TA TOL - Sentencia 73001-33-33-006-2021-00196-01 (05-06-2025)

República de Colombia

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Magistrado Ponente. Dr. CARLOS ARTURO MENDIETA RODRÍGUEZ

Ibagué, cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025).

Radicación: No. 73001-33-33-006-2021-00196-01

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante: JOSÉ ALBERTO ARIAS MORALES

Demandado: NACIÓN–MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICIA

NACIONAL Asunto: Apelación de sentencia

I. OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Se encuentran las presentes diligencias en esta Corporación a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el extremo demanda nte, contra la sentencia dictada por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 5 de mayo de 2023 que negó las pretensiones demandatorias.

II. ANTECEDENTES

El señor José Albeiro Arias Morales obrando por conducto de apoderado judicial, y en uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuso demanda en contra de La Nación – Ministerio de defensa Nacional y Policía Nacional – Tribunal Médico Laboral y de Revisión Militar y de Policía , con el fin de que se hagan las siguientes:

II.1. DECLARACIONES Y CONDENAS1

II.1.1. Declarar nulo los actos administrativos: Acta de Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía Nro. TML21 -3-036 MDNSG -TML-41.1 de fecha 03 de

II.1.1. Declarar nulo los actos administrativos: Acta de Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía Nro. TML21 -3-036 MDNSG -TML-41.1 de fecha 03 de marzo de 2021 y notificado el 15 de marzo del 2021.

Acta Junta Médico Laboral DEVAL Nro. 4269 del 30 del 30 de junio de 2020 y notificada el 16 de julio de 2020.

II.1.2. Que, como consecuencia de lo anterior y en calidad del restablecimiento del derecho, se ordene a la Policía Nacional reconozca y pague de acuerdo a lo establecido en el Decreto 094 de 1989 artículo 82 numeral 6-036 la suma de 19 puntos.

II.1.3 Que se realice el cómputo del grado de discapacidad de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1796 de 2000, según las patologías del artículo 82 numeral 6-036 bilateral del Decreto 094 de 1989.

1 Ver páginas 1 y 2, archivo 004DemandaAnexos -expediente digital juzgado.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO JOSE ALBEIRO ARIAS MORALES VS NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL Y OTROS. RAD. 73001-33-33-006-2021-00196-01 Sentencia de Segunda Instancia Pág. 2 II.1.4. Que dicha cantidad debe ser actualizada según la variación porcentual del índice de precios al consumidor existente entre el momento de presentación de la solicitud, y el que exista cuando se produzca el fallo de segunda instancia o el auto que liquide los perjuicios materiales.

de precios al consumidor existente entre el momento de presentación de la solicitud, y el que exista cuando se produzca el fallo de segunda instancia o el auto que liquide los perjuicios materiales.

II.1.5. Que se condene en costas a la parte demandada.

II.2. HECHOS2

Como hechos relevantes se relacionaron los siguientes:

II.2.1. Que josé Alberto Arias Morales ingresó como alumno de la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá el 12 de noviembre de 1996 y finalizó sus estudios el 31 de julio de 1997.

II.2.2. Que fue designado para prestar sus servicios en la Estación de Policía de Tame

• Arauca.

II.2.3. En desarrollo de su actividad, entrando en una garita se presentó un incidente por mal funcionamiento de los fusiles Galil 7.62, impactó a uno de sus compañeros en una de las extremidades inferiores y por la gravedad de la lesió n, su compañero y amigo perdió la extremidad. Por tal situación, no recibió atención psicológica.

II.2.4. Por este inconveniente se dispuso su traslado para la ciudad de Arauca, permaneció un tiempo allí y luego fue trasladado para la estación de Cubará (Boyacá). Posteriormente lo enviaron al municipio de San José de Cravo Norte (Arauca) donde sostuvo varios hostigamientos con miembros de los grupos armados al margen de la ley.

II.2.5. Después de estar en Cravo N orte lo regresaron para Arauca (estación central) donde estando de servicio sufrió u n atentado con dos granadas de fragmentación,

ley.

