TA TOL - Sentencia 73001-33-33-007-2020-00054-01 (24-04-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Mag. Ponente: John Libardo Andrade Flórez

Ibagué – Tolima, veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025).

Radicación Nº.: Interno

73001-33-33-007-2020-00054-01 261/2024 Medio de

Control:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

Demandante: JAVIER CASTILLO LOZANO

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL-FOMAG Y DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Tema: Responsabilidad en el pago de la sanción moratoria

I. ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la NaciónMinisterio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio contra la sentencia del 15 de enero de 2024, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativ0 Oral del Circuito de Ibagué, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, no observándose nulidad alguna que invalide lo actuado dentro del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho , promovida por JAVIER CASTILLO LOZANO en contra de la

NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y DEPARTAMENTO DEL

TOLIMA.

II. ANTECEDENTES

El señor JAVIER CASTILLO LOZANO , mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de

II. ANTECEDENTES

El señor JAVIER CASTILLO LOZANO , mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda con la finalidad de obtener, a través de sentencia judicial, un pronunc iamiento favorable respecto de las siguientes:

1. DECLARACIONES Y CONDENAS1

1.1. Declarar la existencia y nulidad del acto ficto o presunto configurado

1 Documento003 Demanda, expediente electrónico del Juzgado de Primera Instancia SAMAIMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 2

Demandante: JAVIER CASTILLO LOZANO Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FOMAG Y OTRO Radicación: 73001-33-33-007-2020-00054-01

por la no respuesta al derecho de petición del 03 de septiembre de 2019, por el cual la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Social del Magisterio y el Departamento del Tolima – Secretaría de Educación y Cultura, resuelven desfavorablemente la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías al demandante, las cuales le habían sido canceladas mediante Resolución No. 3207 del 06 de junio de 2019.

1.2. Que, como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la NACIÓNMINISTERIO

DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES

SOCIALES DEL MAGISTERIO y DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,

1.2. Que, como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la NACIÓNMINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, reconocer y pagar a la demandante el valor de la sanción moratoria a la que tiene derecho por el pago tardío de sus cesantías parciales reconocidas, equivalente a un día de salario por cada día de mora, contados a partir del día 70 hábil de efectuarse la solicitud, en los términos señalados en la Ley 244 de 1995, adicionada y modificada por la Ley 1071 de 2006. 1.3. Que se le dé cumplimiento a la sentencia en los términos establecidos en los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A.

2. Que se condene en costas a las demandadas.

Del examen del expediente se concluye que el anterior petitum se sustenta en los siguientes:

2. HECHOS2

Que el señor JAVIER CASTILLO LOZANO , se desempeñ a como docente, adscrito a la planta de personal de la institución educativa Sede Arturo Mejía Jaramillo de Lérida del DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

Que el día 16 de enero del 2019 el docente realizó petición de sus cesantías parciales con el fin de realizar reparaciones en su vivienda, documento radicado No. 2019-CES-693320.

Que mediante Resolución 3207 de 06 de Junio de 2019, la entidad reconoció las cesantías parciales al demandante.

Que el pago de las cesantías parciales solicitad as se puso a disposición del

Que mediante Resolución 3207 de 06 de Junio de 2019, la entidad reconoció las cesantías parciales al demandante.

Que el pago de las cesantías parciales solicitad as se puso a disposición del docente el 22 de junio de 2019 efectuado mediante consignación en la cuenta bancaria del demandante, según certificación expedida por la Fiduprevisora SA.

Que, el 03 de septiembre de 2019 , la demandante solicitó ante el Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y

2 Los hechos se determinan de los documentos 003, 006 y 007 demanda, y contestación de la demanda departamento del Tolima y FOMAG que obran en el expediente electrónico del Juzgado de Primera Instancia SAMAI.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 3

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Departamento del Tolima por intermedio de apoderado, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, sin obtener respuesta a la petición.

Por esa razón la parte actora acude al presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para que se declare la existencia del acto ficto o presunto y obtener el reconocimiento y pago de la sanción moratoria adeudada a título de restablecimiento del derecho.

