TA VALL - 76001233300020190021800-(02-04-2024)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DEL VALLE DEL CAUCA

Sentencia

PROCESO No. 76-001-23-33-000-2019-00218-00

DEMANDANTE: JORGE ALBERTO ALUMA MORENO

(jorgealuma@live.com.mx, hojheva@hotmail.com)

DEMANDADO: NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSAPOLICIA NACIONAL

(deval.notificacion@policia.gov.co)

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Magistrado Ponente: JHON ERICK CHAVES BRAVO

Santiago de Cali (V.), dos (02) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

Se decide mediante la presente sentencia, la demanda interpuesta por el señor JORGE ALBERTO

ALUMA MORENO en contra de la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSAPOLICIA NACIONAL.

ANTECEDENTES

LA DEMANDA

El señor JORGE ALBERTO ALUMA MORENO interpuso demanda en contra de la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL , solicitando la modificación de la calificación contenida en el informe administrativo por lesión No. 615/2012 suscrito por el señor coronel Luis Humberto Poveda Zapata, de las resoluciones Nos. 1502 del 28 de octubre de 2015 por medio de la cual se le reconoció indemnización al demandante, 03518 del 28 de julio de 2017 por medio de la cual se retiró del servicio activo y de la 00358 del 06 de abril de 2018 por medio de la cual se le reconoció

cual se le reconoció indemnización al demandante, 03518 del 28 de julio de 2017 por medio de la cual se retiró del servicio activo y de la 00358 del 06 de abril de 2018 por medio de la cual se le reconoció pensión de invalidez , procediendo a reliquidar la indemnización y la asignación de retiro del demandante con los parámetros contenidos en el artículo 119 del Decreto 1796 de 2000.Lo anterior, con fundamento en que el señor Jorge Alberto Aluma Moreno el 09 de noviembre de 2012 en procedimiento policial recibió herida con arma de fuego, que le causó lesión medular que le determinó una merma en la capacidad laboral del 100%- incapacidad absoluta.

Que el 08 de enero de 2013 dentro del informe administrativo por lesión No. 615/2012 se calificó la lesión sufrida por el demandante, conforme al literal b) del artículo 24 del Decreto 1796/2000 “en el servicio por causa y razón de este”.

Que en los actos se incurrió en error al determinar que la lesión padecida por el demandante no fue en el literal c de la misma norma en actos meritorios del servicio “en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o en tareas de mante nimiento o restablecimiento del orden público” , razón por la cual quedó mal tasada la indemnización y la pensión de invalidez reconocida

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.1

Indicó que la calificación obedeció a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos que trajeron consigo la lesión al funcionario, mismas que acontecieron mientras realizaba

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.1

Indicó que la calificación obedeció a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos que trajeron consigo la lesión al funcionario, mismas que acontecieron mientras realizaba funciones propias del servicio según lo dispuesto en la orden de servicio No. 635/SUBCO-COSEC 38.16 Plan Intervención Integral Estaciones Mayor Frecuencia Homicidios Mecal del 24 de septiembre de 2012, con lo que se evidencia que las lesiones fueron causadas en el servicio o en razón del mismo.

Que si bien el entonces funcionario se encontraba cumpliendo las actividades que le habían sido ordenadas mediante orden de servicios, los hechos en que resultó lesionado, son situaciones a las que de manera constante se ven expuestos los funcionarios de Policía, que si bien infortunadamente el hoy demandante resultó lesionado por un tercero mientras con s us compañeros le practicaban un registro y solicitaban antecedentes a un par de ciudadanos, este sólo hecho no puede ser catalogado por si solo como un “acto meritorio del servicio”, por lo cual la calificación del informe prestacional se realizó conforme lo dispuesto en el literal b del artículo 24 Decreto 1796 de 200 0, puesto que las lesiones se produjeron “en servicio por causa y razón del mismo”, pues se trató de un accidente de

1 Ver índice 00020 de Samai.trabajo.

Que finalmente mediante la Resolución No. 00358 del 06 de abril de 2018 le fue reconocida pensión de invalidez equivalente al 100% de las partidas señaladas para su nivel de carrera, de acuerdo al grado de incapacidad, con base en lo dispuesto en el Decreto No. 1213 de 1990.

ALEGATOS DE PRIMERA INSTANCIA

invalidez equivalente al 100% de las partidas señaladas para su nivel de carrera, de acuerdo al grado de incapacidad, con base en lo dispuesto en el Decreto No. 1213 de 1990.

