TA TOL - Sentencia 73001-33-33-012-2018-00220-02 (27-02-2025)

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Ibagué, veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Ref. Expediente: Interno:

73001-33-33-012-2018-00220-02 0932-2024

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Demandante: José Andrés Guayara Salcedo

Demandado: Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial

I - ASUNTO A DECIDIR

De conformidad con lo establecido en los artículos 153 y 243 del C. de P.A. y de lo C.A., procede esta Sala Oral a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del extremo pasivo en cont ra de la sentencia proferida el 28 de junio de 2024 por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

II - ANTECEDENTES

1. Pretensiones1.

Como petitum de la demanda, el demandante formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Solicito se tenga la bonificación judicial reconocida por m edio del Artículo 1° del Decreto 383 del 6 de Marzo de 2013 al señor JOSE ANDRES GUAYARA SALCEDO, como factor salarial para todos los efectos legales, por cuanto su causa y efecto es la nivelación salarial de los empleados de la Rama Judicial, teniéndose como fuente normativa la Ley 4ª de 1992, además porque se trata de una retribución fija y directa del trabajo, percibida de manera periódica, habitual y permanente.

salarial de los empleados de la Rama Judicial, teniéndose como fuente normativa la Ley 4ª de 1992, además porque se trata de una retribución fija y directa del trabajo, percibida de manera periódica, habitual y permanente.

SEGUNDA: Declárese la Nulidad del acto administrativo de radicado DESAJIBO17-3633 de fecha 26 de septiembre de 2017, y notificado personalmente el día 12 de octubre de 2017, proferido por la NACION - RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE IBAGUÉ, por medio del cual negó el reconocimiento del pago de la reliquidación salarial y pago de las prestaciones sociales, a que tiene derecho mi representada por la inclusión de la bonificación

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judicial reconocida a mi mandante por medio del Artículo 1° del Decreto 383 del 6 de Marzo de 2013, como factor salarial para todos sus efectos legales y no únicamente para el pago de seguridad social integral, en respuesta a la reclamación administrativa incoada por m i mandante el señor JOSE ANDRES GUAYARA SALCEDO; Por ser contrario a derecho, a la Constitución Política, y con desconocimiento de la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado y la Corte Constitucional al vulnerar directamente los derechos salariales y

mandante el señor JOSE ANDRES GUAYARA SALCEDO; Por ser contrario a derecho, a la Constitución Política, y con desconocimiento de la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado y la Corte Constitucional al vulnerar directamente los derechos salariales y prestacionales del señor JOSE ANDRES GUAYARA SALCEDO.

TERCERA: Declárese la Nulidad del acto administrativo negativo ficto o presunto, generado por el silencio administrativo negativo del recurso de Apelación, elevado el pasado día 13 de octubre de 2017 , contra el acto administrativo de radicado DESAJIBO17 - 3633 de fecha 26 de septiembre de 2017, por parte de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL.

CUARTA: Como consecuencia de las peticiones anteriores y a título de Restablecimiento del Derecho, se CONDENE a la NACION RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE IBAGUÉ , representada legalmente en la seccional del Tolima por el Doctor CÉSAR AUGUSTO MO LINA SUÁREZ , o quien haga sus veces, o quien tenga la facultad de representación para éstos casos, para que proceda a proferir lo siguiente: a) Que la bonificación judicial sea incrementada para los años 2013 -2014-2015-2016-2017, y todos los subsiguientes, co nforme a los porcentajes establecidos por el Gobierno Nacional para los empleados públicos enunciados en la Ley 4ª de 1992, toda vez que su naturaleza es netamente salarial, y por ende, corre con la misma suerte que la remuneración fija mensual.

para los empleados públicos enunciados en la Ley 4ª de 1992, toda vez que su naturaleza es netamente salarial, y por ende, corre con la misma suerte que la remuneración fija mensual.

