TSDJ ANT - 81958554-(12-08-2026)

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA

SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA

Medellín, doce de agosto de dos mil veintiséis

AUTO INTERLOCUTORIO Nº 503

RADICADO N° 05101318400120230001205

En esta oportunidad, en atención a lo preceptuado por el artículo 35 del CGP, esta Magistratura, en Sala Unitaria de Decisión procede a decidir lo pertinente en la presente CONSULTA DEL INCIDENTE DE DESACATO instaurado por la señora YULIANA ANDREA PÉREZ BEDOYA actuando en representación del NNA E.L.B contra la NUEVA EPS por el presunto incumplimiento a la orden emitida en el fallo proferido el 8 de marzo de 2023 por el JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE CIUDAD BOLIVAR (ANTIOQUIA) y dentro del cual, por proveído del 5 de agosto de 2026, se impuso a los incidentados la sanción establecida en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

1. ANTECEDENTES

1.1. Del trámite previo e incidental

La señora YULIANA ANDREA PÉREZ BEDOYA actuando en representación del NNA E.L.B no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el fallo de tutela proferido el 8 de marzo de 2023 por el JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE CIUDAD BOLIVAR (ANTIOQUIA), toda vez que a la fecha no se ha materializado los servicios médicos “CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR

ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA; CONSULTA DE

DE CIUDAD BOLIVAR (ANTIOQUIA), toda vez que a la fecha no se ha materializado los servicios médicos “CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA; CONSULTA DE CONTROL O SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA; Y REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIADISCAPACIDAD TRANSITORIA MODERADA , POLIETILENGLICOL 3350 -100

GT, FRASCO DE POLVO POR 250 GRAMOS; TRIMEBUTINA, JARABE VÍA ORAL

DE 200 MG/15 ML POR 120 ML; Y CIPROHEPTADINA ACEFILINATO HEMIALCOHOLATO, 35 MG/100 ML, POLVO PARA RECONSTITUIR SOLUCIÓN ORAL POR 120 ML.” ordenado a de la menor.

Por auto del 09 de julio de 2026, el juez constitucional realizó requerimiento previo dirigido a los doctores JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ , en su calidad deCONSULTA INCIDENTE DE DESACATO RADICADO 05101318400120230001205 2 agente interventor de NUEVA EPS y RICARDO ADOLFO ECHAVARRIA CHARICHA, en calidad de gerente regional de salud de la misma entidad, para que dieran cumplimiento a las órdenes emitidas a lo largo del trámite constitucional, concediéndoles para todos los efectos el término de dos (02) días.

El 28 de julio de 2026 esta Sala especializada decreto la nulidad de lo actuado, por lo que e l día 29 de julio de 2026, el juzgado de primera instancia dio

días.

El 28 de julio de 2026 esta Sala especializada decreto la nulidad de lo actuado, por lo que e l día 29 de julio de 2026, el juzgado de primera instancia dio apertura al incidente de desacato, en el que se concedió el término de tres (3) días a los doctores JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ , en su calidad de agente interventor de NUEVA EPS , CARLOS ANDRÉS VASCO ÁLVAREZ , en calidad de gerente regional noroccidente y RICARDO ADOLFO ECHAVARRIA CHARICHA , en calidad de gerente regional de salud de la misma entidad, para que hicieran valer su derecho de defensa y contradicción.

1.2. De la decisión del incidente

El día 5 de agosto de 2026 , el juzgado de primera instancia resolvió el incidente de desacato de manera adversa a los doctores JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ, en su calidad de agente interventor de NUEVA EPS, CARLOS ANDRÉS VASCO ÁLVAREZ , en calidad de gerente regional noroccidente y RICARDO ADOLFO ECHAVARRIA CHARICHA, en calidad de gerente regional de salud de la misma entidad , imponiéndoles como sanción una multa de 722.90 Unidades de Valor Básico (UVB) y diez (10) días de arresto, lo que hizo previo a realizar el análisis de los elementos probatorios, de los que determinó que no se había dado cumplimiento al fallo tutelar.

Agotado el trámite de rigor se procede a decidir el presente asunto en el grado jurisdiccional de consulta, previas las siguientes

2. CONSIDERACIONES

no se había dado cumplimiento al fallo tutelar.

