TSDJ ANT-05000-31-21-002-2019-00054-01-(24-09-2021)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE ANTIOQUIA

SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS

NATTAN NISIMBLAT MURILLO Magistrado ponente

Medellín, veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Sentencia n.º: 016

Radicado: 05000312100220190005401

Proceso: Restitución y Formalización de Tierras [Consulta] Solicitante: Yaneth Senaida Aristizábal Giraldo Sinopsis: No se acreditó cumplido uno de los presupuestos axiológicos del derecho a la restitución, concretamente, que el abandono haya ocurrido como consecuencia de hechos que se puedan asociar al conflicto armado interno .

Decisión: Confirma sentencia.

I. OBJETO DE LA DECISIÓN Corresponde resolver el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especiali zado en Restitución de Tierras de Antioquia el 21 de febrero de 2020, mediante la cual denegó la pretensión de restitución y formalización de tierras incoada por Yaneth Senaida Aristizábal Giraldo, en relación con un fundo rural innominado, ubicado en la vereda La Aguada del municipio de Granada – Antioquia, proceso que fue promovido a través de apoderado adscrito a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras DespojadasTerritorial Antioquia- (en adelante UAEGRTD).

II. ANTECEDENTES

2.1 Síntesis de las pretensiones y de la solicitud

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras DespojadasTerritorial Antioquia- (en adelante UAEGRTD).

II. ANTECEDENTES

2.1 Síntesis de las pretensiones y de la solicitud

La solicitante pretende la protección del derecho fundamental a la restitución y formalización de tierras sobre un predio innominado, ubicado en la vereda La Aguada del municipio de Granada – Antioquia, el cual forma parte del de mayor extensión identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria (FMI) número 018-139545 de la2

Expediente: 05000312100220190005401

Proceso: Especial de Restitución y Formalización de Tierras - Consulta

Reclamante: Yaneth Senaida Aristizábal Giraldo

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Marinilla, en adelante ORIP , el cual tiene un área de 1.221 m².1

Como sustento de su solicitud, en el escrito presentado por la UAEGRTD,2 se indicó, en síntesis, que Yaneth Senaida Aristizábal Giraldo inició relación material con el predio objeto restitución a partir de 1980 por compra informal (documento privado) que realizó al señor Ramón Antonio Aristizábal.

Que desde ese momento el la y su núcleo familiar habitaron y explotaron el bien inmueble con actividades agr ícolas, ejerciendo, paralela y continuamente, actos de señor y dueño de forma pacífica.

Que para el año 2000 tuvieron que salir desplazados como consecuencia de la violencia que acaecía en la zona por el accionar de los grupos armados al margen de la ley.

señor y dueño de forma pacífica.

Que para el año 2000 tuvieron que salir desplazados como consecuencia de la violencia que acaecía en la zona por el accionar de los grupos armados al margen de la ley.

Que en la actualidad el inmueble está ocupado por un tercero, quien ingresó con el consentimiento de la reclamante y su cónyuge, no obstante, solo habita la vivienda, la cual se encuentra deteriorada.

III. ACTUACIÓN PROCESAL

3.1. Admisión de la solicitud

Por reparto le correspondió la solicitud al Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia, quien, previa inadmisión para que se subsanara en ciertos aspectos,3 procedió a admitirla mediante auto del 26 de septiembre del año 201 9 e impartirle el trámite reglado en los artículos 85 y siguientes de la Ley 1448 de 2011.4

3.2. Notificaciones, traslado de la solicitud y decreto de pruebas

De conformidad con lo previsto en el literal d) del artículo 86 de la misma ley, el juzgado dispuso notificar la admisión del proceso al representante legal del municipio de

1 Portal de Tierras. Trámite en el despacho, consecutivo 6, archivo denominado « C 1 050003121002201900054-01», pp. 29 y ss. 2 En el mismo lugar, pp. 16 y ss. 3 Portal de Tierras. Trámite en otros despachos, consecutivo 3. 4 En el mismo lugar, consecutivo 7.3

Expediente: 05000312100220190005401

Proceso: Especial de Restitución y Formalización de Tierras - Consulta

3 Portal de Tierras. Trámite en otros despachos, consecutivo 3. 4 En el mismo lugar, consecutivo 7.3

Expediente: 05000312100220190005401

Proceso: Especial de Restitución y Formalización de Tierras - Consulta

Reclamante: Yaneth Senaida Aristizábal Giraldo

Granada y al Ministerio Público, lo cual se cumplió en debida forma según las constancias que obran en el expediente.5

