TA VAL - Sentencia 76111-33-33-001-2021-00222-02 (28-03-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, veintiocho (28) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 041

Magistrado Ponente: GONZALO PERDOMO CABRERA

Radicación: 76111333300120210022202

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho laboral

Demandante: María de los Ángeles Lasso Moreno

Apoderada: Diana Alexandra Navia Franco

dianita4455@gmail.com

Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ

Apoderada: Diana Carolina Argote Delgado

dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

Ministerio Público: Procurador 136 Judicial II para Asuntos

Administrativos ochaves@procuraduria.gov.co

Asunto: Prima especial

Decide la Sala Transitoria el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y demandada contra la sentencia No. 37 del 11 de marzo de 2024 , proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Cali, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

1.- ANTECEDENTES

Por conducto de apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento el derecho, establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, la señora María de los Ángeles Lasso Moreno, interpuso demanda, con el fin de que se acceda a las siguientes declaraciones y condenas:

1.1.- Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) Resolución DESAJCLR20-2979 del 24 de agosto de 2020 ; (ii) Resolución DESAJCLR20-3193

se acceda a las siguientes declaraciones y condenas:

1.1.- Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) Resolución DESAJCLR20-2979 del 24 de agosto de 2020 ; (ii) Resolución DESAJCLR20-3193 del 18 de septiembre de 2020 ; (iii) y Acto ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo frente al recurso de apelación presentado.

1.2.- Que, como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento delderecho, se condene a la parte demandada a “inaplicar para el caso concreto, los decretos proferidos por el Gobierno Nacional que, a partir del año 2008, expedidos para desarrollar el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, referidos al mismo tema que aquí se trata. (…) …Ordénese a [la demandada] reliqu idar y pagar la diferencia correspondiente al 30% (treinta por ciento) del salario básico devengado por la [demandante], de conformidad con la ley 4 de 1992 y la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Fechada el 29 de abril de 2014, Expediente: 11001-03-25-000-200700087-00; durante el tiempo que ha fungido como Juez; desde el cinco (5) de julio de 2018, hasta cuando se verifique el pago de dichas sumas, y las que se causen en el futuro. (…) …En consecuencia Ordénese a la [demandada] a reajustar y pagar todas y cada una de las prestaciones sociales, vacaciones, cesantías, intereses a las mismas, prima de servicios, prima de navidad, bonificación por servicios prestados y demás emolumentos devengados por todo el tiempo que la [demandante] ha venido

una de las prestaciones sociales, vacaciones, cesantías, intereses a las mismas, prima de servicios, prima de navidad, bonificación por servicios prestados y demás emolumentos devengados por todo el tiempo que la [demandante] ha venido laborando como JUEZ, hasta la fecha y las que se causen en el futuro. (…) …Condénese a la [demandada] al pago de intereses a partir del reconocimiento del derecho. (…) …Ordénese a la [demandada] dar aplicación del derecho pú blico laboral consagrado en la ley 50 de 1990 artículo 99, numeral 3 y el parágrafo del artículo 5 de la ley 1071 de 2006; para que se efectúe la liquidación y pago de un día de salario por cada día de retardo en el pago íntegro de las cesantías devengadas , por todo el tiempo que la [demandante] ha venido laborando como JUEZ. (…) …[Condénese] a la [demandada] a reconocer y pagar cualquier perjuicio adicional o mayor valor en las pretensiones que se prueba dentro del proceso. (…) …Condénese a la [demandada ] al pago de las costas procesales y agencias en derecho. (…) …Condénese a la [demandada] al pago de los intereses moratorios desde la fecha de ejecutoria del fallo. (…) …Ordénese a la [demandada] a dar cumplimiento a la sentencia dentro de los diez (10) meses siguientes a su ejecutoria.”

2.- Como fundamento de sus pretensiones, la parte demandante expuso los siguientes HECHOS, en síntesis:

2.1.- La señora María de los Ángeles Lasso Moreno se encuentra vinculado desde

(10) meses siguientes a su ejecutoria.”