II.2.5. Después de estar en Cravo N orte lo regresaron para Arauca (estación central) donde estando de servicio sufrió u n atentado con dos granadas de fragmentación, saliendo ileso, pero con dolor de cabeza y oído s, de lo anterior tampoco tuvo ninguna clase de tratamiento o exámenes médi cos debido a la onda explosiva y daños psicológicos.

II.2.6. Seguidamente fue trasladado al complejo “Caño Limón” por un tiempo, luego lo enviaron al departamento de Vaupés donde sostuvo varios enfrentamientos con grupos armados al margen de la ley, de los que se encuentra registro en los libros de población.

II.2.7. Estando en Mitú l a señora esposa del señor José Arias, le dio preeclampsia y debido a que no tenía la atención necesaria perdieron a su hijo.

II.2.8. De tantos enfrentamientos, no tener comida, entre otros, la Dirección de la Policía envió un grupo interdisciplinario para realizar las valoraciones de todos, sin que dieran historias clínicas o antecedentes de los mismos.

2 Ver página 3 004DemandaAnexos -expediente digital juzgado.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO JOSE ALBEIRO ARIAS MORALES VS NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL Y OTROS. RAD. 73001-33-33-006-2021-00196-01 Sentencia de Segunda Instancia Pág. 3

III. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACION

El extremo demandante indicó que los actos administrativos atacados vulneran lo

Sentencia de Segunda Instancia Pág. 3

III. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACION

El extremo demandante indicó que los actos administrativos atacados vulneran lo dispuesto en los artículos 2, 6, 25, 29 y 53 de la Constitución Política; Decreto 094 de 1989 articulo 82 nro. 6-036 y Decreto 1796 de 200.

Como concepto de violación indicó3:

“Se transgredieron las disposiciones constitucionales citadas, por cuanto se desconocieron todos los documentos aportados dentro de la solicitud de junta medico (SIC) laboral, al igual que lo establecido en artículo 24 del Decreto 1796 de 2000 y documentos de enfrentamientos con grupos narco terrorista de la F.A.R.C., en los cuales indicaban que el señor José Albeiro Arias Morales, adquirió las patologías en servicio.

DESVIACIÓN DE PODER – FALSA MOTIVACIÓN

(…) Se da al momento que desconoce al desconocer (sic) las funciones que se le atribuyen, pues la Junta Médico Laboral es un organismo, como su nombre lo indica, de naturaleza médico laboral Militar y de Policía, encargada prevalentemente de (i) valorar y registrar las secuelas definitivas de las lesiones o afecciones diagnosticadas; (ii) clasificar el tipo de incapacidad psicofísica y aptitud para el servicio activo, pudiendo recomendar la reubicación laboral cuando así lo amerite; (iii) determinar la disminución de la capacidad psicofísica. (…)

Es así que al momento de realizar las actas de junta y tribunal, no se tuvieron las exposiciones expuestas tanto en Arauca, como en el Vaupés a la exposición de

(…)

Es así que al momento de realizar las actas de junta y tribunal, no se tuvieron las exposiciones expuestas tanto en Arauca, como en el Vaupés a la exposición de explosiones e impactos psicológicos. (…)

Al momento de sacar el acto administrativo su sustento fue la lesión era muy vieja y que no existía informe administrativo, sin realizar una investigación profundo (sic), como se hubiera podido realizar en la especialidad de salud en el Trabajo, con ello se podía realizar un estudio a fondo de las lesiones que presentaba mi poderdante y las posibles fechas de estructuración, lo cual no se hizo y se limitó a que no se califica.”.

IV. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Dentro del término de traslado que trata el artículo 172 de la Ley 1437 de 2011, las entidades demandadas contestaron la demanda oponiéndose a la prosperidad de las súplicas, y además señalaron:

3 Ver página 4 004DemandaAnexos -expediente digital juzgado.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO JOSE ALBEIRO ARIAS MORALES VS NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL Y OTROS. RAD. 73001-33-33-006-2021-00196-01 Sentencia de Segunda Instancia Pág. 4

IV.1. NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA4: “Es de aclarar que el Tribunal Médico Laboral APARTE DE SEGUIR LOS PROTOCOLOS PARA EL ESTUDIO Y DIAGNÓSTICOS DE LAS AFECCIONES Y/O LESIONES DEL ACTOR,

