TA TOL - Sentencia 73001-33-33-010-2019-00192-01 (27-02-2025)

Ibagué, veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación Nº:

Número Interno: 73001-33-33-010-2019-00192-01

0799-2024

Medio de Control: REPARACION DIRECTA

Demandante: JUAN GABRIEL OSUNA BARRERO y Otros

Demandado: NACION – RAMA JUDICIAL –DIRECCION

EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIALFISCALIA GENERAL DE LA NACION.

IASUNTO A DECIDIR

De conformidad con lo establecido en los artículos 153 y 247 del C.P.A.C.A., procede la Sala Oral de Decisión a resolver el recurso de apelación interpuesto por el extremo activo, en contra de la sentencia proferida el 26 de abril de 2.024 por el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda impetrada a través de mandatario judicial por los

señores JUAN GABRIEL OSUNA BARRERO, ROSALBA BARRERO DE OSUNA,

JOSÉ ORLANDO OSUNA BARRERO, LUZ AMPARO OSUNA BARRERO, JOSÉ

ENRIQUE OSUNA BARRERO, MARÍA FLOR OSUNA BARRERO, MARÍA LIBIA

OSUNA BARRERO, JULIO CESAR OSUNA BARRERO, MAGDA LUCIA OSUNA BARRERO, SANDRA PATRICIA OSUNA BARRERO Y CLAUDIA MARCELA OSUNA FORERO , contra La Nación – Rama Judicial –Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación.

II. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

OSUNA FORERO , contra La Nación – Rama Judicial –Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación.

II. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

“(…)1. Que la Nación - Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación es administrativa, patrimonial y extra - patrimonialmente responsable de los perjuicios materiales, morales y daños a bienes constitucionalmente protegidos, causados a los demandantes, debido a la injusta detención preventiva de la que fue víctima el señor JUAN GABRIEL OSUNA BARRERO, por un periodo superior a los 48,1 meses, proceso que concluyó El honorable TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL - SALA PENAL resolviendo mediante fallo proferido el 08 de junio de 2017 consideró que la fiscalía no logro acreditar más allá de toda duda razonable que el señor JUAN GABRIEL OSUNA BARRERO es autor responsable de los delios de HOMICIDIO Y FABRICACIÓN, TRAFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES, en concurso heterogéneo por los cuales fuera acusado y condenado en primera instancia, por consiguiente resolvió REVOCAR la sentencia impugnada y por consiguiente ABSOLVER al procesado, ordenando su libertad inmediata e incondicional

2. Condenar, en consecuencia, a la Nación - Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, a pagar a los demandantes o a quien represente sus derechos, como reparación o indemnización del daño ocasionado, los perjuicios de orden material, moral y daños a bien es constitucionalmente protegidos, conforme

de la Nación, a pagar a los demandantes o a quien represente sus derechos, como reparación o indemnización del daño ocasionado, los perjuicios de orden material, moral y daños a bien es constitucionalmente protegidos, conforme resulte probado dentro del proceso.Rad. 73001-33-33-010-2019-00192-01 (Interno: 199-2024)

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3. La condena respectiva será actualizada de conformidad con los previsto en los Artículos 187, inciso 4°; 192, inciso 3, y 195, numeral 4o (inciso 1), del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, aplicando en la liquidación la variación promedio del índice de precios al consumidor (los ajustes de valor), desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta cuando se le dé cabal cumplimien to a la sentencia que le ponga fin al proceso, incluidos los intereses moratorios a partir de la ejecutoría de la sentencia.

4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dará cumplimiento a la sentencia favorable en los términos del artículo 192, inciso 2°, del CPACA, y se tramitará su pago de conformidad con los dispuesto, ibidem, por el artículo 195, numerales 1,2 y 3.(…)”

2. Fundamentos fácticos

Como fundamento de sus pretensiones, el apoderado de la parte accionante expuso los siguientes hechos relevantes:

• El 13 de septiembre de 2010 sobre la vía panamericana a la altura del sitio

2. Fundamentos fácticos

Como fundamento de sus pretensiones, el apoderado de la parte accionante expuso los siguientes hechos relevantes:

• El 13 de septiembre de 2010 sobre la vía panamericana a la altura del sitio conocido como "el plan" ubicado en la vereda Cajamarquita del municipio de Cajamarca -Tolima, el señor OSCAR IVÁN PIZARRO FIGUEREDO recibió dos impactos de bala a la altura de la cara lateral del brazo Izquierdo y el tórax, los cuales le causaron graves lesiones que desencadenaron en su deceso.

