TSDJ BOG SP - 110012204000202400667 00-(01-03-2024)

República de Colombia

Rama Judicial Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Penal

Magistrado Ponente: EFRAÍN ADOLFO BERMÚDEZ MORA Radicación: 110012204000202400667 00

Accionante: Juan David Hernández Rojas

Accionado: Juzgado Veintinueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá Derecho: Debido proceso y otro

Decisión:

Aprobado: Ampara

Acta No.: 027

Bogotá, D.C., primero (1) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

1. ASUNTO

Resolver la acción de tutela presentada por JUAN DAVID HERNÁNDEZ ROJAS, en contra del JUZGADO VEINTINUEVE PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ, por la vulneración de sus derechos fundamentales.

2. HECHOS Y ANTECEDENTES

El accionante manifestó que, 14 de diciembre 2023, envió una petición a la autoridad judicial accionada denominada “SOLICITUD

DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN POR HOMONIMIA

INVOCANDO EL DERECHO A LA IGUALDAD DEL SR (sic) JUAN

DAVID HERNANDEZ (sic) ROJAS”.

Sostiene que, el 16 de diciembre de 2023, el juzgado contestó que, no se ha dictado sentencia, por lo que, no es posible suministrarle ni certificarle ninguna información, en tanto la persona que se está investigando y que tiene el mismo nombre del accionante reporta un número de cédula diferente, po r ende, debe

que, no se ha dictado sentencia, por lo que, no es posible suministrarle ni certificarle ninguna información, en tanto la persona que se está investigando y que tiene el mismo nombre del accionante reporta un número de cédula diferente, po r ende, debe dirigirse a la fiscalía encargada del caso para aclarar sus dudas.110012204000202400667 00 Juan David Hernández Rojas Juzgado Veintinueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá

Página 2 de 19

Posteriormente, realizó un recuento del contenido de la misiva aludida y especificó que las solicitudes giraron en torno a que: (i) se expida certificado en el que se informe si es el actor quien funge como procesado en la actuación aludida, especificando su nombre completo y número de cedula; (ii) se realice la actualización en la página web de la Rama judicial de la información de los sujetos procesales y frente al procesado se ingrese nombre completo y número de cedula o se realice el ocultamiento de los datos.

Así las cosas, solicitó a este juez constitucional, se amparen sus derechos fundamentales conforme a lo expuesto en la petición presentada.

3. ACTUACIÓN PROCESAL

3.1 Mediante auto calendado el 22 de febrero de 2024, esta Sala avocó conocimiento de la acción constitucional interpuesta por JUAN DAVID HERNÁNDEZ ROJAS, en contra del JUZGADO VEINTINUEVE PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ; igualmente, se vinculó oficiosamente a l CENTRO DE SERVICIOS

PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ; igualmente, se vinculó oficiosamente a l CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO D E BOGOTÁ, a la FISCALÍA CIENTO DIECISIETE SECCIONAL DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PÚBLICA DE BOGOTÁ y a la DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALÍAS D E

BOGOTÁ.

3.2 El CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTÁ, informó que, revisadas sus bases de datos, en contra de JUAN DAVID HERNÁNDEZ ROJAS, identificado con cédula 1.077.973.206, no se registra ningún proceso.110012204000202400667 00 Juan David Hernández Rojas Juzgado Veintinueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá

Página 3 de 19

Sin embargo, consultado solo p or el nombre, se observa el proceso 110016000019202100293, en el que funge como procesado Juan David Hernández Rojas, identificado con cédula de ciudadanía número 1.110.536.499.

Indicó que, el 23 de agosto de 2023, el JUZGADO VEINTINUEVE PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ, decretó la preclusión por muerte respecto de Juan David Hernández Rojas, identificado con cédula de c iudadanía número 1.110.536.499, empero, la actuación continúa en etapa de juicio oral, dado que concurre otro acusado.

Rojas, identificado con cédula de c iudadanía número 1.110.536.499, empero, la actuación continúa en etapa de juicio oral, dado que concurre otro acusado.

Asimismo, adujo que, revisada la plena identidad que obra en el expediente, se observa que, Juan David Hernández Rojas , se identifica con cédula de ciudadanía número 1.110.536.499.

