TSDJ ANT-05000-22-21-000-2019-00012-00-(09-09-2019)

TRIBUNAL SUPERIOR

DISTRITO JUDICIAL DE ANTIOQUIA

SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCION DE TIERRAS Magistrado Ponente: PUNOALIRIO CORREAL BELTRAN Medellin, nueve (9) de septiembre de dosmil diecinueve (2019)

Sentencia: No. 007

Radicado: 05000 22 21 000 2019 00012 00

Proceso: Tutela [Primera instancia]

Accionante: Felipe Arcesio Echeverri Zapata

Accionado: Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitucion de Tierras Itinerante de Antioquia Decision: Deniega el amparo deprecado En el sub judice se advierte que no se configuran los requisitos generales como tampocolos especiales de procedibilidad de la accién de tutela contra providencias judiciales, fijados por la jurisprudencia constitucional, toda vez que la decisién adoptada por el Despacho accionado, se motivé suficientemente en la prueba legalmente recabada, y sobre la que no existe decision judicial que contrarie su validez, y la misma fue adoptada conforme el marco normativo aplicable al procedimiento de restitucion de tierras.

Sinopsis:

Procede la Sala a resolver la accion de tutela formulada por el senor Felipe Arcesio Echeverri Zapata en contra del Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitucion de Tierras Itinerante de Antioquia, en la cual se dispuso la vinculacién de Marta Cecilia Julio Sierra, Roberto Vasquez Ruiz, Rodrigo Segundo Ogaza Rivero, la Procuradora 37 Judicial | de restitucion de Tierras

de Antioquia y el Ministerio Publico, Francisco Javier Lozano Potes, Aristébulo Vinicio Cabrales Barrera y José Gentil Silva, la Agencia Nacional de Tierras, la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Turbo Antioquia, el Juez Primero Promiscuo Municipal de Turbo, la Unidad Administrativa Especial para la Atenci6n y la Reparacion Integral a las Victimas, el Banco Agrario, el servicio Nacional de Aprendizaje — SENA,ala Secretaria Municipal de Salud de Turbo, Secretaria Municipal de Hacienda de Turbo, la Gerencia de Catastro Departamental de Antioquia, las Fuerzas Militares y la Policia Nacional.

I. ANTECEDENTES

1. Fundamentos de hecho. El sefor Felipe Arcesio Echeverri Zapata, actuando en nombre propio impetro accién de tutela en contra del Juzgado Civil

del Circuito Especializado en Restitucion de Tierras Itinerante de Antioquia. Radicado 05000 22 21 000 2019 00012 01 Pagina 1 de 16Como fundamento de su accidn, sostuvo que, la Unidad Administrativa Especial de Gestion de Restitucién de Tierras Despojadasincluyo en el Registro de Tierras despojadas los predios identificados con los Folios de Matricula Inmobiliaria No. 034-91352, 034-91356y 034-91362, para lo cual, dentro del analisis de contexto tuvo en cuenta informaci6n suministrada por la Fundacion Forjando Futuros, en la cual se indicaba, en sintesis, que aquel, en supuesta representacion de Hasbun, acompanado de hombres armadoshabiasolicitado las tierras ocupadas

y presionado para su venta. Dijo dicha informacién no fue cotejada con las declaraciones efectuadas por los actores armados en Justicia Transicional o conlos compendiosyanalisis del Centro de Memoria Historica. Afirmdé que la Procuradora 37 Judicial | de restitucion de Tierras de Antioquia dentro del procesojudicial presentd comociertos y veridicos hechosy afirmaciones, a su juicio difamantes, expuestas en la demanda, asi como las senaladas en los documentos de analisis de contexto presentados. Arguy6 que no se ausculté en la etapa judicial que existia una Resolucion de Fiscalia y un fallo judicial que contradicen el contexto de violencia presentadoporla

UAEGRTD.

