TSDJ BOG SL - 110013105018202200256 01-(30-09-2025)

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso Ordinario laboral Parte demandante ISABEL CRISTINA PEREZ POLO Parte demandada MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y OTROS Radicación 110013105018202200256 01 Fecha de la decisión 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Motivo APELACION Y CONSULTA

Tema BONO PENSIONAL Mag. Ponente KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA Link expediente 110013105018202200256 -01 No. de Acta 304

AUTO

Mediante escrito allegado al correo electrónico de la Secretaría de la Sala (pdf 04 segunda instancia), el apoderado judicial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, doctor Freddy Leonardo González Araque, manifestó desistir del recurso de apelación interpuesto contr a la decisión de primera instancia en cuanto ordenó la indexación del bono pensional del demandante.

Ahora bien, revisada la Resolución N.° 0849 del 19 de abril de 2021, por medio de la cual se le confirió representación judicial al citado profesional, se advierte que la delegatura se otorgó con las facultades contempladas en el artículo 77 del Código General del Proceso. Esta norma, al establecer el alcance del poder otorgado a los apoderados judiciales de las entidades públicas, delimita sus funciones, p ero no consagra la facultad expresa para desistir de los recursos interpuestos ni de los actos procesales promovidos.

apoderados judiciales de las entidades públicas, delimita sus funciones, p ero no consagra la facultad expresa para desistir de los recursos interpuestos ni de los actos procesales promovidos.

Es así que, el poder debe indicar de manera expresa y precisa las facultades especiales, como lo es la de desistir, sin que pueda presumi rse su existencia cuando no aparece consignada en el mandato.

Así las cosas, al no acreditarse que el apoderado judicial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público esté expresamente facultado para desistir, la Sala no puede acceder a la solicitud presentada.

De otra parte, obra en el expediente memorial presentado por la apoderada de la parte demandante, doctora Carolina Nempeque Viancha, mediante el cual sustituyóel poder conferido al ab ogado Miguel Arcángel Sánchez Cristancho, quien aceptó el encargo (pdf 05 segunda instancia)

De conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 145 del C.P. del T. y de la S.S., la sustitución de poder re sulta procedente siempre que el nuevo apoderado acepte expresamente la designación, lo cual ocurrió en este caso. En consecuencia, se reconocerá personería al doctor Sánchez Cristancho como sustituto, con las mismas facultades previamente otorgadas.

En consecuencia, se RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desistimiento del recurso de apelación presentada por el apoderado judicial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por cuanto no acreditó contar con facultad expresa para ello, según lo dispuesto en los artículos 73 y 74 del C.G.P.

por el apoderado judicial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por cuanto no acreditó contar con facultad expresa para ello, según lo dispuesto en los artículos 73 y 74 del C.G.P.

SEGUNDO: ADMITIR la sustitución de poder presentada por la apoderada de la parte demandante, doctora Carolina Nempeque Viancha, y en consecuencia reconocer personería al abogado Miguel Arcángel Sánchez Cristancho, identificado como obra en el expediente, para que continúe en representación de la demandante, con las mismas facultades conferidas.

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere Sentencia en forma escrita y procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones, Protección y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como también se estudiará el grado de consulta en favor de Colpensiones y el Ministerio de Hacienda , en razón de la Sentencia proferida 05 de septiembre de 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

1.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 01)

La señora Isabel Cristina Pérez Polo, a través de apoderada judicial, interpuso demanda ordinaria laboral en contra del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. y de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La demandante pretendió que se declarara su derecho a la devolución de aportes efectuados en calidad de trabajadora del sector privado, que se ordenara al Ministerio la emisión del

S.A. y de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La demandante pretendió que se declarara su derecho a la devolución de aportes efectuados en calidad de trabajadora del sector privado, que se ordenara al Ministerio la emisión del bono pensional correspondiente y que, en consecuencia, se dispusiera que la AFP Protección reconociera y pagara dicha devolución, junto con la indexación legal de las sumas debidas, así como las costas del proceso.

