TA VALL - 76001333300620240023501-(24-01-2025)

1 Tutela no. 2024-00235-01

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DEL VALLE DEL CAUCA

Sentencia

PROCESO: 76001-33-33-006-2024-00235-01

ACCIONANTE: FRANCISCO JHONNIETH GARZÓN RINCÓN

jhonieth20@gmail.com

ACCIONADO: FONDO DE GARANTIAS S.A

juridica@fga.com.co mvargas@fga.com.co

VINCULADOS: ZINOBE CONSUMER CREDITS S.A.S

pgr@zinobe.com servicioalcliente@lineru.com

EXPERIAN COLOMBIA S.ADATACREDITO

notificacionesjudiciales@experian.com

SERVICIOS CREDITICIOS ONLINE DE COLOMBIA S.A.S

pqr@zinobe.com

ACCIÓN: TUTELA SEGUNDA INSTANCIA

MAGISTRADO PONENTE: JHON ERICK CHAVES BRAVO

Santiago de Cali, veinticuatro (24) de enero de dos mil veinticinco (2025).

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la sentencia de tutela nro.256 del 4 de diciembre de 2024, proferida por el juzgado sexto administrativo del circuito de Cali (Valle), por medio de la cual declaró improcedente la solicitud.

SOLICITUD1

El accionante solicitó en procura de proteger su derecho fundamental requerir al fondo de garantías para que elimine cualquier tipo de reporte generado a bancos de datos y su información privada. Además de

de la cual declaró improcedente la solicitud.

SOLICITUD1

El accionante solicitó en procura de proteger su derecho fundamental requerir al fondo de garantías para que elimine cualquier tipo de reporte generado a bancos de datos y su información privada. Además de ello, pretendió que se s ancione por el mal uso del poder adquirido de manipular datos de la ciudadanía en general, manipular datos personale s privados y distorsionar el concepto de injuria ante la ley colombiana.

1Ver índice 03 del SAMAI/ Link en acta de reparto/ índice 03/ Archivo 022 Tutela no. 2024-00235-01 Lo anterior, en razón a que el fondo de garantías como casa de cobranza de la empresa LINERU, ha hecho reportes negativos ante bancos de información que son erróneos ya que no tiene e l accionante una relación contractual o deuda adquirida con ninguna de las entidades accionadas, ni documento firmado por su puño y letra que autorice el manejo o manipulación de sus datos personales.

Finalmente, expuso que ha reclamado p or medio de la página de datacredito y directamente en varias oportunidades, sin obtener una respuesta.

DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS

Consideró que se han vulnerados sus derechos fundamentales al buen nombre, a la honra, el honor, la intimidad y al habeas data.

CONTESTACION DE LA TUTELA

 FONDO DE GARANTIAS S. A2

Informó que, al revisar su sistema verificó el vínculo con el señor Jhonnieth Garzón Rincón derivado de la fianza aceptada bajo firma electrónica al solicitar un crédito con ZINOBE (LINERU ). Explicó que,

Informó que, al revisar su sistema verificó el vínculo con el señor Jhonnieth Garzón Rincón derivado de la fianza aceptada bajo firma electrónica al solicitar un crédito con ZINOBE (LINERU ). Explicó que, conforme al convenio de garantías el FGA actúa como fiador subsidiario, garantizando los créditos otorgados por ZINOBE y subrogándose en los derechos del acreedor original en caso de incumplimiento y en el cual también autorizó los reportes negativos en caso de no pago.

Señaló que el señor Jhonnieth Garzón Rincón aún tiene una obligación pendiente, lo que generó reportes negativos ante las centrales de riesgo. Finalmente, informó respecto a los derechos de petición, que el accionante ya hab ía presentado tres peticiones ya resueltas e incursionó en conducta temeraria al interponer la tutela, ya que había presentado previamente otra acción sobre el mismo asunto.

