TA TOL - Sentencia 73001-33-33-006-2021-00136-01 (27-02-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Mag. Ponente: John Libardo Andrade Flórez

Ibagué – Tolima, veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación No.

73001-33-33-006-2021-00136-01

Interno: 1050/23

Medio de

Control:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

Demandante: JAIRO ALBEIRO GUZMÁN VARGAS

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA

NACIONAL – POLICÍA NACIONAL.

Tema:

Sanción disciplinaria

I. ASUNTO

Procede la S ala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, contra la sentencia proferida por él Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué, el 11 de julio de 2023, por medio de la cual se neg aron las pretensiones de la demanda, no observándose nulidad alguna que invalide lo actuado dentro del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, suscitado por el señor, Jairo Alberto Guzmán Vargas, en contra de la NaciónMinisterio de Defensa Nacional, Policía Nacional.

II. ANTECEDENTES

El señor Jairo Albeiro Guzmán Vargas , actuando por intermedio de su apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A. con la finalidad de obtener, mediante sentencia judicial, un pronunciamiento favorable sobre las siguientes:

1. DECLARACIONES Y CONDENAS1

Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A. con la finalidad de obtener, mediante sentencia judicial, un pronunciamiento favorable sobre las siguientes:

1. DECLARACIONES Y CONDENAS1

“Que se declare la nulidad de:

1). Fallo disciplinario de primera instancia, Proferido por el Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento de Policía del Tolima del 07 de septiembre de 2020, bajo el radicado número, (SIJUR DETOL-2017-70), que le impuso al accionante la sanción de Destitución e Inhabilidad General, por el término de diez años y la exclusión del escalafón de carrera.

2). Fallo disciplinario de segunda instancia del 05 de noviembre del año (2020) dos mil veinte, proferido por el Inspector Delegado de Región de Policía No. 02, el cual confirmó el fallo de primera Instancia.

1 Expediente unificado – cuaderno principal 1 – folios 6-8Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento Del Derecho 2

Demandante: Jairo Albeiro Guzmán Vargas.

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional Radicación: 73001-33-33-006-2021-00136-01

Interno: 1050-23

3). Que se deje sin valor y sin efecto, la resolución No. 00071 del 12 de enero del 2021, notificada el 19 de enero de 2021. En donde dicha resolución ejecuta la sanción disciplinaria Impuesta y confirmada en segunda instancia, en donde el jefe de control

notificada el 19 de enero de 2021. En donde dicha resolución ejecuta la sanción disciplinaria Impuesta y confirmada en segunda instancia, en donde el jefe de control interno Disciplinario del Departamento de Policía del Tolima (DETOL), le impuso al accionante el señor, Jairo Albeiro G uzmán Vargas, la sanción de Destitución e Inhabilidad General por el termino de (10) diez años, para ejercer la función pública y lo excluye del escalafón de carrera.

4). Como consecuencia de la Nulidad de los Actos anteriores y de la revocatoria de la resolución de la sanción ejecutada, se le ordene a la Policía Nacional Reincorporar al accionante al Cuerpo de policía, disponiéndole al mismo a su ascenso que tiene Derecho nivelándolo, al mismo rango de sus compañeros de promoción del nivel ejecutivo del año dos mil diecinueve (2019), que a la fecha los mismos ostentan el grado de intendente.

5). Que se ordene, en la liquidación de la sentencia con el mismo sueldo devengado por sus compañeros de promoción del nivel ejecutivo del año (2019), con todos los v alores que corresponden en equivalencia a salarios, prestaciones sociales, cesantías, vacaciones, primas legales y extralegales de forma indexada con los incrementos de ley, como si hubiese existido resolución de continuidad.

