TA VAL - Sentencia 76001-33-33-014-2024-00173-01 (07-02-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADA PONENTE: KATIA ALEXANDRA DOMÍNGUEZ GARCÉS

RADICACIÓN: 76001-33-33-014-2024-00173-01

DEMANDANTE: Piedad del Socorro Ararat y otros

piedadararat68@gmail.com

DEMANDADO: Distrito especial de Santiago de Cali

notificacionesjudiciales@cali.gov.co mauriciogarciaguerrero@hotmail.com

Empresas Municipales Cali – EMCALI EICE ESP notificaciones@emcali.com.co carlosheredia85@hotmail.com MEDIO DE CONTROL: Acción popular TEMA: Mantenimiento malla vial

Sentencia No.8.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2024 por el Juzgado Catorce Administrativo de Cali, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, en la siguiente forma:

PRIMERO.- DECLARAR infundada la excepción de Falta de Legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Distrito Especial de Sa ntiago de Cali, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO.- DECLARAR que el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura y Las Empresas Municipales de Cali - EMCALI EICE ESP, son

razones expuestas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO.- DECLARAR que el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura y Las Empresas Municipales de Cali - EMCALI EICE ESP, son responsables de la vulneración y amenaza a los derechos colectivos relacionados en los literales d), e) h) y j) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998, específicamente2

lo concerniente al uso y goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público y/o pa trimonio público, acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, por lo considerado en la parte motiva de esta providencia. TERCERO.- ORDENAR a los representantes legales del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura y de las Empresas Municipales de CaliEMCALI EICE ESP o quien haga sus veces, que en el término razonable de seis (6) meses, contados a partir de la ejecu toria del presente fallo, realice todas las gestiones administrativas y presupuestales necesarias, para que dentro del término aquí otorgado, se realicen las obras de pavimentación, reposición, adecuación y/o reparación de las vías y redes de acueducto y a lcantarillado cuya vida útil haya fenecido correspondiente al tramo ubicado en la Carrera 32 A entre calle 19 y 23 del barrio Santa Elena de la ciudad de Cali. CUARTO.- Para efectos de la verificación del acatamiento del fallo, se CONFORMARÁ un Comité int egrado por la parte actora, el agente del Ministerio Público delegado para este Despacho, un delegado del Distrito Especial de

CUARTO.- Para efectos de la verificación del acatamiento del fallo, se CONFORMARÁ un Comité int egrado por la parte actora, el agente del Ministerio Público delegado para este Despacho, un delegado del Distrito Especial de Santiago de Cali, y un representante de EMCALI EICE ESP, comité que al vencimiento del plazo fijado deberá rendir un informe completo y pormenorizado de su gestión ante este Despacho Judicial. QUINTO.- NEGAR las demás pretensiones invocadas, por lo expuesto en la parte motiva. […]

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 22 de julio de 2024 la señora Piedad del Socorro Ararat presentó acción popular en contra Distrito especial de Santiago de Cali y EMCALI E.I.C.E. E.S.P., con el fin de que se amparen los derechos colectivos relacionados con el goce del esp acio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público ; el acceso a la infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública ; la defensa al patrimonio público y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, consagrados en los literales d), e) h) y j) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998. 1.1. Hechos

La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:

Afirmó que desde el año 2007 los residentes del barrio han solicitado al distrito y a las Empresas Municipales Cali EMCALI EICE ESP, que se recupere la malla vial3

y el sistema de alcantarillado de la carrera 32 A entre calle 23 y 19 , sin que se

a las Empresas Municipales Cali EMCALI EICE ESP, que se recupere la malla vial3

y el sistema de alcantarillado de la carrera 32 A entre calle 23 y 19 , sin que se atiendan las peticiones.

Indicó la parte actora que la consecuencia de no tomar las medidas necesarias por parte de las accionadas ha conllevado al continuo deterioro de los tramos viales mencionados.

El 21 de septiembre de 2023 presentó la última solicitud de intervención de los tramos viales antes mencionados por parte de la comunidad, máxime que se han presentado varios daños del alcantarillado, respecto de los cuales EMCALI ha efectuado reparaciones parciales y no de fondo, lo que genera un deterioro mayor de la malla vial.

