TA TOL - Sentencia 73001-33-33-008-2022-00049-01 (10-04-2025)

Ibagué, diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025).

Radicación No. Interno No.

73001-33-33-008-2022-00049-01 0197-2024 Medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante María del Pilar Arias Cadena Demandado

Tema Nación-Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del MagisterioFomag y Departamento Del Tolima Sanción Moratoria

I. ASUNTO A DECIDIR De conformidad con lo establecido en los artículos 153 y 243 del C. de P.A y de lo C.A., procede esta Sala Oral a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del Departamento del Tolima, en contra de la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2023 por el Juzgado Octavo (8°) Oral Administrativo del Circuito de Ibagué.

II. ANTECEDENTES

1. Pretensiones1.

“DECLARACIONES

1. Declarar la nulidad de Oficio No. TOL2021EE034480 del 24 de septiembre del 2021, a través del cual La Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, negó (…) la solicitud de reconocimiento y pago de la Sanción Moratoria, contemplada en la Ley 1071 de 2006, radicada ante esa Entidad el 17 de agosto de 2021.

2. Se declare la Nulidad del acto ficto o presunto configurado el día 17 de noviembre del 2021, por el Departamento del Tolima, al dar respuesta negativa de forma ficta al derecho de petición radicado el 17 de agosto

2. Se declare la Nulidad del acto ficto o presunto configurado el día 17 de noviembre del 2021, por el Departamento del Tolima, al dar respuesta negativa de forma ficta al derecho de petición radicado el 17 de agosto del 2021 ante la Entidad, en donde se solicitó el pago de la Sanción Moratoria establecida en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.

3. Declarar la nulidad del Oficio No. 20211073283251 del 19 de octubre del 2021, a través del cual la Fiduciaria La Previsora S.A. da respuesta en forma negativa al derecho de petición radicado el día 9 de julio del 2021, contemplada en el artículo 5 de la ley 1071 de 2006.

1 Índice de descarga 8 folio 3 SAMAI.Expediente No. 73001-33-33-008-2022-00049-01

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4. Reconocer, liquidar y pagar la sanción moratoria por no haberse cancelado a tiempo el valor reconocido por concepto de CESANTÍAS en la Resolución No. 3467 del 17 de noviembre del 2020.

CONDENAS Como consecuencia de la declaración anterior y a título de

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO:

1. Condenar a las demandadas Nación - Ministerio de Educación NacionalFondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Departamento del Tolima y Fiduciaria La Pr evisora S.A., a reconocer, liquidar y pagar a favor

1. Condenar a las demandadas Nación - Ministerio de Educación NacionalFondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Departamento del Tolima y Fiduciaria La Pr evisora S.A., a reconocer, liquidar y pagar a favor de mi poderdante, la Sanción Moratoria establecida en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 por no haber cancelado a tiempo el valor reconocido por cesantías en la Resolución No . 3467 del 17 de noviembre d el 2020, mora que ocurrió desde el día 12 de enero del 2021, hasta la fecha de pago que fue el día 1 de julio de 2021.

2. Condenar a las entidades demandadas a reconocer, liquidar y pagar la indexación de la suma solicitada en el numeral anterior, desde la f echa de pago de las cesantías y hasta la fecha de pago efectivo de la sanción moratoria.

3. Condenar a las demandadas a reconocer, liquidar y pagar los intereses de mora, sobre las sumas adeudadas, conforme a lo establecido en el artículo 192 del C.P.A.C.A.

4. Condenar a las entidades demandadas a que den estricto cumplimiento a la sentencia conforme lo dispone el artículo 189 y 192 del C.P.A.C.A.

5. Condenar en costas a las demandadas tal y como lo dispone el artículo 188 del C.P.A.C.A y lo regulado por el Código General del Proceso”.

2. Fundamentos fácticos2.

• El 28 de septiembre del 2020, la señora María del Pilar Arias Cadena, solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías a las que legalmente tiene derecho.

• Por lo anterior, l a Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fomag

solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías a las que legalmente tiene derecho.

• Por lo anterior, l a Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fomag mediante Resolución No. 3467 del 17 de noviembre del 2020, reconoció y ordenó el pago de la prestación solicitada.