Agotado el trámite de rigor se procede a decidir el presente asunto en el grado jurisdiccional de consulta, previas las siguientes

2. CONSIDERACIONES

2.1 Análisis previo de los presupuestos de validez del presente trámite.

Primigeniamente cabe advertir que si bien se observa que la decisión consultada no fue notificada personalmente a la sancionada, existe suficiente evidencia que demuestra que la misma ha sido conocida por la destinataria de ella, en tanto que fue enviada a l correo electrónico dispuesto por laCONSULTA INCIDENTE DE DESACATO RADICADO 05101318400120230001205 3 accionada para recibir las correspondientes notificaciones, de donde se desprende que la incidentada no ha sido ajena a la existencia del trámite, lo cual da cuenta de manera inequívoca del conocimiento del incidente y de todas las decisiones adoptadas al interior de éste, por lo que es dable afirmar que si bien las notificaciones de las distintas providencias no fueron personales, sí cumplieron el fin propuesto, máxime que la Ley 2213 de 2022 en su artículo 8º gobierna las notificaciones personales a través de mensaje de datos remitido a la dirección electrónica del destinatario de la comunicación; normatividad esta que de conformidad con el artículo 1 de la precitada ley resulta aplicable a las acciones de tutela e incidentes de desacato dado el carácter constitucional de las mismas.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial del incidente de desacato

Los arts. 52 y siguientes del Decreto 2591 de 1991 consagran diversas sanciones para el caso de que una persona incumpliere una orden de un juez,

2.2. Marco normativo y jurisprudencial del incidente de desacato

Los arts. 52 y siguientes del Decreto 2591 de 1991 consagran diversas sanciones para el caso de que una persona incumpliere una orden de un juez, proferida con el fin de proteger los derechos constitucionales fundamentales, de tal suerte que el desacato es legalmente sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de veinte salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. Es este un castigo que el legislador establece para hacer efectivas las órdenes que los jueces imparten al proteger los derechos fundamentales de las personas mediante la acción de tutela.

El incidente de desacato tiene como finalidad sancionar la actitud de rebeldía e irreverencia frente a una orden judicial proteccionista de los derechos fundamentales, así las cosas, este trámite tiene como finalidad restablecer el orden constitucional que brantado por la entidad accionada.

Se tiene entonces como requisito de procedencia para imponer la sanción de que trata el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, que la accionada permanezca en su actitud vulneradora del derecho fundamental, por lo que, si durante el trámite se demuestra el c umplimiento efectivo y total de la sentencia y en consecuencia ya no existe actual amenaza o vulneración al derecho fundamental, el incidente de desacato pierde sentido y por ende no podría imponerse sanción alguna.

Cuando se trata de incumplimiento de órdenes proferidas en virtud de acciones de tutela, se han construido jurisprudencialmente dos tipos deCONSULTA INCIDENTE DE DESACATO RADICADO 05101318400120230001205 4

Cuando se trata de incumplimiento de órdenes proferidas en virtud de acciones de tutela, se han construido jurisprudencialmente dos tipos deCONSULTA INCIDENTE DE DESACATO RADICADO 05101318400120230001205 4 responsabilidad, la una objetiva establecida por el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 y la otra subjetiva del artículo 52 ídem, pues en ésta última es imperativo y necesario no solo valorar el incumplimiento sino también el descuido o negligencia del de stinatario de la orden, que dé lugar a concluir una actitud de rebeldía a la decisión del juez constitucional; de tal manera que, en este último aspecto la sanción impuesta al finalizar el trámite del incidente tiene como objetivo principal lograr el cumpl imiento de la sentencia de tutela cuando la persona se ha negado a cumplirla; por lo que de contera se afirma que la naturaleza del incidente de desacato no se concreta a la imposición de una sanción sino a lograr la efectiva protección del derecho fundamental vulnerado por la acción u omisión de un particular o una autoridad.

Al respecto, procede citar la sentencia T-029 de 20 25 de la Corte Constitucional cuando señala que:

“Acerca de la finalidad que persigue el incidente de desacato, la postura que de vieja data ha acogido la Sala Plena de esta Corte y que se ha mantenido es que, si bien una de las consecuencias derivadas de este trámite incidental es la imposición de sanciones por la desobediencia frente a la sentencia, su auténtico propósito es lograr el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada; de su erte que no se persigue reprender al

la imposición de sanciones por la desobediencia frente a la sentencia, su auténtico propósito es lograr el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada; de su erte que no se persigue reprender al renuente por el peso de la sanción en sí misma, sino que ésta debe entenderse como una forma para inducir que aquel encauce su conducta hacia el cumplimiento, a través de una medida de reconvención cuya objetivo no es otro que auspiciar la eficacia de la acción impetrada y, con ella, la reivindicación de los derechos quebrantados”1.

