TA TOL - Sentencia 73001-33-33-009-2020-00020-01 (13-02-2025)

Ibagué, trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Radicación Nº.: 73001-33-33-009-2020-00020-01

Número Interno: 699-2024

Medio de Control: REPARACIÓN DIRECTA

Demandante: MARIA AMPARO VALENCIA Y OTROS

Demandado:

Tema:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO “INPEC” y OTROS Falla médica.

IASUNTO A DECIDIR

De conformidad con lo establecido en los artículos 1 53 y 24 3 del C.P.A.C.A., procede esta Sala Oral de Decisión a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el pasado 15 de mayo de 2.024 , mediante la cual negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante.

IIANTECEDENTES

1. Pretensiones:

“(…)

1. Que la NACION en cabeza del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO “INPEC”, UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIO “USPEC”, FIDUPREVISORACONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017, es administrativamente, patrimonialmente y extra -patrimonialmente responsable por los perjuicios morales y materiales, causadas a los

señores MARIA AMPARO VALENCIA, CLAUDIA PATRICIA ARANGO

USUGA, DIANA DEL PILAR ARANGO USUGA, ALIDA ARANGO

responsable por los perjuicios morales y materiales, causadas a los

señores MARIA AMPARO VALENCIA, CLAUDIA PATRICIA ARANGO

USUGA, DIANA DEL PILAR ARANGO USUGA, ALIDA ARANGO

LONDOÑO, YONI ALEJANDRO ARANGO USUGA, NINI JAHANA

ARANGO LONDOÑO, CESAR AUGUSTO QUINTERO ARANGO,

LUISA FERNANDA QUINTERO ARANGO, KAREN DAYANA

QUINTERIO ARANGO, DIANA SOFIA LOPEZ ARANGO, KAROL ANDREA ARENAS ARANGO, y MARIANA CASTAÑEDA ARANGO, por la falla en la prestación del servicio, al no prestar ayuda médica oportuna al señor EPIFANIO ARANGO SALAZAR, razón por la cual finalmente falleció el día 14 de marzo de 2018, en el Municipio de Ibagué (Tolima).Rad. 73001-33-33-09-2020-00020-01 (Interno 698-2024)

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2. CONDENAR, en consecuencia, a la INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO “INPEC”, UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIO “USPEC”, FIDUPREVISORACONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017, como reparación del daño ocasionado, a pagar a los demandantes o a quien represente legalmente sus derechos, los perjuicios de orden moral y material, actuales y futuros los cuales estimo y manifiesto bajo JURAMENTO ESTIMATORIO en concordancia con la ley 1564 de 2012,

represente legalmente sus derechos, los perjuicios de orden moral y material, actuales y futuros los cuales estimo y manifiesto bajo JURAMENTO ESTIMATORIO en concordancia con la ley 1564 de 2012, articulo 206, como lo exige la ley de la referencia para el reconocimiento, compensación, frutos, indemnización o mejoras.

Por concepto de PERJUICIOS MORALES ocasionados como consecuencia directa de los momentos de angustia, sufrimiento e intenso dolor que padeció el grupo familiar ARANGO, por el deceso del señor EPIFANIO ARANGO SALAZAR unas sumas equivalentes hasta CIEN (100) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTE S, salarios que para la fecha de esta solicitud están determinados en la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS ($877.803), conforme al precio que para tal fije el Ministerio del Trabajo en la fecha del fallo por concepto de perjuic ios morales subjetivos y de acuerdo a la sentencia del CONSEJO DE ESTADOSECCIÓN TERCERA del 28 de Agosto de 2014, donde a través de UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA FIJO TOPES INDEMNIZATORIOS DE PERJUICIOS MORALES en el siguiente orden:

Por lo anterior, los perjuicios se discriminan y se estiman así:

