TA TOL - Sentencia 73001-33-33-010-2022-00233-01 (22-05-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Mag. Ponente: John Libardo Andrade Flórez

Ibagué – Tolima, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Radicación Nº.:

73001-33-33-010-2022-00233-01 0317/2024 Medio de

Control:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

Demandante: ANA BEIBA BERNATE DE LOZANO

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL, FOMAG y DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Tema: Responsabilidad en el pago de la s anción moratoria

I. ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el Departamento del Tolima contra la sentencia del 13 de diciembre de 2023, proferida por el Juzgado Décimo Administrativ0 Oral del Circuito de Ibagué, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, no observándose nulidad alguna que invalide lo actuado dentro del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, promovida por ANA BEIBA BERNATE DE LOZANO en contra de la

NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y DEPARTAMENTO DEL

TOLIMA.

II. ANTECEDENTES

La señora ANA BEIBA BERNATE DE LOZANO, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda con la finalidad de obtener, a través

ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda con la finalidad de obtener, a través de sentencia judicial, un pronunciamiento favorable respecto de las siguientes:

1. DECLARACIONES Y CONDENAS1

Que se declare la existencia del acto ficto producto de la ausencia de respuesta por parte de las entidades demandadas a la petición radicada el 24 de agosto de 2021 , mediante la cual la demandante solicitó el reconocimiento y pago de la sanción por mora y se decrete la nulidad del acto ficto o presunto negativo derivado de la falta de contestación a la solicitud referida.

Que, como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y

1 Folio 1-2 Documento 03DEMANDA.pdfMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 2

Demandante: ANA BEIBA BERNATE DE LOZANO Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FOMAG Y OTRO Radicación: 73001-33-33-010-2022-00233-01

Interno: 0317/2024

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, reconocer y pagar a la demandante el valor de la sanción moratoria a la que tiene derecho por el pago tardío de sus cesantías definitivas reconocidas, equivalente a un día de salario por cada día de mora, contados a partir del día 70 hábil de efectuarse la solicitud, en los términos en la Ley

sanción moratoria a la que tiene derecho por el pago tardío de sus cesantías definitivas reconocidas, equivalente a un día de salario por cada día de mora, contados a partir del día 70 hábil de efectuarse la solicitud, en los términos en la Ley 244 de 1995, adicionada y modificada por la Ley 1071 de 2006, contabilizada entre el 19 de marzo hasta el 29 de septiembre de 2021.

Que se le dé cumplimiento a la sentencia en los términos establecidos en los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A.

Que se condene en costas a las demandadas.

Del examen del expediente se concluye que el anterior petitum se sustenta en los siguientes:

2. HECHOS2

Que la señora ANA BEIBA BERNATE DE LOZANO, se desempeñó como docente de forma continua , adscrita a la planta de personal del DEPARTAMENTO DE TOLIMA, laborando en la Institución Educativa “URB de niñas ” del municipio de San Luis – Tolima.

Que mediante petición elevada el día 04 de diciembre de 2020 , la demandante solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías parciales con destino a compra vivienda, que le corresponde n por sus servicios prestados al Departamento del Tolima.

Que el reconocimiento de las cesantías parciales solicitadas se efectuó mediante la Resolución No. 1679 de 28 de abril de 2021.

Que el pago de las cesantías parciales solicitadas se puso a disposición de la docente el 22 de octubre de 2021 efectuado mediante consignación en la cuenta bancaria de la demandante, según certificación expedida por la Fiduprevisora SA.

Que el pago de las cesantías parciales solicitadas se puso a disposición de la docente el 22 de octubre de 2021 efectuado mediante consignación en la cuenta bancaria de la demandante, según certificación expedida por la Fiduprevisora SA.

Que, el 24 de agosto de 2021 , la demandante solicitó ante el Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y el Departamento del Tolima , el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, sin embargo, guardaron silencio.

Por esa razón la parte actora acude al presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho para impugnar los actos administrativos que negaron su solicitud y obtener el reconocimiento y pago de la sanción moratoria adeudada a título de restablecimiento del derecho.