• Empero, el pago de la prestación peticionada a favor de la actora solo se produjo hasta el 1 de julio del 2021.

• De conformidad con ello, el día 17 de agosto del 2021, la actora radicó ante la NaciónMinisterio de EducaciónFomag y ante el Departamento del Tolima, derecho de petición tendiente a obtener el reconocimiento,

2 Índice de descarga 8 folios 3 y 4 SAMAI.Expediente No. 73001-33-33-008-2022-00049-01

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liquidación y pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.

• Añadió que, mediante oficio No. TOL2021EE034480 del 24 de septiembre del 2021, el Fomag dio respuesta negativa a la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción, por su par te el Departamento del Tolima guardó silencio.

• Por lo anterior, indicó que desde la fecha de radicación de la petición transcurrieron más de tres meses configurándose el silencio administrativo negativo, producto del cual surge el acto ficto o presunto negativo.

• Por lo anterior, indicó que desde la fecha de radicación de la petición transcurrieron más de tres meses configurándose el silencio administrativo negativo, producto del cual surge el acto ficto o presunto negativo.

• Añadió que, el 9 de julio del 2021, radicó ante la Fiduciaria La Previsora S.A derecho de petición tendiente a obtener el reconocimiento, liquidación y pago de la sanción mora, mismo que fue negado a través del Oficio 20211073283251 del 19 de octubre del 2021.

3. Contestación de la demanda.

• Nación-Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del MagisterioFomag3. Admitida la demanda, el vocero judicial de la entidad demandada descorrió oportunamente su traslado, oponiéndose a cada una de las pretensiones toda vez que no están llamadas a prosperar en contra de su representada, en tanto, el Fomag no es responsable de las sanciones causadas con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo con el inciso 4 del artículo 57 de la Ley 1955 del 2019. En ese sentido, señaló que en caso de declararse nulo el acto administrativo demandado se tenga en cuenta que, el incumplimiento de los plazos fijados por la ley para proferir el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías obedeció exclusivamente a la Secretaría de Educación del Departamento del Tolima, puesto que , la solicitud fue realizada el 28 de septiembre de 2020 y la Resolución No. 3467 por medio de la cual se reconoció la cesantía data del 17 de noviembre de 2020, advirtiendo que es esta entidad

realizada el 28 de septiembre de 2020 y la Resolución No. 3467 por medio de la cual se reconoció la cesantía data del 17 de noviembre de 2020, advirtiendo que es esta entidad territorial la competente para responder por la mora, de acuerdo con el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019. Con el ánimo de fundamentar su oposición, propuso como excepción previa la Ineptitud sustancial de la demanda por falta de legitimación en la causa por pasiva del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio para el pago de la sanción moratoria. Por otro lado, como excepciones de mérito propuso las siguientes: (i) culpa exclusiva de un tercero, puesto que , fue la entidad territorial quien incumplió con los términos establecidos para la emisión del acto administrativo de reconocimiento de las cesantías; (ii) la ausencia del deber de pagar sanciones por parte de la entidad Fiduciaria, en tanto no debe soportar la carga de una mora que no generó; (iii) cobro de lo no debido; (iv) la improcedencia de la indexación y/o actualización monetaria de la sanción moratoria; (v) improcedencia de la condena en costas y; (vi) excepción genérica.

3 Índice de descarga 15 expediente SAMAI.Expediente No. 73001-33-33-008-2022-00049-01

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• Departamento del Tolima4.

De conformidad con la constancia secretarial respectiva, el día 30 de junio de 2022

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• Departamento del Tolima4.

De conformidad con la constancia secretarial respectiva, el día 30 de junio de 2022 venció el término de traslado para contestar la demanda, frente al cual el Departamento del Tolima guardó silencio.