b) Que como consecuencia de lo anterior, se reconozca, reajuste, reliquide y paguen al señor JOSE ANDRES GUAYARA SALCEDO, las diferencias salariales y prestacionales existentes entre lo pagado por esa Dirección Seccional y la inclusión de la bonificación judicial como factor constitutivo de salario, ajustada al incremento solicitado en la pretensión anterior, para la liquidación de todas las prestaciones sociales y laborales que desde el año 2013 y hasta la fecha efectiva de pago, haya percibido mi poderdante, tales como; Primas de Servicio, Prima de Vacaciones, Prima de Navidad, Prima de productividad, Prima de bonificación por servicios prestados, Cesantías, Intereses de las Cesantías, aportes al sistema de Seguridad Social Integral en salud, Pensión, y demás emolumentos percibidos, tomados como factor salarial para ello, el 100% de la bonificación judicial reconocida median te el Decreto 383 del 6 de marzo de 2013, la cual viene percibiendo el señor JOSE ANDRES GUAYARA SALCEDO de manera mensual e ininterrumpida desde el 1 de Enero de 2013, y que hasta la fecha solo ha sido tenida en cuenta como factor salarial para las cotiza ciones al Sistema de Seguridad Social integral.

c) Que se continúe pagando la bonificación judicial como factor constitutivo de salario, así como todas sus incidencias en las prestaciones sociales y salariales devengadas por el señor JOSE ANDRES GUAYARA SALC EDO, mientras permanezca vinculada como empleada de la Rama Judicial.

todas sus incidencias en las prestaciones sociales y salariales devengadas por el señor JOSE ANDRES GUAYARA SALC EDO, mientras permanezca vinculada como empleada de la Rama Judicial.

d) Que como consecuencia de lo anterior, los dineros reconocidos sean debidamente indexados y actualizados de acuerdo al índice de precios al consumidor, con el reconocimiento de intereses moratorios a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y hasta el día en que efectivamente se produzca el pago de esa condena. Esta solicitud la hago con base en el artículo 192 y ss. Del C.P.A.CA. (Ley 1437 de 2011.)

QUINTA: Lo que en su facultad extra y ultra petita, favorezca los derechos salariales y prestacionales reclamados a nombre del señor JOSE ANDRES GUAYARA SALCEDO y se encuentren en este caso.73001-33-33-012-2018-00220-02

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SEXTA: Ordénese el pago de las costas procesales en caso de oposición a l a presente demanda, incluidas las agencias en derecho que se generen por el trabajo realizado.

2. Fundamentos fácticos2

Como fundamento de sus pretensiones, el apoderado de la parte accionante expuso los hechos que son susceptibles de sintetizarse, así:

1. Que el señor José Andrés Guayara Salcedo se encuentra vinculado a la Rama Judicial desde el día 01 de septiembre de 1999, ocupando, al momento de

hechos que son susceptibles de sintetizarse, así:

1. Que el señor José Andrés Guayara Salcedo se encuentra vinculado a la Rama Judicial desde el día 01 de septiembre de 1999, ocupando, al momento de otorgar el poder, el cardo de Citador en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Guayabal – Tolima.

2. Que en la Ley 4 de 1992, se establecieron los criterios y objetivos mediante los cuales cada año el Gobierno Nacional modificará el sistema salarial de los empleados de la Rama Judicial, entre otros, lo cual viene haciendo anualmente mediante la expedición de decretos.

3. Con base en la mencionada Ley y como producto de la negociación adelantada entre los trabajadores judiciales y el Gobierno Nacional, se expidió el Decreto 383 del 6 de marzo de 2013, creando una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial.

4. La Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué, de manera mensual, habitual, periódica e ininterrumpida desde el mes de enero de 201 3, le viene cancelando al demandante una bonificación judicial por sus servicios prestados, reconocida mediante Decreto 383 del 6 de marzo de 2013.

5. La norma anteriormente citada, despoja a la bonificación judicial de su carácter salarial, impidiendo que se tenga en cuenta para la liquidación de todos los derechos salariales y prestacionales que el poderdante ha recibido desde el 1° de enero del año 2013 a la fecha, en la medida que al ser un factor salarial debe tenerse en cuenta para liquidar todos sus derechos prestacionales como lo son

derechos salariales y prestacionales que el poderdante ha recibido desde el 1° de enero del año 2013 a la fecha, en la medida que al ser un factor salarial debe tenerse en cuenta para liquidar todos sus derechos prestacionales como lo son las Primas de Servicios, Primas de Vacaciones, Primas de Navidad, Primas de Productividad, Primas de bonificación p or servicios prestados, Cesantías, intereses de las Cesantías y demás emolumentos percibidos.