Asevero queelJuzgado accionadoprofirid la Sentencia No. 059-02 el 12 dejunio de 2018, en la cual omitid por «formalismo» tener en cuenta los alegatos de conclusi6n que brindaban documentacion adicional. Indicé que, mediante auto interlocutorio No. 034 del 12 de febrero de 2019,el Despacho accionado sefaléd que en el proceso se establecid que dos de los reclamantes debieron abandonarlos predios al ser presionados por grupos armados al margen dela ley a pagar por las parcelas que ocupaban a Raul Emilio Hasbun y a Felipe Echeverry Zapata, quienes posteriormente se aprovecharondelasituacion economica de estos para hacerse a los predios. Adujo ser un profesional que ha desempenado cargos directivos en importantes

empresas del pais, asi como un empresario exitoso y altruista, «ejemplo de transparencia», procedente de una familia de «tradicién de trabajo y pujanza». Pagina 2 de 16Adicionalmente, aleg6 tenerla calidad de victima del conflicto armado, con ocasién de las extorsiones, amenazas, persecuciones, asesinato de trabajadores y atentados contra la vida, dirigidos contra él y su familia, en la década de los 90. Considero que la actuacion del Juzgado accionado vulnerd su derecho al debido proceso, pues a Su Jjuicio se configuran todos y cada uno de los presupuestos especiales de procedencia de la accién de tutela contra providencias judiciales, frente a la sentencia objeto de reproche; sin realizar analisis alguno, frente al auto interlocutorio 034 del 12 de febrero de 2019 el cual se ataca también. Asimismo, supuso vulnerado su derecho fundamental al buen nombre, a la honra, al trabajo y el de defensa.

2. Peticién de amparo.Con base en el fundamento factico y las consideraciones expuestas, solicito que se tutelaran en su favor los derechos fundamentales invocados, y que, en consecuencia, se dejaran sin efecto las providencias atacadas, y se ordenara al Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitucion de Tierras Itinerante de Antioquia, emitir nueva sentencia que se base en consideraciones distintas en las que no se haga ninguna mencion a éloa las empresas a las que se halla vinculado.

3. Del tramite. Por auto del 28 de junio de 2019, fue admitida la accion de

amparo en contra del Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restituci6én de TierrasItinerante de Antioquia, se dispusolavinculacién de los sefiores Marta Cecilia Julio Sierra, Roberto Vasquez Ruiz y Rodrigo Segundo Ogaza Rivero, reclamantes dentro del proceso bajo radicado No. 05045 31 21 002 2014 00021 00, asi como de la Procuradora 37 Judicial | de restituci6n de Tierras de Antioquia. De igual forma, se ordend comunicar al Ministerio Publico dicha admision, para que de considerarlo procedente se pronunciara. El Despacho accionado,los vinculadosyel Ministerio Publico, se pronunciaron dentro del téermino otorgado. El Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restituci6n de Tierras itinerante deAntioquia’, afirmo, en sintesis, que en el presente caso no se cumple con el requisito de inmediatez, teniendo en cuenta quelaprovidencia atacada, esto

' Folios 14 cdno.1. Radicado 05000 22 21 000 2019 00012 01 Pagina 3 de 16es, la Sentencia No. 059-02, data del 12 dejunio de 2018, sin queel actorjustifique razonadamente porqué solo hasta ahora acude a la accion de tutela. Adicionalmente que, dicha decisién se dio con sujecién a las normas que regulan la justicia transicional de victimas y restituciOn de tierras, y se fundamento en las pruebas aportadasal proceso por parte de la UAEGRTDlascuales se presumenfidedignas,

y no fueron refutadas durante el tramite judicial. Dicha agencia judicial solicit6 la vinculacién del Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitucion de Tierras de Apartado, de quien dijo fue el encargadodelaintegracion del contradictorioyla instruccion; no obstante, la misma no resulta procedente en este asunto, habida cuenta que la queja del actor se dirige unicamente frente a la Sentencia No. 059-02 del 12 de junio de 2018 y auto interlocutorio No. 034 del 12 de febrero de 2019, actuaciones estas en las que no tuvo injerencia dicho juzgado. El Ministerio Publico, conceptud que, los cargos formulados frente a las decisiones reprochadas no estan llamados a prosperar, ya que no se configuran los requisitos especiales de procedencia de la tutela contra providenciasjudiciales, para lo cual relievo que: a. No se da un error procedimental absoluto al tener como hecho notorio la violencia ocurrida en la vereda ‘California’, toda vez que el mismo se soporta en el contexto de violencia aportado por la Unidad, asi como en lo expresado porla Corte Suprema de Justicia, quien ha resenadolos altos indices de violencia vividos en Turbo y en el Uraba antioquenho y chocoano durante los anos 90 y 2000 a 2005 inclusive. b. No existe un defecto factico, por cuanto la decision se fundamento en la prueba acopiada debidamente dentro del proceso, particularmente las aportadas por la UAEGRTDlas cuales se presumenfidedignas. c. Noseconfigura error material o sustantivo pues el Juez aplicd la normatividad