Manifestó que los tramos viales ubicados en la carrera 32 A entre calles 23 y 19 se generan puntos críticos de movilidad en temporada invernal, ya que el agua lluvia no escurre de forma rápida lo que afirma causa «repercusiones negativas para que la población pueda acceder a servicios y derechos como transporte, acceso a comercios, viviendas, entre otros».

Expuso que la carrera 32 A entre calles 23 y 19 «es la principal ruta de salida de la galería de Santa Elena hacía los barrios la Libertad, Cristóbal Colon, el Dorado, entre otros, y es la principal entrada de los vehículos de carga que ingresan a la misma, por lo tanto, al transitar estos vehículos por los huecos, se han ocasionado fallas estructurales en las viviendas del sector».

Indicó que como causa del mal estado de la malla vial en los tramos indicados se levanta partículas de polvo en época de verano lo que ocasiona

ocasionado fallas estructurales en las viviendas del sector».

Indicó que como causa del mal estado de la malla vial en los tramos indicados se levanta partículas de polvo en época de verano lo que ocasiona enfermedades respiratorias a los habitantes del sector, y en temporada de lluvias, el agua se empoza en los huecos de la vía lo que genera además de barro, aguas estancadas y proliferación de zancudos que aumenta el riesgo de contagio de dengue.

2. Trámite y contestación de la demanda4

El asunto fue repartido al Juzgado Catorce Administrativo de Cali, autoridad judicial que por auto del 25 de julio de 2024 admitió la demanda y ordenó notificar a las entidades accionadas.

El distrito especial de Santiago de Cali solicitó negar las pretensiones de la demanda y argumentó que la obra de mantenimiento vial solicitad a en esta acción no ha sido priorizada en el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) , lo cual es un requisito esencial conforme al Acuerdo 0438 de 2018 y el Decreto 112 de 2018, que refiere que la priorización de proyectos debe realizarse a través de lo s comités de planeación comunal, conforme al a rtículo 318 de la Constitución Política, lo que no ha ocurrido en este caso. Así mismo, invocó el principio de sostenibilidad fiscal, establecido en el artículo 352 de la Constitución y desarrollado en el Decreto Ley 111 de 1996, que regula la planificación presupuestal de las entidades públicas , para señalar que el presupuesto del distrito para 2024 es limitado y que la mayor parte de los recursos se destinan a sectores prioritarios como salud y educación. En e se sentido, el

la planificación presupuestal de las entidades públicas , para señalar que el presupuesto del distrito para 2024 es limitado y que la mayor parte de los recursos se destinan a sectores prioritarios como salud y educación. En e se sentido, el mantenimiento vial debe ajustarse a la disponibilidad de recursos y a las normas presupuestales que exigen su inclusión en el banco de programas y proyectos de inversión. Refiere que en el proceso no obran prueb as que demuestren la amenaza o vulneración de los derechos colectivos invocados en la demanda, lo que va en contravía de los dispuesto en la Ley 472 de 1998 , que establece que la carga de la prueba recae sobre el accionante, además de manifestar las fotografías que se aportaron no constituyen prueba suficiente si no se acredita su fecha ni su autoría. Por último, propuso las excepciones denominadas « prelación del principio de sostenibilidad fiscal y falta de legitimación en la causa por pasiva». Por su parte las Empresas Municip ales de Cali – EMCALI EICE ESP contestó presente acción y se opuso a las pretensiones por considerar que la demanda debió haber sido inadmitida debido a que no se realizó previamente una solicitud de medidas de protección ante la empresa, conforme lo exige el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, puesto que la accionante no presentó ninguna petición a EMCALI relacionada con los supuestos daños en la red de5

alcantarillado ni acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, tal como lo exige el artículo 144 de la misma ley. Refiere que en la demanda no se prueba la existencia de daños en la red de alcantarillado ni su relación con el deterioro de la malla vial en la carrera 32A

