TA VAL - Sentencia 76001-33-33-008-2024-00013-01 (28-02-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DEL VALLE DEL CAUCA

Sentencia

PROCESO No. 76001-33-33-008-2024-00013-01

DEMANDANTE: DIEGO ARMANDO MORALES MORA Y OTROS

dam_374@hotmail.com

DEMANDADOS: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

njudiciales@valledelcauca.gov.co

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO

MAGISTRADO PONENTE: JHON ERICK CHAVES BRAVO

Santiago de Cali (V.) veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia No. 189 del 7 de octubre de 2024, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali (V), mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

LA DEMANDA

Los señores DIEGO ARMANDO MORALES MORA Y OTROS instauraron demanda en contra de l DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA solicitando se declare a dicha entidad responsable por el daño antijurídico causado a los elegibles del empleo denominado “Auxiliar de servicios generales” debido a la falla en el servicio ocasionada por el retardo injustificado en realizar nombramientos ordenados por el Tribunal Superior en sentencia de tutela del 1° de febrero de 2022 , se condene a pagar el lucro cesante y daño emergente teniendo en cuenta la asignación salarial del empleo de auxiliar de servicios generales para el año 2022 . La parte demandante reformó la demanda para

pagar el lucro cesante y daño emergente teniendo en cuenta la asignación salarial del empleo de auxiliar de servicios generales para el año 2022 . La parte demandante reformó la demanda para solicitar que, adicionalmente, se declare la nulidad del Oficio VDC2023ER012994 de 30 de agosto de 2023 proferido por el Departamento del Valle del Cauca que negó el reconocimiento y pago de los2

perjuicios causados a los demandantes y la nulidad del Oficio VDC2023ER012994 de 27 de febrero de 2024 que negó el reconocimiento y pago de los perjuicios causados a la demandante María Vilma Castrillón Muñoz.

Señaló que mediante fallo del 1° de febrero de 2022 el Tribunal Superior de Cali-Sala Civil resolvió la impugnación de la sentencia de tutela 007-2021-00046-01 (2631) y ordenó a la Gobernación del Valle del Cauca que proceda a nombrar a los accionantes y demás vinculados a la tutela que superaron el concurso en estr icto orden de mérito y que se encuentran en lista de elegibles vigentes para las vacantes ofertadas, debiendo tener en cuenta también las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que hayan surgido o surjan con posterioridad a la convocato ria del concurso de la Gobernación del Valle que aquí se trata y mientras estén vigentes las listas , concediendo un término de 48 horas para el cumplimiento de la orden, con límite hasta el 8 de febrero de 2022.

Que dentro del trámite del incidente de desacato la entidad dio cumplimiento parcial al fallo, 78 días después, mediante Decreto No. 1-17-03338 del 21 de abril de 2022 nombr ando a la señora Lorena

Que dentro del trámite del incidente de desacato la entidad dio cumplimiento parcial al fallo, 78 días después, mediante Decreto No. 1-17-03338 del 21 de abril de 2022 nombr ando a la señora Lorena Patricia Ríos Lubo y mediante auto interlocutorio No. 270 del 15 de marzo de 2022 el Juzgado 7 Civil del Circuito de Cali sancionó a la gobernadora del Valle, confirmada por el Tribunal Superior de Cali y 168 días después de las sanciones impuestas, la entidad demandada expidió el Decreto No. 1-17-0720 mediante el cual dio cumplimiento parcial al fallo, nombrando a los siguientes 13 elegibles y mediante auto interlocutorio No. 830 de 22 de agosto de 2022, sancionó nuevamente a la Gobernadora del Valle del Cauca, confirmada por el Tribunal Superior de Cali-Sala Civilmediante auto de 7 de septiembre de 2022, cumpliendo la orden 210 días después de vencido el término para cumplir el fallo, nombrando a los siguientes 9 elegibles.

Finalmente, consideró que existió falla en el servi cio que ocasionó el daño patrimonial para quienes dejaron de percibir un salario derivado del nombramiento.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA1

El Departamento del Valle del Cauca se opuso a las pretensiones de la demanda. Argumentó que a la fecha de la orden impartida por el Tribunal Superior de Cali se encontraban vigentes las listas de

1 Ver en el índice 00012 de Samai primera instancia.3

elegibles individuales, con una vigencia de dos años que venció el 23 de enero de 2022, a excepción de la OPEC 56191; circunstancia que posteriormente se aclaró en las consideraciones de las

elegibles individuales, con una vigencia de dos años que venció el 23 de enero de 2022, a excepción de la OPEC 56191; circunstancia que posteriormente se aclaró en las consideraciones de las sentencias de tutela, debido a que por cuenta de la pandemia por Covid 19, la CNSC expidió las resoluciones prorrogando los términos, existiendo obstáculos administrativos o jurídicos para que la entidad ejecutara los nombramientos ordenados, profiriendo los Decretos 117 338 del 21 de abril de 2022, 117-020 del 21 de julio de 2022 y 117-0977 del 09 de septiembre de 2022, que se traducen en actividades administrativas y tiempo para poder efectuarlos, que no constituye actitud negligente de la entidad.

Finalmente, consideró que no existe el daño patrimonial alegado por la parte actora, en tanto que una vez los elegibles se posesionaron en sus cargos, ha pagado y cumplido con sus obligaciones laborales y prestacionales.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA2

El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali (V) negó las pretensiones de la demanda por cuanto no estaba probado el daño, pues los salarios y demás prestaciones solo serían percibidas por cada uno de los integrantes del grupo al momento de posesionarse en el cargo, no obstante, si lo que perseguían es el pago de lo que hubieren podido percibir en esos meses en que se tardó la administración en hacer los respectivos nombramientos a título de indemnización, no hay certeza del mismo, no bastando afirmar que el tiempo en que tardó la administración lo haya causado, ya que el nombramiento en el empleo público está precedido de una serie de trámites , entre los que se

mismo, no bastando afirmar que el tiempo en que tardó la administración lo haya causado, ya que el nombramiento en el empleo público está precedido de una serie de trámites , entre los que se encuentra la determinación de las plazas vacantes en toda la planta global, la convocatoria a audiencia de selección de sedes, la presentación de documentos para ocupar el cargo, que varios elegibles no allegaron oportunamente, y finalment e la expedición de los actos de nombramiento; etapas que se surtieron entre febrero y septiembre de 2022, cuando culminó el nombramiento de las 70 personas que integraban el registro unificado; que dadas las particularidades y complejidades evidenciadas no se considera injustificado, incluido el hecho q ue solo hasta el 19 de mayo de 2022 mediante la Resolución No. 4827 proferida por la CNSC recobró vigencia el Registro Unificado de elegibles inicialmente previsto en la Resolución No. 89 de 13 de enero de 2022.

2 Ver índice 00021 de Samai primera instancia.4

RECURSO DE APELACIÓN3

La parte demandante apeló la decisión. Señaló que respecto del daño antijurídico, no existe normatividad, que descargue en los accionantes la obligación de soportar la omisión injustificada para materializar los nombramientos, por ello, el daño surge en la demora en nombrar a los accionantes en periodo de prueba para que devengaran una retribución económica. En cuanto a la falla en el servicio considera que la Gobernación Valle del Cauca si disponía de medios suficientes para prevenir el daño causado, pues conocía desde febrero del año 2021 el amparo a los derechos fundamentales que pretendía el

que la Gobernación Valle del Cauca si disponía de medios suficientes para prevenir el daño causado, pues conocía desde febrero del año 2021 el amparo a los derechos fundamentales que pretendía el Juzgado 07 Civil Del Circuito De Cali, para adelantar gestiones administrativas para materializar el amparo concedido a los elegibles del empl eo de servicios generales en febrero del año 2022. Finalmente, señaló que de no haber intentado ocultar las vacantes definitivas de las instituciones educativas o prolongado el cumplimiento de la tutela por el falso argumento de fenecimiento de las listas de elegibles, no existirían las motivaciones de la presente acción de grupo.

CONSIDERACIONES

La Competencia

De conformidad con el artículo 153 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo esta corporación es competente para conocer en segunda instancia del presente asunto.

PROBLEMA JURÍDICO

La Sala deberá determinar si el Departamento del Valle del Cauca es responsable por los presuntos perjuicios ocasionados a los demandantes como consecuencia del retardo en realizar nombramientos ordenados por el Tribunal Superior en sentencia de tutela del 1° de febrero de 2022 a los elegibles del empleo denominado “Auxiliar de servicios generales.

TESIS DE LA SALA

La Sala confirmará la sentencia, con base en que si bien la jurisprudencia ha sostenido que en materia de concursos de mérito el tiempo para finalizarlos debe ser razonable, no obstante, también que la

3 Ver índice 00048 de samai primera instancia5

prolongación del proceso de selección no es violatoria de la ley, y aunque es deber de adelantar el trámite lo más pronto posible, puede verse alterado por circunstancias que justifican una demora. Asi

3 Ver índice 00048 de samai primera instancia5

prolongación del proceso de selección no es violatoria de la ley, y aunque es deber de adelantar el trámite lo más pronto posible, puede verse alterado por circunstancias que justifican una demora. Asi mismo, hacer parte de la lista de elegibles como lo señaló la jurisprudencia otorga un derecho adquirido, pero para acceder al nombramiento, no obstante, el salario que hubieren obtenido de haberse cumplido otros términos se torna en una expectativa, ya el derecho lo otorga la posesión, búsqueda de derechos salariales que no ampara la accion de grupo ya que la misma no está diseñada para declaración derechos laborales , haciendo el daño incierto, elemento fundamental de la responsabilidad. Finalmente, respecto de la falla del servicio los accionantes debieron probar que el tiempo trascurrido fue irrazonable, pero como se señaló en precedencia el simple transcurso de dicho lapso abril -septiembre de 2022, no lo hace, siendo que la entidad señaló que el cumplimiento se traduce en actividades administrativas y tiempo para poder efectuarlos.

A fin de resolver el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos:

MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

SOBRE LA ACCIÓN DE GRUPO

De acuerdo con la Ley 472 de 1998, por la cual se desarrolló el artículo 88 de la Constitución Política, cualquier miembro de un grupo de no menos de veinte personas que reúne condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales puede presentar una acción de grupo con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la indemnización. En esta acción, quien actúa como demandante representa a las demás personas que hayan si do afectadas individualmente por los

respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales puede presentar una acción de grupo con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la indemnización. En esta acción, quien actúa como demandante representa a las demás personas que hayan si do afectadas individualmente por los hechos vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por separado su propia acción, ni haya otorgado poder, lo que no excluye el que, con el fin de obtener la indemnización de su daño individual, estos últimos puedan hacerse parte del proceso -antes de la apertura a pruebas - o, de no concurrir al mismo, acogerse a lo allí decidido -dentro del término de veinte días siguientes a la publicación de la sentencia.

El Consejo de Estado ha precisado4:

4 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION B Consejero ponente: DANILO ROJAS

BETANCOURTH Bogotá, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil quince (2015). Radicación número: 25000 -23-25-000-2000-09014 05(AG) Actor: INTERNATIONAL COAL FINANCIAL FONDO INDIVIDUAL DE CAPITAL EXTRANJERO S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA BANCARIA,

BANCO DE LA REPUBLICA Y FOGAFIN.6

“La Sala advierte que, teniendo en cuenta que, en los términos del artículo 46 de la Ley 472 de 1998, dicha acción se ejerce para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios, lo que la asemeja a la acción de reparación directa, resulta apenas lógico considerar que, lo que hace tránsito a cosa juzgada en una acción de grupo es lo mismo que,

de los perjuicios, lo que la asemeja a la acción de reparación directa, resulta apenas lógico considerar que, lo que hace tránsito a cosa juzgada en una acción de grupo es lo mismo que, en la de reparación directa, produce efectos de cosa juzgada frente a otro proceso, esto es, el objeto, la causa y las partes en litigio, bajo el entendido de que, por la particularidad de la acción de grupo, la parte actora no es quien interpuso la demanda sino el grupo a favor del cual se presentó. Y es que si bien es cierto que las acciones de grupo obedecen a una nueva concepción de las instituciones jurídicas, que se concreta en la aparición de nuevos intereses objeto de protección y de nuevas categorías en relación con su titularidad, distintos a los individuales; también lo es que ello no altera las características del interés protegido, q ue sigue siendo un daño individual , como en la acción de reparación directa…( Resalta la Sala).

SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE GRUPO PARA RECLAMAR INDEMNIZACIÓN POR FALTA DE PAGO DE UN DERECHO LABORAL O DE UNA PRESTACIÓN SOCIAL.

El Consejo de Estado indicó al respecto5:

“(…)

En segundo lugar, porque en la acción de grupo sí pueden reclamarse los daños o perjuicios para un grupo, resultantes de reclamaciones de naturaleza laboral (por ejemplo, la falta de pago o el pago tardío de un derecho laboral o de una prestación social). Lo único que se advierte es que la acción no puede tener como objeto exclusivo la declaración y la existencia de un derecho laboral para que en futuro sea reconocido y pagado a los miembros del grupo, porque en ese caso la acción perdería su carácter

que se advierte es que la acción no puede tener como objeto exclusivo la declaración y la existencia de un derecho laboral para que en futuro sea reconocido y pagado a los miembros del grupo, porque en ese caso la acción perdería su carácter indemnizatorio y tales disposiciones no podrían adoptarse en la sentencia que se profiera en esta acción, cuyo contenido está regulado en el artículo 65 de la Ley 472 de 1998. Ahora bien, lo anterior no implica que el Juez no pueda pronunciarse sobre la existencia del derecho y su violación por el demandado, cuando ello resulte necesario para establecer la existencia de un perjuicio.

(…)”(Resalta la Sala).

SOBRE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS , LAS MERAS EXPECTATIVAS Y LAS EXPECTATIVAS

LEGÍTIMAS.

El Consejo de Estado6 explicó la diferencia de estos tres términos de la siguiente manera:

5 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Consejero ponente: M ARTÍN

BERMÚDEZ MUÑOZ Bogotá, D.C., dos (2) de marzo de dos mil veinte (2020) Radicación número: 63001 -23-33-000-2013-00117-02(AG) Actor: LUZ ORFILIA HOYOS USMA Y OTRAS Demandado: NACIÓN -MINISTERIOS DEL TRABAJO Y HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN . 6 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN AConsejero ponente: RAFAEL

COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN . 6 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN AConsejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS . Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil veinte (2020). Radicación número: 25000 -23-25-000-2011-0084901(3592-16). Actor: BENJAMÍN ENRIQUE POLO GARCÍA. Demandado: RAMA JUDICIAL, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.7

“(…) 2.3.1. Derechos adquiridos, meras expectativas y expectativas legitimas

El artículo 58 de la Constitución Política dispone lo siguiente:

ARTICULO 58. Modificado por el art. 1, Acto Legislativo No. 01 de 1999 . Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

La norma constitucional garantiza la propiedad privada y los demás « derechos adquiridos» con arreglo a las leyes civiles. De esta manera, la propia Carta Política establece la categoría de derechos adquiridos, l os que protege con la regla de irretroactividad de la ley, de modo que no sean desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.

Han sido definidos como aquellas situaciones jurídicas individuales definidas y consolidadas

adquiridos, l os que protege con la regla de irretroactividad de la ley, de modo que no sean desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.

Han sido definidos como aquellas situaciones jurídicas individuales definidas y consolidadas bajo la vigencia de una ley y qu e, en tal virtud, se entienden incorporadas válida y definitivamente al patrimonio de una persona .10 Para que el derecho sea considerado como «adquirido», es necesario que se hayan cumplido los supuestos que la norma prevé para obtenerlo; es decir, todas l as condiciones y requisitos fijados en esta respecto de un determinado sujeto.11

Vale precisar que el respeto y la garantía de no ser desconocido depende, además de lo anterior, de que se hubiese obtenido con respeto del ordenamiento jurídico, pues el artículo 58 de la Carta es claro en indicar que deben ser adquiridos «con arreglo a las leyes civiles», lo cual quiere decir que debe existir un justo título por lo que « solo pueden tener la entidad suficiente para ofrecer la garantía que se comenta, los actos que respetan el ordenamiento jurídico».12 (Negrilla fuera de texto).

En tal sentido, una vez ocurridos todos los supuestos normativos, el derecho se incorpora de manera definitiva en el patrimonio de su titular , lo que significa, a la luz del artículo 58 Superior citado, que no es posible por ninguna persona ni por el Estado desconocerlo, pues está protegido por la propia Constitución. Ello, excepto en los casos en que sea necesario limitar su ejercicio para garantizar principios y valores de m ayor valor consagrados en la Constitución Política como la solidaridad y el interés general.13

En contraste, existen casos en los que los derechos, aunque se originaron en vigencia de determinada

garantizar principios y valores de m ayor valor consagrados en la Constitución Política como la solidaridad y el interés general.13

En contraste, existen casos en los que los derechos, aunque se originaron en vigencia de determinada normativa, no se alcanzaron a consolidar de forma definitiva antes del cambio de legislación. En estos eventos no se está en presencia de derechos adquiridos, sino de «meras expectativas» de obtenerlo, esto es, ante simples probabilidades de una adquisición futura del derecho de no darse un cambio en el ordenamiento jurídico.

De ser así, la protección que se otorga por parte de la Constitución y la ley es precaria, en la medida que la ley nueva puede modificar las situaciones jurídicas que no se consolidaron. En efecto, en tales situaciones «… las autoridades competentes disponen de una competencia más

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO . Temas: Indemnización por el no pago de derechos salariales y prestacionales.8

amplia que les permite afectar las situaciones en curso. Ello es así dado que las meras expectativas, si bien pueden ser objeto de amparo en algunos eventos, no se encuentran comprendidas por el ámbito de protección del artículo 58 de la Carta».14

Existen también las llamadas « expectativas legítimas » como otra categoría intermedia entre los derechos adquiridos y las meras expectativas. Estas se refieren a aquellas situaciones en las que la persona en el instante del cambio normativo no ha adquirido el derecho de manera definitiva; empero, está cerca de cumplir todos los requisitos para lograrlo.15

Aunque el ordenamiento jurídico no otorga a las expectativas legitimas las garantías de

la persona en el instante del cambio normativo no ha adquirido el derecho de manera definitiva; empero, está cerca de cumplir todos los requisitos para lograrlo.15

Aunque el ordenamiento jurídico no otorga a las expectativas legitimas las garantías de seguridad que da a los derec hos adquiridos, sí se protegen del cambio de normativa en un grado mayor al de las meras expectativas, pues debe protegerse el principio de buena fe y la confianza legítima que tenía el ciudadano de que su derecho estaba a punto de materializarse con la regulación que estaba vigente.16

En estos casos, lo que normalmente se hace es fijar un régimen de transición que, por un lado, permita el cambio regulación y, por el otro, se proteja la expectativa válida que tiene la persona de adquirir pronto su derecho, se trata entonces de señalar «…la necesaria previsión de los efectos de ese tránsito respecto de situaciones jurídicas concretas que, aunque no estén consolidadas ni hayan generado derechos adquiridos, sí han determinado cierta expectativa válida, respec to de la permanencia de la regulación».17

En resumen, existe un derecho adquirido cuando se cumplieron todos los requisitos que exige la normativa vigente que lo regula, lo que implica que ingresa de manera definitiva al patrimonio de su titular y no puede ser desconocido por el cambio de regulación. Hay expectativa legitima cuando la persona no cumplió con tales presupuestos y la norma deja de estar vigente; empero, estaba próximo a lograrlo, caso en el cual se le protege del cambio brusco de legislación a través de normas de transición que garanticen que pueda obtener su derecho. Y las meras expectativas no son sujetos de protección inmediata, en la medida que son situaciones en

través de normas de transición que garanticen que pueda obtener su derecho. Y las meras expectativas no son sujetos de protección inmediata, en la medida que son situaciones en curso que no pueden impedir el cambio de regulación. (Resalta la Sala).

SOBRE LOS DERE CHOS ADQUIRIDOS, LAS MERAS EXPECTATIVAS Y LAS EXPECTATIVAS

LEGITIMAS EN LOS CONCURSOS DE MÉRITOS.

Seguidamente, el Consejo de Estado en el pronunciamiento anterior, indicó: “(…) 2.3.2. La carrera administrativa para los empleados de la Rama Judicial. Derecho adquirido.

El artículo 125 de la Carta Política estableció la carrera administrativa como la regla general para la vinculación laboral con el Estado. Tal previsión constitucional tiene como fin garantizar que quienes ingresen al servicio público sean los mejores, los más idóneos y eficaces, por lo que se cimenta en el mérito y en la capacidad del empleado público para ejercer sus funciones; criterios que determinan el ingreso, permanencia y retiro del servicio.189

La carrera administrativa ha sido elevada al rango de principio constitucional,19 en razón a que busca la consecución de intereses superiores, entre los que se encuentran i) la selección del mejor personal para la función pública; ii) la realización de los principios de ef iciencia y eficacia; iii) la garantía de la igualdad entre quienes aspiren a acceder al ejercicio público; iv) la conformación de una planta de personal que beneficie el interés general y, v) la estabilidad laboral de los empleados públicos.20 Precisamente, al premiar la carrera administrativa el mérito, el inciso 2.º del artículo 125 superior estableció el concurso público como su garantía, de modo que el ingreso, permanencia y ascenso de

Precisamente, al premiar la carrera administrativa el mérito, el inciso 2.º del artículo 125 superior estableció el concurso público como su garantía, de modo que el ingreso, permanencia y ascenso de los empleados públicos se base en criterios objetivos y las decision es no se permeen por aspectos subjetivos. De esta manera, el concurso público «se dirige a comprobar las calidades académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los empleos» 21 de suerte que la selección del personal no obede zca a favoritismos o caprichos del nominador y de esta forma se erradique el clientelismo y el nepotismo.22 Para el caso de la Rama Judicial, el artículo 256 de la Carta Política de 1991 le otorgó la competencia para administrar la carrera judicial al Consejo Superior de la Judicatura al señalar que «Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: 1. Administrar la carrera judicial». Este mandato se replicó en los ordinales 17 y 22 del artículo 85 la Ley 270 de 1996 en los que se indica que a dicha entidad le corresponde «17. Administrar la Carrera Judicial de acuerdo con las normas constitucionales y la presente ley. (…) 22. Reglamentar la carrera judicial». En lo que se refiere a la función de reglamentación aludida, la Corte Constitucional la inscribió en la facultad denominada «potestad reglamentaria de los órganos constitucionales», 23 que implica la expedición de disposiciones de orden general a través de la cuales se desarrolla la ley con la finalidad de hacerla ejecutable. El ejercicio de tal poder por parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior

expedición de disposiciones de orden general a través de la cuales se desarrolla la ley con la finalidad de hacerla ejecutable. El ejercicio de tal poder por parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura está limitado en el contenido y espíritu de la ley reglamentada.24 A esta le correspond e entonces reglamentar las normas de la Ley 270 de 1996 relacionadas con el ingreso, permanencia y retiro del servicio de los empleados de la Rama Judicial. Así, le incumbe expedir los reglamentos para realizar el proceso de selección, 25 fijar los requisit os mínimos de experiencia y capacitación para los participantes, 26 determinar el contenido y procedimiento de las etapas del concurso de méritos.27 Finalizada la etapa de selección, a la Sala Administrativa le compete, también, por disponerlo el artículo 1 66 ibidem, conformar el registro de elegibles en orden descendente con quienes hayan superado todas las etapas, registro que tiene una vigencia de cuatro años. Y en caso de presentarse una vacante definitiva de un cargo ofertado en el concurso debe nombrar dentro de los 10 días siguientes al conocimiento de esta conforme lo manda el artículo 167 ibidem. En lo que se refiere a quienes se encuentran en la lista de elegibles, la jurisprudencia ha señalado que quien ocupe el primer lugar tiene un derecho adquir ido, pues superó todas las etapas del concurso público de méritos. Así, solo resta que sea nombrado en el cargo para el cual concursó, que debe estar vacante, de lo contrario no hubiese sido ofertado. También se ha dicho que la lista de elegibles surte un efecto inmediato y crea derechos respecto de las personas en ella incluidas y, de manera particular acerca de quien ocupa el primer lugar,10

También se ha dicho que la lista de elegibles surte un efecto inmediato y crea derechos respecto de las personas en ella incluidas y, de manera particular acerca de quien ocupa el primer lugar,10

la jurisprudencia ha sido clara en indicar que «…tienen el der echo adquirido a ser nombradas en el cargo correspondiente, materializándose así el principio constitucional del mérito para acceder a los cargos públicos».28 (Resalta la Sala). En igual sentido, la Corte Constitucional explicó que cuando una entidad públi ca cita a un concurso público de méritos es porque existe una vacante definitiva que debe proveerse, razón por la que no se justifica que quien superó todas las etapas del trámite no sea nombrado en aquella, en la medida que si ocupó el primer lugar «tiene, en tal virtud y por mandato constitucional, no una mera expectativa sino un verdadero derecho adquirido a ser nombrado en el cargo correspondiente».29 (Negrilla fuera de texto). Bajo tales parámetros, es claro que para poder afirmar que una persona que h aya participado en un concurso público de méritos tiene un derecho adquirido para ser nombrado en el empleo que se ofertó, es menester que el trámite finalice con la correspondiente firmeza de la lista de elegibles y, además, que ocupe el primer lugar en esta. Igualmente, debe precisarse que esta corporación ha sido clara en señalar que «los derechos subjetivos que surgen de la carrera judicial relativos, entre otros, al pago de salarios y prestaciones, solo se consolidan con la posesión en el cargo, es dec ir, con la efectiva prestación del servicio, momento a partir del cual finaliza el concurso de méritos y la persona queda sometida al régimen propio de la carrera judicial».30

prestaciones, solo se consolidan con la posesión en el cargo, es dec ir, con la efectiva prestación del servicio, momento a partir del cual finaliza el concurso de méritos y la persona queda sometida al régimen propio de la carrera judicial».30 Ahora bien, la Ley 270 de 1996, en el capítulo II del Título IV, que reguló todo lo relacionado con la carrera judicial, no fijó plazos para la realización de las etapas del concurso público de méritos. No obstante, ello no significa que pueda extenderse e n el tiempo de forma indefinida , pues es un d