TA TOL - Sentencia 73001-33-33-006-2022-00242-01 (29-05-2025)

Tribunal Administrativo de Tolima

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Detalles

Título
TA TOL - Sentencia 73001-33-33-006-2022-00242-01 (29-05-2025)
Autor
Tribunal Administrativo de Tolima
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-006-2022-00242-01 De: José Feliciano Sánchez Sosa Contra: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -Cremil

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA

Ibagué, veintinueve (29) de mayo dos mil veinticinco (2025).

RADICACIÓN: 73001-33-33-006-2022-00242-01

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del Derecho DEMANDANTE: José Feliciano Sánchez Sosa DEMANDADO: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -Cremil REFERENCIA: Apelación sentencia -Condena en costas.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 9 de octubre de 2023 , proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué , dentro del proceso promovido por José Feliciano Sánchez Sosa en contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -Cremil, que denegó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES.

La demanda. El señor José Feliciano Sánchez Sosa, por conducto de apoderado judicial, instauró medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -Cremil, con el fin de que se despachen las siguientes:

Declaraciones y condenas (fl. 6 del documento 6_RecepcionMemorial, expediente

Retiro de las Fuerzas Militares -Cremil, con el fin de que se despachen las siguientes:

Declaraciones y condenas (fl. 6 del documento 6_RecepcionMemorial, expediente Samai).

Como pretensiones solicitó: • Se declare la nulidad del acto administrativo Oficio No. 2022043223 del 10 de junio de 2022, proferido por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -Cremil, que denegó reajuste de asignación de retiro.

A título de restablecimiento del derecho. Solicitó se condene a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -Cremil, a: Reconocer la asignación de retiro a partir del mes de octubre de 2019, fecha en la que se configuró el derecho a la asignación de retiro conforme al Decreto 4433 de 2004, artículo 16.

Se reconozca y pague las mesadas dejadas de cancelar con su respectiva indexación en la asignación de retiro, desde el mes de octubre de 2019 hasta el mes de febrero de 2020.2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-006-2022-00242-01 De: José Feliciano Sánchez Sosa Contra: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -Cremil

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La liquidación de las condenas deberá efectuarse mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia, debiendo ajustarse con base en el IPC.

Dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 189 a 192 de la Ley 1437 de 2011 y, se condene en costas a la entidad.

moneda de curso legal en Colombia, debiendo ajustarse con base en el IPC.

Dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 189 a 192 de la Ley 1437 de 2011 y, se condene en costas a la entidad.

Hechos. (fls. 5 a 6 del documento 6_RecepcionMemorial, expediente Samai). Como circunstancias fácticas que esboza la parte activa en la demanda, de manera sintetizada se establecen: El demandante ingresó al Ejército Nacional a prestar su servicio militar obligatorio en calidad de soldado regular el 14 de noviembre de 1997 y posterior a ello, en calidad de soldado profesional hasta el 30 de septiembre de 2019. Que cumplió un tiempo total de servicio de 20 años, 5 meses y 29 días de servicio activo en el Ejército Nacional.

Para ser beneficiario de la asignación de retiro, debe cumplir los requisitos exigidos en el Decreto 4433 de 2004, artículo 16, esto es 20 años y 3 meses de alta. Cremil le reconoció asignación de retiro mediante Resolución No. 1388 del 25 de febrero de 2020, reconocida desde el 30 de diciembre de 2019, empero los 20 años de servicio los cumplió en el mes de julio de 2019 y, los 3 meses de alta en el mes de octubre de 2019.

La asignación de retiro se debió reconocer desde el mes de octubre de 2019, fecha en la que se configuró los requisitos de tiempo exigidos en la reglamentación. En el mes de julio de 2019 el comandante de la Fuerza del Ejército Nacional, lo debió retirar de su actividad militar e iniciar los 3 meses de alta; no obstante, aprovechándose de su

de julio de 2019 el comandante de la Fuerza del Ejército Nacional, lo debió retirar de su actividad militar e iniciar los 3 meses de alta; no obstante, aprovechándose de su posición dominante no lo realizó.

