TA VAL - Sentencia 76001-33-33-008-2023-00016-01 (13-03-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SALA DE DECISIÓN

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Santiago de Cali, trece (13) de marzo dos mil veinticinco (2025)

RADICACIÓN No.: 76001-33-33-008-2023-00016-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

– ASUNTOS LABORALES

ACCIONANTE: MARIA EUGENIA DURANGO MORA

durangomariaeugenia@gmail.com abogada1lopezquinteroarmenia@gmail.com

DEMANDADO: FOMAG

procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co notjudicial@fiduprevisora.com.co notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co fomag@fiduprevisora.com.co

DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALISECRETARIA DE EDUCACION

notificaciones.tutelas@cali.gov.co

ASUNTO: Reconocimiento pensional – pensión por aportes

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT

La Sala de Decisión de esta Corporación procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia No. 201 del 9 de octubre de 2023, mediante la cual el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali negó las pretensiones de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

1.1.- LA DEMANDA La señora MARIA EUGENIA DURANGO MORA, actuando a través de apoderado judicial, presenta demanda contencioso administrativa en ejercicio del medio de

demanda.

I.- ANTECEDENTES

1.1.- LA DEMANDA La señora MARIA EUGENIA DURANGO MORA, actuando a través de apoderado judicial, presenta demanda contencioso administrativa en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, consagrado en el artículo 138 del CPACA, contra la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDOTribunal Administrativo del Valle del Cauca Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento Laboral / Rad. 2023-00016-01 2

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y del DISTRITO

ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

1.1.1.- La demandante eleva las siguientes PRETENSIONES:

Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 4143.010.21.0.00832 del 20 de febrero de 2023, por medio del cual niega el reconocimiento de la pensión de jubilación a la demandante, a la edad de 55 años y con el cumplimiento de 1.000 semanas de cotización, sin exigir el retiro definitivo del cargo docente.

Se condene a las entidades demandadas a que le reconozca y pague a la demandante una pensión de jubilación equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, anteriores al cumplimiento del status jurídico de pensionado, es decir, a partir del 30 de junio de 2021, por haber completado 1.000 semanas de aportes y 55 años de edad, sin exigir el retiro definitivo del cargo, para proceder a su cancelación.

Se ordene dar cumplimiento al fallo en los términos indicados en los artículos

de aportes y 55 años de edad, sin exigir el retiro definitivo del cargo, para proceder a su cancelación.

Se ordene dar cumplimiento al fallo en los términos indicados en los artículos 192 y 195 del CPACA, al pago de intereses moratorios, al pago de las mesadas atrasadas y al pago de costas del proceso.

Se condene en costas a las entidades demandadas de conformidad con el artículo 188 CPACA y el CGP.

1.1.2.- La demandante fundamentan su demanda en los siguientes HECHOS:

La señora María Eugenia Durango Mora nació el 30 de junio de 1967, por lo que en la actualidad cuenta con más de 55 años de edad.

La señora Durango Mora realizó aportes a COLPENSIONES y cuyos aportes como semanas de cotización se encuentran en 326.57 semanas, de las cuales para este proceso serán contabilizadas 318.57 semanas en virtud de que, por el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2004 al 30 de junio de 2004 y el periodo del 1 de julio de 2004 al 31 de julio de 2004, se encontraba cotizando al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

La demandante fue vinculada por orden y/o contrato de prestación de servicios No. 084 – 2000, en la Secretaría de Educación del Distrito de Santiago de Cali, como docente a partir del día 1 de septiembre del 2000 hasta el día 26 de octubre del 2000 y posteriormente, en provisionalidad, mediante resolución No. 0908 el día 6 de abril de 2004, en la Secretaría de Educación del Distrito de Santiago de Cali, como docente a partir del día 8 de junio de 2004 y hasta el día

octubre del 2000 y posteriormente, en provisionalidad, mediante resolución No. 0908 el día 6 de abril de 2004, en la Secretaría de Educación del Distrito de Santiago de Cali, como docente a partir del día 8 de junio de 2004 y hasta el día 16 de agosto de 2005.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento Laboral / Rad. 2023-00016-01 3

Señala que, una vez surtidos los trámites para el nombramiento en propiedad, mediante resolución No. 1951 del día 19 de agosto de 2005 fue vinculada a la docencia oficial al servicio de la Secretaría de Educación del Distrito de Santiago de Cali, a partir del 25 de agosto de 2005, y hasta la fecha de presentación de la presente demanda se desempeña como docente oficial en esta entidad.

Indica que la demandante, bajo la legislación establecida en la ley 812 de 2003, tendría derecho a la pensión de jubilación a la edad de 57 años, exigiéndole 1.300 semanas de cotización, pero se le exigía el retiro del cargo de docente oficial para que la cancelación de la pensión se hiciera efectiva en la nómina de pensionados, circunstancia que no obedece a la legalidad, pues una vez se decrete la nulidad del acto administrativo ficto demandado, debe reconocerse la pensión de jubilación por aportes, en compatibilidad con el salario de docente oficial.

1.1.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Ley 71 de 1988 Artículo 7. Ley 91 de 1989, Artículo 15 Numerales 1 y 2.

oficial.

1.1.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Ley 71 de 1988 Artículo 7. Ley 91 de 1989, Artículo 15 Numerales 1 y 2. Ley 60 de 1993. Artículo 6. Ley 115 de 1993. Artículo 115. Ley 100 de 1993. Artículo 279. Ley 812 de 2003. Artículo 81. Decreto 3752 de 2003. Art. 1 y 2.

Hace un recuento de la normatividad aplicable al caso y asevera que el acto administrativo demandado desconoce el contenido de las normas transitorias que en el presente asunto le resultan aplicables a la demandante, pues si bien es cierto que no contempló todas las posibilidades que pueden presentarse en la actividad laboral, sí queda claro que los docentes que logren acreditar requisitos de disposiciones aplicables al sector público, por haber realizado aportes antes del 26 de junio de 2003, se encuentran en las disposiciones vigentes aplicables antes de la entrada en vigencia del artículo 81 de la Ley 71 de 1988.

Que, al estar demostrado que la misma se encontraba vinculada antes del 23 de junio de 2003, incluso aportando al antiguo ISS, no puede el FOMAG desconocer el derecho de sus aportes realizados antes del 26 de junio de 2006; estos hacen parte del régimen de transición al que tiene derecho por ser docente del orden nacional, como aparece demostrado en las certificaciones anexas al presente proceso.

1.2.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1.2.1. - EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI presentó

docente del orden nacional, como aparece demostrado en las certificaciones anexas al presente proceso.

1.2.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 1.2.1. - EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI presentó contestación a la demanda, oponiéndose a las pretensiones de la misma , indicando que la entidad competente para efectuar el reconocimiento de laTribunal Administrativo del Valle del Cauca Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento Laboral / Rad. 2023-00016-01 4

pensión por aportes, siempre y cuando el tiempo de aportación continuo o discontinuo haya sido mínimo de 6 años, le corresponde a la última entidad a la que se encuentra afiliada, es decir, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Adicionalmente, adujo que la Secretaría de Educación solo cumple funciones administrativas; luego, la secretaría no tiene ninguna injerencia sobre los valores que por ley son reconocidos o descontados y que, por ende, se configura una falta de legitimación en la causa por pasiva.

Por otra parte, indicó que la demandante no es beneficiaria del régimen de transición, pues a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 tan solo contaba con 28 años de edad y tampoco contaba con los 15 años de servicio según lo acreditado en el reporte de historia laboral, que, por tal razón, la actora debía someterse a las reglas consagradas en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, para obtener la pensión deprecada (Ley 812 de 2003).

Finalmente, propuso como excepciones falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, buena fe, cobro de lo no debido,

Ley 797 de 2003, para obtener la pensión deprecada (Ley 812 de 2003).

Finalmente, propuso como excepciones falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, buena fe, cobro de lo no debido, prescripción, imposibilidad jurídica para cumplir lo pretendido e innominada.

1.2.2.- EL FOMAG presentó contestación a la demanda; dentro de este escrito manifestó que, una vez revisada la historia laboral de la demandante, se observó que la accionante se vinculó como docente en propiedad a partir del año 2015, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de

2003. Por ende, adujo que sus derechos pensionales son los del régimen de prima media con prestación definida establecidos en la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003.

Propuso como excepciones la inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido, legalidad del acto administrativo expedido y la genérica.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali, mediante sentencia No. 201 del 9 de octubre de 2023, negó las pretensiones de la demanda. Para ello, en primera medida, argumentó que el reporte de semanas cotizadas en Colpensiones por la actora, pese a haber ingresado a laborar como docente el 8 de junio de 2004, continuó cotizando en dicho fondo hasta el 31 de julio de 2004, existiendo entonces una simultaneidad de cotizaciones en el ISS y el FOMAG, entre el 8 de junio de 2004 y el 31 de julio de 2004.

2004, existiendo entonces una simultaneidad de cotizaciones en el ISS y el FOMAG, entre el 8 de junio de 2004 y el 31 de julio de 2004.

Por otra parte, indicó que de acuerdo a las pruebas que obran en el plenario, la nulidad del acto demandando, no tiene vocación para prosperar, pues señaló que los docentes cuya vinculación sea anterior al 27 de junio de 2003 tendrán derecho a adquirir la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, y que los docentes que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán acceder a la pensión de vejez contemplada en la Ley 812 de 2000. Por lo expuesto, concluyó que la señora Durango Mora , pese a que tuvo una serie de relacionesTribunal Administrativo del Valle del Cauca Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento Laboral / Rad. 2023-00016-01 5

contractuales con diferentes empleadores privados durante el periodo del 13 de enero de 1992 y el 30 de abril de 2004, laboró en una faceta distinta a la docencia; por ende, este periodo no sería tenido en cuenta.

A su vez, señaló que, debido a que la demandante se vinculó inicialmente como docente al Municipio de Santiago de Cali a través de órdenes de prestación de servicios que datan del 1 de septiembre del 2000 hasta el 26 de octubre de la misma anualidad, advirtió que estas no serían tenidas en cuenta para establecer el marco pensional aplicable, ya que la parte demandante no acreditó los aportes a pensión sobre estos tiempos, lo cual es de vital importancia, con el fin

misma anualidad, advirtió que estas no serían tenidas en cuenta para establecer el marco pensional aplicable, ya que la parte demandante no acreditó los aportes a pensión sobre estos tiempos, lo cual es de vital importancia, con el fin de que la entidad de previsión social pueda pagar sin detrimento patrimonial al sistema de pensiones.

Teniendo en cuenta lo anterior, indicó que la accionante se vinculó al servicio oficial docente el 8 de junio de 2004 por nombramiento, es decir, con posterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que dicha dependencia judicial concluyó que al caso sub examine le son aplicables las normas contenidas en la Ley 100 de 1993, junto con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003; además, argumentó que la demandante tampoco está amparada por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que para el 1 de abril de 1994, la señora Durango Mora tenía 27 años de edad y aproximadamente 2 años de servicios en el sector privado.

Finalmente, negó las pretensiones de la demanda y declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Distrito Especial de Santiago de Cali.

1.4.- EL RECURSO DE APELACIÓN La apoderada de la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión, señalando que el argumento del juzgado de primer grado no se ajusta a la realidad, ya que la juez descartó la vinculación que tuvo la demandante a través de orden y/o contrato de prestación de servicios, desconociendo lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 2709 de 1994 y también

grado no se ajusta a la realidad, ya que la juez descartó la vinculación que tuvo la demandante a través de orden y/o contrato de prestación de servicios, desconociendo lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 2709 de 1994 y también la vinculación oficial y los aportes realizados al ISS, hoy Colpensiones, que la señora María Eugenia Durango Mora realizó antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

Así mismo, señalo que, conforme a los certificados de cotizaciones aportados con la demanda, se puede establecer que la actora efectuó cotizaciones para cubrir el riesgo de vejez, de la siguiente manera:Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento Laboral / Rad. 2023-00016-01 6

Que, conforme a lo anterior, señaló que se puede observar que la demandante cumple con las 1000 semanas de cotización exigidas y se evidencia su vinculación laboral antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. Adicionalmente, indicó que la actora tuvo vinculaciones en el sector público como docente y cotizaciones en el sector privado por un periodo de 24 años, 6 meses y 14 días, que por ello su derecho pensional no debe estar al amparo del régimen pensional que regula a quienes laboraron exclusivamente en el sector público, sino que ha de remitirse a las previsiones de la Ley 71 de 1988, la cual permite la sumatoria de tiempos cotizados a diferentes cajas de previsión por la prestación de servicios de orden público y privado, como ocurre en el caso bajo

público, sino que ha de remitirse a las previsiones de la Ley 71 de 1988, la cual permite la sumatoria de tiempos cotizados a diferentes cajas de previsión por la prestación de servicios de orden público y privado, como ocurre en el caso bajo estudio.

En segundo lugar, señaló que la ley exige que la sentencia definitiva contenga el pronunciamiento sobre la condena en costas para la parte vencida, y que el Consejo de Estado ha establecido que el juez contencioso administrativo no puede condenar en costas a la parte demandante desconociendo la valoración de la conducta procesal asumida dentro del proceso. Sin embargo, adujo que se deben valorar aspectos objetivos respecto de la causación de las costas, tal como lo prevé el C.G.P., con el fin de dar aplicación a su artículo 365, que establece: “Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.

En último lugar, solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, que se acceda a las pretensiones aplicando lo dispuesto en la Ley 71 de 1988. Así mismo, respecto a la condena en costas, solicitó que se revoque y no se condene en costas pues adujo que la parte demandante nunca tuvo la voluntad de generar un desgaste del aparato judicial, sino que, por el contrario, siempre tuvo la expectativa de que sus pretensiones le fueran favorables.

1.5.- TRÁMITE EN LA SEGUNDA INSTANCIATribunal Administrativo del Valle del Cauca Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento Laboral / Rad. 2023-00016-01 7

1.5.- TRÁMITE EN LA SEGUNDA INSTANCIATribunal Administrativo del Valle del Cauca Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento Laboral / Rad. 2023-00016-01 7

El recurso de apelación fue admitido mediante auto Nro. 80 del 7 de marzo de

20241. En el trámite de la ejecutoria la PARTE DEMANDANTE2 se pronunció al respecto reiterando los argumentos expuestos tanto en la demanda como en el recurso de apelación presentado por la misma. Por su parte, las entidades demandadas guardaron silencio, así como el Ministerio Público.

Tramitada la segunda instancia y sin observarse causal de nulidad o irregularidad procesal que invalide la actuación, se procede a dictar sentencia, conforme a las siguientes,

II.- CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala dilucidar si el fallo proferido por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito judicial de Cali, a través del cual se negó las pretensiones de la demanda, se encuentra ajustado a derecho.

2.1.- PROBLEMA JURÍDICO El problema jurídico a resolver en esta instancia conforme al recurso de apelación formulado por la parte demandante, se contrae a determinar si la señora MARIA EUGENIA DURANGO MORA en su calidad de docente oficial, tiene derecho o no, a que el FOMAG le reconozca y pague una pensión de jubilación por aportes en los términos de la Ley 71 de 1988 a partir del 30 de junio de 2021, sin que se le exija el retiro del servicio por ser una prestación compatible con su salario docente; aunado a que, los contratos de prestación de

junio de 2021, sin que se le exija el retiro del servicio por ser una prestación compatible con su salario docente; aunado a que, los contratos de prestación de servicios celebrados por la demandante no pueden considerarse para el reconocimiento y pago de la pensión pretendida.

