TA TOL - Sentencia 73001-33-33-009-2018-00044-03 (27-03-2025)

Ibagué, veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2.025)

Radicación No.

Interno No: 73001-33-33-009-2018-00044-03

1054-2023

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Julián Andrés Abella Valbuena,

Anatilde Gutiérrez Bonilla, Martha Lucía Sánchez Galeano, Fredy García Trujillo y Antero Javier Ríos Arboleda

Demandado: Tema: NaciónFiscalía General de la Nación Bonificación judicial

I. ASUNTO A DECIDIR

De conformidad con lo establecido en los artículos 153 y 243 del C. de P.A. y de lo C.A., procede esta Sala Oral a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del extremo pasivo en contra de la sentencia proferida el 29 de julio de 2022 por el Juzgado Décimo Administrativo Transitorio de Neiva, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

1. Pretensiones1.

Como petitum de la demanda, el apoderado de los demandantes formuló las siguientes pretensiones: 1) “Que previa inaplicación de la frase “(…) y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensional y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, registrada en el primer párrafo del artículo 1 del Decreto No. 0382 de 2013, se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el siguiente Oficio: DS -SSAG-14-12-01427 del 30 de mayo de 2017, suscrito por el doc tor JAIRO ESTEBAN SILVA VARGAS Subdirector de

contenido en el siguiente Oficio: DS -SSAG-14-12-01427 del 30 de mayo de 2017, suscrito por el doc tor JAIRO ESTEBAN SILVA VARGAS Subdirector de Apoyo a la Gestión de la Seccional Tolima de la Fiscalía General de la Nación, por medio del cual negaron las pretensiones de la reclamación administrativa de ANATILDE GUTIERREZ BONILLA, la cual fue notificada formalmente dentro de los términos de ley.

1. Que previa inaplicación de la frase: "(...) y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema

1 Índice de descarga 6 folios 168 a 171 expediente SAMAI.Radicado: 73001-33-33-009-2018-00044-03

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Julián Andrés Abella Valbuena y otros vs Fiscalía General de la Nación

Página 2 de 18

General de Seguridad Social en Salud.", registrada en e l primer párrafo del artículo 1° del Decreto No. 0382 de 2013, se declare la nulidad de la Resolución No. 2 - 2872 del 21 del 21 de septiembre de 2017; suscrito por el doctor GERMAN R. CASTELLANOS MAYORGA, Subdirector de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra el oficio del numeral anterior de ANATILDE GUTIERREZ BONILLA, confirmando en cada una de sus partes la decisión primigenia, acto administrativo que fue notificado formalmente dentro de los términos de ley.

1. Que previa inaplicación de la frase: "(...) y constituirá únicamente factor salarial

primigenia, acto administrativo que fue notificado formalmente dentro de los términos de ley.

1. Que previa inaplicación de la frase: "(...) y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", registrada en el primer párrafo del artículo 1° del Decreto No. 0382 de 2013, se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el siguiente Oficio: DS -SSAG-14-12-01424 del 30 de mayo de 2017 suscrito por el doctor JAIRO ESTEBAN SILVA VARGAS Subdirector de Apoyo a la Gestión de la Secciona! Tolima de la Fiscalía General de la Nación, por medio del cual negaron las pretensiones de la reclamación administrativa de FREDY GARCIA TRUJILLO, la cual fue notificada formalmente dentro de los términos de ley.

1. Que previa inaplicación de la frase: "(...) y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", registrada en el primer párrafo del artículo 1° del Decreto No. 0382 de 2013, se declare la nulidad de la Resolución

No. 2 - 2872 del 21 de septiembre de 2017; suscrito por el doctor GERMAN R. CASTELLANOS MAYORGA, Subdirector de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual se resuelve el recurso d e apelación interpuesto contra el oficio del numeral anterior de FREDY GARCIA TRUJILLO, confirmando en cada una de sus partes la decisión primigenia, actos administrativo que fue notificado formalmente dentro de los términos de ley.

interpuesto contra el oficio del numeral anterior de FREDY GARCIA TRUJILLO, confirmando en cada una de sus partes la decisión primigenia, actos administrativo que fue notificado formalmente dentro de los términos de ley.