ALEGATOS DE PRIMERA INSTANCIA

La parte demandante indicó que los actos administrativos proferidos por la entidad, incurrieron en error al determinar que la lesión padecida por el demandante no fue en actos meritorios del servicio “en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público” , razón por la cual quedó mal tasada la indemnización y la pensión de invalidez reconocida.2

La entidad reiteró los argumentos de la contestación de la demanda, ind icando que el entonces funcionario se encontraba realizando una serie de actividades relacionadas con su misionalidad, en cumplimiento a una orden de servicios según la cual se realizarían actividades de intervención en las estaciones de policía con mayor afectación por el delito de homicidio.3

CONSIDERACIONES

Observando que en el proceso no existen causales de nulidad que invaliden lo actuado, conforme a lo cual la Sala procede a proferir la sentencia que en Derecho corresponda:

PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a la Sala resolver si la determinación de la lesión padecida por el demandante fue adecuada, consecuencialmente, si el informe administrativo por lesión No. 615 proferido por el Director de Investigación Criminal e Interpol, del acta junta médico laboral No. 740 del 23 de diciembre de 2014, de las Resoluciones Nos. 01502 del 28 de octubre de 2015, 03518 del 28 de julio de 2017 y 03518 del

de Investigación Criminal e Interpol, del acta junta médico laboral No. 740 del 23 de diciembre de 2014, de las Resoluciones Nos. 01502 del 28 de octubre de 2015, 03518 del 28 de julio de 2017 y 03518 del 28 de julio de 2017, son legales o no y si es procedente reliquidar la asignación de retiro del demandante con los parámetros contenidos en el artículo 119 del Decreto 1796 de 2000.

2 Ver índice 00029 de Samai. 33 Ver en el índice 00031 de Samai.TESIS DE LA SALA.

La Sala negará las pretensiones por cuanto, del análisis de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la ocurrencia de los hechos en que resultó lesionado el Agente Jorge Alberto Aluma Moreno, los mismos se desarrollaron en el ejercicio de un patrullaje que se realizaba en la zona como producto de la labor de control de la seguridad, en cumplimiento de la orden de servicio y no en una labor especial de combate o accidente relacionado con el mismo, o por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o e n conflicto internacional, como lo pretende hacer ver el demandante.

Para resolver adecuadamente el problema jurídico se analizarán los siguientes aspectos: (i) Sobre la naturaleza del informe administrativo por lesiones; (ii) Sobre el fundamento normativo de la pensión por invalidez de los miembros de las fuerzas militares; y (iii) el caso concreto.

SOBRE LA NATURALEZA DEL INFORME ADMINISTRATIVO POR LESIONES.

Sobre el tema, el Consejo de Estado explicó4:

Procedimiento administrativo de reconocimiento y liquidación de prestaciones sociales por

SOBRE LA NATURALEZA DEL INFORME ADMINISTRATIVO POR LESIONES.

Sobre el tema, el Consejo de Estado explicó4:

Procedimiento administrativo de reconocimiento y liquidación de prestaciones sociales por lesiones del personal amparado por el Decreto 1796 de 2000.

(…)

En esta instancia resulta de vital importancia retomar los precisos planteamientos que desarrolló la Sala de Consulta y Servicio Civ il en el Concepto 1558 del 22 de abril de 2004, en donde, como respuesta a la consulta formulada por el entonces Ministro de Defensa Nacional, se distinguieron las tres etapas de la actuación administrativa. Ahora, se advierte que esta posición fue la que citó el tribunal y sirvió de fundamento para la decisión recurrida.

En efecto, en este trámite se surten las siguientes etapas, las cuales se encuentran expresamente reguladas en los Decretos 094 de 1989 y 1796 de 2000:

1. El informe administrativo por lesiones.

2. La calificación médico-laboral.

3. Resolución de reconocimiento y liquidación de prestaciones.

Como características del primer elemento tenemos:

«[…] En el caso del Informe Administrativo por Lesiones, se observa que es una declaración unilateral, emanada del Comandante o Jefe respectivo, sobre el conocimiento de unos hechos

4 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A. CONSEJERO PONENTE:

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ . Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinte (2020) . Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ . Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinte (2020) . Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Radicación:17001-23-33-000-2017-00906-01 (1654-2019). Demandantes: STEVENSON ANDRÉS SIERRA GONZÁLEZ .

Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA, POLICÍA NACIONAL.en los que resultaron lesionadas una o varias personas bajo su mando, la cual contiene también un juicio sobre esos hechos ya que implica calificarlos en una de las modalidades establecidas en la norma (art. 24 dec.1796/00). El informe se expide en virtud de la potestad administrativa conferida a tales funcionarios y tiene efectos jurídicos sobre los administrados (la persona o personas lesionadas) y dentro del propio campo administrativo, pero tiene la característica de no poner fin a la actuación administrativa de reconocimiento de las prestaciones generadas por las lesiones, que es el efecto final buscado por la ley y al cual se llega cumpliendo todos los pasos del procedimiento especial por ella señalado.

En este orden de ideas, el informe administrativo por lesiones constituye un acto administrativo preparatorio, de acuerdo con la terminología empleada por el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo5, por cuanto se dicta para hacer viable la expedición del acto siguiente que es el dictamen de la Junta Médico -Laboral y en últimas, del acto definitivo, cual es la resolución de reconocimiento y liquidación de prestaciones correspondientes a la persona lesionada, pues ésta se basa en él, ya que dependiendo de la calificación dada a los hechos, se otorgan las respectivas prestaciones.[…]»6

es la resolución de reconocimiento y liquidación de prestaciones correspondientes a la persona lesionada, pues ésta se basa en él, ya que dependiendo de la calificación dada a los hechos, se otorgan las respectivas prestaciones.[…]»6

Claramente la conclusión de ser un acto preparatorio deviene, entre otros, no por la característica de no poner fin a la actuación ad ministrativa de reconocimiento de prestaciones, sino de ser una fase preliminar y de soporte para las subsiguientes. Ello bajo el entendido que cada una de las etapas se agote, en atención a la regulación y términos allí previstos.

Ahora, según el artículo 26 del Decreto 1796 de 2000, el informe administrativo por lesiones puede ser modificado por los comandos de fuerza o por la dirección general de la Policía Nacional, cuando sea contrario a las pruebas allegadas, de donde puede concluirse que se trata d e una facultad oficiosa. Igualmente, procede por solicitud dentro de los 3 meses siguientes a la notificación del informe.

Referente a la calificación médico laboral, debemos señalar que esta corresponde a la Junta, decisión que eventualmente tiene una segunda instancia ante el Tribunal Médico Laboral. Veamos:

«[…] Como se explicó, ante la existencia del Informe Administrativo por Lesiones, se debe reunir la Junta Médico–Laboral Militar o de Policía “con presencia del interesado”, (num. 2° del art. 19 y art. 20 dec. 1796/00), para valorar y registrar las secuelas definitivas de las lesiones, clasificar el tipo de incapacidad psicofísica y aptitud para el servicio, pudiendo recomendar la reubicación laboral si es lo indicado, determinar la disminución de l a capacidad sicofísica, registrar la

el tipo de incapacidad psicofísica y aptitud para el servicio, pudiendo recomendar la reubicación laboral si es lo indicado, determinar la disminución de l a capacidad sicofísica, registrar la imputabilidad al servicio de acuerdo con el mencionado Informe, en suma, dar su dictamen sobre el estado de salud del paciente (art. 15 ibidem).

La Junta tiene un plazo de noventa (90) días, contados a partir del recibo de los conceptos médicos definitivos que determinen las secuelas permanentes (parágrafo art. 16), para producir su dictamen, el cual se notifica al interesado conforme al artículo 30 del decreto ley 94 de 1989.

Frente al dictamen de la Junta Médico -Laboral, también el decreto ley 94 de 1989 otorga al interesado en su artículo 29, un derecho especial de impugnación, consistente en solicitar la convocatoria del Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía, para que éste revise

5 Este artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C -339/96. 6 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Bogotá D.C., veintidós (22) de abril de dos mil cuatro (2004). Radicación: 1558. Actor: Ministro de Defensa Nacional. .en segunda y última instancia la decisión de la Junta, pudiendo ratificarla, revocarla o modificarla. […]»7

