TA TOL - Sentencia 73001-33-33-008-2018-00279-01 (02-05-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

SALA DE ORALIDAD

M.P. LUIS EDUARDO COLLAZOS OLAYA

Ibagué, dos(02) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Radicado: 73001-33-33-008-2018-00279-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento de derecho.

Demandante: Larmont Antonio Aljuri López.

Apoderado: Fernando Olaya Pozos.

Demandado: Hospital Federico Lleras E.S.E. de Ibagué.

Apoderado: María Norvi Portela Torres.

Tema: Contrato realidad

ASUNTO

Decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia emitida el 30 de noviembre de 2022 por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué a través de la cual negó las pretensiones.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Larmont Antonio Aljuri 1, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra del Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. en busca de que se reconozca la existencia de una relación laboral encubierta y se ordene el pago de las prestaciones sociales propias de un vínculo laboral.

1.1.1. Pretensiones

Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio número 100GCIA-01055 del 11 de diciembre de 2017 (007238 del 11 de diciembre de 2017),

1.1.1. Pretensiones

Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio número 100GCIA-01055 del 11 de diciembre de 2017 (007238 del 11 de diciembre de 2017), proferido por la agente especial interventora del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué E.S.E. a través del cual se negó el reconocimiento de un contrato realidad con la entidad desde el 1 de febrero de 2005 y hasta el 31 de agosto de 2014.

Que se reconozca que Larmont Aljuri López trabajó de manera ininterrumpida y subordinada al servicio del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué E.S.E durante el periodo comprendido entre el 1 de febre ro de 2005 y hasta el 31 de agosto de 2014, cumpliendo personalmente funciones como médico especialista en neurocirugía, en igualdad de condiciones a quienes ostentaban su cargo como empleados públicos en la planta de personal de la entidad demandada.

1 Por medio de apoderado.2

Que, como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento, se ordene a la demandada, Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué E.S.E, el reconocimiento de una relación laboral suscitada entre el demandante y la entidad demandada desde el 1 de febrero de 2005 y hasta el 31 de agosto de 2014, declarando con ello, la ineficacia de la doble contratación simultanea y paralela suscitada con las Cooperativas de Trabajo Asociado “LABORAMOS” y la Cooperativa Multiactiva “KAMARI LTDA”, y se ordene el pag o de salarios, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas de servicios, prima técnica, horas extras,

Cooperativas de Trabajo Asociado “LABORAMOS” y la Cooperativa Multiactiva “KAMARI LTDA”, y se ordene el pag o de salarios, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas de servicios, prima técnica, horas extras, dominicales y festivos y demás emolumentos laborales dejados de percibir desde el 1 de febrero de 2005 y hasta el 31 de agosto de 2014, así como el reconocimiento y pago de la indemnización moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por no haber consignado oportunamente las cesantías, ni los salarios desde del 15 de febrero del año 2002, y la indemnización por terminación unilat eral sin justa causa.

Que se reconozca que el demandante tiene derecho al pago de los aportes a pensión desde el 1 de febrero de 2005 y hasta el 31 de agosto de 2014, incluyendo la totalidad de los factores salariales que sean reconocidos.

De manera subs idiaria, pretende se declare solidariamente responsable de las condenas impuestas en sede judicial a la demandada HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ E.S.E., a las Cooperativas de Trabajo Asociado “LABORAMOS” y la Cooperativa Multiactiva “KAMARI LTDA”.

1.1.2. Hechos. 2

Los hechos que motivaron la demanda sucintamente se resumen en:

El señor Larmont Antonio Aljuri López prestó sus servicios como médico especialista en Neurocirugía en el Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. de Ibagué a través de l as Cooperativas de Trabajo Asociado “Laboramos” desde el día 1 de febrero de 2005 al día 31

especialista en Neurocirugía en el Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. de Ibagué a través de l as Cooperativas de Trabajo Asociado “Laboramos” desde el día 1 de febrero de 2005 al día 31 de diciembre de 2011 y para la Cooperativa de Trabajo Asociado “Kamaris” desde el día 01 de febrero de 2005 hasta el día 31 de agosto de 2014 al servicio y en benefici o del Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E.

Posteriormente fue nombrado como médico especialista en la planta temporal de la entidad a partir del 01 de enero de 2013, la denominación de dicho empleo era médico especialista código 213 grado 21 con asignación básica mensual de cuatro millones cuatrocientos treinta y ocho mil ciento treinta y ocho pesos ($4.438.138.) de forma simultánea le eran cancelados a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado Kamaris dos millones doscientos trece mil doscientos diec isiete pesos ($2.213.217).

