TA VAL - Sentencia 76001-33-33-002-2019-00163-01 (06-02-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADA PONENTE: LUZ ELENA SIERRA VALENCIA

Procede esta Corporación en Sala Fija Jurisdiccional de Decisión Oral No. 4, a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia No. 204 del 12 de diciembre de 2022, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cali, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. PRETENSIONES

El señor JUAN CARLOS VERGARA ARANGO, por intermedio de apoderado judicial presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, pidiendo se les declare administrativamente responsables por los perjuicios que le fueron causados como consecuencia de la privación de la libertad presuntamente injusta a la que fue sometido desde el 13 de juli o de 2016 hasta el 01 de junio de 2017.

2. HECHOS

La Sala se permite sintetizar los hechos de la demanda, así:

Que la Universidad Autónoma de Occidente, mediante apoderado, presentó denuncia contra el señor Juan Carlos Vergara Arango por haber iniciado acción de prescripción adquisitiva extraordinaria de predio suburbano.

Que la denuncia se tramitó bajo el radicado de noticia criminal No. 76001 6000 193 2008

el señor Juan Carlos Vergara Arango por haber iniciado acción de prescripción adquisitiva extraordinaria de predio suburbano.

Que la denuncia se tramitó bajo el radicado de noticia criminal No. 76001 6000 193 2008 91251, en la cual se indicó que la Universidad Autónoma de Occidente, adquirió mediante dación en pago el derecho real de dominio del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 370608778, lote de terreno con área de 10.539,26 metros cuadrados, localizado en el Callejón Tissot del municipio de Yumbo; y que desde marzo del 2000, la referida universidad realiza actos de señor y dueño, como el pago del impuesto predial y la realización de avalúos, ejerciendo así su derecho real de dominio.

MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA EXPEDIENTE: 76001-33-33-002-2019-00163-01

DEMANDANTE: JUAN CARLOS VERGARA ARANGO

alorar34@hotmail.com; cadoscharriab@hotmail.com

DEMANDADO: NACIÓNRAMA JUDICIAL

dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co ASUNTO SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIATribunal Administrativo del Valle del Cauca Página 2 de 25 Proceso No 76001-33-33-002-2019-00163-01 Reparación Directa Juan Carlos Vergara Arango Vs Rama Judicial y Fiscalía

Que en la denuncia se señaló que el 10 de febrero de 2008, el señor Juan Carlos Vergara Arango actuando a través de apoderado, instauró demanda ordinaria de prescripción

Juan Carlos Vergara Arango Vs Rama Judicial y Fiscalía

Que en la denuncia se señaló que el 10 de febrero de 2008, el señor Juan Carlos Vergara Arango actuando a través de apoderado, instauró demanda ordinaria de prescripción adquisitiva extraordinaria de predio suburbano respecto del inmueble de la Universidad Autónoma “alegando hechos contrarios a la realidad” como el sembrado de cilantro, maíz y zapallo, así como el pastoreo de ganado lechero de su propiedad.

Que el 05 de mayo de 2008, la Fiscalía General de la Nación ordenó el archivo de las diligencias bajo los supuestos del artículo 79 del C.P.P.; sin embargo, por argumentos presentados por la Universidad Autónoma de Occidente se decidió reabrir la investigación, ordenando labores de Policía Judicial a fin de corroborar los argumentos expuestos por la parte denunciante, hallándose elementos que conllevaron a la imputación de cargos contra el señor Juan Carlos Vergara Arango, por los delitos de Fraude Procesal.

Que el 21 de septiembre de 2011, ante el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, se llevó a cabo audiencia de formulación de acusación contra el señor Juan Carlos Vergara en calidad de autor del delito de Fraude Procesal consagrado en el artículo 453 del C.P.; y el 06 de agosto de 2012, se celebró audiencia preparatoria en la cual el juez de conocimiento se declaró impedido para seguir conociendo del proceso por mantener una amistad íntima con el defensor del entonces procesado.

Que los días 06 de agosto, 06 y 13 de noviembre de 2013, 25 de agosto y 20 de octubre de

mantener una amistad íntima con el defensor del entonces procesado.

Que los días 06 de agosto, 06 y 13 de noviembre de 2013, 25 de agosto y 20 de octubre de 2015, 04 de abril y 23 de mayo de 2016, se llevó a cabo audiencia de Juicio Oral ante el Juzgado Tercero Penal del Circu ito con Funciones de Conocimiento, en las cuales se practicaron las pruebas.

