TA VAL - Sentencia 76001-33-33-009-2014-00477-01 (13-03-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DEL VALLE DEL CAUCA

MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA EXPEDIENTE: 76001-33-33-009-2014-00477-01

DEMANDANTES: HÉCTOR CUNDUMÍ ROVAS Y OTRO

jabm755@yahoo.es

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL

deval.notificacion@policia.gov.co

ASUNTO SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Santiago de Cali, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADA PONENTE: LUZ ELENA SIERRA VALENCIA

Procede esta Corporación en Sala Fija Jurisdiccional de Decisión Oral No. 4, a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia No. 098 del 30 de julio de 2019, proferida por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Cali, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. HECHOS

Se indicó en la demanda que el señor Héctor Cundumí Rivas es pad re del señor Paulo César Cundumí Aguiño.

Cuenta que, el 14 de octubre de 2012 en el barrio Ciudad Córdoba de la ciudad de Cali el señor Héctor Cundumí Rivas sufrió herida por arma de fuego en desarrollo de un operativo policial realizado por uniformados adscritos a la estación de policía del barrio Vallado de la misma ciudad; así mismo que, el proyectil provenía del lugar en donde estaban los

policial realizado por uniformados adscritos a la estación de policía del barrio Vallado de la misma ciudad; así mismo que, el proyectil provenía del lugar en donde estaban los policías, quienes abusando de su autoridad maltrataron a la ciudadanía y realizaron un procedimiento desbordado , y que, el demandante no recibió ayuda de parte de los agentes estatales.

Que en el libro de minuta de población folios 589 – 592 los informes policiales suscritos por los patrulleros Franklin Espitia Ospina y Duban Fajardo Rivera dan fe de la certeza del hecho, esto es, en que se presentaron disparos en el operativo policial que desencadenó una supuesta asonada.

Que los demandantes han sufrido afectación moral con la lesión sufrida por el señor Héctor Cundumí Rivas quien, además, según se asegura en la demanda, ha perdido capacidad laboral y las secuelas que le quedaron le impiden trabajar como cualquier otra persona.

2. PRETENSIONES2

En el escrito de subsanación de la demanda,1 se formularon las siguientes pretensiones:

“l. DECLARACIONES Y CONDENAS. -

PRIMERA: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, por la responsabilidad en el daño causado a los demandantes, con motivo de las graves heridas y la posterior incapacida d laboral causada a Héctor Cundumí Rivas, en razón a los hechos acontecidos el día 14 de octubre de 2012, Barrio Ciudad Córdoba de la ciudad de Santiago de Cali, fecha en la cual sufre herida por

laboral causada a Héctor Cundumí Rivas, en razón a los hechos acontecidos el día 14 de octubre de 2012, Barrio Ciudad Córdoba de la ciudad de Santiago de Cali, fecha en la cual sufre herida por proyectil arma de fuego en desarrollo de operativo policial, con Policiales adscritos a la Estación de Policía del Barrio El Vallado de la ciudad de Cali, quienes abusaron de su autoridad y maltrataron a la ciudadanía.

SEGUNDA: Condenar a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, a pagar a fa vor de los demandantes, todos los perjuicios que han sufrido,

consistentes en:

A.- A título de perjuicios morales, el equivalente a CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, o lo máximo establecido por la jurisprudencia al momento del fallo definitivo, para cada uno de los demandantes, es decir, Héctor Cundumí Rivas , en calidad de víctima; y, Paulo Cesar Cundumí Aguiño, Maicol Ebans Cundumí Aguiño y Nelly Marcela Cundumí Mesa , en calidad de hijos de la víctima.