6. Así las cosas la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué, desconoce plenamente la definición jurídica de salario, que consiste en todas las sumas que habitual y periódi camente recibe el empleado como contraprestación por su labor, que equivale a todo lo deveng ado por el empleado o trabajador como consecuencia directa o indirecta de su relación laboral, comprende entonces, los

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sueldos, primas, bonificaciones y demás recon ocimientos que se hagan directa o indirectamente por causa o por razón del trabajo o empleo sin ninguna excepción; de esta manera la entidad accionada está desconociendo derechos laborales a mi representado, a los cuales tiene pleno derecho y goce de los mismos.

7. El día 28 de agosto de 2017 se remitió reclamación ante la Dirección Ejecutiva

laborales a mi representado, a los cuales tiene pleno derecho y goce de los mismos.

7. El día 28 de agosto de 2017 se remitió reclamación ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué solicitando se tenga la bonificación judicial reconocida mediante Decreto 383 del 6 de marzo de 2013 como factor salarial para todos los efectos legales.

8. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué mediante acto administrativo con radicado DESAJIBO17-3633 de fecha 26 de septiembre de 2017, y notificado personalmente el 12 de octubre de 2017, dio respuesta negativa a lo solicitado.

9. En razón de la negativa, el 13 de octubre de 2017, estando dentro del término oportuno parta tal, se presentó recurso de apelación contra el acto administrativo antes citado.

10. El recurso de apelación propuesto, a la fecha de presentación de la demanda no ha sido resuelto por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué, configurándose el silencio administrativo negativo.

11. Se adelantó el procedimiento de conciliación extrajudicial frente a la Procuraduría Provincial de Ibagué, la cual no fue posible llevar a cabo, como quiera que ya habían transcurrido los tres (3) meses siguientes a la presentación de la solicitud.

3.- Contestación de la demanda3.

Dentro del término legal conferido el apoderado de la parte accionada descorrió traslado de la demandada, oponiéndose a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones.

3.- Contestación de la demanda3.

Dentro del término legal conferido el apoderado de la parte accionada descorrió traslado de la demandada, oponiéndose a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones.

Guarda silencio en lo relativo a los cargos desempeñados por el actor al interior de la Nación – Rama Judicial y lo reconocido por el Decreto 383 de 2013 frente a la periodicidad mensual de la bonificación y que, solo constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Apoyado en distintos apartes jurisprudenciales manifiesta que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales, como agentes del Estado y garantes del

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principio de legalidad, están sometidas al imperio de la ley y obligadas a aplicar el derecho vigente al tenor literal de su redacción, dándole estricto cumplimiento.

De manera que sobre la pretensión de los servidores judiciales dirigida a que se les reconozca como factor salarial para todos los efectos legales la Bonificación Judicial contemplada en el Decreto 383 de 2013, modificado por el 1269 de 2015, y que como consecuencia se les reliquide desde el 01 de enero de 2013 hasta la fecha y en adelante

contemplada en el Decreto 383 de 2013, modificado por el 1269 de 2015, y que como consecuencia se les reliquide desde el 01 de enero de 2013 hasta la fecha y en adelante todas las primas y prestaciones sociales como son: “…a) Prima de Servicios, b) Prima de P roductividad, c) Prima de Vacaciones, d)Vacaciones, e) Prima de Navidad, f) Bonificación por servicios prestados, g) Cesantías e intereses a las cesantías, h) y demás emolumentos que por constitución, ley o reglamento le correspondan a funcionarios y empleados de la rama judicial.…”, es preciso afirmar con total seguridad, que la Administración Judicial ha venido aplicando correctamente el contenido de las citadas prescripciones legales, en cumplimiento además de la formalidad consagrada en su artículo 3º, razón por la que no accederá a lo solicitado, pues si lo hiciera claramente estaría desacatando el ordenamiento legal vigente, con las consecuencias penales, fiscales y disciplinarias que una decisión en ese sentido conlleva.

