TA TOL - Sentencia 73001-33-33-011-2018-00379-01 (27-02-2025)

República de Colombia

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Magistrado Ponente. Dr. CARLOS ARTURO MENDIETA RODRÍGUEZ

Ibagué, veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Radicación: No. 73001-33-33-011-2018-00379-01

Interno: No. 2023-00082

Medio de Control: REPARACIÓN DIRECTA

Demandante: LUIS GUILLERMO MELÉNDEZ y OTROS

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y FISCALÍA GENERAL DE LA

NACIÓN.

Referencia: Apelación de sentencia – Privación Injusta de la Libertad.

OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Se encuentran las presentes diligencias en esta Corporación a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación, contra de la sentencia proferida el 12 de julio de 2022 por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante la cual decidió acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Los señores (as) LUIS GUILLERMO GUZMÁN MELÉNDEZ, YUDY LEANDRA

GUZMÁN OVIEDO, VALERIA SOFIA GUZMÁN OVIEDO, NANCY OVIEDO RUBIO,

AURORA GUZMÁN MELÉNDEZ, EDUIN RUPERTO LÓPEZ GUZMÁN, KEVIN

GUZMÁN OVIEDO, VALERIA SOFIA GUZMÁN OVIEDO, NANCY OVIEDO RUBIO,

AURORA GUZMÁN MELÉNDEZ, EDUIN RUPERTO LÓPEZ GUZMÁN, KEVIN

FELIPE LÓPEZ GUZMÁN, RUPERTO LÓPEZ FORERO, VIRGELINA MELÉNDEZ

DE GUZMÁN, YIRLEY JHOANA GUZMÁN MELÉNDEZ, YURLEIDYS ALEJANDRA

ROZO GUZMÁN, YURLEIS ALEXANDRA ROZO GUZMÁN, FARNIN YOJANA

RODRÍGUEZ GUZMÁN, OMAR GUZMÁN MELÉNDEZ, MARIO GUZMÁN MELÉNDEZ, TREVELIO GUZMÁN MELÉNDEZ, LUIS GUZMÁN MELÉNDEZ y SOL MARINA GUZMÁN MELÉNDEZ , por intermedio de apode rado judicial y en ejercicio del medio de control de Reparación Directa establecido en el artículo 140 del C.P.A.C.A, promovieron demanda contra la NACIÓN – RAMA JUDICIAL –

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y la FISCLÍA

GENERAL DE LA NACIÓN, solicitando las siguientes:

I.I. DECLARACIONES Y CONDENAS1

PRIMERA: “Que LA NACIÓN -FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, LA NACIONRAMA JUDICIAL -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL es responsable administrativamente de todos los perjuicios morales, materiales y daño

PRIMERA: “Que LA NACIÓN -FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, LA NACIONRAMA JUDICIAL -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL es responsable administrativamente de todos los perjuicios morales, materiales y daño

1 Fls. 17 del Doc. PDF Cuad. Ppal. – 01.11-2018-00379ACCIÓN REPARACIÓN DIRECTA - Expediente electrónico juzgado – TEAMS.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA LUIS GUILLERMO GÚZMAN MELÉNDEZ Y OTROS Vs. RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL –

NACIÓN Y OTRO

RAD.011-2018-00379-01 INT. 2023-00082 Sentencia de Segunda Instancia

Pág. 2 a la vida de relación ocasionados a LUIS GUILLERMO GUZMAN OVIEDO, quien actúa en nombre propio y en nombre y representación de YUDY LEANDRA GUZMAN OVIEDO Y VALERIA SOFIA GUZMAN OVIEDO; a NANCY OVIEDO RUBIO; a AURORA GUZMAN MELENDEZ, quien actúa en nombre propio y en nombre y representación de KEVIN FELIPE LOPEZ GUZMAN; de RUPERTO LOPEZ FORERO; a YIRLEY JHOANA GUZMAN MELENDEZ, quien actúa en nombre propio y en nombre y representación de YURLEIDYS ALEJANDRA ROZO