B.- A título de perjuicios ma teriales, para la víctima Héctor Cundumí Rivas , con motivo de las lesiones y posterior incapacidad laboral que está sufriendo, en razón a las lesiones padecidas el día 14 de octubre de 2012, Barrio Ciudad Córdoba de la ciudad de Santiago de Cali, fecha en la cual sufrió herida por proyectil de arma de fuego en desarrollo de operativo policial, con Policiales adscritos a la Estación de Policía del Barrio El Vallado de la ciudad de Cali. Solicito se liquiden teniendo en cuenta las siguientes pautas:

sufrió herida por proyectil de arma de fuego en desarrollo de operativo policial, con Policiales adscritos a la Estación de Policía del Barrio El Vallado de la ciudad de Cali. Solicito se liquiden teniendo en cuenta las siguientes pautas:

I.- Un salario de Millón Pesos Mensuales ($1.000.000,00), que ganaba la víctima como locutor independiente, o lo que se demuestre dentro de la etapa probatoria. En subsidio el salario mínimo mensual legal vigente para el mes de octubre de 2012, es decir, la suma d e Quinientos Sesenta y Seis Mil Setecientos Pesos Mensuales ($566.700,00), más un treinta por ciento (30%) de prestaciones sociales. Según las pautas seguidas por el Consejo de Estado, la suma con la cual se liquiden los perjuicios materiales no puede ser inferior al salario mínimo legal vigente para la fecha en la cual se dicte la sentencia definitiva, o se apruebe el auto que liquide dichos perjuicios.

2.- La vida probable de la víctima según la tabla de supervivencia aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia, Resolución 1555 del 30 de julio de 2010.

3.- El grado de incapacidad laboral que fije la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, en razón al daño padecido por la víctima.

4.- Actualizada dicha cantidad según la variación porcentual del índice de precios al consumidor existente entre el mes de octubre de 2012 y el que exista cuando se produzca el fallo definitivo.

5. Las fórmulas matemáticas financieras aceptadas por el Consejo de Estado, teniendo en cuenta la indemnización debida o consolidada y la futura.

5. Las fórmulas matemáticas financieras aceptadas por el Consejo de Estado, teniendo en cuenta la indemnización debida o consolidada y la futura.

C.- A título de perjuicios fisiológicos o daño a la salud, el equivalente en pesos de CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, o lo máximo establecido por la jurisprudencia al momento del fallo definitivo, Héctor Cundumí Rivas. Perjuicios que se configuran con motivo de las lesiones padecidas en su humanidad. (Herida por Arma de Fuego en Abdomen)

TERCERA: Que las cantidades liquidadas a las cuales se condene a las entidades demandadas, cobren intereses moratorios desde el mismo día en que quede en firme, hasta el día en que efectivamente se produzca el pago de esa condena. Esta solicitud la hago con base en los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A.

CUARTA: LA NACION , por medio de los funcionari os a quienes corresponda la ejecución de la

1 Expediente físico. Folios 141 – 143.3

sentencia dictará dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la misma resolución correspondiente en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento, y pagarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF hasta que se haga efectivo el pago.”

3. TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado de primera instancia mediante auto interlocutorio No. 747 del 15 de mayo de 2015,2 admitió la demanda solamente respecto de los señores Hé ctor Cundumí Rivas y Paulo César Cundumí Aguiño , y la rechazó respecto de las demás personas que fungían

2015,2 admitió la demanda solamente respecto de los señores Hé ctor Cundumí Rivas y Paulo César Cundumí Aguiño , y la rechazó respecto de las demás personas que fungían como demandantes al no haberse subsanado los yerros que se habían advertido en el auto mediante el cual se inadmitió la demanda.3

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA4

La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional aseguró que no existen pruebas suficientes que permitan establecer con certeza la forma en que ocurrió la lesión generada al señor Héctor Cundumí Rivas el día 14 de octubre de 2012; por tanto, no es coherente plantear que la Institución se hubiera ensañado en contra de la población civil disparando de manera indiscriminada y lesionando a quienes transitaban por el lugar de los hechos como lo pretende hacer ver la parte actora.

Alega que, no existe dictamen pericial u otra prueba que permita establecer que el proyectil causante del daño fue disparado de un arma institucional, en cambio sí hubo certeza en cuanto a que momentos antes de los hechos se había practicado un procedimiento de policía a raíz del desorden originado por la negativa de dos personas a atender el llamado de la autoridad y por el respaldo que les brindó la comunidad a efectos de impedir la inmovilización del vehículo en el que se desplazaban, en contexto de asonada, con agres iones hacia los uniformados por el lanzamiento de todo tipo de elementos en su contra.