Aunado a esto, propone como medio exceptivo el que llamó “Inexistencia de perjuicios” y la innominada.

4.- La sentencia apelada4

Lo es la providencia proferida el 28 de junio de 2024, mediante la cual el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva accedió a las pretensiones de la demanda.

Analizada la normatividad aplicable al caso en concreto, el Juzgado de instancia acreditó que, el señor José Andrés Guayara Salcedo se encuentra vinculado a la Rama Judicial desde el 1° de septiembre de 1999, y a la fecha de la certificación laboral,

acreditó que, el señor José Andrés Guayara Salcedo se encuentra vinculado a la Rama Judicial desde el 1° de septiembre de 1999, y a la fecha de la certificación laboral, ocupaba el cargo de oficial mayor circuito en el Juzgado 5° de Ejecución de Penas y Medidas de Ibagu é. Así como también, se encontró probado que ha devengado la bonificación judicial creada por disposición del Decreto 383 de 2013, y que, el 28 de agosto de 2017 solicitó la reliquidación de las prestaciones sociales con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial.

Señaló el a-quo que, dando aplicación al precedente vertical, y en una interpretación amplia de los derechos de los trabajadores; el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (que ordenó la nivelación salarial para todos los servidores de la Rama Judicial y por el cual se profirió el decreto 383 de 2013), no restringió ni limitó el carácter prestacional de la bonificación judicial, que devengan los empleados y funcionarios de la Rama Judicial, a partir del año 2013. Por tanto, se colige que el ejecutivo excedió su facultad reglamentaria, pues al desarrollar el contenido de la Ley que reglamenta, desbordó los limites previamente establecidos, al excluir la bonificación salarial para liquidar las prestaciones sociales de sus beneficiarios. Porque como se señaló,

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desconoció que esa nivelación debía realizarse atendiendo criterios de equidad, y no, desmejorando los salarios y prestaciones sociales de sus beneficiarios.

Vale resaltar que la bonificación judicial tuvo por finalidad nivelar los salarios de los empleados y jueces fr ente a las asignaciones de los Magistrados de Tribunal y Altas Cortes, regidos por la misma Ley 4 de 1992. En tal virtud, al solo haberse establecido como factor salarial para la base de cotización del sistema de seguridad social en pensiones y salud, es e vidente la transgresión de derechos fundamentales de los trabajadores, pues con ese tipo de decisiones administrativas, se desconocen los principios mínimos fundamentales de las relaciones laborales.

En virtud de esto, dicha norma se torna inconstitucion al e ilegal; y en aplicación de los principios pro homine , remuneración mínima vital y móvil, favorabilidad, irrenunciabilidad a derechos laborales, equidad y los principios rectores establecidos en el artículo 53 de la constitución política, se declarará la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad respecto de la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud ” contenida en el artículo 1° d el decreto 383 de 2013 , porque contrario a lo que afirma la demandada, la bonificación judicial también constituye factor salarial para la base de liquidación de las prestaciones sociales.

decreto 383 de 2013 , porque contrario a lo que afirma la demandada, la bonificación judicial también constituye factor salarial para la base de liquidación de las prestaciones sociales.

Finalmente, declaró la existencia del acto ficto negativo derivado el silencio administrativo, en los términos del artículo 86 de la Ley 1437 de 2011 , y declaró su nulidad, accediendo a las pretensiones de la demanda , invalidando los actos administrativos demandados , ordenando incluir la bonificación judicial co mo factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales.

5. Recurso de apelación5.

Inconforme con la decisión adoptada por el Juzgado de primera instancia, el apoderado judicial de Nación – Rama Judicial - Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué – DEAJ, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia fechada el 28 de junio de 2024 , por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, pues considera que los argumentos y consideraciones esbozadas por el Juez, no se adecuan a lo establecido en el Decreto 383 de 2013.

El recurrente indica como fundamentos de su disenso, los siguientes:

“En cuanto al numeral QUINTO de la parte resolutiva, la Rama Judicial - Dirección seccional de Administración Judicial de Ibagué, se opone, puesto, que los Oficio No. DESAJIBO173633 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017, emanado por el director Seccional, corresponde a un acto administrativo dictado bajo los parámetros de orden legal. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales, como agentes del Estado y garantes del principio

un acto administrativo dictado bajo los parámetros de orden legal. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales, como agentes del Estado y garantes del principio de legalidad, están sometidas al imperio de la ley y obligadas a aplicar el derecho vigente al tenor literal de su redacción, dándole estricto cumplimiento.

5 Índice de descarga 27 SAMAI. Fls. 1 a 7.73001-33-33-012-2018-00220-02 0932-2024 Nulidad y restablecimiento del derecho José Andrés Guayara Salcedo Vs. Nación-Rama Judicial-Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué – DEAJ.

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En cuanto al numeral SEXTO, No es posible extender la bonificación, puesto que esta NO constituye factor salarial, tal como lo exponen los Decretos 383 y 1269 de 06 de mayo de 2013 y 09 de junio de 2015, por lo que gozan de legalidad y a la fecha están vigentes. Por lo tanto, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, se encuentra impedida para realizar cálculos o reajustes distintos a los estrictamente autorizados por el nivel central, con base a las disposiciones y lineamientos otorgado por el Gobierno Nacional.

Es preciso afirmar con total seguridad, que la Dirección Seccional de Administración Judici al de Ibagué ha venido aplicando correctamente el contenido de las citadas prescripciones legales, en cumplimiento además de la formalidad consagrada en su artículo 3º, razón por la que no accederá a lo solicitado, pues si lo hiciera claramente estaría des acatando el ordenamiento legal vigente, con las consecuencias penales, fiscales y disciplinarias que una decisión en ese sentido conlleva.

que no accederá a lo solicitado, pues si lo hiciera claramente estaría des acatando el ordenamiento legal vigente, con las consecuencias penales, fiscales y disciplinarias que una decisión en ese sentido conlleva.

Al Honorable Tribunal, solicitamos se revoque o modifiquen los numerales como el SEXTO, en los que se están concedie ndo derechos y fallos ultra y extra petita, le está vedado al juez administrativo conceder dichos efectos, mismos que solo se han otorgado al juez constitucional.”.

En suma, señala que de conformidad a los Decretos 383 de 2013 y 1269 de 2015, la bonificación judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Así como también, que tanto sentencias de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado han plasmado su posición, la cual se circunscribe a ratificar la potestad que tiene el legislador, por mandato constitucional, de disponer que determinados conceptos salariales se liquiden sin consideración al monto total del salario del servidor público, sin que ello implique omisión o un incorrecto desarrollo de los deberes.

Finalmente, concluye que contar con la respectiva disponibilidad presu puestal que dé cuenta de la existencia de los recursos necesarios para asumir el gasto y cumplir con las obligaciones que le impongan la ley o las sentencias judiciales, la administración judicial está impedida para generar o disponer reconocimientos y pagos de nivelaciones salariales o prestacionales. Si así lo hiciera estaría desacatando el ordenamiento legal vigente, con las consecuencias disciplinarias, fiscales y penales de una decisión en ese sentido.

salariales o prestacionales. Si así lo hiciera estaría desacatando el ordenamiento legal vigente, con las consecuencias disciplinarias, fiscales y penales de una decisión en ese sentido.

Por todo lo expuesto, solicita sea el revocado el fallo objeto de impugna.

III. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA Por auto del 15 de octubre de 2024 se admitió 6 el recurso impetrado por el apoderado judicial de la parte demandada, sin que ninguno de los sujetos procesales se hub iera manifestado sobre el mismo7, y como quiera que no se requirió la práctica de pruebas, y que dentro del término de ejecutoria del auto que admitió el recurso de alzada no se

6 Índice de descarga 31 SAMAI. Fls. 1 a 3. 7 Índice de descarga 33 SAMAI. Fl. 1.73001-33-33-012-2018-00220-02 0932-2024 Nulidad y restablecimiento del derecho José Andrés Guayara Salcedo Vs. Nación-Rama Judicial-Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué – DEAJ.