4. La sentencia apelada5.

El 19 de diciembre de 2023, el Juzgado Octavo (8°) Administrativo Oral del Circuito de Ibagué procedió a dictar sentencia de primera instancia, en la que declaró la nulidad del acto administrativo ficto, frente a la solicitud de reconocimiento y pago en sede administrativa de la sanc ión moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006 elevada por la señora María del Pilar Arias Cadena el 17 de agosto de 2021 ante el Departamento del Tolima, teniendo en cuenta las siguientes apreciaciones: Partiendo del análisis efectuado a los elementos mate riales probatorios contenidos en el sub lite, concluyó que la mora se produjo desde el 14 de enero de 2021 hasta el 28 de junio de 2021, es decir, 165 días, como quiera que, la solicitud de reconocimiento fue radicada ante la Secretaria de Educación y Cultura departamental el 28 de septiembre de 2020, la Resolución No. 3467 fue expedida el 17 de noviembre de 2020 corregida el 19 de abril de 2021 por medio de la Resolución No. 1538, superó ampliamente el término de 15 días previsto en la Ley, tardanza que se extendió en el tiempo, pues, el pago tan solo se hizo efec tivo el 29 de junio de 2021, trazabilidad cronológica que condensó en el siguiente cuadro:

de 15 días previsto en la Ley, tardanza que se extendió en el tiempo, pues, el pago tan solo se hizo efec tivo el 29 de junio de 2021, trazabilidad cronológica que condensó en el siguiente cuadro:

Bajo ese contexto y de conformidad con el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, estableció que la responsabilidad de la totalidad de la sanción mora que ha de recon ocerse recae sobre el Departamento del Tolima, en tanto la Secretaría de Educación y Cultura Departamental, sobrepasó el término para enviar el trámite a la Fiduciaria la Previsora S.A para que esta efectuara el pago al actuar como entidad vocera y administradora del patrimonio autónomo del Fomag. Habiendo aclarado lo anterior, en el estudio de la prescripción trienal del derecho determinó que, la obligación se hizo exigible el 14 de enero de 2021 (un día después del vencimiento de los 70 días hábiles para el reconocimiento y pago), por lo que la demandante tenía hasta 13 de enero de 2024 para efectuar la reclamación administrativa y, al haberse presentado esta última el 17 de agosto de 2021 , se pudo establecer que no había operado la prescripción. Finalmente, teniendo en cuenta que la asignación básica mensual devengada por la demandante para el 2020 fue de $4.244.314 COP y el salario diario de $141.477 COP, concluyó que, le asiste derecho al pago de $23.343.727 COP a título de sanción

4 Índice de descarga 17 SAMAI. 5 Índice de descarga 5 SAMAI.Expediente No. 73001-33-33-008-2022-00049-01

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4 Índice de descarga 17 SAMAI. 5 Índice de descarga 5 SAMAI.Expediente No. 73001-33-33-008-2022-00049-01

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moratoria, por un total de 165 días correspondientes al periodo comprendido entre el 14 de enero de 2021 hasta el 28 de junio de 2021.

5. Fundamentos de la impugnación6.

Con miras a fundamentar su oposición, el apoderado de la entidad demanda sostuvo que, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, los términos de las actuaciones administrativas adelantadas por el Departamento del Tolima fueron suspendidos por el Decreto N°02 96 del 17 de marzo de 2020 y posteriormente reanudados a través d el Decreto N°0443 del 6 de abril del 2021, de modo que, al haberse presentado la solicitud el 28 de septiembre de 2020, el término de los 70 días siguientes para la causación de la sanción moratoria era inaplicable. Bajo ese contexto, adujo que la contabilización de los 70 días hábiles debía darse desde el 7 de abril de 2021 hasta el 15 de junio de 2021, razón por la cual, a partir del 16 de junio de 2021 se empezaría a causar la sanción moratoria por la cancelación tardía de la prestación, concluyendo que, al haberse cancelado las cesantías reclamadas el 29 de junio de 2021, la mora se reduciría al periodo comprendido entre el 16 de junio de 2021

la prestación, concluyendo que, al haberse cancelado las cesantías reclamadas el 29 de junio de 2021, la mora se reduciría al periodo comprendido entre el 16 de junio de 2021 y el 28 de junio de ese mismo año. Finalmente y con fundamento en la sentencia C242 de 2020, determinó que, al haberse dado la inaplicación de la norma que contempla la sanción moratoria por causa de la suspensión de términos, el valor de las cesantías parciales reconocidas a la demandante se debería indexar desde el 14 de enero de 2021 hasta el 15 de junio de 2021, misma que deberá estar a cargo de la Nación - Ministerio de EducaciónFOMAG, en virtud de lo normado en los artículos 3 de la Ley 91 de 1989, 56 de la Ley 962 de 2005 y 2.4.4.2.3.2.2. del Decreto 1075 de 2015.

III. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA Por auto del 10 de mayo de 20247, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del Departamento del Tolima, habiéndose manifestado la parte demandante sobre el mismo, por lo que ingresó el expediente al Despacho para proferir la correspondiente decisión el 14 de junio de 2024. - Pronunciamiento sobre la impugnación8.

El apoderado de la parte demandante se pronunció frente al recurso de apelación interpuesto por el vocero judicial del Departamento del Tolima indicando que, si bien el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 facultó a las entidades territoriales para suspender los términos, dicha disposición no se encontraba vigente para el 12 de enero del 2021,

Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 facultó a las entidades territoriales para suspender los términos, dicha disposición no se encontraba vigente para el 12 de enero del 2021, momento en que se causó la mora. Bajo ese entendido, estimó que el Departamento del Tolima se contradice al afirmar que por medio de los Decretos 0296 del 17 de marzo de 2020 y 0443 del 6 de abril de 2021, se suspendieron y reanudaron, respectivamente, los términos de las actuaciones administrativas en las que tuviera interés el Departamento pues, el hecho de que el acto administrativo de reconocimiento de cesantías fuera expedido para el 17 de noviembre de 2020 da a entender que la aludida suspensión de términos no fue absoluta, en tanto el trámite de las cesantías de la señora María del Pilar Arias Cadena se surtió de manera

6 Índice de descarga 74 expediente SAMAI. 7 Índice de descarga 72 expediente SAMAI. 8 Índice de descarga 73 expediente SAMAI.Expediente No. 73001-33-33-008-2022-00049-01

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virtual la cual pese a las condiciones en que se desarrolló la pandemia la entidad territorial continuaba tramitando actuaciones.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

Es competente esta Colegiatura para desatar la impugnación contra la sentencia de primer grado, según voces de los artículos 153 y 243 del Código de Procedimiento

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

Es competente esta Colegiatura para desatar la impugnación contra la sentencia de primer grado, según voces de los artículos 153 y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir que corresponde a los Tribunales Administrativos en segunda instancia conocer de las apelaciones contra las sentencias de primera instancia dictadas por los jueces administrativos.

2. Problema jurídico.

En términos de la apelación, el problema jurídico que se plantea se contrae a establecer si resulta aplicable la suspensión de términos consagrada en el Decreto 296 del 17 de marzo de 2020 proferido por la administración departamental, y, en consecuencia, se debe descontar dicho periodo de la mora atribuida en primera instancia, o si, por el contrario, al sentencia apelada debe permanece r incólume al traer el recurrente argumentos y pruebas que no fueron oportunamente puestas a consideración en la respectiva instancia.

3. Tesis planteadas.

3.1. Tesis de la parte demandante. Sostuvo que, en el periodo comprendido entre la solicitud de reconocimiento y el pago efectivo de sus cesantías, se produjo la sanción moratoria atribuible a la NaciónMinisterio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al Departamento del Tolima, al no efectuar el pago dentro del término de 70 días fijado por la Ley, de allí que, ante la negativa en el reconocimiento de la sanción mora por la no consignación oportuna de la prestación, pretende se declare la existencia y nulidad del acto administrativo que se configuró frente a la petición del 17 de agosto

mora por la no consignación oportuna de la prestación, pretende se declare la existencia y nulidad del acto administrativo que se configuró frente a la petición del 17 de agosto de 2021, y, en consecuencia, se condene al pago de la indemnización por mora. 3.2. Tesis de la parte demandada.