Que el hecho de que la Policía Nacional participara en un procedimiento por el sector en que le fue propinado un disparo a la víctima, no constituye un argumento sufic iente para concluir que fue la responsable del hecho.

elementos en su contra.

Que el hecho de que la Policía Nacional participara en un procedimiento por el sector en que le fue propinado un disparo a la víctima, no constituye un argumento sufic iente para concluir que fue la responsable del hecho.

Manifiesta su extrañeza en cuanto a que la única prueba aportada en relación con la lesión sufrida por el señor HÉCTOR CUNDUMÍ RIVAS fue el testimonio del señor Jefferson Murillo Albán, quien en el ma rco de la investigación disciplinaria radicad a con el No. P-MECAL2012-392 había relatado que el día de los hechos se encontraba al interior de su casa y cuando escuchó disparos se ubicó en un muro en la reja del inmueble para grabar los hechos, cuando también fue lesionado; que, por ello, el testigo nunca pudo darse cuenta del momento específico en que el hoy demandante fue herido supuestamente por miembros de la institución.

Que resultaba extraño que el demandante en el presente proceso no hubiera prese ntado una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación ni queja ante la oficina de atención al ciudadano informando sobre su lesión; así como tampoco se presentaron antecedentes médicos del demandante que informaran sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del ingreso y salida del sitio donde fue atendido, así como los procedimientos y medicamentos suministrados.

2 Expediente físico. Cuaderno 1. Folio 70. 3 Ibidem. Folio 68. 4 Ibidem. Folios 80 – 91.4

Alega que, bien pudo acontecer que, el disparo que impactó al demandante hubiera provenido de un tercero y que en esos casos el Estado no está llamado a responder .

4 Ibidem. Folios 80 – 91.4

Alega que, bien pudo acontecer que, el disparo que impactó al demandante hubiera provenido de un tercero y que en esos casos el Estado no está llamado a responder . Endilga culpa a la víctima por lo acontecido, señalando que cuando se presente un operativo policial en donde la ciudadanía busca evitar la acción de las autoridades a través de las vías de hecho, quienes no participan deben r esguardarse como medida de autoprotección y que en el caso concreto no fue así, desconociéndose las razones por las cuales el señor HÉCTOR CUNDUMÍ RIVAS hacía presencia en el lugar de los hechos.

Planteó como excepciones , las siguientes: “Inexistencia de pruebas que evidencien la responsabilidad de la Policía Nacional en los hechos que se demandan ”; “Inexistencia de pruebas que evidencien las lesiones sufridas por el demandante”; “Inexistencia de responsabilidad administrativa por ausencia de falla en el servicio y culpa exclusiva y determinante de la victima en la producción del daño ”; “ Cado fortuito y fuerza mayor ”, sin desarrollar cada una y solo respecto de la última ahondó en que el soporte de las pretensiones indemnizatorias de la parte actora se pre sentó de forma imprevisible e inevitable para los miembros de la Policía Nacional en el entendido que la situación se desbordó al intentar realizar un procedimiento; e igualmente, la de “Inexistencia de responsabilidad administrativa, por cuanto el hecho f ue causa exclusiva y determinante de un tercero indeterminado.”

5. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA5

El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Cali a través de sentencia No. 098

por cuanto el hecho f ue causa exclusiva y determinante de un tercero indeterminado.”

5. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA5

El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Cali a través de sentencia No. 098 del 30 de julio de 2019 negó las pretensiones de la demanda, para lo cual, primeramente, estableció la ocurrencia del daño antijurídico, encontrando probado que efectivamente el 14 de octubre de 2012 el señor Héctor Cundumí Rivas sufrió una herida por arma de fuego en su abdomen, en el marco de hechos ocurridos en la carrera 42 A con calle 50 en el barrio ciudad Córdoba de la ciudad de Cali . Seguidamente, determinó que con el material probatorio obrante en el expediente no se podía establecer el nexo causal entre la acción de la administración y la lesión sufrida por el s eñor CUNDUMÍ RIVAS , en el entendido que no se acreditó que esta última hubiera sido causada por el disparo proveniente de un arma de dotación oficial accionada por un miembro de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones.