vigente, y el hecho que refiere el accionante no se funda en norma alguna. d. Nose origina un error inducido o decision sin motivacion por los mismos motivos ya expuestos; e incluso, el mismo accionante lo que hace es corroborarlo concluido por el Despacho accionado, en cuanto a que, si se dio una reunion con los parceleros en la que se discutiO la compra de los predios, y participaron miembros de las Autodefensas.

? Folio 153 a 156 cdno.1. Pagina 4 de 16La sefora Marta Cecilia Julio Sierra, y los sefores Roberto Vasquez Ruiz y Rodrigo Segundo Ogaza Rivero, con respecto al asunto al que le competete decidir a esta Sala senalaron que,latutela fue presentada porfuera de los términos fijados porlajurisprudencia constitucional por lo cual no se cumple conel requisito de la inmediatez; asimismo que, la decision se adoptd conforme a las pruebas aportadas de manera oportuna, que se presumenfidedignas y estuvieron sujetas a escenarios de contradiccién. Proferida la sentencia correspondiente, en sede de segundainstancia, la Sala de CasaciénCivil de la Corte Suprema de Justicia, por auto del 21 de agosto de 20197, declaré la nulidad de lo actuado con posterioridad al auto admisorio delatutela de la referencia, por cuando consideré que se debia vincular al presente tramite constitucional a Francisco Javier Lozano Potes, Arist6bulo Vinicio Cabrales

Barrera y José Gentil Silva, vinculaciones que no se efectuaron inicialmente por esta Sala, habida cuenta que, la oposicién del primero fue extemporanea dentro del proceso bajo radicado No. 05045 31 21 002 2014 00021 00, el segundo presento oposicion que es conocida por esta magistratura en el proceso bajo radicado 05045 31 21 002 2014 00021 01, diferente al primero en cita, y respeto al que se declaro ruptura de unidad procesal, y, que el ultimo, pese a notificarse dentro del tramite que origina esta tutela, no elevo oposicion alguna. No obstante, por auto del 02 de septiembre de los corrientes°, se acatd lo resuelto por el superior, y se procedié a vincular a las referidas personas, asi como las entidades destinatarias de las ordenes de la sentencia atacada, a saber, la Agencia Nacional de Tierras, la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Turbo Antioquia, el Juez Primero Promiscuo Municipal de Turbo, la Unidad Administrativa Especial para la Atencion y la Reparacién Integral a las Victimas, el Banco Agrario, el servicio Nacional de Aprendizaje — SENA,ala Secretaria Municipal de Salud de Turbo, Secretaria Municipal de Hacienda de Turbo, la Gerencia de Catastro Departamental de Antioquia, las Fuerzas Militares y la Policia Nacional, ello en atencion al precedente fijado por esa misma corporacion en auto del 23 de julio de 2019 dentro de la accién de tutela bajo radicado 05000 22 21 000 2019 00011 00.

5 Folio 159 a 160 ibidem. 4 Folio 73 a 75, cdno. 3, de lo actuado ante la Corte Suprema de Justicia. ° Folio 220 de lo actuado ante el Tribunal. Radicado 05000 22 21 000 2019 00012 01 Pagina 5 de 16En esta oportunidad, dieron respuesta las entidades y personas que a continuacion se relacionanyen los términos queseindicaran. Marta Cecilia Julio Sierra, Roberto Vasquez Ruiz y Rodrigo Segundo Ogaza Rivero, reclamantes dentro del proceso bajo radicado No. 05045 31 21 002 2014 00021 00, presentaron nuevo escrito senalando que el vinculado Francisco Javier Lozano Potes ya tramité accién de tutela contra la misma sentencia que hoy se ataca, la cual fue conocida por esta Sala en primera instancia, y por la Corte Suprema de Justicia en segunda, bajo radicado No. 05000 22 21 000 2018 00018