• El 8 de julio de 2013, la fiscalía presentó líbelo enjuic iatorio en contra del supuesto implicado, el señor JUAN GABRIEL OSUNA BARRERO como supuesto autor de las conductas punibles de HOMICIDIO Y FABRICACIÓN TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES el cual en primera instancia le correspondió al JUZGADO TERCERO PENAL DEL

CIRCUITO DE IBAGUÉ.

• El JUZGADO TE RCERO PENAL DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ, el 01 de junio de 2014 en audiencia de lectura de fallo condenó al señor JUAN GABRIEL OSUNA BARRERO, y le impuso una pena principal de 228 meses de prisión, decisión que fue recurrida.

• El TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL - SALA PENAL mediante fallo proferido el 08 de junio de 2017 consideró que la fiscalía no logró acreditar más allá de toda duda razonable que el señor JUAN

• El TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL - SALA PENAL mediante fallo proferido el 08 de junio de 2017 consideró que la fiscalía no logró acreditar más allá de toda duda razonable que el señor JUAN GABRIEL OSUNA BARRERO es autor responsable de los delios de HOMICIDIO Y FABRICACIÓN, TRAFIC O Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES, en concurso heterogéneo por los cuales fuera acusado y condenado en primera instancia, por consiguiente resolvió REVOCAR la sentencia impugnada y por consiguiente ABSOLVER al procesado, ordenando su libertad inmediata e incondicional.

• En consecuencia, se ha incurrido en una falla del servicio de la Administración de Justicia en virtud al defectuoso funcionamiento de la misma por razón a la defectuosa prueba material que conducía a la supuesta responsabilidad de l s eñor Osuna , constituyéndose un daño antijurídico para él y su familia, la cual no estaba en la obligación legal de soportar, haciendo presencia los elementos axiológicos de la responsabilidad administrativa del Estado en cabeza de la Rama Judicial y

Fiscalía General de la Nación.

3. Contestación de la demanda:

3.1 Consejo Superior de la Judicatura – Rama JudicialDirección Ejecutiva de Administración judicial.Rad. 73001-33-33-010-2019-00192-01 (Interno: 199-2024)

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Admitida la demanda el vocero judicial del Consejo Superior de la Judicatura – Rama Judicial descorrió oportunamente su traslado, precisando que con fundamento en las previsiones del artículo 270 de la Ley 1437 de 2011, el Consejo de Estado profirió la Sentencia de Unificación del 17 de octubre de 2013, en la que, entre otros aspectos destacó que se ampliaba la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente con base en un título objetivo de imputación, a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo, de manera tal que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente, e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que, si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos.

Por lo an terior destacó que cuando una persona es sometida a una medida privativa de la libertad y posteriormente es absuelta, sin importar la ley penal bajo la cual se tramitó el respectivo proceso penal, o la causal por la cual se profirió la

Por lo an terior destacó que cuando una persona es sometida a una medida privativa de la libertad y posteriormente es absuelta, sin importar la ley penal bajo la cual se tramitó el respectivo proceso penal, o la causal por la cual se profirió la absolución, habrá lugar a responsabilidad del Estado, en aplicación de la teoría del daño especial.

Destacó que la anterior orientación jurisprudencial varió a partir de la sentencia expedida el 10 de agosto de 2015, con ponencia del Consejero Jaime Orlando Santofimio, Rad. 54001233100020000183401 (30134), donde se adoptó otra posición y cuyo eje está enfocado a realizar un análisis crítico del material probatorio recaudado y así determinar si los argumentos que sustentan la exoneración penal, como podría ser la aplicación de l in dubio pro reo, esconde deficiencias en la actividad investigativa, de recaudo o de valoración probatoria de las autoridades judiciales intervinientes que, en últimas son las que constituyen la razón verdadera que llevó a absolver al sindicado o a precluir la investigación penal a su favor.

Precisó que , la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué absolvió al señor JUAN GABRIEL OSUNA BARRERO por duda, motivo por el que no se presenta la causal de responsabilidad contenida en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1992, por esta razón no existe responsabilidad del Estado por la privación de la libertad del señor OSUNA, ya que el régimen de responsabilidad es objetivo y no se puede predica r la falla en el servicio.