Que la Juez Tercera Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, concluyó que el procesado presentó en la demanda hechos que no compaginaban con la realidad, induciendo en error al juez civil, materializando así el delito de fraude procesal, según las siguientes consideraciones:

“a) Que la dueña legitima del predio es la Universidad Autónoma de Occidente, situación conocida por JUAN CARLOS VERGARA ARANGO, pues la demanda la dirigió contra la universidad, probándose que él tenía conocimiento de la ajenidad del bien, ocupándolo invasivamente.

b) Que, aunque en la demanda civil se establece que el procesado habría tomado pacíficamente el terreno aprox. desde el año 2.000, la fiscalía pudo acreditar que, desde su adquisición por la universidad, el predio fue visitado periódicamente por empleados de la empresa y firmas evaluadoras, quienes precisaron que el predio siempre permaneció desocupado, lo cual niega la presencia del proce sado y las actividades de ganadería y agricultura que realizaba.

c) Que, aunque al proceso concurrieran testigos del procesado, ex dueño y trabajadores del motel Love Story, el cual funcionaba contiguo al terreno de la

actividades de ganadería y agricultura que realizaba.

c) Que, aunque al proceso concurrieran testigos del procesado, ex dueño y trabajadores del motel Love Story, el cual funcionaba contiguo al terreno de la Universidad, quienes decían verlo re alizar sembrados y ganadería, no acreditaron su estadía en esa época por lo que sus manifestaciones pecan de manifiesta ambigüedad, pues no se infiere razonablemente que hayan sido testigos presenciales de las actividades de JUAN CARLOS VERGARA ARANGO.

d) Que, aunque los testigos de la defensa le atribuyen unas labores productivas en el área agrícola como cultivador de maíz, plátano, yuca, tomate, pepino, lulo. etc. Con fines comerciales, esa labor tiene grandes cuestionamientos para el juzgado, pues el acusado no presentó facturas de ventas de sus productos, no demostró los egresos que se tienen en la actividad agrícola, no expresó de dónde obtenía el agua, y en las fotografías del CTI se muestra un pobre cultivo de matas de plátanoTribunal Administrativo del Valle del Cauca Página 3 de 25 Proceso No 76001-33-33-002-2019-00163-01 Reparación Directa Juan Carlos Vergara Arango Vs Rama Judicial y Fiscalía

y frijol. Con todo esto quedando claro que están frente a un escenario artificioso para sustentar la demanda formulada.

e) El procesado no probó con documentos de compra y venta su oficio de ganadero.

f) Para concluir, para el juzgado es imposible que el procesado hubiera podido creer que un predio con esa privilegiada ubicación comercial y su valor millonario, podía ser un terreno sin dueño.”

f) Para concluir, para el juzgado es imposible que el procesado hubiera podido creer que un predio con esa privilegiada ubicación comercial y su valor millonario, podía ser un terreno sin dueño.”

Que el 08 de julio de 2016, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, mediante Sentencia No. 077, resolvió condenar al señor Juan Carlos Vergara Arango a la pena de 6 años de prisión y multa de 200 SMLMV, e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 5 años, como autor del delito de Fraude Procesal , e igualmente, se le concedió el subrogado de la prisión domiciliaria.

Que inconforme con la anterior decisión, la defensa del señor Vergara Arango interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Superior del Cali – Sala Penal, quien, a través de la Sentencia del 01 de junio de 2017, resolvió revocar la Sentencia No. 077 del 08 de julio de 2016, para en su lugar absolver al procesado y ordenar su libertad inmediata, bajo el argumento de que la conducta es atípica.

Que la Juez de primera instancia dentro del proceso penal consideró que los testimonios de la defensa eran falaces y las pruebas aportadas permitían inferir que el procesado de manera dolosa pretendía hacer incurrir en error al Juez Civil y como consecuenc ia, obtener una sentencia favorable.

Que el señor Juan Carlos Vergara Arango estuvo injustamente privado de la libertad desde el 13 de julio de 2016 hasta el 01 de junio de 2017, como consecuencia de la falla en el servicio por parte de las entidades dem andadas, lo cual generó perjuicios materiales e

el 13 de julio de 2016 hasta el 01 de junio de 2017, como consecuencia de la falla en el servicio por parte de las entidades dem andadas, lo cual generó perjuicios materiales e inmateriales a la parte actora.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

3.1. RAMA JUDICIAL1

La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, al considerar que todas las actuaciones surtidas al interior del proceso penal al que se vio enfrentado el demandante, fueron desarrolladas en apego de las normas sustantivas y procesales vigentes.