2.- Como fundamento de sus pretensiones, la parte demandante expuso los siguientes HECHOS, en síntesis:

2.1.- La señora María de los Ángeles Lasso Moreno se encuentra vinculado desde el 5 de julio de 2018 en el cargo de Juez Circuito.2.1.- El día 1 de julio de 2020 solicitó a la entidad demandada el reconocimiento y pago del reajuste salarial, las prestaciones sociales y demás emolumentos a lo que tiene derecho de conformidad con la Ley 4 de 1992 y la sentencia del Consejo de Estado del 29 de abril de 2014.

2.3.- Mediante la Resolución No. DESAJCLR 2979 del 24 de agosto de 2020 la demandada despachó negativamente la solicitud.

2.4.- El 26 de agosto de 2020 elevó recurso de reposición y apelación contra la anterior decisión.

2.5.- A través de la Resolución No. DESAJCLR20 -3193 del 18 de septiembre de 2020 se resolvió no reponer la decisión y se concedió el recurso de alzada.

2.6.- La entidad no ha resuelto el recurso de apelación, por lo que el 23 de noviembre de 2020 se configuró el acto ficto o presunto ante el silencio negativo frente al recurso de alzada.

3.- CONTESTACION DE LA DEMANDA

La parte demandada guardó silencio en esta oportunidad procesal.

4.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Cali mediante sentencia No. 37 del 11 de marzo de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones

4.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Cali mediante sentencia No. 37 del 11 de marzo de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, bajo los siguientes argumentos:

Adujo que la prima especial se estableció a través del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y que, fue objeto de regulación anualmente por el Gobierno Nacional. No obstante, en la sentencia del 29 de abril de 2014 el Consejo de Estado anuló los artículos de los decretos salariales que regularon el emolumento para los años 1993 a 2007, al considerar que erradamente se interpretó que el 30% de la asignación básica constituía prima especial, cuando debió entenderse que constituye una suma adicional al sueldo básico y, en esa medida, hubo menosca bo de la asignación básica, lo que se tradujo en una disminución de las prestaciones sociales que toman como base dicho rubro.

Posteriormente, el 2 de septiembre de 2019 el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo profirió sentencia de unificación CE-SUJ-016-S2-19 en la que concluyó que el cumplimiento del mandato legal dispuesto en el artículo 14 de la ley marco el salario básico debe pagarse sobre el 100% y con base en ese porcentaje liquidar las prestaciones sociales que se vieron afectadas al h aberse reducido el rubro en un 30%. Lo que se normalizó hasta Decreto 272 del 11 de marzo de 2021, cuando se reguló el emolumento.Acto seguido, precisó que el régimen prestacional y salarial de la demandante es el previsto en el Decreto 57 de 1993, denominado especial o acogidos, tal y como se

cuando se reguló el emolumento.Acto seguido, precisó que el régimen prestacional y salarial de la demandante es el previsto en el Decreto 57 de 1993, denominado especial o acogidos, tal y como se desprende de la certificación laboral.

En consecuencia, resaltó que frente al régimen especial o de los acogidos, la norma determinó que el 30% de la remuneración mensual se considera como prima especial, sin carácter salarial.

De otro lado, encontró que la demandante es destinatario de la prima especial y se tiene como cierto en los periodos de vinculación en el cargo de Juez que la entidad demandada liquidó y pago en forma indebida su remuneración, i ncluyendo como parte del salario la prima especial estipulada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, lo que va en contravía de los principios constitucionales consagrados en el artículo 53 superior, motivo suficiente para que prospere la excepción de inconstitucionalidad de los decretos que regularon el emolumento desde el año 2008 al año 2014.

Aclaró que es innecesario inaplicar los decretos posteriores porque no reprodujeron la disposición declarada nula. Y por consiguiente declaró la nulidad de los act os administrativos demandados, luego de tener configurado el silencio administrativo negativo frente al recurso de apelación.

Frente a la prescripción aplicó los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 cuyo término es de tres (3) años desde el momento en el que se hicieron exigibles. En esa medida como la vinculación se produjo el 5 de julio de 2018 y la petición se

término es de tres (3) años desde el momento en el que se hicieron exigibles. En esa medida como la vinculación se produjo el 5 de julio de 2018 y la petición se elevó el 1 de julio de 2020 no operó el fenómeno prescriptivo.

Finalmente, no condenó en costas puesto que no se probaron lo supuestos que expide la norma para su causación.

5.- EL RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante presentó recurso de apelación en los siguientes términos:

“…el presente recurso gravita en la negativa a la solicitud encaminada al reconocimiento de un día de salario por cada día de retardo en la consignación de la totalidad de las cesantías, conforme a lo establecido por el Código Sustantivo del Trabajo… (Sic)”.

Ahondo señalando que la administración en calidad de empleador se encuentra bajo el impero de la ley laboral o CST en cuto artículo 14 señala que esas normas son de orden público y por ende, sus prerrogativas son irrenunciables. En torno a la obligaci ón de pagar el auxilio de cesantías precisó que se encuentra en el artículo 249 ibidem y deben sufragarse a más tardar el 15 de febrero de cada anualidad en el Fondo de Cesantías, so pena de pagar como sanción un día de salario por cada día de retraso.Para el caso de la demandante se tiene que se pagó el auxilio de cesantías únicamente el 70% de las mismas, incurriendo en mora por el restante 30% de estas y, por consiguiente, debe pagarse la sanción dispuesta en el artículo 99 del CST, situación que se viene presentando anualmente sin ninguna resolución.

únicamente el 70% de las mismas, incurriendo en mora por el restante 30% de estas y, por consiguiente, debe pagarse la sanción dispuesta en el artículo 99 del CST, situación que se viene presentando anualmente sin ninguna resolución.

Inconforme la parte demandada 1 con el fallo de primera instancia interpuso recurso de apelación, exponiendo los siguientes argumentos:

Expuso lo dispuesto en la Sentencia del 2 de septiembre de 2019 del Consejo de Estado cuyas pretensiones se encaminan al pago de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como un pago adicional y a la diferencia de la reliquidación de las prestaciones sociales, salariales y lab orales sobre el 100% de la asignación básica mensual.

Acto seguido adujo la imposibilidad presupuestal de la entidad de reconocer a los jueces de las diferencias por este concepto. Asimismo, el Decreto 272 de 2021 acogió la sentencia de unificación, lo cierto es que a la fecha no cuenta con la apropiación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que permita cubrir el reconocimiento de dichas acreencias laborales, en atención a lo dispuesto por el artículo 71 del Decreto 111 de 1996.

Por ello, a través del Oficio DEAJO22-528 del 8 de julio de 2022 el Directo Ejecutivo de Administración Judicial solicitó a la Procuraduría General de la Nación apoyar la petición de convocar a mesa interinstitucional para lograr po r el Ejecutivo la asignación de recursos presupuestales para cubrir el reconocimiento y pago a los beneficiarios de la reliquidación de prestaciones sociales y prima especial de que

petición de convocar a mesa interinstitucional para lograr po r el Ejecutivo la asignación de recursos presupuestales para cubrir el reconocimiento y pago a los beneficiarios de la reliquidación de prestaciones sociales y prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

Finalmente, se ocupó de la pre scripción y solicito la revocatoria del fallo de primer grado.

6.- TRÁMITE DE INSTANCIA

El recurso de apelación fue concedido mediante auto No. 169 del 4 de abril de 2024 del Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito de Cali y recibido por reparto en esta instancia el 21 de mayo del mismo año.

Con posterioridad, el 1 2 de julio del año inmediatamente anterior por auto interlocutorio No. 235, se admitió el recurso de alzada, concediendo a las partes e intervinientes la posibilidad de pronunciarse sobre el mismo, hasta antes de la ejecutoria de tal providencia, y al agente del Ministerio Público hasta antes del ingreso del expediente para fallo, para emitir concepto.

