómo factor constitutivo de salario, ajustada al incremento solicitado en el numeral anterior, desde el 01 de enero de 2013 hasta la fecha efectiva del pago.

6. Que se ordene a la entidad demandada continuar pagando la bonificación judicial como factor constitutivo de salario, así como todas sus incidencias en las prestaciones sociales y salariales devengadas por la demandante mientras permanezca vinculada a la rama judicial.

7. Que para el cumplimiento de la sentencia de ordene dar aplicación a lo artículo 187, 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

8. Que se condene en costas a la parte demandada.”

2. Hechos2

La señora Diana Lucía Velásquez Ramírez ha laborado al servicio de la Rama Judicial desde antes del año 2013.

Señaló que, a través del Decreto 383 de 2013, el Gobierno Nacional instituyó una bonificación judicial para los servidores de la Rama Judicial, el referido artículo

Judicial desde antes del año 2013.

Señaló que, a través del Decreto 383 de 2013, el Gobierno Nacional instituyó una bonificación judicial para los servidores de la Rama Judicial, el referido artículo 1° de dicha norma dispuso que la bonificación constituye factor salarial exclusivamente para efectos de la base de cotización al Sistema General de Pensiones y Salud, no siendo computable para la liquidación de otras prestaciones, de igual forma, se precisó que la bonificación se actualizaría según el IPC a partir del 2014, y su aplicación continuaría vigente desde el 2019.

Indicó que la bonificación judicial le fue cancelada en los términos del decreto citado, pero desconociendo la incidencia salarial frente a las demás prestaciones sociales y salariales, quebrantando con ello las normas base para su expedición y en consecuencia desconociendo los derechos como trabajador.

En razón de lo anterior, el 25 de agosto de 2017, la demandante solicitó ante la Rama Judicial , la reclamación administrativa con el fin de obtener el reconocimiento como factor salarial de la bonificación judicial y sus incrementos anuales conforme a los decretos proferidos por el gobierno nacional y, en consecuencia se liquidará y pagará las diferencias salariales y prestacionales existentes entre lo pagado por la rama judicial y la inclusión de la bonificación como factor constitutivo de salario.

Posteriormente, m ediante oficio DESAJIBO 17 -3565 del 20 de septiembre de 2017, el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de la Rama Judicial resolvió de manera negativa la solicitud incoada.

Contra la anterior decisión, el 26 de octubre de 2017, la recurrente interpuso

2017, el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de la Rama Judicial resolvió de manera negativa la solicitud incoada.

Contra la anterior decisión, el 26 de octubre de 2017, la recurrente interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido a través de resolución DESAJIBO 172 Fls.7 a 9, Cuaderno Principal. Expediente DigitalMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 3

Demandante: DIANA LUCÍA VELÁSQUEZ RAMÍREZ Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DEAJ Radicación: 73001-33-33-005-2019-00119-02

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4108 del 30 de octubre de 2017, destacando que, como a la fecha, la administración no ha proferido pronunciamiento alguno, se ha materializado un acto administrativo ficto negativo como consecuencia del silencio administrativo.

3. Normas violadas y Concepto de Violación

Como normas violadas se citaron en la demanda las siguientes:

• Constitución Política, artículos 2, 13, 25, 53, 54, 84 y 209. - Ley 4ª de 1992. - Ley 270 de 1996. - Código Sustantivo de Trabajo, artículos 1, 9, 10, 11, 127 y 128. - Convenios 95, 110 y 111 de la OIT.

La apoderada judicial de la demandante afirmó que la bonificación judicial, establecida por el artículo 1° del Decreto 383 de 2013, tuvo su génesis en la búsqueda de la nivelación salarial ordenada por la Ley 4 de 1992, desde su

La apoderada judicial de la demandante afirmó que la bonificación judicial, establecida por el artículo 1° del Decreto 383 de 2013, tuvo su génesis en la búsqueda de la nivelación salarial ordenada por la Ley 4 de 1992, desde su perspectiva, el carácter recurrente, periódico y permanente de este emolumento le confiere una innegable naturaleza salarial.