Tenemos entonces que, uno de los presupuestos para convocar a la Junta Médico Laboral, es la existencia del informe administrativo por lesiones y es en esta instancia donde se valoran las secuelas definitivas de las lesiones y además se clasifica el tipo de incapacidad sicofísica, funciones contenidas

existencia del informe administrativo por lesiones y es en esta instancia donde se valoran las secuelas definitivas de las lesiones y además se clasifica el tipo de incapacidad sicofísica, funciones contenidas en el artículo 15 del Decreto 1796 de 2000. Debe indicarse que, en principio, las decisiones de la junta se les denomina igualmente como actos preparatorios, toda vez que no finalizan la actuación y su propósito es, preliminarmente, aportar información para la expedición del acto definitivo. Asimismo, el artículo 29 del Decreto 094 de 1989 confiere al interesado un recurso o derecho especial de solicitar se convoque al tribunal con el objetivo de revisar la decisión para confirmarla o revocarla.

Específicamente, para el caso de las determinaciones adoptadas por el tribunal, el artículo 22 del Decreto 1796 de 2000 c onsagra que son irrevocables y obligatorias y contra ellas sólo proceden las acciones jurisdiccionales pertinentes, es decir, frente a las actas proferidas por el Tribunal Médico Laboral procede el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Finalmente, luego de agotadas cada una de estas instancias, el procedimiento administrativo regula como última etapa, la adopción del acto administrativo definitivo, que no es otra cosa que la resolución de reconocimiento y liquidación de prestaciones.

«[…] Una vez se encuentre en firme la decisión de la Junta Médico-Laboral Militar o de Policía, ya porque no se solicitó la convocatoria del Tribunal Médico-Laboral Militar o de Policía, o bien porque habiéndose solicitado, el Tribunal dictó su decisión final, la cual es irrevocable, y por tanto, contra ella no proceden recursos, el expediente pasa al Jefe de Recursos Humanos de

porque habiéndose solicitado, el Tribunal dictó su decisión final, la cual es irrevocable, y por tanto, contra ella no proceden recursos, el expediente pasa al Jefe de Recursos Humanos de la Fuerza respectiva o la Policía Nacional para la liquidación y reconocimiento de las prestaciones correspondientes, cuya exped ición fue delegada por el Ministro de Defensa Nacional en los Jefes de Desarrollo Humano de las Fuerzas Militares, mediante la Resolución No. 1383 del 25 de septiembre de 2001.

La resolución de reconocimiento y liquidación de las prestaciones correspondie ntes a la persona lesionada, constituye el acto administrativo definitivo que crea una situación jurídica individual y concreta, pues encierra la decisión final de la Administración sobre la actuación administrativa adelantada y pone término a ésta. […]»8

En este punto se destaca que, las normas especiales que regulan cada una de las fases que, en principio, tendría la actuación administrativa, describen las etapas como parte de un todo que necesariamente se desarrollará hasta el denominado acto definitivo. Sin embargo, existen situaciones particulares en las cuales no se agotan cada una las instancias antes referidas, por lo que en cada caso concreto deberá estudiarse con detenimiento los elementos que se desplegaron en el procedimiento.

(…)

Es claro, ta l como se expuso líneas atrás que, en principio, tanto los informes administrativos por lesiones como su eventual modificación constituyen actos preparatorios y, bajo ese entendido, no serían pasibles de control judicial a través del medio de control de nu lidad y restablecimiento del

lesiones como su eventual modificación constituyen actos preparatorios y, bajo ese entendido, no serían pasibles de control judicial a través del medio de control de nu lidad y restablecimiento del

7 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Bogotá D.C., veintidós (22) de abril de dos mil cuatro (2004). Radicación: 1558. Actor: Ministro De Defensa Nacional. 8 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Bogotá D.C., veintidós (22) de abril de dos mil cuatro (2004). Radicaci ón: 1558. Actor: Ministro de Defensa Nacional.derecho regulado en el artículo 138 del CPACA. No obstante, de manera excepcional, podemos encontrar eventos en los cuales esa decisión impide continuar con la actuación y bajo esa premisa no estaríamos en presencia de un simple acto preparatorio.

En otros términos, si no se advierten otras decisiones administrativas que hayan creado, modificado o extinguido el derecho que judicialmente se reclama, tendrán que enjuiciarse aquellos actos que revistan estas características. Lo op uesto generaría que se deje sin herramientas judiciales a los interesados para atacar las decisiones de la administración que sean adversas a sus intereses, que finalmente conllevaría al desconocimiento del derecho de acceso a la administración de justicia.