La notificación del titular inscrito en el FMI se surtió el día 25 de noviembre de 2019 a través de curadora designada para el efecto,6 quien se pronunció sin oposición alguna.7

La publicación de la admisión del proceso se surtió en la emisora comunitaria «Granada Stereo» y en el diario El Mundo el día 20 de octubre de 2019.8

Seguidamente, y como quiera que no se presentó opositor que alegara igual o mejor derecho sobre el fundo, mediante auto del 30 de enero del 2020 el juzgado decretó las pruebas solicitadas por la parte actora y las que estimó de oficio.9

Practicadas las pruebas, se puso fin al proceso mediante la sentencia que a renglón seguido se reseñará.

3.3. La sentencia consultada

Mediante sentencia n.º 4 del 21 de febrero de 2020 el juzgador de instancia resolvió negar la solicitud de restitución.10

Para ello, consideró que, aunque quedó probado que la reclamante junto con su grupo familiar fueron víctimas del desplazamiento forzado masivo ocurrido en la zona rural del

negar la solicitud de restitución.10

Para ello, consideró que, aunque quedó probado que la reclamante junto con su grupo familiar fueron víctimas del desplazamiento forzado masivo ocurrido en la zona rural del municipio de Granada en el mes de abril del año 2000, a partir de la prueba recaudada en el proceso quedó probado con suficiencia que el inmueble solicitado en restitución fue abandonado de manera voluntaria por la accionante un año antes de su desplazamiento, debi do a la lejanía con el predio donde para ese momento vivían y trabajaban. Por lo tanto, sostuvo que no existía relación de causalidad del hecho victimizante con el abandono del predio, lo que derivaba en su falta de legitimación para obtener la restitución y formalización en el marco de lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011.

5 En el mismo lugar, consecutivos 9, 15 y 16. 6 En el mismo lugar, consecutivos 25 y 31. 7 En el mismo lugar, consecutivo 33. 8 En el mismo lugar, consecutivos 21 y 23. 9 En el mismo lugar, consecutivo 34. 10 Portal de Tierras. Trámite en el despacho, consecutivo 6, archivo denominado « C 1 050003121002201900054-01», pp. 39 y ss.4

Expediente: 05000312100220190005401

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Reclamante: Yaneth Senaida Aristizábal Giraldo

3.4. Intervención del Ministerio Público

El Procurador 20 Judicial II de Restitución de Tierras de Medellín, con fundamento en el artículo 277 de la Constitución Política y demás normas concordantes, intervino

3.4. Intervención del Ministerio Público

El Procurador 20 Judicial II de Restitución de Tierras de Medellín, con fundamento en el artículo 277 de la Constitución Política y demás normas concordantes, intervino solicitando que se ratificara lo decidido por el juez en la sentencia sometida a conocimiento de esta Sala.11

Por cuanto consideró que, efectivamente, en el caso concreto el abandono del predio no estaba asociado al conflicto armado , sino que se presentó en tiempo anterior al desplazamiento masivo ocurrido en la vereda y por voluntad de los poseedores del bien, quienes prefirieron asentarse en otro predio desde el año 1999.

No obstante lo anterior, y en vista de que al interior del proceso se comprobó la calidad de víctima de desplazamiento forzado de la reclamante, solicitó que « se activen los mecanismos legales para que la solicitante acceda a la formalización del derecho a la propiedad, de modo que se materialicen sus derechos fundamentales como víctima y se hagan viables [las] ayudas o satisfacciones que otorga el Estado en estos casos».

IV. ASPECTOS PRELIMINARES DEL PROCESO

4.1. La competencia

Esta corporación es competente para conocer el presente asunto en grado jurisdiccional de consulta, conforme lo previsto en el artículo 79 de la Ley 1448 de 2011, toda vez que se negó la solicitud de restitución y formalización de tierras elevada por Yaneth Senaida Aristizábal Giraldo.

La sentencia fue dictada por un juzgado perteneciente a la circunscripción territorial sobre la cual se tiene competencia y el inmueble objeto de la petición se encuentra

Aristizábal Giraldo.