Indicó que la teoría presentada por la Fiscalía al inicio del juicio oral no encontró

el régimen de responsabilidad es objetivo y no se puede predica r la falla en el servicio.

Indicó que la teoría presentada por la Fiscalía al inicio del juicio oral no encontró respaldo en las pruebas legalmente recaudadas y arrimadas al proceso, por cuanto además tuvo falencias de tipo probatorio que conllevaron a que la Sala Penal del Tribunal Superior, no pudiese emitir sentencia condenatoria ante el hecho de que no se encontraba demostrada la participación del convocante.

Subrayó que el Juez con Funciones de Control de Garantías que actuó durante el proceso penal, cumplió las funciones que le asigna la ley 906 de 2004, las audiencias por él dirigidas fueron audiencias preliminares, en las cuales, no se discute la responsabilidad penal de los imputados, por cuanto el Juez con Funciones de Control de Garantías trabaj a con elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, elementos que no constituyen plena prueba y por ende, no son suficientes para discutir la responsabilidad, por lo cual la medida de aseguramiento impuesta a los accionantes ob edeció a principios de razonabilidad, proporcionalidad y ponderación.

Destacó que cuando la fiscalía incumple sus deberes probatorios, y el juez debe absolver al procesado no surge la responsabilidad del Estado respecto de la NaciónRad. 73001-33-33-010-2019-00192-01 (Interno: 199-2024)

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– Rama Judicial, porq ue la privación de la libertad tuvo origen en el caudal

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– Rama Judicial, porq ue la privación de la libertad tuvo origen en el caudal probatorio allegado inicialmente por el ente investigador, el cual posteriormente no reunió los requerimientos necesarios para convertirse en plena prueba y que fuese el soporte de una decisión condenatoria.

Para finalizar, propuso como excepciones las siguientes: i ) Inexistencia de perjuicios, ii). Ausencia de nexo causal y iii) falta de legitimación en la causa por pasiva.

3.2 Fiscalía General de la Nación

Por conducto de mandatario judicial el ente acusador dio respuesta oportuna a las pretensiones del extremo activo, oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, aduciendo que, no es posible declarar la responsabilidad de su representada, pues del análisis del presente proces o no se evidenció una actuación arbitraria, ni mucho menos existió error judicial y un defectuoso funcionamiento de la administración como pretende hacer ver la demandante en el presente proceso.

Asimismo, objetó la cuantía y juramento estimatorio de los perjuicios razonados por el apoderado de la parte accionante, señalando que, frente a los perjuicios morales solicitados por el extremo activo, los mismos deben ser tasados con base a los pronunciamientos del Consejo de Estado, esto en caso de considerar u na sentencia condenatoria para la Entidad.

Igualmente, se opuso al reconocimiento de los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, pues la parte demandante no alleg ó prueba que conlleve a la verificación de los ingresos del demandante, por lo que tampoco hay

Igualmente, se opuso al reconocimiento de los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, pues la parte demandante no alleg ó prueba que conlleve a la verificación de los ingresos del demandante, por lo que tampoco hay lugar a reconocer el incremento del 25% correspondiente a las prestaciones sociales.

Precisó que la Fiscalía, ajustó sus decisiones a los presupuestos jurídicos, fácticos y probatorios, pues no hay prueba que ponga de presente actuación subjetiva caprichosa, arbitraria y violatoria en forma manifiesta del derecho a la defensa, todo lo contrario, al sindicado se le brindó todas las garantías procesales durante la instrucción que fue integral tanto en los hechos favorables como en los desfavorables a sus intereses.

Refirió que, si cada vez que en un proceso penal es absuelto un procesado se compromete la responsabilidad patrimonial del Estado, la Fiscalía General de la Nación no pudiera adelantar una investigación penal ya que, los Fiscales estarían atados de pies y manos, sin autonomía, sin independencia, sin poderes de instrucción, sin libertad para recaudar y valorar las pruebas para el cabal esclarecimiento de los hechos punibles y de sus presuntos autores.

Relató que l os hechos por los cuales se adelantó la investigación penal tuvieron ocurrencia el día 19 de septiembre de 2010, aproximadamente a las 23:30 horas, en la Vereda Cajamarquita, vía Panamericana cerca al Pare, jurisdicción del Municipio de Cajamarca - Tolima, donde se halló una persona de sexo masculino, identificado como OSCAR IVAN PIZARRO FIGUEREDO, quien presentaba heridas por arma de fuego, siendo trasladado al Hospital de la localidad donde falleció.