(…)

Recordemos que en atención al artículo 43 del CPACA son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar con la actuación, elementos que se advierten preliminarmente en el acto del 30 de mayo de 2017 ahora atacado, toda vez que lo aportado con la demanda no supone la existencia de un acto administrativo posterior que de manera indiscutible

advierten preliminarmente en el acto del 30 de mayo de 2017 ahora atacado, toda vez que lo aportado con la demanda no supone la existencia de un acto administrativo posterior que de manera indiscutible defina la situación jurídica particular que se plantea por el demandante, con la precisión adicional que la modificación sobre la calificación de la lesión que se materializó a través del acto ahora demandado, eventualmente no causa derecho al reconocimiento de indemnización por incapacidad, de acuerdo con el artículo 36 del Decreto 1796 de 2000.

Por lo tanto, corr esponde al afectado demandar aquel acto administrativo que contiene la manifestación de voluntad de la administración que creó, modificó o extinguió la situación jurídica. En efecto, las pretensiones que se plantean en la demanda son las que concretan la ó rbita de decisión del juez, y es el estudio de las mismas el que permite determinar el alcance y los efectos jurídicos que eventualmente se obtendrían con la nulidad del acto administrativo demandado. Para el caso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, es relevante identificar la actuación que produjo la afectación, es decir, debe demandarse judicialmente aquel acto administrativo que generó la lesión alegada sobre el derecho subjetivo, para que pueda válidamente traducirse en un restablecimiento en favor de la parte demandante.

De manera que lo importante es que el juez analice en cada caso, si del acto administrativo demandado se deriva el restablecimiento pedido. En otros términos, deberá estudiar si el acto definitivo particular que se demanda es una declaración de voluntad de la administración dirigida a producir efectos jurídicos, si crea, modifica o extingue la situación subjetiva de la cual pueda pedirse el correspondiente restablecimiento en sede judicial.

que se demanda es una declaración de voluntad de la administración dirigida a producir efectos jurídicos, si crea, modifica o extingue la situación subjetiva de la cual pueda pedirse el correspondiente restablecimiento en sede judicial.

(…)”

SOBRE EL FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA PENSIÓN POR INVALIDEZ DE LOS MIEMBROS

DE LAS FUERZAS MILITARES.

El Consejo de Estado hizo el recuento normativo que atañe a la pensión por invalidez de los miembros de las Fuerzas Militares, de la siguiente manera9:

9 CONSEJO DE ESTADOSALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN B. Consejera ponente: SANDRA

LISSET IBARRA VÉLEZ . Bogotá, D. C., seis (6) de febrero de dos mil veinte (2020). Radicación número: 05001 -23-31-000-2000-04200-01(2162-12).

Actor: ALDEMAR DE J ESÚS VANEGAS MUÑOZ . Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL . Trámite: Medio de control de

Nulidad y Restablecimiento del Derecho / Segunda Instancia.“(…)

1. Normas que han regulado la pensión por invalidez de los miembros de las Fuerzas Militares.

El Decreto 2728 de 1968, “por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados y grumetes de las Fuerzas Militares”, estableció en el artículo 2° que para efectos de determinar, clasificar y evaluar las aptitudes, incapacidades, invalideces e indemnización los Soldados y Grumetes quedaban sometidos al “(r)reglamento General de

2° que para efectos de determinar, clasificar y evaluar las aptitudes, incapacidades, invalideces e indemnización los Soldados y Grumetes quedaban sometidos al “(r)reglamento General de Incapacidades, Invalideces e Indemnizaciones para el personal al servicio de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”.

Posteriormente, el Decreto 1836 de 1979 se encargó en el título noveno de regular la pensión de invalidez de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, para lo cual estableció una regulación diferenciada según los diversos cargos desempeñados en dichas instituciones, tal y como se observa en sus artículos 60, 61, 62 y 63. No obstante lo anterior, la prestación establecida respecto de los miembros de cada entidad tenía en común la exigencia de una disminución en la capacidad sicofísica de por lo menos el 75%.

La anterior norma fue derogada por el Decreto 094 de 1989, mediante el cual se reformó el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, Soldados, Grumetes, Agentes, Alumnos de las Escuelas de Formación y Personal Civil del Ministerio de Defensa y la Polic ía Nacional y se establecieron los distintos procedimientos a seguir para determinar el grado de invalidez, el reconocimiento de la pensión y las autoridades que participarían del procedimiento.