3. Normas Violadas y Concepto de Violación3

Se señalan como normas violadas:

2 Folio 3-6 Documento 03DEMANDA.pdf electrónico

3 Folio 3-6 Documento 03DEMANDA.pdf electrónicoMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 3

Demandante: ANA BEIBA BERNATE DE LOZANO Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FOMAG Y OTRO Radicación: 73001-33-33-010-2022-00233-01

Interno: 0317/2024

Ley 91 de 1989, artículos 5 y 15, artículos 1 y 2 de la Ley 244 de 1995, artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006.

Interno: 0317/2024

Ley 91 de 1989, artículos 5 y 15, artículos 1 y 2 de la Ley 244 de 1995, artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006.

Luego de transcribir apartes de las normas anotadas, sost uvo que a pesar de que la jurisprudencia ha establecido que la disposición normativa debe ser interpretada en el sentido que, entre el reconocimiento y pago de la prestación pretendida, no debe superarse los 70 días hábiles después de haber sido radicada la solicitud, la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FOMAG sigue cancelando inoportunamente según los términos establecidos en la Ley.

Arguyó, que con la entrada en vigencia de la Ley 1955 de 2019, la responsabilidad del pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías correrá a cargo de la Secretaría de Educación Territorial, cuando la culpa por el pago extemporáneo sea imputable a la entidad territorial. Esta reciente regulación vincula y hace responsable a las Secretarías de Educación de las entidades certificadas de la tardanza en los trámites de reconocimiento de prestaciones sociales como es el caso de las cesantías, que generan la sanción por mora solicitada, la misma Ley determina que todas las sanciones por mora causadas hasta el 31 de diciembre de 2019, serán a cargo de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

4.1 Departamento del Tolima

Según constancia secretarial visible en Documento 0 21 del expediente electrónico, el Departamento del Tolima, guardó silencio dentro del término para contestar la

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

4.1 Departamento del Tolima

Según constancia secretarial visible en Documento 0 21 del expediente electrónico, el Departamento del Tolima, guardó silencio dentro del término para contestar la demanda.

4.2 Nación – Ministerio de Educación Nacional4

Mediante su apoderado judicial, contestó la demanda manifestando su oposición a las pretensiones de la demanda, por carecer de sustento fáctico y jurídico necesario para que prosperen.

Adujo, que no es posible para el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO utilizar sus propios recursos para pagar condena alguna derivada del pago tardío de las cesantías, puesto que la norma prohíbe claramente la utilización de estos para el pago de indemnizaciones económicas.

Respecto a la legitimación en la causa por pasiva, llamó la atención sobre la necesidad de convocar al presente litigio a la entidad territorial certificada, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 57 de la ley 1955 del 2019 y la posible responsabilidad de esta en la causación de la mora asegurando que correspondía desvincular al FOMAG del presente litigio en razón a la imposibilidad de responder frente a pretensiones indemnizatorias de carácter económico.

4 Documento 19 ContestacionFOMAG.pdfMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 4

Demandante: ANA BEIBA BERNATE DE LOZANO Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FOMAG Y OTRO Radicación: 73001-33-33-010-2022-00233-01

Interno: 0317/2024

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FOMAG Y OTRO Radicación: 73001-33-33-010-2022-00233-01

Interno: 0317/2024

Propuso como excepciones de fondo las denominadas “Falta de integración del litisconsorcio necesario, Ineptitud sustancial de la demanda por falta de legitimación en la causa por pasiva del fondo de prestaciones sociales del magisterio para el pago de la sanción moratoria , inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, ausencia del deber de pagar sanción por parte del FOMAG, Falta de legitimación en la causa por pasiva del FOMAG, para asumir condenas por sanción mora, posteriores al 31 de diciembre de 2019.

5. Sentencia Recurrida5

El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué , dictó sentencia proferida en audiencia inicial llevada a cabo el 13 de diciembre de 2023, resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en el presente litigio.

SEGUNDO: DESVINCULAR a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de las resultas del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por la docente señora Ana Beiba Bernate de Lozano en contra de la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento del Tolima, acorde con lo expuesto en la parte motiva.

Lozano en contra de la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento del Tolima, acorde con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: DECLARAR la existencia del acto administrativo ficto o presunto negativo, producto del silencio de las entidades accionadas, respecto de la petición de fecha 24 de agosto del 2021 con Radicado TOL 2021 ER 033220 que negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en Ley 1071 del 2006 a la docente Ana Beiba Bernate de Lozano.

CUARTO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto o presunto negativo producto del silencio de las entidades accionadas, respecto de la petición de fecha 24 de agosto del 2021 con Radicado TOL 2021 ER 033220, acorde con lo señalado en la parte motiva.

QUINTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho SE CONDENA al DEPARTAMENTO DEL TOLIMA SECRETARÍA DE EDUCACION Y CULTURA a pagar a la señora Ana Beiba Bernate de Lozano identificada con la cedula de ciuda danía No 28.934.820, un día de salario por cada día de retardo en el pago de la cesantía parcial solicitada, contado desde el 19 de marzo del 2021 hasta el 29 de septiembre del 2021, es decir 195 días, lo que equivale a

Veintisiete Millones Quinientos Ochenta y Ocho Mil Quince Pesos ($27.588.015).

SEXTO: CONDENAR EN COSTAS al Departamento del Tolima - Secretaria de Educación y Cultura, en la suma equivalente al equivalente al cuatro por ciento (4%) de

SEXTO: CONDENAR EN COSTAS al Departamento del Tolima - Secretaria de Educación y Cultura, en la suma equivalente al equivalente al cuatro por ciento (4%) de las condenas impuestas, como agencias en derecho a favor de la accionante.

SÉPTIMO: La entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del C.P.A.C.A

OCTAVO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5 Documento 22 Audiencialart180delaley1437.PdfMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 5

Demandante: ANA BEIBA BERNATE DE LOZANO Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FOMAG Y OTRO Radicación: 73001-33-33-010-2022-00233-01

Interno: 0317/2024

NOVENO: Para efectos de la notificación de la presente sentencia, se surtirá en estrados, se ordena que por Secretaría se controlen los términos señalados en el 247 del

CPACA.

DÉCIMO: En firme este fallo, efectúense las comunicaciones del caso para su cabal cumplimiento, expídanse copias con destino y a costa de las partes con las precisiones del artículo 114 del C.G.P. las que serán entregadas a los apoderados judiciales que ha n venido actuando.

UNDÉCIMO: Por secretaría efectúense las anotaciones de rigor en el sistema informático SAMAI y una vez en firme, archívese el expediente.”

Para arribar a las anteriores decisiones, el Juez A quo estableció que el problema jurídico consiste en determinar si las accionadas deben pagar al accionante, la

informático SAMAI y una vez en firme, archívese el expediente.”

Para arribar a las anteriores decisiones, el Juez A quo estableció que el problema jurídico consiste en determinar si las accionadas deben pagar al accionante, la sanción moratoria de un día de salario por cada día de retardo en el pago de la cesantía reclamada, contado a partir del día siguiente al que venció el término legalmente establecido, al no haberse expedido el ac to administrativo y pagado la misma dentro de los términos señalados en la Ley 1071 del 2006.

Referido el régimen de cesantías del personal docente oficial en Colombia y el reconocimiento de la sanción moratori a y relacionados los presupuestos facticos obrantes en el plenario, indicó que la normatividad vigente señala que, la indemnización moratoria generada de un (1) día de salario por cada día de retardo en el pago de la prestación, se comenzará a contar a partir del día siguiente al que venció el término legal de setenta días hábiles, que corresponden a los quince (15) días hábiles que tiene la entidad territorial para expedir la resolución, más diez (10) días hábiles que corresponden a la ejecutoria de la resolución de reconocimiento y cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución, tiempo dentro del cual se debe efectuar el pago.

Refirió, que la señora Ana Beiba Bernate de Lozano solicitó anticipo de cesantías con destino a compra de vivienda el 4 de diciembre del 2020 las cuales fueron reconocidas el 28 de abril del 2021 y la prestación fue puesta a disposición de la accionante el 30 de septiembre del 2021, en el banco BBVA.

destino a compra de vivienda el 4 de diciembre del 2020 las cuales fueron reconocidas el 28 de abril del 2021 y la prestación fue puesta a disposición de la accionante el 30 de septiembre del 2021, en el banco BBVA.

Ilustró el A quo, que en el caso en estudio los términos se contabilizaron así:

Solicitud Cesantías 4 de diciembre de 2020 Término para expedir la resolución (15 días hábiles) Desde el 7 de diciembre del 2020 al 29 de diciembre del 2020 Término de ejecutoria de la resolución (10 días hábiles. Art. 76 del CPACA) Desde el 30 de diciembre del 2020 hasta el 14 de enero del 2021 Término para efectuar el pago. (45 días hábiles). Desde el 15 de enero del 2021 hasta el 18 de marzo del 2021

Fecha acto administrativo: Res No. 1679 28 de abril de 2021

Fecha de pago 30 de septiembre de 2021

Tiempo de mora: 195 días Desde el 19 de marzo del 2021 hasta el 29 de septiembre del 2021.

En ese orden, señaló que es claro que la entidad demandada incurrió en la conducta que da lugar a la aplicación de la sanción prevista en la ley, puesto que desde el 19 de marzo del 2021 día siguiente al vencimiento del plazo de ley para proceder al pago de la cesantía solicitada y hasta el 29 de septiembre del 2021 día a nterior a la fechaMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 6

Demandante: ANA BEIBA BERNATE DE LOZANO

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FOMAG Y OTRO

Demandante: ANA BEIBA BERNATE DE LOZANO Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FOMAG Y OTRO Radicación: 73001-33-33-010-2022-00233-01

Interno: 0317/2024 del pago, contravinieron la obligación prevista en el ordenamiento jurídico, lo cual equivale a una mora de 195 días.

Sobre la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG, formulada como excepción por esa entidad, adujo que acorde con las normas sustanciales que subsumen el caso sub lite - artículo 57 de la Ley 1955 del 2019 - en aquellos eventos en que se declarare la existencia de sanción moratoria por el pago tardío de cesantías parciales o definidas docentes, causadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2019, el Fomag sería responsable del pago de la mentada moratoria.

Sin embargo, en aquellos eventos en que se declarare la existencia de sanción moratoria por el pago tardío de cesantías parciales o definitivas docentes, causadas desde el 01 de enero de 2020 es responsable del pago, el ente territorial al cual está vinculada la docente, en este caso el Departamento de Tolima.

En efecto, precisó que la accionante solicitó el reconocimiento y pago de cesantías parciales el día 4 de diciembre del 2020 y por desidia o negligencia, el acto administrativo solo fue expedido hasta el 28 de abril del 2021, es decir 96 días hábiles después de radicada la solicitud, superando ampliamente el término de 25 días hábiles concedido por la ley a las entidades territoriales certificadas para expedir el

administrativo solo fue expedido hasta el 28 de abril del 2021, es decir 96 días hábiles después de radicada la solicitud, superando ampliamente el término de 25 días hábiles concedido por la ley a las entidades territoriales certificadas para expedir el acto de reconocimiento y su ejecutoria, el cual venció el 14 de enero del 2021.

De lo anterior coligió, que la entidad nominadora además de incumplir los términos a ella concedidos por la ley, también causó el incumplimiento del término de 45 días hábiles señalados y/o establecidos para que la Fiduprevisora pagara el valor reconocido en calidad de cesantía parcial a la docente, por lo tanto, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación -Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en el presente litigio, puesto que no incurrió en retardo en el pago de la cesantía parcial a la señora Ana Beiba Bernate de Lozano, en consecuencia, disp uso su desvinculación de las resultas del presente proceso.

6. Recurso de Apelación

6.1 Departamento del Tolima6 Mediante su apoderada judicial interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada en audiencia inicial llevada a cabo el 13 de diciembre de 2023, solicitando su revocatoria.

Indicó, que la decisión recurrida resulta lesiva a los derechos patrimoniales de la entidad, comoquiera que la cuantía reconocida supera exageradamente el valor real de la sanción al tenor de lo dispuesto en el Decreto 1272 de 2018 y las modificaciones previstas por la Ley 1955 de 2019.

entidad, comoquiera que la cuantía reconocida supera exageradamente el valor real de la sanción al tenor de lo dispuesto en el Decreto 1272 de 2018 y las modificaciones previstas por la Ley 1955 de 2019.