 ZINOBE CONSUMER CREDITS S.A.S (LINERU).3

Explicó que , en caso de impago realiza gestiones de cobro directo y, de no ser efectivas, recurre al procedimiento establecido en la Ley 1266 de 2008, enviando una notificación previa al reporte negativo en las centrales de riesgo. Señaló que la obligación impaga por un crédito de $700.000 fue notificada el 14 de septiembre de 2023 y reportada negativamente el 31 de octubre de 2023, conforme a la autorización del cliente contenida en el contrato.

2Ver índice 03 del SAMAI/ Link en acta de reparto/ índice 10 3Ver índice 03 del SAMAI/ Link en acta de reparto/ índice 15/ Archivo 263

del cliente contenida en el contrato.

2Ver índice 03 del SAMAI/ Link en acta de reparto/ índice 10 3Ver índice 03 del SAMAI/ Link en acta de reparto/ índice 15/ Archivo 263 Tutela no. 2024-00235-01 Señalo que el contrato incluye una autorización expresa para el reporte a las centrales de riesgo, y que dicha autorización fue otorgada a través del sistema de verificación de códigos enviados por teléfono y correo electrónico. La comunicación previa al reporte negativo fue enviada por correo electrónico, conforme al Decreto 2952 de 2010.

 EXPERIAN COLOMBIA S.A.4

Señaló de acuerdo con lo establecido en el literal b) del artículo 3 y el numeral 1 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008, en su calidad de operador de información, que no le correspondía garantizar la veracidad ni la calidad de los datos reportados por las fuentes de información ya que dicha responsabilidad recae exclusivamente en las fuentes, quienes están obligadas a asegurar que los datos proporcionados sean veraces, completos, exactos, actualizados y comprobables, por ello, la solicitud del accionante, orientada a la eliminación de un reporte negativo efectuado por el Fondo de Garantías, excedía las competencias atribuidas a la entidad.

 SERVICIOS CREDITICIOS ONLINE DE COLOMBIA S.A.S.

Guardó silencio.

LA SENTENCIA IMPUGNADA5

El Juzgado sexto administrativo del circuito de Cali – Valle declaró improcedente la acción de tutela al considerar que el accionante contaba con mecanismos administrativos y judiciales idóneos, com o las

LA SENTENCIA IMPUGNADA5

El Juzgado sexto administrativo del circuito de Cali – Valle declaró improcedente la acción de tutela al considerar que el accionante contaba con mecanismos administrativos y judiciales idóneos, com o las reclamaciones ante la superintendencia de industria y comercio para controvertir la presunta vulneración de sus derechos fundamentales e indicó que el accionante no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la procedencia de la tutela como mecanismo tr ansitorio, ya que las herramientas disponibles, en particular las acciones administrativas, eran suficientes para resolver la controversia planteada respecto al manejo y reporte de su información crediticia.

LA IMPUGNACIÓN.6

El accionante impugnó señalando que le vulneraron sus derechos fundamentales debido a los reportes ilegales realizados por las entidades fondo de garantía - FGA y Zinobe Consumer Credits S.A.S ante centrales de riesgo, sin el debido conocimiento y utilizando datos erróneos, manifestando que estas acciones violaron su debido proceso y a la protección de su información personal, afectando gravemente

4Ver índice 03 del SAMAI/ Link en acta de reparto/ índice 16/ Archivo 37 5Ver índice 03 del SAMAI/ Link en acta de reparto/ índice 17 6Ver índice 03 del SAMAI/ Link en acta de reparto/ índice 214 Tutela no. 2024-00235-01 su vida crediticia y su honra, al exponer aspectos privados de su vida familiar y personal, sin haber sido verificados.

CONSIDERACIONES DE LA SALA:

Procede la Sala a abordar el fondo del asunto, conforme al siguiente,

PROBLEMA JURÍDICO

verificados.

CONSIDERACIONES DE LA SALA:

Procede la Sala a abordar el fondo del asunto, conforme al siguiente,

PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde al Tribunal determinar si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales del actor al hace reportes negativos ante bancos de información con datos erróneos . Como problema jurídico asociado, se debe determinar si se está ante una obligación inexistente la acción de tutela es el mecanismo adecuado para hacer valer la protección de los derechos fundamentales relacionados con la información crediticia, y si el accionante agotó la reclamación de forma previa.

TESIS DE LA SALA.

La sala confirmara la desición de primera instancia, al considerar que al estar ante una posible afirmacion de deuda inexistente, la acción de tutela es improcedente toda vez que el actor no demostró que la deuda era inexistente y haber agotado el reclamo respectivo ante Zinobe (Lineru) quien era la entidad con la que tenía la obligación o deuda , observándose que en plenario no se al legó alguna reclamación a dicha entidad,

Para resolver, se abordarán los siguientes aspectos:

I) ASPECTOS GENERALES DE LA ACCIÓN DE TUTELA

La tutela es una acción consagrada en la Carta Política en el artículo 86 de naturaleza subsidiaria y residual que busca proteger los derechos constitucionales fundamentales cuando ellos sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o de los particulares, en los casos especiales señalados por la ley.

Es pues una acción que se caracteriza por su inmediatez en tanto que su trámite está consagrado como un procedimiento ágil y expedito, con el cual se busca obtener una decisión pronta e inminente de la efectividad

señalados por la ley.

Es pues una acción que se caracteriza por su inmediatez en tanto que su trámite está consagrado como un procedimiento ágil y expedito, con el cual se busca obtener una decisión pronta e inminente de la efectividad del derecho que se considere vulnerado o amenazado. Ahora bien, dado el carácter residual de la acción de tutela, ella solo es procedente en el evento en que no exista otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. No concurre la acción de tutela con las otras vías ordinarias, pues su carácter no es alternativo ni complementario.5 Tutela no. 2024-00235-01

II) HABBEAS DATA FINANCIERO

Respecto del derecho de habeas data financiero, es pertinente señalar lo siguiente7:

“Una de las manifestaciones del derecho al habeas data se refiere a la protección de datos personales de contenido financiero. En efecto, la Carta Política garantiza, en su artículo 15, el derecho fundamental de toda persona a conocer, actualizar y rectific ar la información comercial, financiera y crediticia recopilada en centrales de información para determinar el riesgo financiero de una persona. Su regulación, en términos generales, se encuentra delimitada en la Ley Estatutaria 1266 de 2008, modificada y adicionada por la Ley 2157 de 2021, que desarrolla esta garantía constitucional y extiende su ámbito de aplicación a todos los datos de información personal registrados en un banco de datos, sean estos de naturaleza pública o privada. Por esta razón, la ju risprudencia constitucional ha caracterizado al habeas data financiero como un derecho fundamental específico, que se

los datos de información personal registrados en un banco de datos, sean estos de naturaleza pública o privada. Por esta razón, la ju risprudencia constitucional ha caracterizado al habeas data financiero como un derecho fundamental específico, que se origina en la particular incidencia de las facultades previstas en el artículo 15 superior en el caso de las actividades de intermediación.

Concretamente, dicha garantía tiene como finalidad preservar los intereses del titular de la información ante “el potencial abuso del poder informático, que para el caso particular ejercen las centrales de información financiera, destinada al cálculo del riesgo crediticio”. El ejercicio de este derecho se relaciona con (i) el interés general, que representa el sistema financiero, (ii) la democratización del crédito, (iii) los derechos de crédito de las personas naturales y jurídicas, y (iv) el derecho a la información de las entidades que confo rman el sistema financiero.

De acuerdo con lo expuesto en la jurisprudencia constitucional en la materia, que fue sistematizada recientemente por la Sentencias SU-139 de 2021 y C-032 de 2021, el núcleo esencial del habeas data se encuentra conformado por los siguientes contenidos mínimos: a) el derecho a acceder a la información que se encuentra recogida en bases de datos; b) el derecho a incluir datos nuevos, para que exista una imagen completa del titular; c) el derecho a actualizar la información; d) el derecho a corregir la información contenida en una base de datos; y e) el derecho a excluir una información que se encuentra contenida en una base de datos.

A su vez, la garantía de este derecho se encuentra dir ectamente asociada a un conjunto armónico e integral de principios de la administración de datos, consagrados en la normativa

datos; y e) el derecho a excluir una información que se encuentra contenida en una base de datos.

A su vez, la garantía de este derecho se encuentra dir ectamente asociada a un conjunto armónico e integral de principios de la administración de datos, consagrados en la normativa estatutaria y desarrollados por la jurisprudencia, que permiten la satisfacción de los derechos de los titulares, las fuentes de i nformación, los operadores de las bases de datos y los usuarios. Estos son: libertad, necesidad, veracidad, integridad, incorporación, finalidad, utilidad, circulación restringida, caducidad e individualidad.

De acuerdo con el principio de libertad, el t ratamiento de los datos solo puede llevarse a cabo cuando exista un consentimiento libre, previo y expreso del titular, a no ser que esté de por medio una obligación legal o judicial, que no requiera de dicho consentimiento. Con este principio se pretende evitar que se recoja y divulgue información personal adquirida en

7Corte Constitucional, sentencia T-360-20226 Tutela no. 2024-00235-01 forma ilícita, sin el consentimiento del titular, o sin una justificación legal o constitucional concreta. Además, este principio se refiere a “la potestad con la que cuenta el titular de disponer de la información y conocer su propia identidad informática”. Lo anterior consiste, básicamente, en el conocimiento de la recopilación de los datos, estar informado acerca de la finalidad del tratamiento y contar con “herramientas efectivas para su conocimiento, actualización y rectificación”.

Sobre el principio de veracidad, la Ley 1266 de 2008 prevé que “la información contenida en los bancos de datos debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y

actualización y rectificación”.

Sobre el principio de veracidad, la Ley 1266 de 2008 prevé que “la información contenida en los bancos de datos debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible”. Por ello, “se prohíbe el registro y divulgación de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error”, con lo cual se pretende asegurar que los datos reflejen situaciones reales, es decir, que sean ciertos, por lo que se encuentra prohibida la administración de datos erróneos. En este punto, la jurisprudenc ia constitucional ha advertido que la prohibición de divulgar datos parciales o fraccionados se encuentra comprendida en el principio de integridad de la información. En suma, la veracidad implica un deber de objetividad, esto es, que “la información no de be ser presentada en forma inductiva, sesgada o sugestiva”. Es una correspondencia entre el registro y las condiciones fácticas del sujeto cuya información personal es administrada en bases de datos, entre ellas las destinadas a la determinación del riesgo financiero.

Por su parte, el principio de incorporación, cuyo alcance fue abordado con amplitud en las Sentencias C-282 de 2021 y C-032 de 2021, obliga al responsable del tratamiento a registrar en la base de datos toda la información que tenga una consecuencia favorable para el titular. En otras palabras, cuando la inclusión de la información personal comporte consecuencias negativas para una persona, la fuente y el operador tienen el deber de actualizar esta información con los comportamientos que incidan en la aplicación de estas consecuencias. El cumplimiento de ese deber implica, por ende, la satisfacción de los principios de incorporación y veracidad.

Acerca del principio de finalidad, la Ley 1266 de 2008 señala que la administración de los

El cumplimiento de ese deber implica, por ende, la satisfacción de los principios de incorporación y veracidad.

Acerca del principio de finalidad, la Ley 1266 de 2008 señala que la administración de los datos personales debe obedecer a una finalidad compatible con la Constitución. En este sentido, la jurisprudencia ha advertido de manera reiterada que para satisfacer este principio: (i) los datos deben ser procesados con un propósito específico y explícito; (ii) la finalidad de la recolección debe ser legítima de acuerdo con la Constitución y (iii) la recopilación de los datos debe tener un fin exclusivo, de tal manera que se encuentra prohibido “el uso o divulgación de datos para una finalidad diferente a la in icialmente prevista”. Asimismo, la Corte ha establecido que la recolección de datos debe estar acorde con el principio de utilidad. Ello quiere decir que el acopio, procesamiento e información de los datos personales debe tener una función determinada. De allí que “quede proscrita la divulgación de datos que, al carecer de función, no obedezca a una utilidad clara y suficientemente determinable”.

