TSDJ ANT-05000-31-21-001-2021-00018-01-(27-09-2023)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA

SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCION DE TIERRAS

SALA PRIMERA

SENTENCIA

JAVIER ENRIQUE CASTILLO CADENA

Magistrado Ponente

Medellín, veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Sentencia No. 015

Radicado: 05000-31-21-001-2021-00018-01

Proceso: Restitución y formalización de tierras. solicitante (s): Wilson de Jesús Gutiérrez Uribe Sinopsis: Se revoca la decisión consultada, de conformidad con las razones precisadas en la presente providencia y en su lugar se acoge como próspera la solicitud de restitución, con todos los efectos que de ella devienen.

Procede esta Sala, de conformidad con lo previsto en el inciso 4º del artículo 79 de la Ley 1448 de 2011, a resolver el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia de fecha 22 de febrero de 2022 proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierra s de Antioquia , mediante la cual se denegó la protección del derecho a la restitución y formalización de tierras incoada por Wilson de Jesús Gutiérrez Uribe a través de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas -Dirección Territorial Antioquia (en adelante la UAEGRTD o la Unidad), sobre un predio rural ubicado en el municipio de San Carlos (Ant.).

1. ANTECEDENTES.

1.1. Fundamentos Fácticos relevantes.

adelante la UAEGRTD o la Unidad), sobre un predio rural ubicado en el municipio de San Carlos (Ant.).

1. ANTECEDENTES.

1.1. Fundamentos Fácticos relevantes.

Se informó en la solicitud por la UAEGRTD que el reclamante adquirió el predio rural denominado “La Coqueta”, ubicado en la vereda “Palmichal” del municipio de San Carlos (Ant.) de una cabida superficiaria según ITP de 2 hectáreas con 0709 m 2, identificado con cédula catastral Nº 649 -2-001-000-0036-00029-0000 y Folio de Matrícula Inmobiliaria, en adelante FMI N° 018 -36402 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en adelante ORIP de Marinilla (Ant.), en común y proindiviso con el señor Roberto Antonio Muñoz por compra efectuada a Rosalba Álzate deCONSULTA Proceso : De restitución y formalización de tierras.

Accionante : Wilson de Jesús Gutiérrez Uribe Expediente : 05000-31-21-001-2021-00018-01

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Aristizábal, mediante Escritura Pública Nº 379 del 10 de octubre de 1999; posteriormente, adquirió la cuota parte de Roberto Antonio Muñoz mediante la escritura N° 18 del 28 de enero de 2008 de la Notaría de San Carlos, haciéndose a la totalidad del mismo.

Que en dicho predio residió con su esposa, hijos y suegros, destinándolo a la agricultura con cultivos de yuca, plátano y fríjol, hasta el 22 de abril de 2002 cuando en

del mismo.

Que en dicho predio residió con su esposa, hijos y suegros, destinándolo a la agricultura con cultivos de yuca, plátano y fríjol, hasta el 22 de abril de 2002 cuando en razón a las amenazas de los grupos armados que imperaban en la zona, toda vez que el inmueble se encontraba ubicado justamente en los límites entre asentamientos de la guerrilla y los paramilitares, salieron desplazados hacia la ciudad Medellín, empero al no encontrar trabajo, decidió regresar al predio.

1.2. De las pretensiones.

La UAEGRTD solicitó, se declare que el solicitante y su cónyuge Marleny González García, son titulares del derecho fundamental a la restitución de tierras del predio descrito inicialmente, y que en consecuencia se ordene a la ORIP de Marinilla el registro de la sentencia y se concedan medidas complementarias a las que tiene derecho, así como el alivio de pasivos, proyectos productivos y otros.