Las funciones como médico especialista en neurocirugía las desarrollaba en turnos de 12 horas, desde las 07:00 am hasta las 07:00 pm y desde las 07:00 pm hasta las 07:00 am en las instalaciones de la entidad de lunes a domingo. Las funciones que ejecutaba eran atención a pacientes en urgencias, atención de pacientes en el piso, hospitalización, cuidados intensivos, consulta externa, realizar procedimientos como punciones

2SAMAI, expediente digital tribunal, actuación expediente digital índice 4, descripción del documento 2_730013333008201800279011EXPEDIENTEDIGI20230224094424 carpeta 01CuadernoPrincipal documento CD_FOLIO_115 documento DOCTOR ALJURI.pdf3

2_730013333008201800279011EXPEDIENTEDIGI20230224094424 carpeta 01CuadernoPrincipal documento CD_FOLIO_115 documento DOCTOR ALJURI.pdf3

1.2. Contestación de la demanda 1.2.1. Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué.3

Expresó oposición a todas las pretensiones de la demanda , explicó que el acto administrativo por medio del cual se negó el reconocimiento de la relación laboral estaba ajustado con el ordenamiento jurídico colombiano.

Señaló que , las vinculaciones que tuvo el demandante con las cooperativas de trabajo asociado se encuentran amparados en el Decreto 4588 de 2006 en el artículo 6, y la Ley 1438 de 2011 en el artículo 59.

Citó sentencias del Consejo de Estado en las que se determinó que l as Cooperativas de Trabajo Asociado estaban facultadas para prestar servicios en el área de la salud, agregó que, con soporte en lo anterior, en un proceso de similares características el Tribunal del Tolima decidió negar las pretensiones del medio de control impetrado.

Propuso las excepciones de prescripción al considerar que teniendo en cuenta los extremos temporales dicho fenómeno ya había actuado, a su vez, propuso la excepción de caducidad y aseguró que trascurrieron los cuatro meses que concede el C.P.A.C.A. en el artículo 164 para demandar.

1.2.2. Cooperativa de Trabajo Asociado Laboramos.4

A través de curador ad-litem manifestó esta en oposición a todas las pretensiones de la demanda, expresó que el acto administrativo del cual se busca la nulidad está ajustado a derecho y su legalidad no ha sido desvirtuada.

A través de curador ad-litem manifestó esta en oposición a todas las pretensiones de la demanda, expresó que el acto administrativo del cual se busca la nulidad está ajustado a derecho y su legalidad no ha sido desvirtuada.

Formuló las excepciones de prescripción, soportó dicha excepción debido a que las pretensiones de la demanda están encaminadas a la declaración del contrato realidad y al pago de salarios y prestaciones sociales desde el año 2002 hasta el 2014 se puede afirmar que las mismas están prescritas por el transcurso del tiempo.

1.2.3. Cooperativa Kamaris ltda.

Guardó silencio.

1.2.4. Sentencia de primera instancia.

El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué profirió sentencia a través de la cual denegó las pretensiones de la demanda de la siguiente manera:

“PRIMERO: DECLARAR PROBADA DE OFICIO la excepción

denominada “NO ACREDITACIÓN DEL ELEMENTO DE

SUBORDINACIÓN”.

3SAMAI, expediente digital tribunal, actuación expediente digital índice 4, descripción del documento 2_730013333008201800279011EXPEDIENTEDIGI20230224094424 carpeta 01CuadernoPrincipal documento CUADERNO-1.pdf página 341 a 418. 4SAMAI, expediente digital tribunal, actuación expediente digital índice 4, descripción del documento 28_7300133330082018002790126EXPEDIENTEDIGI202302240947204

SEGUNDO: NEGAR las súplicas de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante y a favor de la

SEGUNDO: NEGAR las súplicas de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante y a favor de la entidad accionada. CUARTO: FIJAR como agencias en derecho la suma de un millón ciento cuarenta y tres mil pesos ($1.143.000), correspondiente al 4% de las pretensiones negadas, de conformidad con el Acuerdo No. PSAA16-10554 del 05 de 2016, que será tenida en cuenta por Secretaría al momento de liquidar las costas”

Los argumentos sobre los que estructuró tal decisión el juez de primera instancia antes transcrita fueron sucintamente:

Determinó que la prestación personal del servicio y la remuneración se encuentran acreditados con las pruebas orantes en el proceso, lo anterior debido a que está acreditado que el demandante prestaba sus servicios como médico en las instalaciones del Hospital Federico Lleras Acosta y que por tales servicios recibía una contraprestación económica, agregó que no existía duda ni debate respecto de las vinculaciones a través de Cooperativas de Trabajo Asociado, y posteriormente los nombramientos en la planta temporal de la institución.