En lo que respecta a la demanda de tutela, aseveró que, el accionante no presentó petición ante dicha dependencia administrativa, ni tampoco se observa en sus bases de datos alguna misiva del quejoso pendiente de resolver.

En suma, solicitó, sea desvincul ado del presente trámite constitucional, en tanto no ha vulnerado los derechos fundamentales del promotor.

3.3 El JUZGADO VEINTINUEVE PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ, expuso que, en efecto el 14 de diciembre de 2023, recibió la solicitud del accionante.

Al respecto, anotó que, el 16 de diciembre de 2023, respondió e indicó que, no se ha dictado sentencia, por lo que, no es posible suministrarle ni certificarle ninguna información, en tanto la110012204000202400667 00 Juan David Hernández Rojas Juzgado Veintinueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá

Página 4 de 19

persona que se está investigando y que tiene el mismo nombre del accionante reporta un número de cédula diferente, po r ende, debe dirigirse a la Fiscalía encargada del caso para aclarar sus dudas.

Página 4 de 19

persona que se está investigando y que tiene el mismo nombre del accionante reporta un número de cédula diferente, po r ende, debe dirigirse a la Fiscalía encargada del caso para aclarar sus dudas.

Así las cosas, manifestó que, la anterior respuesta se brindó en virtud de que, en el despacho cursa el proceso 11001600001920210029300, que se sigue en contra de José Francisco Fusid Cordero y Juan David Hernández Rojas, identificado este último con cédul a de ciudadanía número 1.110.536.499, por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Además, resaltó que, dentro de tal actuación, el 24 de agosto de 2023, respecto del señor Juan David Hernández Rojas, identificado con cédula de ciudada nía número 1.110.536.499. se precluyó la investigación por muerte.

En ese contexto, sostuvo que, contestó de fondo la solicitud del promotor , informándole que no era posible atender su pretensión y le requirió que se dirigiera al ente acusador para obtener mayor información.

Corolario de lo anterior, solicitó, se niegue la presente acción de tutela, dado que no transgredió las garantías constitucionales del quejoso.

3.4 FISCALÍA CIENTO DIECISIETE SECCIONAL DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PÚBLICA DE BOGOTÁ, expresó que, en su despacho cursa la actuación 110016000019202100293, en contra de Juan David Hernández Rojas , identificado con cédula de ciudadanía 1.110.536.499.110012204000202400667 00

la actuación 110016000019202100293, en contra de Juan David Hernández Rojas , identificado con cédula de ciudadanía 1.110.536.499.110012204000202400667 00 Juan David Hernández Rojas Juzgado Veintinueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá

Página 5 de 19

En ese sentido, aseveró que, cada cupo numérico es único, motivo por el que no se están vulnerando los derechos del promotor, puesto que, el número de identificación del procesado es totalmente diferente al del quejoso.

3.6 La DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALÍAS DE BOGOTÁ, expuso que, trasladó la demanda de tutela a la FISCALÍA CIENTO DIECISIETE SECCIONAL DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PÚBLICA DE BOGOTÁ, para que se pronuncie al respecto.

Seguidamente, sostuvo que, no puede intervenir en las decisiones judiciales que deban adoptar los fiscales dentro de sus procesos, en atención a la independencia y a utonomía de la que gozan estos funcionarios conforme lo dispone el artículo 5 de la Ley 270 de 1996.

En suma, requirió su desvinculación del presente trámite constitucional.

4. CONSIDERACIONES

4.1 Competencia

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1° del Decreto 333 de 2021, es competente esta Sala para proferir fallo de primera instancia dentro de la presente acción de tutela.

El artículo 86 de la Constitución Política consagra el

333 de 2021, es competente esta Sala para proferir fallo de primera instancia dentro de la presente acción de tutela.

El artículo 86 de la Constitución Política consagra el mecanismo de protección, cuya razón de ser no es otra que la de conceder a toda persona un procedimiento preferente y sumario para reclamar ante los jueces de la República, la protección inmediata, en cualquier tiempo y lugar, de sus derechos110012204000202400667 00 Juan David Hernández Rojas Juzgado Veintinueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá

Página 6 de 19

fundamentales cuando considere que han sido violados o se encuentren amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, siempre que el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice transitoriamente para evitar un perjuicio irremediable. En un Estado social de derecho la protección de tales garantías debe ser real y material, a ello apunta la tutela.