• NaciónMinisterio de Educación Nacional - Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio. Como fundamento de su oposición, señaló que es el Departamento del Tolima el que deberá responder por el pago de la sanción mora, pues, se encuentra debidame nte acreditado que la tardanza se produjo durante las vigencias 2020 y 2021 y, de acuerdo al artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, el Fomag solo responderá económicamente por la mora que se cause hasta el 31 de diciembre de 2019, las que superen dicha fecha, deberán ser reconocidas por el ente territorial, al ser esta el encargado de expedir el acto administrativo de reconocimiento. - Departamento del Tolima.Expediente No. 73001-33-33-008-2022-00049-01

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Como se expuso en líneas anteriores, el Departamento no contestó la demanda dentro del término previsto para tal fin; no obstante, su oposición fue desarrollada en el recurso de apelación, en el cual, advirtió que con la expedición del Decreto N°0236 del 17 de marzo de 2020, se suspendieron los términos de las peticiones, quejas y actuaciones

de apelación, en el cual, advirtió que con la expedición del Decreto N°0236 del 17 de marzo de 2020, se suspendieron los términos de las peticiones, quejas y actuaciones administrativas en la que estuviera inmersa la administración departamental, términos que fueron reanudados a través del Decreto N°0443 del 6 de abril del 2021, por lo tanto, pretende le sea descontado dicho período de la condena por mora en el pago que le fue impuesta en primera instancia.

3.3. Tesis del Juzgado de primera instancia. Partiendo del análisis efectuado a las pruebas documentales contenidas en el sub lite, concluyó que se produjo la mora desde el 14 de enero de 2021 hasta el 28 de junio del mismo año, como quiera que, la solicitud de reconocimiento fue radicada ante la Secretaría de Educación y Cultura departamental el 28 de septiembre de 2020 luego, la Resolución No. 3467 fue expedida el 17 de noviembre de 2020, empero, el pago solo se produjo hasta el 29 de junio de 2021, tardanza atribuible al Departamento del Tolima por la demora en el envío del acto administrativo de reconocimiento a la Fiduprevisora S.A.

3.4. Tesis del Tribunal. Se advierte que, el Departamento del Tolima remitió pruebas que no fueron alle gadas en la oportunidad prevista para ello en primera instancia; como quiera que, este no contestó la demanda dentro del término procesal, y pretende revivir etapas procesales ya agotadas con la interposición del recurso de apelación. Por lo tanto, se acre ditó que los argumentos de disenso del apelante no fueron coincidentes con el contexto fáctico y

ya agotadas con la interposición del recurso de apelación. Por lo tanto, se acre ditó que los argumentos de disenso del apelante no fueron coincidentes con el contexto fáctico y jurídico que se tenía para el momento en que se dictó la sentencia de instancia, por lo que le corresponde a este Tribunal confirmarla en su integridad, toda v ez que su oposición se centró exclusivamente en que se diera aplicación a la suspensión de término por la pandemia de Covid-19.

4. Desarrollo de la tesis de la Sala.

4.1 Marco normativo y jurisprudencial.

• Régimen de cesantías de los docentes y la sanción moratoria por pago tardío.

La Ley 91 de 1989 no reguló el derecho de los docentes al reconocimiento y pago de esta prestación, y en esa perspectiva la sanción por mora en el pago de las cesantías es una figura creada por la Ley 244 de 1995, cuyo objetivo es proteger el pago oportuno de las cesantías, pues a través del establecimiento de una sanción pecuniaria para las entidades públicas por la demora en el pago de esta prestación, se buscaba que estas expidieran la resolución de reconocimiento y pago en forma oportuna y expedita para evitar corrupción, favorecimientos indebidos y perjuicios a los trabajadores. 9 En este sentido, la Ley 244 de 1995 se ocupó de determinar los destinatarios de la sanción, fijar los términos para la liquidación; reconocimiento y pago de las cesantías

9 Consejo de Estado, Sentencia del 27 de marzo de 2007, Rad. 2000 -02513-01 (IJ) C.P. Jesús María Lemus Bustamante.Expediente No. 73001-33-33-008-2022-00049-01

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definitivas de los servidores públicos de los órganos y entidades del Estado; y establecer el término para que opere la respectiva sanción y su valor. 10 Así, respecto al procedimient o y los términos para el reconocimiento y pago de las cesantías, la norma indica que la administración tiene 45 días para pagar la prestación solicitada. El término comienza a correr una vez han transcurrido 15 días desde la radicación de la petición, per iodo en el que la administración debe emitir un pronunciamiento de fondo en el que reconozca o niegue el pago del auxilio de cesantía. A esos 60 días se suman 5 días más correspondientes al término de ejecutoria del acto de reconocimiento y liquidación, cuyo trámite debe agotarse en 65 días hábiles, y a partir del día 66, se reconocerá y pagará al beneficiario un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las cesantías. De otra parte, la Ley 1071 de 2006 modificó la Ley 244 de 1995, y precisó su ámbito de aplicación, pues mientras en la Ley 244 de 1995 establecía que los destinatarios de la norma eran los servidores públicos de todos los órdenes, en le nueva disposición se dijo