La sentencia fue dictada por un juzgado perteneciente a la circunscripción territorial sobre la cual se tiene competencia y el inmueble objeto de la petición se encuentra ubicado en Granada (Antioquia), municipio sobre el cual tiene competencia la Sala.12

4.2. Del requisito de procedibilidad

El requisito de procedibilidad , contemplado en el artículo 76 de la citada ley , se encuentra satisfecho, pues anexo a la demanda se allegó la constancia CA 00529 del 2

11 Portal de Tierras. Trámite en el despacho, consecutivo 5. 12 ACUERDO N. PSAA15 -10410 (noviembre 23 de 2015). “Por el cual se establece el mapa de los despachos civiles especializados en restitución de tierras”.5

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Reclamante: Yaneth Senaida Aristizábal Giraldo

de septiembre de 201 9,13 la cual da cuenta de la inscripción del predio solicitado en restitución en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, el cual fue debidamente identi ficado e individualizado , se identificó a su s reclamantes y se informó el vínculo jurídico que predican sobre el mismo.

4.3. Del adecuado trámite

Revisadas las actuaciones, se observa que al proceso se le impartió adecuadamente, en lo medular, el trámite reglado en la Ley 1448 de 2011, se integró el litigio y se notificó la demanda a quienes la ley exige; se adoptaron las medidas de saneamiento de rigor,

en lo medular, el trámite reglado en la Ley 1448 de 2011, se integró el litigio y se notificó la demanda a quienes la ley exige; se adoptaron las medidas de saneamiento de rigor, es decir, se garantizaron los derechos al debido proceso, defensa y contradicción, y no se entrevé causal de nulidad alguna que pueda invalidar lo actuado.

Importa referirse a la forma de enteramiento mediante «emplazamiento» radial realizado en la emisora Granada Stereo, ajeno por completo al trámite establecido en el artículo 86 de la Ley 1448 de 2011 , pues la publicidad de la admisión se cumple válida y eficazmente con la divulgación en un diario de amplia circulación nacional.

De este modo, la publicación radial, antes que ser garantista , va en contravía del principio de celeridad y pronta administración de justicia establecido en favor de las víctimas, pues atiborra el trámite expedito que fue establecido en la Ley de Víctimas con procedimientos innecesarios e inexistentes.

Adicionalmente, una doble publicidad puede implicar para los interesados mayor desconcierto, por cuanto no sab rían si el término les corre a partir de lo publicado en la radio o en la prensa.

En este entendido, conviene reiterar que el Tribunal ha unificado su doctrina 14 en el sentido de que la publicación de la admisión de la solicitud exigida en el literal e) del artículo 86 de la Ley 1448 de 2011 únicamente deberá realizarse en un diario de amplia circulación nacional, sin que se admita , además, ninguna referencia a otros medios, tales como el emplazamiento o el edicto, bien sea en la Secretaría del juzgado o en la

circulación nacional, sin que se admita , además, ninguna referencia a otros medios, tales como el emplazamiento o el edicto, bien sea en la Secretaría del juzgado o en la Alcaldía del municipio donde está ubicado el pr edio, como en este caso también se hizo.

13 Archivo denominado « Solicitud Yanet Senaida Aristizábal Giraldo », disponible en el Portal de Tierras. Trámite en el despacho, consecutivo 7, pág. 37. 14 Ver sentencia n.° 005 del 31 de mayo de 2021, expediente radicado 05000312100220180005101. M.P. Nattan Nisimblat.6

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4.4. Problema jurídico

Corresponde establecer si le asistió razón al juez en negar las pretensiones de restitución y formalización incoadas por Yaneth Senaida Aristizábal Giraldo respecto del predio solicitado en restitución y, en tal caso, proceder con la confirmación de la sentencia o, en sentido contrario, si era procedente proteger el derecho a la restitución y formalización de tierras, lo que derivaría en su revocatoria.

Para desarrollar el problema planteado la Sala abordará los siguientes tópicos: i) El grado jurisdiccional de consulta; ii) El fundamento del derecho a la restitución de tierras, sus antecedentes normativos y su carácter fundamental, y iii) El caso en conc reto, donde se analizará si se encontraban reunidos o no los presupuestos axiológicos para

sus antecedentes normativos y su carácter fundamental, y iii) El caso en conc reto, donde se analizará si se encontraban reunidos o no los presupuestos axiológicos para acceder al derecho fundamental a la restitución de tierras respecto a quienes le fue negado.

V. CONSIDERACIONES

5.1. El grado jurisdiccional de consulta

De acuerdo con el artículo 31 de la Constitución Política, salvo las excepciones previstas en la ley , toda sentencia judicial puede ser apelada o consultada, entendida esta última como la posibilidad de someter, oficiosamente, el contenido de la decisión al análisis del superior de quien la profirió, con miras a determinar si en sus aspectos formales y materiales observó criterios de legalidad, justeza y proporcionalidad, como una manera de legitimación de la función jurisdiccional.

La jurisprudencia constitucional señala que la consulta no es propiamente un recurso sino un grado jurisdiccional que faculta al superior funcional para advertir y enmendar errores jurídicos de que adolezca la decisión, 15 diseño que responde a la necesidad de salvaguardar los derechos de aquellos sujetos que «requieren especial protección o de situaciones en que sea necesaria una instancia más en salvaguarda de las partes o a determinados intereses que en ellas encarnan».16

15 Sentencia T-389 de 2006. 16 C.S.J., 05/09/06, EXP. 1992-01069.7

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Por ello , quien conoce de la consulta no queda atado a la prohibición de reforma en

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Por ello , quien conoce de la consulta no queda atado a la prohibición de reforma en perjuicio,17 y antes se constituye en un medio de control oficioso con amplias facultades para examinar la actuación surtida y todos aquellos aspectos que componen la controversia.

En Sentencia C -424 de 2015, la Corte Constitucional mantuvo dicho entendimiento en el sentido que, a dicho mecanismo de control jurisdiccional, pese a su estrecha relación con los principios de derecho de defensa, debido proceso y doble instancia, no le son aplicables todos los principios y garantías de la apelación, de suerte que «el juez que asume co nocimiento en grado de consulta no está limitado por el principio de non reformatio in pejus, sino que oficiosamente puede hacer una revisión del fallo».

En el caso de los procesos de restitución de tierras, el artículo 79 de la Ley 1448 de 2011 consagra la consulta cuando l os Jueces Civiles del Circuito Especializados en Restitución de Tierras no decreten la restitución a favor de los reclamantes, siendo el Tribunal Superior de Distrito Judicial , en su Sala Civil Especializada , el que conoce de ella en defensa tanto de las víctimas como del ordenamiento jurídico.

Dicha institución jurídica, siguiendo los parámetros citados párrafos previos, faculta a los magistrados a realizar una intervención decidida para hallar y reparar cu alquier agravio que observen causado a las pretensas víctimas del desplazamiento o abandono forzado de tierras no restituidas, como sujetos de especial protección constitucional.

agravio que observen causado a las pretensas víctimas del desplazamiento o abandono forzado de tierras no restituidas, como sujetos de especial protección constitucional.

5.2. Fundamentos de la restitución de tierras en el ordenamiento jurídico colombiano y el sustento internacional

Colombia ha padecido durante sus últimas tres décadas una profunda crisis humanitaria, económica y social derivada del conflicto armado interno, concentrada, entre otras, en el abandono y despojo forzado de tierras, que a la luz del derecho internacional constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Los primeros esfuerzos del Estado para hacerle frente al flagelo del desplazamiento forzado18 se plasmaron en la Ley 387 de 1997; a la par, surgieron otras políticas públicas pero que a la postre se advirtieron que estaban regidas por la coyuntura, la deficiencia y la dispersión, lo que llevó a la Corte Constitucional a poner de relieve la

17 Sentencia C-968 de 2003. 18 Corte Constitucional, Sentencia T-966/07, replicada en Sentencia T-129/19.8

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magnitud del fenómeno del d esplazamiento y, en general, hacer patente la reiterada y sistemática vulneración de derechos y garantías fundamentales derivado del conflicto armado mediante la sentencia T -025 de 2004, en la que declaró la existencia de un «estado de cosas» contrario a la Constitución, lo que sirvió como punto de partida para

sistemática vulneración de derechos y garantías fundamentales derivado del conflicto armado mediante la sentencia T -025 de 2004, en la que declaró la existencia de un «estado de cosas» contrario a la Constitución, lo que sirvió como punto de partida para que autoridades desde diversos niveles del gobierno y la sociedad en general aunaran esfuerzos con el objeto de superarlo, bajo un enfoque de derechos.19

Lo anterior se previó dentro de un marco de justicia transicional,20 entendida como «un conjunto amplio de procesos y mecanismos, judiciales y no judiciales, de carácter excepcional y transitorio, que responden a largos periodos de violencia generalizada, en los que se han cometido constantes violac iones de derechos humanos y al derecho internacional humanitario» , cuyos propósitos son «(i) responder a la violencia generalizada y, por ende, asegurar el derecho a la paz; (ii) garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los hechos violentos; (iii) fortalecer al Estado de derecho y a la democracia y (iv) pr omover la reconciliación social».21

Dentro de ese mismo marco transicional se abrió paso la Ley 1448 de 2011 con una serie de medidas de reparación, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en favor de este grupo poblacional agraviado y en respuesta a los llamados que desde el derecho internacional se hacían, principalmente en instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, la Convención Americana de los Derechos Humanos, los Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiado s y las

como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, la Convención Americana de los Derechos Humanos, los Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiado s y las Personas Desplazadas o «Principios Pinheiro », los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (también conocidos como Principios Deng) y los Principios Chicago sobre Justicia Transicional, incorporados al ordenamiento patrio vía artículo 93 de la carta política de 1991, que hacen parte integral del bloque de constitucionalidad, 22 y un «importante instrumento normativo para la protección de las víctimas que se articula en la actualidad con la regulación contenida en el Acto Legislativo 01 de 2017 y en la Ley Estatutaria 1957 de 2019».23

En lo que hace particularmente a la restitución y protección de las tierras y el patrimonio de los exiliados, la Ley 1448 de 2011 abreva principalmente de los mentados

19 Corte Constitucional. Sentencia T-025 de 2004. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. 20 En la sentencia SU-648 de 2017, el tribunal constitucional dispuso algunos principios orientad ores de la política pública en materia de restitución de las víctimas. Replicada en Sentencia T-129 de 2019. 21 Sentencias C-379 de 2016 y C-007 de 2018, entre otras. 22 Corte Constitucional. Sentencia C-715 de 2012. MP: Luís Ernesto Vargas Silva. 23 Corte Constitucional. Sentencia C-588 de 2019. MP: José Fernando Reyes Cuartas9

Expediente: 05000312100220190005401

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23 Corte Constitucional. Sentencia C-588 de 2019. MP: José Fernando Reyes Cuartas9

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«Principios Pinheiro» y «Principios Deng», los cuales, para la Corte Constitucional, fij an pautas de obligatorio cumplimiento para los estados parte, como Colombia, en materia de protección del derecho a la propiedad inmueble de las personas en situación de desplazamiento.24

Los «Principios Pinheiro», de un lado, en tanto «determinan que los derechos al retorno y a la restitución de la población desplazada, conllevan el compromiso Estatal de restablecimiento de las viviendas, tierras y patrimonio de las víctimas del desplazamiento y el regreso efectivo a sus lugares de orige n, en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad» , para lo cual los gobiernos deben «establecer las medidas administrativas, legislativas o judiciales que permitan dar curso a las reclamaciones de bienes inmuebles », y considerar no válida «la trans acción de viviendas, tierras o patrimonio, incluida cualquier transferencia que se haya efectuado bajo presión o bajo cualquier tipo de coacción directa o indirecta».25

Los «Principios Deng », por su parte, también conocidos como mandatos rectores de desplazamientos internos, «prescriben que nadie podrá ser privado de su propiedad o sus posesiones; a su vez, estas gozarán de protección en toda circunstancia, en particular, contra los actos de (i) expolio, (ii) ataques directos o indiscriminados u otros

sus posesiones; a su vez, estas gozarán de protección en toda circunstancia, en particular, contra los actos de (i) expolio, (ii) ataques directos o indiscriminados u otros actos de violencia, (iii) utilización como escudos de operaciones u objetivos militares; (iv) actos de represalia, y (v) expropiaciones o destrucciones como forma de castigo colectivo». Igualmente, «que la propiedad y las posesiones que hayan abandonado los desplazados internos serán objeto de protección contra la destrucción, apropiación, ocupación o usos arbitrarios o ilegales y que las autoridades competentes tienen la responsabilidad de proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su lugar de residencia habitual».26

La Corte Constitucional sintetiza el proceso de restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011 como el mecanismo previsto por el legislador para dar cumplimiento a los llamados del derecho internacional y los lineamientos fijados por la alta corporación constitucional en relación con la protección de los derechos de la s víctimas de desplazamiento forzado y despojo, definiéndola como una acción real y autónoma que

24 Tomado de la Corte Constitucional, Sentencia T-129 de 2019 MP: José Fernando Reyes Cuartas. 25 Reseñados por la Corte Constitucional em Sentencia T-129 de 2019 MP: José Fernando Reyes Cuartas. Igualmente concordar con PRINCIPIOS RECTORES DE LOS

DESPLAZAMIENTOS INTERNOS. En línea:

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0022.pdf Consultado el 12 de agosto de 2021. 26 En el mismo lugar.10

DESPLAZAMIENTOS INTERNOS. En línea:

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0022.pdf Consultado el 12 de agosto de 2021. 26 En el mismo lugar.10