NIVEL DEMANDANTE MONTO

INDEMNIZATO

RIO

No.l MARIA AMPARO VALENCIA

(compañera permanente) 100

No.l CLAUDIA PATRICIA ARANGO USUGA

(hija) 100

No.l DIANA DEL PILAR ARANGO USUGA

(hija) 100

No.l ALIDA ARANGO LÓNDOÑO (hijo) 100

(compañera permanente) 100

No.l CLAUDIA PATRICIA ARANGO USUGA

(hija) 100

No.l DIANA DEL PILAR ARANGO USUGA

(hija) 100

No.l ALIDA ARANGO LÓNDOÑO (hijo) 100

No.l YONI ALEJANDRO ARANGO USUGA

(hijo) 100

No.l ÑINI JAHANA ARANGO LONDOÑO

(hija) 100

No.2 CESAR AUGUSTO QUINTERO

ARANGO

50

No.2 LUISA FERNANDA QUINTERO

ARANGO

50

No.2 KAREN DAYANA QUINTERIO

ARANGO

50

No.2 DIANA SOFIA LOPEZ ARANGO 50

No.2 KAROL ANDREA ARENAS ARANGO 50

No. 2 MARIANA CASTAÑEDA ARANGO 50

TOTAL 790.022.700Rad. 73001-33-33-09-2020-00020-01 (Interno 698-2024)

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TOTAL: PERJUICIOS MORALES: SETECIENTOS OVENTA MILLONES VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS PESOS $ (790.022.700) O conforme a lo que resulte probado dentro del proceso.

3. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 187, inciso 4o, 192, inciso 3o, y 195, numeral 4o (inciso Io), del C.P.A.C.A., aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor (los ajustes de valor), desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta cuando se dé cabal cumplimiento

Io), del C.P.A.C.A., aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor (los ajustes de valor), desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta cuando se dé cabal cumplimiento a la sentencia que ponga fin al proceso, incluido los intereses moratorios a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia.

4. Las entidades demandadas y declaradas responsables, darán cumplimiento a la sentencia, en los términos en los términos de los artículos 192, inciso 2o, del C.P.A.C.A., y se tramitará su pago de conformidad con lo dispuesto, ibídem, por el artículo 195, numeral Io, 2o y 3o.

2. Fundamentos fácticos

Como fundamento de sus pretensiones, el apoderado de la parte accionante expuso los hechos relevantes que se sintetizan así:

• Que el señor EPIFANIO ARANGO SALAZAR, se encontraba descontando una pena de 160 meses de prisión en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, en consecuencia, estuvo privado de la libertad desde el día 23 de mayo de 2012 hasta el 14 de marzo de 2018, día de su fallecimiento.

• Que durante el tiempo que estuvo privado de la libertad el señor Epifanio N. solicitó ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, el sustitutivo de la pena por prisión domiciliaria, dado su precario estado de salud, no obstante, las misma fue denegada.

• Que el 14 de marzo de 2.018 el señor EPIFANIO ARANGO SALAZAR, fue remitido del Complejo Carcelario – COIBA al Hospital Federico Lleras

salud, no obstante, las misma fue denegada.

• Que el 14 de marzo de 2.018 el señor EPIFANIO ARANGO SALAZAR, fue remitido del Complejo Carcelario – COIBA al Hospital Federico Lleras Acosta, con un diagnóstico de hemorragia gastrointestinal , donde finalmente falleció.

• Que el señor Epifanio Arango estuvo varios días privado de una atención médica especializada, con presencia de varios síntomas como: hematemesis, deposiciones mel enas, igualmente, soportó el retardo de la remisión al centro hospitalario, situaciones que im pactaron en su salud y conllevaron a su muerte.

3.- Contestación de la demanda

3.1 La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC

Precisó que a partir del 31 de enero de 2016, la USPEC, asumió la contratación para la prestación de los servicios de salud, según lo establecido en el Decreto 2519 de 2015 y en cumplimiento de dicho mandato legal, suscribió el contrato de Fiducia Mercantil No. 363 de 2015 con el CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015, conformado por FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, por lo tanto, la Unidad cumplió a cabalidad con la obligación que dentro de su funcionalidad y competencias se ha establecido.Rad. 73001-33-33-09-2020-00020-01 (Interno 698-2024)

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Aseveró que no existe relación alguna entre el objeto de creación de la Unidad de

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Aseveró que no existe relación alguna entre el objeto de creación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcel arios -USPEC, y lo pretendido por la parte demandante pues esta no detalló la acción u omisión en que haya podido incurrir la Unidad.