6). Que se declare por parte del Ministerio de Defensa, Policía Nacional, para todos los efectos legales, que no ha existido resolución de continuidad, en la prestación de los servicios por parte del demandante y que se indemnicen los perjuicios morales ocasionados al accionante, por cuando se ha visto afectado su buen nombre y su vida

efectos legales, que no ha existido resolución de continuidad, en la prestación de los servicios por parte del demandante y que se indemnicen los perjuicios morales ocasionados al accionante, por cuando se ha visto afectado su buen nombre y su vida familiar como consecuencia del retiro de la policía Nacional, el apoderado del demandante estima la cuantía en: 100 S.M.M.L.V. (Cien Salarios Mininos Legales Vigentes).

7). Que se le reconozca por parte de la Nación, Min Defensa, Policía Nacional, el pago gastos y costas procesales, así como las agencias en Derecho.

Que se expida una primera copia de la sentencia, indicando que la misma presta merito ejecutivo.”

2. HECHOS2

Como fundamento de sus pretensiones, el apoderado judicial del accionante, el señor Jairo Albeiro Guzmán Vargas, expuso al despacho los siguientes hechos:

1). El accionante el señor Jairo Albeiro Guzmán Vargas, ingresó a la Policía Nacional en el grado de Patrullero, mediante Resolución No. 03053 , proferida el 1 de septiembre del año 2005 y luego fue ascendido al grado de Subintendente, según consta en la Resolución No. 03868 del 25 de septiembre del año 2014, por lo que laboró en el nivel ejecutivo de la Policía Nacional por un periodo de 16 años, 4 meses, 8 días.

2). Durante su trayectoria en la institución policial, obtuvo 91 felicitaciones por reducción de índices delincuenciales, capturas, recuperación de elementos, incautación de armas de fuego, excelente desempeño y cumplimiento de programas, por su excelente responsabilidad y compromiso institucional, durante su carrera

reducción de índices delincuenciales, capturas, recuperación de elementos, incautación de armas de fuego, excelente desempeño y cumplimiento de programas, por su excelente responsabilidad y compromiso institucional, durante su carrera policial solo fue objeto de la sanción objeto de estudio.

2 Expediente unificado – cuaderno principal 1 – folios 10-32Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento Del Derecho 3

Demandante: Jairo Albeiro Guzmán Vargas.

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional Radicación: 73001-33-33-006-2021-00136-01

Interno: 1050-23

3). El día 07 de febrero del año 2017, le inician al accionante el señor Jairo Alberto Guzmán Vargas, una investigación Disciplinaria bajo No. 190, en el Municipio de Melgar Tolima, por la pérdida de 08 armas de fuego, que se encontraban en el Armerillo de la Estación de Policía del Municipio de Melgar Tolima.

4). El último l ugar donde el demandante, el señor Guzmán Vargas , prestó sus servicios fue en la Dirección Antinarcóticos, en la ciudad de Bogotá D.C.

3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN3

3.1. Como normas violadas se citaron en la demanda las siguientes:

De orden constitucional:

Artículo 29, Debido Proceso.

De orden legal:

• Ley 734 de 2002; Artículo 9, principio In Dubio Pro Disciplinario • Ley 1015 de 2006;

Artículo 5, Debido Proceso.

Artículo 29, Debido Proceso.

De orden legal:

• Ley 734 de 2002; Artículo 9, principio In Dubio Pro Disciplinario • Ley 1015 de 2006;

Artículo 5, Debido Proceso. Artículo 6, Resolución de la duda. Artículo 7, presunción de Inocencia. Artículo 12, Principio de Favorabilidad Disciplinaria. Artículo 17, Principio de proporcionalidad.

Del Orden Jurisprudencial:

• Corte Constitucional, Sentencia C-495-19

3.2. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

El Apoderado del Demandante, manifiesta lo siguiente respecto a la normatividad vulnerada en el acápite anterior.

“Se adelanta la instrucción en inobservancia de los mandatos legales e incumpliendo el deber funcional de la investigación integral presumiendo desde su inicio la responsabilidad en contra del principio de presunción de inocencia ”.