Señala que, el error jurisdiccional únicamente se presenta cuando las decisiones judiciales carecen de justificación o argumentación jurídica, es decir, no tienen respaldo normativo ni jurisprudencial, sino que son proferidas caprichosamente por el agente judicial, circunstancias que no se present aron en el presente caso, así como tampoco una falla del servicio o defectuoso funcionamiento por parte de la administración de justicia.

3.2. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN2

El apoderado de la mencionada entidad contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de sus pretensiones, bajo la consideración de que corresponde al Fiscal solicitar la imposición de la medida de aseguramiento si considera que los elementos materiales probatorios puestos a su disposición son suficientes para ello, pero en todo caso, la decisión de privar o no de la

1 Folios 35 y siguientes del expediente digital de primera instancia – parte 2. 2 Folios 45 y siguientes del expediente digital de primera instancia – parte 2.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Página 4 de 25

1 Folios 35 y siguientes del expediente digital de primera instancia – parte 2. 2 Folios 45 y siguientes del expediente digital de primera instancia – parte 2.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Página 4 de 25 Proceso No 76001-33-33-002-2019-00163-01 Reparación Directa Juan Carlos Vergara Arango Vs Rama Judicial y Fiscalía

libertad al imputado recae exclusivamente en el Juez con Funciones de Control de Garantías quien cuenta con plena autonomía para ello, según el procedimiento establecido en la Ley 906 de 2004.

Finalmente señala que, la privación de la libertad a la que fue sometido el señor Vergara Arango (detención domiciliaria) , obedeció a los elementos materiales probatorios y la evidencia física recaudados por el ente acusador, que permitieron establecer para ese momento procesal su probable intervención en los hechos investigados, en el entendido que pretendió a través de actos fraudulentos, hacer incurrir en error al funcionario competente de la jurisdicción civil, tendiente a la obtención de un bien inmueble, a través de un proceso de prescripción adquisitiva extraordinaria, situación que permite colegir que nos encontramos ante un evento denominado como Culpa Exclusiva de la Víctima.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, mediante Sentencia No. 204 del 12 de diciembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda, bajo la consideración de que no se aportaron los audios de las diligencias celebradas ante el Juez de Control de Garantías que permitan establecer las circunstancias que fundamentaron la medida de aseguramiento.

consideración de que no se aportaron los audios de las diligencias celebradas ante el Juez de Control de Garantías que permitan establecer las circunstancias que fundamentaron la medida de aseguramiento.

5. RECURSO DE APELACIÓN4

El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, para lo cual argumenta que, contrario a lo considerado con el A quo, en el expediente sí obran pruebas que permiten determinar la responsabilidad de las entidades demandadas, tales como las actas de audiencias , y sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro del proceso penal ; y adicionalmente, sostiene que, la carga dinámica de la prueba corresponde a las entidades demandadas, quienes no aportaron ni solicitaron el decreto de prueba alguna.

Considera que, el Juez de Primera Instancia incurrió en error de verificación y estudio del presente proceso, teniendo en cuenta que, el señor Juan Carlos Vergara Arango fue privado de la libertad y condenado en cumplimiento del fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cali con Funciones de Conocimiento, y no por los Juzgados de Control de Garantías, connotación que difiere de la edificación y argumentación de la sentencia recurrida, pues en la misma se debió referir específicamente a lo manifestado en la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Cali, que demuestra la falla del servicio por error judicial, sin que se hubiera demostrado que dentro del proceso civil actuó con culpa grave o dolo.

Señala que, conforme se indica en la parte motiva de la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso penal, la Fiscalía General de la Nación no cumplió con su deber

del proceso civil actuó con culpa grave o dolo.

Señala que, conforme se indica en la parte motiva de la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso penal, la Fiscalía General de la Nación no cumplió con su deber constitucional de investigar los hechos que revistan las características de un delito (artículo 250 de la C.P.), y por el contrario, acusó al aquí demandante de ser un usurpador ilegítimo de tierras que acudió a las instancias judiciales instaurando una de manda de prescripción adquisitiva de predio suburbano con medios fraudulentos y ajenos a la realidad, con la finalidad dolosa de hacer incurrir en error al Juez Civil para obtener sentencia favorable.