2. ACTUACIÓN PROCESAL1.

2.1. La sentencia objeto de consulta.

El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia, luego de surtido el trámite procesal correspondiente, profirió sentencia el 22 de febrero de 2022, mediante la cual resolvió negar el amparo del derecho fundamental a la restitución de tierras del reclamante y en consecuencia no acoger las pretensiones de la solicitud; asimismo, dispuso cancelar las medidas cautelares inscritas en el FMI 01836402 de la ORIP de Marinilla y remitir el proceso a este Tribunal para surtir el grado

solicitud; asimismo, dispuso cancelar las medidas cautelares inscritas en el FMI 01836402 de la ORIP de Marinilla y remitir el proceso a este Tribunal para surtir el grado jurisdiccional de consulta (Art. 79 de la Ley 1448 de 2011).

Como fundamento de lo anterior sostuvo que, en el caso en concreto, aunque efectivamente hubo desplazamiento por parte del reclamante y su grupo familiar, configurándose así un daño en los términos de la ley de víctimas, retornaron al inmueble un año después del abandono pudiendo reinstalarse de nuevo en su vivienda, y reactivar la productividad de la tierra con explotación agrícola con cultivos de café, potrero y una

1 PORTAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS JUDICIALES EN LÍNEA.CONSULTA Proceso : De restitución y formalización de tierras.

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zona boscosa donde se está implementando un proyecto de miel, por manera que la protección del derecho invocado en el trámite admite una valoración casuística en torno a su grado de afectación de donde hay que llegar a la conclusión que el mismo ya ha sido atendido y protegido por e l Estado, pues e l núcleo familiar recibió incentivos para la permanencia en el bien pretendido, al cual retornaron de manera voluntaria , y medidas consistentes en la reducción de carencias básicas habitacionales y de alimentación ; en ese orden de ideas el grupo familiar no se hace merecedor de todas las medidas complementarias que trae la Ley 1448 de 2011.

consistentes en la reducción de carencias básicas habitacionales y de alimentación ; en ese orden de ideas el grupo familiar no se hace merecedor de todas las medidas complementarias que trae la Ley 1448 de 2011.

2.2. Del trámite surtido en grado jurisdiccional de consulta.

Una vez que por reparto correspondiera a esta Sala el conocimiento del presente trámite, por a uto del 8 de marzo de 2022 2 se avocó el conocimiento del grado jurisdiccional de consulta de la sentencia “006 (004)” del 22 de febrero de 2022 , proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia.

3. CONSIDERACIONES

Sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración por ministerio de la ley 3 (ope legis o per ministerium legis).

3.1. Problema jurídico. Corresponde a esta Sala Especializada determinar si fue debidamente denegado, en la sentencia objeto de consulta, el derecho a la restitución y formalización de tierras pretendido por Wilson de Jesús Gutiérrez Uribe sobre el predio del que se ha hecho menc ión, o si por el contrario debe revocarse dicha providencia y conceder el amparo a la luz de la Ley 1448 de 2011.

3.2. Competencia. De conformidad con el artículo 79 de la Ley 1448 de 2011, esta Sala Especializada es competente para conocer y revisar en grad o jurisdiccional de consulta el fallo de única instancia proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia que denegó al solicitante el

Sala Especializada es competente para conocer y revisar en grad o jurisdiccional de consulta el fallo de única instancia proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia que denegó al solicitante el derecho a la restitución y formalización del predio objeto de reclamo.

2 Ibíd. Consecutivo 4, trámite en el despacho. 3 Artículo 79 Ley 1448 de 2011.CONSULTA Proceso : De restitución y formalización de tierras.

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3.3. Requisito de procedibilidad. Se adjuntó con la solicitud, la constancia CA 01300 del 10 de noviembre de 2020 4, de inscripción del predio objeto de reclamación en el registro de tierras despojadas a favor de su propietario WILSON DE JESÚS GUTIÉRREZ URIBE y su núcleo familiar al momento del despojo ( art. 76 ley 1448/2011).

3.4. De la consulta en los procesos de restitución de tierras.

La consulta, es un instituto jurídico en virtud del cual se busca garantizar la prevalencia de los derechos de las víctimas del despojo y el abandono forzado, debido a las infracciones al Derecho Internacional H umanitario o de las violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

Bajo esta perspectiva, las Salas Civiles Especializadas en Restitución de Tierras por

manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

Bajo esta perspectiva, las Salas Civiles Especializadas en Restitución de Tierras por mandato de ley, deben revisar la legalidad de las sentencias proferidas por los Jueces que no decreten la restitución a favor del despojado, en defensa del ordenamiento jurídico y la defensa de los derechos y garantías de los despojados -víctimas, que de hecho no pueden apelar como consecuencia que son decisiones proferidas en única instancia (Artículo 79 Ley 1448 de 2011).

Así las cosas, las Salas Especializadas en Restitución de Tierras, tienen la potestad no sólo para corregir o enmendar los yerros en los que puedan incurrir los Jueces Civiles del Circuito Especializados en Restitución de Tierras 5, sino que además adquieren plena competencia para confirmar, aclarar, modificar o revocar las providencias consultadas y, por ende, dictar las que en derecho correspondan 6, y de ser el caso emitir pronunciamientos que reemplacen las sentencias consultadas, dictadas en única instancia por los citados jueces, con el propósito de lograr el goce efectivo del derecho fundamental a obtener la restitución y explotación de la tierra, de quienes, por su situación de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, han sufrido, individual o colectivamente, el despojo y abandono forzado de sus predios 7, en

4 Consecutivo 5, página 4 y 5. 5CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-542-2010. Ref. Exp: D-7903. Fecha: 30 de julio de 2010. M.P: Jorge Iván Palacio Palacio

4 Consecutivo 5, página 4 y 5. 5CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-542-2010. Ref. Exp: D-7903. Fecha: 30 de julio de 2010. M.P: Jorge Iván Palacio Palacio 6 La Corte Constitucional, en Sentencia T -201 de 1997, afirmó que "[l]a consulta es un grado de jurisdicción que, por ope legis, le ot orga al Adquem competencia para conocer determinados fallos del A -quo, pudiendo el primero confirmar, modificar a revocar la sentencia de primera instancia". 7 La CORTE CONSTITUCIONAL, en sentencia C -968 de 2003, la cual es pertinente citar por cuanto es aplicable a la Ley 1448 de 2011, mutatis mutandis, esta Corporación extendió a la apelación la facultad otorgada al Juez en la consulta, para reconocer beneficios mínimos irren unciables del trabajador no concedidos en primera instancia, “…según la cual, el superior adquiere plena competencia para revisar íntegramente la actuación con el fin de reparar los posibles yerros en los que ha incurrido el a -quo, y por lo tanto debe emitir un pronunciamiento como si fuese el juez de primera instancia pudiendo en co nsecuencia ejercer la atribución que el sentenciador del primer grado confiere el artículo 50 del CPT para fallar extra y ultra petita, bajo las condiciones establecidas que consisten en que los hechos en que se sustenta se hayan debatido dentro del proceso con la plenitud de las formas legales y que los mismos estén debidamente probadas”CONSULTA Proceso : De restitución y formalización de tierras.

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Proceso : De restitución y formalización de tierras.

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defensa del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías de quienes han sido privados, arbitrariamente de la propiedad, posesión u ocupación de sus tierras.

4. DEL CASO CONCRETO.

Esta Sala se adentrará en el estudio de los presupuestos previstos en la Ley 1448 de 2011 para la procedencia de la restitución y formalización del predio objeto de la solicitud, cuya pretensión fue denegada por la autoridad judicial referida, bajo el argumento de que se trata de propietario retornado , quien nunca perdió el vínculo ni jurídico ni material con el predio objeto de reclamación.

4.1. Del Contexto territorial de violencia.

El contexto de la violencia y el conflicto armado en el oriente antioqueño, tuvo su origen en el creciente desarrollo económico a nivel hidroeléctrico, agropecuar io e industrial que aconteció en la década de los setenta, advirtiéndose la presencia de diferentes actores armados ilegales; como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC –EP, el Ejército de Liberación Nacional – ELN, con los frentes Carlos Alirio Buitrago y Bernardo López Arroyave; y los grupos paramilitares bajo las siglas MAS, posteriormente ACCU y finalmente AUC, influencia de los bloques Cacique Nutibara, Magdalena Medio y Héroes de Granada.

En el período comprendido entre 1998 y 2005 s e suscitó, en el municipio de San

siglas MAS, posteriormente ACCU y finalmente AUC, influencia de los bloques Cacique Nutibara, Magdalena Medio y Héroes de Granada.

En el período comprendido entre 1998 y 2005 s e suscitó, en el municipio de San Carlos, el desplazamiento masivo de 17.724 pobladores, con mayor intensidad entre el 2003 y el 2004, como consecuencia de la disputa territorial entre los diferentes actores armados, que se llevó a cabo como una confrontación armada compuesta de retaliaciones y mediante el empleo de estrategias militares. Estos grupos desplegaron violentas acciones e n la zona, entre ellas, 33 masacres 8, de las cuales “ Cuatro masacres que San Carlos no olvida” 9, según lo documentó el Centro de Memoria Histórica, asesinatos selectivos, confinamientos, desapariciones forzadas, secuestros, extorsiones, amenazas, reclutamientos ilícitos, desalojos, daños en bienes, bloqueos de vías, instalación de minas antipersonas y sabotajes a la infraestructura eléctrica y vial. Hechos de violencia generalizada que han sido recopilados en varias providencias proferidas por esta Sala, verbigracia, las sentencias proferidas dentro de los procesos con radicado 05000-31-21-002-20188 http://www.elespectador.com/noticias/judicial/san-carlos-el-horror-33-masacres-articulo-642376 9 http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias -cmh/cuatro-masacres-que-san-carlos-no-olvidaCONSULTA Proceso : De restitución y formalización de tierras.

Accionante : Wilson de Jesús Gutiérrez Uribe

9 http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias -cmh/cuatro-masacres-que-san-carlos-no-olvidaCONSULTA Proceso : De restitución y formalización de tierras.

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00056-0110, 05000-31-21-101-2018-00139-0111, 05000-31-21-001-2020-00074-0112, entre otras.

De lo anterior se concluye sin temor a equívoco, que el contexto de violencia narrado en la solicitud y que asoló gravemente al departamento de Antioquia, afectó entre tantos municipios, al de San Carlos (Ant.), en cuyas veredas, entre ellas Palmichal, se vivieron actos violentos y de intimidación contra la población civil que allí habitaba en detrimento de sus derechos fundamentales , que ganó trascendencia y renombre por las circunstancias contrarias a la normalidad y a la ilegalidad que allí ocurrió.

4.2. Contexto focal de violencia y la calidad de víctima del reclamante junto su núcleo familiar.

Desde el escrito de solicitud allegado por la Unidad, se dejó dicho que los motivos que llevaron al hoy reclamante en restitución a desplazarse junto con su familia de la vereda Palmichal a la ciudad de Medellín el 22 de abril de 2002, fue por las amenazas de los grupos armados que imperaban e n la zona, toda vez que el inmueble se encontraba ubicado en los límites entre asentamientos de la guerrilla y los paramilitares.

de los grupos armados que imperaban e n la zona, toda vez que el inmueble se encontraba ubicado en los límites entre asentamientos de la guerrilla y los paramilitares.

Hecho victimizante relatado por el reclamante, que por demás se corrobora con la inclusión en el Registro Único de Víctimas desde el 7 de mayo de 200213, la copia de la Resolución No. 001 del 14 de febrero de 2003 expedida por el Comité Municipal de Atención a la Población D esplazada del Municipio de San Carlos, donde se declara que la vereda Palmichal de ese municipio se encuentra en riesgo inminente de desplazamiento forzado, copia de la Resolución No. 458 del 27 de julio 2007, por la cual se avala el informe de predios de la declaratoria de riesgo u ocurrencia de desplazamiento de varias veredas de San Carlos, incluida la denominada Palmichal, y el documento de análisis de contexto del municipio de San Carlos, realizado por la Unidad14; con lo que claramente se logró acreditar la condición de víctima de violencia del reclamante y su núcleo familiar para ese entonces conformado, según la solicitud, por su cónyuge Marlenny González García, y sus hijos Paola Julieth, Steven Santiago y Alexandra Lorena Gutiérrez González, en razón a los hechos por ellos padecidos en dicho sector y que no fueron objeto de controversia de ninguna clase, como

10 Sentencia del 16 de febrero de 2021, M.P. Javier Enrique Castillo Cadena. 11 Sentencia del 18 de febrero de 2021, M.P. Javier Enrique Castillo Cadena. 12 Sentencia del 11 de febrero de 2022, M.P. Javier Enrique Castillo Cadena. 13 Consecutivo 1, trámite en otros despachos.

11 Sentencia del 18 de febrero de 2021, M.P. Javier Enrique Castillo Cadena. 12 Sentencia del 11 de febrero de 2022, M.P. Javier Enrique Castillo Cadena. 13 Consecutivo 1, trámite en otros despachos. 14 Consecutivo 1, trámite en otros despachos.CONSULTA Proceso : De restitución y formalización de tierras.

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claramente se determinó en la sentencia objeto de consulta.

Según lo hechos narrados ante la Unidad por el mismo reclamante, luego de su migración a Medellín producto del desplazamiento, al año siguiente de su salida retornó por su propia cuenta al inmueble del cual aún detenta la condición de propietario.

Conforme lo anterior, la jueza de conocimiento sostuvo que Gutiérrez Uribe y su familia, se reinstalaron de nuevo en el inmueble, reactivando su productividad con explotaciones agrícolas “ cesando así la condición de vulnerabilidad ocasionada por el mismo hecho del abandono forzado y con ayuda de las instituciones comprometidas para el res tablecimiento de los derechos de las víctimas” y que “Tal situación mengua el daño que existió por el abandono temporal de la tierra, luego que la familia Gutiérrez González ha logrado ejercer la administración, explotación y contacto directo con el predio”. Aunado a lo anterior, refirió que “tal como lo indica el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (consecutivo 20 portal de tierras), una vez consultada la

explotación y contacto directo con el predio”. Aunado a lo anterior, refirió que “tal como lo indica el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (consecutivo 20 portal de tierras), una vez consultada la base de datos de la entidad, la Sra. Marlenny González García (cónyuge del solicitante) ha si do beneficiaria de subsidio de vivienda de interés social rural otorgado por el Banco Agrario de Colombia S.A., en modalidad de vivienda nueva para el año 2012. Asimismo, el solicitante ha recibido ayudas económicas bajo los programas Estrategia Unidos, Fa milias en Acción y FEST (DPS). Por parte de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, recibió ayudas humanitarias por seis oportunidades para un total de $3.420.000. Del mismo modo, el reclamante y algunos mie mbros de su núcleo familiar se encuentran indemnizados por los hechos de desplazamiento, desde el año 2013. De otro lado, y tal como lo indica la Secretaría de Hacienda del Municipio de San Carlos, el predio reclamado no presenta deuda alguna por concepto de impuesto predial”.

En este punto dispendioso se hace aclarar que, a diferencia de lo expuesto en el particular asunto por el juez instructor, el derecho a la restitución de tierras despojadas o abandonadas por la violencia es parte armónica del derecho a la reparación integral, que busca que esta sea adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva.

La Corte Constitucional en profusa jurisprudencia tiene definido que “el daño ocurrido por la violación grave de los derechos humanos crea a favor de las víctimas el derecho fundamental a la reparación de los perjuicios ocasionados directamente con la transgresión, a través de la restitución, la

la violación grave de los derechos humanos crea a favor de las víctimas el derecho fundamental a la reparación de los perjuicios ocasionados directamente con la transgresión, a través de la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la garantía de no repetición” 15. El derecho a la restitución es entendido como “[…] la facultad que tiene la víctima despojada o que se ha visto obligada a abandonar de manera forzada la tierra, para exigir que el Estado le asegure, en la mayor medida posible y considerando todos los intereses constitucionales relevantes, el disfrute de la

15 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-795/14. Fecha: 30 de octubre de 2014. Ref. Exp: D-10190. M.P: Jorge Iván Palacio Palacio. Reiterando la sentencia proferida por ese alto Tribunal C-715/12: Fecha: 13 de septiembre de 2012. Ref. Exp: D -8963. M.P: Luis Ernesto Vargas Silva.CONSULTA Proceso : De restitución y formalización de tierras.

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posición en la que se encontraba con anterioridad al abandono o al despojo”16. (Negrillas fuera del texto original).

En e l mismo sentido, la Corte Constitucional 17 señaló que la restitución debe extenderse a las garantías mínimas de restablecer lo perdido y volver las cosas al estado en que se encontraban previas a la vulneración de los derechos afectados, lo que comprende entre otros “el derecho fundamental a que e l Estado conserve su derecho a la propiedad o posesión y les restablezca el uso, goce y libre disposición…”.

estado en que se encontraban previas a la vulneración de los derechos afectados, lo que comprende entre otros “el derecho fundamental a que e l Estado conserve su derecho a la propiedad o posesión y les restablezca el uso, goce y libre disposición…”.

Bajo ese entendido el artículo 74 de la Ley 1448 de 2011, define el despojo como la privación arbitraria a una persona de su derecho sobre la tier ra, en aprovechamiento de la situación de violencia, sea de hecho, o por vías como el negocio jurídico, el acto administrativo, sentencia judicial, o por delitos asociados a la situación de violencia; mientras que el abandono forzado, es la situación temporal o permanente a la que se ve abocada una persona a desplazarse, razón por la cual “se ve impedida para ejercer la administración, explotación y contacto directo con los predios que debió desatender en su desplazamiento…”18.

En el segundo escenario planteado, esto es, tratándose del abandono forzado, como en el caso que se analiza, los presupuestos que se requieren son la existencia del desplazamiento que sufrió el reclamante, y que a su vez pierda el contacto directo de manera temporal o permanente con la tierra (administración, explotación), como consecuencia de las circunstancias de violencia de las que fue víctima. Sin que se limite el derecho a una escala temporal, sino que se trata de una posibilidad abierta, determinada por el hecho victimizante y sus efectos o consecuencias.

Adviértase que las normas de la Ley 1448 de 2011, distinguen dos situaciones que son objeto del proceso de restitución: el despojo y el abandono, mientras que en el

determinada por el hecho victimizante y sus efectos o consecuencias.

Adviértase que las normas de la Ley 1448 de 2011, distinguen dos situaciones que son objeto del proceso de restitución: el despojo y el abandono, mientras que en el primero (art. 72 ibid.) pueden darse, en principio, las variantes jurídico y/o material, frente al abandono del predio reclamado no se exige cualificación de su temporalidad (corto período o que se mantuviera en el tiempo), más allá de la exigencia del artículo 75 ibidem, sino que hubiere sido de manera forzada (art. 74 ejusdem).

16 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-795/14. Fecha: 30 de octubre de 2014. Ref. Exp: D-10190. M.P: Jorge Iván Palacio Palacio. 17 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-820 del 18 de octubre de 2012. Exp. D-9012. M.P: Mauricio González Cuervo. Reiterado en sentencia C-330 de 2016, entre otras. 18 Artículo 74 de la Ley 1448 de 2011. “ARTÍCULO 74. DESPOJO Y ABANDONO FORZADO DE TIERRAS. Se entiende por despojo la acción por medio de la cual, aprovechándose d e la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia. Se entiende por abandono forzado de tierras la situación temporal o permanente a la que se ve abocada una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer la

la situación temporal o permanente a la que se ve abocada una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer la administración, explotación y contacto directo con los predios que debió desatender en su desplazamiento durant e el periodo establecido en el artículo 75”.CONSULTA Proceso : De restitución y formalización de tierras.

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Pero, en ambas situaciones, tanto los unos como los otros, o quienes comparten ambos escenarios, son titulares del derecho a la restitución (art. 75 precitado), por lo que pueden acudir válidamente ante el juez especializado para que conozca y se fallen de fondo sus pretensiones (derecho de acción).

Atendiendo el referente jurídico y jurisprudencial citado, en el presente caso se configuran los presupuestos enlistados en el artículo 74 de la Ley 1448 de 2011, pues si bien el reclamante y su familia retornaron voluntariamente al predio mencionado , que abandonaron por un lapso de aproximadamente 1 año (desde 2002 a 2003 ) debido a los hechos de violencia relacionados con el conflicto armado, también lo es que durante dicho interregno perdieron la administraci ón y el contacto directo o por interpuesta persona con el mismo, sin que pudieran usar, gozar, explotar y disponer libre y materialmente del fundo.

De otra parte, pese a que el reclamante y su familia hayan recibido ayudas por parte de las distintas enti dades del Estado, dichas circunstancias no los inhibe a concurrir

libre y materialmente del fundo.

De otra parte, pese a que el reclamante y su familia hayan recibido ayudas por parte de las distintas enti dades del Estado, dichas circunstancias no los inhibe a concurrir ante el estrado judicial, para que bajo el amparo de la justicia transicional logren, por virtud del abandono del predio suscitado por los hechos de violencia padecidos en la vereda Palmichal del municipio de San Carlos (Ant.), la medida preferente de “reparación integral para las víctimas” (art. 73.1 Ley 1448 de 2011).

De lo anterior, se concluye que en la sentencia consultada notablemente se condicionan los derechos fundamentales del solicitante y su núcleo familiar, como son, además del derecho a la restitución, el acceso a la administración de justicia y a obtener una tutela judicial efectiva en favor de las víctimas del conflicto armado, las medidas previstas como complementari as en el marco de la política pública de restitución de tierras que establece la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, por lo que habrá lugar a revocarla y en su lugar reconocer y proteger el derecho fundamental a la restitución y formalización de tierras en favor de Wilson de Jesús Gutiérrez Uribe y de su cónyuge para el momento de abandono forzado Marleny González García, en los términos de la Ley 1448 de 2011, adoptando en su favor las medidas complementaras a las que tienen derecho , excepto la relacionada al mejoramiento de vivienda de la cual ya fue beneficiaria Marleny González García.

5. FALLOCONSULTA Proceso : De restitución y formalización de tierras.

Accionante : Wilson de Jesús Gutiérrez Uribe

al mejoramiento de vivienda de la cual ya fue beneficiaria Marleny González García.

5. FALLOCONSULTA Proceso : De restitución y formalización de tierras.

Accionante : Wilson de Jesús Gutiérrez Uribe Expediente : 05000-31-21-001-2021-00018-01

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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Antioquia Sala Primera de Decisión Civil Especializada en Restitución de Tierras , administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: PRIMERO: REVOCAR la sentencia consultada, de fecha 22 de febrero de 2022 proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia, y en su lugar RECONOCER Y PROTEGER el derecho fundamental a la restitución y formalización de tierras en favor de Wilson de Jesús Gutiérrez Uribe y de su cónyuge para el momento de abandono forzado Marleny González García, en los términos de la Ley 1448 de 2011 y de conformidad con lo considerado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR en favor de los anteriormen