00. Adicionalmente que el senor José Gentil Silva no presento oposicion en el aludido proceso de restituciOn de tierras, y Arist6bulo Vinicio Cabrales Barrera fue reconocido como opositor, pero dentro del proceso que cursa ante esta Sala

Especializada. Francisco Javier Lozano Potes® coadyuv6 |a solicitud de amparo constitucional en favor del senor Felipe Arcesio Echeverri Zapata, y para ello afirmo que la solicitud de restitucion de tierras para la inclusion en el Registro de Tierras Despojadashizo sendascitas de una investigacion sustentada a su vez en archivos

y conclusiones de la Comisi6n Nacional de Reparacion y Reconciliacién — CNRR, de la que fue coordinador seccional de Antioquia, Gerardo Vega Medina, actual director de la Fundacion Forjando Futuros, quien ha sido cuestionado porel uso de informacion privilegiada, cuando se desempefnabaenel primer cargo anotado. Afirmo que, dicha persona lo presento inicialmente como victima para que el Incora le adjudicara un predio, mismo inmueble que hoyseve vinculado al tramite de restitucion de tierras por reclamacion efectuada por los sefores Rodrigo Segundo Ogaza Rivero y Roberto Vasquez Ruiz, a quienes hoy representa el senor Vega Medina. Dijo que la UAEGRTD noconfronto el contexto de violencia presentado en la demanda,con las declaraciones de los pobladores de la vereda California, y con jos demas elementos probatorios obrante en su carpeta, desdibujando y tergiversando de ésta forma los hechosrelativos ala presencia de actores armados en la zona de ubicacion de los predios; maxime cuando los mismos reclamantes afirmaron que en los hechos que rodearon la negociacion de venta de sus parcelas no huboviolencia.

° Folio 323 a 335 ibidem. Pagina 6 de 16En consecuencia, solicit que se accedaalas pretensionesdelatutela, en tanto, «le conviene personalmente que permita al Juzgado Itinerante de Tierras proferir nueva sentencia, con base enlos hechos expuestos en esta contestacién» El Juzgado Primero Promiscuo Municipal’ sefald que no existe ningun

despacho comisorio emitido por el Despacho accionado. La Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Turbo®, quien dijo desconocerlos hechosdelatutela, remitid copia de los certificados de tradicion de los inmuebles identificados con FMI No. 034-91352, 91362 y 91356, mencionados en el escrito de tutela. Aristobulo Vinicio Cabrales Barrera® no se pronuncié sobre los hechosdela tutela, y en su lugar procedio a darreferencia sobre la integridad y comportamiento social del accionante Felipe Arcesio Echeverri Zapata, a quien dijo conocer como vecino. En todo caso, se «alland» a las pretensiones formuladas. La Agencia Nacional de Tierras"’, manifesto que sobre los hechosdelatutela los mismos no han sido conocidos o ejecutadosporesa entidad, pues corresponden a actuaciones consumadaspor el Juzgado accionado, por lo cual existe una falta de legitimacion material en la causa por pasiva en su favor. La UARIV"! arguyé que no hace parte de los procesosdetierras, y que en lo de sus competencias, el actor se encuentra inscrito por el hecho victimizante de desplazamiento forzado. El BancoAgrario”™afirm6o que, dentro de las competencias que le asisten en los procesosderestitucion detierras, ni el accionante ni las demas personas senaladas en la sentencia proferida dentro del proceso bajo radicado No. 05045 31 21 002 2014 00021 00, poseen relacion alguna con esa entidad que ponga en riesgo los derechos invocadosenesta acci6on. La Gerencia de Catastro Departamental de Antioquia quien nada dijo sobre los hechos y pretensiones dela tutela, remitid constancia del cumplimiento de la

7 Folio 341 ibidem. ® Folio 189 ibidem.

derechos invocadosenesta acci6on. La Gerencia de Catastro Departamental de Antioquia quien nada dijo sobre los hechos y pretensiones dela tutela, remitid constancia del cumplimiento de la

7 Folio 341 ibidem. ® Folio 189 ibidem. ° Folio 350 a 352 ibidem. 19 Folio 354 a 355 ibidem. " Folio 362 ibidem. 12 Folios 365 a 366 ibidem. Radicado 05000 22 21 000 2019 00012 01 Pagina 7 de 16 yororden a ella emitida dentro de la sentencia proferida en la accion de restitucion de tierras ya referida. El Departamento de Policia de Antioquia’ sefiald que, todos los requerimientos o solicitudes de proteccién incoadas por el accionante han sido tramitadas, por lo que solicit6 su desvinculacion del presente asunto. El SENA‘ sefald que ha despiegado la actuacién necesaria para dar cumplimiento a la tutela que es objeto de reproche para lo cual arrimo constancia de los informes presentados al Juzgado accionado. ll. CONSIDERACIONES

1. La Competencia. Es competente esta Sala Civil Especializada en Restitucién de Tierras para conocer de la presente accién de tutela en primera instancia, toda vez que se denuncia la vulneracion de derechos fundamentales dentro de su ambito territorial, de conformidad con lo dispuesto enel articulo 37 del Decreto 2591 de 1991, y por tratarse de unaacciondirigida contra una dependencia judicial, de la cual en el regimen regular, es superior funcional esta colegiatura,

segun lo contempla el numeral2del articulo 1° del Decreto 1382 de 2000, compilado en el Decreto 1069 de 2015, a su vez modificado por el Decreto 1983 de 2017. Aunadoaello, teniendo en cuenta lo resuelto por la Sala de Casacion Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien por auto del 29 de mayo de 2019 dispuso la remision de las presentes diligencias a esta Sala para que asumiera su conocimiento.

2. Problema Juridico. Corresponde a esta Sala determinarsi el Juez Civil del Circuito Especializado en Restitucion de Tierras Itinerante de Antioquia, ha vulnerado los derechos al debido proceso, al buen nombre, a la honra y al trabajo del senor Felipe Arcesio Echeverri Zapata dentro del proceso bajo Radicado No. 05045 31 21 002 2014 00021 00 al proferir la Sentencia No. 059-02 el 12 de junio de 2018 el auto interlocutorio No. 034 del 12 de febrero de 2019, providencias en las que se le vincula con hechos de despojo detierras.

'S Folios 376 a 377 ibidem. 't Folios 382 a 383 ibidem. Pagina 8 de 163. Dela vinculaci6én de terceros ajenos al proceso de restitucion de tierras atacado. En atencion a la solicitud presentada por Marta Cecilia Julio Sierra, Roberto Vasquez Ruiz y Rodrigo Segundo Ogaza Rivero, reclamantes dentro del proceso bajo radicado No. 05045 31 21 002 2014 00021 OO, de vincular al

presente tramite a las sociedades Bananeras de Uraba S.A. y Agricola Sara Palma S.A., quienes son opositoras dentro del proceso bajo radicado No. 05045 31 21 002 2014 00021 01, diferente al primero resehado y que es conocido actualmente por esta Sala Especializada, asi como a Zarley Cordoba Palacios conyuge del senor Francisco Javier Lozano Potes,aefectos de evitar que se acuda a «nuevas triquifuelas alegando nulidades futuras», advierte el despacho lo improcedente de lo pedido porlafalta de legitimacion de las mentadas personas juridicas y natural, por lo cual no se procede con dichas vinculaciones. Lo anterior teniendo en cuenta que, las aludidas sociedades son opositoras en un proceso derestituciOn de tierras diferente, el cual, si bien tiene su génesis en el radicado bajo No. 05045 31 21 002 2014 00021 00, es aut6nomo e independiente puessederivé de una ruptura de unidad procesal, y no es conocido para su decision por el despacho judicial que aca se acciona, sino por este Tribunal; de ahi que ninguna relacién o injerencia exista con las decisiones objeto de reproche; y, en cuanto a la sefora Cordoba Palacios,si bien la misma es conyuge del vinculado, Francisco Javier Lozano Potes, esta no presento oposicion, ni siquiera de forma extemporanea dentro del aludido procesojudicial, que origina esta accion.