1. Que previa inaplicación de la frase: "(...) y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", registrada en el primer párrafo del artículo 1° del Decreto No. 0382 d e 2013, se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el siguiente Oficio: DS -SSAG-14-12-01426 del 30 de mayo de 2017, suscrito por el doctor JAIRO ESTEBAN SILVA VARGAS Subdirector de Apoyo a la Gestión de la Seccional Tolima de la Fiscalía General de la Nación, por medio del cual negaron las pretensiones de la reclamación administrativa de MARTHA LUCIA SANCHEZ GALEANO, la cual fue notificada formalmente dentro de los términos de ley.

1. Que previa inaplicación de la frase: "(...) y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", registrada en el primer párrafo del artículo 1° del Decreto No. 0382 de 2013, se declare la nulidad de la Resolución

No. 2 - 2872 del 21 de septiembre de 2017; suscrito por el doctor GERMAN R. CASTELLANOS MAYORGA, Subdirector de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra el oficio del numeral anterior de MARTHA LUCIA SANCHEZ

CASTELLANOS MAYORGA, Subdirector de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra el oficio del numeral anterior de MARTHA LUCIA SANCHEZ GALEANO, confirmando en cada una de sus partes la decisión primigenia, acto administrativo que fue notificado formalmente dentro de los términos de ley.Radicado: 73001-33-33-009-2018-00044-03

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Julián Andrés Abella Valbuena y otros vs Fiscalía General de la Nación

Página 3 de 18

1. Que previa inaplicación de la frase: "(...) y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones ya! Sistema General de Seguridad Social en Salud.", registrada en el primer párrafo del artículo 1° del Decreto No. 0382 de 2013, se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el siguiente Oficio: DS -SSAG-14-12-01425 del 30 de mayo de 2017 suscrito por el doctor JAIRO ESTEBAN SILVA VARGAS Subdirector de Apoyo a la Gestión de la Seccional Tolima de la Fiscalía General de la Nación, por medio del cual negaron las pre tensiones de la reclamación administrativa de ANTERO JAVIER RIOS ARBOLEDA, la cual fue notificada formalmente dentro de los términos de ley.

1. Que previa inaplicación de la frase: "(...) y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", registrada en el primer párrafo del

1. Que previa inaplicación de la frase: "(...) y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", registrada en el primer párrafo del artículo 1° del Decreto No. 0382 de 2013, se declare la nulidad de la Resolución

No. 2 - 2872 del 21 de septiembre de 2017; suscrito por el doctor GERMAN R. CASTELLANOS MAYORGA, Subdirector de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra el oficio del numeral anterior de ANTERO JAVIER RIOS ARBOLEDA, confirman do en cada una de sus partes la decisión primigenia, actos administrativo que fue notificado formalmente dentro de los términos de ley.

1. Que previa inaplicación de la frase: "(...) y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sist ema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", registrada en el primer párrafo del artículo 1° del Decreto No. 0382 de 2013, se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el siguiente Oficio: DS -SSAG-14-12-01423 del 30 de mayo de 2017 suscrito por el doctor JAIRO ESTEBAN SILVA VARGAS Subdirector de Apoyo a la Gestión de la Seccional Torna de la Fiscalía General de la Nación, por medio del cual negaron las pretensiones de la reclamación administrativa de JULIAN ANDRES ABELLA VALBUENA, la cual fue notificada formalmente dentro de los términos de ley.

1. Que previa inaplicación de la frase: "(...) y constituirá únicamente factor salarial

administrativa de JULIAN ANDRES ABELLA VALBUENA, la cual fue notificada formalmente dentro de los términos de ley.

1. Que previa inaplicación de la frase: "(...) y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", registrada en el primer párrafo del artículo 1° del Decreto No. 0382 de 2013, se declare la nulidad de la Resolución

No. 2 - 2872 del 21 de septiembre de 2017; suscrito por el doctor GERMAN R. CASTELLANOS MAYORGA, Subdirector de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra el oficio del numeral anterior de JULIAN ANDRES ABELLA VALBUENA, confirmando en cada una de sus partes la decisión primigenia , actos administrativo que fue notificado formalmente dentro de los términos de ley.

1. Como consecuencia de la declaración de nulidad de los anteriores actos administrativos y a título de restablecimiento del derecho, ordénese a la Fiscalía General de la Na ción, reconocer que la bonificación judicial que perciben mis

mandantes ANATILDE GUTIERREZ BONILLA, FREDY GARCIA TRUJILLO, MARTHA LUCIA SANCHEZ GALEANO, ANTERO JAVIER RIOS ARBOLEDA, y JULIAN ANDRES ABELLA VALBUENA es constitutiva de factor salarial paraRadicado: 73001-33-33-009-2018-00044-03

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Julián Andrés Abella Valbuena y otros vs Fiscalía General de la Nación

Página 4 de 18

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Julián Andrés Abella Valbuena y otros vs Fiscalía General de la Nación

Página 4 de 18

liquidar todas las prestaciones sociales devengadas y las que se causen a futuro, y en consecuencia, les pague el producto de la reliquidación de todas sus prestaciones sociales debidamente indexadas, a partir del 12 de junio de 2014 hasta que se haga efectivo el reconocimiento y pago.