“El sujeto disciplinable se presume inocente y debe ser tratado como tal mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado. Durante la actuación disciplinaria toda duda razonable se resolverá a favor del sujeto disciplinable cuando no haya modo de eliminar la responsabilidad. Por no aplicar las sentencias de Inconstitucionalidad se dio plena operancía a este articulo 7. Incurrieron en yerro sustancial desconociendo el art. 2 que dispone la integración normativa No observó la Presunción de inocencia. Sino el de responsabilidad aquí no se presumió inocente siempre Fue tratado como responsable lo que llevo a emitir contra la expresa norma un fallo de responsabilidad Aunado a lo anterior todas las dudas razonables se resolvieron en contra del

Sino el de responsabilidad aquí no se presumió inocente siempre Fue tratado como responsable lo que llevo a emitir contra la expresa norma un fallo de responsabilidad Aunado a lo anterior todas las dudas razonables se resolvieron en contra del disciplinado habiendo un modo claro de eliminar la responsabilidad”.

3Expediente unificado – cuaderno principal 1 – folios 32-56Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento Del Derecho 4

Demandante: Jairo Albeiro Guzmán Vargas.

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional Radicación: 73001-33-33-006-2021-00136-01

Interno: 1050-23

“Desconoció el precedente de inexequibilidad de esa norma posterior C D U esto por la no aplicación de esta regla, genera nulidad del acto sancionatorio Si bien este no es un derecho absoluto para el proceso disciplinario, debe operar plenamente la presunción de inocencia, porque ella Requiere de convicción o certeza más allá de una duda razonable para ser desvirtuada Aquí había manera de eliminar la responsabilidad”, lo que se hizo Fue descartar la presunción de inocencia, incurriendo en desconocimiento del precedente dado en la C -495/9 Expediente: D-13121de la Sala Plena de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad de la expresión “cuando no haya modo de eliminar la responsabili dad”, contenida en el artículo 14 de la Ley 1952 de 2019, del Código General Disciplinario, Esta presunción de responsabilidad”.

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

4.1 NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL4

la Ley 1952 de 2019, del Código General Disciplinario, Esta presunción de responsabilidad”.

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

4.1 NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL4

Mediante apoderado judicial, la Policía Nacional, se opuso a las pretensiones del libelo, aduciendo:

“los actos Administrativos atacados fueron expedidos conforme a la ley y con el cumplimiento de los requisitos exigidos, por lo que la parte actora efectúa manifestaciones infundadas y sin respaldo probatorio, endilgando a la policía Nacional arbitrariedad o irregularidad en la expedición de dichos autos, situación que no es acorde con la realidad de los hechos, habiéndose plenamente demostrado que el señor Jairo Albeiro Guzmán Vargas, incurrió en la falta disciplinaria establecida en la ley 1015 del 2006, en su Artículo 34, numeral 21, literal D.

El Accionado sostuvo que se pretendió en la etapa de primera instancia, realizar nuevamente un debate Probatorio, sin tener en cuenta que el mismo ya se dio en sede administrativa, ante la oficina de control interno de la Policía Nacional, bajo el número de radicación DETOL 2017 -70, el cual fue adelantado en debida forma en contra del Accionante, quien hizo uso de los recursos establecidos por la ley para ello, e n donde en la etapa administrativa se planteó el mismo debate probatorio que se le planteo al juez de conocimiento, en donde en etapa administrativa el demandante conto con la oportunidad de ejercer su derecho que le asiste al mismo como lo es el derecho d e defensa y contradicción, habiendo el Despacho Disciplinario garantizado a él

juez de conocimiento, en donde en etapa administrativa el demandante conto con la oportunidad de ejercer su derecho que le asiste al mismo como lo es el derecho d e defensa y contradicción, habiendo el Despacho Disciplinario garantizado a él Accionante el Señor, Jairo Guzmán, el Debido proceso y el derecho de Defensa.

En conclusión afirmó el apoderado de la entidad Accionada, que los actos administrativos acusados, fueron debidamente expedidos por funcionarios competentes, de manera regular y en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, por lo que debe el despacho de conocimiento en primera Instancia declarar la nulidad de los mismos, por no ser contrarios a la Constitución, La Ley y/o disposiciones superiores y como consecuencia de ello la Entidad Accionada le solicitó al Despacho se le negaran las pretensiones del Libelo”.

5. SENTENCIA RECURRIDA5

Mediante sentencia del 11 de julio 2023, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, resolvió:

4 Expediente unificado – cuaderno principal 1 – folios 65-98 - SAMAI Índice 00011 5 SAMAI -Índice 00031Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento Del Derecho 5

Demandante: Jairo Albeiro Guzmán Vargas.

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional Radicación: 73001-33-33-006-2021-00136-01

Interno: 1050-23

“Primero: NEGAR las pretensiones de la Demanda”.

“Segundo: CONDENAR en Costas, en esta instancia al Actor, el señor, Jairo Albeiro

Interno: 1050-23

“Primero: NEGAR las pretensiones de la Demanda”.

“Segundo: CONDENAR en Costas, en esta instancia al Actor, el señor, Jairo Albeiro Guzmán, para tal efecto se le fijó como agencias en Derecho, la suma correspondiente al cuatro por ciento (4%) de lo pedido por el Actor”.

La Juez de primera instancia plant eó como problema jurídico el establecer si : ¿es procedente declarar la Nulidad de los Actos Administrativos acusados, fallo en primera y en segunda instancia, proferidas en las fechas del 07 de septiembre del 2020 y el 5 de noviembre del mismo año, profer idas respectivamente por la Oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento de Policía Tolima y por el Inspector Delegado Regional Dos de la Policía Nacional, dentro del proceso disciplinario bajo radicado, SIJUR DETOL -2017-70, por medio del cual se le impuso al Accionante la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de (10) diez años y en el fallo de segunda Instancia se le confirma la imposición de la sanción, al señor Jairo Albeiro Guzmán, por haber sido expedidos con desconocimiento de la presunción de inocencia y del debido proceso así como de la leyes 734 de 2002 y la 1015 de 2006; y como consecuencia de ello, si es procedente ordenar a la Entidad Accionada, el pago de todos los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir durante el tiempo de la sanción, además de los perjuicios morales causados, o si por el contrario los Autos cuestionados se encuentran ajustados a

Accionada, el pago de todos los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir durante el tiempo de la sanción, además de los perjuicios morales causados, o si por el contrario los Autos cuestionados se encuentran ajustados a Derecho a toda vez que fueron Proferidos respetando cada una de las Etapas del Proceso Disciplinario?

En razón al anterior el A-quo, realizó un recuento legal y jurisprudencia, de la siguiente manera:

La Constitución Política de 1991, hace mención que, en el Artículo 6° de la Carta, se estableció, que “Los particulares son responsables ante las autoridades por infringir la constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión y extralimitación en el ejercicio de sus funciones” . En razón a lo anterior la juez de conocimiento señaló que “ la potestad dis ciplinaria recae única y exclusivamente en el Estado, la cual la ejerce de manera preferente a través de la Procuraduría General de la Nación o a través de las oficinas de control interno Disciplinario, según sea el caso”.

La juez se refirió a lo precisado por la Corte Constitucional, respecto de la potestad disciplinaria y de la misma manera realizó un recuento legal y jurisprudencial de la Ley 734 del 2002 y la Ley 1015 del 2006, así mismo, de la validez y eficacia de los actos administrativos, falsa motivación, trayendo extractos jurisprudenciales del Consejo de Estado para luego hacer un análisis de las pruebas allegadas en debida forma al plenario, los hechos jurídicamente relevantes y probados con las mismas.

administrativos, falsa motivación, trayendo extractos jurisprudenciales del Consejo de Estado para luego hacer un análisis de las pruebas allegadas en debida forma al plenario, los hechos jurídicamente relevantes y probados con las mismas.

Descendiendo al caso concr eto, afirm ó el A-quo que, analizadas las pruebas recaudadas, el trámite del procedimiento disciplinario fue llevado a cabo por el funcionario investido de facultades legales, los actos administrativos fueron proferidos y debidamente notificados por el funcionario competente, descartándose sin duda alguna vulneración a los derechos de defensa, contradicción y al principio constitucional al debido proceso.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento Del Derecho 6

Demandante: Jairo Albeiro Guzmán Vargas.

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional Radicación: 73001-33-33-006-2021-00136-01

Interno: 1050-23

El A-quo concluyó que la valoración probatoria efectuada dentro de los actos administrativos dista sign ificativamente de ser arbitraria o caprichosa, dado que existían serios elementos de juicio para estimar que el armamento extraviado no fue sustraído por el Subintendente Pérez Alarcón.

Para el A-quo, debe tenerse en cuenta que, dentro del Proceso Discipl inario en mención, resulta esencial que el señor Subintendente Guzmán Vargas no fue sancionado bajo el supuesto de que el señor Subintendente Pérez Alarcón se llevara el armamento el día 2 de agosto de 2016, sino por la negligencia del señor Guzmán Vargas, en su condición de Jefe de Armamento de la Estación de Policía del

el armamento el día 2 de agosto de 2016, sino por la negligencia del señor Guzmán Vargas, en su condición de Jefe de Armamento de la Estación de Policía del Municipio de Melgar, Departamento del Tolima, en su deber de custodiar el armamento incautado. Pese a estar a cargo del armamento, no fue diligente en su cuidado, al punto de no ser consciente de su extravío hasta la fecha en que se realizó la revista física el día 7 de febrero de 2017, como consta en el acta 0014-REGIN-SIJIN2.25 de esa fecha.

No se demostró que el señor Guzmán Vargas, en su calidad de jefe de Armamento de la Estación de Policía del Municipio de Melgar – Tolima, hubiera realizado las acciones correspondientes para velar por la integridad y el cuidado del armamento incautado, puesto que no se probó que hubiera efectuado revistas físicas ni inventarios documentales permanent es. Tampoco se pudo probar que el señor Guzmán Vargas hubiera realizado solicitudes de reasignación del armamento dejado en depósito, o que hubiera solicitado a los despachos judiciales correspondientes dar de baja las armas de fuego incautadas.

El Despacho de Primera Instancia menciona que no acepta el argumento de conclusión presentado por el Apoderado del Actor, quien mencionó que la sanción impuesta por la Oficina de Control Interno Disciplinario (DETOL) se encontraba caducada, según lo dispuesto por el tenor literal de la Ley 1437 de 2011 en su artículo 53, el cual dispone: “Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la

53, el cual dispone: “Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado”.

Teniendo en cuenta que dicho artículo expresamente señala que el mismo debe aplicarse “salvo a lo dispuesto en l eyes especiales”, encontrándose dicho tema específicamente regulado en los artículos 32 de la Ley 1015 de 2006 y 32 de la Ley 734 de 2002, normatividad especifica y aplicable al caso, bajo la cual no tuvo lugar a caducidad o prescripción de la acción disci plinaria, cómo quiera que no transcurrieron los cinco años, que dispone la ley para que opere el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción disciplinaria.

En razón a lo anterior, se concluyó que las actuaciones realizadas, durante el proceso disciplinario las mismas se ajustan a derecho, debido a que se ajustan a la realidad fáctica y probatoria de los hechos, en cuanto que al disciplinable se le respeto su derecho constitucional al debido proceso, a la defensa y contradicción, el A -quo manifestó que el material probatorio aportado se encuentra ajustado a los principios que rigen la teoría general de la prueba, en efecto la defensa del accionante, al no haber podido demostrar las irregularidades aducidas, la presunción de legalidad de los actos administrativos enjuiciados se mantiene incólume.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento Del Derecho 7

Demandante: Jairo Albeiro Guzmán Vargas.

los actos administrativos enjuiciados se mantiene incólume.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento Del Derecho 7

Demandante: Jairo Albeiro Guzmán Vargas.

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional Radicación: 73001-33-33-006-2021-00136-01

Interno: 1050-23

6. IMPUGNACIÓN6

El apoderado de la parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, el 11 de julio de 2023. El recurso busca la revocatoria del fallo y, en su lugar, que se acceda a las pretensiones de l accionante, además de no condenarse en costas en caso de confirmarse la decisión.

El apoderado manifestó al despacho que la sentencia de primera instancia constituye un error judicial que atenta contra las normas internacionales, constitucionales y vigentes, vulnerando el derecho a la administración de justicia. Afirma que existen irregularidades y no ilicitud en la decisión, lo que justifica el recurso de apelación, señalando errores judiciales como la inadecuada valoración probatoria (error de hecho) y la indebida aplicación de estas (error de derecho).

Además, el apoderado argumenta que el proceso disciplinario se fundamentó en la presunción de culpa del disciplinable. Critica a la oficina de Control Interno Disciplinario por no vincular a todos los s ujetos responsables del armamento de fuego extraviado. Menciona la existencia de un acta clara y concreta que no fue tachada de falsa, en la cual se determinó una serie de obligaciones para el mando y

Disciplinario por no vincular a todos los s ujetos responsables del armamento de fuego extraviado. Menciona la existencia de un acta clara y concreta que no fue tachada de falsa, en la cual se determinó una serie de obligaciones para el mando y la vinculación de quienes tuvieron incidencia en las circunstancias que dieron lugar a la sanción.

Finalmente, el apoderado del demandante señala que el A -quo emitió un fallo sin certeza del responsable del hecho, lo cual considera absurdo. Resalta la vigencia del Código Disciplinario Único Ley 734 de 2002, q ue en su artículo 9 dispone la presunción de inocencia y establece que toda duda razonable debe resolverse a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla.

II. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN7

Mediante auto del 26 de febrero de 202 4, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, contra la sentencia proferida el 11 de julio de 2023 por el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Ibagué.

Igualmente, se advierte que en los términos de lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria de la providencia que admitió el respectivo recurso, el 07 de marzo de 2024 se recibió pronunciamiento por parte de la Entidad demandada.

PRONUNCIAMIENTO FRENTE AL RECURSO DE APELACIÓN – PARTE

DEMANDADA8.

El apoderado de la Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional, se pronunció

de la Entidad demandada.

PRONUNCIAMIENTO FRENTE AL RECURSO DE APELACIÓN – PARTE

DEMANDADA8.

El apoderado de la Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional, se pronunció frente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, reiterando lo expuesto en la contestación de la demanda.

6 SAMAI -Índice 00034 7 SAMAI-índice 0004 8 SAMAI – índice 00007 Segunda Instancia.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento Del Derecho 8

Demandante: Jairo Albeiro Guzmán Vargas.

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional Radicación: 73001-33-33-006-2021-00136-01

Interno: 1050-23

“El juzgado Sexto Administrativo Oral de Ibagué, tras un íntegro análisis jurídico y probatorio, resolvió negar las pretensiones de la demanda, al considerar que no se pudo demostrar que él señor, Guzmán Vargas, en su calidad de jefe de armamento de la estación de Policía del Municipio de Melgar - Tolima, él mismo realizará las acciones necesarias para garantizar la integridad y el cuidado del armamento de fuego incautado. No se probó, que él mismo efectuara revistas físicas permanentes al Armerillo, ni que realizara solicitudes de reasignación o las respectivas bajas del armamento incautado, la actitud pasiva del mismo dio como resu ltado en la perdida de dicho armamento. En donde al disciplinado durante el transcurso de la etapa de investigación disciplinaría, al mismo se le respetaron sus derechos

reasignación o las respectivas bajas del armamento incautado, la actitud pasiva del mismo dio como resu ltado en la perdida de dicho armamento. En donde al disciplinado durante el transcurso de la etapa de investigación disciplinaría, al mismo se le respetaron sus derechos fundamentales al Debido proceso y a la presunción de inocencia”. (…).

Así mismo, de a cuerdo con la constancia secretarial de ingreso al Despacho para decisión de fondo, la providencia del 26 de febrero de 2024 que admitió el recurso de apelación interpuesto fue notificada al agente del Ministerio Publico, quien guardó silencio dentro del término concedido para rendir concepto.

Encontrándose el proceso en estado de decidir, a ello se procede, para lo cual se hacen las siguientes,

III. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

De conformidad con el artículo 153 del C.P.AC.A., esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación formulado, por el apoderado de la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Oral de Ibagué, el 11 de Julio de 2023, en la que se negó las pretensiones de la demanda.

2. PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico en el sub judice, consiste en establecer, si en el fallo disciplinario proferido por la Oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento de Policía Tolima el día 07 de septiembre de 2020 , y confirmado en segunda instancia por el Inspector Delegado Región de Policía No. 02 del 05 de noviembre de 2020, por medio del cual se le impuso al señor Subintendente Jairo Albeiro Guzmán Vargas, la

por el Inspector Delegado Región de Policía No. 02 del 05 de noviembre de 2020, por medio del cual se le impuso al señor Subintendente Jairo Albeiro Guzmán Vargas, la sanción de destitución e inhabilidad por diez (10) años , no existió el suficiente material probatorio para que se calificara como falta gravísima, establecida en la Ley 1105 de 2006 en su artículo 34 numeral 21, literal D, o si, por el contrario, no existen vicios de nulidad y los actos acusados se ajustaron a los parámetros establecidos en la normatividad como lo estableció el A-Quo.

3. TESIS DE LA SALA

Esta Corporación considera, que se debe confirmar la sentencia recurrida, teniendo en cuenta que, no resulta viable extender a esta jurisdicción el debate probatorio de la instancia disciplinaria, habida cuenta que la interpretación y aplicación de la ley, así como la valoración pro batoria, constituyen un ejercicio de la autonomía funcionalmente conferida a la autoridad disciplinaria , a menos que se logre demostrar la violación del debido proceso y de las garantías y derechos que le son inherentes, tales como la presunción de inocencia, el juez natural, y los derechos de audiencia, defensa y contradicción, que a la luz de los preceptos constitucionales yMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento Del Derecho 9

Demandante: Jairo Albeiro Guzmán Vargas.

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional Radicación: 73001-33-33-006-2021-00136-01

Interno: 1050-23

convencionales son de naturaleza fundamental, lo cual en el caso no ocurrió, por el

Radicación: 73001-33-33-006-2021-00136-01

Interno: 1050-23

convencionales son de naturaleza fundamental, lo cual en el caso no ocurrió, por el contrario, las pruebas obrantes en el expediente fueron analizadas de manera integral y conforme a la sana critica por los operadores disciplinarios, concluyéndose allí razonadamente, que el señor Subintendente Jairo Albeiro Guzmán fue responsable de la falta gravísima establecida en la Ley 1015 de 2006, en su artículo 34, numeral 21, literal D , por tanto, los actos acusados sancionatorios conservan su presunción de legalidad como lo decidió la providencia recurrida , la cual será confirmada en su integridad.

4. FUNDAMENTO DE LA TESIS DE LA SALA

Procede la Sala a resolver el problema jurídico planteado en precedencia, teniendo en cuenta los reparos planteados en la apelación, conforme lo dispuesto en el artículo 328 del CGP, para lo cual se hará referencia al régimen disciplinario de la Policía Nacional y el control judicial a los fallos disciplinarios.

4.1. DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA NACIONAL

El artículo 218 de la Constituci