Agregó, que la decisión del Gobierno Nacional de no reconocer esta bonificación como factor salarial para el cálculo de prestaciones sociales, a pesar de sí considerarla para los descuentos de salud y pensión, transgrede garantías laborales fundamentales y principios como la igualdad de trato, la dignidad, la favorabilidad y la justicia.

Finalmente, la parte demandante sostuvo que, siendo la bonificación judicial un componente intrínseco del salario, debería ser tratada como tal en todos sus aspectos, haciendo especial énfasis en que esto incluye su actualización anual para preservar su poder adquisitivo, pues considera que los ajustes basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) resultan menos beneficiosos que los incrementos salariales generales decretados para el sector público.

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

4.1. Nación – Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial3

Conforme con la constancia secretarial del 5 de septiembre de 2022, la entidad accionada no se pronunció dentro del término de traslado, sin embargo, presentó su escrito de contestación de manera extemporánea, razón por la cual no fue considerado.

5. Sentencia Recurrida4

El Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva , mediante sentencia

presentó su escrito de contestación de manera extemporánea, razón por la cual no fue considerado.

5. Sentencia Recurrida4

El Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva , mediante sentencia proferida el 28 de junio de 2024, resolvió:

3 Expediente digital SAMAI índice 00027 4 Expediente digital SAMAI índice 00044Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 4

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“PRIMERO. - DECLARAR probada de oficio parcialmente la excepción de prescripción trienal sobre las diferencias en las prestaciones causadas con anterioridad al 25 de agosto de 2014, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

SEGUNDO. - INAPLICAR POR INCONSTITUCIONAL E ILEGAL la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” contenida en la disposición normativa del inciso 1° del artículo 1º del decreto 383 de 2013, sus decretos modificatorios y demás normas que lo modifiquen o sustituyen, por cuanto la bonificación judicial si constituye factor salarial para la base de liquidación de todas las prestaciones sociales, conforme se expresa en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. - DECLARAR la existencia del acto ficto negativo que se generó

factor salarial para la base de liquidación de todas las prestaciones sociales, conforme se expresa en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. - DECLARAR la existencia del acto ficto negativo que se generó al omitir resolver el recurso de apelación interpuesto el 26 de octubre de 2017 contra el oficio DESAJIBO 17-3565 del 20 de septiembre de 2017.

CUARTO. - DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio DESAJIBO 17-3565 del 20 de septiembre de 2017 y en el acto ficto negativo que se generó al no resolver el recurso de apelación interpuesto el 26 de octubre de 2017, como se esbozó en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO. - Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, SE ORDENA a la NACIÓN-RAMA JUDICIALDEAJ en virtud de la Ley 4 de 1992, reliquidar y pagar a favor de la señora DIANA LUCIA VELÁSQUEZ RAMÍREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 28.869.318, desde el 1° de enero de 2013, en los periodos que efectivamente haya estado vinculada a la Rama Judicial; todas las prestaciones sociales con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial; pero con efectos fiscales a partir del 25 de agosto de 2014 (por prescripción trienal), y mientras perdure su vinculación laboral con la entidad. Desde luego, cancelando las diferencias que se hayan generado como consecuencia de la reliquidación.

Las sumas liquidadas deberán actualizarse mes a mes por tratarse de una obligación de tracto sucesivo y conforme a la formula consignada en la parte

diferencias que se hayan generado como consecuencia de la reliquidación.

Las sumas liquidadas deberán actualizarse mes a mes por tratarse de una obligación de tracto sucesivo y conforme a la formula consignada en la parte motiva de esta providencia.

Las diferencias en los aportes pensionales que se generen con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial desde el 1° de enero de 2013, deberán ser canceladas por la Rama Judicial al fondo pensional correspondiente; y, de las sumas que resulten a favor de la demandante, realícense los descuentos para el mismo efecto. Lo anterior, en razón a que dichos aportes son irrenunciables e imprescriptibles.