Esta Sala debe, en primer lugar, determinar si en la presente acción constitucional se cumplen los requisitos generales de procedencia. En caso de que así sea, se deberá establecer si en el sub judice el extremo accionado y/o vinculado, vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante.

4.2 Análisis de procedencia de la acción de tutela

4.2.1 Legitimación en la causa por activa

Respecto de la legitimación por activa, el artículo 86 de la Constitución Política dispone el derecho de toda persona de reclamar mediante acción de tutela la protección inmediata de sus derechos fundamentales.

En igual sentido, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991,

Constitución Política dispone el derecho de toda persona de reclamar mediante acción de tutela la protección inmediata de sus derechos fundamentales.

En igual sentido, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, consagra que “la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.”

En el caso concreto, JUAN DAVID HERNÁNDEZ ROJAS, se encuentra legitimado en la causa para ejercer la acción de tutela, dado que actúa directamente reclamando la protección de sus110012204000202400667 00 Juan David Hernández Rojas Juzgado Veintinueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá

Página 7 de 19

derechos fundamentales presuntamente vulnerados, ante la negativa de la autoridad judicial accionada de actualizar la información que aparece en la página web de la Rama J udicial respecto del proceso penal 110016000019202100293, en el sentido de, agregar el número de cédula de la persona que aparece como procesada.

4.2.2 Legitimación en la causa por pasiva

El artículo 86 de la Constitución Política establece que este amparo tiene por objeto la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales, cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públi cas o por el actuar de los particulares, en los casos previstos en la Constitución y en la ley.

De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, respecto esta exigencia de procedibilidad, se deben

autoridades públi cas o por el actuar de los particulares, en los casos previstos en la Constitución y en la ley.

De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, respecto esta exigencia de procedibilidad, se deben acreditar dos requisitos: “por una parte, que se trate de uno de los sujetos respecto de los cuales procede el amparo; y, por la otra, que la conducta que genera la vulneración o amenaza del derecho se pueda vincular, directa o indirectamente, con su acción u omisión.”1

En el asunto bajo examen, se evidenci a la legitimación por pasiva del JUZGADO VEINTINUEVE PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ, por cuanto es la autoridad que tiene a cargo de la noticia criminal 110016000019202100293 y a la que el libelista dirigió la petición del 14 de diciembre de 2023.

Asimismo, el CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, tiene interés en el presente asunto por cuanto

1 Corte Constitucional. Sentencia T-348 de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.110012204000202400667 00 Juan David Hernández Rojas Juzgado Veintinueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá

Página 8 de 19

alimenta los datos en los sistemas de consulta de la Rama Judicial, de manera que, es la facultada para mantener actualizada la información de los procesos penales correspondientes.

Por su parte, en lo que respecta a la FISCALÍA CIENTO DIECISIETE

alimenta los datos en los sistemas de consulta de la Rama Judicial, de manera que, es la facultada para mantener actualizada la información de los procesos penales correspondientes.

Por su parte, en lo que respecta a la FISCALÍA CIENTO DIECISIETE SECCIONAL DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PÚBLICA DE BOGOTÁ, es el despacho fiscal que ejerce la acción penal dentro del proceso 110016000019202100293, por lo que , es la autoridad que individualizó e identificó a las personas acus adas en la respectiva actuación.

Finalmente, la DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALÍAS DE BOGOTÁ, tiene legitimación por pasiva, comoquiera que, es la dependencia a la que se encuentra adscrita el despacho fiscal censurado y dentro de sus funciones está la distribución de las labores entre los fiscales bajo su cargo.

4.2.3 Inmediatez

Sobre este requisito de procedibilidad se tiene que “La acción de tutela también exige que su interposición se haga dentro de un plazo razonable, contabilizado a partir del momento en el que se generó la vulneración o amenaza de un derecho fundamental, de manera que el amparo responda a la exigencia constitucional de ser un instrumento judicial de aplicación inmediata y urgente (CP art. 86), con miras a asegurar la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza. Este requisito ha sido identificado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como el principio de inmediatez.”2

2 Ibídem.110012204000202400667 00 Juan David Hernández Rojas Juzgado Veintinueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá

principio de inmediatez.”2

2 Ibídem.110012204000202400667 00 Juan David Hernández Rojas Juzgado Veintinueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá

Página 9 de 19

En el caso particular, el peticionario interpuso acción de tutela el 21 de febrero de 2024, es decir, poco más de dos meses después de que elevó solicitud ante el JUZGADO VEINTINUEVE PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ -14 de diciembre de 2023-, término a todas luces razonable.