1. Para el cumplimiento de la sentencia, se ordenará dar aplicación a los artículos 187, 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

1. Sean pagadas las costas y agencias en derecho que resultaren del proceso, de conformidad al artículo 188 del C.P.A.C.A.”.

2. Fundamentos fácticos2.

Como fundamento de sus pretensiones, el apoderado de la parte accionante expuso los hechos que son susceptibles de sintetizarse, así: ‐ Que los demandantes se encuentran vinculados a la Fiscalía General de la Nación, desempeñando los siguientes cargos:

‐ Que el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, ordenó al Gobierno Nacional hacer la nivelación salarial de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, atendiendo a criterios de equidad.

‐ Que, en cumplimiento de lo anterior, fue expedido el D ecreto 382 de 2013 mediante el cual se creó una bonificación judicial para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, misma que inició a pagarse desde el 1 de enero del 2013; no obstante, está bonificación no ha sido tenido en cuenta como factor salarial salvo en lo que respecta al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión.

del 2013; no obstante, está bonificación no ha sido tenido en cuenta como factor salarial salvo en lo que respecta al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión.

‐ Que, ante la vulneración de sus derechos laborales , los demandantes presentaron reclamaciones administrativas ante la Fiscalía General de la Nación, solicitando se reconociera que la Bonificación Judicial contemplada en el Decreto 382 de 2013, es factor salarial para todos los efectos legales, y en consecuencia, ordenara la liquidación y pago debidamente indexado de todas las prestaciones causadas.

2 Índice de descarga 6 folios 171 a 173 expediente SAMAI. DEMANDANTE VINCULACIÓN CARGO ACTUAL Anatilde Gutiérrez Bonilla 31 de julio de 1992 Fiscal delegado ante Jueces Municipales Fredy García Trujillo 10 de mayo de 2004 Fiscal delegado ante Jueces del Circuito Martha Lucia Sánchez Galeano 24 de enero de 1997 Asistente de Fiscal IV Antero Javier Ríos Arboleda 14 de enero de 1994 Profesional de Gestión II Julián Andrés Abella Valbuena 18 de septiembre de 2014 Asistente de Fiscal IRadicado: 73001-33-33-009-2018-00044-03

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Julián Andrés Abella Valbuena y otros vs Fiscalía General de la Nación

Página 5 de 18

‐ Que las solicitudes impetradas por los demandantes fueron denegadas y, frente al recurso de apelación interpuesto se confirmó la decisión tomada. Dicho trámite se condensa así:

3. Contestación de la demanda3.

‐ Que las solicitudes impetradas por los demandantes fueron denegadas y, frente al recurso de apelación interpuesto se confirmó la decisión tomada. Dicho trámite se condensa así:

3. Contestación de la demanda3.

Dentro del término legal conferido la apoderada de la Fiscalía General de la Nación descorrió traslado de la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, por cuanto los actos demandados se limitaron a señalar el cumplimiento de un deber legal que le impuso el legislador a la Fiscalía General de la Nación a través del Decreto 382 del 2013. Señaló que la nivelación salarial ordenada en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 no estaba sujeta a ningún referente porcentual para la nivelac ión y ajuste de las asignaciones salariales de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación. Resaltó que, el Decreto 382 de 2013 no tuvo origen en una iniciativa gubernamental sino en un acuerdo de voluntades, que responde a un proceso de negociación laboral adelantado con los representantes de las agremiaciones sindicales quienes estuvieron de acuerdo en que la naturaleza de factor salarial era únicamente para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Después de realizar un análisis a los apartes de las actas que se elevaron con ocasión de la negociación colectiva, concluye que las autoridades y los propios representantes sindicales negociaron, concerta ron y aprobaron la formula salarial plasmada en el artículo 1 del Decreto 382 de 2013, por lo que no resulta plausible ni leal, que con el

sindicales negociaron, concerta ron y aprobaron la formula salarial plasmada en el artículo 1 del Decreto 382 de 2013, por lo que no resulta plausible ni leal, que con el paso de los años se pretenda desconocer los acuerdos alcanzados en virtud de la negociación colectiva, más aún cuando están plasmados en una norma legal y con plena vigencia en la actualidad. Agregando que, si se consideraba que esas negociaciones no

3 Índice de descarga 6 folios 256 a 277 expediente SAMAI.