IV.1. NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA4: “Es de aclarar que el Tribunal Médico Laboral APARTE DE SEGUIR LOS PROTOCOLOS PARA EL ESTUDIO Y DIAGNÓSTICOS DE LAS AFECCIONES Y/O LESIONES DEL ACTOR, NO DETERMINÓ UN PORCENTAJE EN SU DISMINUCION DE SU CAPACIDAD LABORAL, PUESTO QUE NO ENCONTRÓ SECUELAS FUNCIONALES PARA EL SERVICIO, SINO DE

ORIGEN COMÚN; CONCLUYENDO LUEGO DE REALIZAR UNA VALORACION EN BASE

A LOS CONCEPTOS MÉDICOS ALLEGADOS, DECLARARLO APTO PARA LA ACTIVIDAD

POLICIAL.

Adicional a lo anterior me permito manifestar que la decisión adoptada por los miembros del Tribunal Médico fue de conformidad con la especialidad y experiencia que los caracteriza; será tarea de la parte demandante demostrar que fue en el sentido contrario. (…) No perder de vista, que frente a la inconformidad que muestra el demandante es respecto del porcentaje del acta enunciada – OBVIANDO EL REGIMEN ESPECIAL QUE ENVISTE AL PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, puesto que se debe tener en cuenta el término de dos (2) meses de vigencia de los conceptos médicos, tema del cual habla el artículo 7 del Decreto 1796 de 2000. (…) Pretende la nulidad de las ACTA DE TRIBUNAL MEDICO LABORAL (PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA) y que las afecciones padecidas actualmente por el actor tienen nexo de causalidad con el servicio activo; LO CUAL ESTA DESPROVISTO DE TODA PRUEBA Y ES UNA CARGA

INSTANCIA) y que las afecciones padecidas actualmente por el actor tienen nexo de causalidad con el servicio activo; LO CUAL ESTA DESPROVISTO DE TODA PRUEBA Y ES UNA CARGA QUE LA PARTE ACTORA ESTA EN LA OBLIGACION DE SURTIR, QUE DENTRO DEL

PRESENTE CASO BRILLA POR SU AUSENCIA.

Dentro de los actos a impugnar, se evidencia que la misma no adolece de nulidad alguna, pues es claro que se hizo con fundamento en la normatividad vigente para ello. (…) Ciertamente, no existe trato discriminatorio cuando el legislador otorga un tratamiento diferente a situaciones que, en principio, podrían ser catalogadas como iguales, si tal igualdad sólo es aparente o si existe una razón objetiva y razonable para facili tar el trato divergente. Para que se verifique un trato discriminatorio es necesario que esa diferenciación plasmada por el legislador sea odiosa y no responsa a principios de razonabilidad y proporcionalidad. (…) Además, el estudio que efectúa la Junta Médica es científico, concreto y especial sobre la salud y las capacidades del personal policial y se fundamenta en: (…) a. La ficha médica de aptitud psicofísica. b. El concepto médico emitido por el especialista re spectivo que especifique el diagnóstico, evolución, tratamiento realizado y secuela de las lesiones o afecciones que presente el interesado. c. El expediente médico laboral que reposa en la respectiva Dirección de Sanidad. d. Los exámenes paraclínicos adicionales que considere necesario realizar. e. Informe administrativo por Lesiones Personales.

4 018ContestacionMinisterioDeDefensaNacional20211207MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

d. Los exámenes paraclínicos adicionales que considere necesario realizar. e. Informe administrativo por Lesiones Personales.

4 018ContestacionMinisterioDeDefensaNacional20211207MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO JOSE ALBEIRO ARIAS MORALES VS NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL Y OTROS. RAD. 73001-33-33-006-2021-00196-01 Sentencia de Segunda Instancia Pág. 5 Todo lo anterior para significar, que el dictamen del Tribunal Médico es definitivo. (…) En el caso del hoy convocante, NO se encontró que luego de examinar las razones del servicio que imponen la naturaleza de la función constitucional asignada a los Patrulleros de la Policía, NO se recomendó el retiro por razones del servicio, por Disminució n de la Capacidad

Psicofísica, PUESTO QUE EL SEÑOR ARIAS MORALES, NO PRESENTA RESTRICCIONES

PARA SU ACTIVIDAD POLICIAL.