GUZMAN, YURLEIS ALEXANDRA ROZO GUZMAN Y FARNIN YOJANA

RODRIGUEZ GUZMAN; a EDUIN RUPERTO LOPEZ GUZMAN, VIRGELINA

MELENDEZ DE GUZMAN, TREVELIO GUZMAN MELENDEZ, LUIS GUZMAN

RODRIGUEZ GUZMAN; a EDUIN RUPERTO LOPEZ GUZMAN, VIRGELINA

MELENDEZ DE GUZMAN, TREVELIO GUZMAN MELENDEZ, LUIS GUZMAN MELENDEZ, SOL MARINA GUZMAN MELENDEZ, OMAR GUZMAN MELENDEZ, MARIO GUZMAN MELENDEZ, por la detención s ufrida por LUIS GUILLERMO GUZMAN MELENDEZ el día 23 de Abril de 2.013, recuperando su libertad el 23 de octubre de 2.015 en el municipio de Chaparral (Tol.) y hechos subsiguientes.”

SEGUNDA: “Que como consecuencia de la anterior declaración, LA NACIÓNFISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, LA NACION-RAMA JUDICIAL-DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL debe pagar en forma indexada a LUIS GUILLERMO GUZMAN OVIEDO, quien actúa en nombre propio y en nombre y representación de YUDY LEANDRA GUZMAN OVIEDO y VALERI A SOFIA GUZMAN OVIEDO; a NANCY OVIEDO RUBIO; a AURORA GUZMAN MELENDEZ, quien actúa en nombre propio y en nombre y representación de KEVIN FELIPE LOPEZ GUZMAN; de RUPERTO LOPEZ FORERO: a YIRLEY JHOANA GUZMAN MELENDEZ, quien actúa en nombre propio y en nombr e y representación de

YURLEIDYS ALEJANDRA ROZO GUZMAN, YURLEIS ALEXANDRA ROZO

GUZMAN Y FARNIN YOJANA RODRIGUEZ GUZMAN; a EDUIN RUPERTO

LOPEZ GUZMAN, VIRGELINA MELENDEZ DE GUZMAN, TREVELIO GUZMAN

GUZMAN Y FARNIN YOJANA RODRIGUEZ GUZMAN; a EDUIN RUPERTO

LOPEZ GUZMAN, VIRGELINA MELENDEZ DE GUZMAN, TREVELIO GUZMAN

MELENDEZ, LUIS GUZMAN MELENDEZ, SOL MARINA GUZMAN MELENDEZ, OMAR GUZMAN MELENDEZ, MARIO GUZMAN MELENDEZ, la totalidad de los perjuicios morales, materiales y daño a la vida de relación, de conformidad con la liquidación que de ellos se haga más adelante.”

TERCERA: “Que la demandada cumpla la sentencia en los términos del artículo 192 del C.P.A.C.A.”

CUARTA: “Por las costas y gastos del proceso.”

I.II. HECHOS2

De la lectura de la demanda, la Sala encuentra los siguientes hechos de carácter relevante:

1. “La señora VIRGELINA MELENDEZ DE GUZMAN contrajo matrimonio con el señor LUIS GÚZMAN HERNANDEZ, procreando a TEVELIO GUZMAN

MELENDEZ, LUIS GUZMAN MELENDEZ, SOL MARINA GUZMAN

MELENDEZ, AURORA GUZMAN MELENDEZ, OMAR GUZMAN MELENDEY

MARIO GUZMAN MELENDEZ.

2. La señora AURORA GUZMAN MELENDEZ, sostuvo relaciones con el señor, procreando a YIRLEY JHONA GUZMAN MELENDEZ, así como al directo afectado LUIS GUILLERMO GUZMAN MELENDEZ. Posteriormente, la señora AURORA GUZMAN MELENDEZ estableció unión marital de hecho con el señor RUPUERTO LOPEZ FORERO desde ha ce aproximadamente 18 años,

afectado LUIS GUILLERMO GUZMAN MELENDEZ. Posteriormente, la señora AURORA GUZMAN MELENDEZ estableció unión marital de hecho con el señor RUPUERTO LOPEZ FORERO desde ha ce aproximadamente 18 años,

2 Fls. 19-21,23, 25, 27 y 29 del Doc. PDF Cuad. Ppal. – 01.11-2017-00205Expediente electrónico juzgado – TEAMS.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA LUIS GUILLERMO GÚZMAN MELÉNDEZ Y OTROS Vs. RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL –

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Pág. 3 procreando a EDUIN RUPERTO LOPEZ GUZMAN y KEVIN FELIPE LOPEZ GUZMAN. Cabe resaltar que el señor RUPUERTO LOPEZ FORERO es quien ha fungido como padre de crianza de los hijos de la señora AURORA GUZMAN, los que han correspondido tratándolo de manera pública como tal.

