TSDJ ANT - Auto 05579318400120250029801 de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA

SALA CIVIL – FAMILIA

Medellín, cuatro de septiembre de dos mil veintiséis

Proceso : Verbal – Cesación de efectos civiles Asunto : Apelación de auto

Ponente : WILMAR JOSÉ FUENTES CEPEDA Consecutivo auto : 392

Demandante : Blanca Yutiet Zapata Montoya

Demandado : Manuel Salvador Serna Cano Radicado : 05579318400120250029801

Consecutivo Sría. : 6783208

Radicado Interno : 0522-2026

Decisión : Confirma

Síntesis1. Si bien las potestades cautelares en asuntos de familia encuentran respaldo en el artículo 598 del CGP, su procedencia exige la acreditación de circunstancias objetivas que revelen una situación de premura, necesidad y apariencia de buen derecho, pues la ausencia de tales presupuestos impide justificar una intervención judicial anticipada y desvirtúa la finalidad preventiva.

ASUNTO A TRATAR

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante frente al auto dictado el 24 de julio de 2026 por el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Berrío, mediante el cual negó las medidas provisionales deprecadas por aquella.

ANTECEDENTES

1. La convocante solicitó la fijación provisional de una cuota alimentaria en favor de las dos hijas en común de las partes, consistente en el 50 % del salario y prestaciones sociales del demandado, así como la regulación de las visitas.

En sustento, manifestó que el extremo pasivo ha incumplido aquellas

favor de las dos hijas en común de las partes, consistente en el 50 % del salario y prestaciones sociales del demandado, así como la regulación de las visitas.

En sustento, manifestó que el extremo pasivo ha incumplido aquellas obligaciones, al igual que ha sucedido con algunas cargas económicas de la

1 Esta síntesis ha sido preparada únicamente para la conveniencia del lector y no constituye parte de la motivación ni del contenido de la providencia (cfr. CGP, arts. 279 y 280).2

sociedad conyugal . Además, expresó que estos temas todavía no han sido regulados2.

2. Decisión recurrida: En providencia del pasado 24 de ju lio, el juzgado denegó la petición antedicha, limitándose a señalar que el ordenamiento contempla otros mecanismos para regir estos deberes parentales3.

3. Impugnación. Inconforme, la parte actora interpuso recurso de reposición y la apelación subsidiaria , esgrimiendo que c on lo resuelto se desconoció la competencia del juez de familia para adoptar las medidas provisionales solicitadas, con lo cual, además de haberse inobservado el interés superior de las menores , se infringieron los principios de celeridad, economía procesal y tutela judicial efectiva4.

4. Resolución horizontal. Mediante proveído del 31 de julio reciente, el a quo mantuvo su criterio, no sin antes admitir que la existencia de otros mecanismos para atender la misiva de la recurrente no obstruye las facultades cautelares del juez de familia. Agregó que la viabilidad de las medidas solicitadas debe demostrarse de forma sumaria, mediante elementos que le otorguen la apariencia

para atender la misiva de la recurrente no obstruye las facultades cautelares del juez de familia. Agregó que la viabilidad de las medidas solicitadas debe demostrarse de forma sumaria, mediante elementos que le otorguen la apariencia de buen derecho. Adujo que este requisito fue incumplido, por no contarse con insumos para evaluar la insuficiencia de las contribuciones económicas y afectivas que se pide reglamentar, pues, en lo primero, la demanda se limita a señalar que él aporta para la manutención de sus dos descendientes únicamente la suma de $400.000; y en lo segundo, omite acreditar la necesidad de regular las vis itas. Concluyó que tales deficiencias impiden acceder a lo pedido en una etapa tan temprana en que el demandado siquiera ha sido notificado del auto admisorio.

Al cierre, concedió la alzada en el efecto devolutivo5.

CONSIDERACIONES

1. El recurso de apelación objeto de estudio en esta instancia resulta procedente en virtud de lo dispuesto en los artículos 321-8 del Código General del Proceso-CGP, toda vez que se dirige contra la providencia qu e r esolvió una petición cautelar.

2. En atención a los argumentos expuestos por la parte apelante, el problema jurídico a resolver consiste en determinar la procedencia de las medidas provisionales solicitadas.

3. La tutela cautelar tiene por finalidad “…evitar que el daño producido por la inobservancia del derecho resulte agravado por este inevitable retardo del remedio jurisdiccional

2 Archivo 007. 3 Archivo 008. 4 Archivo 012. 5 Archivo 013.3

inobservancia del derecho resulte agravado por este inevitable retardo del remedio jurisdiccional

2 Archivo 007. 3 Archivo 008. 4 Archivo 012. 5 Archivo 013.3

(periculum in mora), (…); la cual, mientras se esperan las providencias definitiv as destinadas a hacer observar el derecho, provee a anticipar provisoriamente sus previsibles efectos.” 6, y se soporta a partir de los principios de legalidad ( no existe medida cautelar sin una ley previa que la autorice), apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) y peligro de mora judicial (periculum in mora)7. Tratándose de litigios de familia ( v.gr. divorcio, separación de cuerpos, unión marital de hecho), el numeral 5° del artículo 598 prevé: Art. 598. (…) 5. Si el juez lo considera conveniente, tam bién podrá adoptar, según el caso, las siguientes medidas: a) Autorizar la residencia separada de los cónyuges, y si estos fueren menores, disponer el depósito en casa de sus padres o de sus parientes más próximos o en la de un tercero. b) Dejar a los hijos al cuidado de uno de los cónyuges o de ambos, o de un tercero. c) Señalar la cantidad con que cada cónyuge deba contribuir, según su capacidad económica, para gastos de habitación y sostenimiento del otro cónyuge y de los hijos comunes, y la educación de estos. d) Decretar, en caso de que la mujer esté embarazada, las medidas previstas por la ley para evitar suposición de parto. e) Decretar, a petición de parte, el embargo y secuestro de los bienes sociales y los

d) Decretar, en caso de que la mujer esté embarazada, las medidas previstas por la ley para evitar suposición de parto. e) Decretar, a petición de parte, el embargo y secuestro de los bienes sociales y los propios, con el fin de garantizar el pago de alimentos a que el cónyuge y los hijos tuvieren derecho, si fuere el caso. f) A criterio del juez cualquier otra medida necesaria para evitar que se produzcan nuevos actos de violencia intrafamiliar o para hacer cesar sus efectos y, en general, en los asuntos de familia, podrá actuar de oficio en la adopción de las medidas personales de protección que requiera la pareja, el niño, niña o adolescente, el discapacitado mental y la persona de la tercera edad; para tal fin, podrá decretar y practicar las pruebas que estime pertinentes, incluyendo las declaraciones del niño, niña o adolescente. (Subrayas del Tribunal).

4. Solución al caso concreto. Con base en los parámetros expuesto s, se anuncia que la apelación no está llamada a prosperar.

4.1. Se empieza por memorar que la negativa del juzgado a decretar las medidas provisionales solicitadas se fundó en la ausencia de elementos de convicción para evaluar, de una parte, la presunta insuficiencia de los aportes alimentarios suministrados por el deman dado a sus menores hijas, y de otra, la necesidad de establecer el régimen de visitas a su cargo.

Ese a rgumento, valga decir lo, corresponde a lo resuelto en sede de reposición, dado que la primera negativa se edificó sobre la imposibilidad de utilizar

necesidad de establecer el régimen de visitas a su cargo.

Ese a rgumento, valga decir lo, corresponde a lo resuelto en sede de reposición, dado que la primera negativa se edificó sobre la imposibilidad de utilizar

6 Cfr. CALAMANDREI, Piero. En “Instituciones de Derecho Procesal Civil”, Volumen I. Ediciones Jurídicas Europa -América (Buenos Aires Argentina). Pág. 157. A su vez, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha indicado: “El fin principal de las medidas cautelares es garantizar la efectiva ejecución de la providencia impidiendo que el perjuicio ocasionado al derecho sustancial se haga menos gravoso, o que no haya manera de cumplir la obligación que declare la sentencia por desaparecer o disminuir los bienes que fueron parte del patrimonio del deudor.” SC5680-2018 7 “LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO” Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” (2014).4

este proceso de cesación de efectos civiles para atender materias cuyo trámite y definición corresponden a otros mecanismos jurídicos. También debe enfatizarse que esa determinación se dictó como respuesta a la impugnación que criticó la decisión inicial por dejar de lado el interés superior de l as menores, y la facultad del juez en litigios de esta naturaleza para adoptar medidas previas, sin tener que acudir a trámites adicionales.