Al referirse sobre el elemento de la subordinación, concluyó que una vez analizadas la pruebas aportadas al cartulario, el demandante debía cumplir con un horario de turnos fijados a través de un cronograma que era organizado por el jefe del servicio de neurocirugía, continuó que pese a los testimonios en los que se aseguraba que el doctor Aljuri recibía ordenes de un jefe, los mismos también hicieron referencia a que con los otros médicos del servicio de neurología coordinaban el cambio de turnos

de neurocirugía, continuó que pese a los testimonios en los que se aseguraba que el doctor Aljuri recibía ordenes de un jefe, los mismos también hicieron referencia a que con los otros médicos del servicio de neurología coordinaban el cambio de turnos para ausentarse para vacaciones, seminarios, o actividades académicas, sumado a ello para ausentarse, pese a que no era recurrente, solo debían informar de manera verbal al jefe del servicio de neurología el doctor López.

Se logró acreditar que de manera concomitante el demandante prestaba servicios como médico en otras instituciones (clínica Tolima, clínica Minerva entre otras) y en su consultorio particular. Señaló que frente a la observancia de un horario o turnos por el demandante no puede tomarse como un indicio de una relación laboral en el caso concreto, máxime si se tiene en consideración el nivel de cualificación de su especialidad, difícilmente equiparable a un funcionario administrativo de la empresa social del estado, lo que desdice esa relación jerárqu ica propia de las relaciones entre patrono y trabajador. Aún en gracia de discusión, la obediencia de un horario de trabajo no implica per sé la constitución de la subordinación, toda vez que “aunque a primera vista se puede pensar que el cumplimiento de un horario es de suyo elemento configurativo de la subordinación transformando una relación que ab initio se consideró como contractual en laboral, lo cierto es que en determinados casos el cumplimiento de un horario es sencillamente la manifestación de una concertación contractual entre las partes, administración y particular, para desarrollar el objeto del contrato en forma coordinada con los usos y condiciones generalmente aceptadas y necesarias para llevar a cabo el cumplimiento de la labor.

manifestación de una concertación contractual entre las partes, administración y particular, para desarrollar el objeto del contrato en forma coordinada con los usos y condiciones generalmente aceptadas y necesarias para llevar a cabo el cumplimiento de la labor.

Concluyó que, para declarar la existencia de un contrato realidad es necesario que el demandante acredite la subordinación, lo cual resulta imprescindible para la prosperidad de las pretensiones de la demanda, de tal modo, dentro del proceso no se demostró de forma suficiente la coexistencia de todos los elementos propios de la relación laboral, toda vez que no hay certeza frente al elemento de la subordinación continuada, según se valoró con antelación; por consiguiente, no5

puede ordenarse que se tomen unas medidas y se reconozcan y paguen unas acreencias que solo aplican en virtud de un verdadero vínculo laboral, de conformidad con las normas y jurisprudencia aquí reseñada; en concordancia, se impone declarar probada de oficio la excepción de “NO ACREDITACIÓN DEL

ELEMENTO DE SUBORDINACIÓN”.

1.3. Recurso de apelación.

El apoderado de la parte demandante, presentó recurso de alzada, por estar en disenso con la decisión tomada. Cimentó su desacuerdo con la incorrecta valoración probatoria dentro del proceso, explicó que su poderdante si estuvo bajo una verdadera relación laboral encubierta con el Hospital Federico Lleras Acosta, condenó el hecho de la vinculación concomitante como funcionario de planta temporal y a raves de la Cooperativa de trabajo asociado Kamaris. Manifestó que las funciones que desarrollaba el demandante hacían parte de los fines institucionales del Hospital, explicó que al desarrollar actividades propias de

concomitante como funcionario de planta temporal y a raves de la Cooperativa de trabajo asociado Kamaris. Manifestó que las funciones que desarrollaba el demandante hacían parte de los fines institucionales del Hospital, explicó que al desarrollar actividades propias de su ejercicio profesional en la sala de cirugía de la entidad las cuales están sujetas al cumplimiento de las reglas de seguridad y calidad que establece la Ley le estaba prohibido llevar sus propias herramientas o instrumentos quirúrgicos.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El presente asunto es competencia de esta Corporación de acuerdo co n lo establecido en el artículo 153 del CPACA, según el cual los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos, así como de las apelaciones de autos susceptibles de este recurso.