3. El señor LUIS GUILLERMO GUZMAN MELENDEZ estableció unión marital de hecho con la señora NANCY OVIEDO RUBIO, desde hace aproximadamente 13 años, procreando a YUDY LEANDRA GUZMAN OVIEDO Y VALERIA SOFIA

GUZMAN OVIEDO.

4. La señora YIRLEY JHOANA GUZMAN MELENDEZ, sostuvo relaciones con el señor ORLANDO ROZO MUÑOZ, procreando a YURLEIDYS ALEJANDRA

ROZO GUZMAN Y YURLEIS ALEXANDRA ROZO GUZMAN. Posteriormente

señor ORLANDO ROZO MUÑOZ, procreando a YURLEIDYS ALEJANDRA ROZO GUZMAN Y YURLEIS ALEXANDRA ROZO GUZMAN. Posteriormente la señora YIRLEY JHOANA GUZMAN MELENDEZ estableció unión marital de hecho con el señor JOHN EDWARD RODRIGUEZ ROJAS, procreando a

FARNIN YOJANA RODRIGUEZ GUZMAN.

5. El señor LUIS GUILLERMO GUZMAN MELENDEZ debió soportar un proceso penal que culminó con sentencia absolutoria de primera instancia proferida el día 20 de mayo de 2.016, por el Juzgado Penal del Circuito de Chaparral (Tol.) y confirmada en sentencia de segunda instancia por el Tribunal Superior Distrito Judicial Ibagué Sala Decisión Penal el día 02 de febrero de 2.018, por el delito de Homicidio Agravado. Por lo ante rior, LUIS GUILLERMO GUZMAN MELENDEZ, estuvo privado de la libertad bajo detención intramural en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Chaparral (Tol.) desde el 23 de abril de 2.013 hasta el día 23 de octubre de 2.015, es decir, 30 meses, lo que ocasionó perjuicios morales, materiales y daño a la vida de relación a éste y a su núcleo familiar, como más adelante se indica.

6. De otro lado, LUIS GUILLERMO GUZMAN MELENDEZ debió cancelar de su peculio el valor de los honorarios profesionales de abogado para la respectiva defensa penal que se adelantó en la Fiscalía 4 Seccional de Chaparral (Tol.), en el Juzgado Penal del Circuito de Chaparral (Tol.) y en el Tribunal Superior

peculio el valor de los honorarios profesionales de abogado para la respectiva defensa penal que se adelantó en la Fiscalía 4 Seccional de Chaparral (Tol.), en el Juzgado Penal del Circuito de Chaparral (Tol.) y en el Tribunal Superior Distrito Judicial Ibagué Sala Decisión Penal, radicado 736166000725201280043, N .I. 29569, por el delito de Homicidio, que de acuerdo con lo establecido por la Corporación Colegio Nacional de Abogados "CONALBOS" en Resolución No. 02 del 30 de Julio de 2.002, por medio la cual se estableció la tarifa de honorarios profesionales para el ejercicio de la profesión de abogado en derecho penal, corresponde a 28 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cifra que debe ser actualizada de acuerdo con las fórmulas de las matemáticas financieras empleadas por el honorable Consejo de Estado.

7. El anterior proceder causó graves perjuicios morales, materiales y daño a la vida de relación del detenido, su compañera permanente, su hijos de crianza, su madre, su padre de crianza, su abuelo de crianza, su abuela, sus hermanos, su sobrino, sus tíos y su s primos, pues se encontraron ante una situación humillante e injusta, la cual se agravó pues el afectado, por circunstancias ajenas a su voluntad, debió dejar abandonado su empleo durante el lapso que duró la investigación, hasta meses después de la fecha de su reclusión y puesta en libertad.

