TA TOL - Sentencia 73001-33-33-006-2019-00293-01 (22-05-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA MAGISTRADO PONENTE: LUÍS EDUARDO COLLAZOS OLAYA Ibagué, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

RADICACIÓN: 73001-33-33-006-2019-00293-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: OSCAR ANDRÉS BOLAÑOS BOLAÑOS – OTROS

APODERADO: ELMER DENNIS MAHECHA OSPINA

DEMANDADO: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE

APODERADO: MARY YADIRA GARZÓN REY

Llamado en garantía: ALLIANZ SEGUROS S.A

APODERADO: RICARDO VELEZ OCHOA

TEMA: FALLA MÉDICA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia del 20 de enero de 2023, proferida por el Juzgado Se xto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, por medio de la cual se negaron las pretensiones.

1. ANTECEDENTES

La parte demandante, en ejercicio del medio de control de reparación directa, mediante apoderado, promovió demanda en contra de la entidad demandada, con el fin de que se declaren administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios materiales, morales y alteración a las condiciones de existencia, a título de falla en el servicio médico con motivo de las graves lesiones y posterior pérdida y amputación transfemoral derecha sufrida por Oscar Andrés Bolaños Bolaños, como consecuencia de la infección adquirida en el centro hospitalario y por la falla en el servicio y la falta de controles durante los procedimientos.

sufrida por Oscar Andrés Bolaños Bolaños, como consecuencia de la infección adquirida en el centro hospitalario y por la falla en el servicio y la falta de controles durante los procedimientos.

Que se ordene a la demandada reconocer a favor de los d emandantes los perjuicios materiales, morales y alteración a las condiciones de existencia, a título de falla en el servicio médico con motivo de las graves lesiones y posterior pérdida y amputación transfemoral derecha sufrida por Oscar Andrés Bolaños Bolaños.

Que se ordene a las demandadas ajustar las sumas de dinero reconocidas de acuerdo a lo establecido en los artículos 187, 192 y 195 del CPACA.

2. HECHOS

Los que tienen relevancia jurídica son los siguientes:

2.1 El 16 de febrero de 2017, Oscar Andrés Bolaños Bolaños ingresó a sala de traumatología en camilla, en compañía de personal de enfermería, siendo remitido desde el Hospital San Carlos de Saldaña, por lesiones consecuencia de accidente de tránsito, en calida d de conductor de motocicleta, ocurrido en la vía Saldaña – Guamo, tras colisionar con otra motocicleta, con posterior dolor intenso en brazo derecho y miembro inferior derecho con trauma en cabeza sin pérdida de conciencia y con un diagnóstico de fractura de fémur derecho distal conminuta, fractura abierta de tibia y peroné grado IIIb tibia y peroné segmentaria, herida de 7 cm en pierna derecha.Radicación: 73001-33-33-006-2019-00293-01

Acción: Reparación Directa

Demandante: Oscar Andrés Bolaños –otros

Demandado: Hospital Federico Lleras Acosta

Acción: Reparación Directa

Demandante: Oscar Andrés Bolaños –otros

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2.2 El 22 de febrero de 2017, a Óscar Andrés Bolaños Bolaños se le realiz ó lavado quirúrgico más curetaje óseo de tibia en foco de fractura, posteriormente se reduce fractura de 1/3 medio y 1/3 proximal y se fija con placa bloqueada de tibia proximal, se colocan injertos de hueso desmoralizado en fractura diafisaria, segunda vía, se drena hematoma profundo, se des bridan tejidos profundos de músculo fiable, se realiza artrotomía de rodilla para drenaje de hematomas.

2.3 El 28 de febrero de 2017, en examen clínico de Óscar Andrés se evidencia presencia de pie caído derecho por lo que se solicitó férula otp y electromiografía neuro conducción de mid.

2.4 El 3 de marzo de 2017, se le realiza lavado quirúrgico y desbridamiento; el 7 de marzo de 2017, se le realiza lavado quirúrgico y en el cultivo del 3 de marzo de 2017, se señaló klebsiella y pseudomona aeruginosa mul tirresistente en manejo de meropenem y colistina. Finalmente, el 11 de marzo, se le realizó otro lavado.

2.5 El 13 de marzo de 2017, se le realiz ó nuevo lavado por riesgo de osteomielitis y se prolongó antibiótico a 21 días.

2.6 El 23 de marzo de 2017, le reportan a Óscar Andrés, el angio tac de miembro inferior

prolongó antibiótico a 21 días.

2.6 El 23 de marzo de 2017, le reportan a Óscar Andrés, el angio tac de miembro inferior derecho por hallazgos de fracturas múltiples que comprometen al fémur, la tibia, la epífisis proximal y el peroné. El 27 de marzo de 2017, se le realiza lavado quirúrgico.

2.7 El 11 de abril de 2017, reportan que el paciente tiene infección profunda del sitio operatorio profundo del fémur y tibia derecha cultivo E. cloacae multirresistente, se inicia cobertura con antibiótico de amplio espectro.

2.8 El 17 de abril de 2017, le reportan el examen de Rx de control de fémur con fractura conminuta distal y fractura de tibia proximal, requiriéndose un TAC de tibia derecha.

2.9 El 18 de abril de 2017, se le realiza desbridamiento de tejidos profundos en la rodilla y muslo + secu estrectomia tibia y, e l 26 de abril de 2017, se realizó junta médica quirúrgica debido al gran compromiso óseo, con pérdida de articulación de la rodilla de predominio femoral y presentar una rodilla móvil que no va a mejorar con ningún procedimiento quirú rgico, se recomend ó realizar una amputación transfemoral o una roacioplastia de van ness.

2.10 El 9 de mayo de 2017, el demandante es llevado a lavado y curetaje de rodilla derecha y pierna derecha con gran defecto de cobertura en cara anterior de la pierna. Y el 24 de mayo de 2017, se le realiz ó colocación de tutor externo de fémur y tibia,

derecha y pierna derecha con gran defecto de cobertura en cara anterior de la pierna. Y el 24 de mayo de 2017, se le realiz ó colocación de tutor externo de fémur y tibia, secuestrectomia de fémur y tibia con acortamiento de 1 cm de tibia derecha.

2.11 El 9 de junio de 2017, se le realiz ó cubrimiento de defecto de cobertura de pierna derecha, colgajo músculo cutáneo de gracilis derecho, por trombosis arterial, requirió anastomosis en 3 oportunidades.

2.12 El 22 de junio de 2017, Oscar Andrés fue atendido en urgencias – hospitalización del Hospital Universitario San Rafael de Bogotá y en la epicrisis se consignó que el paciente tiene un cuadro de 3 días de dolor de intensidad 7/10 en toda extremidad, refiere salida de contenido cerohemático por colgajo. Niega picos febriles, refiere adecuada tolerancia a la vía oral. Y se explicó al p aciente que esta era la última posibilidad reconstructiva con resultado fallido debido a calidad de vasos.

2.13 El 29 de junio de 2017, a Oscar Andrés se le realiz ó la amputación transfemoral derecha.Radicación: 73001-33-33-006-2019-00293-01

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Demandante: Oscar Andrés Bolaños –otros

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3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

3.1 HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE

Sostuvo que se opone a las pretensiones de la demanda por carecer de fundamentos de hecho y de derecho.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

3.1 HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE

Sostuvo que se opone a las pretensiones de la demanda por carecer de fundamentos de hecho y de derecho.

Que no se configuró negligencia médica alguna en este caso, conforme lo plasmado en la historia clínica, donde consta que al actor le prestaron los servicios de salud adecuados a su patología de forma oportuna, con calidad y eficacia, poniendo a disposición de éste, todos los conocimientos científicos y tecnológicos , así como las ayudas diagnósticas adecuadas, efectuándose un diagnóstico y tratamiento acorde al politraumatismo sufrido en accidente de tránsito del 16 de febrero de 2017.

Que la atención médica brindada por el Hospital Federico Lleras de Ibagué, se realizó dentro de los lineamentos y protocolos que en el caso bajo estudio establece la lex artis, no existiendo falla alguna en la prestación de servicios de salud desde el día 2 de febrero de 2017 hasta el día 3 de abril de dicho año.

Propuso la excepción de: Ausencia de nexo de causalidad, Ausencia de culpa profesional y la genérica.

3.2 LLAMADA EN GARANTÍA COMPAÑÍA DE SEGUROS ALLIANZ SEGUROS S.A

Sostuvo que se opone a las pretensiones de la demanda.

Que no existe nexo de causalidad entre la amputación de la extremidad inferior derecha al señor Oscar Andrés Bolaños Bolaños y la atención médica prestada al mismo en el Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. de Ibagué, toda vez que desde que fue ingresado

Que no existe nexo de causalidad entre la amputación de la extremidad inferior derecha al señor Oscar Andrés Bolaños Bolaños y la atención médica prestada al mismo en el Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. de Ibagué, toda vez que desde que fue ingresado por remisión del Hospital San Carlos de Saldaña hasta su alta el 3 de abril de 2017, se le brindó una atención integral, eficiente y adecuada de acuerdo a las necesidades médicas y físicas del paciente.

Que la póliza de responsabilidad civil profesional Clínicas y Hospitales No. 022198072, cuyo tomador - asegurado es el Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. tampoco se encontraba vigente para la fecha de la audiencia prejudicial. En cambio asevera que la póliza RC Profesional Clínicas y Hospitales No. 022381458/0, expedida por Allianz Seguros S.A el día 21 de diciembre de 2018, siendo tomador el Hospital Federico Lleras Acosta sí sería procedente para la vigencia desde las 00:00 horas del 11/12/2018 hasta las 24:00 horas del 10/12/2019 cuyo ámbito temporal contratado en la citada póliza es la modalidad Claims Mad e, por lo que en el evento de una condena contra el hospital, únicamente responderá hasta el límite máximo del valor asegurado por evento y previa deducción del correspondiente deducible pactado.

4. SENTENCIA IMPUGNADA

El Juzgado S exto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, el día 2 0 de enero de 2023, negó las pretensiones, tras considerar que no se demostró que por causa de falencias en la atención médica brindada por la entidad hospitalaria se hubiese generado

2023, negó las pretensiones, tras considerar que no se demostró que por causa de falencias en la atención médica brindada por la entidad hospitalaria se hubiese generado el daño acaecido, siendo que la mencionada atención estuvo enmarcada dentro de los parámetros previstos en la lex artis sin que se haya establecido la ocurrencia de una falla en el servicio médico prestado, con mayor razón si se tiene en cuenta que no se acreditóRadicación: 73001-33-33-006-2019-00293-01

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que la infección tuviese origen intrahospitalario y que la infección y amputación fueron consecuencias de la grave lesión sufrida.

5. RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante en su apelación indicó que la prueba de la afectación al actor y a sus familiares más cercanos, es la pérdida de su pie causada por la infección adquirida en la institución hospitalaria y la falta de efectividad en el tratamiento efectuado por los funcionarios de la salud de la institución en cuestión.

Que el actor ingresó al Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué el día 16 de febrero de 2017 a las 4:54 pm, el paciente continuó con cubrimiento antibiótico triconjugado hasta el día de la osteosíntesis definitiva, cuando se realizó una vez más lavado, desbridamiento de las f racturas, y se realizaron nuevamente colgajos de piel regional para asegurar la cobertura de la placa en la tibia, la cual se realizó el día 23 de febrero.

desbridamiento de las f racturas, y se realizaron nuevamente colgajos de piel regional para asegurar la cobertura de la placa en la tibia, la cual se realizó el día 23 de febrero. En la misma se colocó además dosis de antibiótico profiláctico la cual se prolongó por 72 horas más, con cefradina. Se suspendió la amikacina, como SEGÚN EL PERITO EVALUADOR recomienda la literatura, hasta el día 26 la evolución es satisfactoria, con cuadro hemático de control sin signos de infección, con signos vitales estables y sin fiebre.

Que es evidente la afectación que se le ocasion ó al actor por la falta de control de la infección en la institución hospitalaria, Inicialmente, debe reiterarse que la columna vertebral de la responsabilidad médica es el régimen general de responsabilidad subjetiva con acreditación de la culpa a cargo del demandante. Sin embargo, en presencia de infecciones de carácter nosocomial o intrahospitalario, las instituciones de salud deberán responder por una obligación de seguridad, frente a sus pacientes. En este punto, e s conveniente introducir una propuesta en la que se busca que la obligación de seguridad no solamente se derive de la responsabilidad contractual, sino que ese régimen de seguridad también se aplique cuando se configure una responsabilidad extracontractual.

Que aunque no haya un acuerdo contractual previo, esto no desproteja a la víctima de los posibles daños que pueda padecer, pudiéndose entonces extender a los daños imprevisibles de la responsabilidad, en este punto, es pertinente exponer un avance que se ha presentado en el régimen de protección al consumidor por productos defectuosos, en los que la responsabilidad ha trascendido la relación contractual, comprometiendo a

imprevisibles de la responsabilidad, en este punto, es pertinente exponer un avance que se ha presentado en el régimen de protección al consumidor por productos defectuosos, en los que la responsabilidad ha trascendido la relación contractual, comprometiendo a personas que no han celebrado ningún tipo de contrato, como sucede con el productor, distribuidor y último adquirente, traduciéndose en una responsabilidad constitucional que no es ni contractual ni extracontractual, tal como lo señala Giraldo (2012, pág. 15). En estos casos, se presenta una responsabilidad objetiva, ya que el consumidor únicamente estaría obligado a demostrar que el producto es defectuoso, sin necesidad de efectuar un análisis que determine cuales fueron las causas del defecto en el producto, adicionalmente, para que se configure la responsabilidad no se requiere vínculo contractual entre las partes.

Por lo anterior, solicitó se revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a las pretensiones de la demanda.

6. TRÁMITE PROCESAL

El proceso fue radicado en esta Corporación el 7 de marzo de 2023. Mediante auto del día 19 de abril del mismo año, se admitió el recurso de apelación.Radicación: 73001-33-33-006-2019-00293-01

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El trámite del recurso de apelación se surtió, de conformidad con lo establecido en el artículo 247 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

7. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA SALA

artículo 247 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

7. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA SALA

7.1. COMPETENCIA

Es competente el Tribunal Administrativo del Tolima para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto por el artículo 73 y siguientes de la Ley 270 de 1996 y por los artículos 153 y 243 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el art. 328 del CGP.

7.2. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde determinar, si

1. Se encuentra acreditado el daño antijurídico alegado por la parte demandante con ocasión a la amputación transfemoral derecha sufrida por Oscar Andrés Bolaños Bolaños, como consecuencia de alguna falla médica de la demandada.

1. En caso afirmativo, se acredito alguna acción u omisión de la demandada que constituya falla médica y que diera lugar al daño alegado; o por el contrario, no se acreditó tal circunstancia.

7.3. TESIS DE LA SALA

La sala confirmará la sentencia apelada, en el sentido negar las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que tal y como lo ha señalado el Consejo de Estado para declarar la responsabilidad del Estado por fallas en la prestación del servicio de salud, el régimen general aplicable es el de falla probada, en el que se requiere la acreditación de todos los elementos que la estructuran, esto es, el daño y su imputación por razón de la actividad médica. En este asunto por tratarse de un régimen de falla probada, es decir, que la parte actora

todos los elementos que la estructuran, esto es, el daño y su imputación por razón de la actividad médica. En este asunto por tratarse de un régimen de falla probada, es decir, que la parte actora logre acreditar todos los elementos que la estructuran, esto es, el daño y su imputación por razón de la actividad médica , pues, esa es su carga procesal, demostrar las imputaciones en las que basó sus preten siones, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política; sin que en este caso lo haya hecho.

Por lo anterior, se debe concluir que no puede atribuirse responsabilidad a la demandada, ya que se probó de manera fehaciente que la prestación del servicio médico por parte de esta fue oportuna y adecuada conforme al cuadro clínico que presentó el actor.

7.4 RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A partir de la Constitución Política de 1991, las entidades públicas deben responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que causen por acción u omisión siempre que les sean imputables 1, y no es que anteriormente no respondieran, es sólo que con su vigencia, ella dispuso en un articulado ese sentido.

1 La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen

constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicosRadicación: 73001-33-33-006-2019-00293-01

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Nuestro órgano de cierre2 aduce que “Esta norma, que se erige como el punto de partida en la estructura de la responsabilidad Estatal en Colombia, afinca sus raíces en los pilares fundamentales de la conformación del Estado Colombiano, contenidos en el artículo 1 superior, a saber, la dignidad humana, el trabajo, l a solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. De igual forma, con ponencia de Jaime Orlando Santofimio, en sentencia del 09 de mayo de 2011, radicación No.: 54001-23-31000-1994-08654-01(19976), expresó:

“Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública tanto por la acc ión, como por la omisión. Dicha imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar: i) la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio –simple,

jurídica, en la que se debe determinar: i) la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio –simple, presunta y probada-; daño especial –desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal-; riesgo excepcional), y; adicionalmente a lo anterior, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado.

(…)

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad, según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica. Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”.

En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva, título autónomo que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”. Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico -jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”.

objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”.

Esto, sin duda, es un aporte que se representa en lo considerado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”. Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un

que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Corte Constitucional, Sentencia C -333 de 1996. Po stura que fue seguida en la sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, sentencia C-892 de 2001. 2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, C.P.: Olga Mélida Valle De La Hoz, en sentencia del 30 de enero

de 2013, radicación No.: 25000-23-26-000-2001-01156-01(25573).Radicación: 73001-33-33-006-2019-00293-01

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correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no.”

En consecuencia, se hace necesario dilucidar en el caso concreto si se configuran los elementos legales para que surja el deber del Estado de responder, esto es, el daño antijurídico, la imputabilidad del mismo al demandado y el nexo causal entre uno y otro.

7.4.1. El daño ha sido tradicionalmente entendido como aquel menoscabo o detrimento que sufre una persona y que puede ser patrimonial o extrapatrimonial; sin embargo, para que genere responsabilidad debe ser: cierto, personal y antijurídico. Es cierto cu ando efectivamente ocurre de tal suerte que el hipotético no puede ser indemnizado . Así mismo, cuando se menciona que sea personal, se refiere que sólo su víctima está legitimada para la reclamación. El Consejo de Estado3 ha señalado: “El concepto del daño antijurídico cuya definición no se encuentra en la Constitución ni en la ley, sino en la doctrina española, particularmente en la del profesor Eduardo García de Enterría, ha sido reseñado en múltiples sentencias desde 1991 hasta épocas más recientes, como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.”

reseñado en múltiples sentencias desde 1991 hasta épocas más recientes, como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.”

En otro fallo 4 indicó: “ En cuanto al daño antijurídico, debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho”, y que la “Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con l os principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración”.

El precedente jurisprudencial constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (Art. 1º) y la igualdad (Art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constituc ión”5. En efecto, el daño antijurídico se concibe como aquel que la víctima no está obligada a soportar y por tanto, resulta jurídico si se constituye en una carga pública, o, antijurídico si es consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado d el derecho legalmente protegido, dando como resultado el no tener el deber legal de soportarlo.

7.4.2. De la imputación. Al respecto se ha distinguido entre la imputación fáctica (imputatio facti) y la imputación jurídica (imputatio iure) con el objeto de determinar quién

7.4.2. De la imputación. Al respecto se ha distinguido entre la imputación fáctica (imputatio facti) y la imputación jurídica (imputatio iure) con el objeto de determinar quién debe entrar a resarcir el daño causado. Así, Enrique Gil Botero, en el salvamento de voto que hace a la sentencia del 26 de mayo de 20106 expresó:

“Ahora bien, en materia del llamado nexo causal, debe precisarse una vez más que este constituye un concepto estrictamente naturalístico que sirve de soporte o elemento necesario a la configuración del daño, otra cosa diferente es que cualquier tipo de análisis de imputación, supone, prima facie, un estudio en términos de atribuibilidad material (imputatio facti u objetiva), a partir del cual se determina el origen de un específico resultado que se adjudica a un obrar – acción u omisión-, que podría interpretarse como causalidad material, pero que

3 Sección Tercera, Subsección A, C. P.: Hernan Andrade Rincón, en sentencia del 26 de mayo 2011, radicación No.: 19001-23-31-000-1998-03400-01(20097), 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, C.P.: Jaime Orlando Santofimio, en sentencia del 09 de mayo de 2011, radicación No.: 54001-23-31-000-1994-08654-01(19976). 5 Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001.

Santofimio, en sentencia del 09 de mayo de 2011, radicación No.: 54001-23-31-000-1994-08654-01(19976). 5 Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001. 6 Radicación No. 05001-23-26-000-1994-02405-01(18590) C.P.: Dr. Mauricio Fajardo Gómez,Radicación: 73001-33-33-006-2019-00293-01

Acción: Reparación Directa

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no lo es jurídicamente hablando porque perten ece al concepto o posibilidad de referir un acto a la conducta humana, que es lo que se conoce como imputación.

No obstante lo anterior, la denominada imputación jurídica (imputatio iure) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas o regímenes de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política7.”

El Estado, entonces, es responsable extracontractualmente una vez se haya configurado la existencia de un da ño antijurídico y la imputación del mismo desde el punto de vista fáctico y jurídico y, siempre y cuando se predique el nexo de causalidad entre estos.

7.5. PRESUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD EN EL CASO CONCRETO

fáctico y jurídico y, siempre y cuando se predique el nexo de causalidad entre estos.

7.5. PRESUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD EN EL CASO CONCRETO

7.5.1. EL DAÑO ANTIJURÍDICO

El daño antijurídico es entendido como la lesión que una persona no tiene el deber jurídico de soportar, y es uno de los presupuestos que estructuran la responsabilidad del Estado, común a todos los regímenes (falla del servicio, presunción de falla, daño especial, trabajos públicos, etc), a tal punto que la ausencia de éste elemento imposibilita el surgimiento de la responsabilidad endilgada, lo que naturalmente significa que se hace imposible la declaración de responsabilidad a cargo del Estado.

Ahora bien, para que el daño sea resarcible o indemnizable la doctrina y la jurisprudencia han establecido que debe reunir las características de cierto, concreto o determinado y personal.

Sobre el tema nos ilustra el profesor Juan Carlos Henao Pérez, que:

“(…) para que se declare la responsabilidad es menester que se presenten en forma concurrente una falla del servicio, un daño y una relación de causalidad entre uno y otro8. (…) Si no hubo daño o no se puede determinar o no se le pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la conducta del actor resultará necio e inútil. (…) De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cu ya falta resulta

ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la materia,