En particular, esta Corporación ha llamado la atención de que el cálculo del riesgo crediticio es una finalidad constitucional legítima, que consiste en contar con la información necesaria para tener una adecuada distribución de los recursos de crédito, los cuales deben ser debidamente administrados al derivarse de los depósitos. De esta manera se protege la estabilidad financiera y el ahorro público, que son actividades vinculadas al interés público como se encuentra previsto en el artículo 335 de la Constitución.

Ahora bien, los principios de veracidad, integridad, finalidad y utilidad se encuentran reflejados en las obligaciones que le impone la Ley 1266 de 2008 a la fuente, a los7

como se encuentra previsto en el artículo 335 de la Constitución.

Ahora bien, los principios de veracidad, integridad, finalidad y utilidad se encuentran reflejados en las obligaciones que le impone la Ley 1266 de 2008 a la fuente, a los7 Tutela no. 2024-00235-01 operadores de la información y a los usuarios. De esta suerte, la referida normativa prevé que el titular puede exigirle a la fuente: a) la rectificación de los datos contenida en la base e informarlo a los operadores; b) solicitar prueba de la autorización, cuando esta sea necesaria; c) que la información que suministre a los operadores de los bancos de datos sea “veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable”. Además, la fuente tiene como obligaciones correlativas: a) reportar periódicamente las novedades de los datos que haya suministrado previamente al operador; b) adoptar las medidas pertinentes para actualizar la información; c) rectificar la información incorrecta e informar la a los operadores; d) solicitar cuando sea necesario el consentimiento del titular y certificarlo semestralmente; e) cuando se presente solicitud de rectificación informar al operador que determinada información se encuentra en discusión, para que se incluya una leyenda en este sentido, así como f) diseñar e implementar mecanismos eficaces para reportar la información al operador.

Igualmente, el operador de la información debe, de acuerdo con el artículo 7º de la Ley 1266 de 2008: a) solicitarle a la fuente que certifique la existencia de la autorización otorgada por el titular para el tratamiento del dato; b) asegurar los registros para impedir su alteración, pérdida, alteración o uso no autorizado; c) actualizar el registro de la información cada vez

el titular para el tratamiento del dato; b) asegurar los registros para impedir su alteración, pérdida, alteración o uso no autorizado; c) actualizar el registro de la información cada vez que lo reporten las fuentes; d) tramitar las peticiones, consultas y reclamos formulados por el titular de la información; d) indicar cuando haya lugar a ello que determinada información se encuentra en discusión por parte de su titular cuando no haya finalizado el trámite.”

III) CASO CONCRETO.

En el caso bajo estudio, se tiene que el actor considera que se le han vulnerado sus derechos fundamentales relacionados con una obligación presuntamente inexistente, a fin de eliminar cualquier tipo de reporte generado a bancos de datos y su información privada y que se sancione al fondo de garantías por el mal uso del poder adquirido de manipular datos de la ciudadanía en general , como consecuencia de reportes negativos realizados por dichas entidades ante las centrales de riesgo sin su consentimiento previo, utilizando además datos erróneos , sumando que nunca tuvo una relación contractual o deuda adquirida con ninguna de las entidades accionadas.

El juez de primera instancia declaró improcedente la acción de tutela, tras considerar que el accionante contaba con otros mecanismos judiciales y administrativos idóneos, como lo son las reclamaciones ante las centrales de riesgo y la superintendencia de industria y comercio, los cuales no fueron agotados. Además, el a quo sostuvo que no se configuro un perjuicio irremediable que justificara la procedencia de tutela como mecanismo transitorio.

El accionante impugnó la decisión, argumentando que los reportes negativos afectaron gravemente su vida crediticia, su honra y su p rivacidad, y solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia, así como

tutela como mecanismo transitorio.

El accionante impugnó la decisión, argumentando que los reportes negativos afectaron gravemente su vida crediticia, su honra y su p rivacidad, y solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia, así como la eliminación inmediata de los reportes realizados.

La Sala a fin de resolver el presente asunto, observa que se aportaron los siguientes medios de prueba:8 Tutela no. 2024-00235-01 - Memorial sobre lo s términos y condiciones del cupo de crédito ZINOBE para el servicio LINERU, en donde sostiene que el señor Francisco Jhonnieth Garzón Rincón tiene la operación de crédito No.98546273 respaldada con la fianza de FGA Fondo de Garantías S.A. y por la cual canceló a través de ZINOBE un valor de servicio de fianza por la suma de $66,162 , en donde además se da una serie de instrucciones sobre tratamiento de datos personales, incluyendo el reporte negativo de que trata el artículo 12 de la ley 1266 de 2008.8

• No se aportaron los derechos de petición.

• Respuesta a solicitud realizada con radicado no. 128601 del 18 de septiembre del 2024 , en donde el FGA fondo de garantías le avisa que procedió a eliminar una dirección de correo electrónico de su base de datos, sin embargo, le recuerda que tiene una obligación adquirida con ZINOBE. 9

• Respuesta solicitud realizada con radicado 128512 del 17 de septiembre del 2024 en donde el FGA fondo de garantías le manifiesta al accionante que una vez solicitó su crédito con ZINOBE este de manera libre por medio de su firma autorizó que el FGA fuera el deudor inicial en caso de incumplimiento en el pago del crédito.10

fondo de garantías le manifiesta al accionante que una vez solicitó su crédito con ZINOBE este de manera libre por medio de su firma autorizó que el FGA fuera el deudor inicial en caso de incumplimiento en el pago del crédito.10

• Respuesta a solicitud realizada con radicado no. 130749 del 05 de noviembre del 2024, en donde el FGA fondo de garantías, explica que entre esta y ZINOBE suscribieron un convenio de garantía, mediante el cual el primero garantiza en calidad de fiador subsidiario, los créditos que el segundo confiera a los usuarios de sus servicios crediticios, en razón del incu mplimiento de estos o sus codeudores. Es decir, que cuando hay incumplimiento en el crédito por parte de los deudores, FGA le paga a ZINOBE como fiador de ese crédito y luego le puede recobrar al deudor inicial, por lo que el FGA debido al incumplimiento del titular, le pagó a ZINOBE la suma adeudada, por lo que al entrar en mora la deuda, esta tiene autorización brindada por el accionante para hacer reportes negativos en su contra.11

• Respuesta a solicitud realizada con radicado no. 130938 del 08 de noviembre del 2024, en donde se en donde el FGA reitera lo manifestado con anterioridad.12

• Respuesta a solicitud realizada con radicado no. 131827 del 08 de noviembre del 2024 en donde el FGA fondo de garantías expone que la extinción de la información que repose del accionante en su base de datos debe ser solicitada directamente ante sus centrales de información, ya que no es procedente en el FGA hacer el trámite de extinción de datos.13

fondo de garantías expone que la extinción de la información que repose del accionante en su base de datos debe ser solicitada directamente ante sus centrales de información, ya que no es procedente en el FGA hacer el trámite de extinción de datos.13

8Ver índice 03 del SAMAI/ Link en acta de reparto/ índice 03/ Archivo 01/ Pág. 1-10 9Ver índice 03 del SAMAI/ Link en acta de reparto/ índice 03/ Archivo 01/ Pág. 12-13 10Ver índice 03 del SAMAI/ Link en acta de reparto/ índice 10/ Archivo 08 11Ver índice 03 del SAMAI/ Link en acta de reparto/ índice 10/ Archivo 09/ Respuestapetición 12Ver índice 03 del SAMAI/ Link en acta de reparto/ índice 03/ Archivo 01/ Pág. 22-24 13Ver índice 03 del SAMAI/ Link en acta de reparto/ índice 03/ Archivo 01/ Pág. 18-199 Tutela no. 2024-00235-01

• Respuesta a solicitud realizada con radicado no. 132180 del 14 de noviembre del 2024 en donde el FGA fondo de garantías expone que cumple con la normatividad vigente y con lo dispuesto en la ley 2157 2021 y la 1266 de 2008 al momento de realizar el envío de la comunicación previa al correo electrónico autorizado por el accionante.14 - Respuesta solicitud realizada con radicado 128512 del 17 de septiembre del 2024 en donde el FGA fondo de garantías le manifiesta al accionante que una vez solicitó su crédito con ZINOBE este de manera

autorizado por el accionante.14 - Respuesta solicitud realizada con radicado 128512 del 17 de septiembre del 2024 en donde el FGA fondo de garantías le manifiesta al accionante que una vez solicitó su crédito con ZINOBE este de manera libre por medio de su firma autorizó que el FGA fuera el deudor inicial en caso de incumplimiento en el pago del crédito.15