En su escrito, la parte actora expuso que había cotizado al sistema pensional tanto en empresas privadas, a través de Colpensiones y posteriormente en la AFP Protección,como en el Magisterio. Señaló que el Fondo Nacional de Prestaciones Socia les del Magisterio le había reconocido pensión de jubilación mediante la Resolución 3288 del 2 de julio de 2020, sin que se hubieran tenido en cuenta los aportes hechos en el sector privado. Manifestó que solicitó al Ministerio de Hacienda la emisión del b ono pensional por dichos aportes, pero este lo negó aduciendo que ya gozaba de una pensión reconocida por el Magisterio. Posteriormente, pidió a la AFP Protección la devolución de aportes, recibiendo respuesta negativa en mayo de 2022.

Alegó que la negati va de las entidades demandadas desconoció principios como la favorabilidad laboral, la irrenunciabilidad de derechos y la compatibilidad entre la pensión oficial reconocida por el Magisterio y la indemnización sustitutiva de pensión derivada de aportes pri vados. Reforzó su planteamiento con jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, destacando que la pensión oficial y la pensión o devolución por servicios prestados en

derivada de aportes pri vados. Reforzó su planteamiento con jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, destacando que la pensión oficial y la pensión o devolución por servicios prestados en el sector privado tienen naturaleza y origen distintos, por lo que no configuran una doble asignación proveniente del tesoro público

1.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, mediante Auto del 10 de octubre de 2022, inadmitió la demanda inicial presentada (pdf 03). Posteriormente, mediante auto del 22 de febrero de 2023, el despacho admitió la demanda formulada en contra del Ministerio de Hacienda y de la sociedad Protección S.A., disponiendo igualmente la notificación de la Agencia Nacional de D efensa Jurídica del Estado, como parte vinculada al trámite (pdf 05).

Luego, con providencia del 26 de octubre de 2023, el juzgado tuvo por contestada la demanda por parte de Protección y del Ministerio de Hacienda, y ordenó vincular a la Administradora C olombiana de Pensiones – Colpensiones, al advertir su eventual responsabilidad en el litigio (pdf 09). Más adelante, mediante el 21 de junio de 2024, se tuvo por presentada la contestación de Colpensiones y se fijó fecha para la realización de la respectiva audiencia (pdf 13).

Finalmente, el 5 de septiembre de 2024 se llevó a cabo la audiencia programada, cuya acta dejó constancia de que en ella se emitió el fallo de primera instancia, decidiendo de fondo el asunto objeto del litigio (pdf 18).

Finalmente, el 5 de septiembre de 2024 se llevó a cabo la audiencia programada, cuya acta dejó constancia de que en ella se emitió el fallo de primera instancia, decidiendo de fondo el asunto objeto del litigio (pdf 18).

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1.3.1. PROTECCIÓN (PDF 06)

En la contestación de la demanda, la parte convocada inició proponiendo la excepción previa de falta de integración del contradictorio, señalando que era necesario vincular a COLPENSIONES como litisconsorte necesario, dado que el reconocimiento de la pensión de vejez por garantía mínima implicaba la inclusión del bono pensional cuya emisión y pago dependían del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de aquella entidad. Enseguida, formuló excepciones de f ondo, entre ellas la inexistencia de la obligación a cargo de PROTECCIÓN, el cumplimiento de las obligaciones frente a laafiliada, la inexistencia de intereses de mora, la prescripción respecto de las prestaciones exigibles hace más de tres años, la buena fe en su proceder, la responsabilidad exclusiva del emisor del bono pensional en su pago y una excepción innominada.

Seguidamente, el escrito se pronunció frente a los hechos de la demanda, admitiendo algunos relativos a la afiliación, cotizaciones y reconocimiento de pensiones por parte de la Secretaría de Educación y del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, pero negando otros en los que no le constaba o aclarando que resultaban contrarios a la realidad, en particular lo relacionado con el rech azo de la pensión de vejez por garantía mínima. Expuso que ello obedecía a la negativa del Ministerio de Hacienda y

a la realidad, en particular lo relacionado con el rech azo de la pensión de vejez por garantía mínima. Expuso que ello obedecía a la negativa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de emitir el bono pensional, por considerarlo incompatible con la pensión de jubilación reconocida por el Fondo del Magisterio, situación que había sido comunicada a la demandante en diferentes oportunidades.

