TA VALL - 76001233101020170082700-(30-01-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SALA DE DECISIÓN

Santiago de Cali, treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

SENTENCIA

Exp. No.: 76-001-23-31-010-2017-00827-00

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO –

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

DEMANDANTE: MARÍA MARLENY HERNÁNDEZ ROLDÁN

oscar_ivan_montoya@hotmail.com

DEMANDADO: JUZGADO 09 ADMINISTRATIVO DE CALI

adm09cali@cendoj.ramajudicial.gov.co

MUNICIPIO DE PALMIRA

notificaciones.judiciales@palmira.gov.co

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR A. VALERO NISIMBLAT

Surtido el trámite previsto en los artículos 253 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, procede la Sala de Decisión de esta Corporación a emitir la Sentencia que dirima el recurso extraordinario de revisión propuesto por la parte demandante,

señora MARÍA MARLENY HERNÁNDEZ ROLDÁN.

ANTECEDENTES

La señora MARÍA MARLENY HERNÁNDEZ ROLDÁN actuando a través de apoderado judicial presenta recurso extraordinario de revisión con fundamento2

Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Recurso Extraordinario de Revisión/ 2017-00827-00

en la causal 1° del artículo 250 del CPACA, en contra de la sentencia de

Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Recurso Extraordinario de Revisión/ 2017-00827-00

en la causal 1° del artículo 250 del CPACA, en contra de la sentencia de primera instancia del 28 de julio de 2014, proferida por el Juzgado Noveno Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali, mediante la cual se resolvió declarar la nulidad de la resolución 702 del 24 de julio de 2000 y, a título de restablecimiento del derecho ordenó a la administración municipal de Palmira que dé lugar al reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación en favor de la hoy Recurrente a partir del 18 de junio de 2001, fecha en que la Señora MARIA MARLENI HERNANDEZ ROLDAN, adquirió su status pensional, equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio, al tiempo que ordenó la compartibilidad de la pensión en favor del municipio de Palmira, con la pensión de vejez que le reconoció el Instituto de Seguros Sociales, quedando obligado el municipio a pagar el mayor valor resultante de la pensión.

PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDA Y SOLICITUD DE PRUEBAS

El municipio de Palmira interpone el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del DerechoLesividad en contra de la señora MARIA MARLENY HERNANDEZ ROLDÁN, correspondiendo por reparto al Juzgado Noveno Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali, a efectos de que se declarara la nulidad de la Resolución No. 702 del 24 de julio de 2000, por

Noveno Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali, a efectos de que se declarara la nulidad de la Resolución No. 702 del 24 de julio de 2000, por medio de la cual el ente territorial reconoció y ordenó el pago de una pensión vitalicia de jubilación extralegal a favor de la señora HERNANDEZ, a partir del 12 de julio de 2000, bajo el argumento de que esta era empleada pública, por lo tanto, no era beneficiaria del acuerdo convencional.

Indicó que, la prestación fue reconocida en atención a la Convención Colectiva de Trabajo vigente entre el año 1997 y 1998, la cual contenía que hasta el 31 de diciembre de 2000, se jubilaría sus trabajadores con 20 años de servicio y 50 años de edad, con el 100% del último salario devengado, y la cual es compatible con las pensiones de invalidez, vejez y muerte reconocida por el ISS.

Que, el ISS a través de la Resolución No. 5249 de 2002 le reconoció una pensión de vejez.3

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Manifestó que, le fue notificado personalmente el auto admisorio de la demanda el 20 de junio de 2012, pero no presentó dentro del término procesal los medios de defensa, entre ellos la convención colectiva de trabajo con la cual le otorgaron su prestación por jubilación, ya que no tuvo representación judicial a través de abogado.

Como quiera que no existió discusión frente a los argumentos presentados por el ente territorial, el Juzgado mediante sentencia del 28 de julio de 2014,

judicial a través de abogado.

Como quiera que no existió discusión frente a los argumentos presentados por el ente territorial, el Juzgado mediante sentencia del 28 de julio de 2014, notificada por edicto el 05 de septiembre de 2014, declaró la Nulidad de la Resolución No. 702 del 24 de julio de 2000, y como consecuencia de ello, ordenó a título de restablecimiento del derecho ordenó al municipio de Palmira a reconocer y pagar una pensión de jubilación a favor de la actora, a partir del 18 de junio de 2001, fecha en la que adquirió su status pensional de conformidad con la Ley 33 de 1985, equivalente al 75% y se ordenó la compartibilidad de la pensión con la pensión de vejez reconocida por el ISS, quedando el municipio a cargo del pago del mayor valor.

Que, la sentencia no fue objeto de apelación ya que la señora HERNANDÉZ no contaba con representación profesional, quedando debidamente ejecutoriada la sentencia.

Que, en cumplimiento de lo ordenado en el fallo anterior, el municipio expidió la Resolución 676 del 30 de junio de 2015.

En el cuerpo de la demanda se solicitaron las siguientes pruebas:

“ Documentales

(…)

2. - Copia autenticada de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el sindicato de trabajadores del Municipio de Palmira y el Municipio de Palmira, vigente para los años 1.997 - 1998 con la correspondiente constancia de depósito. 3. - Copia integral del expediente radicado bajo el N° 76-001-33-31-7092011-00409-01, dentro del Proceso de Acción de Nulidad y

constancia de depósito. 3. - Copia integral del expediente radicado bajo el N° 76-001-33-31-7092011-00409-01, dentro del Proceso de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, propuesto por el Municipio de Palmira,4

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contra la señora MARIA MARLENI HERNANDEZ ROLDAN, cuyo original se encuentra archivado en el Juzgado Veinte Administrativo Mixto del Circuito de Cali, en el cual se encuentra todas los documentos aquí mencionados entre ellos la Resolución N° 702 de Julio 24 del 2.000, por medio de la cual el Municipio de Palmira, le otorga la prestación por jubilación a la señora HERNANDEZ ROLDAN, Resolución N° 005249 de 2.002 por medio de la cual el Instituto de los Seguros Sociales hoy Colpensiones le otorga a la señora HERNANDEZ ROLDAN la prestación por vejez. 4.- Copia de la Resolución N° 676 de Junio 30 de 2.015 por medio del cual el Municipio de Palmira a través de la oficina del Talento Humano da cumplimiento a la orden judicial impartida por el Juzgado Noveno Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali, a través de la sentencia de fecha Julio 28 de 2.014,

OFICIOS

Solicito que se libre oficio al Juzgado Veinte Administrativo Mixto del Circuito de Cali, a fin de que allegue a esa Colegiatura el original del Proceso de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, propuesto

OFICIOS

Solicito que se libre oficio al Juzgado Veinte Administrativo Mixto del Circuito de Cali, a fin de que allegue a esa Colegiatura el original del Proceso de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, propuesto por el Municipio de Palmira, contra la señora MARIA MARLENI HERNANDEZ ROLDAN, radicado bajo el N° 76 -001-33-31-709-201100409-01, archivado a órdenes de ese Juzgado, en el mes de Diciembre de 2.015”

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Según constancia secretarial que obra en el expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , la señora MARIA MARLENY HERNANDEZ ROLDAN no contestó la demanda.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue repartida inicialmente al Juzgado Diecisiete Administrativo de Cali y mediante auto del 28 de febrero de 2012 fue admitida la demanda.

Con auto del 26 de marzo de 2012 se remitió el proceso a los Juzgados Administrativos de Descongestión, en cumplimiento del Acuerdo No. PSAA 129221 de 2012.5

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El Juzgado Noveno Administrativo de Descongestión de Cali, mediante providencia del 23 de abril de 2012, avocó el conocimiento

Durante el término de fijación en lista, la señora MARÍA MARLENY HERNANDEZ ROLDAN guardó silencio.

El Juzgado mediante auto del 11 de julio de 2012 concedió recurso de

Durante el término de fijación en lista, la señora MARÍA MARLENY HERNANDEZ ROLDAN guardó silencio.

El Juzgado mediante auto del 11 de julio de 2012 concedió recurso de apelación interpuesto por la demandante en contra del auto del 28 de febrero de 2012, por el cual se negó el decreto de la medida cautelar solicitada, decisión confirmada con auto del 19 de abril de 2013, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Mediante auto del 23 de octubre del 2013 abre la etapa probatoria del proceso, teniendo como pruebas de la parte demandante los documentos que obran a folios 1 a 60 del cdno Ppal. Así mismo, libra los oficios de las documentales.

El despacho mediante auto del 20 de mayo de 2014 cierra el periodo probatorio, y con providencia del 04 de junio de 2014, se corrió traslado a las partes por el término de 10 días para a legar de conclusión, providencia que no fue objeto de recurso alguno, y los alegatos que fueron presentados oportunamente por el Municipio de Palmira.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE RECURSO

EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

El Juzgado Noveno Administrativo de Descongestión de Cali emitió Sentencia del 28 de julio de 2014, accediendo parcialmente a las pretensiones, donde realiza un análisis probatorio determinando que, el municipio de Palmira, al expedir el acto administrativo que reconoció la pensión de jubilación a la señora HERNANDEZ, debió sujetarse al régimen pensional de los empleados públicos, y no actuar a motu proprio, por lo cual el acto demandado fue

expedir el acto administrativo que reconoció la pensión de jubilación a la señora HERNANDEZ, debió sujetarse al régimen pensional de los empleados públicos, y no actuar a motu proprio, por lo cual el acto demandado fue expedido con fundamento en una disposición ilegal.

Que, su situación pensional se definió con posterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993, pues es claro que la señora HERNANDEZ adquirió su estatus pensional el 18 de junio de 2001 y dicha norma entró a regir para los servidores públicos del nivel municipal el 30 de junio de 1995.6

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Indicó que, a la entrada en vigor de la Ley 100, contaba con 14 años de servicio y 49 años de edad, por lo que le resulta aplicable lo establecido en el inciso 2 del artículo 36 de la referida ley, esto es, el régimen de transición, aplicándole el régimen pensional anterior contenido en la Ley 33 de 1985.

Que, conforme al material probatorio allegado se determinó que la señora HERNANDEZ contaba con los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, 55 años de edad (cumplidos el 18 de junio de 2001), y 20 años de tiempo de servicio (cumplidos el 02 de julio de 2000), aplicando como base de liquidación el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

Y se ordenó en favor del municipio de Palmira, la compartibilidad entre la pensión reconocida a favor de la señora HERNANDEZ con la pensión de vejez

durante el último año de servicio.

Y se ordenó en favor del municipio de Palmira, la compartibilidad entre la pensión reconocida a favor de la señora HERNANDEZ con la pensión de vejez que le reconoció el ISS.

TRÁMITE POSTERIOR A LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Según constancia secretarial visible a folio 187 del cuaderno principal, las partes no interpusieron recurso contra la sentencia, quedando debidamente ejecutoriada a partir del 23 de septiembre de 2014.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La señora MARIA MARLENY HERNANDEZ ROLDAN a través de apoderada judicial y dentro del término señalado en la ley, interpone el recurso extraordinario de revisión fundamentado en la causal 1° del artículo 250 del CPACA, haberse encontrado o recobrado después de la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

Señala en el recurso que, al no representarse mediante profesional del derecho dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, no tuvo la oportunidad de controvertir fácticamente y probatoriamente los argumentos esbozados por el municipio de Palmira, y que se desconocieron los principios de buena fe y lealtad procesal entre las partes al no aportar el ente territorial la Convención Colectiva de Trabajo con la cual se reconoció su7

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pensión de jubilación, la cual estipulaba la imposibilidad de compartibilidad

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pensión de jubilación, la cual estipulaba la imposibilidad de compartibilidad pensional otorgado por el municipio y la reconocida por el ISS.

Indica que, no pudo aportarla por fuerza mayor, por no ejercer el principio procesal de postulación, situación que está definida por la Ley, ya que todas las personas deben ser representadas con abogado.

Y la causal estipulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 literal a), toda vez que, el Juez disminuyó la pensión al reconocer como IBL el 75% y no el 100% como lo establecía la convención, pues esto no fue objeto de solicitud en el libelo introductorio, vulnerando con su actuar los principios de congruencia y de la justicia rogada en lo contencioso administrativo.

Por lo cual, solicita se revoque la sentencia del 28 de julio de 2014, y que se nieguen todas las pretensiones presentadas por el municipio de Palmira; se reestablezca su derecho otorgado a través de la Resolución No. 702 del 24 de julio de 2000; se ordene dejar sin efecto la Resolución No. 676 del 30 de junio de 2015, y se proceda al pago de todos los dineros producto de su prestación de jubilación dejados de pagar desde el 30 de junio de 2015 hasta que se reestablezca su derecho.

TRÁMITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO

El recurso correspondió por reparto al magistrado Víctor Adolfo Hernández Díaz, quien mediante auto del 17 de mayo de 2017 declaró la falta de

reestablezca su derecho.

TRÁMITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO

El recurso correspondió por reparto al magistrado Víctor Adolfo Hernández Díaz, quien mediante auto del 17 de mayo de 2017 declaró la falta de competencia y ordenó remitir a la oficina de reparto para ser asignado entre los magistrados que se encontraban conociendo de los procesos iniciados en vigencia de la ley 1437 de 2011.

Una vez repartido el proceso correspondió al ponente y mediante auto del 03 de agosto de 20171 se admite el recurso extraordinario de revisión.

Mediante auto del 07 de marzo de 2018 2, se abre la etapa probatoria y encontrándose el proceso para proferir decisión de fondo, se encontró que el recurso interpuesto solo fue notificado al despacho judicial que profirió la sentencia objeto de discusión, y no al Municipio de Palmira, lo cual constituye

1 Folios 229 al 234 del Cdno Ppal 2 Folio 241 del Cdno Ppal8

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una irregularidad procesal. Por lo cual, como medida de saneamiento se dispuso la notificación personal de la admisión del recurso al ente territorial mediante auto del 12 de febrero de 20243.

El apoderado judicial del MUNICIPIO DE PALMIRA, mediante memorial visible a índice 24 de samai, da contestación al recurso extraordinario de revisión oponiéndose a lo pretendido por el recurrente, señalando que el recurrente esgrime la causal dispuesta en el artículo 250 del CPACA, esto es, no poder aportar al proceso documentos decisivos, con los cuales se hubiera

revisión oponiéndose a lo pretendido por el recurrente, señalando que el recurrente esgrime la causal dispuesta en el artículo 250 del CPACA, esto es, no poder aportar al proceso documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente por fuerza mayor o caso fortuito. También invocó la causal de que el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, arguyendo para ello, que el Juzgado al proferir la sentencia, incurrió el principio de concurrencia, argumentos que se hubiese podido esgrimir si hubiese ejercido en debida forma su derecho de contradicción y defensa.

Que, en el proceso de primera instancia se evidencia que el auto admisorio fue notificado en debida forma, sin que la recurrente haya comparecido al proceso, y no obra en el proceso ninguna manifestación sobre la imposibilidad de contar con un abogado de confianza.

Que, frente al argumento de no poder aportar documento decisivo con el cual se hubiera podido proferir una decisión diferente, se tiene que la convención colectiva de trabajo vigente para la época de los hechos, se constituyó en uno de los elementos de prueba que soportaron la decisión de la sentencia del 2014.

Concluyó que, se pretende justificar la desidia de la recurrente en no ejercer en debida forma el derecho de contradicción y defensa dentro del trámite de instancia agotado por el mentado Juzgado Noveno, y frente a argumento según el cual la recurrente no tuvo la oportunidad de contradecir las pretensiones de la demanda incoada por la administración municipal a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por no contar con un profesional que la representara, no es un hecho atribuible a la entidad territorial, menos al juzgado

demanda incoada por la administración municipal a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por no contar con un profesional que la representara, no es un hecho atribuible a la entidad territorial, menos al juzgado de conocimiento.

Por último, frente a la falta de congruencia entre lo pedido en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y lo resuelto por el Juez Noveno

3 Índice 17 de samai9

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Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali, se tiene que el Juzgado accedió a la totalidad de las pretensiones invocadas por el apoderado de la Alcaldía Municipal de Palmira.

Habiéndose agotado el trámite previsto en los artículos 253 del CPACA, de conformidad con el artículo 255 ibidem y sin observase ninguna causal o circunstancia que invalide lo actuado, se procede a resolver el recurso.

ARGUMENTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES DEL RECURSO

EXTRAORIDNARIO DE REVISIÓN

El artículo 248 de la Ley 1437 de 2011 contempla la procedencia del recurso extraordinario de revisión contra sentencias ejecutoriadas dictadas por esta jurisdicción. El Consejo de Estado en variados pronunciamientos ha señalado el objeto y sobre todo el alcance de este recurso, señalando:

“…El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación y una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada porque, a través de este, se abre la posibilidad de controvertir

“…El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación y una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada porque, a través de este, se abre la posibilidad de controvertir fallos ejecutoriados conforme con las causales del artículo 250 del CPACA. El objeto de este recurso extraordinario reside en el restablecimiento de la justicia material del fallo recurrido, cuando haya sido afectado por situaciones exógenas que no pudieron analizarse en el curso del proceso correspondiente. Es necesario aclarar que, solo podrán ser revisadas aquellas decisiones que se subsuman en el supuesto de hecho de la causal de revisión, debido a que, el legislador, de manera expresa, consagró ciertas hipótesis que, por su gravedad, permiten romper el principio de cosa juzgada de las decisiones ejecutoriadas. (…) este recurso persigue como finalidad principal la revisión de las decisiones que fueron adoptadas injustamente, es decir, por medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar de enmendar los errores judiciales como los casos de inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), falta de aplicación de la norma correspondiente, o indebida aplicación de esta (error de derecho). (…) Es así, como esta figura procesal está limitada a las causales previstas por el legislador y, por ello, quien las invoque tiene la carga argumentativa y probatoria de explicar cuáles son los motivos que la soportan y, especialmente, los hechos que sirven de fundamento para su configuración.”4

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, consejero ponente Dr.

motivos que la soportan y, especialmente, los hechos que sirven de fundamento para su configuración.”4

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, consejero ponente Dr. Alberto Montaña Plata, sentencia del 13 de octubre de 2020, Radicación Número: 11001-03-15000-2019-00119-00(REV)10

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Por otro lado, el artículo 250 del CPACA, establece los límites mencionados por la jurisprudencia citada para invocar este recurso extraordinario, entre los que se encuentra:

“…1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. (…)”

Casual está invocada por el recurrente en su escrito. Sobre dicha causal, el Consejo de Estado a través de la Sección TerceraSubsección A, consejera ponente Dra. María Adriana Marín, en sentencia del 8 de noviembre de 2021 dentro del radicado 76111-33-31-701-2010-0020101(51617), indicó:

“…En atención a su carácter extraordinario, este recurso no es una “tercera instancia” en la que puedan plantearse, nuevamente, argumentos de fondo en relación con la sentencia que se pretende revisar. Por tal razón, las pretensiones deben limitarse a demostrar la configuración de alguno de los

instancia” en la que puedan plantearse, nuevamente, argumentos de fondo en relación con la sentencia que se pretende revisar. Por tal razón, las pretensiones deben limitarse a demostrar la configuración de alguno de los supuestos contemplados en las causales para su procedencia.”

Más adelante haciendo referencia a la prueba recobrada y/o documentos decisivos posteriores a la sentencia, reiteró:

“…La parte actora invocó la causal de revisión contenida en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA (…). Los presupuestos de la causal primera han sido de aceptación unánime por la jurisprudencia, y se reducen a: i) que se recobre, encuentre o halle una prueba documental; ii) que ésta sea decisiva para cambiar el sentido del fallo; iii) que el documento se hubiera recobrado después de ejecutoriada la sentencia y iv) que la imposibilidad de aportación por parte del recurrente obedezca a una causa extraña: fuerza mayor, caso fortuito u obra de la contraparte. La jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que la causal procede cuando, existiendo documentos, estos no pueden aportarse al proceso ordinario, por una causa extraña -fuerza mayor, caso fortuitoo por obra de la parte contraria, que en todo caso resultan ajenas a la voluntad del demandante. Adicionalmente, el documento debe ser decisivo para dictar sentencia, de tal forma que de haberse aportado oportunamente otro sería el resultado.

(…)11

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Frente a que se trate de prueba recobrada, señala el alto tribunal:

(…)11

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Frente a que se trate de prueba recobrada, señala el alto tribunal:

“…Respecto al documento recobrado, la jurisprudencia ha señalado que debe tratarse de un elemento probatorio nuevo, que siendo decisivo para el sentido de la sentencia no hizo parte de ella, por imposibilidad del interesado de aportarlo (…).

La jurisprudencia ha entendido que se trata de un documento preexistente al momento de proferir la sentencia, pero que el demandante sólo lo obtuvo después de vencido el término de ejecutoria, es decir, para considerar que una prueba es recobrada es necesario tener como referente temporal la sentencia atacada, respecto a la cual la prueba debe preexistir, pero el demandante solo la obtuvo con posterioridad. (…)

Como consecuencia, la utilización del término recobrar contiene una intención clara, esto es, asegurar que el recurso de revisión no se utilice como mecanismo para subsanar errores cometidos durante la etapa probatoria, y evitar que el nuevo proceso de revisión se convierta en una nueva instancia, en la que se reabra el debate probatorio. En desarrollo de lo anterior, le corresponde al accionante en revisión acreditar que el documento que sustenta la causal fue recobrado después de proferida la sentencia impugnada, y que no lo pudo aportar por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la contraparte. Por tanto, se excluyen la culpa, la negligencia o la desidia como justificaciones de procedencia del recurso. A contrario sensu, la prueba que se encontraba en poder del recurrente antes de proferirse la sentencia

de la contraparte. Por tanto, se excluyen la culpa, la negligencia o la desidia como justificaciones de procedencia del recurso. A contrario sensu, la prueba que se encontraba en poder del recurrente antes de proferirse la sentencia no cumple con el requisito de ser recobrada, pues se limita a que sea recuperada después de proferida la sentencia. (…)”

Ahora bien, haciendo referencia a documentos decisivos después de la sentencia,zanjó:

“…El recurrente no la pudo aportar por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la contraparte. Según esta condición, la prueba documental no ha debido estar en el proceso ordinario, pues si así fuera no se trataría de una prueba recobrada, sino de un medio de convicción que se allegó al proceso pero el fallador no la decretó; o no se valoró al tomar la decisión; o simplemente no tuvo la fuerza suficiente para acreditar el hecho que pretendía acreditar, así es que si la prueba se encontraba en el expediente, se podrá concluir que el demandante en revisión lo que persigue es reabrir la etapa probatoria del proceso ordinario, a modo de tercera instancia. (…)12

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Adicionalmente, las razones por las cuales el recurrente no aportó la prueba al proceso ordinario deben obedecer a uno de tres supuestos mencionados, es decir: fuerza mayor, caso fortuito u obra de la contraparte. De lo expuesto se concluye que es carga del demandante acreditar la configuración de alguno de los supuestos, pues no existe presunción legal de su acaecimiento, ni podría el juez interpretar a su favor la ocurrencia de estos, si en el escrito

se concluye que es carga del demandante acreditar la configuración de alguno de los supuestos, pues no existe presunción legal de su acaecimiento, ni podría el juez interpretar a su favor la ocurrencia de estos, si en el escrito del recurso no obra justificación clara y convincente de que le fue imposible aportar los documentos en el momento indicado, únicamente por la ocurrencia de fuerza mayor, caso fortuito u obra de la contraparte. En conclusión, como la ocurrencia de los supuestos anteriores es la única manera de desvirtuar la existencia de culpa o negligencia de la parte actora durante la etapa probatoria –fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria-, le corresponde acreditarlos so pena de que no prospere el recurso de revisión, de lo contrario debe aplicarse el principio nemo propriam turpitudinem allegans potest, esto es, nadie puede alegar su propia culpa. (…)”

Finalmente, frete al requisito de que los documentos sean decisivos para proferir decisión diferente a la que se revisa, esgrime la sentencia citada que:

“…La prueba recobrada, además, debe poseer la fuerza suficiente para cambiar la convicción del juez, de lo contrario los documentos que aclaren o complementen lo que se intentó probar en el proceso no cumplen la característica para poner en marcha el recurso de revisión, pues se trataría de una extensión del ejercicio probatorio desarrollado en el proceso. El requisito hasta ahora referido alude, específicamente, a documentos que aporten nuevo conocimiento al sentenciador, de manera que si hubiera considerado las pruebas recobradas su decisión habría variado. (…)” (Subraya la Sala)

requisito hasta ahora referido alude, específicamente, a documentos que aporten nuevo conocimiento al sentenciador, de manera que si hubiera considerado las pruebas recobradas su decisión habría variado. (…)” (Subraya la Sala)

DE LAS CAUSALES ESPECIALES DE REVISIÓN PREVISTAS EN LA LEY 797 DE 2003 CONTENIDA EN EL LITERAL A) DEL ARTÍCULO 20 DE LA

LEY 793 DE 2003 - VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO.

Es menester indicar que la Ley 797 de 2003 previó dos causales cualificadas de revisión para controvertir providencias judiciales que reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza con cargo al tesoro público o a fondos de naturaleza pública:

“Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza púb