Estableció que el test imonio del señor Jeferson Murillo Albán no era prueba suficiente para concluir que existió un uso desmedido de sus funciones por parte de los uniformados que participaban en el operativo del que se asegura en la demanda, salió herido el señor CUNDUMÍ RIVAS y que si bien aseguró que los únicos armados era los policiales, no existía certeza en cuanto a que unas detonaciones contenidas en un video grabado por el testigo hubieran sido causadas por un arma de dotación oficial.

Analizó los dichos del señor Ósca r Cundumí Barros en entrevista suya ante la Fiscalía

existía certeza en cuanto a que unas detonaciones contenidas en un video grabado por el testigo hubieran sido causadas por un arma de dotación oficial.

Analizó los dichos del señor Ósca r Cundumí Barros en entrevista suya ante la Fiscalía General de la Nación en cuanto a que “ SEÑALÓ A UN UNIFORMADO QUE VESTÍA CHALECO DE SIGLAS 57181 COMO EL QUE DISPARARA DE MANERA INDISCRIMINADA CONTRA LOS CIVILES Y QUE ADEMÁS A ÉL LE HABÍA QUITADO UN CEL ULAR CON EL QUE GRABABA LA AGRESIÓN DE LA QUE ERAN VÍCTIMAS ”, pero se encontró que se había acreditado que ese número correspondía al patrullero Luis Eduardo Sanabria Merchán, quien si bien es cierto el día de los hechos prestó servicio en el tercer turno bajo

5 Ibidem. Folios 291 – 307.5

la facción C -15-12 y recibió 45 municiones, al momento de la entrega no se realizaron anotaciones al respecto y que no había certeza que ese uniformado hubiera estado en el momento del operativo en el marco del cual supuestamente salió herido el dema ndante; aunado a lo anterior, no se pudieron recuperar las vainillas para realizar el cotejo y que los policías que cubrían el tercer turno de servicio no reportaron novedad sobre gasto de municiones.

Determinó que no existía certeza de la forma cómo ocurrieron los hechos pues no había claridad de cómo y en qué momento del operativo policial se le ocasionó una lesión al señor HÉCTOR CUNDUMÍ RIVAS pues no hubo testigo directo de lo acontecido. Manifestó que, con base en su autonomía judicial, se apartaba de la decisión del J uzgado Segundo

señor HÉCTOR CUNDUMÍ RIVAS pues no hubo testigo directo de lo acontecido. Manifestó que, con base en su autonomía judicial, se apartaba de la decisión del J uzgado Segundo Administrativo de Cali al considerar que el asunto que conoció esa Autoridad Judicial tuvo un contexto de origen y unas pruebas diferentes al del caso analizado.

Declaró probadas las excepciones de “Inexistencia de prueba s que evidencien la responsabilidad de la Policía Nacional en los hechos que demandan”; “Inexistencia de pruebas que evidencien las lesiones sufridas por el demandante”; “Inexistencia de responsabilidad administrativa por ausencia de falla en el servicio” y “culpa exclusiva y determinante de la víctima en la producción del daño”; “caso fortuito o fuera mayor” e “Inexistencia de responsabilidad administrativa por cuanto el hecho fue causa exclusiva y determinante de un tercero indeterminado”.

6. RECURSO DE APELACIÓN6

La parte demandante apeló el fallo de primera instancia argumentando que se había demostrado que en hechos ocurridos el 14 de octubre de 2012 el señor HÉCTOR CUNDUMÍ R IVAS fue impactado por proyectil de arma de fuego en desarrollo de un operativo policial, que hubo detonaciones de armas de fuego.

Enfatizó en que no se intentó demostrar que la herida con proyectil de arma de fuego padecida por el demandante hubiera provenido de un arma de dotación oficial, motivo por el cual, considera que el fallo recurrido desconoció el precedente del Consejo de Estado producido en casos similares al analizado, como los correspondientes a las radicaciones

padecida por el demandante hubiera provenido de un arma de dotación oficial, motivo por el cual, considera que el fallo recurrido desconoció el precedente del Consejo de Estado producido en casos similares al analizado, como los correspondientes a las radicaciones Nos. 17001 -23-31-000-2005-02099-01 (38309) y 25000 -23-26-000-2001-00852-01 (28675), en los que, se sostuv o que, demostrado el daño y su ocurrencia en el contexto de confrontación entre policiales y población civil, no es relevante determinar la autoría del causante del mismo.

7. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Mediante el auto del 06 de noviembre de 2019, la Corporación admitió el recurso de apelación, se corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto.7

LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL 8 reiteró que, si bien se demostró el daño, no se comprobó que el mismo se hubiera generado con un arma de dotación oficial; que no obstante de tratarse de un régimen de responsabilidad objetiva, lo mínimo que le corresponde a quien demanda es acreditar que el daño tuvo origen en la

6 Expediente físico. Cuaderno 1. Folios 355 – 361, 7 Expediente físico. Cuaderno 1. Folio 368. 8 Ibidem. Folios 369 – 374.6

actividad peligrosa, lo cual no ocurrió en el caso analizado.

Aclaró que el 14 de octubre de 2012 miembros de la Institución llevaron a cabo un

8 Ibidem. Folios 369 – 374.6

actividad peligrosa, lo cual no ocurrió en el caso analizado.

Aclaró que el 14 de octubre de 2012 miembros de la Institución llevaron a cabo un procedimiento con ocasión de la presencia de dos sujetos en estado de embriaguez que se movilizaban en una motocicleta, quienes instaron a la comunidad del sector a realizar una asonada en contra de los agentes estatales y que una vez controlada la situación los agentes se dirigieron a la estación de policía, y que, cuando habían avanzado aproximadamente 120 metros del lugar de la asonada escucharon disparos, razón por la cual, la central de radio envió una patrulla a verificar lo sucedido y una persona había asegurado que hubo dos heridos quienes habían sido trasladados al Hospital Carlos Carmona; pero que, en el caso analizado no se demostró quién ocasionó la lesión al demandante. Por todo ello, solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda.

II. CONSIDERACIONES

1. PROBLEMA JURÍDICO

En esta instancia, conforme al recurso de apelación formulado por la parte demandante, la controversia se contrae a definir si en el presente caso, acertó el Juzgado de primera instancia al concluir que la POLICIA NACIONAL no era responsable por las lesiones ocasionadas con arma de fuego al señor HÉCTOR CUNDUMÍ RIVAS en hechos ocurridos el 14 de octubre de 2012, debido a la inexistencia de prueba que permita imputar el daño a dicha entidad, concretamente, por la imposibilidad de establecer que el proyectil que lo impactó provino de un arma oficial; o si por el contrario, según lo alega la parte

dicha entidad, concretamente, por la imposibilidad de establecer que el proyectil que lo impactó provino de un arma oficial; o si por el contrario, según lo alega la parte recurrente, las pruebas recolectadas en el proceso demuestran que el daño sufrido por los demandantes, sí es atribuible a la entidad demandada, siendo indiferente que, no se hubiera establecido sobre quién recaía la autoría de la lesión, dado que todo sucedió en desarrollo de un operativo policial.

2. REGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE

Respecto a la responsabilidad en que puede incurrir el Estado por los daños antijurídicos causados por la actuación de los miembros de la Fuerza Públic a, se ha sostenido que, la misma puede ser declarada bajo la aplicación de cualquier título de imputación –falla en el servicio, riesgo excepcional o daño especial– dependiendo de las circunstancias que sean acreditadas y siendo potestad del juez, en virtu d de la aplicación del principio iura novit curia, acudir a cualquiera de estos títulos, sin limitación alguna, para efectos de resolver la cuestión puesta a su consideración.

Así, sobre la posibilidad de emplear el título de imputación de falla en el servicio por abuso de autoridad y agresión a civiles por parte de la Fuerza Pública, el Consejo de Estado 9 ha sostenido que se debe declarar la responsabilidad del Estado por falla en la prestación del servicio, en los casos en los que se acredite que agentes del Estado –en el caso particular miembros de la Fuerza Pública– agredan o maltraten a la población civil, siempre y cuando se establezca que ello no ocurrió con ocasión de una legítima defensa o por un estado de

miembros de la Fuerza Pública– agredan o maltraten a la población civil, siempre y cuando se establezca que ello no ocurrió con ocasión de una legítima defensa o por un estado de necesidad. Sobre el particular, la jurispr udencia del Consejo de Estado 10 enseña que cuando se aduzca en la demanda una falla cometida por la administración pública, debe analizarse el

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, CP: Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia de julio 19 de 2018, radicación número: 05001-23-31-000-2007-01548-01(44739). 10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, C P: Danilo Rojas Betancourth, sentencia de diciembre 5 de 2016, radicación número: 25000-23-26-000-2006-02026-01(41175).7

caso bajo la óptica del régimen de responsabilidad subjetiva pues en estos eventos es necesario que se ponga en ev idencia los errores cometidos por la administración en ejercicio de sus actividades, con el objetivo de que se fijen pautas para que tales yerros no tengan nueva ocurrencia.

Ahora bien, respecto a la posibilidad de emplear en estos asuntos el título de im putación de riesgo excepcional, ha concluido el Consejo de Estado 11 que en tratándose de la producción de daños originados en el despliegue –por parte de la entidad pública o de sus agentes– de actividades peligrosas, lo cual ocurre cuando se utilizan armas de diversas clases, como las de fuego, aquel a quien corresponda jurídicamente la guarda de la actividad quedará obligado a responder por los perjuicios que se ocasionen al realizarse el

agentes– de actividades peligrosas, lo cual ocurre cuando se utilizan armas de diversas clases, como las de fuego, aquel a quien corresponda jurídicamente la guarda de la actividad quedará obligado a responder por los perjuicios que se ocasionen al realizarse el riesgo creado, salvo que se demuestre alguna causa eximente de respo nsabilidad, por ejemplo, fuerza mayor, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima; en otras palabras, se trata de un régimen de responsabilidad objetivo por el uso de armas que se encuentran en custodia del Estado o el desarrollo de activ idades peligrosas que generan un riesgo anormal.

Así mismo, que12, también puede atribuirse responsabilidad en estos asuntos bajo el título de imputación residual de daño especial, pues “…el nuevo orden constitucional impone analizar el daño antijurídico desde la óptica de las víctimas, quienes hayan soportado un daño que no se encontraban obligadas a asumir. Así, por virtud de ello, en la medida en que un daño se ocasione en medio de una actuación lícita , desplegada por miembros de las fuerzas armadas, en cumplimiento de su deber funcional, esta Sección ha considerado en diversos pronunciamientos y de manera uniforme 13, que el Estado se encuentra llamado a responder patrimonialmente dada la necesidad de dar cumplimiento a los postulados constitucionales de solidaridad y equidad -fundamento de la imputación jurídica en estos casos”. (Subraya la Sala).

Además, ha sostenido14 que conforme con el artículo 1° de la Ley 62 de 1993, en armonía con dispuesto en los artículos 2 y 218 de la C.P., la Policía Nacional está instituida para: (i)

Además, ha sostenido14 que conforme con el artículo 1° de la Ley 62 de 1993, en armonía con dispuesto en los artículos 2 y 218 de la C.P., la Policía Nacional está instituida para: (i) proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y (ii) para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públ icas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Que, para el cumplimiento de estos deberes constitucionales y legales, la fuerza pública –de la cual es parte integrante la Policía Nacional (artículo 216 de la CP) – tiene el monopolio d el uso de la fuerza a través del empleo de las armas y está autorizada para el uso legítimo de esos instrumentos. Sin embargo, su uso está limitado, conforme a los artículos 1, 5 y 85 de la CP, al respeto de la dignidad humana, los derechos inalienables de las personas y a la supremacía de los derechos fundamentales. En ese marco, el uso de la fuerza debe ser proporcional y razonable15.

11 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2012. Expediente: 21515. 12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, CP: Danilo Rojas Betancourth, sentencia de diciembre 5 de 2016, radicación número: 25000-23-26-000-2006-02026-01(41175). 13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de abril de 2012, rad. 21.515, CP: Hernán Andrade Rincón.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de abril de 2012, rad. 21.515, CP: Hernán Andrade Rincón. 14 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. CP: William Barrera Muñoz. Sentencia del 11 de diciembre de 2024. Proceso Radicado # 76001-23-33-000-2013-00949-01. 15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de ab ril de 1967, Rad. 257 -CE-SEC3-1967-04-28, C.P . Carlos Portocarrero Mutis.8

Que, ejercer la fuerza para mantener el orden público, la seguridad y las condiciones necesarias para el ejercicio de l os derechos y libertades implica, entonces, actuar con mesura, prudencia y emplear los medios necesarios –en defensa de un derecho propio o ajeno– y proporcional a la causa o motivo de la perturbación. De allí que, si bien el Estado debe y está legitimado para contener amenazas al orden público, la fuerza pública solo debe emplear los instrumentos suficientes y adecuados en ese ejercicio. Entonces, el actuar de los agentes, se reitera, debe ser proporcional al peligro que enfrentan. Sin embargo, eso no sign ifica que, frente a una perturbación o agresión grave, los agentes enviados a restablecer el orden tengan que tolerar situaciones contra su integridad. A todo ser humano le es lícito protegerse, en el marco de la proporcionalidad, conforme al postulado de la legítima defensa16.

Del mismo modo, que en eventos de daños causados a civiles por armas de dotación oficial dentro de procedimientos de policía u operaciones de las fuerzas militares, dicha

postulado de la legítima defensa16.

Del mismo modo, que en eventos de daños causados a civiles por armas de dotación oficial dentro de procedimientos de policía u operaciones de las fuerzas militares, dicha corporación ha sostenido que si el daño se produce por el uso del arma de dotación oficial –en el ejercicio del servicio de seguridad, defensa o mantenimiento del orden –, el estudio de la responsabilidad debe abordarse bajo el título del riesgo excepcional por la actividad peligrosa que involucra, precisamente, el uso de armas de fuego.

Que, en cuanto al riesgo creado por el Estado a través de la Fuerza Pública 17, es pertinente precisar que este no deviene de la institución en sí misma, sino del ejercicio de la actividad peligrosa por el empleo de armas de fuego o artefactos peligrosos. Sostener que la Policía Nacional o el Ejército Nacional por sí solos son un factor de riesgo, sería desdibujar su función constitucional y legal de seguridad y protección. Así las cosas, la aplicación del régimen objetivo de riesgo excepcional tiene lugar sólo si el daño resulta de la concreción de un riesgo creado en ejercicio de una actividad peligrosa.

Aclara que, no es posible establecer que la sola presencia de la fuerza pública en el lugar en el que se causaron daños constit uye un riesgo, pues, como se dijo, “ llevaría a afirmar que aquella ya no sería una autoridad de protección sino una autoridad generadora de un riesgo para la ciudadanía” 18. Se reitera, entonces, que esta teoría objetiva de responsabilidad encuentra sentido “respecto de los daños producidos por las cosas o las actividades peligrosas por el riesgo excepcional que somete el Estado a sus administrados,

responsabilidad encuentra sentido “respecto de los daños producidos por las cosas o las actividades peligrosas por el riesgo excepcional que somete el Estado a sus administrados, más no por la investidura o condición del funcionario que desarrolla la actividad o utiliza elementos que revisten peligro”19.

Que, si el daño causado por la fuerza pública, aun con empleo de armas de dotación oficial, se produce por una actuación irregular o mal funcionamiento del servicio, el título de i