En relación con las pretensiones, la administradora manifestó oposición a aquellas que le atribuían la obligación de reconocer la devolución del bono pensional o los aportes, indicando que se encontraba en imposibilidad fáctica y jurídica de hacerlo mientras el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y COLPENSIONES persistieran en la negativa de emitir y pagar dicho título. Señaló que solamente hasta tanto se reconociera el bono y la cuota parte correspondiente, podría proceder con la devolución de saldos que integraban el capital del afiliado. Aceptó, sin que ello implicara allanamiento, la pretensión encaminada únicamente contra el Ministerio, se opuso a la condena en co stas y agencias en derecho por considerar que no había dado lugar a la demanda, y rechazó la condena extra o ultra petita, reiterando que no adeudaba suma alguna a la actora.

Indicó que PROTECCIÓN había adelantado todas las gestiones de manera diligente, actuando como simple intermediario, sin que pudiera atribuírsele mora o incumplimiento, pues la obligación material de emisión y pago correspondía a las entidades públicas responsables.

1.3.2. MINISTERIO DE HACIENDA (PDF 08)

incumplimiento, pues la obligación material de emisión y pago correspondía a las entidades públicas responsables.

1.3.2. MINISTERIO DE HACIENDA (PDF 08)

En la contestación de la demanda, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por intermedio de su apoderado judicial, señaló en primer lugar, la inexistencia de obligación y falta de responsabilidad de la Nación, pues sostuvo que la demandante, se encontraba excluida del Sistema General de Pensiones en virtud del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual su afiliación al RAIS debía considerarse inválida y contraria a la normatividad aplicable.

Explicó que, de ser acogida la tesis de la demandante, se produciría un doble beneficio con cargo a los recursos del Tesoro Público, al pretender combinar la pensión de jubilación del Magisterio con un bono pensional del RAIS, lo cual se hallaba expresamente prohibido por el artículo 128 de la Constituc ión. También alegó la imposibilidad jurídica de que el Ministerio expidiera bonos pensionales a favor de afiliados al régimen exceptuado, concluyendo que, en todo caso, debía ordenarse elregreso de la actora al ISS (hoy Colpensiones), como único competent e para reconocer alguna prestación por los tiempos efectivamente cotizados.

Posteriormente, el apoderado se opuso a cada una de las pretensiones, aduciendo que ninguna podía prosperar frente al Ministerio, pues la entidad no actuaba ni podía actuar como administradora de fondos de pensiones, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 4712 de 2008. Aclaró que la actora, como docente, pertenecía al régimen

actuar como administradora de fondos de pensiones, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 4712 de 2008. Aclaró que la actora, como docente, pertenecía al régimen especial del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y que su afiliación a la AFP Protección había sido errada y sin efectos jurídicos. Argumentó que la demandante ya había obtenido pensión de jubilación del citado Fondo, lo que confirmaba la imposibilidad de acceder adicionalmente a un bono pensional, dado su carácter de título de deuda pública financiado con recursos de la Nación. Recalcó que aceptar las pretensiones implicaría desconocer no solo la exclusión del artículo 279 de la Ley 100, sino también el principio de solidaridad y las restricciones constitucionales que impiden recibir más de una asignación del erario.

Destacó que la demandante tenía 408 semanas reportadas en el ISS antes de afiliarse al RAIS en 1997, pese a que simultáneamente permanecía vinculada al Fondo del Magisterio. Con base en ello, se afirmó que se configuraba una mú ltiple vinculación inválida y que, incluso en el evento hipotético de considerarse válida su afiliación al RAIS, debió haber renunciado expresamente al régimen exceptuado, lo cual nunca ocurrió. Concluyó, en suma, que la demandante carecía de derecho a bono pensional alguno, debiendo reconocerse que su pretensión resultaba improcedente, y que el Ministerio había obrado siempre de buena fe dentro de los límites de sus competencias legales.

1.3.3. COLPENSIONES (PDF 11)

La contestación presentada por Colpensiones inició proponiendo varias excepciones

Ministerio había obrado siempre de buena fe dentro de los límites de sus competencias legales.

1.3.3. COLPENSIONES (PDF 11)

La contestación presentada por Colpensiones inició proponiendo varias excepciones perentorias. Se planteó en primer lugar la prescripción, inexistencia del derecho y de la obligación por falta de reunir los requisitos legales, imposibilidad jurídica para reconocer y pagar derechos por fuera del ordenamiento legal, cobro de lo no debido, buena fe, imposibilidad de condena en costas; la innominada o genérica, falta de legitimación en la causa por pasiva.