2.2. - CUESTIÓN PREVIA

De conformidad con lo establecido por la Ley 270 de 1996, la Ley 446 de 1998 y el desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado, se puede otorgar un trámite preferencial “en atención a la naturaleza del asunto, por razones de seguridad nacional, cuando se vea amenazado el patrimonio público, exista grave violación a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, o en asuntos de especial trascendencia social o por carecer de antecedentes jurisprudenciales y su solución sea de interés público con repercusión colectiva, o cuando su resolución íntegra entrañe solo la reiterada jurisprudencia, o cuando se determine un orden temático para su el aboración y estudio preferente, mediante acuerdo de la Sala3”

Así las cosas, se tiene que, respecto al presente asunto, esta Sala ya se ha pronunciado con anterioridad, ratificando la misma posición en relación al tema

1 Índice 007, SAMAI. 2 Índice 007, SAMAI. 3 CONSEJO DE ESTADO, Sección Segunda – Subsección B, C.P. CARMELO PERDOMO CUETER, Radicación No. 25000-23-25-000-2011-01185-01. Auto del 25 de febrero de 2021.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento Laboral / Rad. 2023-00016-01 8

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objeto de estudio, por lo que al evi denciarse que la resolución de esta controversia implica la reiteración jurisprudencial de esta Sala de Decisión, es procedente proferir fallo de manera prioritaria.

2.3.- ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Con la expedición de la Ley 100 de 1993 se creó el Sistema de Seguridad Social Integral, conformado por los regímenes generales de pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios sociales complementarios4, además de consagrarse un régimen de transición en favor de los trabajadores que reunieran ciertas condiciones de edad o tiempo de servicio al momento de su entrada en vigencia -1° de abril de 1994-.

Dichos trabajadores tendrían derecho a que se les aplicara el régimen pensional al que se encontraban afiliados con anterioridad a la expedición de la Ley 100 en lo concerniente a la edad, tiempo de servicios, semanas cotizadas y monto para acceder a la pensión, con el objeto de que se les protegiera sus expectativas en caso de no haber podido alcanzar la prestación, siempre y cuando estuviesen próximos al cumplimiento de los requisitos.

Por su parte, el artículo 279 de la Ley 100 de 19935 dispuso que el Sistema de Seguridad Social contenido en ella no le es aplicable a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, quienes se regirían por la Ley 91 de 1989.

En tal sentido, el artículo 15 numeral 2 literal b de la Ley 916 establece que los docentes vinculados a partir del primero de enero de 1981 nacionales y

1989.

En tal sentido, el artículo 15 numeral 2 literal b de la Ley 916 establece que los docentes vinculados a partir del primero de enero de 1981 nacionales y nacionalizados, y aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990 gozan del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional, es decir, el establecido en la Ley 33 de 1985, y tendrán derecho a percibir una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año, más una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.

De otro lado, los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 que quieran acceder a la pensión computando tiempos de servicio públicos y privados, pueden acudir a la figura denominada ‘pensión de jubilación por aportes’ establecida en la Ley

4 Artículo 8 Ley 100 de 1993 5 ARTÍCULO 279. EXCEPCIONES. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente L ey, ni a los miembros no remunerados de las Corporacio nes Públicas. Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989 , cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será resp onsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadore s que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida…

serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será resp onsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadore s que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida… 6 Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: (…)