DEMANDANTE SOLICITUD OFICIO QUE NIEGA BONIFICACIÓN CONFIRMA DECISIÓN

Anatilde Gutiérrez Bonilla Oficio radicado No. 20170140205882 del 12 de mayo de 2017 DS-SSAG-14-12-01427 del 30 de mayo de 2017

Resolución No. 22872 del 21 de septiembre de 2017 Fredy García Trujillo Oficio radicado No. 20170140205822 del 12 de mayo de 2017 DS-SSAG-14-12-01424 del 30 de mayo de 2017 Martha Lucia Sánchez Galeano Oficio radicado No. 20170140205862 del 12 de mayo de 2017 DS-SSAG-14-12-01426 del 30 de mayo de 2017 Antero Javier Ríos Arboleda Oficio radicado No. 20170140205842 del 12 de mayo de 2017 DS-SSAG-14-12-01425 del 30 de mayo de 2017 Julián Andrés Abella Valbuena Oficio radicado No. 20170140205782 del 12 de mayo de 2017

12 de mayo de 2017 DS-SSAG-14-12-01425 del 30 de mayo de 2017 Julián Andrés Abella Valbuena Oficio radicado No. 20170140205782 del 12 de mayo de 2017 DS-SSAG-14-12-01423 del 30 de mayo de 2017Radicado: 73001-33-33-009-2018-00044-03

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Julián Andrés Abella Valbuena y otros vs Fiscalía General de la Nación

Página 6 de 18

cumplieron a cabalidad con los compromisos de nivelación debía haberse demandado la constitucionalidad del Decreto mediante una acción de inconstitucionalidad. Adicionalmente, señala que se estaría afectando directamente el mandato de sostenibilidad fiscal en razón a que se deberá disponer de recursos públicos no previstos para solventar unos gastos que el Gobierno Nacional, como emisor de la normatividad en ningún momento concibió, puesto que precisamente se limitó el carácter salarial de la bonificación judicial conforme los recursos disponibles en dicho momento, por lo que la ampliación demandada rompería el equilibrio entre disponibilidad de recursos y gastos de la Nación, produciendo una crisis fiscal. Lo anterior de conformidad con los literales h, e, i del artículo 2 de la Ley 4 de 1992.

4. Sentencia apelada4.

Lo es la proferida el 29 de julio de 2022, mediante la cual el Juzgado Décimo Administrativo Transitorio de Neiva accedió a las pretensiones de la demanda. Analizadas las situaciones fácticas de cada uno de los demandantes y a la luz de la normatividad aplicable, el a-quo señaló que es necesario realizar una interpretación de

Administrativo Transitorio de Neiva accedió a las pretensiones de la demanda. Analizadas las situaciones fácticas de cada uno de los demandantes y a la luz de la normatividad aplicable, el a-quo señaló que es necesario realizar una interpretación de las normas en pro de la dignidad de los empleados y no una interpretación literal del significado de la palabra “bonificación” ni ex egética de las normas, pues de ser así, el Juez en un Estado Social y Democrático de Derecho sería un simple operador de justicia, que acudiría a un argumento silogístico de premisas y consecuencias, sin abordar de fondo el verdadero debate, que en esencia es la garantía de los derechos y aplicación de los principio mínimos fundamentales en las relaciones de trabajo. Bajo tal derrotero, determinó que el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 19922 que ordenó la nivelación salarial para todos los servidores de la Fiscalía General de la Nación y por el cual se profirió el Decreto 0382 de 2013, no limitó el carácter prestacional de la bonificación judicial, por lo que debe considerarse que el ejecutivo excedió su facultad reglamentaria, pues al desarrollar el contenido de la Ley que reglamenta, que en este caso es la Ley 4 de 1992, desbordó los limites previamente establecidos, al excluir la bonificación salarial para liquidar las prestaciones sociales de sus beneficiarios, desconociendo que esa nivelación debía realizarse atendiendo criterios de equidad y no desmejorando los salarios o prestaciones sociales. Resaltó que que la bonificación judicial tuvo por finalidad nivelar los salarios de los Empleados y Jueces frente a las asignaciones de los Magistrados de Tribunal y Altas