Sin embargo, lo anterior no es óbice para que dicha responsabilidad pueda derivar de la aplicación de la teoría de responsabilidad objetiva, de acuerdo con el principio cura novit curia, si a bien lo tiene el fallador.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

Sin embargo, lo anterior no es óbice para que dicha responsabilidad pueda derivar de la aplicación de la teoría de responsabilidad objetiva, de acuerdo con el principio cura novit curia, si a bien lo tiene el fallador.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA LUIS GUILLERMO GÚZMAN MELÉNDEZ Y OTROS Vs. RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL –

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8. En diversas oportunidades el honorable Consejo de Estado se ha pronunciado sobre el tema de las detenciones, expresando que aún en los casos en que la actividad judicial se ha realizado conforme a derecho, si el imputado resulta absuelto, corres ponde a la Administración indemnizar los perjuicios ocasionados, de acuerdo con la cláusula general de responsabilidad contemplada en el artículo 90 de la Constitución Nacional, en virtud de que el detenido ni sus familiares tienen la obligación jurídica d e soportar ese daño.

(…).

9. Es de anotar que el director afectado se desempeñaba en oficios varios con los que devengaba un salario mínimo mensual de $781.242, el cual dejó de percibir desde el mismo instante en que fue privado de la libertad (30 meses), como antes se indicó, y los siguientes 10 meses, tiempo que permaneció desempleado mientras encontraba un trabajo una vez fue puesto en libertad.

(…).

10. Los demandantes han otorgado poder para iniciar el respectivo medio de control de reparación directa.”

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

desempleado mientras encontraba un trabajo una vez fue puesto en libertad. (…).

10. Los demandantes han otorgado poder para iniciar el respectivo medio de control de reparación directa.”

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Dentro del término de traslado de la demanda que trata el artículo 172 de la Ley 1437 de 2011, la RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL IBAGUÉ - TOLIMA y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN contestaron el líbelo introductorio de la referencia, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones demandatorias, para lo cual argumentaron lo siguiente:

2.1. Nación – Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial Ibagué – Tolima3:

El apoderado judicial de la Rama Judicial - Dirección Seccional de Administración Judicial, argumentó:

Luego de reseñar ampliamente lo expuesto en la jurisprudencia del Consejo de Estado en sentencia de unificación adiada 17 de octubre de 2013, C.P Dr. Mauricio Fajardo Gómez, concluyó que dicha providencia “ otorga al Artículo 90 de la Constitución Política (…) significado más amplio, y la supremacía como norma constitucional, frente al resto de ordenamiento jurídico. Es así como del análisis de la sentencia se concluye que cuando una persona es sometida a una medida privativa de la libertad y posteriormente es absuelta, sin importar la ley penal bajo la cual se tramitó el respectivo proceso penal, o la causal por la cual se profirió la absolución, habrá lugar a responsabilidad de Estado, en aplicación de la teoría del

privativa de la libertad y posteriormente es absuelta, sin importar la ley penal bajo la cual se tramitó el respectivo proceso penal, o la causal por la cual se profirió la absolución, habrá lugar a responsabilidad de Estado, en aplicación de la teoría del daño especial, entendido éste como aquel que el individuo no estaba obligado a soportar, sin que en estos casos, tenga relevancia la juridicidad de la conducta del agente estatal” A renglón seguido señaló que no obstante lo allí determinado, dicha posición ha variado, tal y como se advierte en la sentencia proferida el 10 de agosto de 2015

3 Fls. 143-156 del Doc. PDF Cuad. Ppal. – 01.11-2018-00379 ACCIÓN REPARACIÓN DIRECTA - Expediente electrónico juzgado – TEAMS.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA LUIS GUILLERMO GÚZMAN MELÉNDEZ Y OTROS Vs. RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL –

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Pág. 5 Consejero Ponente Dr. Jaime Alberto Santofimio Gamboa, dentro del expediente de radicado interno 30 134, en la que se adoptó otra posición, cuyo eje central se encuentra enfocado en realizar un análisis crítico del material probatorio recaudado y así determinar si los argumentos que sustentan la exoneración penal como podría ser la aplicación del principio in dubio pro reo, esconde deficiencias en la actividad investigativa, de recaudo o de valoración probatoria de las autoridades judiciales intervinientes, que en últimas son las que constituyen la razón verdadera que llevó

ser la aplicación del principio in dubio pro reo, esconde deficiencias en la actividad investigativa, de recaudo o de valoración probatoria de las autoridades judiciales intervinientes, que en últimas son las que constituyen la razón verdadera que llevó a absolver al sindicado o a precluir la investigación penal en su favor.