B. Para los docentes vinculados a partir del 1. de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos p e n s i on ad os g o zar án d e l r é g i me n vi g e n t e p ar a l os p e n s i on ad os d e l se c t o r p ú b l i c o n a ci on al y ad i c i on al me n t e d e u n a p r i ma d e me d i o añ o e q u i vale n t e a u n a me s ad a p e n s i o n alTribunal Administrativo del Valle del Cauca Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento Laboral / Rad. 2023-00016-01

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71 de 1988. Según el artículo 7 de esta ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo, acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hiciere sus veces (en cualquier orden) y

acrediten 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo, acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hiciere sus veces (en cualquier orden) y el entonces ISS, tendrían derecho a una pensión si cumplieren 60 años de edad en el caso de los hombres y 55 años de edad si son mujeres:

“ARTICULO 7o. <Ver Notas del Editor> A partir de la vigencia de la presente Ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer. (…)”

Esta prestación fue reglamentada inicialmente por el Decreto 1160 de 1989 en sus artículos 19 a 29, disponiendo que no serían computables para adquirir el derecho a la pensión, los tiempos laborados en empresas privadas que no estuvieren afiliadas al Seguro Social, ni tampoco en entidades oficiales cuyos empleados no aportaren al sistema de seguridad social. El artículo 22 del decreto en comento dispone adicionalmente los factores concretos que debían ser incluidos en la base de liquidación de la pensión7.

No obstante, este artículo 22 fue declarado nulo por la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 8 de julio de 1993, expediente No. 4583, C.P. Clara Forero de

de la pensión7.

No obstante, este artículo 22 fue declarado nulo por la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 8 de julio de 1993, expediente No. 4583, C.P. Clara Forero de Castro. La razón de la decisión adujo a grandes rasgos que el Gobierno Nacional no podía fijar tales factores de forma autónoma, pues al actuar en tal sentido invadía competencias privativas del legislador. Con todo, ya en vigencia de la Ley 100, el Decreto 1160 fue derogado en lo relativo a este régimen pensional por el Decreto 2709 de 1994, que en el artículo 1° reiteró los requisitos de la Ley 71 de 1988 para acceder a la pensión:

Decreto 2709 de 1994

“Artículo 1º. Pensión de jubilación por aportes. La pensión a que se refiere el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.

Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social del sector público.”

7 Artículo 22°. - Salario asegurado. Se tendrá como salario asegurado, en cada entidad empleadora el promedio mensual aritmético de lo devengado por el empleado durante el último año, o por el tiempo trabajado si es inferior a dicho período, teniendo en cuenta únicamente los

7 Artículo 22°. - Salario asegurado. Se tendrá como salario asegurado, en cada entidad empleadora el promedio mensual aritmético de lo devengado por el empleado durante el último año, o por el tiempo trabajado si es inferior a dicho período, teniendo en cuenta únicamente los siguientes factores salariales: asignación básica, gastos de representación, primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio. (…)Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento Laboral / Rad. 2023-00016-01 10

El artículo 8 ídem estableció como monto de la pensión el equivalente al 75% del salario base de liquidación, que no podía ser ni inferior al salario mínimo ni superior a 15 veces dicho salario:

“Artículo 8º. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de jubilación por aportes será equivalente al 75% del salario base de liquidación. El valor de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley.”

El artículo 6 de la norma en comento dispuso que el ingreso base de liquidación para esta prestación sería el salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios:

“Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes. El salario base para la liquidación de esta pensión,

último año de servicios:

“Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes. El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones contenidas en la ley.

Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.”

Cabe aclarar que este artículo 6 fue derogado expresamente por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997, mismo que con posterioridad se declaró nulo en lo que respecta a la derogatoria del artículo 6 atrás citado. Se trata de la sentencia del 15 de mayo de 2014 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, expediente 2427-11, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, la cual explicó que con la derogatoria atrás reseñada, el Ejecutivo había desconocido el régimen de transición como mecanismo de protección ante cambios legislativos y como expresión de la garantía de los derechos irrenunciables de la persona, de llevar una calidad de vida acorde con las máximas de dignidad humana. De suerte