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garantiza la participación de las distintas personas interesadas, con el fin que se llegue a la verdad de los hechos del despojo en un lapso breve, que impide que su duración se extienda indefinidamente en detrimento de los derechos de las víctimas del expolio.27

Así, el derecho a la restitución de la tierra de quienes fueron víctimas de violaciones masivas, graves y sistemáticas a los derechos humanos o al DIH , fue concebido de estirpe fundamental , por emanar no solo del derecho a la reparación integral e interrelacionarse así directamente con la verdad y la justicia, sino porque los hechos acaecidos en el marco del conflicto armado constituyeron una afrenta a otros derechos de rango superior, como el de la dignidad humana, unidad familiar, mínimo vital, vivienda, trabajo, libre locomoción, etc.28

Por eso, la restitución es entendida armónicamente con el derecho fundamental a que el Estado haga valer el respeto por la propiedad, posesión u ocupación que ostentaban las víctimas del abandono o despojo, restableciéndoles su uso, goce y libre disposición, por lo que , en el contexto de violencia e hito temporal definido por el legislador, tales vínculos, inscr itos en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011, adquieren un carácter

por lo que , en el contexto de violencia e hito temporal definido por el legislador, tales vínculos, inscr itos en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011, adquieren un carácter particularmente reforzado en tanto que la población que se vio privada u obligada a desprenderse de ella se encontraba en un plano de indefensión, luego entonces , requiere una especial actuación por parte del Estado.29

Además, uno de los aspectos que entraña el derecho a la restitución es su formalización,30 donde el artículo 91 de la Ley 1448 de 2011 establece que, en la sentencia, el juez o magistrado debe pronunciarse de manera definitiva sobre la propiedad, posesión del bien u ocupación del baldío objeto de la demanda.

Ello implica, de conformidad con el literal f) de la norma, que cuando proceda la declaración de pertenencia, si se hubiese sumado el término de posesión exigido para usucapir previsto en la normativa, se imparta n las órdenes a la oficina de registro de instrumentos públicos para que inscriba dicha declaración de dominio. Y en el caso de la explotación de baldíos, el literal g) señala que se ordenará al INCODER (h oy Agencia Nacional de Tierras), realizar las adjudicaciones a que haya lugar , caso para el que se debe acoger el criterio sobre la Unidad Agrícola Familiar, como extensión máxima a titular, de conformidad con el artículo 74 de la ley en comento.

27 Sentencia T-034 de 2017. 28 Sobre el carácter fundamental d el derecho a la restitución de tierras puede verse, entre otras, las sentencias T 821 de 2007, T 085 de 2009 y C 753 de 2013.

27 Sentencia T-034 de 2017. 28 Sobre el carácter fundamental d el derecho a la restitución de tierras puede verse, entre otras, las sentencias T 821 de 2007, T 085 de 2009 y C 753 de 2013. 29 Corte Constitucional. Sentencia T 821 de 2007. M. P. Catalina Botero Marino. 30 Otras normas, como la ley 1561 de 2012, también p retenden prevenir el despojo o abandono forzado de inmuebles, mediante un procedimiento breve para el saneamiento y formalización de la propiedad.11

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En resumen, desde una perspectiva pro víctima y pro hombre, el legislador estableció como condiciones o presupuestos axiológicos para la restitución: (i) la justificación de una relación jurídica con el inmueble en calidad de propietario, poseedor u ocupante; (ii) que esta se haya visto afectada entre el 1 de enero de 1991 y el término de vigencia de la ley;31 (iii) mediante hechos que conlleven al abandono o despojo forzado en el marco del conflicto armado como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos.

Tales presupuestos se pasarán a analizar de cara a establecer si hay lugar a confirmar o revocar la sentencia consultada.

5.3. Del caso concreto

Como punto de partida, es preciso manifestar que en este caso efectivamente quedó

Tales presupuestos se pasarán a analizar de cara a establecer si hay lugar a confirmar o revocar la sentencia consultada.

5.3. Del caso concreto

Como punto de partida, es preciso manifestar que en este caso efectivamente quedó probado que l a señora Yaneth Senaida Aristizábal Giraldo entró a explotar el predio innominado, solicitado en restitución, en la década de 1980, en razón a que su esposo José Darío Aristizábal Aristizábal lo había adquirido informalmente por parte de un tío de este, de nombre Ramón Antonio Aristizábal.

Tampoco se discute al interior de este proceso que la reclamante, junto a su núcleo familiar, compuesto por su esposo y sus tres hijos, fueron víctimas de desplazamiento forzado en jun