TA VAL - Sentencia 76147-33-33-003-2024-00047-01 (13-02-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SALA DE DECISIÓN

Santiago de Cali, trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE No: 76147-33-33-003-2024-00047-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: BLANCA YANETH OSORIO RÍOS

notificacionescartago@lopezquinteroabogados.com laurapulido@lopezquinteroabogados.com

DEMANDADO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALFONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL

MAGISTERIOFOMAG – DEPARTAMENTO DE

VALLE DEL CAUCA.

notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co notjudicial@fiduprevisora.com.co fomag@fiduprevisora.com.co

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR A. VALERO NISIMBLAT

La Sala de Decisión de esta Corporación procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por las entidades demandadas, contra la sentencia de primera instancia No. 147 del 23 de octubre de 2024, mediante la cual el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Car tago accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1.- LA DEMANDA

La señora BLANCA YANETH OSORIO RIOS, actuando a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

I. ANTECEDENTES

1.1.- LA DEMANDA

La señora BLANCA YANETH OSORIO RIOS, actuando a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - DEPARTAMENTO DEL V ALLE DEL CAUCA , elevando las siguientes:

PRETENSIONES: Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2024-00047-01

2

1. Que se declare la nulidad del acto ficto configurado el 20 de diciembre de 2023, con ocasión de la petición radicada ante el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FOMAG – FIDUPREVISORA, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en la Ley 1071 DE 2006.

2. En consecuencia, se reconozca y pague la sanción por mora establecida en la Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la entidad demandada y hasta cuando se hizo efectivo el pago de esta.

3. Que se condene a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FOMAG -DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA al reconocimiento y pago de la sanción moratoria, con los ajustes de valor a que haya lugar , con motivo de la

3. Que se condene a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FOMAG -DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA al reconocimiento y pago de la sanción moratoria, con los ajustes de valor a que haya lugar , con motivo de la disminución del poder adquisitivo; y que se reconozcan y paguen los intereses moratorios desde el día siguiente a la fecha de la ejecutoria de la sentencia hasta que se efectúe el respectivo pago.

4. Que se condene a las demandadas a cumplir la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.

5. Que se condene en costas a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, de conformidad con el artículo 188 del CPACA.

Como HECHOS relevantes, se señalaron los siguientes:

Que la demandante laboró como docente en los servicios educativos estatales por lo cual presentó solicitud el 15 de junio de 2021, para el reconocimiento y pago de las cesantías.

Que mediante Resolución No. 01833 del 29 de junio de 20 21, le fueron reconocidas las cesantías solicitadas; posteriormente, el FOMAG puso a disposición el dinero derivado de las mismas el 15 de diciembre de 2021.

Que, al observar con detenimiento, la actora solicitó las cesantías el día 15 de junio de 2021, y el plazo para cancelarlas iba hasta el día 24 de septiembre de 2021, pero solo se hizo hasta el 15 de di ciembre de 2021, por lo cual trascurrieron 82 días de mora, contados a partir de los 70 días hábiles que

2021, pero solo se hizo hasta el 15 de di ciembre de 2021, por lo cual trascurrieron 82 días de mora, contados a partir de los 70 días hábiles que tenían las entidades demandadas para cancelar .

Indicó que presentó solicitud para el reconocimiento de la sanción moratoria el día 20 de septiembre de 2023, sin que se haya obtenido respuesta.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2024-00047-01

3 Como NORMAS VIOLADAS señaló las leyes 91 de 1989, Ley 244 de 1995, Ley 1071 de 2006 y Ley 1955 de 2019.

Como concepto de violación, señaló, en resumen, que el espíritu garantista de la Ley 1071 de 2006 al esta blecer los términos perentorios para el reconocimiento y pago de la cesantía, estaba siendo burlado por las entidades demandadas, cuando canceló la prestación con posterioridad a los setenta (70) días después de haber realizado la petición de estas, obviando la protección de los derechos del trabajador , haciéndose el FOMAG acreedor a la sanción correspondiente por la mora en el pago de la cesantía por el incumplimiento o retardo en el pago de esta, y con esta circunstancia se debían resarcir los daños causados a la demandante.

1.2.- LA DEFENSA

LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO presentó contestación a la demanda, oponiéndose a las pretensiones de la misma. Argumentó que la mora

LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO presentó contestación a la demanda, oponiéndose a las pretensiones de la misma. Argumentó que la mora se habría generado en su totalidad en el año 2020. En consecuencia, conforme al parágrafo transitorio del artículo 57 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, por medio de la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020, el ente responsable de reconocer la indemnización por concepto de sanción moratoria era el ente territorial y no el FOMAG.

Por otra parte, indicó que en el caso bajo estudio la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca tenía hasta el 0 6 de julio de 2021 para expedir el acto administrativo de reconocimiento y pago de las cesantías y este fue expedido el 29 de junio de 2021. No obstante, señaló que, pese a que este fue emitido a tiempo, hasta el 16 de noviembre de 2021 el FOMAG recibió el acto administrativo para su estudio y reconocimiento, por lo que la tardanza en el envío de dicho acto administrativo por parte de la entidad territorial es lo que generó la sanción moratoria.

Para terminar , solicitó ser desvinculado del proceso y condenar en costas a la parte demandante.

El DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que su rol es meramente administrativo, actuando como facilitadora, sin injerencia en los valores reconocidos o descontados por ley. Aunque participa activamente en los trámites y solicitudes de prestaciones sociales de los docentes, no tiene competencia en las pretensiones invocadas,

como facilitadora, sin injerencia en los valores reconocidos o descontados por ley. Aunque participa activamente en los trámites y solicitudes de prestaciones sociales de los docentes, no tiene competencia en las pretensiones invocadas, las cuales corresponden al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, según lo dispuesto en la Ley 91 de 1989.

Así mismo, señaló que la notificación de la Resolución No. 1.210-54-01833 del 29 de junio de 2021, por medio de la cual se le reconocieron las cesantías a la docente, se realizó el día 17 de septiembre de 2021 y que, de acuerdo con laMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2024-00047-01

4 trazabilidad hecha al caso, dicha prestación fue cancelada el 16 de diciembre de 2021, como lo certificó el FOMAG. Por lo anterior , adujo que, para el caso de la demandante, el Departamento del Valle del Cauca no está llamado a responder, ya que dicha entidad cumplió con los trámites administrativos que le correspondían en el término dispuesto por la ley, y que lo referente a pagos o desembolsos de dineros no son competencia de esta entidad.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Administrativo del circuito de Cartago, mediante sentencia No. 147 del 23 de octubre de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda, tras analizar la procedencia de la sanción por mora en el pago de las cesantías de los docentes. En su fallo, el A quo citó la sentencia de unificación del Consejo de Estado de

tras analizar la procedencia de la sanción por mora en el pago de las cesantías de los docentes. En su fallo, el A quo citó la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 2018, en la que se abordó la aplicabilidad de la sanción moratoria para los docentes, así como los plazos que deben considerarse para su imposición en aquellos casos en los que la entidad se pronuncia tardíamente sobre la solicitud de reconocimiento y pago de cesantías. El despacho precisó que la regla aplicable para establecer el tiempo máximo con el que contaba la demandada para realizar el pago de las cesantías corresponde a 70 días posteriores a la presentación de la petición. Por lo anterior, señaló que la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías parciales data del día 15 de junio de 2021, la cual fue resuelta mediante resolución No. 1.210-54 01836 del 29 de junio de 2021 y que el plazo para obtener el pago efectivo de dichas cesantías vencía el 24 de septiembre de 2021, pero se produjo hasta el 12 de diciembre de 2021. Por tal razón, el juzgado concluyó que, a partir del día 25 de septiembre de 2021 (día siguiente a la fecha en que debió efectuarse el pago) hasta el 14 de diciembre de 2021 (día anterior al pago), se causó la sanción mora, para un total de 82 días de mora. Por otra parte, referente a la entidad responsable de pagar la sanción moratoria, indicó que, en virtud de los términos señalados en el artículo 4º de la Ley 1071 de 2006, los 15 días con que contaba el Departamento del Valle del Cauca –

Por otra parte, referente a la entidad responsable de pagar la sanción moratoria, indicó que, en virtud de los términos señalados en el artículo 4º de la Ley 1071 de 2006, los 15 días con que contaba el Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Educación para expedir el acto administrativo, más los diez (10) días de ejecutoria, fenecieron el 22 de junio de 2021; sin embargo, el acto administrativo fue proferido el 29 de junio de 2021 y notificado el 2 de agosto de 2021, es decir, por fuera del término legal. Por lo tanto, determinó que, de los 82 días de mora, la entidad territorial debería asumir 42 días. A su vez, señaló que como el FOMAG tenía plazo de realizar el pago de dicha prestación hasta el 24 de septiembre de 2021 y puso a disposición el dinero el día 15 de diciembre de 2021, le correspondía a esta entidad cancelar los 40 días restantes de la sanción por mora. Por lo expuesto, declaró la responsabilidad de ambas entidades demandas. 1.4.- LOS RECURSOS DE APELACIÓNMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2024-00047-01

5 LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE PRESENTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO interpuso recurso de apelación, indicando no compartir lo decidido en primera instancia; para ello argumentó que la solicitud de reconocimiento de prestaciones económicas debe presentarse ante la última entidad territorial de educación que haya ejercido como autoridad nominadora del afiliado. A su vez, hizo énfasis en que la Secretaría de Educación del Departamento del

argumentó que la solicitud de reconocimiento de prestaciones económicas debe presentarse ante la última entidad territorial de educación que haya ejercido como autoridad nominadora del afiliado. A su vez, hizo énfasis en que la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca envió de forma tardía el acto administrativo que reconoció las cesantías hacia la Fiduprevisora S.A., lo que ocasionó el retraso en el pago de dicha prestación; por tal razón, argumentó que toda la responsabilidad debía recaer en el ente territorial, puesto que el FOMAG realizó el pago dentro de los términos que señala la ley una vez recibió el acto administrativo. Finalmente, solicitó revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar , condenar a la entidad territorial al pago de la sanción por mora y exonerar de toda responsabilidad al FOMAG. Por su parte, el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA también presentó recurso de apelación, en el cual reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y manifestó su inconformidad con el fallo de primera instancia respecto al cálculo de los tiempos señalados como sanción mora. Por lo anterior , indicó que el juzgado señaló como días de mora un total de 82 días comprendidos entre el 25 de septiembre de 2021 y el 14 de diciembre de esa misma anualidad. Sin embargo, advirtió que dentro de este periodo hay únicamente 53 días y no 82 días como lo plasmó el despacho en la sentencia. Así las cosas, solicitó que se aclare cuántos son los días que realmente corresponden a la sanción moratoria y lo que cada entidad debe asumir.

TRÁMITE EN LA SEGUNDA INSTANCIA

Así las cosas, solicitó que se aclare cuántos son los días que realmente corresponden a la sanción moratoria y lo que cada entidad debe asumir. TRÁMITE EN LA SEGUNDA INSTANCIA El recurso de apelación fue admitido mediante el auto N.º 528 del 04 de diciembre de 2024. En el trámite de la ejecutoria las partes guardaron silencio. Tramitada la segunda instancia, y no observándose causal de nulidad procesal que invalide la actuación, se procede a dictar sentencia, conforme a las siguientes,

II. CONSIDERACIONES Corresponde a la Sala dilucidar si el fallo proferido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cartago, a través del cual se accedió a las pretensiones, se encuentra ajustado a derecho.

3.1 PROBLEMA JURÍDICOMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2024-00047-01

6 En los términos de los recursos de apelación, la Sala debe determinar en primer lugar el periodo de la causación de la sanción moratoria y, en segundo lugar, establecer a cuál de las demandadas le corresponde efectuar el pago de la sanción moratoria.

CUESTIÓN PREVIA

De conformidad con lo establecido por la Ley 270 de 1996, la Ley 446 de 1998 y el desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado, se puede otorgar un trámite preferencial “en atención a la naturaleza del asunto, por razones de seguridad nacional, cuando se vea amenazado el patrimonio público, exista grave violación a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, o en asuntos de

preferencial “en atención a la naturaleza del asunto, por razones de seguridad nacional, cuando se vea amenazado el patrimonio público, exista grave violación a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, o en asuntos de especial trascendencia social o por carecer de antecedentes jurisprudenciales y su solución sea de interés público con repercusión colectiva, o cuando su resolución íntegra entrañe solo la reiterada jurisprudencia, o cuando se determine un orden temático para su elaboración y estudio prefer ente, mediante acuerdo de la Sala”1.

Así las cosas, se tiene que, respecto al presente asunto, esta Sala ya se ha pronunciado con anterioridad, ratificando la misma posición en relación al tema objeto de estudio, por l o que al evidenciarse que la resoluc ión de esta controversia implica la reiteración jurisprudencial de esta Sala de Decisión, es procedente proferir fallo de manera prioritaria.

3.2 ARGUMENTOS DEL FALLO

3.2.1 LA LEY 244 DE 1195 MOFICADA Y ADICIONADA POR LA LEY 1071 DE 2006 DE 2006 – EL AUXILIO DE CESANTÍAS Y LA SANCIÓN

MORATORIA

El auxilio de cesantía es una prestación social a la que tiene derecho un trabajador y se encuentra a cargo del empleador, con el objetivo de que al encontrarse cesante pueda atender sus necesidades básicas; o estando vigente el vínculo laboral pueda utilizarlo en aspectos como educación, vivienda, mejoramiento de vivienda, etc., siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos.

Así pues, respecto al pago de las cesantías a los servidores públicos y las

el vínculo laboral pueda utilizarlo en aspectos como educación, vivienda, mejoramiento de vivienda, etc., siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos.

Así pues, respecto al pago de las cesantías a los servidores públicos y las sanciones por mora en su cancelación, la Ley 244 de 1995 en su artículo 2 estableció:

“Artículo 2º.- La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social.

Parágrafo. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos,

1 CONSEJO DE ESTADO, Sección Segunda – Subsección B, C.P. CARMELO PERDOMO CUETER, Radicación No. 25000-23-25-000-2011-01185-01. Auto del 25 de febrero de 2021.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2024-00047-01

7 al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste.”

De manera que, la entidad pública cuenta con un término de cuarenta y cinco (45) días para cancelar las cesantías, contados a partir de la fecha en que

mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste.”

De manera que, la entidad pública cuenta con un término de cuarenta y cinco (45) días para cancelar las cesantías, contados a partir de la fecha en que adquiera firmeza el acto administrativo que las reconozca; pero, en caso de mora, al servidor público se le deberá reconocer y pagar un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de la prestación.

En este punto debe decirse que para el Consejo de Estado la sanción moratoria de la que trata la precitada norma, fue establecida con el objetivo de reparar los daños que se llegaren a causar al servidor público por el incumplimiento en el pago de las cesantías definitivas o parciales dentro de la oportunidad establecida para ello.2

Ahora bien, la Ley 1071 de 2006 adiciona y modifica la Ley 244 de 1995 y en ésta “se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación”, señalándose en sus artículos 4 y 5 el reconocimiento y pago de esta prestación y la sanción moratoria por su pago tardío en los siguientes términos:

“Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está

tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y

2 CONSEJO D E ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrati vo, Sección Segunda – Subsección B, C.P.: GERARDO ARENAS MONSALVE, radicado No. 73001-23-31-000-2004-01302-02(1872-07). Abril 08 de 2010.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2024-00047-01

8 cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual

Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2024-00047-01

8 cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.”

De lo anterior se desprende que la entidad empleadora o quien sea responsable del reconocimiento y pago de las cesantías , deberá expedir el acto administrativo correspondiente en caso de cumplir con los requisitos para ello, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público.

Igualmente, se reitera que dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha en que haya quedado en firme el acto administrativo que ordenó la liquidación de la mentada prestación, la entidad pública debe cancelarla; sin embargo, en caso de mora en el pago, ésta deberá reconocer un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo su cancelación.

3.2.2RÉGIMEN ESPECIAL DE LOS DOCENTES OFICIALES EN MATERIA

DE CESANTÍAS.

En el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 se determina que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) debe pagarles a los docentes, vinculados al 31 de diciembre de 1989, un auxilio de cesantía equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de un

Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) debe pagarles a los docentes, vinculados al 31 de diciembre de 1989, un auxilio de cesantía equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de un año laborado, sobre el último salario devengado si no ha sido modificado en los últimos tres meses o, en caso contrario, sobre el salario promedio del último año. Al respecto, la norma aludida señala:

“Artículo 15º.- A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: (…)

3. Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.”

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sinMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sinMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2024-00047-01

9 retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.”

De la disposición en cita, se desprende que los docentes, dependiendo de su vinculación, tienen un sistema de cesantías aplicable a saber: i) si se trata de docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 se les pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio sobre el último salario devengado -esté es el llamado sistema retroactivo-, y ii) en el caso de los docentes nacionales y nacionalizados, y los vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1990, se realiza un pago anualizado de la prestación y el reconocimiento de un interés anual sobre el saldo de las cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año liquidadas anualmente y sin retroactividad.

Por otro lado, en el Decreto 2831 de 2005 se estableció el procedimiento para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del FOMAG, encontrándose entre ellas las cesantías, y disponiéndose lo siguiente:

retroactividad.

Por otro lado, en el Decreto 2831 de 2005 se estableció el procedimiento para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del FOMAG, encontrándose entre ellas las cesantías, y disponiéndose lo siguiente:

“Artículo 2°. Radicación de solicitudes. Las solicitudes de reconocimiento de prestaciones sociales, deberán ser radicadas en la secretaría de educación, o la dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o causahabiente, de acuerdo con el formulario adoptado para el efecto por la sociedad fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

La sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, implementará un sistema de radicación único, que registre las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas que deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en forma simultánea en la respectiva entidad territorial certificada y en la sociedad fiduciaria y que permita a los solicitantes conocer electrónicamente el estado de su trámite.

Artículo 3°. Gestión a cargo de las secretarías de educación. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 91 de 1989 y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, la atención de las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, será efectuada a través de las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, o la dependencia que haga sus veces.

Para tal efecto, la secretaría de educación de la entidad territorial certificada

del Magisterio, será efectuada a través de las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, o la dependencia que haga sus veces.

Para tal efecto, la secretaría de educación de la entidad territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente, deberá:Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2024-00047-01

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1. Recibir y radicar, en estricto orden cronológico, las solicitudes relacionadas con el reconocimiento de prestaciones sociales a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de acuerdo con los formularios que adopte la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos de dicho

Fondo.

2. Expedir, con destino a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo y conforme a los formatos únicos por esta adoptados, certificación de tiempo de servicio y régimen salarial y prestacional, del docente peticionario o causahabiente, de acuerdo con la normatividad vigente.

3. Elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de reconocimiento, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para su aprobación, junto con la certificación descrita en el numeral anterior del presente artículo.

4. Previa aprobación por parte de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio suscribir el acto administrativo de reconocimiento de prestaciones económicas a cargo de dicho Fondo, de acuerdo con las Leyes

manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio suscribir el acto administrativo de reconocimiento de prestaciones económicas a cargo de dicho Fondo, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 962 de 2005 y las normas que las adicionen o modifiquen, y surtir los trámites administrativos a que haya lugar, en los términos y con las formalidades y efectos previstos en la ley.

5. Remitir, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, copia de los acto