Refirió que el Consejo de Estado en sentencia de unificación de 18 de julio de 20 18 reafirmó la postura relacionada con la firmeza del acto administrativo de

6 Documento 30 ApelaDda.pdfMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 7

Demandante: ANA BEIBA BERNATE DE LOZANO Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FOMAG Y OTRO Radicación: 73001-33-33-010-2022-00233-01

Interno: 0317/2024 reconocimiento de las cesantías surge a partir de la notificación en los términos dispuestos en el CPACA.

En ese sentido, adujo que los términos que tiene la administración para llevar al conocimiento del interesado el contenido de su acto administrativo, esto es para notificarlo, no pueden notificarse computarse como días de sanción moratoria, pues es evidente y así lo previó el legis lador que la notificación por regla general ocurre después de proferida la decisión, y que además es la circunstancia que refleja el deber de la entidad de informarla a su destinatario.

En ese orden, señaló que, de existir alguna mora atribuible a la entidad territorial, se tenga en cuenta la carga laboral existente para esta clase de trámites, por lo tanto, solicitó la revocatoria del fallo dictado en primera instancia y en consecuencia se resuelva una decisión en la que no resulte afectado patrimonialmente el

se tenga en cuenta la carga laboral existente para esta clase de trámites, por lo tanto, solicitó la revocatoria del fallo dictado en primera instancia y en consecuencia se resuelva una decisión en la que no resulte afectado patrimonialmente el Departamento del Tolima.

III. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

Mediante auto del 17 de junio de 2024, por reunir los requisitos legales, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del Departamento del Tolima contra la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué, el 13 de diciembre de 2023.

De igual manera, de acuerdo con la constancia secretarial de ingreso para decisión de fondo de fecha 19 de junio de 2024, la providencia de 17 de junio de 2024 que admitió el recurso de apelación interpuesto, fue notificada al agente del Ministerio Público, quien guardó silencio dentro del término concedido para rendir concepto.

Encontrándose el proceso en estado de decidir, a ello se procede, para lo cual se hacen las siguientes,

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación formulado por la apoderada del Departamento del Tolima contra la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué el 13 de diciembre de 2023, en la que se accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda.

2. Problema Jurídico

El problema jurídico e n el presente asunto consiste en establecer si, como lo

pretensiones de la demanda.

2. Problema Jurídico

El problema jurídico e n el presente asunto consiste en establecer si, como lo consideró el A quo, en aplicación de lo dispuesto en los parágrafos del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, el pago de la mora reconocida debe recaer únicamente en el Departamento del Tolima , como quiera que fue causada directamente por el ente territorial, o si como lo consideró el apelante, la obligación de pago por concepto de mora imputable a la entidad territorial resulta lesiva a sus derechos patrimoniales , según los términos establecidos en la normatividad aplicable al asunto.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 8

Demandante: ANA BEIBA BERNATE DE LOZANO Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FOMAG Y OTRO Radicación: 73001-33-33-010-2022-00233-01

Interno: 0317/2024

3. Tesis de la Sala

La tesis de la Sala, consiste en afirmar que con la modificación instituida en el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019  (vigente a partir del 01 de enero de 2020) se estableció que la entidad territorial será responsable del pago de la sanción moratoria en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que la cancelación extemporánea se genere como consecuencia del in cumplimiento de los términos otorgados para la radicación de la solicitud de pago de cesantías por parte de las Secretarías de Educación Territoriales ante el FOMAG, por lo tanto, advertido que el ente territorial demandado incumplió los términos de la obligación a su cargo, la

otorgados para la radicación de la solicitud de pago de cesantías por parte de las Secretarías de Educación Territoriales ante el FOMAG, por lo tanto, advertido que el ente territorial demandado incumplió los términos de la obligación a su cargo, la mora en el presente asunto le es imputable únicamente al Departamento del Tolima.

4. FUNDAMENTOS DE LA TESIS DE LA SALA

La Sala prescinde del análisis jurídico que corresponde, tendiente a determinar si los docentes oficiales regulados por la Ley 91 de 1989 y el Decreto 2831 de 2005, son destinatarios de lo previsto en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 en el reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales, especialmente en lo relacionado con sanción moratoria, por cuanto dicha discusión fue zanjada por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII012-2018 del 18 de julio del 2018 7, en la que consideró frente a dicho asunto, entre otras cosas, lo siguiente:

“77. De acuerdo con lo señalado, la Sala de Sección concluye en primer lugar, que conforme a la soberanía que reside en el pueblo y del cual emana el poder público, cuya manifestación se materializó a través de la Constitución Política, no puede existir nin guna categoría jurídica de empleado público que no se origine en la norma superior.