De igual forma destaca que el máximo Tribunal de lo contencioso administrativo ha indicado que en asuntos de privación injusta de la libertad debe tenerse en cuenta algún aspectos y parámetros definidos conforme l o establecido en el artículo 414 del Decreto Ley 2700, tales como, a) que el hecho no existió, b) que la conducta no resulta constitutiva de delito, c) que el procesado no lo cometió, y que mantiene su vigencia para resolver de manera objetiva, por manera que las demás situaciones que no se encuentren bajo estos supuestos se definen por el régimen subjetivo o de la falla del servicio.

Que el régimen subjetivo de la falla en el servicio, se aplica en los asuntos en donde se haya establecido la absolución de l procesado por las siguientes causas: i) in dubio pro reo, ii) imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, iii) imposibilidad de iniciar y/o proseguir la investigación penal, iv) en virtud de una causal que excluya la responsabilidad penal con forme el código penal, v) por prescripción de la acción penal.

Luego, recalca el papel del Juez de Control de Garantías, quien actuó con base en las pruebas aportadas, mediante las cuales se podía inferir la responsabilidad del imputado en el delito endil gado, lo que conllevo a la imposición de la medida de aseguramiento contra el accionante; de tal manera que el resultado dañoso, es

las pruebas aportadas, mediante las cuales se podía inferir la responsabilidad del imputado en el delito endil gado, lo que conllevo a la imposición de la medida de aseguramiento contra el accionante; de tal manera que el resultado dañoso, es imputable a dicha actuación y no a las desplegadas por la Rama Judicial, por ausencia de nexo causal, y que así, resulta ev idente que la privación de la libertad de GUZMAN MELENDEZ, desde el punto de vista de la causalidad material, fue producto de la actuación del ente investigador, lo que rompe el nexo de causalidad entre el acto jurisdiccional de privación de la libertad y el daño que se alega. Que, cuando el ente investigador incumple sus deberes probatorios, el Juez debe absolver al procesado y no surge la responsabilidad del Estado respecto de la Nación – Rama Judicial, porque la privación de la libertad tuvo origen en el caudal probatorio allegado inicialmente por el ente investigador, el cual posteriormente no reunió los requisitos para convertirse en plena prueba y ser el soporte de una decisión condenatoria. Finalmente, propuso como excepciones de mérito las que denom inó “Inexistencia de Perjuicios”, “Ausencia de nexo causal” y “falta de legitimación en la causa por pasiva”.

2.1. La Fiscalía General de la Nación4:

La apoderada judicial del ente investigador se opuso a las pretensiones de la demanda y afirmó que de acuerdo con lo establecido en la Ley 906 de 2004, le corresponde adelantar la investigación, para que de acuerdo con la prueba obrante en ese momento procesal, pueda solicitar, como medida de aseguramiento, la detención preventiva del sindicado, correspond iéndole al Juez de Control de

corresponde adelantar la investigación, para que de acuerdo con la prueba obrante en ese momento procesal, pueda solicitar, como medida de aseguramiento, la detención preventiva del sindicado, correspond iéndole al Juez de Control de Garantías analizar el material probatorio aportado como sustento de su solicitud,

4 Fls. 172-188 del Doc. PDF Cuad. Ppal. – 01.11-2017-00205Expediente electrónico juzgado – TEAMS.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA LUIS GUILLERMO GÚZMAN MELÉNDEZ Y OTROS Vs. RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL –

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Pág. 6 para luego establecer la viabilidad de la imposición de la referida medida, por lo que es el Juez quien tiene la potestad de decidirla, decretar la e imponerla y no su representada.

Advirtió también en que para solicitar la imposición de la medida de aseguramiento no es necesario que en el proceso existan pruebas que conduzcan a la certeza absoluta sobre la responsabilidad penal del sindicado, pue s este grado de convicción sólo se tiene y es indispensable en momento de proferirse sentencia condenatoria.

Por otra parte, señaló que si en el transcurso de la investigación y de proceso aparecen circunstancias que favorecen a los presuntos responsables de una conducta delictiva, ello no puede implicar directamente una detención injusta que el Estado deba resarcir, pues precisamente en el procedimiento penal existen etapas que deban surtirse para el esclarecimiento de los hechos, y la obligación de la

conducta delictiva, ello no puede implicar directamente una detención injusta que el Estado deba resarcir, pues precisamente en el procedimiento penal existen etapas que deban surtirse para el esclarecimiento de los hechos, y la obligación de la Fiscalía General de la Nación, a través de sus delegados y como ente acusador, es investigar toda aquella conducta que revista las características del delito hasta el final.