1 Apoderada Diana Carolina Argote DelgadoDentro de esa oportunidad la s partes guardaron silencio y el Ministerio Público emitió concepto bajo la tesis de “hay lugar a confirmar la sentencia de primer grado, teniendo en cuenta que la misma se ciñe a los parámetros interpretativos y jurisprudenciales, esto, de acuerdo con la situación de hecho y derecho en la cual se encuentra la demandante, quien por haber t enido la condición de Juez de la República tiene derecho al pago de la prima especial, es decir, una suma adicional al salario fijado por el Gobierno Nacional; en manera alguna a sustraer tal derecho

se encuentra la demandante, quien por haber t enido la condición de Juez de la República tiene derecho al pago de la prima especial, es decir, una suma adicional al salario fijado por el Gobierno Nacional; en manera alguna a sustraer tal derecho de esa asignación básica pues como lo dijo la jurisprude ncia se haría un perjuicio en vez del beneficio que encierra la concesión de otorgar una prerrogativa traducida en dinero para el empleado oficial y por ese conducto mejorar sus condiciones laborales y de vida como corresponde con la idea de un ingreso adicional. (Sic)”.

7.- CONSIDERACIONES

7.1.- Competencia y marco de análisis en segunda instancia

En los términos del artículo 153 de la Ley 1437 de 2011 del Acuerdo PCSJA2512255 del 24 de enero de 2025 , el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos.

De conformidad con lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la Corporación debe pronunciarse solamente sobre los arg umentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio.

No obstante, en el evento en que ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló se hubiere adherido al recurso, el Tribunal se encuentra faculta do para resolver sin limitaciones.

7.2.- Problema jurídico

En el presente caso, la Sala debe determinar (i) si la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y normas posteriores, debe entenderse como una adición al salario de los servidores beneficiarios de dicha prima y (ii) sí en virtud de la falta de apropiación presupuestal, aducida por la parte

consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y normas posteriores, debe entenderse como una adición al salario de los servidores beneficiarios de dicha prima y (ii) sí en virtud de la falta de apropiación presupuestal, aducida por la parte demandada, hay lugar a revocar la sentencia de primer grado que accedió a las pretensiones de la demanda. Ello para resolver el planteamiento propuesto en el recurso de apelación del extremo demandado.

Como problema jurídico propuesto por la parte actora se determinará si hay lugar o no a la sanción moratoria, derivada de no consignación de las cesantías en virtud de la reliquidación ordenada en la sentencia de primer grado.

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado se abordará el estudio de los siguientes puntos: (i) El control de constitucionalidad por vía de excepción; (ii) Naturaleza y parámetros de la Ley 4ª de 1992; (iii) La prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992; (iv) Pruebas relevantes; (v) Análisis del caso concreto – sanción moratoria; (vi) Condena en costas.7.3.- El control de constitucionalidad por vía de excepción.

En los términos del artículo 4º de la Constitución Política, el modelo de control de constitucionalidad colombiano es de carácter mixto, por cuanto armoniza dos tipos de control: concentrado y difuso o por vía de excepción.

El precepto citado dispone: “… La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales…”.

El precepto citado dispone: “… La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales…”.

El control de constitucionalidad concentrado le compete a la Corte Constitucional, y en forma residual al Consejo de Estado. Esta Corporación debe asumir el conocimiento de las demandas formuladas en ejercicio del medio de control de nulidad por inconstitucional, respecto de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no le corresponda a la Corte Constitucional, de acuerdo con lo previsto en el numeral 2º del artículo 237 de la Constitución Política.

El control por vía de excepción recae en cabeza de cualquier autoridad ya sea judicial o administrativa, incluso sobre particulares que deban aplicar una norma en un caso concreto.

La jurisprudencia constitucional ha definido que dicha herramienta jurídica comprende una facultad – deber para los autoridades y particulares, en el primer caso “…en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y las normas constitucionales…”2.

El control mediante la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad le permite a la autoridad o al particular inaplicar aquella norma o ley que se oponga de manera palmaria a una norma constitucional, de oficio o a petición de parte, para salvaguardar la supremacía de la Constitución. Los efectos que produce esta determinación son inter -partes, respecto del caso concreto, mas no anulan o le

palmaria a una norma constitucional, de oficio o a petición de parte, para salvaguardar la supremacía de la Constitución. Los efectos que produce esta determinación son inter -partes, respecto del caso concreto, mas no anulan o le restan valor jerárquico y validez de manera definitiva a la norma exceptuada por el hecho de ser contraría a la Constitución.

Mediante Sentencia T – 681 de 2016, la Corte Constitucional precisó que para la configuración del medio exceptivo resulta necesario que concurra cualquiera de los siguientes presupuestos:

2 Sentencia SU-132 de 2013.“…(i) La norma es contraria a los cánones superiores y no se ha producido un pronunciamiento sobre su constitucionalidad (…);

(ii) La regla formalmente válida y vigente reproduce en su contenido otra que haya sido objeto de una declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional o de nulidad por parte del Consejo de Estado, en respuesta a una acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad según sea el caso; o,

(iii) En virtud, de la especificidad de las condiciones del caso particular, la aplicación de la norma acarrea consecuencias que no estarían acordes a la luz del ordenamiento iusfundamental. En otras palabras, puede ocurrir también que se esté en presencia de una norma que, en abstracto, resulte conforme a la Constitución, pero no pueda ser utilizada en un caso concreto sin vulnerar disposiciones constitucionales”.

Dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el control por vía de excepción está consagrado en el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011. En virtud de

utilizada en un caso concreto sin vulnerar disposiciones constitucionales”.

Dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el control por vía de excepción está consagrado en el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011. En virtud de este mecanismo, el juez goza de la prerrogativa discrecional para inaplicar actos administrativos que vulneren la Constitución Política o la ley. El funcionario judicial o las partes se encuentran legitimados para formular este medio exceptivo.

La doctrina enseña que, en la praxis, la excepción de ilegalidad o inconstitucional tiene aplicación cuando la part e demandante interpone una demanda en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011, y pretende la declaración de nulidad de un acto administrativo particular expedido con fundamento en un acto administrativo general q ue contraviene la ley o la Carta Política, y, por ende, resulta necesario inaplicarlo.

Así mismo, la doctrina precisa que al juez administrativo le corresponde pronunciarse en la sentencia sobre la excepción formulada, la cual también puede declarar de of icio si lo estima indispensable. En este caso, el estudio debe estar enfocado en constatar si se presenta una contradicción entre una norma superior y otra inferior, sin que se requiera que se advierta en forma flagrante o evidente3.

7.4.- Naturaleza y parámetros de la Ley 4ª de 1992

El artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política asignó al Congreso la función de dictar normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para efectos de fijar el régimen salarial y

El artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política asignó al Congreso la función de dictar normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para efectos de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública.

En desarrollo de la función citada, el Congreso expidió la Ley 4ª de 1992, cuya naturaleza es la de una norma M arco o Cuadro, con el objeto de que el Gobierno Nacional fijara, entre otros, el régimen salarial y prestacional de la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y el Ministerio Público.

3 ARBOLEDA PERDOMO, Enrique José. Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Editorial Legis. Segunda edición. Bogotá: 2012.La Corte Constitucional en Sentencia C – 312 de 1997 precisó que la Ley 4ª de 1992 “…constituye la ley marco necesaria para que el Gobierno cumpla con la misión que le fue confiada en los literales e) y f) del numeral 19 del artículo 150 de la Carta. En efecto, como bien se expresa en su encabezamiento, la referida ley fue dictada con el objeto de cumplir con el mandato de la Constitución acerca de que el Congreso debe dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno al momento de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos y el régimen prestacional mínimo de los trabajadores oficiales…”.

De acuerdo con los artículos 1º y 2º de la Ley citada, al Gobierno Nacional le

prestacional de los empleados públicos y el régimen prestacional mínimo de los trabajadores oficiales…”.

De acuerdo con los artículos 1º y 2º de la Ley citada, al Gobierno Nacional le corresponde diseñar y fijar, entre otros, los regímenes salariales y prestacionales de los empleados de la Rama Judicial, el Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación, considerando los criterios de equidad, el respeto de los derechos adquiridos y la prohibición de desmejorar sus remuneraciones y prestaciones sociales.

Al tenor de l o previsto en el artículo 4º ibídem, los sistemas salariales y prestacionales de los empleados referidos deben modificarse con base en los criterios indicados, determinándose el aumento de sus remuneraciones.

En consecuencia, el régimen salarial o prestac ional que contravenga las disposiciones previstas en la Ley 4a de 1992, o en los decretos del Gobierno Nacional en desarrollo de esta, será ineficaz, por cuanto carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos, según lo establecido en su artículo 10.

Ahora bien, sobre el objetivo trazado por el Legislador con la expedición de la Ley Cuadro, la Corte Constitucional en Sentencia C – 244 de 2013, - a través de la cual se pronunció sobre la demanda de inconstitucionalidad formulada en contra del artículo 15 de la mencionada Ley -, señaló que está encaminado a lograr una nivelación salarial adecuada y más comprensiva de los salarios del sector judicial, en atención a incoherencias internas y externas advertidas:

“… en términos de coherencia externa con la s otras ramas del poder público, los altos

nivelación salarial adecuada y más comprensiva de los salarios del sector judicial, en atención a incoherencias internas y externas advertidas:

“… en términos de coherencia externa con la s otras ramas del poder público, los altos funcionarios judiciales recibían sueldos menores que los percibidos por los congresistas y por los altos cargos del ejecutivo; y, en segundo lugar, al interior de la rama, había falta de proporcionalidad salarial en la pirámide salarial ya que los sueldos de los magistrados de las cortes de cierre estaban muy distantes del segundo nivel salarial (conformado por los magistrados de Tribunal y magistrados auxiliares de Altas Cortes) y, a fortiori, con un extendido ter cer nivel salarial conformado por el resto de jueces unipersonales que atienden el grueso de la demanda judicial del país…”.

En línea con el objetivo señalado, mediante el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el Legislador le ordenó al Gobierno Nacional revisar el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.

7.5.- La prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.El artículo 14 de la Ley 4 de 1992, estableció que:

“ARTÍCULO 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la

superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del T ribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.”

En virtud de la aludida disposición y en cumplimiento de lo establecido en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, durante el período comprendido entre los años 1993 y 2007, el Gobierno Nacional expidió los Decretos mediante los cuales se dictaron disposiciones en materia salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial, del Ministerio Público, de la Justicia Penal Militar. En estos, se reprodujo la previsión que el 30% del salario devengado por los funcionarios anteriormente enunciados sería considerado como prima.

Las mencionadas disposici ones fueron objeto de demanda a través del medio de control de nulidad simple, la cual fue resuelta por el Consejo de Estado en sentencia

anteriormente enunciados sería considerado como prima.

Las mencionadas disposici ones fueron objeto de demanda a través del medio de control de nulidad simple, la cual fue resuelta por el Consejo de Estado en sentencia del 29 de abril de 2014. En dicha providencia se declaró la nulidad de los artículos demandados bajo el argumento que el Gobierno Nacional interpretó erróneamente y aplicó indebidamente la Ley 4 de 1992, al haber dispuesto que el 30% correspondiente a la prima especial de servicios hacía parte del salario en lugar de reconocer el valor de la prestación como un porcentaje adicional al mismo 4 .

A esa conclusión se llegó, por considerarse que la mentada interpretación es la que más se ajusta a los principios constitucionales de progresividad, favorabilidad y no regresividad en materia laboral, teniendo en cuenta además que l os decretos enjuiciados contrariaban los criterios establecidos en la Ley 4 de 1992, conforme a la cual de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones sociales.

Posteriormente, el Consejo de Estado (Sala Plena de Conjueces) reafirmó di cha postura al proferir la Sentencia de unificación del 2 de septiembre de 2019, en la que avaló la inaplicación por inconstitucionalidad d el artículo 6 del decreto 658 de 2008, el artículo 8 del decreto 723 de 2009, el artículo 8 del decreto 0874 de 2012,

4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2014, Consejera Ponent e María Carolina Rodríguez

2008, el artícul