En igual sentido, esta se ajustará de acuerdo con lo establecido en el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso , el cual es aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA. De acuerdo con dicha disp osición, se realizará pronunciamiento únicamente sobre los argumentos expuestos por el apelante en el recurso de alzada , sin dejar de lado las decisiones que se deban adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

2.2. Procedibilidad del recurso de apelación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, son apelables las sentencias de primera instancia, circunstancia que se avizora en el presente caso.

2.3. Problema jurídico

De acuerdo con el marco de la apelación, corresponde a la Sala decidir:

apelables las sentencias de primera instancia, circunstancia que se avizora en el presente caso.

2.3. Problema jurídico

De acuerdo con el marco de la apelación, corresponde a la Sala decidir:

Si dentro del proceso de referencia ¿se logró acreditar que Larmont Aljuri López estuvo como médico especialista en neurocirugía bajo subordinación durante el vinculo con el Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E.?

2.3.1. Tesis de la Sala6

Se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, debido a que analizadas las pruebas solo se probaron los elementos de la prestación personal del servicio y de la remuneración, sin embargo, en cuanto a la subordinación no se logró acreditar que el demandante estuviese bajo subordinación, debido a que acreditado quedó, que prestaba sus servicios como médico en otras clínicas y hospitales, sumado a ello, no recibía ordenes de como realizar su labor médica, y solo coordinaba con los jefes de otras áreas o servicios el uso de zonas del hospital, como por ejemplo el quirófano, actividad que se encuentra enmarcada dentro de la coordinación necesaria para el buen desempeño del objeto contractual y que de ninguna forma cumple con la característica de orden.

2.4. Marco normativo

2.4.1. Contrato realidad.

Respecto de los contratos estatales de prestación de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone: “Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo

en su artículo 32 (numeral 3), dispone: “Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.”

En otros términ os, el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual.5

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las expresiones “no puedan realizarse con personal de planta o” y “en ningún caso (…) general relación laboral ni prestaciones sociales” , contenidas en el precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154 de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral, así:

“Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de

al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.

5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicación: 63001-23-33-000-2021-00072-01, sentencia del 11 de abril de 2024, demandante: Jaime Chávez Arcila, demandado: Municipio de Armenia.7

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación de servicios y contrato de trabajo - se obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contra rio sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto

independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contra rio sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contrata da, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo.”

Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968 6, “[p]or el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil (…)”, dispone:

“Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural.

Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo.

Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República.

Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los per itos obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros contratadas por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública

obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros contratadas por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes.

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tal es funciones.”

6 Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.8

La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia, entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una relación laboral. Frente al tema, la Corte expuso:

“La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo co n el Estado de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se req uieran conocimientos especializados. De igual manera, despliega los principios constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales

labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se req uieran conocimientos especializados. De igual manera, despliega los principios constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública deb e realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos.”

De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio d e la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas re specto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales7.

2.4.2. Sentencias de unificación sobre contrato realidad del Consejo de Estado.

De igual manera, el Consejo de Estado 8 ha recordado que (i) la subordinación o

dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales7.

2.4.2. Sentencias de unificación sobre contrato realidad del Consejo de Estado.

De igual manera, el Consejo de Estado 8 ha recordado que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de

7 En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de enero de 2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10). 8 Consejo de Estado, secci ón segunda, subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001 -23-33-0002012-00020-01 (316-2014).9

comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculada bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente

prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión, elementos de juicio que enmarcan el análisis del tema y que se tendrán en cuenta para decidir el asunto sub examine.

En lo que concierne a la prescripción cuando se declara la existencia de un contrato realidad encubierto mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación CE -SUJ2 No. 5 de 20169, precisó:

(…) i) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la prima cía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual, (ii) sin embargo, el fenómeno prescriptivo no aplica frente a los aportes para pensión, (iii) lo anterior, no implica la imprescriptibilidad de la devolución de los dineros pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, pues esto sería un beneficio propiamente económico para él, que no influye en el derecho pensional como tal; (iv) las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, también están exceptuadas de la caducidad del medio de con trol; (v) tampoco resulta exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y

exceptuadas de la caducidad del medio de con trol; (v) tampoco resulta exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; vi) el estudio de la prescripción en cada caso concreto será obj eto de la sentencia, una vez abordada y comprobada la existencia de la relación laboral; y (vii) el juez contencioso administrativ