Municipio de Cajamarca - Tolima, donde se halló una persona de sexo masculino, identificado como OSCAR IVAN PIZARRO FIGUEREDO, quien presentaba heridas por arma de fuego, siendo trasladado al Hospital de la localidad donde falleció.

Agregó que, conforme a labores investigativas adelantadas, se señaló a JUAN GABRIEL OSUNA BARRERO como presunto autor material del homicidio, razón por la cual se expidió orden de captura en su contra siendo debidamente judicializado.

Aseveró que estaban dadas las condiciones para la solicitud por parte de la Fiscalía ante el Juez de Control de Garantías de la legalidad de captura, imputación y solicitud de medida de aseguramiento del señor JUAN GABRIEL OSUNARad. 73001-33-33-010-2019-00192-01 (Interno: 199-2024)

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BARRERO, la cual fue decretada por el Juez Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Ibagué - Tolima, por cuanto se infirió razonablemente que era autor de los delitos de Homicidio y Fabricación, Tráfico y Porte de Armas de Fuego.

Por último, propuso las excepciones de mérito que denominó: i) Falta de legitimación material en la causa por pasiva , ii) Ausencia del daño antijuridico e inimputabilidad de este a la Fiscalía General de la Nación, iii) Inexistencia del nexo de causal y iv) La Innominada o Genérica.

4. La sentencia impugnada

inimputabilidad de este a la Fiscalía General de la Nación, iii) Inexistencia del nexo de causal y iv) La Innominada o Genérica.

4. La sentencia impugnada

Lo es la proferida el 26 de abril de 2.024 por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de esta ciudad que negó las pretensiones de la demanda.

Luego de relacionar cada una de las pruebas allegadas al proceso penal y al expediente administrativo indicó la juez de instancia que no existen pruebas que demuestren que la imposición de la medida de detención preventiva de l señor JUAN GABRIEL OSUNA BARRERO fuera injustificada, ya que, por el cont rario, para la fecha de imposición de medida de aseguramiento existían elementos materiales probatorios que daban lugar a indicios lo suficientemente razonables para su detención.

Considero la juez de instancia, que el Juez de garantía al imponer medida d e aseguramiento solamente actuó bajo los parámetros legales para el tipo de delito estudiado, al existir los medios probatorios suficientes para justificar la imposición de la medida de aseguramiento, por haberse adoptado bajo las exigencias jurídicas, tan to constitucionales y legales, así como las fácticas necesarias y concurrentes al momento de su establecimiento.

A juicio del Juzgado, la decisión de privar de la libertad del señor OSUNA satisfizo los fines Constitucionales y legales, por lo que consider ó que el daño alegado por los actores no reviste el carácter de antijurídico y la demandante se encontraba legítimamente obligado a soportarlo, en el entendido que la evidencia probatoria

los fines Constitucionales y legales, por lo que consider ó que el daño alegado por los actores no reviste el carácter de antijurídico y la demandante se encontraba legítimamente obligado a soportarlo, en el entendido que la evidencia probatoria en su contra era abundante, y pudo ser interpretada por el a quo como indicativa de su responsabilidad más allá de toda duda razonable.

Concluyó el Despacho a quo que en el caso bajo estudio no concurren los elementos necesarios para declarar la responsabilidad de la parte demandada, toda vez que no se configuró un daño antijurídico objeto de reparación, razón por la cual procedió a negar las pretensiones de la demanda.

5. Fundamentos de la impugnación

5.1 Parte demandante

El apoderado de la parte demandante recurrió la sentencia de primera instancia, argumentado que el señor OSUNA sufrió un daño antijurídico consistente en la privación injusta de su libertad, porque fue vinculado penalmente con fundamento en un informe policial carente de honestidad y seriedad, además faltando de su acuciosa labor de identificación e individualización del presunto implicado, lo que por supuesto, para ese momento no constituía un medio de prueba idóneo para la Fiscalía General de la Nación, y ésta circunstancia errática en términos generales fue la que originó su llamado en tales condiciones con la correspondiente orden de captura en su contra y demás act uaciones que demanda el Sistema Penal Acusatorio como la medida de aseguramiento en su contra, cuando en la realidad fáctica no había lugar a ello, máxime cuando no se contaban para aquél entonces con otras pruebas de cargo que hubiesen sido aportadas por el ente instructor que

Acusatorio como la medida de aseguramiento en su contra, cuando en la realidad fáctica no había lugar a ello, máxime cuando no se contaban para aquél entonces con otras pruebas de cargo que hubiesen sido aportadas por el ente instructor que permitieran colegir mediana e indiciariamente que OSUNA BARRERO hubieseRad. 73001-33-33-010-2019-00192-01 (Interno: 199-2024)

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tenido una participación directa y/o indirecta en la comisión del hecho delictivo que le fue enrostrado.