Con respecto de las condiciones para hacerse acreedor del derecho a la pensión de invalidez por parte de los Soldados y Grumetes de las Fuerzas Militares, el artículo 90 del Decreto 094 de 1989 señaló que:

Con respecto de las condiciones para hacerse acreedor del derecho a la pensión de invalidez por parte de los Soldados y Grumetes de las Fuerzas Militares, el artículo 90 del Decreto 094 de 1989 señaló que:

“(…) A partir de la vigencia del presente Decreto, cuando el personal de Soldados y Grumetes de las Fuerzas Militares adquiera una incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad sicofísica tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público y liquidada así:

a) El 75% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica del 75% y no alcance al 95%.

b) El 100% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al 95% (…)”.

Posteriormente, el Decreto 1796 del 2000, determinó una pensión de invalidez para los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Fo rmación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, en función de la pérdida de la capacidad sicofísica, así:

“(…) ARTICULO 38. LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN DE INVALIDEZ PARA EL PERSONAL DE

de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, en función de la pérdida de la capacidad sicofísica, así:

“(…) ARTICULO 38. LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN DE INVALIDEZ PARA EL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES, AGENTES, Y PERSONAL DEL NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍANACIONAL. Cuando mediante Junta Médico-Laboral o Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía, haya sido determinada una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75%, ocurrida durante el servicio, el personal a que se refiere el presente artículo, tendrá derecho, mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual, valorada y definida de acuerdo con la reglamentación que expida para el efecto el Gobierno Nacional, liquidada con base en las partidas establecidas en las normas que regulen la materia y de conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan:

a. El setenta y cinco por ciento (75%) de dichas partidas, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) y no alcance el ochenta y cinco por ciento (85%).

b. El ochenta y cinco por ciento (85%) de dichas partidas, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) y no alcance el noventa y cinco por ciento (95%).

c. El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).

PARÁGRAFO 1. Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral no sea igual o superior

sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).

PARÁGRAFO 1. Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral no sea igual o superior al 75%, no se generará derecho a pensión de invalidez.

PARÁGRAFO 2. El personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y el personal no uniformado de la Policía Nacional, vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, continuará rigiéndose, en lo referente a las pensiones de invalidez, por las normas pertinentes del decreto 094 de 1989

(…) ARTICULO 39 . LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN DE INVALIDEZ DEL PERSONAL VINCULADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y PARA LOS SOLDADOS PROFESIONALES. Cuando el personal de que trata el presente artículo adquiera una incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad laboral , tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual valorada y definida de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional para el efecto, y liquidada como a continuación se señala:

(…)

PARÁGRAFO 3. Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral no sea igual o superior al 75% no se generará derecho a pensión de invalidez. (…)”. (Lo subrayado es de la Sala).

Esta normativa, expedida por el Presidente de la República en virtud de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 578 del 2000, entró en vigencia el 14 de septiembre d el 2000, y mantuvo la pensión de invalidez a partir de un porcentaje de pérdida de la capacidad sicofísica del 75%, en cuya

otorgadas por la Ley 578 del 2000, entró en vigencia el 14 de septiembre d el 2000, y mantuvo la pensión de invalidez a partir de un porcentaje de pérdida de la capacidad sicofísica del 75%, en cuya función se determina el monto pensional, que paso del 50% al 75% de las partidas computables que establezcan las disposiciones que rigen la materia.

Dado que esta norma confió al Gobierno Nacional la reglamentación correspondiente a la valoración y calificación del personal que trata el decreto, dispuso un artículo transitorio para indicar que el procedimiento y criterios de disminuc ión de la capacidad laboral e indemnizaciones seguirían rigiéndose por el Decreto 94 de 1989 hasta que aquella fuera expedida. De esta forma lo previó el artículo 48 del Decreto 1796 del 2000, así:“(…) ARTICULO 48 . ARTICULO TRANSITORIO. Hasta tanto el G obierno Nacional determine lo correspondiente a la valoración y calificación del personal que trata el presente decreto, los criterios de calificación de la capacidad psicofísica, de disminución de la capacidad laboral e indemnizaciones y de la clasificación de las lesiones y afecciones, continuarán vigentes los artículos 47 al 88 del decreto 094 de 1989, excepto el artículo 70 de la misma norma (…)”.

Posteriormente, el legislador expidió la Ley 923 del 2004, mediante la cual se señala