3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN3

presunto y obtener el reconocimiento y pago de la sanción moratoria adeudada a título de restablecimiento del derecho.

3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN3

Se señalan como normas violadas: Ley 6 de 1945, artículos 12 y 17, Ley 65 de 1946, Decreto 1160 de 1947, artículo 15, Ley 91 de 1989, artículos 5, 9 y 15, Ley 244 de 1995, artículos 1 y 2, Ley 1071 de 2006, artículos 4 y 5, artículo 57 Ley 1955 de 2019.

Luego de transcribir apartes de las normas anotadas, sostuvo que a pesar de que la jurisprudencia ha establecido que la disposición normativa debe ser interpretada en el sentido que, entre el reconocimiento y pago de la prestación pretendida, no debe superarse los 70 días hábiles después de haber sido radicada la solicitud, la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FOMAG sigue cancelando inoportunamente según los términos establecidos en la Ley.

Arguyó, que con la entrada en vigencia de la Ley 1955 de 2019, la responsabilidad del pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías correrá a cargo de la Secretaría de Educación Territorial, cuando la culpa por el pago extemporáneo sea i mputable a la entidad territorial. Esta reciente regulación vincula y hace responsable a las Secretarías de Educación de las entidades certificadas de la tardanza en los trámites de reconocimiento de prestaciones sociales como es el caso de las cesantías, que generan la sanción por mora solicitada, la misma Ley determina que todas las sanciones por mora causadas.

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

de prestaciones sociales como es el caso de las cesantías, que generan la sanción por mora solicitada, la misma Ley determina que todas las sanciones por mora causadas.

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

4.1 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA4

Esta entidad guardó silencio, de conformidad con lo manifestado en constancia secretarial vista en documento índice de SAMAI No. 40 del expediente de primera instancia.

NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL5

La apoderada de la Nación - Ministerio de Educación, manifestó que se oponía a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, por considerar que las mismas carecían de fundamentos de derecho y de hecho.

3 Documento 006 contestación de demanda expediente electrónico Juzgado de Primera Instancia SAMAI 4 Documento 009 Contestación Demanda Departamento Tolima Pdf expediente electrónico 5 Documento 40 Contestación de la demanda de la fiduprevisora expediente electrónico del Juzgado de Primera Instancia SAMAIMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 4

Demandante: JAVIER CASTILLO LOZANO Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FOMAG Y OTRO Radicación: 73001-33-33-007-2020-00054-01

Agrega que en el caso que nos ocupa en virtud de lo señalado en la Ley 1071 de 2006, el acto administrativo debió expedirse dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de solicitud de las cesantías, para después de quedar ejecutoriado el ente pagador dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes

2006, el acto administrativo debió expedirse dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de solicitud de las cesantías, para después de quedar ejecutoriado el ente pagador dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes ponga los recursos a disposición del peticionario y no haberse tomado el término en el Decreto 2831 de 2005, en tanto que los términos señalados en ambas normativas son contradictorios, teniéndose que aplicar la regla de mayor jerarquía, esto es la ley por encima de los reglamentos.

En vista de que el trámite administrativo respecto de las cesantías de los docentes implica la participación de diferentes actores, esto es, el ente nominador o la entidad territorial y la Fiduprevisora S.A. en su calidad de vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Por lo anterior, consideró que: 1) El reconocimiento de las cesantías, parcial o definitivo, se encuentra a cargo de la Secretaría de Educación del Ente Territorial. 2) el estudio y pago de las cesantías está a cargo de la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., y 3) sí alguna de las dos entidades no cumple con los términos establecidos se genera la sanción mora, razón por la cual son responsables del pago.

Estimó que en este caso la responsabilidad de la moratoria reclamada radica en el ente territorial al no remitir a tiempo la información y documentación para que la entidad Fiduciaria proceda con el pago dentro del término que le es concedido para hacerlo.