Agregó que los accionantes no acreditaron cada uno de los elementos constitutivos del daño antijurídico tendientes a demostrar la existencia de una posible falla en el servicio por parte de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

CARCELARIOS -USPEC.

Por último, propuso como excepciones las que denominó: “falta de legitimación en la causa por pasiva , caducidad, falta de requisito de procedibilidad y genérica o innominada”.

3.2 Consorcio Fondo Atención en Salud PPL 2019 en liquidación (integrado por Fiduprevisora S.A y Fiduagraria)

Aseveró que carece de competencia para atender la solicitud formulada por la parte accionante, en virtud de la terminación del contrato de Fiducia Mercantil No. 145 de 2019 suscrito con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, el cual finalizó el 30 de junio del año 2021 y cuyo objeto fue la administración y pagos de los recursos del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad.

Informó que a partir del primero (1º) de julio de 2021, la FIDUCIARIA CENTRAL S.A., es la encargada de autorizar los servicios de salud a la población privada de

la Libertad.

Informó que a partir del primero (1º) de julio de 2021, la FIDUCIARIA CENTRAL S.A., es la encargada de autorizar los servicios de salud a la población privada de la libertad, como nuevo vocero y administrador fiduciario del Fondo.

De otra parte , indicó que el señor EPIFANIO ARANGO SALAZAR contó con las respectivas atenciones y autorizaciones para los servicios de salud que requería , así como una red de prestadores de servicios de salud con disponibilidad para atender su patología, todo ello soportado en la historia clínica.

Por último, propuso como excepciones las que denominó: “falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia del presupuesto de responsabilidad patrimonial del estado – imputación a título subjetivo (falla en el servicio), inexistencia del daño antijurídico imputable al consorcio fondo de atención en salud ppl 2019, tasación de los perjuicios morales, enriquecimiento sin justa causa y genérica o innominada.

3.3 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario “INPEC”

Mediante apoderado judicial, la entidad accionada contestó el líbelo introductorio oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones de la demanda.

Señaló que el señor EPIFANIO ARANGO SALAZAR (Q.E.P.D.), para el año 2018 se encontraba recluido en el Comp lejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, purgando una condena de 13 años y 4 meses por el delito de homicidio, desde el 8 de diciembre de 2012, momento desde el cual los servidores penitenciarios en su rol de garante protegieron los derechos fundamentales del privado de la libertad.

purgando una condena de 13 años y 4 meses por el delito de homicidio, desde el 8 de diciembre de 2012, momento desde el cual los servidores penitenciarios en su rol de garante protegieron los derechos fundamentales del privado de la libertad.

Precisó que la prestación del servicio de salud a la PPL se realizó directamente por parte el INPEC hasta el 25 de septiembre de 2009, ello debido a las modificaciones realizadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud contenidas en la Ley 1122 de 2007 reglamentada por el Gobierno Nacional a través del Decreto 1141 de abril de 2009 y por el Decreto 2777 de 2010 posteriormente modificado por el Decreto 2496 del 6 de diciembre de 2012, reglamentación por medio de la cual seRad. 73001-33-33-09-2020-00020-01 (Interno 698-2024)

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trasladó la prestación integral de esos servicios a cargo del régimen subsidiado, en cabeza de CAPRECOM EPS., liquidado por el Gobierno Nacional a través del Decreto 2519 del 28 de diciembre de 2015, ya con la entrada en vigencia de la Ley 1709 de 2014 y el Decreto 2245 de 2015, la responsabilidad de la prestación del referido servicio le fue trasladada a la FIDUPREVISORA en virtud del vínculo contractual con la Unidad de Servicios Penitenciarios.