aplicación, pues mientras en la Ley 244 de 1995 establecía que los destinatarios de la norma eran los servidores públicos de todos los órdenes, en le nueva disposición se dijo que lo eran los miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, y agregó que para los mismos efectos, se aplicará a los miembros de la Fuerza Pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en fo rma transitoria o permanente, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional del Ahorro. Igualmente, extendió los efectos de la sanción a la demora en el trámite del retiro parcial de las cesantías, pues la Ley 244 de 1995 solo se refería a las cesantías definitivas, y mantuvo los mismos términos para el trámite de reconocimiento y pago del auxilio de cesantía, así como el valor de la sanción moratoria por retardo en su pago. Debe advertirse igualmente, que con la expedición del Decreto 1272 de 2018 expedido por el Ministerio de Educación Nacional, se reglamentó el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas de los docentes con el propósito de agilizar esos trámites y cumplir los acuerdos suscritos con FECODE el 16 de junio de 2017. El referido decreto definió el procedimiento, los plazos y responsabilidades de los actores que intervienen en el reconocimiento de las prestaciones, esto es, las entidades territoriales certificadas en educación y la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del FOMAG, señalando que las solicitudes de reconocimiento de cesantías

actores que intervienen en el reconocimiento de las prestaciones, esto es, las entidades territoriales certificadas en educación y la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del FOMAG, señalando que las solicitudes de reconocimiento de cesantías parciales o definitivas a cargo de dicho Fondo deben ser resueltas sin exceder 15 días hábiles contados desde la radicación completa de la solicitud por parte del peticionario.11 Con respecto al pago de las cesantías indicó que dentro de los 45 días hábiles siguientes a la notificación y ejecutoria del acto administrativo que reconoce las solicitudes de reconocimiento de cesantías parciales o definitivas, la sociedad fiduciaria debe efectuar los pagos correspondientes.12 Cabe señalar que, en relación con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías a los docentes, el Consejo de Estado profirió múltiples decisiones contradictorias, pues de un lado sostuvo que los docentes no son destinatarios de la norma que consagra la sanción moratoria por pago tardío de las

10 Artículo 1º Ley 244 de 1995. 11 Artículo 2.4.4.2.3.2.22. 12 Artículo 2.4.4.2.3.2.27.Expediente No. 73001-33-33-008-2022-00049-01

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cesantías, señalando que el legislador no señaló expresamente que los mismos fueran beneficiarios de esta disposición, y que los docentes están cobijados por un régimen

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cesantías, señalando que el legislador no señaló expresamente que los mismos fueran beneficiarios de esta disposición, y que los docentes están cobijados por un régimen especial que no consagró la sanción moratoria por pago tardío de cesantías a su favor. En otras providencias, nuestro órgano de cierre reconoció que la sanción por mora en el pago de las cesantías sí procede para miembros del magisterio, pues sostuvo que existía abundante jurisprudencia que soporta la tesis de la compatibilidad de la aplicación de la Ley 1071 de 2006 con el régimen de cesantías de los docentes, por cuanto se trata de una normativa que cobija a todos los empleados y trabajadores del Estado. 13 En reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo expidió la Sentencia de Unificación por Importancia jurídica Sentencia CE-SUJ-SII-0122018, SUJ-012-S2, del 18 de julio de 2018, rad. No. 73001 -23-33-000-2014-00580-01 (Número Interno: 4961 -2015), donde se estudió una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por un docente contra la NaciónMinisterio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento del Tolima, y en el citado fallo sentó jurisprudencia para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, según las siguientes reglas: a) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria

siguientes reglas: a) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.

b) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley 14 para que la entidad intentara notif icarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su parte, cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador como computables para sanción moratoria.

c) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.

Al identificar la precitada sentencia dos posiciones jurisprudenciales sobre el asun