4. Laaccion de Tutela. El articulo 86 de la Constitucion Politica y los Decretos

2591 de 1991 y 306 de 1992, consagran y reglamentan la accion de tutela como un mecanismo para la proteccidn inmediata de los Derechos Fundamentales Constitucionales, cuando quiera que estos resulten amenazados o vulnerados por la accion o por la omisidn de una autoridad publica, o de un particular en los casos contemplados por la Ley, cuando no se tengan otros mecanismos judiciales o cuando teniendo estos los mismos resulten iniddmeos o se adelante como mecanismotransitorio para evitar un perjuicio irremediable.

5. El derecho al debido proceso. El derecho fundamental al Debido Proceso ha sido consagrado enel Articulo 29 de la Constitucién Nacional, y conformeel mismo toda actuacién judicial o administrativa, debera regirse «conforme a leyes preexistentes al acto» que se examina «y con observancia de la plenitud de las formas propias».

Radicado 05000 22 21 000 2019 00012 01 Pagina 9 de 16 Ue)El derecho al Debido Proceso, ha sido considerado uno de los pilares fundamentales del Estado social y constitucional de Derecho,yha sido definido por la jurisprudencia constitucional como «e/ conjunto de garantias previstas en el ordenamiento juridico, a través de las cuales se busca fa proteccion del individuo incurso en una actuacion judicial o administrativa, para que durante su tramite se respeten sus derechosyse logre la aplicacion correcta de Ia justicia»"®. Sobreel particular la Corte Constitucional en la Sentencia T—061 de 2002, senalo

que «el debido proceso[esuna] regulacionjuridica que de maneraprevialimita los poderes del Estado yestablece las garantias de proteccion a los derechos de fos administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades publicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos sefialados enla ley», teniendo asi, el debido proceso la funciédn de defender y preservar el valor de la justicia reconocida en el preambulo de la Carta Fundamental. La Corte Constitucional en la Sentencia C—089 de 2011, fijO los principales elementos del derecho al debido proceso, en los siguientes terminos: «Entre los elementos mas importantes del debido proceso, esta Corte ha destacado:(i) la garantia de acceso libre y en igualdad de condiciones a fa justicia, con el fin de lograr una pronta resolucion judicial y el derecho a la jurisdiccién; (ii) la garantia de_juez natural; (iii) las garantias inherentes a la legitima defensa; (iv) la determinacion y aplicacién de tramites y plazos razonables;(v) la garantia de imparcialidad, entre otras garantias»'®

6. Dela procedencia de la accién de tutela contra providencias judiciales.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado la doctrina de «/os requisitos generales y especificos de procedibilidad de la accién de tutela contra providencias judiciales»'’. Situacion ésta que ha diferenciado el Alto Tribunal de la inicialmente definida como «via de hecho», en tanto que, mientras la configuracion

de una via de hecho requiere que el juez actue por fuera del ordenamientojuridico, los requisitos en comento «contemplan situaciones en las que basta que nos encontremos con una decision judicial ilegitima violatoria de los derechos fundamentales para que se viabilice la accion de tutela contra decisionesjudiciales»"®.

'SSentencia C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 'V/er entre otras las sentencias T-001 de 1993, T-345 de 1996, C-731 de 2005. Sobre el debido proceso administrativo, ver, entre otras, las sentencias SU-250 de 1998, C-653 de 2001, C-506 de 2002, T-1142 de 2003, T-597 de 2004, T-031, T-222, T746, C-929 de 2005 y C-1189 de 2005. '’ Este criterio jurisprudencial ha sido aplicado entre otras, en las sentencias T-285 de 2010, T-180 de 2010, T-887 de 2011, T-269-18 y ultimamente en la SU-041-18. '® Sentencia T-639 de 2006, MP. Jaime CordobaTrivifio. Pagina 10 de 16Los referidos requisitos fueron sistematizados en la sentencia C-590 de 2005, dentro de la cual se diferenciaron unos generalesyotros especificos. Los primeros fueron fijados asi: a a. Que la cuesti6n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa

judicial al alcance de la persona afectada salvo quesetrate de evitar la consumacion de un perjuicio iusfundamentalirremediable’’. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que origind la vulneracion. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de Ia parte actora?°. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraciOn como los derechos vulnerados y que hubiere alegadotal vulneracion en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible?". f. Que no se trate de sentencias de tutela2?. En relacion con los segundosdijo la Corte que, se requiere que se presente, menos uno delos siguientes vicios o defectos, a saber: a. Defecto organico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirio la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actud completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto factico, que surge cuandoel juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicacion del supuesto legal en el que se sustenta la decisi6n. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normasinexistentes o inconstitucionales? o que presentan una evidente y grosera

contradiccion entre los fundamentos y ta decision. f. Error inducido, que se presenta cuandoeljuez o tribunal fue victima de unengano por parte de terceros y ese engano lo condujo a la toma de una decision que afecta derechos fundamentales. g. Decision sin motivacién, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos facticos y juridicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivacién reposa la legitimidad de su Orbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipdtesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la

19 TT-504 de 2000 M. P: José Gregorio Hernandez Galindo. 20 T-008 de 1998 y SU de 2000 21 7.658 de 1998 M. P. Carlos Gaviria Diaz. 22 T. 088 de 1999 y SU 1219 de 2001. 3 T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Radicado 05000 22 21 000 2019 00012 01 Pagina 11 de 16 Jprtutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia juridica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.4

1. Violacién directa de la Constitucion.

Subrayado fuera de texto. En estos eventos, determino la Corte, procede la accion de tutela contra decisionesjudiciales, y se involucran la superacion del concepto de via de hecho

y la admision de especificos supuestos de procedibilidad en eventos en los que, si bien no se esta ante una burda trasgresion de la Carta, si se trata de decisiones ilegitimas que afectan derechos fundamentales.

7. Del caso concreto. En el presente caso, el sefor Felipe Arcesio Echeverri Zapata formulo accién de tutela en contra del Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitucion de Tierras Itinerante de Antioquia, por considerar que, al vincularsele en la Sentencia No. 059-02 el 12 de junio de 2018 el auto interlocutorio No. 034 del 12 de febrero de 2019, con hechos constitutivos de despojo detierras se afect6 su derecho al debido proceso, al buen nombre,ala honray altrabajo; la cual fue coadyuvada por los senores Francisco Javier Lozano Potes y Aristobulo Vinicio Cabrales Barrera, Unica y exclusivamente en lo que a aquel respecta.

De los elementos de juicio obrantes en el expediente, esta Sala encuentra que varios de los requisitos generales de procedencia de la Accion de Tutela contra providencias judiciales no concurren en el subjudice, a saber: a. Frente ala sentencia No. 059-02 el 12 de junio de 2018, tal como lo sostuvo el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitucion de Tierras Itinerante de Antioquia, al descorrer el traslado de la presente accion, no se cumple conel principio de inmediatez, habida cuenta que desde que se emitio la misma, hasta la

fecha de presentacion de esta acciédn de amparo constitucional transcurrieron mas de 10 meses, término que no resulta razonable para su interposicién, sin que se haya justificado razonadamente el porqué de tal demora. b. En cuanto al auto interlocutorio No. 034 del 12 de febrero de 2019, tal como se puso de presente en el acapite de antecedentes,frente al mismo, en el escrito

24 T.462 de 2003; SU 1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T1031 de 2001. Pagina 12 de 16de tutela no se identificaron de forma clara los hechos que se considera generanla vulneracion, pues solo se argumento tal topico respecto de la sentencia. Dichas situaciones, imponen denegar el amparo constitucional deprecado, y permiten por sustraccion de materia no entrar a desplegar analisis alguno frente a los requisitos especiales de procedencia de la accion de tutela contra providencias judiciales. No obstante, y por invocarse la vulneracién de otros derechos fundamentales, esta magistratura se pronunciara al respecto. Revisadas las decisiones objeto de reproche, no se advierte que se configuren los requisitos especiales aludidos, tal como se pasa ver: a. El despacho accionado era el competente para emitir la sentencia atacada, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 79 de la Ley 1448 de 2011 y lo resuelto en auto No. 104 del 21 de septiembre de 2015.

b. La decisién se adopt6d conforme el procedimiento fijado en la precitada Ley. Ahora bien, pese a que no seria del raigambre del defecto procedimental absoluto, en cuanto a la acu