exige el artículo 144 de la misma ley. Refiere que en la demanda no se prueba la existencia de daños en la red de alcantarillado ni su relación con el deterioro de la malla vial en la carrera 32A entre calles 23 y 19 , puesto que no existe en el expediente ningun a petición elevada ante EMCALI tendiente a rendir un concepto de redes y/o de reposición por parte del distrito ni del distrito , ni prueba de la necesidad de intervención por parte de la empresa. Así mismo afirma que EMCALI no es la responsable del mant enimiento de l a malla vial del d istrito, ya que esta labor le corresponde a la Secretaría de Infraestructura, según lo establecido en el Acuerdo 0438 de 2018. Para EMCALI las pretensiones de la demanda suponen una transgresión al principio de planeación consagrado en e l artículo 209 de la Constitución y en la Ley 1150 de 2007, ello en atención a que cualquier intervención en la red de acueducto o alcantarillado debe cumplir con un proceso de priorización y planeación, que incluye la identificación de la necesidad por pa rte de los comités de planeación comunal y la posterior inclusión en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión. Además, se señala que la ejecución de obras públicas requiere la contratación de estudios técnicos y la asignación presupuestal, lo que im pide su realización en los plazos exigidos por la demandante, máxime que EMCALI como empresa de servicios públicos, está regida por la Ley 142 de 1994 y su contratación debe seguir el Manual de Contratación aprobado por la Resolución J.D. 006 de 2022, lo que impide la ejecución inmediata de obras sin una debida planificación.

de servicios públicos, está regida por la Ley 142 de 1994 y su contratación debe seguir el Manual de Contratación aprobado por la Resolución J.D. 006 de 2022, lo que impide la ejecución inmediata de obras sin una debida planificación. Por último, propuso las excepciones denominadas «insuficiencia probatoria del actor popular; inexistencia de vulneración de derechos colectivos por parte de EMCALI EICE ESP». 2.1. Los alegatos de primera instancia

La parte accionante y el Ministerio Público guardaron silencio. Por su parte las accionadas presentaron escrito de alegatos de conclusión en los que reiteraron lo señalado en las contestaciones de la demanda.6

3. La sentencia apelada

Mediante sentencia del 16 de diciembre de 2024 , el Juzgado Catorce Administrativo de Cali accedió a las pretensiones de la demanda, pues concluyo que las entidades demandadas vulneraron los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna la defensa del patrimonio público, y como consecuencia, ordenó a las demandadas realizar en un plazo máximo de seis meses la pavimentación y reparación de las redes de acueducto y alcantarillado en la carrera 32A entre calles 19 y 23 del barrio Santa Elena.

Para la primera instancia obra prueba documental y testimonial que demuestra el grave deterioro de la vía y la falta de acción administrativa para su rehabilitación, pues se advierten oficios y comunicaciones oficiales donde

calles 19 y 23 del barrio Santa Elena.

Para la primera instancia obra prueba documental y testimonial que demuestra el grave deterioro de la vía y la falta de acción administrativa para su rehabilitación, pues se advierten oficios y comunicaciones oficiales donde desde 2015 y 2019 tanto EMCALI como la Secretaría de Infraestructura del distrito reconocieron la necesidad de intervenir la zona, pero no se ejecutaron acciones concretas; y en la audiencia de pruebas, el ingeniero Daniel Mateo Montealgre de la Secretaría de Infraestructura confirmó que la vía se encuentra en mal estado y que su reparación no fue priorizada en los planes de inversión distrital. Para el juzgado de origen es claro el mandato del artículo 82 de la Constitución, que impone al Estado la protección del espacio público, lo dispuesto en la Ley 105 de 1993 y la Ley 715 de 2001, que establecen la responsabilidad de los municipios en la conservación de las vías urbanas, y en la Ley 769 de 2002, que define las vías como bienes de uso público sujetos a mantenimiento estatal.

4. El recurso de apelación

El distrito especial de Santiago de Cali presentó recurso de apelación en el que insistió que el fallo de primera instancia desconoció la normatividad sobre planeación y sostenibilidad fiscal, pues la comunidad que habita la c arrera 32 A entre calles 23 y 19 omitió el deber de gestionar la priorización de las obras en los espacios de participación ciudadana, ello en virtud de lo señalado en el artículo 318 de la Constitución que establece que las juntas de acción comunal7

tienen la responsabilidad de abogar por la inclusión de proyectos en los planes de desarrollo, lo cual no se cumplió en este caso. Asimismo, citó el Acuerdo 438

artículo 318 de la Constitución que establece que las juntas de acción comunal7

tienen la responsabilidad de abogar por la inclusión de proyectos en los planes de desarrollo, lo cual no se cumplió en este caso. Asimismo, citó el Acuerdo 438 de 2018 , que consagra que cualquier obra debe ser incluida en el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) y en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del distrito, lo que no ocurrió con la vía objeto de la acción popular. Para el distrito especial de Santiago de Cali e l juez de primera instancia desconoció p recedentes jurisprudenciales de este Tribunal, en los cuales se indica que la falta de priorización de una obra no es un simple trámite burocrático, sino un mecanismo de planificación esencial para la correcta asignación de recursos públicos , para tal efecto citó la sentencia 9 del 18 de julio de 2023, en la cual se determinó que no toda vía en mal estado implica una vulneración de derechos colectivos , sino solo aquellas que impidan el tránsito de manera efectiva. Empresas Municipales de Santiago de Cali - EMCALI EICE ESP presentó recurso de apelación contra la sentencia que la declaró responsable de la vulneración de derechos colectivos en el barrio Santa Elena, expuso que la decisión judicial desconoció la normatividad aplicable puesto que el fallo no tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley 14 37 de 2011 , que exige que antes de presentar la demanda, el actor solicite medidas de protección a la autoridad competente. En este caso, la accionante no demostró haber elevado solicitud alguna ante EMCALI ni justificó la existencia de un perjuicio irremediable que

presentar la demanda, el actor solicite medidas de protección a la autoridad competente. En este caso, la accionante no demostró haber elevado solicitud alguna ante EMCALI ni justificó la existencia de un perjuicio irremediable que eximiera este requisito, lo que a juicio de la empresa debió llevar a la inadmisión de la demanda. Para EMCALI la accionante solo aportó fotografías y derechos de petición que no constituyen prueba suficiente para demostrar la vulneración de derechos colectivos de la comunidad, pues no basta con alegar un estado deficiente de la infraestructura para que se presuma una vulneración. De otro lado, la accionada argumentó que en el expediente no existían pruebas de daños en la red de alcantarillado que justificaran su intervención y que, en caso de ser necesaria una reposición, esta debía realizarse conforme a los principios de planeación y sostenibilidad financiera, regulados en la Ley 142 de 1994 y el Manual de Contratación de EMCALI Resolución J.D. 006 de 2022).8

Finalmente, EMCALI advirtió que la sentencia vulneraba el principio de planeación, ya que las órdenes impartidas exigían la ejecución de obras en un plazo que resultaba materialmente imposible de cumplir, pues la intervención en infraestructura de servicios públicos debe seguir un proceso técnicoadministrativo que incluye diagnóstico, priorización, estudios técnicos, contratación y ejecución de obras, lo que no podía realizarse en el tiempo fijado por el juzgado. En este sentido, afirmó que la acción popular no podía se r utilizada como un mecanismo de coadministración para imponer la ejecución inmediata de proyectos sin planificación.

5. Trámite del recurso de apelación

por el juzgado. En este sentido, afirmó que la acción popular no podía se r utilizada como un mecanismo de coadministración para imponer la ejecución inmediata de proyectos sin planificación.

5. Trámite del recurso de apelación

Mediante auto del 17 de enero de 2025, el Juzgado Catorce Administrativo de Cali concedió el recurso de apelación interpuesto por el distrito especial de Santiago de Cali.

A su turno, el Despacho sustanciador del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de auto d el 21 de enero de 2025 admitió el recurso de apelación y ordenó correr traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para emitir su concepto. Dentro de la oportunidad procesal correspon diente, tanto las partes como el Ministerio Público guardaron silencio1.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Presupuestos procesales

1.1. Competencia

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado Catorce Administrativo de Cali, el 9 de noviembre de 2023, de conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley 472 de 1998.

1 Archivo Samai 0010.9

En efecto, según el artículo 15 de la Ley 472 de 1998, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer de los procesos originados por el ejercicio de las acciones populares derivadas de actos, acciones u omisiones de entidades públicas y de las personas privadas con funciones administrativas. 1.2. Legitimación en la causa

contencioso administrativo le corresponde conocer de los procesos originados por el ejercicio de las acciones populares derivadas de actos, acciones u omisiones de entidades públicas y de las personas privadas con funciones administrativas. 1.2. Legitimación en la causa La parte actora está legitimada, pues, como se desprende de los documentos allegados junto con la demanda, acude a la jurisdicción para debatir los derechos que, en su parecer, le corresponden a una comunidad afectada, la cual para el caso bajo estudio es los habitantes de la carrera 32 A entre calles 23 y 19.