4.2.4 Subsidiariedad

En cuanto al principio de subsidiariedad, ha establecido el alto Tribunal Constitucional que, “ conforme al artículo 86 de la Constitución, implica que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En otras palabras, las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de este mecanismo constit ucional como vía preferente o instancia judicial adicional de protección.”3

No obstante, en aquellos eventos en que existan otros medios de defensa judicial, la Corte Constitucional ha determinado que existen dos excepciones que justifican su procedibilidad: “(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso estudiado, procede el amparo como

existen dos excepciones que justifican su procedibilidad: “(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii) cuando, pe se a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo transitorio.”4

3 Corte Constitucional. Sentencia T-375 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 4 Ibídem.110012204000202400667 00 Juan David Hernández Rojas Juzgado Veintinueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá

Página 10 de 19

Como quedó expuesto, la parte actora deprecó el amparo de sus derechos fundamentales, comoquiera que, la accionada no actualiza la información que parece en la página web de la Rama Judicial respecto del proceso penal 110016000019202100293, en el sentido de , agregar el número de cédula de la persona que aparece como procesada.

Así las cosas, con el objeto de abordar el caso concreto, resulta imperioso determinar los derechos fundamentales de HERNÁNDEZ ROJAS, que presuntament e han sido transgredidos por las entidades demandadas y vinculadas, puesto que, si bien es cierto el quejoso alegó la vulneración de las garantías de trabajo, igualdad, buen nombre y habeas data, las afirmaciones contenidas en el escrito de tutela, giran exclusivamente en torno a la actualización de los registros del sistema de la Rama Judicial

el quejoso alegó la vulneración de las garantías de trabajo, igualdad, buen nombre y habeas data, las afirmaciones contenidas en el escrito de tutela, giran exclusivamente en torno a la actualización de los registros del sistema de la Rama Judicial respecto al proceso penal 110016000019202100293, por lo que, el estudio se centrará en las prerrogativas de hábeas data y buen nombre.

Así pues , en la medida en que previamente acudió ante el JUZGADO VEINTINUEVE PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ con el fin de obtener de actualización de la información contenida en las bases de datos de la rama judicial, JUAN DAVID HERNÁNDEZ ROJAS, no cuenta con un mecanismo diferente a la acción de tutela para la protección de su s derechos fundamentales.

En suma, en el caso concreto se considera que, se ha superado el análisis de procedencia del amparo constitucional, respecto de la vulneración alegada, por ende, se determinará si el extremo pasivo accionado ha vulnerado el derecho fundamental del libelista.110012204000202400667 00 Juan David Hernández Rojas Juzgado Veintinueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá

Página 11 de 19

4.3 De los derechos vulnerados

4.3.1 Hábeas data y buen nombre

El núcleo esencial de estas garantías se funda en el artículo 15 de la Constitución Política , el cual establece que, “ Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre (…). De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar

El núcleo esencial de estas garantías se funda en el artículo 15 de la Constitución Política , el cual establece que, “ Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre (…). De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas…”.

Así las cosas, respecto a su naturaleza, características y la forma en que pueden verse transgredidos tales derechos por las publicaciones que vinculan a una persona a un proceso penal, la Corte Constitucional ha explicado:

“A partir de los enunciados normativos de dicho artículo 15 es posible identificar la existencia de tres derechos fundamentales: la intimidad, el buen nombre y el habeas data. Pese a la cercanía conceptual de estos derechos, cada uno goza de autonomía, esto es, que es posible que una de estas garantías iusfundamentales se vea afectada y llegue a ser tutelada, y que no ocurra lo mismo frente a los dos restantes.