5. SENTENCIA RECURRIDA6

El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué , mediante

entidad Fiduciaria proceda con el pago dentro del término que le es concedido para hacerlo.

5. SENTENCIA RECURRIDA6

El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué , mediante sentencia proferida el 15 de enero de 2024, resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR acaecido el fenómeno del silencio administrativo negativo en relación con la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías al demandante, elevada el 03 de septiembre de 2019 ante la entidad demandada.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto o presunto derivado de la petición formulada el 03 de septiembre de 2019, mediante el cual se negó al señor JAVIER CASTILLO LOZANO, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías parciales, con base en los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDÉNESE a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a reconocer y pagar a favor del señor JAVIER CASTILLO LOZANO, lo siguiente: i) un día de salario por cada día de retardo en el pago de cesantías parciales solicitadas el 16 de enero de 2019, contados del 30 de abril al 14 de julio de 2019; equivalente a 76 días de salario que ascienden a la suma de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS ($9.930.616), conforme a lo expuesto en la

a la suma de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS ($9.930.616), conforme a lo expuesto en la

6 Documento 4242. Sentencia Primera Instancia.Pdf expediente electrónicoMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 5

Demandante: JAVIER CASTILLO LOZANO Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FOMAG Y OTRO Radicación: 73001-33-33-007-2020-00054-01

parte motiva de esta sentencia; ii) la indexación sobre la anterior suma de dinero, a partir del 15 de julio de 2019 hasta la ejecutoria de la sentencia, en los términos del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, y iii) intereses sobre la suma reconocida, a partir del día siguiente de la ejecutoría de la sentencia, según lo dispuesto en los artículo 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

CUARTO: Condenar en costas en esta instancia a la Entidad demandada. Por secretaría procédase a su liquidación, para ello se fijan como agencias en derecho a cargo del NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, el equivalente al cinco por ciento (5%) del valor reconocido al demandante, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo No. PSAA16 -10554 del 5 de agosto de 2016, proferido por la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura.

QUINTO: Para el cumplimiento de esta sentencia, expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 114 del Código General del Proceso.

del Consejo Superior de la Judicatura.

QUINTO: Para el cumplimiento de esta sentencia, expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 114 del Código General del Proceso.

Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

SEXTO: RECONOCER personería adjetiva a la abogada YEINNI KATHERIN

CAFERINO VANEGAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.014.263.207 y T.P. 290.472 del C. S. de la Jud., para actuar como apoderada sustituta de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en los términos de la sustitución al poder otorgado por el apoderado principal.

SÉPTIMO: Háganse las anotaciones pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI y, una vez en firme está decisión, archívese el expediente.”

Para arribar a las anteriores decisiones, el A-quo estableció que el problema jurídico consistía en determinar si la demandante en calidad de docente tenía derecho a que las Entidades demandadas, en la medida de sus competencias, le reconocieran y pagaran la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 subrogada por la ley 1071 de 2006 por el pago tardío de sus cesantías parciales, o si, por el contrario, los actos administrativos acusados se enc ontraban ajustados a derecho.

Señaló que se encontraba demostrado que el señor Javier Castillo Lozano solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías el día 16 de enero de 20 19,

ajustados a derecho.

Señaló que se encontraba demostrado que el señor Javier Castillo Lozano solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías el día 16 de enero de 20 19, por lo que a partir del día siguiente comienza a correr el término de 15 días hábiles para expedir el acto de reconocimiento, los cuales vencieron 06 de febrero de 2019. Sin embargo, la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima solo expidió el acto administrativo hasta el 06 de junio de 2019 excediendo el plazo legal para expedir la resolución.