Finalmente, señaló que las actuaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación siempre estuvieron ajustadas a los presupuestos jurídicos, fácticos y probatorios, sin que se tenga de presente alguna que pueda considerarse subjetiva, caprichosa, arbitraria y/o violatoria del derecho de defensa del procesado; y que, pensar que casa vez que un proceso penal es precluido por duda frente al procesado se compromete la responsabilidad patrimonial del Estado, sería tanto como aceptar que la entidad no puede adelantar una investigación penal, por cuanto se estaría restringiendo su autonomía, poder de instrucción, libertad para recaudar y valorar pruebas para el esclarecimiento de los hechos punibles y sus presuntos autores.

Formuló las siguientes excepciones: “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, “ausencia del daño antijuridico e inimputabilidad del mismo a la Fiscalía General de la Nación”, “inexistencia del nexo de causalidad”, y “Genérica

III. SENTENCIA APELADA5

El Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante sentencia proferida el 12 de julio de 2022, resolvió:

“PRIMERO: EXONERAR de responsabilidad a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

proferida el 12 de julio de 2022, resolvió:

“PRIMERO: EXONERAR de responsabilidad a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR que La NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, es administrativa y patrimonialmente responsable de la privación injusta de la libertad del señor Luis Guillermo Guzmán Meléndez desde el 23 de abril de 2013 hasta el 23 de octubre de 2015, de conformidad con lo establecido en la parte motiva de este fallo.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar los perjuicios morales sufridos y

a favor de los demandantes, así:

5 PDF 24.ACTAAUDIENCIAALEGACIÓNYJUZGAMIENTO - Cuad. Ppal. – Expediente electrónico juzgado – TEAMS.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA LUIS GUILLERMO GÚZMAN MELÉNDEZ Y OTROS Vs. RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL –

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CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a favor de Luis Guillermo Guzmán Meléndez, por concepto de lucro cesante, la suma de $32.122.854.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

cesante, la suma de $32.122.854.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEXTO: La NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A.

SEPTIMO: CONDENAR en costas a la parte demandada NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, y en favor de la parte demandante, Por Secretaría tásense, tomando en cuenta como agencias en derecho la suma de $10.863.685.

OCTAVO: CONDENAR a LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a que, sobre las sumas a pagar, liquide y pague el reajuste de su valor, a excepción de las sumas reconocidas en salarios mínimos, conforme a la fórmula antes referida en las consideraciones de la providencia.

NOVENO: Ejecutoriada esta providencia, liquídense las costas y archívese el proceso previas las anotaciones que sean del caso en el sistema Justicia Siglo

XXI.”

“(…)”

Para el Despacho la privación de la libertad del demandante Luis Guillermo Guzmán Meléndez impuesta por el Juez Segundo Penal de Control de Garantías de Chaparral, se tornó injusta a consecuencia de que el representante de la Fiscalía General de la Nación omitió presentar al mismo de forma integral los elementos probatorios con que contaba desde antes de la celebración de la audiencia preli minar y que evidenciaban serias inconsistencias y contradicciones, configurando ese ocultamiento en una inducción al error del funcionario judicial.

(…)”

que contaba desde antes de la celebración de la audiencia preli minar y que evidenciaban serias inconsistencias y contradicciones, configurando ese ocultamiento en una inducción al error del funcionario judicial.

(…)”

IV. LA APELACIÓN6

Oportunamente, la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia proferida el 12 de julio de 2021 por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, en virtud de los cuales solicitan se

6 Doc. PDF 26. APELACIÓN LUIS GUILLERMO GUZMAN – Expediente electrónico juzgado – TEAMS.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA LUIS GUILLERMO GÚZMAN MELÉNDEZ Y OTROS Vs. RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL –

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Pág. 8 revoque y/o modifique la decisión de instancia conforme a la cua l se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, así:

Destaca que, la actuación penal surtida se adelantó de conformidad con el artículo 250 de la norma superior y la Ley 906 de 2004 , así como, las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos que le imponen la tarea de investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes , y en tal medida, solicitan ante el juez que ejerce funciones de control de garantía las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, luego este último valora los

los juzgados y tribunales competentes , y en tal medida, solicitan ante el juez que ejerce funciones de control de garantía las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, luego este último valora los motivos en que se sustenta la solitud de media de aseguramiento y valida o no su imposición.