• Certificado de paz y salvo expedido por ZINOBE, en donde se especifica que el accionante se encuentra a paz y salvo con la entidad.16

-Certificado de deuda expedido por el FGA en donde tiene un pago pendiente de $998.264.00 pesos

MCTE.17

• Correos de datacredito en donde se le recuerda al señor Jhonnieth Garzón su deuda en mora y se le informa que cualquier extinción de información debe ser solicitada directamente ante las centrales de información.18

• Acción de tutela adelantada por el señor Francisco Jhonnieth Garzón Rincón en contra de entidades distintas a las accionadas con el radicado no. 2024 -00169-00, en donde el juzgado 27 penal municipal con función de control de garantías de Cali -Valle declaró improcedente la acción de tutela en razón a que el accionante contaba con distintas herramientas a través de las cuales puede realizar las reclamaciones por los datos que reposan en las bases objeto de controversia, como es la reclamación ante la superintendencia de industria y comercio, donde, acorde a lo regulado en el artículo 1.3.6 de resolución 76434 de 2012, se puede ordena r la corrección, actualización o retiro de datos personales, o para que se inicie una investigación administrativa por el incumplimiento de las disposiciones contenidas

resolución 76434 de 2012, se puede ordena r la corrección, actualización o retiro de datos personales, o para que se inicie una investigación administrativa por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la normatividad legal o acudir a los mecanismos judiciales ordinarios que el ordenam iento jurídico establece para efectos de debatir lo concerniente a la obligación reportada como incumplida.19

• Sentencia de tutela rad. 2024 -00319-00 proferida por el juzgado séptimo de pequeñas causas y competencia múltiple de Santa Marta -Magdalena cuyo accionante fue el señor Francisco Jhonnieth Garzón Rincón en contra de LINERU y otros, mediante la cual, el juez negó las pretensiones de la

14Ver índice 03 del SAMAI/ Link en acta de reparto/ índice 03/ Archivo 01/ Pág. 20-21 15Ver índice 03 del SAMAI/ Link en acta de reparto/ índice 10/ Archivo 08 16Ver índice 03 del SAMAI/ Link en acta de reparto/ índice 03/ Archivo 01/ Pág. 25 17Ver índice 03 del SAMAI/ Link en acta de reparto/ índice 03/ Archivo 01/ Pág. 26 18Ver índice 03 del SAMAI/ Link en acta de reparto/ índice 03/ Archivo 01/ Pág. 27-34 19Ver índice 03 del SAMAI/ Link en acta de reparto/ índice 10/ Respuestatutela Pág. 39-5210 Tutela no. 2024-00235-01 demanda en razón a que datac había dado respuesta efectiva a unas peticiones in terpuestas por el accionante.20

Tutela no. 2024-00235-01 demanda en razón a que datac había dado respuesta efectiva a unas peticiones in terpuestas por el accionante.20

• Sentencia de tutela rad. 2024-01074-00 proferida por el juzgado veintidós civil municipal de oralidad de Cali, propuesta por el señor Francisco Jhonnieth Garzón Rincón contra el Banco de Bogotá, en procura de la protección del derecho de petición con motivo de la solicitud radicada en julio de 2024 para el retiro del reporte en las centrales de riesgo, en donde le ordenó a la entidad demandada dar respuesta a un derecho de petición interpuesto por el actor en un plazo no mayor a 48 horas. 21

Teniendo en cuent a lo anterior, es menester manifestar en primera medida que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dejado en claro que para que proceda el reporte negativo a las centrales de riesgo se deben cumplir con dos condiciones específicas. La primera de e llas, se refiere a la veracidad y la certeza de la información, y la segunda, a la necesidad de autorización expresa para el reporte del dato financiero negativo. Lo cual también comprende que el mismo l