En ese mismo sentido, se observa que la legitimación por pasiva también está acreditada, ya que la entidad demandada es la administración municipal de l distrito especial de Santiago de Cali y las Empresas Municipales de Cali – EMCALI

EICE ESP.

2. Problema jurídico

A partir de los argumentos expuestos en el recurso de apelación esta Sala de Decisión determinará si confirma, modifica o revoca la sentencia proferida por el Juzgado Catorce Administrativo de Cali, el 16 de diciembre de 2024 , que accedió a las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, la Sala tendrá que determinar si las demandadas son responsables por acción u omisión de la vulneración de los derechos colectivos alegados por la parte actora, los cuales se contraen al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; la defensa del patrimonio público; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna con respecto de las disposiciones jurídicas de manera ordenada y con

público; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna con respecto de las disposiciones jurídicas de manera ordenada y con prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, presuntamente vulnerados por la falta de mantenimiento de los tramos viales ob jeto de esta acción ubicados en el barrio Santa Elena de esta ciudad.10

3. Tesis de la Sala

La Sala de Decisión modificará el fallo de primera instancia, con miras a que se ajuste a la situación actual toda vez que el término de 6 meses que otorgó la primera instancia no se corresponde con el trámite interno que deben ejecutar las entidades accionadas para la consecución del presupuesto, la contratación, la elaboración de los estudios técnicos, la elaboración del esquema vial , dado el nivel de intervención de los tramos viales objeto de estudio.

4. Marco normativo y jurisprudencial de los derechos colectivos solicitados en la demanda.

4.1. El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público

De acuerdo con lo establecido en los artículos 82, 88 y 102 de la Constitución Política, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la protección y preservación del espacio público, por su destinación al uso común, el cual prima sobre los intereses p articulares. En lo referente al uso del suelo y del espacio público para la protección del interés general, corresponde a las autoridades su regulación mediante mecanismos como el ordenamiento territorial, entre otros.

Por su parte, los artículos 5° y 7° de la Ley 9ª del 11 de enero de 1989 definen el

regulación mediante mecanismos como el ordenamiento territorial, entre otros.

Por su parte, los artículos 5° y 7° de la Ley 9ª del 11 de enero de 1989 definen el concepto de espacio público en los siguientes términos:

[...] el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes.

[...]

Así, constituyen el Espacio Público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal, como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva; para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares

[...]11

La Corte Constitucional en la sentencia SU-360 de 1999 señaló que la noción de espacio público, regulada en las Leyes 9ª de 1989 y 388 del 18 de julio de 1997, así como en su Decreto Reglamentario 1504 del 4 de agosto de 1998, no se limita únicamente a los bienes de uso público:

[…] sino que extiende el alcance del concepto a todos aquellos bienes inmuebles públicos, que al ser afectados al interés general en virtud de la Constitución o la ley, están destinados a la utilización colectiva. En otras p alabras, lo que caracteriza a los bienes que integran el espacio público, es su afectación al interés general y su destinación al uso directo o indirecto en favor de la colectividad .

ley, están destinados a la utilización colectiva. En otras p alabras, lo que caracteriza a los bienes que integran el espacio público, es su afectación al interés general y su destinación al uso directo o indirecto en favor de la colectividad .

[…]

Tomando en consideración las precisiones anteriores, pueden reconocerse como elementos que integran el concepto de espacio público, entre otros los siguientes: aLas áreas requeridas para la circulación tanto peatonal como vehicular (vías públicas), - como por ejemplo las calles, plazas, puentes y caminos –

[…] (Negrilla fuera de texto).

Así las cosas, es deber Estatal velar por la protección de la integridad del espacio público y su destinación al uso común, tal como lo indicó la Corte Constitucional2:

[…] La consagración de este deber constitucional es reflejo de la importancia otorgada por el Constituyente a la preservación de espacios urbanos abiertos al uso de la colectividad, que satisfagan las diversas necesidades comunes derivadas de la vida en las ciudades y poblados y contribuyan, igualmente, a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, permitiendo la confluencia de los diversos miembros de la sociedad en un lugar común de interacción […].

En conclusión, el espacio público es un bien esencial para la colectividad, cuya protección y regulación corresp onden al Estado y sus autoridades, en cumplimiento de un mandato constitucional y legal , s u destinación al uso común prevalece sobre los intereses particulares y garantiza su acceso y disfrute para satisfacer necesidades urbanas colectivas ; y ha sido la jurisprudencia la que ha reafirmado la importancia de estos espacios en la comunidad, al

común prevalece sobre los intereses particulares y garantiza su acceso y disfrute para satisfacer necesidades urbanas colectivas ; y ha sido la jurisprudencia la que ha reafirmado la importancia de estos espacios en la comunidad, al reconocer su impacto en la calidad de vida de los ciudadanos y en la consolidación de un entorno que favorece la integración social y el bienestar general.

2 Corte Constitucional, Sala de Revisión, Sentencia T-722 de 4 de septiembre de 2003, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.12

4.2. La defensa del patrimonio público

Ahora bien, en lo que corresponde a la defensa del patrimonio público debe empezar por señalarse que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que aquél se halla integrado por los bienes, derechos y obligaciones d e los cuales el Estado es titular. Así lo ha expresado dicha Corporación3: Por patrimonio público debe entenderse la totalidad de bienes, derechos y obligaciones de los que el Estado es propietario, que sirven para el cumplimiento de sus atribuciones conforme a la legislación positiva; su protección busca que los recursos del Estado sean administrados de manera eficiente y responsable, conforme lo disponen las normas presupuestales. La regulación legal de la defensa del patrimonio público tiene una finalida d garantista que asegura la protección normativa de los intereses colectivos, en consecuencia, toda actividad pública está sometida a dicho control, la cual, si afecta el patrimonio público u otros derechos colectivos, podrá ser objeto de análisis judicial por medio de la acción popular.

La protección del patrimonio público busca que los recursos del Estado sean administrados de manera eficiente y transparente, conforme lo dispone el

público u otros derechos colectivos, podrá ser objeto de análisis judicial por medio de la acción popular.

La protección del patrimonio público busca que los recursos del Estado sean administrados de manera eficiente y transparente, conforme lo dispone el ordenamiento jurídico y en especial las normas presupuestales.

Para la Sala, el debido manejo de los recursos públicos, la buena fe y el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público, enmarcan el principio de moralidad administrativa, ámbito dentro del cual se debe estudiar el caso concreto

Por su parte, esta Sección ha abordado en múltiples oportunidades el derecho colectivo a la protección del patrimonio público, con el fin de precisar su alcance y aplicación en cada situación particular. En desarrollo de este análisis, ha señalado: la Carta Política contempla el d erecho colectivo a la defensa del patrimonio público y en forma específica como susceptible de ser protegido a través de la acción popular (art. 88 de la C. N.) y que el legislador, con el fin de propender el principio de intangibilidad de los recursos púb licos, dio vigencia a la norma constitucional expidiendo el Estatuto para la Contratación Estatal y la Ley Orgánica del Presupuesto, normas jurídicas que contienen numerosas herramientas dirigidas a la correcta inversión y utilización de los recursos públi cos, por parte de quienes tienen a su cargo el manejo y ejecución de tales recursos. “EL INTERÉS COLECTIVO A LA DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO es uno de los derechos de mayor connotación en el Estado de Derecho colombiano, teniendo en cuenta que es a través de él que el Estado da cumplimiento a los fines para los cuales fue estatuido, y participa en la prestación de servicios públicos en beneficio

derechos de mayor connotación en el Estado de Derecho colombiano, teniendo en cuenta que es a través de él que el Estado da cumplimiento a los fines para los cuales fue estatuido, y participa en la prestación de servicios públicos en beneficio de la comunidad4

3 C.E, Sección tercera Subsección A, radicado 68001-23-31-000-2011-00148-01(AP) del 15 de marzo de 2017, C.P. Hernán Andrade Rincón. 4 C.E, Sección Tercera, sentencia de 10 de febrero de 2005, M.P. María Elena Giraldo Gómez, exp. AP. 2003-254-0113

Adicionalmente, en otra providencia de esta Sección se dijo5:

Con estos alcances, se destaca una aproximación indiscutible entre los derechos o