TSDJ ANT - Auto 05847318400120250016701 de 2026

Apelación Auto. 05847318400120250016701

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA

SALA CIVIL – FAMILIA

Medellín, primero de septiembre de dos mil veintiséis

Proceso : Liquidación de sociedad patrimonial Asunto : Apelación de auto

Ponente : WILMAR JOSÉ FUENTES CEPEDA Consecutivo Auto : 384

Demandante : Luz Amalia Montoya Montoya

Demandado : Ramiro Hernández Caro Radicado : 05847318400120250016701

Consecutivo Sec. : 6334286

Radicado Interno : 0436-2026

Decisión : Modifica

ASUNTO A TRATAR

Procedente del Juzgado Promiscuo de Familia de Urrao, se recibió en este Tribunal el proceso de liquidación de sociedad patrimonial promovido por Luz Amalia Montoya Montoya contra Ramiro Hernández Caro, con el fin de decidir los recursos de apelación formu lados por ambas partes y por los acreedores Juan Rafael Caro Gómez y Javier Alonso Holguín frente al auto proferido el 25 de marzo de 2026, mediante el cual se resolvieron las objeciones a la diligencia de inventarios y avalúos.

1 Esta síntesis ha sido preparada únicamente para la conveniencia del lector y no constituye parte de la motivación ni del contenido de la providencia (cfr. CGP, arts. 279 y 280). Síntesis1: El Tribunal concluye que los dictámenes presentados por la demandante fueron oportunos y debían ser valorados; sin embargo, solo el relativo a las matrículas 035 -20575 y

Síntesis1: El Tribunal concluye que los dictámenes presentados por la demandante fueron oportunos y debían ser valorados; sin embargo, solo el relativo a las matrículas 035 -20575 y 035-21269 tienen mérito para modificar los valores fijados en primera instancia. Frente a los demás inmuebles y al establecimiento de com ercio, desestimadas las experticias por falta de mérito demostrativo, se mantiene el promedio de las estimaciones de los interesados en aplicación al numeral 3.º del artículo 501 del Código General del Proceso. Se confirma, además, la exclusión de los pasi vos reclamados, por hallarse desvirtuada la presunción de su carácter social, y la de los semovientes, por falta de prueba de su pertenencia a la masa partible.2

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ANTECEDENTES

1. Luz Amalia Monto ya Montoya interpuso demanda contra Ramiro Hernández Caro, con el fin de disolver y liquidar la sociedad patrimonial conformada con el demandado.

2. El 20 de agosto de 2025 fue admitida la demanda, y luego de notificado el demandado, el 19 de noviembre de la misma anualidad se celebró la audiencia de inventarios y avalúos2.

3. La parte actora relacionó como activos varios derechos de dominio sobre bienes inmuebles3, un vehículo Toyota Hilux de placas JHT-528, el establecimiento de comercio denominado “Ferretone”4 y siete cabezas de ganado. El demandado aceptó la existencia de los bienes inmuebles, el vehículo y el establecimiento de comercio, pero controvirtió los avalúos presentados por la actora, por considerar

de comercio denominado “Ferretone”4 y siete cabezas de ganado. El demandado aceptó la existencia de los bienes inmuebles, el vehículo y el establecimiento de comercio, pero controvirtió los avalúos presentados por la actora, por considerar que diferían significativamente de los valores por é l reportados. En cuanto a las siete cabezas de ganado, negó ser propietario de los semovientes.

4. Como pasivos, la parte demandada relacionó, en primer lugar, una obligación por capital de $230.000.000 a favor de Javier Alonso Holguín, contenida en tres letras de cambio y cuyo cobro se adelanta mediante proceso ejecutivo.

También denunció una obligación por valor de $150.000.000 a favor de Juan Rafael Caro Gómez, instrumentada en un título suscrito en diciembre de 2019, pasivos que no fueron aceptados por la actora.

5. Los mencionados acreedores comparecieron al trámite por conducto de apoderado judicial y solicitaron la inclusión de esas mismas obligaciones dentro del inventario, pretensión que fue controvertida por la demandante.

LA DECISIÓN APELADA

El juzgado resolvió las objeciones formuladas frente al inventario y avalúo de los bienes de la sociedad patrimonial conformada por Luz Amalia Montoya Montoya y Ramiro Hernández Caro5.

(i) En cuanto al valor de los inmuebles, consideró que ninguna de las partes presentó los avalúos dentro del término previsto en el numeral 3.º del artículo 501 de la Ley 1564 de 2012. Por esa razón, optó por promediar los valores relacionados por ambos extremos procesales.

2 071VideoAudiencia

presentó los avalúos dentro del término previsto en el numeral 3.º del artículo 501 de la Ley 1564 de 2012. Por esa razón, optó por promediar los valores relacionados por ambos extremos procesales.

2 071VideoAudiencia 3 (i) partida primera: el 1 00 % del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 035 -20575; (ii) partida segunda: el 100 % del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 035-21269; (iii) partida tercera: el 50 % del inmueble con folio No. 035-12827; (iv) partida cuarta: el 50 % del inmueble No. 035-14118; (v) partida quinta: el 50 % del inmueble identificado con el folio de matrícula No. 035-25019. 4 Matrícula Nro. 21-391292-02 de marzo 10 de 2004, renovada el 27 de marzo de 2025. Ubicado en la Cra. 30 nro. 30 – 19 de Urrao - Antioquia 5 Vigente desde noviembre de 1997 hasta el 20 de junio de 20203

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(ii) Respecto del establecimiento de comercio tuvo por acreditado que existía y se encontraba en explotación económica para la fecha de disolución de la sociedad patrimonial, con fundamento en el interrogatorio del demandado y en las facturas aportadas correspondientes al año 2019. Aunque estimó que los dictámenes fueron allegados extemporáneamente y que las cifras propuestas por las partes carecían de suficiente respaldo técnico, fijó su valor en $110.000.000, resultante del promedio de las estimaciones presentadas por estas.

dictámenes fueron allegados extemporáneamente y que las cifras propuestas por las partes carecían de suficiente respaldo técnico, fijó su valor en $110.000.000, resultante del promedio de las estimaciones presentadas por estas.

(iii) En relación con las obligaciones a favor de Javier Alonso Holguín y de Juan Rafael Caro Gómez, concluyó que no tenían naturaleza social. Explicó que si bien fueron contraídas durante la vigencia de la sociedad patrimonial, el demandado manifestó que los recursos se destinaron a sus negocios particulares, sin conocimiento de la demandante ni prueba de que hubiesen beneficiado el patrimonio común. Añadió que existían inconsistencias en torno a la entrega de los dineros y ausencia de soportes bancarios que permitieran corroborar l os préstamos, sin perjuicio de que los acreedores pudieran hacer valer sus derechos en otro escenario procesal.

(iv) Declaró fundada la objeción formulada frente a la inclusión de las siete cabezas de ganado, al estimar que la guía sanitaria de movilización aportada no acreditaba suficientemente la existencia, características y ubicación de los semovientes para la fecha de disolución de la sociedad patrimonial.

En consecuencia, aprobó el inventario con cinco partidas correspondientes a derechos sobre bienes inmuebles, el vehículo de placas JHT -528 y el establecimiento de comercio “Ferretone”, y determinó que no existían pasivos sociales.

RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS

1. Recurso de la parte demandante6

Cuestionó la decisión que resolvió las objeciones formuladas frente a los inventarios y avalúos de los bienes sociales, en particular, la valoración asignada

1. Recurso de la parte demandante6

Cuestionó la decisión que resolvió las objeciones formuladas frente a los inventarios y avalúos de los bienes sociales, en particular, la valoración asignada a determinados activos y la exclusión de algunas partidas.

En desarrollo de la alzada, reprochó que el juzgado hubiese descartado los avalúos comerciales allegados con la demanda y su posterior actualización. Explicó que esta última fue aportada con suficiente antelación a la audiencia reprogramada y tenía por objeto actualizar los valores inicialmente present ados, por lo que su exclusión, fundada en razones formales, desconoció el principio de contradicción, la prevalencia del derecho sustancial y configuró, en su criterio, un exceso ritual manifiesto.

6 PDF 200RecursoApelación4

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Asimismo, advirtió una contradicción en la valoración probatoria, pues, pese a considerar desactualizados los avalúos comerciales, el juzgado utilizó algunos de sus valores, junto con los avalúos catastrales aportados por la contraparte, para establecer el precio de los bienes. A su juicio, esa forma de proceder resulta incoherente y desconoce las reglas de la sana crítica.

Añadió que, en esta clase de procesos, debe prevalecer el valor comercial de los bienes sobre el catastral, debido a que la liquidación debe reflejar su realidad económica. Por ello, sostuvo que la falta de avalúos comerciales de la parte demandada no autorizaba al despacho a acudir a valores catastrales que no correspondían al precio de mercado.

De otro lado, censuró la exclusión de la partida octava, correspondiente a

demandada no autorizaba al despacho a acudir a valores catastrales que no correspondían al precio de mercado.

De otro lado, censuró la exclusión de la partida octava, correspondiente a varias cabezas de gana do, cuya existencia, según afirmó, se encontraba acreditada en el expediente. Consideró que el juzgado incurrió en un error de hecho por omisión valorativa, al otorgar prevalencia a la negativa del demandado y prescindir de los demás elementos probatorios.

También solicitó valorar la conducta procesal de la parte demandada, consistente, según expuso, en la negativa a suministrar información contable del establecimiento de comercio y en la creación de pasivos ficticios. Afirmó que tales circunstancias constituían actos de violencia económica y debían apreciarse como indicios graves en contra del demandado, de conformidad con las reglas de la carga dinámica de la prueba y el deber de colaboración procesal.

De contera , solicitó revocar parcialmente la de cisión apelada, tener en cuenta los avalúos comerciales y sus actualizaciones, incluir la partida relativa al ganado, mantener la exclusión de los pasivos que considera simulados y disponer la correspondiente reliquidación del haber social, con condena en costas a la parte demandada.

2. Recurso de la parte demandada7

Adujo que la decisión desconoció los pasivos oportunamente relacionados en el trámite.

Como sustento de su inconformidad, expuso que según los artículos 501 y 502 del C.G.P., en la diligencia de inventarios y avalúos deben incluirse los pasivos debidamente acreditados. Señaló que en este caso se aportaron elementos

Como sustento de su inconformidad, expuso que según los artículos 501 y 502 del C.G.P., en la diligencia de inventarios y avalúos deben incluirse los pasivos debidamente acreditados. Señaló que en este caso se aportaron elementos probatorios sobre diversas obligaciones, entre ellas , la discutida en el proceso ejecutivo radicado 2021-00019, promovido contra Ramiro Hernández Caro, y las acreencias reclamadas por Juan Rafael Caro Gómez y Javier Alonso Holguín,

7 PDF 194RecursoApelación5

Apelación de auto – Radicado: 05847318400120250016701 quienes comparecieron al trámite. No obstante, sostuvo que tales pasivos fueron excluidos sin justificación jurídica ni valoración del material probatorio.

Añadió que la contraparte no formuló objeción frente a esas obligaciones, circunstancia que, en su criterio, evidenciaba la ausencia de controversia sobre su existencia e impedía al juzgado excluirlas sin una motivación probatoria y jurídica suficiente. A su juicio, esa determinación desconoció el principio de contradicción y vulneró el debido proceso, al omitir el examen de pruebas válidamente allegadas y de aspectos no controvertidos.

Finalmente, afirmó que la exclusión de los pasivos descon oció el principio de integralidad de la liquidación, distorsionó la composición de la masa partible y afectó los derechos económicos de su representado. En consecuencia, solicitó revocar el auto apelado y ordenar la inclusión de los pasivos presentados.

3. Recurso de los acreedores8

Expusieron que las obligaciones reclamadas corresponden a pasivos sociales contraídos durante la vigencia de la sociedad patrimonial y que el juzgado

3. Recurso de los acreedores8

Expusieron que las obligaciones reclamadas corresponden a pasivos sociales contraídos durante la vigencia de la sociedad patrimonial y que el juzgado las calificó erróneamente como deudas p ersonales del demandado. Sostuvieron que las obligaciones adquiridas durante la unión se presumen sociales, salvo prueba en contrario, y que en el expediente no obra ningún elemento que permita desvirtuar ese carácter . Señalaron, además, que los títulos -valores aportados fueron suscritos dur ante la vigencia de la sociedad pa trimonial. En particular, indicaron que las obligaciones a favor de Javier Alonso Holguín datan de los años 2017 a 2020, por valores de $100.000.000, $50.000.000 y $80.000.000, mientras que la acreencia de Juan Rafael Caro Gómez fue contraída en 2019 por $150.000.000. A su juicio, esa correspondencia temporal constituye un elemento indicativo de su naturaleza social. También cuestion aron que el juzgado hubiese incluido como activos inmuebles y el establecimiento de comercio, pero excluyera las obligaciones que, según afirmó, fueron adquiridas para su compra, funcionamiento o sostenimiento. Finalmente, adujeron que las acreencias no fueron tachadas ni desconocidas oportunamente y que la oposición formulada por la demandante no era suficiente para desvirtuar la destinación social de los recursos ni la presunción que, en su criterio, ampara a los acreedores de buena fe. En consecuencia, solicitó revocar la decisión apelada y ordenar la inclusión de las obligaciones reclamadas en el inventario.

4. Pronunciamiento frente a los recursos de apelación9

8 PDF 197RecursoApelación

revocar la decisión apelada y ordenar la inclusión de las obligaciones reclamadas en el inventario.

4. Pronunciamiento frente a los recursos de apelación9

8 PDF 197RecursoApelación 9 PDF 209MemorialDescorreTrasladoRecurso6

Apelación de auto – Radicado: 05847318400120250016701 Corrido el traslado de los recursos formulados por las partes y por los acreedores, la apoderada de la demandante solicitó confirmar la exclusión de los pasivos reclamados. Afirmó que la decisión estuvo precedida de un análisis suficiente de las acreencias y que estas no tenían carácter social, pues el demandado reconoció que la actora no conoció ni participó en las obligaciones y tampoco explicó la destinación de los recursos.

Descartó la vulneración del debido proceso y afirmó que los pasivos carecían de sustento para ser incluidos en la liquidación. Añadió que su incorporación pretendía afectar indebidamente la masa patrimonial y pidió valorar el ánimo defraudatorio que, a su juicio, acompañaba esa solicitud.

El apoderado del demandado y el representante de los acreedores no se pronunciaron frente al recurso interpuesto por la actora.

CONSIDERACIONES

1. El recurso vertical que concita la atención de esta Sala Unitaria es procedente en su resolución, a la luz del inciso final del numeral 2º del artículo 501

del Código General del Proceso10.

2. Considerando los argumentos de disenso presentados por las partes, los acreedores y la tesis expuesta por la juez de conocimiento, corresponde determinar: (i) si los avalúos aportados por la parte demandante fueron presentados oportunamente y reunían las condiciones necesarias para ser

acreedores y la tesis expuesta por la juez de conocimiento, corresponde determinar: (i) si los avalúos aportados por la parte demandante fueron presentados oportunamente y reunían las condiciones necesarias para ser valorados o si, por el contrario, resultaba procedente mantener los valores fijados por la juzgadora de primer grado; (ii) si la conducta procesal atribuida al demandado imponía tener por acreditado un valor superior del establecimiento de comercio; (iii) si las obligaciones reclamadas por Javier Alonso Holguín y Juan Rafael Caro Gómez debían incluirse como pasivos de la sociedad patrimonial o si fue acertada su exclusión y (iv) si se acreditó suficientemente la existencia de las siete cabezas de ganado denunciadas como activo social.

3. Oportunidad y mérito probatorio de los avalúos de los bienes inmuebles y del establecimiento de comercio

3.1 El numeral 3.º del artículo 501 del Código General del Proceso prevé:

“Para resolver las controversias sobre objeciones relacionadas con los inventarios y avalúos o sobre la inclusión o exclusión de bienes o deudas sociales, el juez suspenderá la audiencia y ordenará la práctica de las pruebas que las partes soliciten y las que de oficio considere, las cuales se practicarán en su continuación. En la misma decisión señalará fecha y hora para continuar la audiencia y advertirá a las partes que deben presentar las pruebas documentales y los dictámenes sobre el valor de los biene s, con

10 Dice el fragmento pertinente de la norma: “Todas las objeciones se decidirán en la continuación de la audiencia mediante auto apelable”.7

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10 Dice el fragmento pertinente de la norma: “Todas las objeciones se decidirán en la continuación de la audiencia mediante auto apelable”.7

Apelación de auto – Radicado: 05847318400120250016701 antelación no inferior a cinco (5) días a la fecha señalada para reanudar la audiencia, término durante el cual se mantendrán en secretaría a disposición de las partes. En la continuación de la audiencia se oirá a los testigos y a los peritos que hayan sido citados, y el juez resolverá de acuerdo con las pruebas aportadas y practicadas. Si no se presentan los avalúos en la oportunidad señalada en el inciso anterior, el juez promediará los valores que hubieren sido estimados por los interesados, sin q ue excedan el doble del avalúo catastral”.

La exigencia temporal prevista por el legislador tiene como finalidad garantizar que la contraparte conozca anticipadamente la experticia, pueda examinar sus fundamentos y cuente con la oportunidad de ejercer la correspondiente contradicción.

3.2. En el presente asunto, la apoderada de la demandante allegó los dictámenes sobre los bienes inmuebles el 11 de marzo de 202611, mediante correo electrónico remitido con copia al apoderado del demandado. La audiencia en l a cual se resolvieron las objeciones se celebró el 25 de marzo siguiente . Además, los informes fueron puestos en conocimiento de las partes mediante auto del 16 de marzo de 2026 12 y fijación en lista del día siguiente 13, sin que el extremo demandado formulara observación, solicitara aclaración o ejerciera contradicción frente a su contenido antes de la celebración de la audiencia. En consecuencia de

de marzo de 2026 12 y fijación en lista del día siguiente 13, sin que el extremo demandado formulara observación, solicitara aclaración o ejerciera contradicción frente a su contenido antes de la celebración de la audiencia. En consecuencia de ese detalle cronológico, no es de recibo para la Sala la conclusión de la funcionaria de primer grado, según la cual, los avalúos debieron presentarse con anterioridad a la audiencia inicialmente señalada para el 22 de enero de 2026. Esa diligencia no se llevó a cabo y su continuación fue fijada para el 25 de marzo del mismo año. Por tanto, la oportunidad prevista en la norma debía contabilizarse respecto de la fecha en que efectivamente se reanudaría la audiencia, pues es esta la que sirve como referente para garantizar el conocimiento y contradicción de la prueba.

Así las cosas, una interpretación acorde con el sentido de la norma y con la protección de los intereses de los sujetos involucrados en la contienda procesal, lleva a inferir que los dictámenes en cuestión, relativos al valor o de los bienes sociales, no podían ser descartados por extemporáneos. Cuestión diferente es que al examinar su contenido, reúnan las condiciones técnicas necesarias para establecer el valor de cada uno de los bienes incl uidos en el inventario, pues, l a presentación oportuna de una experticia no determina, por sí sola, que sus conclusiones deban ser acogidas. Su mérito demostrativo depende de la claridad de sus fundamentos, la precisión en la identificación del objeto valorado, la coherencia de la metodología utilizada y la correspondencia entre sus conclusiones y los derechos que integran la masa social.

Ahora, antes de abordar el mérito de las experticias, conviene delimitar la

coherencia de la metodología utilizada y la correspondencia entre sus conclusiones y los derechos que integran la masa social.

Ahora, antes de abordar el mérito de las experticias, conviene delimitar la competencia de la Sala. El demandado y los acreedores apelaron el capítulo de

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Apelación de auto – Radicado: 05847318400120250016701 los pasivos, de modo que, respecto de la valoración de los activos, la demandante es apelante única. Conforme al artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia se pronuncia solamente sobre los argumentos del apelante y solo resuelve sin limitaciones cuando ambas partes recurrieron íntegramente la providenc ia o cuando quien no apeló se adhirió al recurso, supuestos que aquí no concurren. Tampoco puede hacerse más gravosa la situación del apelante único. Por consiguiente, en cuanto a los avalúos, la Sala únicamente puede acoger total o parcialmente, o desesti mar, la modificación solicitada por la demandante, sin reabrir integralmente la valoración de las partidas ni hacer más gravosa su situación.

3.3 Del avalúo del establecimiento de comercio. En cuanto al establecimiento de comercio, en la diligencia de inventarios y avalúos la demandante estimó este activo en $400.000.000, mientras que el demandado le asignó un valor de $10.000.000. Ninguna de esas cifras estuvo acompañada de elementos técnicos, contables o financieros que permitieran verificar su correspondencia con la realidad económica del establecimiento, por lo que acertó la funcionaria de primer grado al considerarlas apreciaciones subjetivas.

elementos técnicos, contables o financieros que permitieran verificar su correspondencia con la realidad económica del establecimiento, por lo que acertó la funcionaria de primer grado al considerarlas apreciaciones subjetivas.

Posteriormente, la parte actora allegó el dictamen cuya oportunidad ya fue analizada, en el que el experto valoró “Ferretone” como negocio en marcha y, mediante el método de capitalización de ingresos, concluyó que su valor ascendía a $210.000.000. Para ello tomó como base, principalmente, las declaraciones de renta del demandado correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024 y, a partir de esa información, efectuó las respectivas proyecciones financieras.

Ahora bien, la presentación oportuna del dictamen no comporta que sus conclusiones deban ser acogidas necesariamente. Conforme al artículo 232 ib., corresponde al juez apreciarlo de acuerdo con las reglas de la sana crítica, atendiendo, entre otros aspectos, a la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos.

Bajo esos parámetros, la experticia presenta limitaciones que inciden en la fuerza demostrativa del resultado. En efecto, aunque el avalúo fue estructurado sobre la consideración de “Ferretone” como negocio en marcha y sobre su capacidad futura de generar ingresos, el propio informe dejó constancia de que, según lo manifestado por Ramiro Hernández Caro, el establecimiento ya no existía físicamente y en el lugar operaba para entonces un negocio de un tercero, sin que se explique cómo se conciliaba esa circunstancia con las proyecciones financieras realizadas.

A ello se suma que e l experto reconoció que no contó con información

físicamente y en el lugar operaba para entonces un negocio de un tercero, sin que se explique cómo se conciliaba esa circunstancia con las proyecciones financieras realizadas.

A ello se suma que e l experto reconoció que no contó con información contable, registros financieros, soportes de ventas ni documentación administrativa del establecimiento y que tampoco realizó auditorías contables o estudios financieros especializados, circunstancia que él mismo calificó como una limitación para el análisis económico del negocio. Esa restricción adquiere9

Apelación de auto – Radicado: 05847318400120250016701 relevancia frente a un método que determina el valor a partir de la capacidad de generación de ingresos y de la construcción de flujos futuros, véase:

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De hecho, al presentar su conclusión, el propio avaluador precisó que los $210.000.000 correspondían a una estimación realizada con la información disponible y advirtió que, de allegarse posteriormente información contable, financiera u operativa adiciona l, podría variar tanto el resultado como la metodología aplicada.

No pasa inadvertido que, corrido el traslado de la experticia, la parte demandada guardó silencio y no acudió a los mecanismos de contradicción previstos en el artículo 228 del estatuto pro cesal. Sin embargo, esa circunstancia no torna vinculante la conclusión del experto ni releva al juzgador de efectuar su valoración crítica. La Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 364 de 2023 ha precisado que:

(…) la obligación del juzgador de reali zar una valoración crítica de la prueba pericial debe cumplirse incluso ante el silencio de las partes respecto a dicho

precisado que:

(…) la obligación del juzgador de reali zar una valoración crítica de la prueba pericial debe cumplirse incluso ante el silencio de las partes respecto a dicho medio de convicción, pues las conclusiones expuestas por el auxiliar de la justicia en modo alguno escapan de la evaluación judicial. Indica el precedente:

«Ahora bien, lo dicho no muta por el hecho de que las partes no hayan objetado el dictamen, habida cuenta que como se indic ó en el punto anterior, además de que la evaluación crítica del mismo es una obligación del juez al momento de su valoración, dicho elemento de convicción tiene como propósito dar herramientas de juicio al juzgador en los campos del conocimiento que este no domina y, por lo mismo, de ningún modo sus resultas lo vinculan. Por manera que el silencio de los litigantes no provoca ningún efecto en su evaluación, más allá́ de causar la terminación de la fase de contradicción de la prueba» (CSJ SC3632 -2021, 25 ago.)(…) Tampoco conduce a un resultado distinto el reproche que la recurrente formula a la conducta procesal del demandado, a quien atribuye haberse negado a suministrar la información contable del establecimiento. El artículo 167 del C. G., del P., permite distribuir la carga de la prueba y el artículo 241 del mismo estatuto autoriza deducir indicios del comportamiento de las partes; pero el indicio supone un hecho indicador del cual pueda inferirse otro concreto, y la ausencia de contabilidad no permite inferir que el establecimiento valiera una suma determinada, menos aún la propuesta por la recurren te. A ello se agrega que el

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determinada, menos aún la propuesta por la recurren te. A ello se agrega que el

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Apelación de auto – Radicado: 05847318400120250016701 propio demandado reconoció no llevar registros contables, de modo que la falta de esa información no revela la retención deliberada de una prueba disponible, y que la demandante contaba con otros medios para acreditar la capacid ad económica del negocio, esto es: información tributaria, proveedores, arrendadores o testigos, sin que hubiese acudido a ellos. Así, aunque la conducta reprochada pueda apreciarse en los escenarios que correspondan, no suple la ausencia de un avalúo con mérito demostrativo ni habilita a fijar judicialmente un valor carente de respaldo. Y en cuanto a la creación de pasivos ficticios que igualmente denuncia, el reparo carece de objeto, pues, como se verá, la exclusión de esas obligaciones habrá de confirmarse.

Así las cosas, aunque le asiste razón a la recurrente en cuanto sostiene que el dictamen fue presentado oportunamente y debía ser valorado, las falencias advertidas impiden atribuir a los $210.000.000 mérito demostrativo suficiente, en su condición de prueba pericial, para tener por acreditado que esa suma corresponde al valor real del establecimiento.

Desestimado el dictamen, el reparo no prospera, pues la recurrente no acreditó que el establecimiento tuviera el valor cuya adopción solicita, y sin esa demostración la Sala carece de elemento alguno que le permita modificar en su favor la suma fijada en primera instancia. Ello no significa que esa suma quede sin fundamento. Corresponde al promedio de los valores estimados por los

demostración la Sala carece de elemento alguno que le permita modificar en su favor la suma fijada en primera instancia. Ello no significa que esa suma quede sin fundamento. Corresponde al promedio de los valores estimados por los interesados, criterio previsto en el numeral 3.º del artículo 501 de la Ley 1564 de 2012 y efectivamente empleado por la funcionaria de primer grado, cuyo único yerro consistió en atribuir su procedencia a la extemporaneidad del dictamen y no a su falta de mérito demostrativo. Y es que la finalidad de esa disposición es suministrar al juez un criterio de decisión cuando el trámite culmina sin un avalúo que permita establecer el valor de los bienes, vacío que se configura tanto cuando el dictamen no se presenta o se allega tardí amente como cuando, presentado en oportunidad, sus falencias impiden reconocerle mérito, ya que en ambos casos el juzgador carece de prueba técnica idónea, sin que le corresponda reconstruir de oficio una experticia a partir de