78. En segundo lugar, es preciso señalar que dado el criterio finalista tenido en cuenta por la Asamblea Nacional Constituyente al establecer el artículo 123 de la Constitución Política, se consideró que dentro de la categoría de servidores públicos se enc ontraban quienes prestaran sus servicios a la comunidad y por

cuenta por la Asamblea Nacional Constituyente al establecer el artículo 123 de la Constitución Política, se consideró que dentro de la categoría de servidores públicos se enc ontraban quienes prestaran sus servicios a la comunidad y por ende, ejercieran una función pública de forma permanente. Al respecto, según se expuso, los docentes oficiales prestan un servicio público esencial a cargo del Estado y en beneficio del interés general.

79. Como tercer punto, una vez analizadas las normas que establecen el régimen jurídico de la educación en Colombia, es evidente la distribución de competencias del sector central – la Nación, a las entidades territoriales, en virtud del principio de la descentralización administrativa, y en atención a que la vinculación de los docentes se ha realizado a través de un órgano de la administración bien sea del orden nacional o departamental, todo ello con el fin de garantizar el efectivo y eficiente ejercicio del servicio público de educación que busca no solo el cumplimiento de la función pública, sino la materialización de los fines esenciales del Estado.

80. Y finalmente, en atención al régimen especial laboral de los educadores que prestan sus servicios al Estado, cuya vinculación al servicio se efectúa a través de concurso público, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para

7 Consejo de Estado. Sección segunda. MP Sandra Lisset Ibarra Vélez. 18 de julio de 2018. Rad. 73001 -23-33-0002014-00580-01 (4961-2015). Demandante: Jorge Luis Ospina Cardona. Demandada: FOMAG.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 9

Demandante: ANA BEIBA BERNATE DE LOZANO

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FOMAG Y OTRO

Demandante: ANA BEIBA BERNATE DE LOZANO Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FOMAG Y OTRO Radicación: 73001-33-33-010-2022-00233-01

Interno: 0317/2024 determinar los méritos y calidades de los aspirantes, así como el ascenso, la

permanencia y el retiro se encuentran regulados a través de la carrera administrativa prevista por el Estatuto de Profesionalización Docente contenido en el Decreto 1278 de 2002, se establece que su relación laboral es de carácter legal y reglamentaria.

81. Con fundamento en lo expuesto, para la Sección Segunda los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución Política, pues aunque el estatuto de profesionalización los defina como empleados oficiales, lo cierto es que en ellos concurren todos los requisitos que de carácter restrictivo encierra el concepto de empleado público en atención a la naturaleza del servicio prestado, la regulación de la función docente y su ubicación dentro de la estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Estado y la implementación de la

carrera docente para la inserción, permanencia, ascenso y retiro del servicio; razón por la cual, se encuadran dentro del concepto de empleados públicos, establecido en la norma superior y desarrollado a través de la ley.

82. Por lo anterior, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido que a los docentes les son aplicables las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que contemplan la sanción por mora en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas de los servidores públicos; siendo consonante esta posición, con la

docentes les son aplicables las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que contemplan la sanción por mora en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas de los servidores públicos; siendo consonante esta posición, con la adoptada por la Corte Constitucional.”

Conforme lo señalado en dicha sentencia, los docentes integran la categoría de empleados públicos de que trata el artículo 123 de la Constitución Política, por tanto, no están excluidos de la aplicación de las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 , e igualmente pueden verse afectados por la ausencia de pago o por la demora injustificada en el reconocimiento y pago de sus cesantías.

En relación con el reconocimiento de la sanción moratoria a los docentes, en la misma sentencia, la Sección Segunda del Consejo de Estado estableció las siguientes reglas jurisprudenciales, frente al conteo del término para su configuración y los parámetros para la fijación del monto a reconocer por tal concepto:

[…] . En tal virtud, la Sala dicta las siguientes reglas jurisprudenciales: 3.5.1