Sostuvo que, cuando el acto de reconocimiento de la prestación es extemporáneo, debe tenerse en cuenta, además del término para su expedición, los diez (10) días hábiles correspondientes a su ejecutoria (en atención a que la solicitud de cesantías fue presentada en vig encia de la Ley 1437 de 2011), los cuales en el presente caso vencieron el 20 de febrero de 2019; seguidamente, debían contabilizar los cuarenta y cinco (45) días hábiles con que contaba elMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 6

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Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio para realizar el pago, que en el sub lite vencieron el 29 de abril de 2019, de manera que, en el asunto se incurrió en mora en el pago de las cesantías del demandante a partir del 30 de abril de

Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio para realizar el pago, que en el sub lite vencieron el 29 de abril de 2019, de manera que, en el asunto se incurrió en mora en el pago de las cesantías del demandante a partir del 30 de abril de ese año , la cual se extendió hasta el 14 de julio de 2019 , pues como ya se señaló, el valor de las cesantías fue puesto a disposición del docente el 15 de julio de 2019, generándose una mora de 76 días.

Para liquidar la sanción moratoria, la Juez atendió la regla fijada por nuestro superior jerárquico en sentencia de unificación, según la cual, al tratarse del reconocimiento de cesantías parciales en el régimen anualizado, se liquidará con la asignación básica devengada por el demandante para la anualidad en que se generó la mora, es decir, año 2019, la cual corresponde a $3.919.989 (v. núm. 4.3.1.5) y cuyo valor diario equivale a $130.666, que en razón a 76 días de retardo en el pago de cesantías parciales, arroja como resultado la suma d e

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS

DIECISÉIS PESOS ($9.930.616).

Agregó que si bien, la demandada a través de Oficio No. 20231310023211 de fecha 31 de agosto de 2023, la Fiduprevisora emitió pronunciamiento y con el mismo allegó certificación No. 1010403 de la misma fecha, suscrita por la Vicepresidencia del Fondo de Prestaciones del Magisterio – Fiduprevisora S.A.,

allegó certificación No. 1010403 de la misma fecha, suscrita por la Vicepresidencia del Fondo de Prestaciones del Magisterio – Fiduprevisora S.A., certificó la puesta a disposición de la suma de $10.061.305 a favor de la parte demandante, el día 19 de febrero de 2021, dicho argumento no era aceptado en esa instancia, en tanto no aportó elementos de prueba que dieran cuenta de la trazabilidad del movimiento financiero efectuado a favor del demandante, de tal suerte que, los mismos fueron reintegrados al fondo el 24 de marzo de 2021, y por tanto, concluyó que dicho pago no llegó efectivamente a realizarse.

Refirió, que en aplicación de lo dispuesto en los parágrafos del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 determinó que la entidad responsable era la NaciónMinisterio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio.

Respecto de la prescripción, manifestó que como la sanción moratoria se causó a partir del 30 de abril de 2019, la reclamación administrativa se radicó el 03 de septiembre de 2019 y la demanda se presentó el 25 de febrero de 2020, entonces determinó que era evidente que la reclamación en sede administrativa, orientada al reconocimiento y pago de la indemnización moratoria se radicó antes de que vencieran los 3 años contados a partir del primer día de mora en el pago de la cesantía.

Finalmente, frente a la condena en costas dispuso condenar en costas a la entidad demandada Fondo Nacional De Prestaciones Sociales del Magisterio, se fijarán como agencias en derecho a cargo de dicha entidad, en la suma

Finalmente, frente a la condena en costas dispuso condenar en costas a la entidad demandada Fondo Nacional De Prestaciones Sociales del Magisterio, se fijarán como agencias en derecho a cargo de dicha entidad, en la suma equivalente al cinco por ciento (5%) de lo reconocido al demandante.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 7

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6. IMPUGNACIÓN7

La apoderada del Ministerio de Educación – Fondo Nacional De Prestaciones Sociales del Magisterio , interpuso recurso de apelación contra la decisión proferida en primera instancia, solicitando la revocatoria del pago ordenado a su cargo.

Solicitó a esta Corporación se replantee la decisión de vinculación de las entidades llamadas a responder dentro del presente proceso de la mora causada en el presente caso y con referente al FOMAG y se revoque la sentencia de primera instancia de acuerdo con el artículo 57 de la ley 1755 de 2019, Parágrafo transitorio.

Refirió luego que, según la Ley 1955 de 2019, para establecer si existe la obligación de cancelar la sanción solicitada por parte de la entidad territorial, se debe revisar el término que da la norma para expedir el acto administrativo de reconocimiento y con ello, debe verificarse el trámite dado a la solicitud, para establecer si hubo mora y en dónde se generó la misma.

Solicitó que en el evento que llegase a imponerse condena sobre sanción por

de reconocimiento y con ello, debe verificarse el trámite dado a la solicitud, para establecer si hubo mora y en dónde se generó la misma.

Solicitó que en el evento que llegase a imponerse condena sobre sanción por mora en la entidad recurrente, esta sea con cargo a los Títulos de Tesorería emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y no con cargo a los recursos del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, de acuerdo a lo plasmado en el parágrafo transitorio del mencionado Plan Nacional de Desarrollo, ya que la mora eventualmente se causó antes del mes de diciembre del año 2019.

Finalmente, m anifestó que en el caso concreto del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales Del Magisterio realizó el pago de sanción por mora por pago tardío de las cesantías se realizó el día 19/02/2021, poniendo a disposición del demandante los dineros ante la entidad financiera para que este los reclamara, como es sabido el pago no es otra cosa que poner a disposición el dinero para ser reclamado por la parte demandante y otra cosa distinta es el reclamo del dinero ante la oficina bancaria. Y por lo anterior, considera quedó acreditado dentro del plenario, según respuesta remitida por parte de la FIDUPREVISORA S.A., se realizó un pago por valor de $10,061,305, a través del Banco BBVA COLOMBIA por ventanilla, en la Sucursal SAN SIMON, que obedece al pago de la sanción por mora por el pago tardío de las cesantías.

Razón por la cual solicita sea revocado el fallo de primera instancia y se nieguen las pretensiones de la demanda.

obedece al pago de la sanción por mora por el pago tardío de las cesantías.

Razón por la cual solicita sea revocado el fallo de primera instancia y se nieguen las pretensiones de la demanda.

III. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

Mediante auto del 16 de noviembre de 2024 , por reunir los requisitos legales, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la apoderada del Ministerio

7 Documento 062 Recurso Apelacion Fomag Pdf expediente electrónicoMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 8

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de Educación – Fondo Nacional De Prestaciones Sociales del Magisterio contra la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Ibagué, 15 de enero de 2024.

De igual manera, de acuerdo con la constancia secretarial de ingreso para decisión de fondo de fecha 09 de julio de 2024, el recurso de apelación interpuesto, fue notificada al agente del Ministerio Público el 20 de junio de 2024, quien guardó silencio dentro del término concedido para rendir concepto.

Encontrándose el proceso en estado de decidir, a ello se procede, para lo cual se hacen las siguientes,

IV. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Conforme al artículo 153 del CPACA, esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación formulado por el apoderado del Departamento

se hacen las siguientes,

IV. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Conforme al artículo 153 del CPACA, esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación formulado por el apoderado del Departamento del Tolima contra la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué el 15 de enero de 2024, en la que se accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda.

2. PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico e n el presente asunto consiste en establecer si, como lo consideró el A quo, en aplicación de lo dispuesto en los parágrafos del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 , el pago de la mora reconocida debe recaer en el Ministerio de Educación – Fondo Nacional De Prestaciones Sociales del Magisterio, porque no se encuentra probado el pago efectivo de la sanción moratoria o tal como lo solicita el recurrente se debe revocar el fallo de primera instancia.

3. TESIS DE LA SALA

La tesis de la Sala, dado que la mora se inició con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1955 de 2019, es claro que la entidad llamada a responder es la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; en tanto no demostró la entrega efectiva del pago de la sanción moratoria en la cual había incurrido, razón por la cual se deberá confirmar la sentencia de primera instancia.