Indicó que el recluso EPIFANIO ARANGO SALAZAR (Q.E.P.D.), falleció como resultado de una enfermedad de origen común, no se produjo de ninguna manera

contractual con la Unidad de Servicios Penitenciarios.

Indicó que el recluso EPIFANIO ARANGO SALAZAR (Q.E.P.D.), falleció como resultado de una enfermedad de origen común, no se produjo de ninguna manera a consecuencia de la mala prestación del servicio penitenciario o del actuar emisivo por parte de algún funcionario d el Instituto, como ha asegurado la parte demandante, pues las pruebas que obran al interior de la foliatura demuestran que el INPEC cumplió cabalmente con sus competencias Constitucionales, legales y funcionales, para con el señor ARANGO SALAZAR, trasla dándolo en repetidas ocasiones desde el pabellón donde se encontraba recluido, hasta la sección de sanidad para que recibiera el servicio de salud por parte del prestador correspondiente; como también se coordinaron y se cumplieron todas y cada una de las remisiones del interno desde el plantel penitenciario hasta las instituciones prestadoras de salud de mayor complejidad; aquellas donde fue valorado y diagnosticado, se le practicaron exámenes, traslados que se cumplieron siempre por parte de las autoridad es penitenciarias en acatamiento a las órdenes de los médicos y especialistas tratantes, observándose la asidua y oportuna gestión administrativa por parte de los servidores públicos del INPEC.

Propuso como excepciones las que denominó: “falta de legitima ción en la causa por pasiva, Inexistencia del nexo causal, y excepción genérica”.

3.4 FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE SALUD (FIDUPREVISORA

CENTRAL S.A.)

Explicó que la función de trasladar al señor Epifanio de su lugar de reclusión hasta

3.4 FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE SALUD (FIDUPREVISORA

CENTRAL S.A.)

Explicó que la función de trasladar al señor Epifanio de su lugar de reclusión hasta los profesionales de la salud para su atención, es una responsabilidad del INPEC a través de los funcionarios del establecimiento carcelario por mandato legal contenido en el numeral 3o del artículo 8o del Decreto 1142 de 2016 expedido por el Ministerio de Justicia y el Derecho.

Señaló que en el caso sub examine esta probado que una vez el personal del INPEC trasladó al señor Epifanio a la unidad básica de atención en salud el 14 de marzo de 2018, este fue atendido por uno de los médicos contratados por el administrador fiduciario, el profesional de la salud lo valor ó y brindo la atención correspondiente al nivel de complejidad en el que se encontraba, ordenando de la misma forma que se trasladara al paciente para su atención por urgencias en una IPS de mayor complejidad, por lo que se puso a disposición del personal del INPEC, que gestion ó el traslado en ambulancia y lo traslad ó a la ESE Hospital Federico Lleras Acosta, contratada por el administrador fiduciario y a disposición para la atención del PPL, donde fue atendido diligentemente por el personal de salud de dicha institución prestadora del servicio de salud.

Por lo anterior, consideró que cumplió con su responsabilidad de contratar los prestadores de servicios de salud para la población privada de la libertad, no obstante, lo que cuestiona la parte demandante es la presunta demora en la atención en salud del señor Epifanio, situación que recae di rectamente en las funciones de traslado referencia y contrarreferencia del INPEC, pues como está

obstante, lo que cuestiona la parte demandante es la presunta demora en la atención en salud del señor Epifanio, situación que recae di rectamente en las funciones de traslado referencia y contrarreferencia del INPEC, pues como está demostrado, una vez trasladado por estos hasta la unidad básica de atención, es valorado y ordenado su traslado a un centro de mayor complejidad.Rad. 73001-33-33-09-2020-00020-01 (Interno 698-2024)

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Propuso como excepciones las denominadas: no haberse presentado prueba de la calidad de compañera permanente de la señora María Amparo Valencia, falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia del presupuesto de responsabilidad patrimonial del Estado – imputación a título subjetivo, inexistencia de nexo causal, improcedencia de la imputación, indebida tasación de los perjuicios morales e inmateriales pretendidos y enriquecimiento sin justa causa.