Que la asignación de retiro al ser un régimen especial es compatible con el sueldo de su actividad militar, es decir, que el sueldo que recibió en los meses de octubre de 2019 a febrero de 2020 es el salario devengado por su actividad militar, adeudándose los meses de asignación de retiro desde que se configu ró el derecho. Que envió derecho de petición a la entidad solicitando el reconocimiento de la asignación desde la fecha que se configuró el derecho.

Normas violadas y concepto de la violación (fls. 6 a 9 del documento 6_RecepcionMemorial, expediente Samai). Como primera medida citó los artículos 53 de la Constitución Política, Ley 4 de 1992, Ley 923 de 2004, artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, artículos 7 y 8 del Decreto 1793 de 2000.

Seguidamente afirmó que el principio laboral de la condición más beneficiosa se ve reflejado en el artículo 36 del Decreto 4433 de 2004, puesto que este hace regencia a la compatibilidad que existe entre la asignación de retiro o pensión y el sueldo proveniente de la actividad militar. Así, es claro que los soldados profesionales que excedan el ejercicio de su función pública más de lo reglamentado en el artículo 16 del decreto, gozan de la capacidad de percibir conjuntamente el pago de su mesada pensional y el sueldo de actividad militar desde el momento que cumple su tiempo de servicios, es decir, 20 años y 3 meses de alta.2ª Instancia N/R

del decreto, gozan de la capacidad de percibir conjuntamente el pago de su mesada pensional y el sueldo de actividad militar desde el momento que cumple su tiempo de servicios, es decir, 20 años y 3 meses de alta.2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-006-2022-00242-01 De: José Feliciano Sánchez Sosa Contra: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -Cremil

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Contestación de la demanda De conformidad con el auto del 13 de octubre de 202 2, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué admitió la demanda, y ordenó la notificación de la entidad demandada . Durante el término legal dispuesto, la demandada aportó memorial, así:

Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -Cremil (documento 17_RECEPCIONMEMORIAL_2022242CONTESTACION, expediente Samai). Presentó escrito oponiéndose a la totalidad de pretensiones. Expresó que existe incompatibilidad entre el sueldo en actividad y la asignación de retiro y agregó que no es posible acceder a las pretensiones porque: i. la asignación de retiro se realizó de conformidad con las normas vigentes a la fecha del reconocimiento y conforme a los parámetros para el efecto; ii. no existen vicios de nulidad en la expedición de los actos administrativos, y iii. porque no le asiste derecho al demandante por carencia de fundamento.

Como excepción de mérito la que denominó: “no configuración de vicios de nulidad”, alegando que en el caso bajo estudio no se da causal alguna de nulidad de los actos administrativos proferidos y, por el contrario, las actuaciones realizadas

de fundamento.

Como excepción de mérito la que denominó: “no configuración de vicios de nulidad”, alegando que en el caso bajo estudio no se da causal alguna de nulidad de los actos administrativos proferidos y, por el contrario, las actuaciones realizadas por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares se ajustan a las normas vigentes al momento de los hechos, aplicables a los miembros de las Fuerzas Militares.

La sentencia apelada (documento 028Sentencia, expediente Samai). El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante sentencia del 9 de octubre de 2023 , resolvió: 1. Denegar las pretensiones de la demanda y, 2. Condenar en costas de primera instancia al demandante. Para ello fijó como agencias en derecho a favor de la entidad, el equivalente al 4% del valor de las pretensiones de la demanda.

Como fundamento de su decisión, expresó que el demandante no tenía derecho a que se le reconociera la asignación de retiro desde la fecha pretendida en la demanda y en la petición que dio origen al acto administrativo, esto es, octubre de 2019, dado que para ese momento todavía transcurrían los 3 me ses de alta siguientes al retiro del servicio que tuvo lugar el 30 de septiembre de 2019 y, en consecuencia, el demandante devengaba todos los haberes que percibía como soldado profesional en servicio activo, de manera que no se había configurado el supuesto de hecho consagrado en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 para ser beneficiario de la asignación de retiro, y concordantemente, era improcedente en su caso el pago simultáneo de 2 erogaciones provenientes del tesoro público, en atención a lo

consagrado en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 para ser beneficiario de la asignación de retiro, y concordantemente, era improcedente en su caso el pago simultáneo de 2 erogaciones provenientes del tesoro público, en atención a lo dispuesto en el artículo 128 de la Constitución Política.