Refirió que la argumentación que sirvió de sustento al ente acusador para la imposición de la medida de detención no fue razonable, y no se soportó en un análisis sólido del material probatorio, comoquiera que los recolectados no tenían la suficiente fuerza de convicción para determinar la necesidad y la pertinencia de la medida de aseguramiento que tuvo que soportar el señor OSUNA BARRERO, no estando revestida la misma tampoco del algún eximente de responsabilidad como lo es la culpa exclusiva de la víctima y/o de un tercero.

Aseveró que la restricción de la libertad de JUAN GABRIEL OSUNA BARERO no estuvo acorde con la ley, fue inapropiada, irrazonable y desproporcionada, configurándose una falla de la Administración de Justicia, y en tal virtud, el daño es imputable a la Nación – Fiscalía General de la Nación como de la Rama Judicial,

configurándose una falla de la Administración de Justicia, y en tal virtud, el daño es imputable a la Nación – Fiscalía General de la Nación como de la Rama Judicial, máxime cuando no se evidencia una conducta civilmente reprochable del señor JUAN GABRIEL OSUNA BARRERO pues no se observa que aquel actuó con dolo o con culpa grave desde la perspectiva civil, ni que asumió una conducta que no permitió el avance del proceso, o que haya rendido varias declaraciones bajo juramento, contradictorias entre sí ante la autoridad judicial, que conllevaron a mantener la medida de privación; por el contrario, se tiene que el actor sie mpre actuó en la legalidad y estuvo presto a la colaboración de la administración de justicia.

III. TRAMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

Por auto del 10 de septiembre de 2.024 , se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y, en aplicación al numeral 5º del artículo 247 del CPACA ., modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, ingresó el expediente al Despacho el 12 de diciembre de 2.024 , para p roferir sentencia, termino en el cual la Fiscalía General de la Nación allegó pronunciamiento sobre lo manifestado por la parte apelante, solicitando confirmar el fallo de primera instancia mediante el cual se negó las pretensiones de la demanda.

Reiteró que la vinculación del hoy demandante al proceso penal tuvo su origen en elementos que permitían inferir su participación en el ilícito investigado, es decir, en el homicidio de Óscar Iván Pizarro Figueredo (q.e.p.d.), como lo era el

Reiteró que la vinculación del hoy demandante al proceso penal tuvo su origen en elementos que permitían inferir su participación en el ilícito investigado, es decir, en el homicidio de Óscar Iván Pizarro Figueredo (q.e.p.d.), como lo era el señalamiento directo que en su contra efectuó el señor Edison Alexander Sora Castañeda, quien refirió en varias oportunidades, haber visto al responsable de dichos hechos indicando que se trataba de JUAN GABRIEL OSUNA BARRERO.

Insistió en que la absolución del señor JUAN GABRIEL OSUNA BARRERO la cual se dio en sede de segunda instancia penal, no fue consecuencia del actuar irregular de la entidad que represento, sino porque el Tribunal del Distrito Judicial de Ibagué - Sala de Decisión Penal, consideró que existían una serie d e contradicciones en las versiones dadas por el testigo directo de los hechos, lo que conllevó a que el fallo condenatorio proferido en primera instancia por el Juez Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento fuera revocado, absolviéndose en aplicación del principio IN DUBIO PRO REO.

Recordó que la privación de la libertad no constituye automáticamente un daño antijurídico y menos si al final del proceso se absuelve por IN DUBIO PRO REO; lo constituye cuando esta es injusta, es decir, cuando proviene de una falla del servicio, circunstancia que tampoco se presentó en el caso sub examine, además en el momento de la imposición de la medida de aseguramiento estaban dados los requisitos para adoptarla, por lo tanto, no puede afirmarse que la misma fue ilegal, irrazonable o desproporcionada.

en el momento de la imposición de la medida de aseguramiento estaban dados los requisitos para adoptarla, por lo tanto, no puede afirmarse que la misma fue ilegal, irrazonable o desproporcionada.

IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNALRad. 73001-33-33-010-2019-00192-01 (Interno: 199-2024)

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1. Competencia.

Es competente esta colegiatura para desatar la apelación contra la sentencia proferida el 26 de abril de 2.024 por el Juzgado Décimo (10º) Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, según voces de los artículos 153 y artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir que son apelables las sentencias de primera instancia proferi das por los jueces administrativos.

2. Problema jurídico.

Conforme con lo señalado en los recursos de alzada, corresponde a la Sala determinar, si se configuran o no todos y cada uno de los elementos constitutivos de responsabilidad administrativa en contra de la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación por los presuntos daños y perjuicios reclamados por los demandantes, como consecuencia de la medida de aseguramiento impuesta el 12 de abril de 2013 por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué - Tolima, consistente en detención preventiva intramural en contra del señor JUAN GABRIEL OSUNA BARRERO1.

12 de abril de 2013 por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué - Tolima, consistente en detención preventiva intramural en contra del señor JUAN GABRIEL OSUNA BARRERO1.

3. Tesis planteadas.

3.1. Tesis de la parte demandante.

Sostuvo que la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación deben ser declaradas responsables de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor JUAN GABRIEL OSUNA BARRERO , por la detención intramural desde el 12 de abril de 2013 al 14 de junio de 2017, en el proceso penal seguido en su contra que culminó con su absolución.

3.2 Tesis de la parte demandada.

3.2.1. Fiscalía General de la Nación.

Aseveró que había pruebas suficientes para asegurar que el capturado se encontraba incurso en los delitos que le fueron imputados , y por ende, estaban dadas las condiciones para la imputación realizada por la Fiscalía y la privación de la libertad decretada por el Juez con funciones de Control de Garantías.

Aseveró que no se configuran los elementos de la responsabilidad administrativa en cabeza del ente acusador, por cuanto la investigación seguida contra de la del señor OSUNA se surtió de conformidad c on la Constitución Política y las disposiciones sustanciales vigentes para la época de los hechos, actuación de las cuales no resulta ajustado a derecho precisar un defectuoso funcionamiento de la

señor OSUNA se surtió de conformidad c on la Constitución Política y las disposiciones sustanciales vigentes para la época de los hechos, actuación de las cuales no resulta ajustado a derecho precisar un defectuoso funcionamiento de la justicia, ni la incursión en alguna clase de error, ni mucho menos la privación injusta

del señor JUAN GABRIEL OSUNA BARRERO.

3.2.2 Tesis Rama Judicial

Precisó que la Nación – Rama Judicial no puede ser declarada responsable, pues el proceso penal seguido en contra del demandante culminó con su absolución, dado que la privación de la libertad, tuvo origen en el caudal probatorio allegado inicialmente por el ente investigador, el cual posteriormente no reunió los requisitos para ser tenido como plena prueba que soportara una decisión condenatoria, máxime cuan do en el presente caso, no se presenta ninguno de los elementos

1 VER FOL 183 ARCHICO 04 ANAEXOS DEMANDARad. 73001-33-33-010-2019-00192-01 (Interno: 199-2024)

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antes mencionados y la decisión tomada por el Juzgado de Control de Garantías se realizó en cumplimiento de un deber legal y en ejecución de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y ponderación, no existiendo capricho o arbitrariedad en las actuaciones de ese funcionario judicial de conformidad con la Ley y la más reciente jurisprudencia aplicable al caso.

3.2.3 Tesis del Juzgado de Primera Instancia.

arbitrariedad en las actuaciones de ese funcionario judicial de conformidad con la Ley y la más reciente jurisprudencia aplicable al caso.

3.2.3 Tesis del Juzgado de Primera Instancia.

Consideró que no aparece prueba indicativa que la privación de la libertad del señor Juan Gabriel Osuna Barrero hubiese constituido un daño antijurídico, toda vez que el Juez de Control de Garantías, al momento de ordenar la medida de aseguramiento valoró a cabalidad los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida y aportada hasta ese momento por parte de la Fiscalía General de la Nación y que en efecto permitían inferir que era autor del delito imputado. Precisó en que no se aprecia ninguna actuación irregular en la decisión judicial que limitó el derecho a la libertad del demandante.

4. Tesis del Tribunal.

De conformidad al material probatorio allegado al expediente, se concluye que las decisiones del Juez de Control de Garantías fueron adoptadas con base en los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, pues la Fiscalía General, en torno a sus funcione s c