Refiere que, a lo largo del proceso penal se logró probar la atipicidad de la conducta, pues la Juez de Conocimiento restó credibilidad a los testimonios de la defensa en el juicio oral, señalando que los testigos no acreditaron su estadía para la época de los hechos, lo que le

3 Índice 30 del aplicativo Samai - Expediente digital de primera instancia – parte 3. 4 Ibídem.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Página 5 de 25 Proceso No 76001-33-33-002-2019-00163-01 Reparación Directa Juan Carlos Vergara Arango Vs Rama Judicial y Fiscalía

permitía inferir que no fueron testigos presenciales de las actividades desarrolladas por el señor Vergara Arango en el predio, y que si bien en sus declaraciones indicaron que las labores productivas en el área agrícola tenían fines comerciales, el aquí demandante no presentó las respectivas facturas de venta ni los egresos que se tienen por el desarrollo de dicha actividad, concluyendo entonces que, se estaba ante un escenario artificioso para

labores productivas en el área agrícola tenían fines comerciales, el aquí demandante no presentó las respectivas facturas de venta ni los egresos que se tienen por el desarrollo de dicha actividad, concluyendo entonces que, se estaba ante un escenario artificioso para sustentar la demanda formulada.

Considera el recurrente que lo anterior, viola el principio de libertad probatoria que establece el artículo 357 de la Ley 906 de 2004, que establece que las partes pueden probar sus pretensiones a través de los medios lícitos que libremente decidan.

Aduce que, la Juez de Conocimiento también cuestionó la buena fe del procesado por no probar con documentos la compra y venta que sustentaran su oficio ganadero, sin tener en cuenta que en el Sistema Penal Acusatorio, los documentos pasan a un segundo plano y la actuación procesal será netamente oral según lo dispone el artículo 9º de la Ley 906 de 2004.

Manifiesta que, la Juez de primera instancia para condenar al señor Vergara Arango, partió de supuestos indemostrados y que contradicen lo realmente probado, al dar le total credibilidad y peso a los testigos de la Fiscalía, cuando consideró que los funcionarios de la Universidad Autónoma de Occidente realizaban visitas periódicas, pues todas las visitas se realizaron a partir de 2008 y el procesado tomó posesión del terreno desde el año 2000, sin tener en cuenta que unos testigos indicaron que solo fueron una vez, otro dijo que no conocía el lote y, otro que ni siquiera entró al terreno.

Considera que “También erró la jueza cuando consideró que mi poderdante ocupó co n un accionar “claramente invasivo’’. Esto se trata de una afirmación contraria a la realidad probatoria

Considera que “También erró la jueza cuando consideró que mi poderdante ocupó co n un accionar “claramente invasivo’’. Esto se trata de una afirmación contraria a la realidad probatoria porque, la Sala Civil del Tribunal, en la sentencia de segunda instancia del proceso, precisó todo lo contrario cuando consideró “ Es cierto que el demandante ingresó a un predio comprensivo del lote en cuestión, no como un invasor, ni derrumbando cercos, sin problemas, sin hallar obstáculos físicos ni humanos’’ (folio 267 del proceso en mención).”

Finalmente señala que, en el presente asunto resulta aplicable el régimen de responsabilidad objetivo, teniendo en cuenta que para la fecha en que se presentó la demanda no se había expedido la sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado – Subsección B, que dejó sin efectos la Sentencia de Unificación Jurisprudencial del 17 de octubre de 2013.

6. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA - PRONUNCIAMIENTOS DE LAS PARTES EN

ESTA INSTANCIA

Concedido el recurso de apelación por parte del a quo mediante Auto No. 370 del 10 de abril de 2023, fue admitido en esta instancia con Auto de fecha 30 de noviembre de 2023.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia antes referida, la apoderada de la Rama Judicial solicitó que de oficio se declare probada la excepción de pleito pendiente, teniendo en cuenta que, en el Juzgado Dieciocho Administrativo cursa proceso de reparación directa radicado bajo el número 76001 -33-33-018-2019-00182-00, donde el demandant e es el

en cuenta que, en el Juzgado Dieciocho Administrativo cursa proceso de reparación directa radicado bajo el número 76001 -33-33-018-2019-00182-00, donde el demandant e es el señor Juan Carlos Vergara Arango y Otros, por los mismos hechos y pretensiones del proceso que nos ocupa.

Por su parte, el apoderado de la parte actora allegó memorial indicando que, el señor Juan Carlos Vergara Arango desistió de las pretensiones incoadas dentro del proceso radicado 76001-33-33-018-2019-00182-00 que cursa en el Juzgado Dieciocho Administrativo , razón por la cual no resulta procedente la solicitud elevada por la entidad demandada. Así mismo,Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Página 6 de 25 Proceso No 76001-33-33-002-2019-00163-01 Reparación Directa Juan Carlos Vergara Arango Vs Rama Judicial y Fiscalía

remitió en archivo adjunto la sentencia proferida por el referido despacho judicial.

La Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. CUESTIÓN PREVIA - SOBRE LA EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE SUGERIDA

POR LA DEMANDADA RAMA JUDICIAL

Revisada la Sentencia No. 091 del 1º de diciembre de 2023, proferida por el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Cali, dentro del proceso de reparación directa radicado bajo el número 76001-33-33-018-2019-00182-00, advierte la Sala que, si bien la demanda fue presentada por los mismos hechos y pretensiones por varias personas incluido

radicado bajo el número 76001-33-33-018-2019-00182-00, advierte la Sala que, si bien la demanda fue presentada por los mismos hechos y pretensiones por varias personas incluido el señor JUAN CARLOS VERGARA ARANGO, sin embargo, en la audiencia inicial celebrada en el proceso antes referido, su apoderado judicial desistió de las pretensiones de la demanda por estar cursando el presente proceso.

Por lo anterior, no se configura la excepción sugerida por la entidad demandada Rama Judicial, resultando improcedente la excepción sugerida por su representante judicial.

2. COMPETENCIA

Este Tribunal es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia emitida en este proceso en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 del CPACA.

3. CONFLICTO JURÍDICO

En esta instancia la controversia se contrae a establecer, si debe confirmarse la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda por no haberse aportado los audios de las audiencias preliminares que permitieran establecer las circunstancias que fundamentaron la medida de aseguramiento; o si, por el contrario, conforme se indica en el recurso de apelación, las pruebas aportadas resultaban suficientes para declarar la responsabilidad de las entidades demandadas, teniendo en cuenta que, el daño alegado se produjo en cumplimiento del fallo de primera instancia proferido por la Juez Tercera Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, quien según las consideraciones realizadas por el Tribunal Superior de Cali – Sala Penal, incurrió en error al proferir una condena contra el señor Juan Carlos Vergara Arango por el delito de Fraude Procesal, sin que se hubiera demostrado que dentro del proceso civil actuó con culpa grave o dolo.

el Tribunal Superior de Cali – Sala Penal, incurrió en error al proferir una condena contra el señor Juan Carlos Vergara Arango por el delito de Fraude Procesal, sin que se hubiera demostrado que dentro del proceso civil actuó con culpa grave o dolo.

De igual forma, y solo en caso de considerarse la antijuridicidad del daño aleg ado, deberá establecerse qué entidad debe responder patrimonialmente.

4. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS EN LOS QUE SE

IMPUTA RESPONSABILIDAD POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD

El estudio que el tema amerita debe partir de la consideración de que, el Consejo de Estado mediante sentencia del 15 de agosto de 2018 5, unificó su jurisprudencia en torno al tema de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad en el sentido de precisar lo siguiente:

5 CONSEJO DE ESTADO. Sección tercera. Bogotá, 15 de agosto de 2018. Magistrado Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO. Proceso radicación No. 66001-23-31-000-2010-00235 01 (46.947), Actor: Martha Lucía Ríos Cortés y otros. Demandado: La Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Página 7 de 25 Proceso No 76001-33-33-002-2019-00163-01 Reparación Directa Juan Carlos Vergara Arango Vs Rama Judicial y Fiscalía

1.- Que en lo sucesivo, cuando se observe que el juez penal o el órgano investigador levantó la medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso cuando se

Juan Carlos Vergara Arango Vs Rama Judicial y Fiscalía

1.- Que en lo sucesivo, cuando se observe que el juez penal o el órgano investigador levantó la medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso cuando se encontró que el hecho no existió, que el sindicado no cometió el ilícito o que la conducta investigada no constituyó un hecho punible, o que la desvinculación del encartado respecto del proceso penal se produjo por la aplicación del principio in dubio pro reo, será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90 de la Co nstitución Política, esto es, identificar la antijuridicidad del daño.

2.- Que adicionalmente, deberá el juez verificar, imprescindiblemente, incluso de oficio, si quien fue privado de la libertad actuó, visto exclusivamente bajo la óptica del derecho civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.

3.- Que si el juez no halla en el proceso ningún elemento que le indique que quien demanda incurrió en esa clase de culpa o dolo, debe establecer cuál es la autoridad u organismo del Estado llamado a reparar el daño.

4.- Que el juez, en preponderancia de un juicio libre y autónomo y en virtud del principio iura novit curia , puede encaus ar el análisis del asunto bajo las premisas del título de imputación que considere pertinente, de acuerdo con el caso concreto y deberá manifestar de forma razonada los fundamentos que le sirven de base para ello.

No obstante, el mismo Consejo de Estado a través de sentencia de tutela6 dejó sin efectos

imputación que considere pertinente, de acuerdo con el caso concreto y deberá manifestar de forma razonada los fundamentos que le sirven de base para ello.

No obstante, el mismo Consejo de Estado a través de sentencia de tutela6 dejó sin efectos la referida sentencia de unificación, al considerar que no se había realizado un análisis adecuado del eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima al momento de efectuar el estudio de imputación de la privación injusta de la libertad en el caso concreto y, por lo tanto, ordenó a la Sub Sección respectiva que profiriera un nuevo fallo.

En cumplimiento de la referida orden de tutela el Consejo de Estado profirió una sentencia de reemplazo el 6 de agosto de 2020 7, en la que, si bien no se consignaron de nuevo las reglas de unificación anteriores, si fueron acogidas al momento de decidir , por lo que se concluye que siguen vigentes.

En concreto en esa nueva providencia se sostuvo que: “El hecho de que una persona resulte privada de la libertad dentro de un proceso penal que termina con sentencia absolutoria o con resolución de preclusión, no resulta suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que se debe determina r si la medida restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico imputable a la administración”.

A partir de la aludida unificación y su posterior sentencia de r eemplazo, la citada Corporación8 ha cambiado su postura en el sen tido de afirmar en cuanto al modelo de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta de la libertad, que la Constitución de 1991 no privilegió ningún título de imputación en particular, y que en aplicación del

Corporación8 ha cambiado su postura en el sen tido de afirmar en cuanto al modelo de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta de la libertad, que la Constitución de 1991 no privilegió ningún título de imputación en particular, y que en aplicación del

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, CP: Martín Bermúdez Muñoz, sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019, Radicación No. 11001-03-15-000-2019-00169-01. 7 C. de E. Sección Tercera. Sentencia de agosto 6 de 2020. Rad. No. 66001-23-31-000-2011-00235-01 (46.947).

CP. Dr. José Roberto Sáchica Méndez. 8 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUB SECCIÓN C.

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES. Bogotá D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Referencia: REPARACIÓN DIRECTA. Radicación: 52001233100020090002001 (53917). Demandante: EDILBERTO FABIÁN LEITON PANTOJA Y OTRO. Demandad o: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO. Tema: Privación injusta de la libertad. Indebida identificación e individualización de procesado.

Decreto Ley 2700 de 1991. Se acreditó un daño antijurídico.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Página 8 de 25 Proceso No 76001-33-33-002-2019-00163-01 Reparación Directa Juan Carlos Vergara Arango Vs Rama Judicial y Fiscalía

Proceso No 76001-33-33-002-2019-00163-01 Reparación Directa Juan Carlos Vergara Arango Vs Rama Judicial y Fiscalía

principio iura novit curia corresponde al juez de conocimiento definir frente a cada caso concreto, el régimen aplicable y la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que se habrá de adoptar. Así mismo que, los títulos de imputación aplicables por el juez deben guardar sintonía con la realidad probatoria que se presenta en el caso en particular, de manera que la solución que se ofrezca atienda realmente los principios constitucionales que rigen la responsabilidad extracontractual del Estado, así como a los fines y deberes de éste.

En este punto, la Sala recuerda que, en desarrollo de la cláusula general de responsabilidad contenida en la Constitución, mediante la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 (Rad.23354), el Consejo de Estado había diseñado un régimen de responsabilidad objetivo para estos casos, con el que se buscó proteger el derecho ambulatorio de las personas y el restablecimiento del desvalor patrimonial sufrido por quien fue objeto de la medida de restricción de la libertad, el que operaba cuando el sindicado recobraba el pleno goce de su derecho al resultar sobreseído o absuelto por alguno de los supuestos desarrollados por la jurisprudencia, supuestos que, se encontraban previstos en el artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991 – antiguo Código Penal -, cuya aplicación siguió considerándose procedente aun después de la derogatoria de