Al respecto las decisiones que tome el Ministerio de Defensa no son resultado de un procedimiento arbitrario, sino de una decisión fundamentada en la evaluación hecha por la Junta Asesora establecida para tal efecto, como se explicó con antelación; SEGÚN SEA EL CASO. EN EL CASO DE MARRAS NO APLICA POR CUANTO, EL SEÑOR ARIAS MORALES, SE LE DEFINIÓ SU SITUACION MEDICO-LABORAL, ACTUACIONES EN LAS CUALES EL DEBIO ALLEGAR TODOS LOS EXÁMENES DE LEY, SITUACION QUE NO OCURRIÓ ASÍ.”

IV.2. NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSAPOLICÍA NACIONAL5

DEBIO ALLEGAR TODOS LOS EXÁMENES DE LEY, SITUACION QUE NO OCURRIÓ ASÍ.”

IV.2. NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSAPOLICÍA NACIONAL5

A través de apoderada judicial precisó que:

“…el apoderado de la demandante que el acto administrativo proferido por la Policía Nacional adolece de falsa motivación por cuanto se basa en las consideraciones de la junta médica laboral que declaró que no amerita índice lesional por lo tanto no hay disminución de la capacidad laboral y ello es desacertado, pues sería en verdad falsamente motivado, si estuviese amparado en cualquier otra decisión pero es que no pudiera desfasarse la institución de ese marco de referencia pues es precisamente la decisión de la autoridad médico laboral según el Decreto 1796 de 2000 el único competente para pronunciarse en el ámbito psicofísico…”

V. SENTENCIA APELADA

El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el día 5 de mayo de 2023, profirió sentencia dentro del asunto de la referencia, resolviendo:

“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte accionante de conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del C. G. P, para lo cual se fija la suma equivalente al 4% de lo pedido como agencias en derecho. TERCERO. Para efectos de la notificación de la presente sentencia, se ordena que por Secretaría se realice conforme los artículos 203 y 205 de la Ley 1437 de 2011, modificada por la 2080 de 2021.

TERCERO. Para efectos de la notificación de la presente sentencia, se ordena que por Secretaría se realice conforme los artículos 203 y 205 de la Ley 1437 de 2011, modificada por la 2080 de 2021.

CUARTO: Archívese el expediente, previas las anotaciones correspondientes.”

Para llegar a la anterior decisión el a-quo consideró:

5 Ver archivo 020ContestacionDemandaYExcepcionesMDNPoliciaNacional20220112 – expediente digital juzgado.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO JOSE ALBEIRO ARIAS MORALES VS NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL Y OTROS. RAD. 73001-33-33-006-2021-00196-01 Sentencia de Segunda Instancia Pág. 6

“(…)

Cargo – Desviación de Poder – Falsa Motivación

Alega el apoderado de la parte actora que los organismos médico-laborales al momento de determinar la capacidad psicofísica del actor, omitieron realizar una investigación profunda sobre el origen de las lesiones del demandante (exposición a explosiones, detonaciones, etc.) y, con fundamento en ello, determinar la fecha de estructuración de las mismas.

En este orden de ideas y como quiera que lo pretendido por la parte actora es que se adecúe la imputabilidad de las afecciones “hipoacusia neurosensorial bilateral y presbicia y astigmatismo”, al servicio, y, por ende, se le asigne índice de lesión, porcentaje de disminución de capacidad laboral y, se liquide el valor de la indemnización, procede el despacho a analizar los elementos de pruebas allegados al presente medio de control.

(…)

porcentaje de disminución de capacidad laboral y, se liquide el valor de la indemnización, procede el despacho a analizar los elementos de pruebas allegados al presente medio de control.

(…)

En este punto, es importante precisar que, pese a que el retiro del actor se dio en el año 2000, la valoración de la Junta Médica laboral se hizo hasta el año 2020, de acuerdo con el contenido de dicho documento, el señor Arias Morales padece de “hipoacusia NS bilateral”, y presentó un único ex amen que data 17 de septiembre de 2004, timpanograma para adaptación de audífonos.

Ahora bien, al revisar dicho dictamen, se advierte que en el mismo se hace un análisis de la situación actual del paciente y, a partir de los documentos de soporte aportados, determinaron que no es viable asignar índice s de lesión; si bien es cierto que la Junta Médico Laboral no analizó la relación causa – efecto de la patologías presentadas por el demandante, en razón a su exposició n a factores de riesgo como “explosiones, detonaciones, ráfagas”, lo cierto es que no se acreditó que la motivación de los actos administrativos haya desconocido el ordenamiento jurídico, pues no estaba demostrado con la documental allegada, que dicha patología hubiese sido generada durante la época de prestación efectiva del servicio.

Es claro, que la ausencia de incapacidades, reportes, conceptos o valoraciones médicas durante los años 1996 – 2000, en que prestó sus servicios el actor en los departamentos de Arauca, Guaviare y Vaupés, impiden establecer sí la lesión en el (los) oídos, es consecuencia de la exposición repetida a dichos sonidos. Vale indicar que si bien se

de Arauca, Guaviare y Vaupés, impiden establecer sí la lesión en el (los) oídos, es consecuencia de la exposición repetida a dichos sonidos. Vale indicar que si bien se acreditó que durante dicho periodo se presentaron hostigamientos, y ataques por parte de grupos armados al margen de la ley a los habitantes de dichas zonas, lo cierto es que las mismas se tornan insuficientes para determinar sí la perdida de la audición es consecuencia de la exposición a esa clase de ruido.

En efecto, la prueba documental da certeza de hostigamientos y contacto armado entre la Policía Nacional y Subversivos de las FARC, específicamente, en el mes de febrero del año 2000, en igual sentido, los testigos de la parte actora (compañeros) aluden ataques y combates durante ese tiempo, empero, la ausencia de estudios, o análisis imposibilitan determinar las razones específicas de su aparición.

(…)MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO JOSE ALBEIRO ARIAS MORALES VS NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL Y OTROS. RAD. 73001-33-33-006-2021-00196-01 Sentencia de Segunda Instancia Pág. 7

En el anterior contexto, confrontados los actos administrativos demandados, con las probanzas se arriba a la conclusión que las patologías diagnosticadas no fueron contraídas por causa o con ocasión del servicio, por las siguientes razones:

El diagnostico “Hipoacusia Neurosensorial Bilateral”, fue determinado en el año 2004, esto es, con posterioridad a la fecha en que voluntariamente se retiró del servicio, y no se arrimó al plenario elemento de prueba que acredite la relación causal con el servicio,

El diagnostico “Hipoacusia Neurosensorial Bilateral”, fue determinado en el año 2004, esto es, con posterioridad a la fecha en que voluntariamente se retiró del servicio, y no se arrimó al plenario elemento de prueba que acredite la relación causal con el servicio, específicamente, que su origen haya sido por exposición prologada a ruido durante la prestación del servicio.

Tampoco se acreditó que al empleador se le hubiese puesto en conocimiento dicho aspecto y pese a ello, inobservó las normas de salud ocupacional; como tampoco obran en el plenario incapacidades, concepto de reubicación laboral o dictamen médico que permita establecer las condiciones que progresivamente lo llevaron a la disminución de su agudeza visual.

Frente a las patologías de presbicia y astigmatismo no obra soporte probatorio que demuestre que las mismas son secuelas de una lesión o enfermedad adquirida durante el servicio, por tanto, al no estar probado que son el resultado del ejercicio de las actividades desempeñadas en actividad no podría considerarse como enfermedad laboral. Es relevante indicar que si bien en el escrito de demanda se alude problemas y trastornos psicológicos, lo cierto es que no allegaron diagnóstico, concepto médico de especialistas, ni siquiera fue calificado por la Junta Médica Laboral, razón por la cual no es posible hacer pronunciamiento sobre el particular.

(…)

De lo expuesto en precedencia, se concluye que la actuación administrativa se encuentra ajustada a lo señalado en los decretos 1796 de 2000 y 094 de 1989, pues la calificación del origen de las enfermedades padecidas por el demandante está soportada en la his toria clínica, y en los conceptos médicos que indican que las

calificación del origen de las enfermedades padecidas por el demandante está soportada en la his toria clínica, y en los conceptos médicos que indican que las patologías “Hipoacusia neurosensorial bilateral y Presbicia y Astigmatismo”, no devienen de hechos o circunstancias acaecidas durante el servicio, sino que pueden ser causadas por múltiples fact ores que resultan ajenos a las actividades realizadas en servicio, por lo que no es posible cambiar los porcentajes de indemnización solicitados. Por lo anterior y al no haberse desvirtuado la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados se negarán las pretensiones de la demanda.

(…)”

VI. LA APELACIÓN

Oportunamente, el apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 5 de mayo de 2023, señalando:

“De acuerdo al material probatorio en el cual manifiesta su honorable despacho, que no hubo excusas, informes prestacionales, que soportaran las afirmaciones que estuvo expuesto a factores de riesgo, en los formularios de vida que se anexaron, se encuentran las siguientes anotaciones: (…)MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO JOSE ALBEIRO ARIAS MORALES VS NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL Y OTROS. RAD. 73001-33-33-006-2021-00196-01 Sentencia de Segunda Instancia Pág. 8 Seguidamente en las declaraciones de los testigos donde el señor JOSE ORLANDO CORREA, manifiesta que en medio de un enfrentamiento cayo (sic) en un hueco el

Sentencia de Segunda Instancia Pág. 8 Seguidamente en las declaraciones de los testigos donde el señor JOSE ORLANDO CORREA, manifiesta que en medio de un enfrentamiento cayo (sic) en un hueco el cual le produjo un dolor intenso en la columna, al momento de ir al hospital manifestaron que no tenia (sic) contrato y no lo podían atender, por ende, no se atendía al personal de la policía nacional, menos pensar en una excusa, y que posteriormente le diagnosticaron inconvenientes de la coluna (sic) y el oído.

Seguidamente en la declaración del señor LUIS ALFREDO DUQUE, manifestó haber estado a factores de riegos como un enfrentamiento por mas (sic) de 8 horas (toma guerrillera) y tampoco le realizaron (sic) una valoración medica (sic) y solo fue hasta cuando salió de Mitú, que le hicieron una valoración en bogotá (sic).

De lo anterior se puede concluir que en los departamentos de policía Arauca y Mitú Vaupés, nunca hubo servicio de salud, por tal motivo todas las patologías que puede presentar los policiales no se tenia (sic) registro de las misma (sic).

Es tan grabe (sic) la situación que después de haber herido a su compañero ALZATE (el cual perdió una pierna), no fue atendido, fue así como en la declaración del señor Correa manifestó que le colocaron el apodo que “quita patas”, si esa novedad tan grabe (sic) no fue valorada por los especialistas como sicología y siquiatria (sic), muchos menos los enfrentamientos que quedaron plasmados tanto en la formulario de seguimiento ( hoja vida), como en las pruebas documentales allegadas al plenario y que no fueron controvertidas. (…)

muchos menos los enfrentamientos que quedaron plasmados tanto en la formulario de seguimiento ( hoja vida), como en las pruebas documentales allegadas al plenario y que no fueron controvertidas. (…)

Fue tan grave la lesión que desde el municipio de Tame fue enviado a Arauca la capital y de esto no aparezca ningún documento de sanidad, es porque no se le prestaba el servicio de salud, como lo manifestaron los testigos por falta de contratación, es de anotar que dentro de los estrados judiciales del valle del cauca existen cientos de acciones de tutelas por el derecho a l a salud ( falta de contratación) si esto ocurre en la actualidad con todas las garantías constitucionales, se puede dar plena credibilidad cuanto manifestaron que no tenían contratos para la salud, especialmente en Mitú y la cual la policía no se pronuncio (sic) al respecto.

Por lo expuesto anteriormente, la valoración probatoria se debió hacer con los documentales y las declaraciones que su honorable despacho convalido, y reitero que no hubo excusas o informes prestacionales, por negligencia de los encargados de los contratos en relación a la salud y los comandantes directos con motivo de los informes prestacionales por lesiones, pues eran ellos los llamados a realizar e informar las novedades, se manifestó que hubo una intervención interdisciplinaria por parte de la policía en Mitú, y tampoco figura registro en las minutas (al parecer los procedimientos se hacían al escondido).”

VII. TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación promovido por la parte demandada fue admitido mediante proveído fechado el 13 de julio de 20236; luego de notificado al agente del Ministerio

VII. TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación promovido por la parte demandada fue admitido mediante proveído fechado el 13 de julio de 20236; luego de notificado al agente del Ministerio Público, el 14 de agosto de 2023 ingresó al Despacho para el correspondiente fallo7.

6 Ver índice 004 aplicativo Samai. 7 Ver índice 010 aplicativo Samai.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO JOSE ALBEIRO ARIAS MORALES VS NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL Y OTROS. RAD. 73001-33-33-006-2021-00196-01 Sentencia de Segunda Instancia Pág. 9

Al no observarse causal alguna de nulidad procesal que invalide la actuación, la Sala procede a decidir la controversia conforme a las siguientes:

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SEGUNDA INSTANCIA

VIII.1. Competencia del Tribunal

En primer lugar, es menester indicar que de conformidad con la cláusula general de competencia consagrada en el inciso 1º del artículo 104 del C.P.A.C.A., esta jurisdicción puede aprehender el conocimiento del presente asunto, pues se trata de una controversia originada en un (1) hecho sujeto al derecho administrativo en el que al parecer está involucrada una entidad pública. Como corolario de lo anterior, según las voces del artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, esta Corporación es competente para resolver el recurso de alzada en contra de las sentencias proferidas por los Jueces Administrativos en primera instancia y como quiera que según la regla general consagrada en el inciso 1º del artículo 243 ibídem,

esta Corporación es competente para resolver el recurso de alzada en contra de las sentencias proferidas por los Jueces Administrativos en primera instancia y como quiera que según la regla general consagrada en el inciso 1º del artículo 243 ibídem, los fallos emitidos por los Jueces y Tribunales Administrativos son pasibles de ser apelados, es claro que esta Colegiatura es competente para dirimir el presente asunto en Sala de Decisión tal como lo prevé el artículo 125 ejusdem. VIII.2. Definición del recurso

Conforme a lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso, normativa aplicable al caso de autos por remisión expresa del canon 306 de la Ley 1437 de 2011, el estudio en esta segunda instancia se circunscribirá a los puntos de inconformidad formulados por el extremo accionante.

En el escrito de apelación, el apoderado de la parte demandante sostiene que la sentencia de primera instancia carece de fundamento suficiente, especialmente en lo relacionado con la valoración probatoria sobre la exposición del demandante a factores de riesgo durante su servicio en la Policía Nacional.

Argumenta que, pese a que no se allegaron excusas médicas o informes prestacionales formales que constataran dicha exposición, ello no implica que el demandante no haya sufrido afectaciones en su salud, ya que en los territorios donde estuvo asignado (Arau ca y Mitú, Vaupés) no existían entidades ni contratos que garantizaran la prestación de servicios de salud al personal policial.

Resaltó que la falta de atención médica por ausencia de contratación es una problemática sistémica, respaldada por cientos de acciones de tutela por el derecho a

garantizaran la prestación de servicios de salud al personal policial.

Resaltó que la falta de atención médica por ausencia de contratación es una problemática sistémica, respaldada por cientos de acciones de tutela por el derecho a la salud presentadas en el Valle del Cauca, y que se replica en zonas como Mitú. La Policía Nacional no ha dado respuesta ni ha registrado en minutas o documentos oficiales alguna intervención interdisciplinaria o protocolos médicos adecuados durante los enfrentamientos y situaciones de riesgo vividas por el demandante.

Así las cosas, el apoderado sostiene que, debido a estas circunstancias excepcionales y a la negligencia administrativa, la valoración probatoria debió realizarse con base en los documentos y testimonios disponibles, los cuales fueron debidamente validados por el juzgado, y no en la ausencia de excusas o informes que, por negligencia de los responsables de la contratación y comandantes, nunca se emitieron o registraron.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO JOSE ALBEIRO ARIAS MORALES VS NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL Y OTROS. RAD. 73001-33-33-006-2021-00196-01 Sentencia de Segunda Instanc