Frente a la condena en costas, expresó que el artículo 365 del C.G. del P., dispone que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso. De tal manera, dado que se denegaron las pretensiones, era procedente fijar agencias en derecho.

La apelación. Parte demandante (documento 038_MemorialWeb, expediente Samai).2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-006-2022-00242-01 De: José Feliciano Sánchez Sosa Contra: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -Cremil

Página 4 de 10 Señaló que el recurso de apelación interpuesto es en relación con la condena en costas.

Explicó que la condena en costas está prevista en los artículos 365 del C.G. del P., y 188 del C. de P.A. y de lo C.A., pero aquí no se encuentran acreditadas conforme el criterio objetivo -valorativo para su imposición. Añadió que para la valoración de costas se debe verificar la gestión que hubiere realizarlo la parte contraria a la cual le resultan desfavorables las pretensiones. Que en este trámite, no hubo necesidad de asistir a audiencia pues se aplicó sentencia anticipada; la demanda fue presentada con suficientes fundamentos legales y constitucionales, ya que está en busca de derechos progresivos para los trabajadores con menos ingresos en las Fuerzas

de asistir a audiencia pues se aplicó sentencia anticipada; la demanda fue presentada con suficientes fundamentos legales y constitucionales, ya que está en busca de derechos progresivos para los trabajadores con menos ingresos en las Fuerzas Militares, como lo son los soldados profesionales, por principio de igualdad con los suboficiales y oficiales.

Por último, alegó que debe evaluarse la causación de costas de conformidad con el artículo 188 , y allí se encuentra que no aparecen probadas. Que la demanda en ningún momento se presentó con temeridad, y las razones de hecho y derecho están fundamentadas constitucionalmente; las pretensiones hoy reclamadas tratan de derechos laborales y, sería gravosa la condena que se apela.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA Mediante auto de sustanciación del 13 de diciembre de 2 023 (documento 006_AUTOADMITERECURSOAPELACIÓN expediente Samai) se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demand ante, indicando que una vez ejecutoriada la decisión, ingresara el proceso para proferir sentencia.

Alegatos de conclusión. De la parte demandante Guardó silencio.

De la parte demandada Guardó silencio.

Ministerio público. No aportó concepto.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL La competencia. Este tribunal es competente para conocer de la presente apelación de conformidad con los artículos 104, 153 y 243 de l C. de P.A. y de lo C.A; pues se cuestiona una sentencia proferida por un Juez del Circuito Administrativo de Ibagué en la que es

con los artículos 104, 153 y 243 de l C. de P.A. y de lo C.A; pues se cuestiona una sentencia proferida por un Juez del Circuito Administrativo de Ibagué en la que es parte una entidad pública, por causa de una actuación sujeta al derecho administrativo.

Problema jurídico.2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-006-2022-00242-01 De: José Feliciano Sánchez Sosa Contra: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -Cremil

Página 5 de 10 El problema jurídico planteado en este caso, conforme al recurso de apelación, consiste en determinar si fue ajustada a derecho la condena en costas impuesta en primera instancia al demandante.

Límites de la apelación. Pasa la Sala, a estudiar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia del 9 de octubre de 2023 , proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, en tanto solo le está dado al ad quem pronunciarse sobre los cuestionamientos hechos al fallo, sin que se pueda infiltrar en el estudio de tópicos que no fueron debatidos por el o los recurrentes, así lo ha dicho de manera reiterada el Consejo de Estado1.

Así las cosas, es claro que la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los cuestionamientos que hace el recurrente a la providencia impugnada, por lo que no le está dado al ad quem estudiar asuntos de la sentencia que no fueron atacados en la alzada, a menos que en la segunda instancia se observe una ostensible violación a derechos fundamentales de las partes (esto último, en

impugnada, por lo que no le está dado al ad quem estudiar asuntos de la sentencia que no fueron atacados en la alzada, a menos que en la segunda instancia se observe una ostensible violación a derechos fundamentales de las partes (esto último, en procura de la preservación de la eficacia y supremacía jur ídica de la Constitución), así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado2.

1Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 9 de marzo de 2016, Radicación número: 81001 -23-31-000-2009-00008-01(39160), Demandante: Ana Gregoria López Laya y Otra, Demandado: Rama Judicial, Asunto: Tema: Daños causado s por la administración de justicia / Error Jurisdiccional.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 17001 -2331000-2002-01526-01(37533), Demandante: Luis Alfonso Gallego Morales Y Otro, Demandado: NaciónMinisterio de Defensa - Ejercito Nacional, Asunto: Recurso de apelación – Limites y competencia del juez de segunda instancia.

Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación

segunda instancia.

Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 13001 -23-31-000-2003-02167-01(41482), Demandante: José Eugenio Arroyo Pino y Otros, Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Asunto: Recurso de apelación – procedencia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente: WILLIAM GIRALDO GIRALDO; Sentencia del 26 de noviembre de 2009, Radicación número 25000 -23-27-000-200700024-01 (17272), Demandante: Hospital Universitario Clínica San Rafael, Demandado: Dirección Distrital de Impuestos – Secretaría de Hacienda Distrital, Asunto: Recurso de apelación – Objeto / Sustentación del recurso de apelación – Sirve al ad quem para soportar la decisión de revocar o modificar la sentencia de primera instancia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ; Sentencia del 26 de enero de 2011, Radicación número: 25000 -23-26-000-1997-13804 (19865), Demandante: Marleny Bermúdez Aya y otros, Demand ado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, Asunto: Recluso – Muerte en centro penitenciario / Detención preventiva – Presunción de inocencia.

(19865), Demandante: Marleny Bermúdez Aya y otros, Demand ado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, Asunto: Recluso – Muerte en centro penitenciario / Detención preventiva – Presunción de inocencia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ; Sentencia del 7 de diciembre de 2017, Radicación número: 08001 -2331-000-2009-01122-01, Demandante: Seguros del Estado S.A Dirección de Impuest os y Aduanas Nacionales – Dian, Demandado: Seguros del Estado S.A, Asunto: Recurso de apelación – Límites.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA; Sentencia de 15 de septiembre de 2016, Radicación número: 25000 - 2324-000-2007-90177-01, Demandante: Alexander Méndez Mendoza, Demandado : Concejo de Bogotá D.C., Asunto: Acto que ha perdido fuerza ejecutoria.2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-006-2022-00242-01 De: José Feliciano Sánchez Sosa Contra: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -Cremil

Página 6 de 10 Aunado a lo anterior, el Máximo Órgano de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa3 reiteró que la apelación se encuentra limitada a los aspectos indicados por lo dispuesto en el recurso de apelación, en tanto a través de este se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial, por lo

Administrativa3 reiteró que la apelación se encuentra limitada a los aspectos indicados por lo dispuesto en el recurso de apelación, en tanto a través de este se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial, por lo cual corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos que el juez de primera instancia presentó para tomar su decisión con sus propias consideraciones, para efecto de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ant e la segunda instancia. Finalmente, estableció que, como Teoría General de los Recursos que “Es necesario que exista congruencia entre la sustentación de la impugnación y lo decidido en la providencia objeto de censura, so pena de que no se pueda analizar la alzada”.

Caso en concreto. El demandante José Feliciano Sánchez Sosa instauró medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja de Retiro de las Fuerzas MilitaresCremil, pretendiendo la nulidad del Oficio No. 2022043223 del 10 de junio de 2022, proferido por la entidad que denegó reajuste de asignación de retiro . A título de restablecimiento que se reconozca la asignación a partir de mes de octubre de 2019, fecha que se configuró el derecho conforme al Decreto 4433 de 2004, así como el reconocimiento y pago de mesadas dejadas de cancelar hasta febrero de 2020.

El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante sentencia del 9 de octubre de 2023 denegó las pretensiones de la demanda y, condenó en costas al demandante fijando como agencias en derecho el equivalente al 4% de las

El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante sentencia del 9 de octubre de 2023 denegó las pretensiones de la demanda y, condenó en costas al demandante fijando como agencias en derecho el equivalente al 4% de las pretensiones. Par a ello, determinó que no se configura el reconocimiento pretendido, esto es, pago desde octubre de 2019, dado que para ese momento todavía transcurrían los 3 meses de alta siguientes al retiro del servicio que tuvo lugar el 30 de septiembre de 2019 y, en c onsecuencia, el demandante devengaba todos los haberes que percibía como soldado profesional en servicio activo.

Por su parte, el demandante interpuso recurso de apelación únicamente respecto a la condena en costas señalando que no se encuentran acreditadas. Alegó que para su imposición se debe verificar la gestión que hubiere realizado la parte contraria a la cual le resultan desfavorables las pretensiones, recalcando que en este trámite no hubo necesidad de asistir a audiencia pues se aplicó sentencia anti cipada, la demanda fue presentada con suficientes fundamentos legales y constitucionales, ya que está en busca de derechos progresivos para los trabajadores con menos ingresos en las Fuerzas Militares, como lo son los soldados profesi onales, por principio de igualdad con los suboficiales y oficiales y, que la demanda no se presentó con temeridad.

Ahora bien, la Sala de decisión anticipa que revocará la condena en costas impuestas por la autoridad judicial de primera instancia. Además, s e aclara que la documentación contenida en el expediente no fue objeto de tacha de falsedad ni fue

Ahora bien, la Sala de decisión anticipa que revocará la condena en costas impuestas por la autoridad judicial de primera instancia. Además, s e aclara que la documentación contenida en el expediente no fue objeto de tacha de falsedad ni fue

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN; Sentencia del 16 de agosto de 2022, Radicación número 73001 -23-00000-2008-00587-01 (52803), Demandante: Esperanza Beltrán I báñez, Demandado: Nación – Rama Judicial – Municipio de Ibagué, Referencia: Reparación directa – apelación de sentencia, Asunto: Responsabilidad del Estado / Error Judicial -Carga de sustentación material para que pueda habilitarse la competencia del superior / Teoría general de los recursos.2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-006-2022-00242-01 De: José Feliciano Sánchez Sosa Contra: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -Cremil

Página 7 de 10 controvertida en el recurso de apelación. En consecuencia, no se considera necesario realizar un recuento detallado de los hechos ni extraer conclusiones probatorias, dado que la cuestión a debatir en esta segunda instancia se limita al análisis jurídico de la procedencia de la condena en costas, es decir, un asunto de puro derecho.

Sobre la condena en costas de la primera instancia. En cuanto al aspecto de las costas que fue objeto de apelación por parte de l demandante, se precisa que el Honorable Consejo de Estado 4 resaltó el criterio

Sobre la condena en costas de la primera instancia. En cuanto al aspecto de las costas que fue objeto de apelación por parte de l demandante, se precisa que el Honorable Consejo de Estado 4 resaltó el criterio objetivo valorativo acogido, al concluir que no se debe evaluar la conducta de las partes -temeridad o mala fe-, sino los aspectos previstos en el C.G. del P., con el fin de dar aplicación plena del artículo 365 5, entre ellos, la procedencia de condenar en costas a la parte que fue vencida. Aunado a ello, el Órgano de Cierre de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa6 determinó sobre la condena en costas que esta no procede de manera automática, pues tal y como lo indica el numeral 8 del artículo 365 del C.G del P., “ solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.

Por otra parte, la misma corporación7 estableció que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total , parcial o con abstención, según las reglas del C.G. del P; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso).

No se pierde de vista que la Sección Segunda del Honorable Consejo de Estado8, en un litigio donde se discutió la condena en costas impuesta en primera instancia, advirtió que el artículo 188 del C. de P.A. y de lo C.A. , fue adicionada por la Ley 2080 de 2021, en los términos de “ En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena

advirtió que el artículo 188 del C. de P.A. y de lo C.A. , fue adicionada por la Ley 2080 de 2021, en los términos de “ En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda -Subsección “A”, Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ; Sentencia del 2 de marzo de 2023, Radicación número: 17001-23-33-000-2015-00198-01 (3638 -2018), Demandante: Aliria Ga rcía Alzate, Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

5 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesta. Además, en los casos especiales previstos en este código. (…)”.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente: JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA; Sentencia del 29 de febrero de 2024, Radicación número 25000 -23-42-000-2020-00870-01 (6072 -2022), demandante: W illiam Donato Gómez, Demandado:

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur) y otros, Referencia: medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, Asunto: Reliquidación de asignación salarial y de retiro.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS; Sentencia del 4 de mayo de 2023, radicación número: 05001-23-33-000-2020-03924-01 (0885 -2022), demandante: Luis Alfredo Cogollo Rueda, Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, y Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, Referencia: medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, Asunto: reajuste del sueldo básico mensual y de la asignación de retiro.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ ; Sentencia del 23 de octubre de 2024, radicación número: 17001-23-33-000-2019-00505-01 ( 7938-2023), demandante: Dora Edilma Guevara Mejía, Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Asunto: Cesantías y Sanción Moratoria2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-006-2022-00242-01 De: José Feliciano Sánchez Sosa Contra: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -Cremil

Página 8 de 10 en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de

De: José Feliciano Sánchez Sosa Contra: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -Cremil

Página 8 de 10 en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”. De tal manera, precisó que la nueva postura en las sentencias proferidas a la luz de la nueva normatividad, se deberá analizar la conducta realizada por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de fundamentación jurídica.

Al revisar el escrito presentado, no se advierte carencia de fundamentación jurídica. El apoderado estructuró una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la que cuestionó el Oficio No. 2022043223 del 10 de junio de 2022, destacando que la negativa de Cremil a reliquidar la asignación de retiro vulneró los artículos 16 y 36 del Decreto 4433 de 2004, así como el artículo 3.1 de la Ley 923 de 2004. De igual modo, invocó los artículos 48 y 53 de la Constitución para resaltar la irrenunciabilidad de los derechos pensionales y el principio de favorabilidad, construyendo así un marco normativo y jurisprudencial suficiente que, a su juicio, justificaba la nulidad del acto acusado y la liquidación de la prestación desde la fecha en que el demandante cumplió 20 años de servicio y 3 meses de alta.

La demanda pretendió restablecer el derecho al reconocimiento oportuno de la asignación de retiro, reclamando el pago de las mesadas causadas entre octubre de 2019 y febrero de 2020, debidamente indexadas. Para ello, el apoderado explicó que,

La demanda pretendió restablecer el derecho al reconocimiento oportuno de la asignación de retiro, reclamando el pago de las mesadas causadas entre octubre de 2019 y febrero de 2020, debidamente indexadas. Para ello, el apoderado explicó que, una vez cumplidos los requisitos de tiempo previstos en el Decreto 4433 de 2004, el comandante de Fuerza debió retirar al soldado y Cremil reconocer la asignación; la omisión generó una desviación de poder y un perjuicio económico . Asimismo, explicó, basándose en un principio de la condición más beneficiosa, sobre la compatibilidad de la asignación del sueldo con la asignación.

Además, al revisar la sentencia de primera instancia se observa que no se realizó un estudio específico para determinar la supuesta carencia de fundamentación jurídica en la demanda. La denegación de las pretensiones no implica automáticamente dicha carenc ia, pues la controversia exigía dirimir la correcta interpretación del régimen especial, la fecha de configuración del derecho y la procedencia de la reliquidación.

En conclusión, la argumentación presentada demuestra un esfuerzo analítico serio para sustentar la nulidad del acto administrativo y el restablecimiento del derecho al pago íntegro y oportuno de la asignación de retiro. La variedad y profundidad de los fundamentos —que comprenden derechos adquiridos, favorabilidad, condición más beneficiosa y normas específicas del régimen militar — evidencian que la demanda no carece de fundamentación jurídica. La falta de prosperidad en primera instancia obedece a la compl ejidad del examen fáctico-normativo y no desvirtúa la solidez de los argumentos expuestos.

Costas de la segunda instancia.

demanda no carece de fundamentación jurídica. La falta de prosperidad en primera instancia

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