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presentaron alegatos de cierre, se dispuso a dar cumplimiento a lo previsto en el numeral 5 del Artículo 247 del C.P.A.C.A., por el artículo 76 de la Ley 2081 de 021

IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

1. Sobre la competencia Es competente esta Colegiatura para desatar la impugnación contra la sentencia de primer grado, según voces de los arts. 153 y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir en su orden que

Es competente esta Colegiatura para desatar la impugnación contra la sentencia de primer grado, según voces de los arts. 153 y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir en su orden que corresponde a los Tribunales Administrativos en segunda instancia conocer de las apelaciones contra las sentencias de primera instancia dictadas por l os jueces; asimismo, que son apelables las sentencias de primera instancia proferidas por los jueces administrativos.

2. Problema jurídico.

Se debe establecer si el acto administrativo enjuiciado infringió las normas Constitucionales y legales invocadas e n el libelo introductorio, en cuanto negó al accionante el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales (primas, vacaciones, cesantías y demás), liquidadas incluyendo la bonificación judicial devengada a partir del 01 de enero de 2013, o si, por el contrario, las mismas fueron reconocidas y canceladas conforme a derecho.

Previo a resolver el problema jurídico arriba expuesto, considera pertinente este Colectivo, traer a colación las disposiciones legales que regulan el reconocimiento de la bonificación judicial objeto de debate,

3. Marco normativo y jurisprudencial.

3.1. Régimen salarial y prestacional de los empleados de la Rama Judicial.

La Constitución Política de Colombia en su artículo 150 numeral 19 literal e) consagra como atribución del Congreso de la República, la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos; en desarrollo de dicha normativa fue expedida la ley 4 de 1992, la cual en su artículo 1° dispuso que correspondía al Gobierno Nacional, dentro de los m arcos establecidos en esa ley, fijar el régimen salarial y

la ley 4 de 1992, la cual en su artículo 1° dispuso que correspondía al Gobierno Nacional, dentro de los m arcos establecidos en esa ley, fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados del Gobierno Nacional, entre ellos, los de la Rama Judicial.

En virtud de lo contemplado en la Ley 4 de 1992, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 57 de 1993 " Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones", y en sus artículos 1 y 2 dispuso:73001-33-33-012-2018-00220-02 0932-2024 Nulidad y restablecimiento del derecho José Andrés Guayara Salcedo Vs. Nación-Rama Judicial-Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué – DEAJ.

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"ARTICULO lo. El régimen salarial y prest acional establecido en el presente Decreto será de obligatorio cumplimiento para quienes se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia del mismo y no se tendrá en cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las ramas del Poder Público, organismos o instituciones del Sector Público.

ARTICULO 2o. Los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar podrán optar por una sola vez, antes del 28 de febrero de 1993, por el régimen salarial y prestacional establecido en el presente Decreto. Los servidores públicos que no opten por el régimen aquí establecido continuarán rigiéndose por lo dispuesto en las normas legales vigentes a la fecha”.

1993, por el régimen salarial y prestacional establecido en el presente Decreto. Los servidores públicos que no opten por el régimen aquí establecido continuarán rigiéndose por lo dispuesto en las normas legales vigentes a la fecha”.

Del precepto normativo transliterado se infiere que para los empleados de la Rama Judicial existen dos sistemas de remuneración: i) el primero, hace referencia al sistema de acogidos y se aplica para todos aquellos que se vincularon a partir de la entrada en vigencia del referido decreto, esto es a partir del 07 de enero de 1993 y también para aquellos funcionarios que ya venían vinculados y que decidieron acogerse a dicho régimen antes del 28 de febrero del mismo año; y ii) un segundo régimen correspondiente al de no acogidos, que aplica para aquellos que se encontraban vinculados con anterioridad a la vigencia del dicha norma y no manifestaron optar por este última, razón por la cual dichos servidores continuaron bajo el amparo de las disposiciones anteriores.

De otra parte, la citada disposición en su artículo 14 dispuso:

“ARTICULO 14: El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General

Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero