TSDJ BOG - Sentencia 11001-31-05-037-2021-00572-01 de 2026

Ordinario Laboral

Demandante: FRANKLIN ORTEGÓN PIRAGUATA Demandado: MULTIFAMILIAR LOS CEREZOS CIUDADELA COLSUBSIDIO Radicación: 11001-31-05-037-2021-00572-01

Apelación Sentencia

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA DE

DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELCY JIMENA VALENCIA CASTRILLÓN

PROCESO: Ordinario Apelación Oral RADICADO: 11001-31-05-007-2022-00271-01

DEMANDANTE: NATALIA FERNANDA ALVARADO CASTRO

DEMANDADO: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

ASUNTO: Apelación Sentencia del 23 de enero de 2025

JUZGADO: Juzgado Séptimo (07) Laboral del Circuito de Bogotá TEMA: Despido indirecto, Culpa patronal, indemnización de los artículos 64 y 65 del CST y artículo 99 de la ley 50/90

DECISIÓN: CONFIRMAR

Hoy, veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026), el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, SALA DE DECISIÓN LABORAL INTEGRADA por los Magistrados LORENZO TORRES RUSSY, RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA y como Ponente, ELCY JIMENA VALE NCIA CASTRILLÓN, proceden a proferir la decisión previamente aprobada por esta Sala,

INTEGRADA por los Magistrados LORENZO TORRES RUSSY, RHINA PATRICIA ESCOBAR BARBOZA y como Ponente, ELCY JIMENA VALE NCIA CASTRILLÓN, proceden a proferir la decisión previamente aprobada por esta Sala, en atención a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, respecto de la sentencia del 23 de enero de 2025, proferida por el Juzgado Séptimo (07) Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por NATALIA FERNANDA AREVALO CASTRO contra BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A., radicado No. 11001-31-05-007-2022-00271-01.

A continuación, se procede a proferir la siguiente: SENTENCIA

DEMANDA1

La demandante, por intermedio de apoderado judicial, promovió demanda ordinaria laboral contra el Banco Agrario de Colombia S.A., con el fin de que se

1 Pdf 01 y 09 demanda y subsanaciónOrdinario Laboral

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declare, la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre el 12 de junio de 2012 y el 2 0 de junio de 2019. Que se declare que, durante el primer

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declare, la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre el 12 de junio de 2012 y el 2 0 de junio de 2019. Que se declare que, durante el primer semestre del año 2019, la entidad incurrió en conductas activas y omisivas que le ocasionaron perturbaciones psicológicas, emocionales y físicas que trascendieron de su salud mental al desempeño de sus labores, circunstancias que la llevaron a dar por terminado el contrato por justa causa imputable al empleador. En consecuencia, pidió que se declare que la terminación del vínculo obedeció a una justa causa atribuible al Banco y que este incurrió en culpa patronal en los términos del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, al haber permitido o tolerado las conductas que generaron tales afectaciones.

Asimismo, solicitó que se declare que la entidad actuó de mala fe en el pago de la liquidación final, que no canceló de manera completa las prestaciones sociales correspondientes al primer semestre de 2019 y que omitió el pago del salario correspondiente a los primeros veinte días del mes de junio de ese año. Y como consecuencia de tales declaracio nes, reclamó el pago de salarios y prestaciones sociales adeudadas; la indemnización prevista en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo por terminación indirecta; la sanción moratoria del artículo 65 ibidem; la indemnización del artículo 99 de la Ley 50 de 1990; y la reparación integral de perjuicios derivados de la culpa patronal, consistentes en daño emergente tasado en $346.719.280, lucro cesante consolidado y futuro estimados

65 ibidem; la indemnización del artículo 99 de la Ley 50 de 1990; y la reparación integral de perjuicios derivados de la culpa patronal, consistentes en daño emergente tasado en $346.719.280, lucro cesante consolidado y futuro estimados cada uno en $208.279.966, y perjuicios extrapatrimoniales por concep to de daño moral cuantificados en $277.499.623, junto con los intereses solicitados y el uso de las facultades ultra y extra petita.