El derecho al buen nombre entendido como la imagen o reputación que un ciudadano ostenta frente a la comunidad de la cual hace parte, implica “la protección constitucional frente a expresiones ofensivas, oprobiosas, denigrantes, falsas o tendenciosas que generen detrimento de su buen crédito o la pérdida del respeto de su imagen personal”. Constituye “un de los más valiosos elementos del capital moral y social, y un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocido tanto por el Estado, como por la sociedad”.

Esta Corporación además ha reconocido que esta disposición contiene el derecho fundamental autónomo del habeas data que “busca

moral y social, y un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocido tanto por el Estado, como por la sociedad”.

Esta Corporación además ha reconocido que esta disposición contiene el derecho fundamental autónomo del habeas data que “busca proteger el dato personal, en tanto información que tiene la posibilidad de asociar un determinado contenido a una persona natural en concreto”. Este derecho adquiere una particular relevancia e n las sociedades contemporáneas en las que hay una acelerada trasmisión de la información y una vasta masa de datos, incluyendo los personales. Tras un amplio desarrollo jurisprudencial, se entiende actualmente que el derecho al habeas data está compuesto de las siguientes dimensiones: (i) conocer o acceder a la información que está recogida en las bases de datos sobre el titular; ( ii) incluir nuevos110012204000202400667 00 Juan David Hernández Rojas Juzgado Veintinueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá

Página 12 de 19

datos con el fin de que se provea una imagen completa del titular; (iii) actualizar la información; (iv) que la información contenida en las bases de datos sea corregida, y (iv) el excluir o suprimir información de una base de datos.

La protección de la información entra en tensión con otros principios constitucionalmente legítimos como la publicidad de las actuaciones judiciales, la transparencia, el debido proceso, y en algunos casos la participación democrática y el ejercicio de los derechos políticos. Para resolver dicha tensión, las leyes estatutarias 1266 de 2008 y 1581 de 2012, así como la jurisprudencia constitucional, clasificaron los datos a partir de su naturaleza de la cual se deriva su

políticos. Para resolver dicha tensión, las leyes estatutarias 1266 de 2008 y 1581 de 2012, así como la jurisprudencia constitucional, clasificaron los datos a partir de su naturaleza de la cual se deriva su mayor o menor protección, en los grupos de datos q ue se describen a continuación.

(…)

Ahora bien, además de los distintos grados de acceso a los datos, su protección está íntimamente relacionada con la sensibilidad de la información y el riesgo que represente para su titular. Al respecto, el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 se refirió a los datos sensibles como aquellos que “afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación”. Esta categoría debe ser tenida en cuenta por la entidad a cargo de la administración de los datos para la debida aplicación de los p rincipios que gobiernan la administración de los datos personales y la garantía del derecho fundamental al habeas data.

De otro lado, de la protección constitucional al habeas data se derivan los principios de la administración de datos per sonales que comprenden los de libertad, veracidad, finalidad, incorporación, e individualidad. Además, se encuentran los siguientes principios que tienen gran relevancia para el caso bajo estudio:

(…)

Integridad: la información que se registre o se divulgue a partir del suministro de datos personales debe ser completa, de tal forma que se encuentra prohibido el registro y divulgación de datos parciales, incompletos o fraccionados.

(…)

Estos tres derechos buscan proteger a las personas contra información que se causa o se propaga de manera falsa o errónea, pero también excediendo los límites del tratamiento de la

de datos parciales, incompletos o fraccionados.

(…)

Estos tres derechos buscan proteger a las personas contra información que se causa o se propaga de manera falsa o errónea, pero también excediendo los límites del tratamiento de la información, y que consiga distorsionar el concepto que la sociedad se pueda formar de la persona . Es posible que con una sola acción u omisión se afecten simu ltáneamente los derechos de la honra, el buen nombre y el habeas data, como es el caso de la publicación que vincula a una persona a un proceso penal, teniendo en cuenta que con este solo dato, se disminuye su capital reputacional, afectando prima facie los derechos a la honra y buen nombre.110012204000202400667 00 Juan David Hernández Rojas Juzgado Veintinueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá

Página 13 de 19

De hecho, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido los efectos de las anotaciones, incluyendo aquellas referidas a la extinción de la sanción penal, de la siguiente manera: “al hacer alus ión a los antecedentes penales del actor, su divulgación claramente genera una afectación en su esfera social y a sus derechos de reinserción social, al olvido y a la caducidad del dato negativo (…), lo cual, al tratarse de la exposición de información vinculada a su intimidad, si es utilizada de manera indebida, podría generarle perjuicios en el ejercicio de sus garantías como individuo perteneciente a una colectividad, máxime cuando sobre tales anotaciones, operó el fenómeno prescriptivo”.