FUNDAMENTOS DE LA TESIS DE LA SALA

La Sala prescinde del análisis jurídico que corresponde, tendiente a determinar si los docentes oficiales regulados por la Ley 91 de 1989 y el Decreto 2831 de

FUNDAMENTOS DE LA TESIS DE LA SALA

La Sala prescinde del análisis jurídico que corresponde, tendiente a determinar si los docentes oficiales regulados por la Ley 91 de 1989 y el Decreto 2831 de 2005, son destinatarios de lo previsto en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 en el reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales, especialmente en lo relacionado con sanción moratoria, por cuanto dicha discusión fue zanjada por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en Sentencia deMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 9

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Unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio del 2018 8, en la que consideró frente a dicho asunto, entre otras cosas, lo siguiente:

“77. De acuerdo con lo señalado, la Sala de Sección concluye en primer lugar, que conforme a la soberanía que reside en el pueblo y del cual emana el poder público, cuya manifestación se materializó a través de la Constitución Política, no puede existir ninguna categoría jurídica de empleado público que no se origine en la norma superior.

78. En segundo lugar, es preciso señalar que dado el criterio finalista tenido en cuenta por la Asamblea Nacional Constituyente al establecer el artículo 123 de la Constitución Política, se consideró que dentro de la categoría de servidores públicos se enc ontraban quienes prestaran sus servicios a la comunidad y por ende, ejercieran una función pública de forma permanente.

123 de la Constitución Política, se consideró que dentro de la categoría de servidores públicos se enc ontraban quienes prestaran sus servicios a la comunidad y por ende, ejercieran una función pública de forma permanente. Al respecto, según se expuso, los docentes oficiales prestan un servicio público esencial a cargo del Estado y en beneficio del interés general.

79. Como tercer punto, una vez analizadas las normas que establecen el régimen jurídico de la educación en Colombia, es evidente la distribución de competencias del sector central – la Nación, a las entidades territoriales, en virtud del principio de la descentralización administrativa, y en atención a que la vinculación de los docentes se ha realizado a través de un órgano de la administración bien sea del orden nacional o departamental, todo ello con el fin de garantizar el efectivo y eficiente ejercicio del servicio público de educación que busca no solo el cumplimiento de la función pública, sino la materialización de los fines esenciales del Estado.

80. Y finalmente, en atención al régimen especial laboral de los educadores que prestan sus servicios al Estado, cuya vinculación al servicio se efectúa a través de concurso público, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para determi nar los méritos y calidades de los aspirantes, así como el ascenso, la permanencia y el retiro se encuentran

regulados a través de la carrera administrativa prevista por el Estatuto de Profesionalización Docente contenido en el Decreto 1278 de 2002, se establece que su relación laboral es de carácter legal y reglamentaria.

81. Con fundamento en lo expuesto, para la Sección Segunda los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución Política, pues aunque el estatuto de profesionalización los

81. Con fundamento en lo expuesto, para la Sección Segunda los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución Política, pues aunque el estatuto de profesionalización los defina como empleados oficiales, lo cierto es que en ellos concurren todos los requisitos que de carácter restrictivo encierra el concepto de empleado público en atención a la naturaleza del servicio prestado, la regulación de la función docente y su ubicación dentro de la estructura orgánica de la Rama

Ejecutiva del Estado y la implementación de la carrera docente para la inserción, permanencia, ascenso y retiro del servicio; razón por la cual, se encuadran dentro del concepto de empleados públicos, establecido en la norma superior y desarrollado a través de la ley.

82. Por lo anterior, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido que a los docentes les son aplicables las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que

8 Consejo de Estado. Sección segunda. MP Sandra Lisset Ibarra Vélez. 18 de julio de 2018. Rad. 73001 -2333-000-2014-00580-01 (4961-2015). Demandante: Jorge Luis Ospina Cardona. Demandada: FOMAG.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 10

Demandante: JAVIER CASTILLO LOZANO Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FOMAG Y OTRO Radicación: 73001-33-33-007-2020-00054-01

contemplan la sanción por mora en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas de los servidores públicos; siendo

Radicación: 73001-33