Como sustento de sus pretensiones, la demandante expone que laboró para el Banco Agrario de Colombia S.A. desde el 12 de junio de 2012 hasta el 20 de junio de 2019, en virtud de un contrato de trabajo a término indefinido. Relata que durante el primer semestre del año 2019 fue objeto de conductas que califica como acoso laboral por parte de sus jefes inmediatos, situación que puso en conocimiento del Comité de Convivencia Laboral de la entidad, sin embargo, sostiene que pese a las denuncias presentadas, no se adoptaron medidas efectivas para cesar tales conductas, lo que permitió su continuidad por el silencio del Banco, generando tales circunstancias una afectación psicológica y emocional que incidió en su salud mental y en especial en el desempeño de sus labores.

Señalo que, ante la persistencia de esa situación y la ausencia deOrdinario Laboral

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intervención eficaz por parte del empleador, presentó renuncia el 20 de junio de 2019, la cual considera motivada por justa causa imputable a la demandada. Igualmente expone que, al momento de su desvinculación, el Banco no canceló de manera completa el salario correspondiente a los primeros veinte días del mes de junio de 2019 ni las prestaciones sociales causadas en el primer semestre de ese año y que la liquidación final fue gestionada con mala fe.

De otra parte, considera que la conducta omisiva del Banco como empleador configura una culpa patronal, al tolerar las conductas de acoso referidas, por lo que en apoyo a tales situaciones reclama el reconocimiento de perjuicios patrimoniales, por los conceptos de daño emergente, lucro cesante y daños extrapatrimoniales derivados de las afectaciones psi cológicas generadas durante la relación laboral, las cuales se prolongaron con posterioridad a la terminación de la relación laboral.9

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA2

La demandada Banco Agrario de Colombia S.A. se opuso a la totalidad de las pretensiones formuladas en su contra, y como argumentos de defensa manifestó que la relación laboral finalizó por decisión libre y voluntaria de la trabajadora el 20 de junio de 2019, descartando que la terminación obedeciera a una justa causa imputable al empleador. Negó la existencia de conductas constitutivas de acoso laboral y sostuvo que los hechos descritos corresponden al

trabajadora el 20 de junio de 2019, descartando que la terminación obedeciera a una justa causa imputable al empleador. Negó la existencia de conductas constitutivas de acoso laboral y sostuvo que los hechos descritos corresponden al ejercicio legítimo de la facultad subordinante propia del vínculo laboral. Adicionalmente, indicó que la entidad contaba con mecanismos institucionales para la atención de este tipo de situaciones y que no puede atribuírsele responsabilidad por la no culminación de actuaciones internas. De otro lado, rechazó la configuración de culpa patronal, señalando que no se acreditaron ni el da ño psicológico alegado ni el nexo causal entre este y la actividad laboral. Y en cuanto a las acreencias laborales afirmó que estas fueron liquidadas y pagadas conforme a la normativa aplicable, negando la existencia de mora o mala fe en el pago.

En cuanto a las excepciones propuso las que consideró tener a su favor.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

2 Archivo pdf 14Ordinario Laboral

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El Juzgado Séptimo (07) Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia proferida en audiencia del 23 de enero de 2025, resolvió la controversia, negando las pretensiones de la demanda, y condeno en costas a la promotora del

sentencia proferida en audiencia del 23 de enero de 2025, resolvió la controversia, negando las pretensiones de la demanda, y condeno en costas a la promotora del juicio.

Para llegar a esa determinación, el juez en cuanto a la renuncia motivada concluyó que no se acreditó que la terminación del vínculo labora l hubiese obedecido a una justa causa imputable al empleador, recordando que la carga de la prueba del despido indirecto recaía en la trabajadora, sin que, en el asunto, existiese esa acreditación de forma suficiente, que demostrara que su renuncia hubiera sido inducida por conductas de acoso laboral. En este punto de análisis el A quo valoró especialmente que la actora ya tenía visa otorgada antes de la renuncia y que poco después emigró a Estados Unidos, donde sentó su residencia lo cual, a su juicio, evidenciaba una intención previa de salir del país, en la que nada tuvo que ver la demandada.

Frente a la culpa patronal, determinó que no se probó el daño psicológico ni el nexo causal entre las conductas atribuidas al Banco y las afectaciones alegadas, resaltando que en el sub examine no se aportaron historias clínicas de EPS o ARL que acreditaran tratamiento en el periodo laboral demandado como de acoso, lo cual resultaba relevante, descartando el fallador el concepto psicológico allegado por no constituir una prueba pericial idónea para demostrar el daño. En cuanto a las acreencias laborales, el juez concluyó que el Banco acreditó el pago de salarios, prestaciones sociales y vacaciones, incluyendo la liquidación final y que los descuentos efectuados en la misma estaban autorizados, y en virtud de ello, en el

las acreencias laborales, el juez concluyó que el Banco acreditó el pago de salarios, prestaciones sociales y vacaciones, incluyendo la liquidación final y que los descuentos efectuados en la misma estaban autorizados, y en virtud de ello, en el caso no era posible imponer condena por la indemnización del artículo 65 del CST.

RECURSOS DE APELACIÓN

La apoderada de la demandante solicitó la revocatoria integral del fallo. En síntesis, sostuvo que el juez no valoró adecuadamente las pruebas que acreditaban la denuncia de acoso laboral ante el Comité de Convivencia y ante el Ministerio del Trabajo, ni las omisiones del Banco en el trámite y atención de dichas quejas. Alegó que existió incumplimiento del deber de prevención y protección por parte del empleador, especialmente por no activar herramientas como la batería de riesgo psicosocial, lo que configu raría negligencia institucional, también cuestionó la conclusión del juez respecto a la intención migratoria de la demandante, afirmando que la visa obtenida era de turismo y que no existía intención previa deOrdinario Laboral

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residenciarse en el extranjero, sino que esa d ecisión fue consecuencia de la situación laboral. Insistió en la configuración del despido indirecto, señalando que

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residenciarse en el extranjero, sino que esa d ecisión fue consecuencia de la situación laboral. Insistió en la configuración del despido indirecto, señalando que la renuncia no fue espontánea sino inducida por conductas de acoso, invocando jurisprudencia sobre la renuncia coaccionada. insistió en la p rocedencia de la indemnización del artículo 64 del CST, la sanción del artículo 65 , por estar acreditados los supuestos, además de que se reitera que la indemnización por culpa patronal es igualmente procedente ante la existencia de los diagnósticos médicos particulares arribados al plenario con los que se demuestra el daño, aun que ellos no provengan de una EPS. Por lo que al considerar que todas sus pretensiones son procedentes pide al Tribunal que se revoque la sentencia y se acceda a las pretensiones declarativas y condenatorias de la demanda.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro de los términos procesales previstos se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. Oportunidad que fue ejercida tanto por la parte actora como por la llamada a juicio.

Surtido el trámite que corresponde a esta instancia procede la Sala de Decisión a dictar la providencia que corresponde.

PROBLEMA JURÍDICO

Conforme a las pretensiones invocadas en el libelo demandatorio, la contestación, sus excepciones, las manifestaciones esbozadas por el Juzgador de primera instancia, y los argumentos expuestos por la alzada, esta Sala de Decisión en cumplimiento de sus atribuciones legales, se permite establecer como problema jurídico a resolver en el sub lite determinar si a partir del acervo probatorio obrante

primera instancia, y los argumentos expuestos por la alzada, esta Sala de Decisión en cumplimiento de sus atribuciones legales, se permite establecer como problema jurídico a resolver en el sub lite determinar si a partir del acervo probatorio obrante en el proceso, la demandante logró acreditar que la renuncia presentada el 20 de junio de 2019 constituyó un despido indirecto imputable al Banco Agrario de Colombia S.A., derivado de conductas constitutivas de acoso laboral u omisiones en la atención de la queja presentada ante el Comité de Convivencia, pues de ello dependerá la procedencia del reconocimiento de las indemnizaciones previstas en los artículos 64 y 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Igualmente se deberá entrar a determinar si la demandada al momento del finiquito contractual quedo debiendo a la trabajadora, los salarios y prestaciones deprecados con la demanda, lo cual daría lugar a las indemnizaciones de los artículos 65 del CST y artículo 99 de la Ley 50 de 1990.Ordinario Laboral

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CONSIDERACIONES

Previo a abordar el estudio de los puntos objeto de alzada, resulta pertinente precisar que en el presente asunto no se controvierte la existencia de la relación laboral entre las partes, en virtud del contrato de trabajo a término indefinido,

Previo a abordar el estudio de los puntos objeto de alzada, resulta pertinente precisar que en el presente asunto no se controvierte la existencia de la relación laboral entre las partes, en virtud del contrato de trabajo a término indefinido, comprendido entre el 12 de junio de 2012 hasta el 20 de junio de 2019 conforme certificación laboral que milita en el folio 95 del pdf 03 , t ampoco fue objeto de discusión que el vínculo terminó mediante renuncia presentada por la trabajadora en esta última fecha ; que la demandante presentó queja ante el Comité de Convivencia Laboral del Banco en mayo de 2019, y que la demandada acredito el pago de las prestaciones sociales a la finalización del contrato de trabajo. Por lo que, delimitado así los puntos no controvertidos, la Sala procede al análisis de los ítems objeto de apelación.

Del despido indirecto.

En relación con la renuncia provocada que alega la actora, debe recordar la Sala que, en la terminación del contrato por despido indirecto, le corresponde al trabajador demostrar que la decisión de renunciar obedeció a justas causas o motivos imputables al empleador, debiendo demostrarse que su empleador incurrió en cualquiera de las causales de terminación del contrato contempladas en el literal b) del artículo 7º del decreto 2351 de 1965, señaladas en la carta de renuncia. Igualmente es de precisar que, sobre la carga de la prueba en estos asuntos, la misma se in vierte, siendo responsabilidad de quien renuncia demostrar que esa decisión obedeció a causas imputables al empleador, tal y como se ha indicado en diferentes decisiones proferidas por la CSJ – SL, entre ellas la sentencia SL2417misma se in vierte, siendo responsabilidad de quien renuncia demostrar que esa decisión obedeció a causas imputables al empleador, tal y como se ha indicado en diferentes decisiones proferidas por la CSJ – SL, entre ellas la sentencia SL24172025, en la que se señaló:

“Así las cosas, corresponde discernir si el Tribunal se equivocó al descartar la garantía de estabilidad por razones de salud, bajo el supuesto de que la renuncia del trabajador no estuvo motivada en causas atribuibles al empleador.

A fin de resolver, importa recordar que esta Sala ha enseñado que el despido indirecto, producto de la renuncia del trabajador , se configura cuando el empleador incurre en alguna o algunas de las causales previstas en el literal b) del art. 7º del Decreto 2351 de 1965, que modificó el art. 62 del CST . Asimismo, ha señalado que, si bien, al primero le basta acreditar la terminación del contrato de trabajo para impetrar judicialmente los efectos de su terminación injusta, en este caso, la carga de la prueba s e invierte y le corresponde demostrar que la decisión de renunciar obedeció a causas o motivos imputables al dador del empleo (CSJ SL148772016, del 5 oct.2016, rad. 48885, reiterado en la CSJ SL745-2024).Ordinario Laboral

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Y ello supone acreditar, además, que el trabajado r manifestó en su momento los motivos de su dimisión, tal como lo exige el parágrafo del artículo 62 del CST al señalar que «la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en el momento de la extinción, la causal o m otivo de esa determinación. Posteriormente no pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos».”

Así las cosas, no basta, entonces, la mera inconformidad subjetiva del trabajador ni la existencia de un ambiente laboral tenso o exigente, sino que debe demostrarse un incumplimiento grave y actual del empleador que haga intolerable la continuación del vínculo laboral.

Dicho esto, procede la Sala a verificar las pruebas allegadas al plenario, ubicándose a folios 96 a 98 del pdf 03, la renuncia presen tada el 20 de junio de 2019, por la promotora del juicio, donde señaló que la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo, obedecía a situaciones de acoso laboral, por los malos tratos que padeció durante el primer semestre de ese año por parte de sus superiores inmediatos, situación que se puso de presente ante el Comité de Convivencia Laboral el 9 de mayo de 2019, sin que, a su juicio, se adoptaran las medidas del caso, razón por la cual también acudió al Ministerio del Trabajo para solic itar la correspondiente investigación , describiendo en su renuncia descalificaciones

Laboral el 9 de mayo de 2019, sin que, a su juicio, se adoptaran las medidas del caso, razón por la cual también acudió al Ministerio del Trabajo para solic itar la correspondiente investigación , describiendo en su renuncia descalificaciones reiteradas en relación con su desempeño, señalamientos públicos por presuntos errores, disminución progresiva de funciones y presiones relacionadas con su continuidad en e l cargo, afirmando que estas circunstancias afectaron su salud emocional y generaron un ambiente hostil que la llevó a tomar la decisión de terminar el vínculo para salvaguardar su bienestar y dignidad.

Adicionalmente, de las pruebas allegadas por la act ora en el Archivo 3 se advierte, en primer lugar, el documento obrante a folios 2 a 6, correspondiente a una intervención psicológica expedida en julio de 2020 por una trabajadora social en Estados Unidos, en la que se indica que la demandante fue evaluada en junio de 2020 y que cumplía criterios de trastorno de estrés postraumático; no obstante, los síntomas allí descritos se asocian a situaciones de violencia doméstica ocurridas en ese país y no a hechos derivados de la relación laboral con el Banco, además de haber sido emitido un año después de la renuncia.

De igual forma, a folios 16 a 37 obra informe psicológico correspondiente a la hija menor de la actora, fechado en octubre de 2020, en el que se señala que la menor se encontraba orientada, sin alteraciones cognitivas y con estado de ánimoOrdinario Laboral

Demandante: FRANKLIN ORTEGÓN PIRAGUATA

Demandado: MULTIFAMILIAR LOS CEREZOS CIUDADELA COLSUBSIDIO

menor se encontraba orientada, sin alteraciones cognitivas y con estado de ánimoOrdinario Laboral

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afectado por circunstancias familiares, sin que se consigne diagnóstico psiquiátrico grave ni relación alguna con el entorno laboral de la madre.

Adicionalmente de los folios 109 a 124 , en los que se allegan soportes de sesiones psicológicas recibidas por la demandante en 2019 y facturas asociadas al tema, junto con cuadros de liquidación económica de perjuicios; la Sala debe indicar que, el concepto allí referido emitido por un profesional particular, no constituye en si un dictamen pericial, el cual carece de soporte clínico institucional verificable y además no permite establecer con certeza la existencia de un trastorno o patología atribuible al entorno laboral , en consecuencia, de estas documentales la Sala no puede advertir la acreditación de un daño cierto ni la demostración de su nexo causal con el empleador.

Aunado a lo anterior, la promotora del juicio aporto al plenario otras pruebas documentales consistentes en d ocumentos en idioma inglés sin traducción oficial (folios 11 a 15 ), soportes de gastos incurridos por la demandante (folios 38 a 61), queja de acoso laboral ante el Banco del 9 de mayo de 2019 (folios 74 a 76), en la

(folios 11 a 15 ), soportes de gastos incurridos por la demandante (folios 38 a 61), queja de acoso laboral ante el Banco del 9 de mayo de 2019 (folios 74 a 76), en la que expone en síntesis su inconformidad por el presunto acoso laboral contra sus superiores Jenny Andrea Contreras y Fabio Andrés Díaz Villar, indicando que esos escenarios iniciaron en enero de 2019, tras manifestar su desacuerdo técnico durante la socialización de un modelo de prevención del fraude que, según afirma, fue presentado con un alcance distinto al originalmente diseñado , precisando que a partir de ese momento comenzó a recibir críticas reiteradas, cuestionamientos a su desempeño, retiro progresivo de funciones y descalificaciones , resaltando un episodio ocurrido el 7 de marzo de 2019 , en el que el Subgerente habría reaccionado de forma exaltada y utilizado expresiones ofensivas al revisar un informe, situación que, según indica, marcó el inicio de mayores tensiones laborales. Otro incidente ocurrió en abril de 2019 , cuando obtuvo una evaluación de desempeño desfavorable , que considera injustificada frente a su trayectoria previa.

También resalto la restricción de permisos, especialmente las relacionadas con las reuniones escolares de su hija, exigiéndose le por parte del Banco la reposición de tiempos, incrementándose la carga laboral de sus compañeros, pues mientras a ella se le redujeron funciones, la carga laboral de sus compañeros se incrementó, sin que se le permitiera brindarles apoyo.Ordinario Laboral

Demandante: FRANKLIN ORTEGÓN PIRAGUATA

Demandado: MULTIFAMILIAR LOS CEREZOS CIUDADELA COLSUBSIDIO

incrementó, sin que se le permitiera brindarles apoyo.Ordinario Laboral

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De otro lado se aportó el histórico de calificaciones de desempeño (folios 77 a 86), reproducción gráfica de contenido digital de los correos electrónicos entre la demandante y el Banco (folios 87 a 90 ), relacionados con: socialización circular modelo de prevención del fraude, programación de esa reunión, correo de reporte de reposición de tiempo en virtud de la hora utilizada para asistir a una reunión escolar y denuncia de acoso laboral. También se observa el documento contentivo de una queja dirigida al Ministerio del Trabajo del 12 de junio de 2019 (folios 91 a 94) en la que se expone que los superiores Fabio Andrés Díaz Villar y Jenny Andrea Contreras están acosando laboralmente a la demandante, reiterando los mismos hechos narrados en la carta interpue sta ante el Comité de Convivencia de la demandada, sin embargo, pese que no se advierte constancia de radicación, se observa que esta solicitud fue remitida por competencia a la Procuraduría General de la Nación, por tratarse de una servidora pública, entidad que a su vez dispuso remitir la petición al Banco Agrario de Colombia – Comité de Convivencia Laboral, para su competencia.

Aunado a lo anterior, en el plenario fueron recaudadas las siguientes declaraciones:

remitir la petición al Banco Agrario de Colombia – Comité de Convivencia Laboral, para su competencia.

Aunado a lo anterior, en el plenario fueron recaudadas las siguientes declaraciones:

Interrogatorio de parte de la demandante, quien expuso que ingresó al Banco Agrario inicialm ente a través de una empresa temporal y posteriormente fue vinculada directamente en 2012. Señaló que tuvo un desempeño destacado durante varios años y que fue trasladada al área de prevención del fraude por sus resultados laborales. En cuanto al asunto en controversia, expuso que los temas de acoso surgieron a comienzos del año 2019, tras un desacuerdo técnico sobre la implementación de un modelo de prevención del fraude , manifestando que, luego de expresar su inconformidad frente a la forma como se estaba presentando el proyecto, comenzó a recibir descalificaciones, retiro progresivo de funciones, incremento de carga laboral y cuestionamientos constantes a su desempeño. Relató un episodio específico en marzo de 2019 en el que el subgerente habría reaccionado de manera exaltada frente a un error en un informe , por lo que, presentó queja ante el Comité de Convivencia y posteriormente ante el Ministerio del Trabajo. Indicó que su renuncia fue motivada por el ambiente laboral que consideraba hostil. Reconoció que obtuvo visa de turismo en mayo de 2019 y que viajó a Estados Unidos en julio del mismo año, indicando que esas actuaciones por parte de sus compañeros en el trabajo le afectaron emocionalmente.Ordinario Laboral

Demandante: FRANKLIN ORTEGÓN PIRAGUATA

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parte de sus compañeros en el trabajo le afectaron emocionalmente.Ordinario Laboral

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Yenny Andrea Contreras (exjefa de la demandante) señaló que fue superior jerárquico directa de la promotora del juicio en el área de prevención del fraude , indicando que la relación laboral entre ellas fue cordial y que las observaciones realizadas a la trabajadora correspondía n a retroalimentaciones técnicas propias del ejercicio del cargo, respondiendo a la supervisión en un área de alta exigencia. También refirió que nunca negó permisos ni exigió reposición indebida de tiempo, y negó haber incurrido en gritos, humillaciones o actos de acoso. De otro lado, dijo que la demandante había expresado su intención de cambiar su proyecto de vida y trasladarse al exterior, por lo que consideró que la renuncia obedeció a una decisión personal.

Fabio Andrés Díaz Villar (Subgerente de Seguridad Bancaria y Director del área de Prevención del Fraude del Banco Agrario para la época de los hechos), explicó que el área antifraude fue creada por exigencias regulatorias y que la demandante fue seleccionada para integrarla por cumplir con el perfi l requerido, resaltando que inicialmente su desempeño fue adecuado, pero que posteriormente se presentaron errores en informes y análisis de datos que requirieron correcciones. Negó haber ejercido conductas de maltrato, intimidación o amenazas de

resaltando que inicialmente su desempeño fue adecuado, pero que posteriormente se presentaron errores en informes y análisis de datos que requirieron correcciones. Negó haber ejercido conductas de maltrato, intimidación o amenazas de terminación del contrato , precisando que e l seguimiento al desempeño de desarrollo de las actividades encomendadas hacía parte de la dinámica normal del área y que no existió intención de despedirla por cláusula presuntiva , manifestó además que la renuncia de la demandante fue voluntaria y no producto de presión institucional.

De otra parte, se cuenta con el testimonio de Andrés Mauricio Valle Giraldo (quien para el año 2019 trabajaba en el Banco Agrario como profesional operativo en el área de servicio al cliente) y en su declaración indicó que una vez presenció un episodio en el que el señor Fabio Díaz habría tratado a