Con esto claro, se advierte en esta sede vertical que la decisión cuestionada, es decir, la proferida en primer lugar, resultó lacónica y desacertada desde el punto de vista jurídico-procesal, pues no ofreció una motivación suficiente

Con esto claro, se advierte en esta sede vertical que la decisión cuestionada, es decir, la proferida en primer lugar, resultó lacónica y desacertada desde el punto de vista jurídico-procesal, pues no ofreció una motivación suficiente frente a las medidas solicitadas y desconoció lo establecido en el artículo 598 del CGP.

Pese a ello, se observa que el juez de instancia enmendó tales deficiencias a través de la resolución horizontal, al darle la razón a la recurrente y reconocer que, en asuntos de familia como este , el juzgador está facultado para regular la asistencia económica y los encuentros afectivos con los menores.

Determinación que siguió siendo negativa para las aspiraciones de la inconforme, a partir de una interpretación de las normas y piezas procesales que, no obstante, se vislumbra acertada, pues una es la potestad legal para adoptar las herramientas provisionales, y otra muy diferente es la procedencia de estas.

En este último aspecto le asiste razón al juzgado de origen cuando aduce que la facultad cautelar derivada del artículo 598 del CGP no comporta la viabilidad automática de las medidas cuyo trámite allí se describe . Ello es así porque el decreto de los instrumentos de protección exige que la parte interesada aporte una apariencia de idoneidad a los supuestos que las sustentan , más allá de meras afirmaciones.

Siguiendo esta línea, debe tenerse en cuenta que la apelación se concentró en la defensa de lo dispuesto en el artículo precitado y sus implicaciones, luego de haber sustentado la solicitud cautelar en la necesidad de una decisión judicial que regule sus componentes . Base sobre la cual solicitó la citada asignación

en la defensa de lo dispuesto en el artículo precitado y sus implicaciones, luego de haber sustentado la solicitud cautelar en la necesidad de una decisión judicial que regule sus componentes . Base sobre la cual solicitó la citada asignación alimentaria con una equivalencia al 50 % del salario y prestaciones sociales del convocado.

Sin embargo, lo cierto es que tal petición no fue acompañada de elementos que dilucidaran los requerimientos de las hijas y la solvencia del progenitor para atenderlas, y por ende , la interesada omitió corroborar la existencia de una situación que justifique la intervención cautelar antes de que la controversia pueda ser esclarecida en los terrenos convencionales u ordinarios.

Mírese que el derecho de los descendientes a recibir alimentos previsto en el artículo 411-2 del Código Civil, está sujeto a la concurrencia de tres elementos: i) la existencia de un vínculo consanguíneo o civil entre los involucrados en la5

relación asistencial; ii) la necesidad de las hijas alimentarias; y, iii) la capacidad del progenitor alimentante.

Presupuestos cuya concurrencia resulta indispensable para la procedencia de la regulación reclamada, y que en este caso no fue cumplida, puesto que solo se encuentra acreditado el primer criterio relativo al lazo filial a partir del cual se concreta el principio de solidaridad al interior de la familiaart. 1°, 42 y 95-2 de la Carta Magna.

Empero, no convergen con la misma suficiencia los dos requisitos restantes, pues si bien la recurrente cuestiona la cuantía de los aportes que realiza el demandado, no precisa las circunstancias concretas que la llevan a calificarlos

Empero, no convergen con la misma suficiencia los dos requisitos restantes, pues si bien la recurrente cuestiona la cuantía de los aportes que realiza el demandado, no precisa las circunstancias concretas que la llevan a calificarlos de deficientes; de suerte que tampoco se acredita una situación apremiante que haga de esta vía cautelar una solución inaplazable.

Mírese que, aunque los presupuestos en cita se orientan por el interés superior de los menores previsto en el canon 8° del Código de Infancia y la Adolescencia, las condiciones del alimentante no quedan marginadas , pues el auxilio que este debe brindar no debe traducirse en el sacrificio de sus medios de subsistencia, conforme al canon 420 del C.C.

Precisión a la que se arriba para resaltar la importancia de dotar de buena apariencia la medida previa aquí debatida , y la imposibilidad de escrutar los mandatos en comento cuando se carece de herramientas.

Véase que la impugnante dio a saber con la demanda que el convocado trabaja en la empresa Colanta y solo aporta para la manutención de sus hijas la suma de $ 400.000, y como consecuencia, es ella quien ha asumido la mayor parte de los gastos familiares.

De donde se desprende que ambos progenitores brindan apoyo económico a sus hijas , ignorándose en qué proporciones y las razones de esa distribución, así como las necesidades insatisfechas y sus incidencias. En pocas palabras, no ésta demostrada la existencia de una situación que haga indispensable acceder a lo pedido por esta vía cautelar ; y por el contrario, lo que se percibe es una contribución dual en favor de las menores.

ésta demostrada la existencia de una situación que haga indispensable acceder a lo pedido por esta vía cautelar ; y por el contrario, lo que se percibe es una contribución dual en favor de las menores.

Ahora bien, no pasa desapercibido que, ante la ausencia de pruebas, la solvencia económica del alimentante puede ser deducida de su posición social, conforme a lo dispuesto en el canon 129 del Código de Infancia y Adolescencia. Norma que incluso contempla la presunción legal de que aquel devenga al menos el salario mínimo.

No obstante, los contornos de este asunto no reportan herramientas para inferir cuál es el nivel de vida del demandado, y de qu é manera se vería comprometida su subsistencia si su salario y prestaciones sociales fuesen6

afectadas en un 50 %, como lo solicita la impugnante.

De ahí que el porcentaje salarial reclamado para atender los alimentos provisionales se avizore en una fase tan incipiente del proceso, como una medida sin sustento ni mesura, pues solo está acreditada la titularidad de los derechos y deberes concernidos, más no se encuentra justificada una intervención judicial de carácter preventiva.

Igual suerte le sigue al ruego cautelar atinente a la regulación de las visitas, no solo por el déficit demostrativo que viene de ser explicado, sino además porque en este tópico la interesada omitió desarrollar una carga argumentativa mínima sobre la ausencia del convocado con sus hijas o de irregularidades derivadas de su presencia.

Cabe resaltar que las cautelas cumplen una finalidad instrumental de conjurar situaciones que comprometan la efectividad de los derechos discutidos. De donde se sigue que su procedencia requiere la acreditación de la necesidad de

su presencia.

Cabe resaltar que las cautelas cumplen una finalidad instrumental de conjurar situaciones que comprometan la efectividad de los derechos discutidos. De donde se sigue que su procedencia requiere la acreditación de la necesidad de un remedio anticipado y proporcional para hacer frente al peligro o agravio que se quiere evitar o mitigar, pues de lo contrario las medidas perder án su carácter protector para transformarse en un cauce para la satisfacción prematura de controversias.

Para finalizar, conviene destacar que lo trasuntado responde a la realidad que actualmente ofrece el expediente, de modo que no implica una definición inmutable, tal como en su momento lo puso de presente el a quo. Por consiguiente, una vez sean satisfechas las cargas mínimas que permitan apreciar el carácter plausible de las cautelas , el juez podrá pronunciarse nuevamente y hacer uso, incluso, de sus facultades oficiosas para alcanzar mayor certidumbre y eficacia en sus decisiones.

5. Conclusión. En consecuencia, se respaldará la determinación impugnada, ante la falta de comprobación de los elementos indispensables para acceder a los pedidos cautelares.

6. Costas. No habrá costas en esta instancia, pese a lo desfavorable del recurso, pues no aparecen causadas (art. 365-8 CGP). Recálquese que en esta causa el extremo pasivo aún no ha sido notificado del auto admisorio.

DECISIÓN

Por lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE

ANTIOQUIA, ACTUANDO EN SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia referida al comienzo.7

ANTIOQUIA, ACTUANDO EN SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia referida al comienzo.7

SEGUNDO: Sin lugar a costas por no aparecer causadas.

TERCERO: Comunicar la presente decisión al juzgado de origen, en los términos del inciso 2° del artículo 326 del Código General del Proceso.

CUARTO: En oportunidad, regrésese el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

(Firma electrónica)

WILMAR JOSÉ FUENTES CEPEDA

Magistrado

Firmado Por:

Wilmar Jose Fuentes Cepeda Magistrado Sala Civil Familia Tribunal Superior De Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

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