Es claro entonces que la vinculación a un proceso penal -más allá

generarle perjuicios en el ejercicio de sus garantías como individuo perteneciente a una colectividad, máxime cuando sobre tales anotaciones, operó el fenómeno prescriptivo”.

Es claro entonces que la vinculación a un proceso penal -más allá de la sentencia condenatoria - genera en el investigado la calificación negativa. Así lo ha descrito ampliamente la criminología al exponer que los efectos del ejercicio del poder punitivo que se ciernen s obre el procesado desde el momento en que es llamado a comparecer en un proceso penal con independencia de las resultas del proceso. De ahí que la etiqueta de “delincuente” cumple con una función social de connotación negativa para quien la recibe. Esta afectación puede ocurrir cuando se publica, indefinidamente, la mera vinculación de una persona con un proceso penal” (negrillas fuera del texto)5.

4.3 Del caso concreto

En el caso bajo análisis, se observa que , la parte accionante deprecó el amparo de sus garantías fundamentales, puesto que, a pesar de elevar solicitud ante el JUZGADO VEINTINUEVE PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ, este no actualiza la información que aparece en la página web de la Rama Judicial respecto del proceso penal 110016000019202100293, en el sentido de agregar el número de cédula de la persona que aparece como procesada, pues es un homónimo del promotor.

En ese sentido , con miras a desatar el problema jurídico propuesto, corresponde a esta Sala, en primer lugar, determinar la identificación de los dos sujetos que responden al nombre Juan David Hernández Rojas.

En ese sentido , con miras a desatar el problema jurídico propuesto, corresponde a esta Sala, en primer lugar, determinar la identificación de los dos sujetos que responden al nombre Juan David Hernández Rojas.

5 Corte Constitucional, sentencia T-398 de 2023.110012204000202400667 00 Juan David Hernández Rojas Juzgado Veintinueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá

Página 14 de 19

Así las cosas , conforme al documento de identidad aportado por el promotor, se evidencia que, se llama JUAN DAVID HERNÁNDEZ ROJAS, con número de cé dula 1.077.973.200, de Villeta, Cundinamarca.

Por su parte , en lo que respecta a la persona vinculada al proceso penal 110016000019202100293, del informe de plena identidad, se observa que, se identificaba como Juan David Hernández Rojas y su código de identificación era 1.110.536.499, nacido en Soacha, Cundinamarca.

En ese contexto , se tiene que, ante el JUZGADO VEINTINUEVE PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ, se adelantó en contra Juan David Hernández Rojas , identificado con la cédula de ciudadanía número 1.110.536.499 y otro sujeto, el proceso penal 110016000019202100293, por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones , actuación que, en lo que respecta al procesado Hernández Rojas, se encuentra precluida por muerte.

fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones , actuación que, en lo que respecta al procesado Hernández Rojas, se encuentra precluida por muerte.

Asimismo, revisado el Sistema de C onsulta Unificada de Procesos de la Rama judicial, se avizora que, respecto de la actuación 110016000019202100293, en la información atinente a las partes, aparece lo siguiente:

Demandado JOSE FRANCISCO FUSID CORDERO

Demandado “JUAN DAVID HERNÁNDEZ ROJAS”

Fiscalía MILCIADES GUERRA MOERENO

FISCAL 274 SECCIONAL

Numero Interno NUMERO INTERNO 388909

Así pues, es evidente que, en el sub lite , los datos así plasmados, desatienden el principio de integridad de la información110012204000202400667 00 Juan David Hernández Rojas Juzgado Veintinueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá

Página 15 de 19

que hace parte integra del derecho fundamental de habeas data, según el cual, “la información que se registre o se divulgue a partir del suministro de datos personales debe ser completa, de tal forma que se encuentra prohibido el registro y divulgación de datos parciales, incompletos o fraccionados”6.

Lo anterior, dado que, atendiendo la particularidad del presente caso, la identificación realizada en la referenciada página web se enc