De igual manera, la Corte Constitucional ha señalado que el incidente de desacato constituye un mecanismo sancionatorio que procura obtener de manera persuasiva el cumplimiento de la orden de tutela, sin que la sanción constituya un fin en sí mismo, siendo procedente glosar al respecto sentencia SU-034 de 2018 que en su aparte pertinente indica:

“Al evaluar el alcance de la decisión del juez que resuelve la consulta en el marco de un incidente de desacato, este Tribunal ha establecido que en esta etapa del trámite la autoridad competente deberá verificar los siguientes aspectos: (i) si hubo incumplimiento y si este fue total o parcial, apreciando en ambos casos las circunstancias del caso concreto –la causa del incumplimiento– con el fin de identificar el medio adecuado para asegurar

1 Sentencia T-029 de 2025CONSULTA INCIDENTE DE DESACATO RADICADO 05101318400120230001205 5 que se respete lo decidido. (ii) si existe incumplimiento, deberá analizar si la sanción impuesta en el incidente de desacato es la correcta, en esta etapa,

RADICADO 05101318400120230001205 5 que se respete lo decidido. (ii) si existe incumplimiento, deberá analizar si la sanción impuesta en el incidente de desacato es la correcta, en esta etapa, se corrobora que no haya una violación de la Constitución o de la Ley y que la sanción es adecuada, dadas las circunstancias específicas de cada caso, para alcanzar el fin que justifica la existencia misma de la acción de tutela, es decir, asegurar el goce efectivo del derecho tutelado por la sentencia.”

(…)

No habría lugar a imponer una sanción por desacato en los casos en que (i) la orden de tutela no ha sido precisa, porque no se determinó quién debía cumplirla o porque su contenido es difuso, y/o (ii) el obligado ha adoptado alguna conducta positiva tendiente a cumplir la orden de buena fe, pero no se le ha dado la oportunidad de hacerlo .” (Negrillas fuera del texto, con intención de la Sala)

2.3. Del Caso concreto y de la orden impartida en el fallo de tutela, cuyo incumplimiento se alega

En el sub examine, encuentra la Sala que la génesis del presente trámite incidental radica en el incumplimiento de la NUEVA EPS a la orden de tutela contenida en el fallo proferido por el Juzgado de origen el 08 de marzo de 2023, en el que se ampararon los derechos fundamentales de la NNA E.L.B y se ordenó a la NUEVA EPS lo siguiente “(…) SEGUNDO: ORDENARLE a NUEVA EPS, que le brinde al menor de edad ERICK LEZCANO BEDOYA ATENCIÓN

se ordenó a la NUEVA EPS lo siguiente “(…) SEGUNDO: ORDENARLE a NUEVA EPS, que le brinde al menor de edad ERICK LEZCANO BEDOYA ATENCIÓN INTEGRAL a su salud en lo que tenga que ver con las afecciones de trastornos el desarrollo, autismo y dolor abdominal con sangrado que lo afectan…” .

2.4. Problema Jurídico

Acorde a lo anterior, cabe plantearse como problema jurídico si los doctores JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ , en su calidad de agente interventor de NUEVA EPS, CARLOS ANDRÉS VASCO ÁLVAREZ , en calidad de gerente regional noroccidente y RICARDO ADOLFO ECHAVARRIA CHARICHA , en calidad de gerente regional de salud de la misma entidad , han incumplido objetiva y subjetivamente la orden plasmada en el fallo proferido el 08 de marzo de 2023.

2.5. Análisis del presunto incumplimiento a la sentencia de tutela que dio origen al presente trámite incidentalCONSULTA INCIDENTE DE DESACATO RADICADO 05101318400120230001205 6 Estudiadas las piezas procesales de este trámite, la Sala advierte que no aparece evidencia alguna dentro del dossier sobre el cumplimiento de la orden de tutela, cuya omisión ha generado el presente incidente. Lo anterior, teniendo en cuent a que pese a haber sido enterados los sancionados de las actuaciones adelantadas en el presente trámite incidental, no cumpl ieron la orden de tutela y es así como no acreditaron la materialización de los servicios

médicos “CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y

TRAUMATOLOGÍA; CONSULTA DE CONTROL O SEGUIMIENTO POR

orden de tutela y es así como no acreditaron la materialización de los servicios

médicos “CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y

TRAUMATOLOGÍA; CONSULTA DE CONTROL O SEGUIMIENTO POR

ESPECIALISTA EN GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA; Y REHABILITACIÓN

FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD TRANSITORIA

MODERADA, POLIETILENGLICOL 3350-100 GT, FRASCO DE POLVO POR 250

GRAMOS; TRIMEBUTINA, JARABE VÍA ORAL DE 200 MG/15 ML POR 120 ML; Y CIPROHEPTADINA ACEFILINATO HEMIALCOHOLATO, 35 MG/100 ML, POLVO PARA RECONSTITUIR SOLUCIÓN ORAL POR 120 ML. ” dejando a la afectada en una completa indeterminación y conllevando a que se vea privada de obtener la atención que requiere para el cuidado de su salud, lo que indubitadamente permite concluir que la orden del juez de tutela no se ha hecho efectiva por la entidad accionada.

Así las cosas, al analizar la responsabil idad objetiva de los funcionarios destinatarios encargados de dar cumplimiento a la orden tutelar, esto es, los doctores JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ , en su calidad de agente interventor de NUEVA EPS , CARLOS ANDRÉS VASCO ÁLVAREZ , en calidad de gerente regional noroccidente y RICARDO ADOLFO ECHAVARRIA CHARICHA , en calidad de gerente regional de salud de la misma entidad , claramente se observa el incumplimiento a ésta; adicionalmente, la responsabilidad subjetiva de los precitados incidentados también se encuentra probada, por cuanto

calidad de gerente regional de salud de la misma entidad , claramente se observa el incumplimiento a ésta; adicionalmente, la responsabilidad subjetiva de los precitados incidentados también se encuentra probada, por cuanto incurrieron en una determinante incuria y negligencia al omitir adelantar los trámites pertinentes para cumplir cabalmente el fallo de tutela y garantizar a la incidentista la prestación de los servicios médicos que requiere, lo cual permite afirmar que se mantiene la vulneración ius fundamental que la cognoscente de primera instancia pretendió remediar con la orden plasmada en la tutela y por lo cual no quedará otra alternativa que confirmar la sanción impuesta.

2.6. Análisis sobre la razonabilidad de la sanción

Revisada la sanción impuesta a los doctores JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ, en su calidad de agente interventor de NUEVA EPS , CARLOS ANDRÉS VASCOCONSULTA INCIDENTE DE DESACATO RADICADO 05101318400120230001205 7 ÁLVAREZ, en calidad de gerente regional noroccidente y RICARDO ADOLFO ECHAVARRIA CHARICHA, consistente en multa de 722.90 UVB y diez (10) días de arresto, en atención a lo dispuesto en el art. 313 de la Ley 2294 de 2023 y a la luz de los presupuestos de razonabilidad y proporcionalidad, encuentra el Tribunal que no excede los límites impuestos por el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991; al contrario, se ubica en el extremo mínimo legal, por lo que se puede afirmar que ella no grava la situación de los sancionados de una manera desproporcional a la infracción cometida; a más que tampoco existen

2591 de 1991; al contrario, se ubica en el extremo mínimo legal, por lo que se puede afirmar que ella no grava la situación de los sancionados de una manera desproporcional a la infracción cometida; a más que tampoco existen criterios de atenuación traducidos en el int erés o esfuerzo de la entidad sancionada por dar cumplimiento a la orden de amparo, pues como se señaló en precedencia, ni siquiera durante el trámite de la presente consulta cumplió la sentencia de tutela, ni menos aún demostró ninguna circunstancia que justificara su incumplimiento.

Sin necesidad de más consideraciones, el TRIBUNAL SUPERIOR DE

DISTRITO JUDICIAL DE ANTIOQUIA, SALA UNITARIA DE DECISIÓN

CIVIL-FAMILIA

RESUELVE

PRIMERO.- CONFIRMAR el auto de fecha, naturaleza y procedencia referenciada en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO.- COMUNÍQUESE de manera inmediata esta decisión a las partes por el medio más expedito y una vez efectuado ello, devuélvase la actuación surtida virtualmente al Juzgado de origen para que haga parte del expediente, lo que se hará por la Secretaría de esta Sala.

NOTIFÍQUESE POR EL MEDIO MÁS EXPEDITO, CÚMPLASE Y DEVUELVASE

(CON FIRMA ELECTRONICA)

CLAUDIA BERMÚDEZ CARVAJAL

MAGISTRADA

Firmado Por: Claudia Bermudez CarvajalMagistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 003 Civil Familia Tribunal Superior De Antioquia - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,

Firmado Por: Claudia Bermudez CarvajalMagistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 003 Civil Familia Tribunal Superior De Antioquia - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

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