La entidad recordó que fue vinculada como llamada en garantía, pero que las pretensiones de devolución de saldos estaban dirigidas realmente contra la AFP Protección, administradora actual de los recursos de la demandante. Reiteró que la actora había sido afiliada al régimen de prima media hasta 1991, trasladándose luego a Porvenir en 1998 y más tarde a Protección en 2000. Agregó que la demandante obtuvo pensión de jubilación del Magisterio mediante Resolución 3288 del 2 de julio de 2020, lo cual evidenciab a que ya gozaba de prestación reconocida, reforzando la improcedencia de las pretensiones en contra de Colpensiones.

Frente a las pretensiones, la parte demandada se opuso expresamente a todas, señalando que estaban dirigidas contra la AFP Protección y el Ministerio de Hacienda, no contra Colpensiones. Solicitó, en consecuencia, que se absolviera a su representada y se condenara en costas a la actora. Reiteró que a Colpensiones leresultaba jurídicamente imposible reconocer derechos sin sustento normativo y que

no contra Colpensiones. Solicitó, en consecuencia, que se absolviera a su representada y se condenara en costas a la actora. Reiteró que a Colpensiones leresultaba jurídicamente imposible reconocer derechos sin sustento normativo y que su actuación había estado regida por la buena fe y la legalidad.

1.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (video 17 primera instancia)

El Juez Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá resolvió la litis ordenando al Ministerio de Hacienda levantar la restricción que impedía la liquidación y pago del bono, y disponiendo que dicha entidad junto con Colpensiones reconociese, emitieran, redimieran y transfirieran el valor correspondiente a la AFP Protección. A esta última se le impuso la obligación de adel antar las gestiones administrativas necesarias y, una vez recibidos los recursos, pagar al demandante la prestación económica consistente en la devolución de saldos. El despacho precisó que la liquidación del bono debía realizarse conforme al Decreto 1748 de 1995 y demás normas aplicables, teniendo en cuenta el salario base de la historia laboral, la fecha de traslado de régimen y la DTF correspondiente. Condenó en costas a las entidades demandadas.

En el desarrollo argumentativo, el despacho constató que la actora había efectuado cotizaciones al régimen de prima media en diferentes instituciones privadas, acumulando un número significativo de semanas que no fueron tomadas en cuenta al momento de reconocerle la pensión de jubilación por el Fondo del Magiste rio. Precisó que, conforme a la Ley 100 de 1993, los bonos pensionales constituyen aportes destinados a financiar las pensiones dentro del Sistema General y que, de

al momento de reconocerle la pensión de jubilación por el Fondo del Magiste rio. Precisó que, conforme a la Ley 100 de 1993, los bonos pensionales constituyen aportes destinados a financiar las pensiones dentro del Sistema General y que, de acuerdo con los artículos 115 y 121 ibídem, es procedente la expedición del bono en favor de quienes hubieren cotizado al ISS u otras cajas del sector público o privado antes de su traslado al régimen de ahorro individual.

Concluyó que la coexistencia entre la pensión oficial reconocida por el Fondo del Magisterio y el derecho al bono pensional no configuraba incompatibilidad alguna, recordando que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que las pensiones de jubilación reconocidas a docentes oficiales no se oponen a la pensión de vejez derivada de servicios prestados en entidades privadas, siempre que correspondan a periodos laborales diferentes. Citó en apoyo de su razonamiento providencias en las que se ha señalado que el bono pensional refleja los aportes efectuados en el régimen de prima media y debe ser emitido aun c uando el afiliado ya tenga otra pensión reconocida por un régimen exceptuado.

Asimismo, determinó que Colpensiones debía responder por la cuota parte derivada de las cotizaciones efectuadas con posterioridad al 1º de abril de 1994, en tanto que la Nación debía asumir las cotizaciones previas a esa fecha. Aclaró que la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda tiene la facultad técnica para levantar la restricción que había impedido la expedición del bono y, una vez hecho esto, Protección debí a presentar la liquidación respectiva a la demandante para su

Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda tiene la facultad técnica para levantar la restricción que había impedido la expedición del bono y, una vez hecho esto, Protección debí a presentar la liquidación respectiva a la demandante para su aceptación y proceder con los trámites ante los emisores y cuotapartistas.

El Juez también consideró improcedente la excepción de prescripción, al constatar que la demandante presentó la reclamación administrativa ante Protección S.A., fueen abril de 2022 y la demanda judicial en julio del mismo año, sin que hubiera transcurrido el término legal.

1.5. RECURSO DE APELACIÓN

PROTECCIÓN S.A.

Protección interpuso recurso solicitando la revocatoria p arcial del fallo, sosteniendo que Protección nunca ha desconocido la devolución de saldos del bono pensional y que, en consecuencia, no debía ser condenada al pago de costas ni a la indexación. Alegó que la devolución de saldos corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como emisor del bono, y no a la administradora demandada, de modo que la condena resultaba improcedente.

MINISTERIO DE HACIENDA

Seguidamente, la representante del Ministerio de Hacienda apeló la decisión cuestionando la orden de indexación del bono pensional. Explicó que dicho bono, al momento de su emisión y re dención, se capitaliza y se actualiza automáticamente, por lo que no pierde valor y no existe lugar a indexación adicional. En tal sentido, pidió revocar la orden impartida por el a quo y precisó que la obligación de emitir y pagar el bono corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entidad distinta a la

revocar la orden impartida por el a quo y precisó que la obligación de emitir y pagar el bono corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entidad distinta a la que representa.

COLPENSIONES

Finalmente, el apoderado de Colpensiones, interpuso recurso de apelación. manifestando, que la administradora de fondos de pensiones carece de responsabilidad sobre las pretensiones encaminadas a la devolución de saldos, pues actúa como administradora y no como titular de la obligación. Argumentó la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que el Ministerio de Hacienda es la entidad competente respecto a la prestación reclamada. Añadió que, en el trámite, su representada fue vinculada como llamada en garantía, sin que existiera fundamento para imponerle condena alguna, solicitando entonces que se revocaran las condenas en costas.

2. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA (CARPETA SEGUNDA INSTANCIA)

Surtido e l trámite en esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión, en razón de la apelación presentada por Colpensiones, Ministerio de Hacienda, y Protección, así como el grado de consulta en favor de Colpensiones y el Ministerio de Hacienda. Para ello, el despacho de conocimiento, con auto de 23 de septiembre de 2024 (pdf 02), dispuso admitir el recurso presentado, corriendo traslado a las partes para que presen ten sus alegatos de conclusión.

2.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓNCumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus

recurso presentado, corriendo traslado a las partes para que presen ten sus alegatos de conclusión.

2.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓNCumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022; las partes no se pronunciaron.

3. CONSIDERACIONES

Procede este Tribunal, a resolver el recurso de apelación presentado por las partes, así como también se estudiará el grado de consulta en favor de Colpensiones.

3.1. PROBLEMA JURÍDICO

Con base en lo anterior, y estando reunidos los presupuestos procesales y sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procederá a determinar si le asiste el derecho a la demandante a la emisión y pago de un bono pensional tipo A, modalidad dos, por los aportes efectuados en el sector privado, y a la devolución de saldos correspondientes, pese a que la demandante obtuvo pensión de jubilación a cargo del Fondo del Magisterio, frente a la negativa del Ministerio de Hacienda y de Colpensiones que invocan la incompatibilidad jurídica derivada de su pertenencia al régimen exceptuado, asimismo determinar si la sentencia de primera instancia acertó al imponer condenas a dichas entidades y a la AFP Protección, y si procede la condena a la indexación del bono, a la responsabilidad de esta última en la devolución de saldos. Y si ¿es procedente la condena en costas en contra de Colpensiones y protección S.A.?

a la indexación del bono, a la responsabilidad de esta última en la devolución de saldos. Y si ¿es procedente la condena en costas en contra de Colpensiones y protección S.A.?

3.2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

HECHOS NO DISCUTIDOS

Se encuentran acreditados dentro del proceso y por ende no son hechos objeto de discusión los siguientes:

I. Que la demandante radicó derecho de petición el 7 de abril de 2022 ante la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, solicitando la emisión del bono pensional correspondiente a los tiempos cotizados al ISS —hoy Colpensiones— con el fin de obtener la devolución de aportes (fols. 13-16 pdf 01).

II. Que el Mini sterio de Hacienda, mediante respuesta del 20 de abril de 2022, negó la solicitud, argumentando que la peticionaria ya era pensionada por el FOMAG y que, en virtud de la prohibición constitucional, no podía recibir más de dos asignaciones provenientes del tesoro público (fols. 17-27 pdf 01).

III. Que la demandante formuló petición el 25 de abril de 2022 ante la AFP Protección S.A., solicitando la devolución de saldos o, en subsidio, el reconocimiento de la pensión de vejez (fols. 28-32 pdf 01).

IV. Que la AFP Protección, mediante respuesta del 19 de enero de 2022, informó a la peticionaria que, al realizar la verificación en el sistema de la Oficina deBonos Pensionales del Ministerio de Hacienda, se evidenció un error que

IV. Que la AFP Protección, mediante respuesta del 19 de enero de 2022, informó a la peticionaria que, al realizar la verificación en el sistema de la Oficina deBonos Pensionales del Ministerio de Hacienda, se evidenció un error que impedía la emisión del bono pensional, en tanto aparecía reportada como pensionada por otra entidad, situación que hacía incompatible el tipo de bono solicitado; por tal motivo no era posible reconocer la devolución de saldos (fols. 33-37 pdf 01).

V. Que la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá expidió la Resolución No. 3288 del 2 de julio de 2020, por la cual reconoció a la actora pensión vitalicia de jubilación como docente, con efectos a partir del 16 de agosto de 2019, en razón a que había prestado sus servicios como docente desde el 10 de abril de 1996 (fols. 50-51 pdf 01).

VI. Que la demandante nació el 15 de agosto de 1964, conforme se acreditó con su cédula de ciudadanía (fol. 55 pdf 01).

VII. Que obra en el expediente el formulario de afiliación a la AFP Protección S.A.

No. 5261218 del 24 d e marzo de 2000, mediante el cual la actora se trasladó desde el ISS al régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS) (fol. 17 pdf 06).

VIII. Que de la historia laboral expedida por la AFP Protección se desprende que la demandante acumuló semanas en otro régimen, registrándose un valor de bono pensional a 1º de noviembre de 1997 por $9.023.384 (fols. 18-31 pdf 06).

demandante acumuló semanas en otro régimen, registrándose un valor de bono pensional a 1º de noviembre de 1997 por $9.023.384 (fols. 18-31 pdf 06).

IX. Que la información consolidada de historia laboral allegada por Protección detalla afiliaciones y tiempos de cotización en diversas entidades, tales como Aya Garavito Enrique (1991), Corporación Universidad Libre (1991 -1994), Cooperativa de Asmedas y Coasm edas Ltda. (1993 -1997), Cooperativa de los Profesionales Coasmedas (1997 -1999), Jorge Eliécer Ramírez Ardila (2000) y Educación para la Inteligencia Empresarial – EDINEM S.A.S. (2003-2018) (fols. 36-70 pdf 06).

X. Que el Ministerio de Hacienda allegó un resu men de historia laboral con fines de emisión de bono pensional (fols. 22-24 pdf 08).

XI. Que Colpensiones, en comunicación del 19 de mayo de 2022, informó a la demandante que el trámite para la emisión del bono pensional debía gestionarse a través de la admin istradora de ahorro individual ante el Ministerio de Hacienda (pdf 11).

XII. Que la demandante elevó petición ante Colpensiones, solicitando el traslado de los aportes efectuados a esa entidad hacia la AFP Protección para efectos de devolución de aportes y, en subsidio, el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez (fols. 54-55 pdf 11).

XIII. Que reposa historia laboral de Colpensiones (fols. 242-252pdf 12 )COMPATIBILIDAD DEL RÉGIMEN DEL MAGISTERIO CON EL SISTEMA GENERAL

DE PENSIONES

En primer término, resulta pertinente recordar que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 consagra un marco exceptivo respecto del Sistema Integral de Seguridad Social, del cual se sustrae expresamente a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Dicha norma, además de consagrar la compatibilidad de sus prestaciones con otras pensiones o remuneraciones, atribuye al Fondo la responsabilidad de expedir y pagar los bonos pensionales en favor de los docentes que se retiren del servicio, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 279. EXCEPCIONES. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas. Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida.” (Subraya por fuera).

A su vez, el artículo 31 del Decreto 692 de 1994 reafirma esa compatibilidad al reconocer que los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

reglamentación que para el efecto se expida.” (Subraya por fuera).

A su vez, el artículo 31 del Decreto 692 de 1994 reafirma esa compatibilidad al reconocer que los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que adicionalmente presten sus se rvicios al secto