4.- La Sentencia Apelada

El pasado 15 de mayo de 2.024, el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué procedió a dictar sentencia de primer grado, negando las pretensiones de la demanda y absteniéndose de condenar en costas a la parte demandante.

El a-quo sostuvo que de acuerdo al material probatorio obrante en el expediente, el interno consult ó a sanidad en dos oportunidades durante el mes de enero de 2018 por algunos síntomas que empezó a padecer, no obstante, no hay prueba que permita verificar que dichos signos obedecían a la enfermedad

el interno consult ó a sanidad en dos oportunidades durante el mes de enero de 2018 por algunos síntomas que empezó a padecer, no obstante, no hay prueba que permita verificar que dichos signos obedecían a la enfermedad arterioesclerótica que lo condujo a su fallecimiento, pues los diagnósticos dados en su momento eran de otras patologías, frente a las cuales se le dio un tratamiento que al parecer fue favorable, pues durante dos meses no reconsultó a sanidad como se evidencia de la historia clínica aportada.

Respecto de la hemorragia digestiva alta , señaló que esta fue intempestiva y abrupta, lo que en horas desmejoró considerablemente el estado de salud del interno, pues se observa que en sanidad del Coiba consultó a las 15:10 horas del 14 de marzo de 2018, de donde fue remitido e ingresado al Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E. de Ibagué una hora y media después, sin que a pesar de todos los esfuerzos médicos se lograra su recuperación.

Consideró el Juzgado a quo que las pretensiones de la demanda no cuentan con vocación de prosperidad, habida cuenta que no se llegó a probar, que existiera por parte de la parte demandada una verdadera falla del servicio como la alegada, pues, contrario sensu, lo que han develado l os elementos de juicio, es que por parte de aquella, se garantizó al paciente Epifanio Arango Salazar una atención oportuna, acorde con los parámetros de la lex artis y que respondía a las necesidades terapéuticas de su patología.

5.- El Recurso de Apelación

5.1. Parte demandante

oportuna, acorde con los parámetros de la lex artis y que respondía a las necesidades terapéuticas de su patología.

5.- El Recurso de Apelación

5.1. Parte demandante

Dentro de la oportunidad procesal pertinente, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia, argumentando que la juez a quo no realizó la interpretación de la demanda, tal cual le imponía la normatividad legal y la jurisprudencia, sino que de manera automática centró el debate en la responsabilidad médico asistencial, cuando la controversia, según lo propuesto en el libelo introductor, debía surtirse con base en la negligencia patentada en la desatención y descuido por parte del INPEC y demás entidades demandadas, con epicentro en las instalaciones del establecimiento penitenciario y carcelario, frente a las graves afectaciones de salud que padecía el interno EPIFANIO ARANGO SALAZAR, persona que requería de un trato especial dentro del penal, dada la vulnerabilidad en cuanto a su salud, pues, el examen físico de ingreso, debió ilustrar sobre los antecedentes clínicos que lo afectaban.Rad. 73001-33-33-09-2020-00020-01 (Interno 698-2024)

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Precisó que el caso presente, las entidades demandadas no cumplieron con el deber de brindar atención integral y oportuna a las necesidades médicas del interno por cuanto el señor Arango Salazar sólo fue llevado al centro hospitalario cuando se encontraba en estado agónico, no obstante venir presentando

deber de brindar atención integral y oportuna a las necesidades médicas del interno por cuanto el señor Arango Salazar sólo fue llevado al centro hospitalario cuando se encontraba en estado agónico, no obstante venir presentando hematemesis y defecaciones con sangre desde días atrás – tal como fue informado por los médicos tratantes que atestiguaron en el juicio -, así como igualmente mediaba el conocimiento por parte de las autoridades carcelarias, de tiempo atrás, de las deficiencias de salud que venía afrontando el paciente, en situación que impuso la necesidad de trasladarlo en plurales ocasiones a la Sección de Sanidad, tal como lo aseveró el mismo INPEC en respuesta a la demanda, así com o el conocimiento de la edad del interno – 81 años.

IIITRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por auto del 11 de septiembre de 2.024 se admitió el recurso de alzada interpuesto por el apoderado del extremo activo y, en aplicación al numeral 5º del artículo 247 del CPACA modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, ingresó el expediente al Despacho el 16 de octubre de 2.024 , sin que las partes se pronunciaran respecto del recurso de apelación.

IVCONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

1. Competencia.

Es competente esta colegiatura para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el pasado 15 de mayo de 2.024 por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, según voces del artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al

contra la sentencia proferida el pasado 15 de mayo de 2.024 por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, según voces del artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir que son apelables las sentencias de primera instancia proferidas por los jueces administrativos.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar, si el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, la Unidad de servicios penitenciario y carcelario – USPEC, Fideicomiso Fondo Nacional de Salud (Fiduprevisora Central S.A.) y Consorcio PPL 2019 deben ser declarados patrimonial y administrativamente responsables por los daños y perjuicios reclamados por los demandantes, como consecuencia de la presunta falla del servicio que condujo a la muerte del señor EPIFANIO ARANGO SALAZAR (q.e.p.d.) el pasado 14 de marzo de 2.018 , o si, por el contrario, tal y como lo determinó el a-quo, no se encuentra probada dentro del expediente dicha responsabilidad y por ende deben negarse las pretensiones de la demanda.

3. Tesis que resuelven el caso.

3.1. Tesis de la Parte Demandante

Sostuvo que las demandadas deben ser declarad as administrativamente responsables de los perjuicios morales y materiales causados a los demandantes,Rad. 73001-33-33-09-2020-00020-01 (Interno 698-2024)

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por la deficiente atención médica requerida por el señor EPIFANIO ARANGO

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por la deficiente atención médica requerida por el señor EPIFANIO ARANGO SALAZAR para el manejo de las patologías que padecía.

3.2. Tesis de la Parte Demandada

3.2.1. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario “INPEC”.

Aseveró que el señor Epifanio Arango Salazar recibió la atención que requería desde el momento mismo que así lo necesitó, y cuando requirió traslado el INPEC lo materializó en cumplimiento de sus funciones de referencia y contrarreferencia. Además, refiere que la historia clínica que reposa en el expediente da cuenta de las atenciones oportunas y diligentes en salud recibidas por los profesionales de la salud contratados por el administrador fiduciario.

3.2.2. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC

Precisó que no existe documento ni actuación administrativa en el caso del señor EPIFANIO ARANGO SALAZAR que permita inferir ni fáctica ni jurídicamente que la USPEC obstaculizó o no prestó los servicios de salud.

Insistió en que es evidente la ausencia de pruebas en el presente caso, que permitan siquiera vislumbrar un indicio de responsabilidad en cabeza de la USPEC, lo que sin duda constituye una falta al deber de la carga de la prueba, lo cual no permite demostrar que exista el nexo de causalidad que conlleve a la responsabilidad del Estado.

3.2.3 CONSORCIO PPL 2019

El Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019 HOY EN LIQUIDACIÓN

permite demostrar que exista el nexo de causalidad que conlleve a la responsabilidad del Estado.

3.2.3 CONSORCIO PPL 2019

El Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019 HOY EN LIQUIDACIÓN aseguró que cumplió con sus obligaciones y el señor EPIFANIO ARANGO SALAZAR siempre contó con una red de profesionales intramuros para la atención de sus patologías; así mismo cuando se requirió atención por los diferentes especialistas, también tuvo acceso oportuno y diligente en la red de prestadores de servicios de salud extramural.

3.2.4 FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE SALUD (FIDUPREVISORA

CENTRAL S.A.)

Refirió que el privado de la libertad tenia a disposición los prestadores de servicios de salud contratados por el administrador fiduciario, solo a la espera de que el INPEC a través del personal del establecimiento carcelario realizaran las acciones de referencia y contrarreferencia correspondientes a garantizar la materialización de las atenciones en salud del señor Epifanio

Asimismo, señaló que la diligencia en la atención de la población privada de la libertad, por mandato legal, es una responsabilidad directa del INPEC, pues es quien debe trasladar a los privados de la libertad que requieran atención en salud de sus sitios de reclusión a la unidad básica de atención del establecimiento, así como gestionar, coordinar y materializar la salid del PPL del establecimiento carcelario a las instituciones prestadoras de servicios de salud extramurales.

3.3. Tesis del Juzgado de Primera Instancia

Consideró que deben negarse las pretensiones de la demanda, toda vez que no se

carcelario a las instituciones prestadoras de servicios de salud extramurales.

3.3. Tesis del Juzgado de Primera Instancia

Consideró que deben negarse las pretensiones de la demanda, toda vez que no se llegó a probar que existiera por parte de las entidades demandadas una verdadera falla del servicio como la alegada, pues contrario sensu, lo que han develado losRad. 73001-33-33-09-2020-00020-01 (Interno 698-2024)

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elementos de juicio, es que, por parte de aquellas instituciones, se garantizó al paciente Epifanio Arango Salazar una atención oportuna, acorde con los parámetros de la lex artis y que respondía a las necesidades terapéuticas de su patología.

3.4 Tesis del Tribunal Administrativo del Tolima

De conformidad con el material probatorio allegado al expediente, la Sala considera que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, la Unidad de servicios penitenciario y carcelario – USPEC, Fideicomiso Fondo Nacional de Salud (Fiduprevisora Central S.A.) y Consorcio PPL 2019, no pued en ser declaradas patrimonialmente responsables de los daños y perjuicios presuntamente causados a los demandantes ya que, según se demostró, la atención brindada al señor EPIFANIO ARANGO SALAZAR (q.e.p.d.) fue ajustada a los parámetros de la lex artis y al no haberse demostrado fehacientemente la imputación fáctica y jurídica ni la relación de causalidad adecuada entre el presunto daño y la actuación de las

artis y al no haberse demostrado fehacientemente la imputación fáctica y jurídica ni la relación de causalidad adecuada entre el presunto daño y la actuación de las entidades como elemento esencial de la responsabilidad Estatal, debe confirmarse en su integridad la sentencia de primer grado que negó las pretensiones de la demanda.

4.1. Desarrollo de la Tesis de la Sala.

4.1.1. La responsabilidad patrimonial del Estado.

El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas y se requiere de la concurrencia de varios elementos a saber: (i) el daño antijurídico, (ii) la imputabilidad jurídica y fáctica del daño a un órgano del Estado y, (iii) el nexo causal entre el daño y la actuación u omisión de la administración.

El Daño Antijurídico es entendido juri sprudencialmente como el detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia causado a alguien, en su persona, bienes, libertad, honor, afectos, creencias, etc., suponiendo la destrucción o disminución de ventajas o beneficios patrimoniales o extrapatrimoni ales de que goza un individuo, sin que el ordenamiento jurídico le haya impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carezca de causales de justificación (Consejo de Estado – Sección Tercera, sentencia del 27 de enero del 2000, M .P: Alier E. Hernández Enríquez).

de soportarlo, es decir, que el daño carezca de causales de justificación (Consejo de Estado – Sección Tercera, sentencia del 27 de enero del 2000, M .P: Alier E. Hernández Enríquez).

De acuerdo a una debida interpretación del artículo 90 Constitucional, el H. Consejo de Estado1 ha enseñado que, la responsabilidad del Estado se origina, de un lado, cuando existe una lesión causada a la víctima que no tiene el deber jurídico de soportar y, de otro, cuando esa lesión es imputable fáctica y jurídicamente a una autoridad pública. Dicha Tesis fue avalada por la Corte Constitucional en Sentencia C-333 de 1993, en donde expresó, que a