Es decir, que la función de imponer medida de a seguramiento, es una facultad atribuida única y exclusivamente al Juez de Control de Garantías, quien y luego de la solicitud que eleve el ente investigador está llamado a valorar las pruebas presentadas y adoptar la decisión que en derecho corresponda e i ncluso tiene la potestad de decretar pruebas demás de llegar a considerarlo necesario.

Luego arguye que, en el caso en particular no se evidencia, ni se acredita que se haya incurrido en un actuar negligente, omisivo, violatorio y contradictorio de la normas sustancial o procesal del sistema penal acusatorio; y que no puede exigirse al funcionario judicial que al momento de analizar la viabilidad de una medida de aseguramiento o detención preventiva, efectué un juicio de responsabilidad penal para determinar si el acusado es culpable del hecho imputado, pues, es un análisis propio de las demás etapas procesales.

Que en el caso en concreto, se hace necesario analizar la causal eximente de responsabilidad de hecho de un tercero, esto, dada la declaración de la señora Marleny Trilleras quien el día de los hechos indicó que “llaman desde una esquina al señor Rufino, occiso, un hombre a quien identificó como Luis Guillermo Guzmán, quien saca un arma y le propina unos disparos y huye en compañía de Galvis ”,

al señor Rufino, occiso, un hombre a quien identificó como Luis Guillermo Guzmán, quien saca un arma y le propina unos disparos y huye en compañía de Galvis ”, luego, y en los términos del Consejo de Estado exonera de responsabilidad a la administración.

Así las cosas , solicita que se adelante una valoración probatoria del caudal probatorio recaudado dentro del proceso pena, y conforme a lo últimos lineamientos dispuestos por el H. Consejo de Estado, se adopte la decisión de denegar las pretensiones de la demanda, máxime cuando la entidad en cumplimiento de una función constitucional y legal, solicitó la medida de aseguramiento al juez de control de garantías, no de forma caprichosa, sino buscando los objetivos concretos con la seguridad de que el señor Guzmán Meléndez compareciera al proceso, con el fin mismo de que no escapara de la acción de la justicia.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación interpuesto por la parte demandante fue admitido mediante proveído fechado el 28 de febrero de 202 3 (Doc_006_AUTOADMITERECURSO APELACIÓN_AUTO– Expediente electrónico Tribunal – TEAMS), ordenándose notificar dicha decisión a las partes y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo, no obstante, el procurado judicial delegado guardó silencio, y el 12 de abril de 2023 el expediente ingresó al despacho para sentencia. (Doc_010INGGRESA AL DESPACHO – Expediente electrónico Tribunal – TEAMS).MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

expediente ingresó al despacho para sentencia. (Doc_010INGGRESA AL DESPACHO – Expediente electrónico Tribunal – TEAMS).MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA LUIS GUILLERMO GÚZMAN MELÉNDEZ Y OTROS Vs. RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL –

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Pág. 9 Al no observarse causal alguna de nulidad procesal que invalide la actuación, la Sala procede a decidir la controversia conforme a las siguientes:

VI. CONSIDERACIONES DE LA SEGUNDA INSTANCIA

6.1. Precisiones preliminares

6.1.1. Competencia

En primer lugar, es menester indicar que de conformidad con la cláusula general de competencia consagrada en el inciso 1º del artículo 104 del C.P.A.C.A., esta jurisdicción puede aprehender el conocimiento del presente asunto, pues se trata de una controve rsia originada en un hecho sujeto al derecho administrativo en el que al parecer están involucradas entidades públicas.

Como corolario de lo anterior, según las voces del artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, esta Corporación es competente para resolver el recurso de alzada en contra de las sentencias proferidas por los Jueces Administrativos en primera instancia y como quiera que según la regla general consagrada en el inciso 1º del artículo 243 ibídem, los fallos emitidos por los Jueces y Tribunales Administrativos son pasibles de ser apelados,