SEXTO. - Negar las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO. - NO CONDENAR en costas a la parte demandada, conforme a lo dispuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

OCTAVO. - La demandada dará cumplimiento a esta providencia en los términos previstos en el artículo 192 del CPACA.

NOVENO. - ACEPTAR la renuncia al poder allegada por el abogado Juan Paulo Rivas Gamboa, como apoderado de la Nación - Rama JudicialDEAJ, conforme al memorial aportado al proceso.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 5

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DÉCIMO. - REQUERIR a la NACIÓN -RAMA JUDICIAL - DEAJcon el

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DÉCIMO. - REQUERIR a la NACIÓN -RAMA JUDICIAL - DEAJcon el propósito de que designe nuevo apoderado judicial en el presente asunto, conforme lo expuesto.

UNDÉCIMO. - Ejecutoriada esta providencia, sino fuere apelada, archívese el expediente previa anotación en el software de gestión.

DUODÉCIMO. - Advertir a las partes que los memoriales se recepcionarán a través de la ventanilla única virtual de SAMAI.”

En primera instancia se planteó como problema jurídico, determinar la legalidad del act o acusado, si se configuró el silencio administrativo negativo invocado y, si era procedente ordenar el reajuste de las prestaciones sociales de la demandante con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial, a partir del 1 de enero de 2013 y en lo sucesivo.

El A quo precisó, con base en el material probatorio y el marco normativo, que el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (que ordenó la nivelación salarial para todos los servidores de la Rama Judicial y dio origen al Decreto 383 de 2013) no restringió ni l imitó el carácter prestacional de la bonificación judicial que perciben empleados y funcionarios de la Rama Judicial a partir de 2013.

Determinó que el ejecutivo excedió su facultad reglamentaria pues en el desarrollo de la ley objeto de reglamentación, se excedieron los límites preestablecidos al excluir la bonificación salarial para la liquidación de las prestaciones sociales de sus beneficiarios, contraviniendo el principio de que la

desarrollo de la ley objeto de reglamentación, se excedieron los límites preestablecidos al excluir la bonificación salarial para la liquidación de las prestaciones sociales de sus beneficiarios, contraviniendo el principio de que la nivelación debía realizarse bajo criterios de equidad, sin desmejorar los salarios y prestaciones sociales.

En razón de lo anterior, el A quo declaró la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad respecto de la expresión "y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud", contenida en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013 , decisión fundamentada en que, contrario a lo afirmado por la demandada, la bonificación judicial también constituye factor salarial para la liquidación de las prestaciones sociales.

El juez abordó la pretensión relacionada al incremento de la bonificación judicial de la asignación básica de los servidores judiciales conforme al reajuste anual fijado por el Gobierno Nacional, al respecto, indicó que el Decreto 383 de 2013 estipuló de forma expresa el método de actualización de esta bonificación, específicamente para el año 2019 en adelante, su valor correspondería al percibido el año inmediatamente anterior, ajustado por la variación del IPC certificado por el DANE.

Aunque el reajuste con base en el IPC resulte porcentualmente menor al de la asignación básica, para el A Quo, la corrección monetaria adoptada con el IPC garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo del dinero de la bonificación judicial, con ello, cumpliendo la finalidad que buscaba la accionante al solicitar dicho incremento.

Por todo lo expuesto, se declaró la existencia del acto ficto negativo derivado

garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo del dinero de la bonificación judicial, con ello, cumpliendo la finalidad que buscaba la accionante al solicitar dicho incremento.

Por todo lo expuesto, se declaró la existencia del acto ficto negativo derivado del silencio administrativo, en los términos del artículo 86 de la Ley 1437 de 2011, adicionalmente, se anularon los actos administrativos demandados y, enMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 6

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consecuencia, se accedió a las pretensiones de la demanda, incluyendo la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales.

Por último, refirió que como la demandante elevó la solicitud que dio origen a los actos administrativos acusados el 25 de agosto de 2017, no operó el fenómeno de la prescripción trienal.

6. Recurso de Apelación5

La apoderada judicial de la parte demandada interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva el 28 de junio de 2024, argumentando que de acuerdo con los Decretos 383 de 2013 y 1269 de 2015, la bonificación judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

383 de 2013 y 1269 de 2015, la bonificación judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Alegó, que el Oficio DESAJIBO 17-3565 del 20 de septiembre de 2017, emanado por el Director Seccional, corresponde a un acto administrativo dictado bajo los parámetros de orden legal , aduciendo que l a Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales, como agentes del Estado y garantes del principio de legalidad, están sometidas al imperio de la ley y obligadas a aplicar el derecho vigente al tenor literal de su redacción, dándole estricto cumplimiento.

La entidad señaló que, sobre el carácter salarial o no de algunos emolumentos derivados de la relación laboral legal y reglamentaria de los servidores judiciales, es del caso anotar que en diferentes sentencias los máximos órganos de cierre en lo Constitucional y de lo Contencioso Administrativo han plasmado su posición, que se circunscribe a ratificar la potestad que tiene el legislador, por mandato constitucional, de disponer que determinados concep tos salariales se liquiden sin consideración al monto tot al del salario del servidor público, sin que ello implique omisión o un incorrecto desarrollo de los deberes.

Indicó, que la entidad se encuentra ante una imposibilidad material y presupuestal de reconocer lo reclamado por la parte actora debido a que no están presupuestados esos valores que se generarían en la nómina para el reconocimiento de dichas acreencias laborales a todos los servidores judiciales reclamantes, toda vez que se podría ir en contravía de la prohibición contenida

están presupuestados esos valores que se generarían en la nómina para el reconocimiento de dichas acreencias laborales a todos los servidores judiciales reclamantes, toda vez que se podría ir en contravía de la prohibición contenida en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, compilatorio del artículo 86 de la Ley 38 de 1989.

Además, refirió que reconocer las pretensiones que reclama la parte actora sin la autorización presupuestal requerida, implicaría que el ordenador del gasto estuviera inmerso en actuaciones de tipo disciplinario como las consagradas en la Ley 743 de 5 de febrero de 2002.

Por lo anterior, solicitó revocar el fallo condenatorio y en su lugar negar las pretensiones de la demanda.

III. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5 Expediente digital SAMAI índice 00046Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 7

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Mediante auto del 10 de septiembre de 2024, por reunir los requisitos legales, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandada, contra la sentencia proferida por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito de Neiva el 28 de junio de 2024.

En los términos de lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, se advierte que dentro del término

Transitorio del Circuito de Neiva el 28 de junio de 2024.

En los términos de lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, se advierte que dentro del término comprendido entre la notificación del auto que concedió la apelación y la ejecutoria de la providencia que admit ió los respectivos recursos, no hubo pronunciamiento alguno de las partes.

Así mismo, de acuerdo con la constancia secretarial de ingreso al Despacho para decisión de fondo de fecha 7 de octubre de 202 4, la providencia del 10 de septiembre de 202 4, que admitió el recurso de apelación interpuesto fue notificada al agente del Ministerio Público el 1 0 de octubre de 202 4, quien guardó silencio dentro del término concedido para rendir concepto.

Análogamente la presente Sala procede a decidir la controversia conforme las siguientes:

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con el artículo 153 del C.P.A .C.A., esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación formulado por la apoderada de la parte demanda da, contra la sentencia proferida por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva, el 28 de junio de 2024.

2. Problema jurídico

En el sub judice consiste en determinar si, el acto administrativo acusado infringió las normas Constitucionales y legales invocadas en el libelo introductorio, en cuanto negó al accionante el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales liquidadas incluyendo la bonificación judicial devengada

infringió las normas Constitucionales y legales invocadas en el libelo introductorio, en cuanto negó al accionante el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales liquidadas incluyendo la bonificación judicial devengada a partir del 01 de enero de 2013, o si, por el contrario, las mismas fueron reconocidas y canceladas conforme a derecho.

3. Tesis de la Sala

La tesis que sostendrá la Sala, consiste en afirmar que corresponde confirmar la decisión de primera instancia, comoquiera que se desestiman los argumentos de la parte recurrente , al no controvertir los fundamentos facticos en que fue reconocida al demandante la bonificación judicial de que trata el Decreto 382 de 2013 y teniendo en cuenta que, los propuestos no lograron desvirtuar lo decidido por el juez de primera instancia, más aún, cuando existe p recedente vertical de obligatorio cumplimiento.

4. Marco jurídico y jurisprudencial

4.1 Régimen Salarial y Prestacional de los empleados de la Rama JudicialMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 8

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La ley 4 de 1992, la cual en su artículo 1° dispuso que correspondía al Gobierno Nacional, dentro de los marcos establecidos en esa ley, fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados del Gobierno Nacional, entre ellos, los de la Rama Judicial.

En virtud de ello, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 57 de 1993 "Por el

y prestacional de los empleados del Gobierno Nacional, entre ellos, los de la Rama Judicial.

En virtud de ello, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 57 de 1993 "Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones", y en sus artículos 1 y 2 dispuso:

"ARTICULO lo. El régimen salarial y prestacional establecido en el presente Decreto será de obligatorio cumplimiento para quienes se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia del mismo y no se tendrá en cuenta para la determinación de la remuner ación de otros funcionarios de cualquiera de las ramas del Poder Público, organismos o instituciones del Sector Público.

ARTICULO 2o. Los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar podrán optar por una sola vez, antes del 28 de febrero de 1993, por el régimen salarial y prestacional establecido en el presente Decreto. Los servidores públicos que no opten por el régimen aquí establecido continuarán rigiéndose por lo dispuesto en las normas legales vigentes a la fecha”.

Del anterior precepto normativo se infiere que para los empleados de la Rama Judicial existen dos sistemas de remuneración, a saber:

1. El primero, hace referencia al sistema de acogidos y se aplica para todos aquellos que se vincularon a partir de la entrada en vigor del referido decreto, esto es a partir del 07 de enero de 1993 y también para aquellos funcionarios que ya venían vinculados y que decidieron acogerse a dicho régimen antes del 28 de febrero del mismo año;

referido decreto, esto es a partir del 07 de enero de 1993 y también para aquellos funcionarios que ya venían vinculados y que decidieron acogerse a dicho régimen antes del 28 de febrero del mismo año;

1. Un segundo régimen correspondiente al de no acogidos, que aplica para aquellos que se encontraban vinculados con anterioridad a la vigencia de dicha norma y no manifestaron optar por es ta últim a, razón por la cual dichos servidores continuaron bajo el amparo de las disposiciones anteriores.

Ahora, la Ley 4 de 1992, en su artículo 14, estableció:

“ARTICULO 14: El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1º) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 9

Demandante: DIANA LUCÍA VELÁSQUEZ RAMÍREZ

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DEAJ

Registraduría Nacional del Estado Civil.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 9

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PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.”

Con base en la anterior directriz legal, se inició el proceso de nivelación salarial de los funcionarios de la Rama Judicial, proceso que se fue desarrollando paulatinamente con la expedición de los Decretos 610 de 1998 y 440 de 2004, a través de los cuales se establecieron unas bonificaciones a los Magistrado s de Tribunal y otros funcionarios; nivelación salarial que sólo surtió efectos para los demás los servidores de la Rama Judicial hasta la expedición del Decreto 383 de 2013.

El Decreto 383 de 2013 “Por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones”, dispuso en su artículo 1 lo siguiente:

“Artículo 1°. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos números 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto número 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o

Decretos números 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto número 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. (…)

Parágrafo. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC); en consecuencia, no le aplica el incremento que fije el Gobierno Nacional para las asignaciones básicas en el año 2013 y siguientes.

A partir del año 2014 y hasta el año 2018, los valores señalados en las tablas del presente artículo contienen un ajuste equivalente a una variación proyectada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del va