desmejorando los salarios o prestaciones sociales. Resaltó que que la bonificación judicial tuvo por finalidad nivelar los salarios de los Empleados y Jueces frente a las asignaciones de los Magistrados de Tribunal y Altas Cortes, regidos por la misma Ley 4 de 1992, por lo que el ejecutivo al consagrarla como factor salarial únicamente para la base de cotización del sistema de seguridad social en pensiones y salud, no solamente desbordó su facultad reglamentaria, sino que también desconoció los principios mínimos fundamentales de las relaciones laborales, lo cual lo torna inconstitucional; por lo que en consideración de los principios pro homine, remuneración mínima vital y móvil, favorabilidad e irrenunciabilidad a derechos mínimos, se declarará la excepc ión de inconstitucionalidad e ilegalidad respecto de la palabra “únicamente” y “para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” contenida en el inciso 1 del artículo 1 del decreto 382 de 2013, por cuanto la bonificación judicial, sí constituye factor salarial para la base de liquidación de todas las prestaciones sociales.

4 Índice de descarga 5 expediente SAMAI.Radicado: 73001-33-33-009-2018-00044-03

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Julián Andrés Abella Valbuena y otros vs Fiscalía General de la Nación

Página 7 de 18

Merced de lo anterior, consideró fue desvirtuada la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados y en cons ecuencia accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de incluir la bonificación judicial como factor salarial en la liquidación de todas las prestaciones sociales devengadas y las que se causen a favor

administrativos demandados y en cons ecuencia accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de incluir la bonificación judicial como factor salarial en la liquidación de todas las prestaciones sociales devengadas y las que se causen a favor de los demandantes. Finalmente, ordenó qu e la reliquidación de las prestaciones con la inclusión de la bonificación se hará a partir del 12 de junio de 2014 respecto de los demandantes Anatilde Gutierrez Bonilla, Martha Lucia Sánchez Galeano, Fredy García Trujillo y Antero Javier Ríos Arboleda, f rente al señor Julián Andrés Abella Valbuena, estableció que dicha reliquidación solo se hará a partir del 18 de septiembre de 2014, fecha en la que ingresó a laborar en la entidad demandada.

5. Recurso de apelación5.

Inconforme con la decisión precedente, la Fiscalía General de la Nación, mediante vocero judicial, solicitó fuera revocada la sentencia de primera instancia al considerar que las disposiciones contenidas en el Decreto 0382 de 2013 y demás que reglamentan la materia, son producto de la facultad legal otorgada al Gobierno Nacional para la fijación del Régimen Salarial y Prestacional entre otros de la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual dicha disposición goza de plena validez y eficacia jurídica y se encuentra amparada por el principio de legalidad, por lo que no es viable darle otro alcance o interpretación. Alude que , el fallo no cumple con los requisitos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional para aplicar la excepción de inconstitucionalidad, ello por cuanto, la decisión carece de justificación respecto de la incompatibilidad de las disposiciones de

Alude que , el fallo no cumple con los requisitos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional para aplicar la excepción de inconstitucionalidad, ello por cuanto, la decisión carece de justificación respecto de la incompatibilidad de las disposiciones de los Decretos 382 de 2013, 022 de 2014 y 247 de 2016 con alguna norma constitucional, desconociendo arbitrariamente unas disposiciones reglamentarias vigentes. Resaltó que, el Decreto 382 de 2013 no tuvo origen en una iniciativa gubernamental sino en un acuerdo de voluntades, que responde a un proceso de negociación laboral adelantado con los representantes de las agremiaciones sindicales quienes estuvieron de acuerdo en que la naturaleza de factor salarial era únicamente para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Después de realizar un análisis a los apartes de las actas que se elevaron con ocasión de la negociación colectiva, concluye que es incontrovertible el hecho de que la bonificación judicial del artículo 1 del Decreto 282 de 2013 no constituye factor salarial; únicamente lo será como base de cotización al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y Salud, por lo que no puede ser considerado ilegal, ni tampoco un indebido ejercicio de las competencias del ejecutivo, precisando que, si se consideraba que esas negociaciones no cumplieron a cabalidad con los compromisos de nivelación debía haber deman dado la constitucionalidad del Decreto mediante una acción de inconstitucionalidad.

III. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

5 Índice de descarga 35 expediente SAMAI.Radicado: 73001-33-33-009-2018-00044-03

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

III. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

5 Índice de descarga 35 expediente SAMAI.Radicado: 73001-33-33-009-2018-00044-03

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Julián Andrés Abella Valbuena y otros vs Fiscalía General de la Nación

Página 8 de 18

Por auto del 4 de diciembre de 20246 se admitió el recurso interpuesto por el apoderado de la entidad accionada, al respecto la parte demandante se pronunció, no obstante, como quiera que no se requirió la práctica de pruebas, se dispuso a dar cumplimiento a lo previsto en el numeral 5 del artículo 247 del C. de P.A. y de lo C.A., modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

‐ Pronunciamiento sobre el recurso de apelación7.

El apoderado de la parte demandante, mediante memorial indica que no hay lugar a que prospere la petición consistente en que se revoque el fallo de primera instancia, ello por cuanto, se encuentra plenamente demostrado que la Bonificación Judicial si es factor salarial pues, la misma al haber sido percibida por sus mandantes de forma mensual e ininterrumpida cumple con los requisitos de salario que exige el artículo 14 de la Ley 50 de 1990. Aunado, e stimó que el Decreto 383 de 2013 (sic) al desconocer como fuente real el orden jerárquico que son la Constitución, los tratados internacionales y la ley se torna ilegal, puesto que es la ley la única norma con la capacidad para afectar los derechos mínimos establecidos en normas laborales, y en el presente caso, la ley 4ª de 1992 en

ilegal, puesto que es la ley la única norma con la capacidad para afectar los derechos mínimos establecidos en normas laborales, y en el presente caso, la ley 4ª de 1992 en nada estipula o autoriza al Alto Gobierno a reducir los beneficios mínimos de los servidores públicos, concluyendo así que, no le estaba dado a la demandada negar las pretensiones de sus mandantes, so pretexto de un decreto presidencial, por cuanto existe una prohibició n por vía legal y jurisprudencial al Gobierno de no despojar de efectos salariales a un pago que si lo es.

IV. CONSIDERACIONES

1. Sobre la competencia

Es competente esta Colegiatura para desatar la impugnación contra la sentencia de primer grado, según voces de los arts. 153 y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir en su orden que corresponde a los Tribunales Administrativos en segunda instancia conocer de las apelaciones contra las sentencias de primera instancia dictadas por los jueces; asimismo, que son apelables las sentencias de primera instancia proferidas por los jueces administrativos.

2. Problema jurídico.

El problema jurídico que aquí se plantea consiste en determinar, si los actos administrativos demandados, por medio de los cuales se negó la reliquidación de las prestaciones sociales teniendo la bonificación judicial creada por el Decreto 382 de 2013 para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación como factor salarial, se encuentran ajustados a derecho como lo considera el recurrente o si, por el contrario,

6 Índice de descarga 95 expediente SAMAI.

para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación como factor salarial, se encuentran ajustados a derecho como lo considera el recurrente o si, por el contrario,

6 Índice de descarga 95 expediente SAMAI. 7 Índice de descarga 96 expediente SAMAI.Radicado: 73001-33-33-009-2018-00044-03

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Julián Andrés Abella Valbuena y otros vs Fiscalía General de la Nación

Página 9 de 18

los mismos se encuentran viciados de nulidad como lo sostiene el apelante y debe accederse a la pretensión tal como lo decidió el a-quo.

3. Marco normativo y jurisprudencial.

3.1. Del salario. En atención a los artículos 25 8 y 539 de la Constitución Política, la Ley 270 de 1996 en su artículo 152.7 señaló como derecho de todo empleado “Percibir una remuneración acorde con su función, dignidad y jerarquía la que no puede ser disminuida de manera alguna”. Aunado a ello y, de conformidad con el derecho internacional aplicable al caso en concreto, fueron ingresados a nuestro ordenamiento j urídico el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado por Colombia mediante Ley 74 de 196810, el cual en su artículo 7º estableció que, el derecho al trabajo es la garantía de un salario equitativo e igual por trabajo igual y la convención de Ginebra ratificada por Colombia a través de la Ley 54 de 1962 11 en la que señaló en su estatuto 95 en lo relativo a la protección del salario, lo siguiente:

de un salario equitativo e igual por trabajo igual y la convención de Ginebra ratificada por Colombia a través de la Ley 54 de 1962 11 en la que señaló en su estatuto 95 en lo relativo a la protección del salario, lo siguiente: “(…) el término "salario" significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere s u denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios