TA TOL - Sentencia 73001-33-33-005-2023-00164-01 (13-03-2025)

Ibagué, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2.025)

Radicación N°.: Interno: 73001-33-33-005-2023-00164-01 0484 - 2024

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

Demandante: JOSE FERNANDO MAHECHA ANGARITA

Demandado:

Tema:

NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN –

FOMAG Y DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Sanción Moratoria.

De conformidad con lo establecido en los artículos 153 y 243 del C.P.A.C.A. procede esta Sala Oral a resolver el recurso de apelación interpuesto por el vocero judicial del extremo activo en contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué el día 08 de marzo de 2024, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones1.

PRIMERA: Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. TOL2022EE037336 del 21 de diciembre de 2022 y del oficio No. TOL2023EE007971 del 22 de marzo de 2022 que aclaró el primero, mediante los que la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional del Prestaciones Sociales del Magisterio, negó a la parte demandante el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006.

SEGUNDA: Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. TOL2021EE037335 del 21 de diciembre de 2022, notificado en

1071 de 2006.

SEGUNDA: Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. TOL2021EE037335 del 21 de diciembre de 2022, notificado en la misma fecha, mediante el que el Depa rtamento del Tolima negó a la parte demandante el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de la Ley 1071 de 2006.

TERCERA: Condenar a la parte demandada a reconocer y pagar a favor de la parte demandante la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006, en el equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo a partir del vencimiento de los setenta días hábiles causados desde el momento en que se radicó la solicitud de la cesantía y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma.

CUARTA. Condenar a las entidades demandadas a reconocer y pagar los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del

1 V er Expte JuzgadoArchivo 3 -fls 5-6Radicación N°.: 73001-33-33-005-2023-00164-01

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Demandante: JOSE FEERNANDO MAHECHA ANGARITA Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FOMAG y DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

poder adquisitivo del total de la sanción moratoria solicitada, es decir, a partir del 28 de mayo de 2021, hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia. QUINTA. Condenar a la parte demandada a dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 del C. de P.A. y de lo C.A.

sentencia.

QUINTA. Condenar a la parte demandada a dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 del C. de P.A. y de lo C.A. SEXTA. Condenar en costas a la parte demandada en los términos de los artículos 188 de del C. de P.A. y de lo C.A”.

2. Fundamentos fácticos2.

Como fundamento de sus pretensiones, el vocero judicial de la parte actora expuso los hechos que son susceptibles de sintetizarse, así:

1. Por medio de la Resolución N°. TOLIME2021000036, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Tolima reconoció en favor del señor José Fernando Mahecha Angarita las cesantías parciales solicitadas el 09 de agosto de 2021 las cuales fueron canceladas el 20 de enero de 2022.

2. Mediante petición radicada el 15 de noviembre de 2022 ante el FOMAG, el apoderado del demandante solicitó el re conocimiento y pago de la sanción mora establecida en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, petición que fue despachada desfavorablemente a través del oficio No.

TOL2022EE037336 de 21 de diciembre de 2022, el cual fue aclarado por el oficio TOL2023EE007971 de 01 de marzo de 2022.

3. Por petición radicada el 15 de noviembre de 2022 el apoderado de la demandante solicitó ante el Departamento del Tolima, el reconocimiento y pago de la sanción mora establecida en las leyes 244 de 1995 y 1071

3. Por petición radicada el 15 de noviembre de 2022 el apoderado de la demandante solicitó ante el Departamento del Tolima, el reconocimiento y pago de la sanción mora establecida en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, petición que fue despachada desfavorablemente a través del oficio No. TOL2022EE037335 de 21 de diciembre de 2022.

2. Contestación de la demanda.

2.1. Ministerio de Educación Nacional -Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Guardo silencio.3 2.2. Departamento del Tolima4. Dentro del término legal conferid o la apoderada del Departamento del Tolima allegó oportunamente la contestación de la demanda , en la que se opuso a todas y cada una de las pretensiones expuestas por la parte actora, por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos.

2 V er Expte JuzgadoArchivo 3 -fls 7-8 3 Ver Expte Jizgado –Archivo 10 4 V er Expte JuzgadoArchivo 11Radicación N°.: 73001-33-33-005-2023-00164-01

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Dijo que era improcedente emitir orden alguna en contra del Departamento del Tolima, pues la Secretaría de Educación Departamental al realizar un reconocimiento de cesantías de un docente lo hace en ejercicio de una función

Dijo que era improcedente emitir orden alguna en contra del Departamento del Tolima, pues la Secretaría de Educación Departamental al realizar un reconocimiento de cesantías de un docente lo hace en ejercicio de una función delegada por el Ministerio de Educación Nacional y no como una función propia, pues no goza de autonomía para el reconocimiento de derechos y prestaciones.

Señaló que el trámite final de pago de las cesantías es de competencia exclusiva de la fiduciaria, por lo que el Departamento cumplió a cabalidad con la gestión que le era exigible dentro del marco de sus competencias, pues las gestiones tendientes a hacer efectivo dicho pago escapaban de la órbita de la competencia de la entidad territorial , por no tener a su cargo el manejo de los recursos del FOMAG, sino tan solo el impulso de la orden contenida en los actos administrativos de reconocimiento, que finalmente corresponden a la manifestación de voluntad éste último; igualmente señaló que una vez realizada la gestión de notificación del acto, al Departamento del Tolima no le era exigible desde ningún punto de vista proceder a pagar las cesantías, así como tampoco el control sobre el día oportuno a cancelar la obligación, pues, el seguimiento de términos para efectos de pago oportuno es propio de la FIDUPREVISORA.

Por último, propuso la siguiente excepción: Improcedencia de pago de sanción mora con recursos del Departamento del Tolima considerando las actuaciones de la Gobernación y fechas de remisión de los actos.

4.- La sentencia apelada.5

Lo es la proferida el pasado 08 de marzo de 2024 , por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante la cual accedió a las

4.- La sentencia apelada.5

Lo es la proferida el pasado 08 de marzo de 2024 , por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

Luego de citar las disposiciones normativas relacionadas con la sanción moratoria, indicó que el demandante el 31 de agosto de 2021 había radicado solicitud de pago de cesantías parciales , las cuales fueron reco nocidas mediante Resolución No. TOLIME 202100036 de 18 de noviembre de 2021 y pagadas el 20 de enero de 2022.

Seguidamente procedió a realizar el conteo de términos, para lo cual indicó que la solicitud de cesantías se había elevado el 31 de agosto de 2021, por lo que el termino para expedir l a resolución de reconocimiento vencía el 21 de septiembre de 2021, los 10 días de ejecutor ia vencían el 05 de octubre del mismo año y los 45 días para el pago d e la prestación el 13 de diciembre de 2021, y que el pago se realizó el 20 de enero de 2022.

Precisó que de acuerdo con el conteo realizado era evidente el incumplimiento de los términos establecidos en la ley, lo que daba lugar al pago de la sanción mora peticionada por el demandante; así mismo señaló que el Departamento no allegó prueba fehaciente que demostrara cual fue la causal que lo condujo a la mora en la expedición del acto de reconocimiento de las cesantías y remitirlo a la Fiduprevisora para el correspondiente pago.

Dijo que lo anterior permitía concluir que la responsabilidad en la mora

a la mora en la expedición del acto de reconocimiento de las cesantías y remitirlo a la Fiduprevisora para el correspondiente pago.

Dijo que lo anterior permitía concluir que la responsabilidad en la mora reclamada se dio por la inoperancia de la Secretar ía de Educación del

5 Ver expte Juzgado – Archivo 22Radicación N°.: 73001-33-33-005-2023-00164-01

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Departamento, al no haber gestionado los tramites dentro del término de ley, siendo por ende responsable de l pago de la citada sanción mora desde el 14 de diciembre de 2021 al 19 de enero de 2022.

5.- El recurso de apelación.6

Inconforme con la precedente decisión, el apoderado del demandante interpuso recurso de apelación contra la misma, expresando su inconformidad contra el fallo proferido por el Juez de instancia, solicitando la revocatoria de los ordinales tercero y cuarto, mediante los cuales le ordenó el pago de la sanción mora a cargo del Departamento del Tolima.

Adujo que no compartía la decisión adoptada por el Juez de instancia , pues el despacho no debió tomar como fecha de solicitud de las cesantías el 31 de agosto sino el 09 de agosto de 2021 , teniendo en cuenta que en esa fecha el docente radicó ante la Secretaría de Educación del Departamento la totalidad de los documentos para dar trámite al reconocimiento de las cesantías, sin

agosto sino el 09 de agosto de 2021 , teniendo en cuenta que en esa fecha el docente radicó ante la Secretaría de Educación del Departamento la totalidad de los documentos para dar trámite al reconocimiento de las cesantías, sin embargo en la plataforma humano en línea, desarrollada por el Ministerio de Educación Nacional y la Fiduprevisora reporta como fecha de radicado otra, y la mayoría de veces muy posterior y presuntamente por encontrarse en validación documental, circunstancia esta que no puede aceptarse teniendo en cuenta que el término que tarda la solicitud en ser valida da por la Secretaría es ajeno al docente y por ende la tardanza presentada debe ser imputada a cargo de la entidad, pues es esta quien incurre permanentemente en demoras administrativas.

Adujo que era evidente que la normatividad que regulaba el reconoci miento y pago de la sanción moratoria, viene siendo burlada por parte de las entidades demandadas, como quiera que la demandante elevó solicitud de pago de cesantías el día 09 de agosto de 2021, fecha a partir de la cual la entidad contaba con setenta (70) días hábiles para efectuar el pago, venciendo dicho termino el 19 de noviembre de 2021, sin embargo, la cancelación de la cesantía peticionada se llevó a cabo el día 20 de enero de 2022, transcurriendo 62 días de mora así:

Insistió que la fecha que se debe tener en cuenta como solicitud de cesantías es cuando el docente presenta toda la documentación requerida, que en el caso concreto fue el 09 de agosto de 2021, y no la fecha que a juicio de la entidad sea aceptada y radicada la documental, pues dichos términos de validación son

es cuando el docente presenta toda la documentación requerida, que en el caso concreto fue el 09 de agosto de 2021, y no la fecha que a juicio de la entidad sea aceptada y radicada la documental, pues dichos términos de validación son utilizados para evitar causar la mora, además de los tramites internos cuya carga no debe ser asumida por el docente ; además señaló que la norma contemplaba un término para los eventos en que la doc umentación hubiese sido allegada incompleta, sin embargo en el sub lite no se había presentado tal circunstancia, por lo que no podía variarse el termino de radicación de la solicitud ni el conteo de términos para el pago de las cesantía.

Manifestó que como quiera que el docente elevó solicitud de pago de cesantías el 09 de agosto de 2021, a partir de dicha fecha la entidad contaba con setenta (70) días hábiles para efectuar el pago, venciendo dicho termino el 19 de noviembre de 2021, sin embargo, la cancelación de la cesantía peticionada se llevó a cabo el día 20 de enero de 2022, transcurriendo 62 días de mora así.

6 Ver Expte Juzgado – Archivo 24Radicación N°.: 73001-33-33-005-2023-00164-01

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Concluyó que del informativo de fechas que arroja el aplicativo HUMANO EN LINEA se colige que se incumplieron los términos establecidos en las

Concluyó que del informativo de fechas que arroja el aplicativo HUMANO EN LINEA se colige que se incumplieron los términos establecidos en las disposiciones que regula la materia , lo que da lugar a que se revoque parcialmente la sentencia censurada, en el sentido de tomar como fecha de solicitud de cesantías el 09 de agosto de 2021.

III. TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por auto de 25 de junio de 2024 se admitió el recurso interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora, sin que ninguno de los sujetos procesales se hubiese manifestado sobre el mismo, y como quiera que dentro del término de ejecutoria del auto que admitió el recurso de alzada no se presentaron alegatos de cierre, se dispuso dar cumplimiento a lo previsto en el numeral 5 del Artículo 247 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

1. Sobre la competencia

Es competente esta Colegiatura para desatar la impugnación contra la sentencia de primer grado, según voces de los arts. 153 y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir en su orden que corresponde a los Tribunales Administrativos en segunda instancia conocer de las apelaciones contra las sentencias de primera instancia dictadas por los jueces administrativos.

2. Problema Jurídico.

En lo términos de la apelación, el problema jurídico a resolver se contrae a establecer, si la fecha de radicación de la solicitud de cesantías establecida por

dictadas por los jueces administrativos.

2. Problema Jurídico.

En lo términos de la apelación, el problema jurídico a resolver se contrae a establecer, si la fecha de radicación de la solicitud de cesantías establecida por el Juez de instancia (31 de agosto de 202 1) y la cual sirvió de sustento para determinar la sanción mora a cargo del Departamento del Tolima es la correcta, o si, por el contrario, debe ser tenida como tal la fecha indicada por el apoderado recurrente (09 de agosto de 2021).

3. Marco legal y Jurisprudencial:

La Ley 91 de 1989, "Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio", reguló lo concerniente a las prestaciones sociales tanto de los docentes nacionalizados como de los docentes nacionales. En tal sentido en su artículo 1°, distingue a los docentes nacionales de los nacionalizados, señalando que los primeros son los que se vincul an por nombramiento del Gobierno Nacional, y los segundos, son los que se vinculan por nombramiento de la entidad territorial antes del 1° de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 43 de 19757.

7 Ley 43 del 11 de diciembre de 1975 "Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y comisarias; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones". Artículo 10°. - "En adelante ningún

prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y comisarias; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones". Artículo 10°. - "En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazasRadicación N°.: 73001-33-33-005-2023-00164-01

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Por su parte, el numeral 1° del artículo 15 establece, que a partir de su vigencia, el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990, se regirá de la siguiente manera:

• Los docentes nacionalizados o territoriales que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

• Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1° de enero de 1990, para los mismos efectos, se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978 o que se expidan en el futuro con las excepciones consagradas en esta ley.

Puntualmente, frente a lo relacionado con las cesantías de los docentes de

de 1969 y 1045 de 1978 o que se expidan en el futuro con las excepciones consagradas en esta ley.

Puntualmente, frente a lo relacionado con las cesantías de los docentes de carácter nacional y vinculado a partir del 1 de enero de 1990, el numeral 3° ibídem, dispuso:

“3.- Cesantías:

Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, qu e de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasa n al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional."

Sobre el particular el Honorable Consejo de Estado, en sentencia del 25 de marzo de 2010 , dictada dentro del proceso con radicación No. 63001 -23-31000-2003-01125-01(0620-09), Consejero Ponente Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, señaló:

"De manera particular, en lo que a las cesantías hace referencia, el

000-2003-01125-01(0620-09), Consejero Ponente Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, señaló:

"De manera particular, en lo que a las cesantías hace referencia, el numeral 3° de este mismo artículo s eñala que, a partir de su vigencia, para docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, dicho Fondo pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado sobre el último salario devengado si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario, sobre el salario promedio del último año. Y para los docentes que se vinculen a partir del 1° de enero de 1990

de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional".Radicación N°.: 73001-33-33-005-2023-00164-01

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y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero solo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1° de enero de 1990, el Fondo reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes a 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y si n retroactividad , equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés que de acuerdo con

sobre saldo de estas cesantías existentes a 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y si n retroactividad , equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial de captación del sistema financiero durante el mismo período.

Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.

Se deduce entonces, que la Ley 91 de 1989 estableció un régime n que reguló la situación de los docentes, en atención al proceso de nacionalización de la educación previsto en la Ley 43 de 1975 y que implicaba la existencia tanto de docentes vinculados por la Nación como de docentes que habiendo sido vinculados por un a entidad territorial, serían nacionalizados.

Los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad territorial y los docentes nacionales y los vinculados a partir del 1° de enero de 1990, se les aplicarán las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional.

En lo que atañe a las cesantías de los docentes nacionalizados, se conservó el sistema de retroactividad para los vinculados has ta el 31 de diciembre de 1989 , de conformidad con la normativa vigente en la entidad territorial, y a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1° de enero de 1990, se les aplicaría un sistema anualizado de cesantías sin retroactividad y suje to al reconocimiento de intereses ".

la entidad territorial, y a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1° de enero de 1990, se les aplicaría un sistema anualizado de cesantías sin retroactividad y suje to al reconocimiento de intereses ". (Negrilla y Subrayado de la Sala).

No obstante lo anterior, y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Ley 91 de 1989 no reguló el derecho de los docentes al reconocimiento y pago de esta prestación, y en esa perspectiva la sanción por mora en el pago de las cesantías es una figura creada por la Ley 244 de 1995, cuyo objetivo es proteger el pago oportuno de las cesantías, pues a través del establecimiento de una sanción pecuniaria para las entid ades públicas por la demora en el pago de esta prestación, se buscaba que estas expidieran la resolución de reconocimiento y pago en forma oportuna y expedita para evitar corrupción, favorecimientos indebidos y perjuicios a los trabajadores.8

En este sentido, la Ley 244 de 1995 se ocupó de determinar los destinatarios de la sanción, fijar los términos para la liquidación; reconocimiento y pago de las cesantías definitivas de los servidores públicos de los órganos y entidades del Estado; y establecer el término para que opere la respectiva sanción y su valor.9

8 Consejo de Estado, Sentencia del 27 de marzo de 2007, Rad. 2000-02513-01 (IJ) C.P. Jesús María Lemus Bustamante. 9 Artículo 1º Ley 244 de 1995.Radicación N°.: 73001-33-33-005-2023-00164-01

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

9 Artículo 1º Ley 244 de 1995.Radicación N°.: 73001-33-33-005-2023-00164-01

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Así, respecto al procedimiento y los términos para el reconocimiento y pago de las cesantías, la norma indica que la administración tiene 45 días para pagar la prestación solicitada. El término comienza a correr una vez han transcurrido 15 días desde la radicación de la petición, periodo en el que la administración debe emitir un pronunciamiento de fondo en el que reconozca o niegue el pago del auxilio de cesantía. A esos 60 días se suman 5 días más correspondientes al término de ejecutoria del acto de reconocimiento y liquidación, cuyo trámite debe agotarse en 65 días hábiles, y a partir del día 66, se reconocerá y pagará al beneficiario un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las cesantías.

De otra parte, la Ley 1071 de 2006 modificó la Ley 244 de 1995, y precisó su ámbito de aplicación, pues mientras en la Ley 244 de 1995 establecía que los destinatarios de la norma eran los servidores públicos de todos los órdenes, en la nueva disposición se dijo que lo eran los miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, y agregó que para los mismos

la nueva disposición se dijo que lo eran los miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, y agregó que para los mismos efectos, se aplicará a los miembros de la Fuerza Pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma transitoria o permanente, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional del Ahorro.

Igualmente, extendió los efectos de la sanción a la demora en el trámite del retiro parcial de las cesantías, pues la Ley 244 de 1995 solo se refería a las cesantías definitivas, y mantuvo los mismos términos para el trámite de reconocimiento y pago del auxilio de cesantía, así como el valor de la sanción moratoria por retardo en su pago.

Debe advertirse igualmente que con la expedición del Decreto 1272 de 2018 expedido por el Ministerio de Educación Nacional, se reglamentó el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas de los docentes con el propósito de agilizar esos trámites y cumplir los acuerdos suscritos con FECODE el 16 de junio de 2017.

El referido decreto definió el procedimiento, los plazos y responsabilidades de los actores que intervienen en el reconocimiento de las prestaciones, esto es, las entidades territoriales certificadas en educación y la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del FOMAG, señalando que las solicitudes de reconocimiento de cesantías parciales o definitiva s a cargo de dicho Fondo deben ser resueltas sin exceder 15 días hábiles contados desde la radicación completa de la solicitud por parte del peticionario.10

solicitudes de reconocimiento de cesantías parciales o definitiva s a cargo de dicho Fondo deben ser resueltas sin exceder 15 días hábiles contados desde la radicación completa de la solicitud por parte del peticionario.10

Con respecto al pago de las cesantías, indicó que dentro de los 45 días hábiles siguientes a la notificación y ejecutoria del acto administrativo que reconoce las solicitudes de reconocimiento de cesantías parciales o definitivas, la sociedad fiduciaria debe efectuar los pagos correspondientes.11

Huelga recordar que en relación con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías a los docentes, el Consejo de Estado profirió múltiples decisiones contradictorias, pues de un lado sostuvo que los docentes no son destinatarios de la norma que consagra la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías, señalando que el legislador no señaló

10 Artículo 2.4.4.2.3.2.22. 11 Artículo 2.4.4.2.3.2.27.Radicación N°.: 73001-33-33-005-2023-00164-01

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expresamente que los mismos fueran beneficiarios de esta disposición, y que los docentes están cobijados por un régimen especial que no consagró la sanción moratoria por pago tardío de cesantías a su favor.

En otras providencias, nuestro órgano de cierre reconoció que la sanción por

los docentes están cobijados por un régimen especial que no consagró la sanción moratoria por pago tardío de cesantías a su favor.

En otras providencias, nuestro órgano de cierre reconoció que la sanción por mora en el pago de las cesantías sí procede para miembros del magisterio, pues señaló que existía abundante jurisprudencia que soporta la tesis de la compatibilidad de la aplicación de la Ley 1071 de 2006 con el régimen de cesantías de los docentes, por cuanto se trata de una normativa que cobija a todos los empleados y trabajadores del Estado.12

En reciente jurisprudencia del Consejo de Estado respecto de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías 13, se estudió una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por un docente contra la NaciónMinisterio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Depa rtamento del Tolima, y en el citado fallo sentó jurisprudencia para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, las siguientes reglas:

a) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días