TSDJ BOG SP - 110012204000202400759 00-(14-03-2024)

República de Colombia

Rama Judicial Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Penal

Magistrado Ponente: EFRAÍN ADOLFO BERMÚDEZ MORA Radicación: 110012204000202400759 00

Accionante: Juan Manuel Álvarez Castañeda Accionado: Fiscalía Séptima Especializada contra los Delitos de Narcotráfico de Bogotá y otro Derecho: Debido proceso y otro

Decisión:

Aprobado: Improcedente

Acta No.: 031

Bogotá, D.C., catorce (14) marzo de dos mil veinticuatro (2024).

1. ASUNTO

Resolver la acción de tutela presentada por la apoderada judicial de JUAN MANUEL ÁLVAREZ CASTAÑEDA, en contra de la FISCALÍA SÉPTIMA ESPECIALIZADA CONTRA LOS DELITOS DE NARCOTRÁFICO DE BOGOTÁ y el abogado JUAN JOSÉ TORRES SÁNCHEZ, por la vulneración de sus derechos fundamentales.

2. HECHOS Y ANTECEDENTES

La parte accionante, manifestó que, el 29 de noviembre de 2023, solicitó al abogado JUAN JOSÉ TORRES SÁNCHEZ, paz y salvo del proceso penal 110016000098201700085, en el que fungió como defensor del promotor.

Agregó que, el 1 de diciembre de 2023, el letrado contestó el requerimiento, pero redactó mal el número de radicado en el documento, por lo que, el mismo día se le pidió la corrección del oficio, empero, han transcurrido más de 80 días sin recibir

requerimiento, pero redactó mal el número de radicado en el documento, por lo que, el mismo día se le pidió la corrección del oficio, empero, han transcurrido más de 80 días sin recibir respuesta de fondo.110012204000202400759 00 Juan Manuel Álvarez Castañeda Fiscalía Séptima Especializada contra los Delitos de Narcotráfico de Bogotá y otro

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Por ende, alegó que, la no contestación de la misiva aludida vulnera sus derechos fundamentales.

De otra parte, sostuvo que, el actor le otorgó poder a otro abogado; no obstante, la FISCALÍA SÉPTIMA ESPECIALIZADA CONTRA LOS DELITOS DE NARCOTRÁFICO DE BOGOTÁ, se niega a reconocerle personería jurídica al nuevo representante judicial, puesto que no existe paz y salvo y renuncia de JUAN JOSÉ TORRES SÁNCHEZ.

Aunado a lo anterior, indicó, el 11 de diciembre de 2023, el nuevo apoderado del quejoso, envió al despacho fiscal accionado poder especial, paz y salvo y renuncia del profesional en derecho anterior; además, solicitó copia del expediente 110016000098201700085, misiva que fue reiterada los días 13 de diciembre de 2023 y 3 de enero de 2024, sin que se haya emitido respuesta alguna.

Añadió que, los derechos del promotor también se ven afectados por el Juzgado Sesenta y Siete Penal Municipal con Función de Co ntrol de Garantías de Bogotá y por el Juzgado Cuarenta y Uno Penal del Circuito con Función de Conocimiento de

afectados por el Juzgado Sesenta y Siete Penal Municipal con Función de Co ntrol de Garantías de Bogotá y por el Juzgado Cuarenta y Uno Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, en tanto no citaron al procesado a una audiencia.

Finalmente, resaltó que, el 8 de noviembre de 2023, deprecó a la Fiscalía demandada información respecto del poder aportado por la defensa del demandante y, en caso de que no se haya aportado, requirió que se le indique si le asignaron un defensor en el proceso aludido, misiva que tampoco fue contestada.

En suma, solicitó, se ordene a los accionados responder las solicitudes elevadas por la parte actora y se decrete la nulidad de las pruebas y audiencias llev adas a cabo sin la presencia del abogado del quejoso.110012204000202400759 00 Juan Manuel Álvarez Castañeda Fiscalía Séptima Especializada contra los Delitos de Narcotráfico de Bogotá y otro

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3. ACTUACIÓN PROCESAL

3.1 Mediante auto calendado el 1 de marzo de 2024, se efectuó requerimiento previo con miras a que la apoderada del libelista acreditará su legitimación por activa para actuar en representación del accionante en el presente asunto.

El 6 de marzo de 2024, esta Sala avocó conocimiento de la acción constitucional interpuesta por la representante judicial de JUAN MANUEL ÁLVAREZ CASTAÑEDA, únicamente en lo que respecta

a la FISCALÍA SÉPTIMA ESPECIALIZADA CONTRA LOS DELITOS DE

acción constitucional interpuesta por la representante judicial de JUAN MANUEL ÁLVAREZ CASTAÑEDA, únicamente en lo que respecta a la FISCALÍA SÉPTIMA ESPECIALIZADA CONTRA LOS DELITOS DE NARCOTRÁFICO DE BOGOTÁ y el abogado JUAN JOSÉ TORRES SÁNCHEZ; lo anterior, dado que en el poder allegado, el promotor no facultó a la letrada para elevar la solicitud de amparo en contra de los Juzgados Sesenta y Siete Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá y e l Juzgado Cuarenta y Uno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá.

Además, se vinculó oficiosamente a la DIRECCIÓN SECCIONAL

DE FISCALÍAS DE BOGOTÁ.

3.2 La DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALÍAS DE BOGOTÁ, informó que, la petición objeto de reproche se elevó directamente ante el despacho fiscal accionado, por lo que corrió traslado a la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, para que allí se emita el pronunciamiento respectivo.

Seguidamente, sostuvo que, no puede intervenir en las decisiones judiciales que deban adoptar los fiscales dentro de sus procesos, en atención a la independencia y autonomía de la que gozan estos funcionarios conforme lo dispone el artículo 5 de la Ley 270 de 1996.110012204000202400759 00 Juan Manuel Álvarez Castañeda Fiscalía Séptima Especializada contra los Delitos de Narcotráfico de Bogotá y otro

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En suma , solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional.

Fiscalía Séptima Especializada contra los Delitos de Narcotráfico de Bogotá y otro

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En suma , solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional.

3.3 La FISCALÍA SÉPTIMA ESPECIALIZADA CONTRA LOS DELITOS DE NARCOTRÁFICO DE BOGOTÁ, frente a los poderes y paz y salvos aportados mediante los correos del 11, 13 de diciembre de 2023 y 3 de enero de 2024, manifestó que, el actor es libre de nombrar y cambiar sus abogados, empero, ello es una situación en la cual el despacho fiscal accionado no tiene injerencia, por lo que, en ese aspecto, carece de legitimación en la causa por pasiva.

Asimismo, indicó que, el reconocimiento de personería jurídica a los apoderados judiciales es una actividad propia de los despachos judiciales en las respectivas audiencias , pues la s fiscalías no emite n ese tipo de resolucione s dentro de las actuaciones regidas por la Ley 906 de 2004.

De otra parte, respecto a la petición del 11 de diciembre de 2023, en la que se solicitó copia de la actuación, adveró que, no accederá a tal requerimiento, dado que solo tendrá acceso a los elementos conforme a las previsiones de los artículos 336, 337 y 338 del Código de Procedimiento Penal.

Posteriormente, alegó que, a través de este medio tuitivo se pretende adjudicarle a la FISCALÍA SÉPTIMA ESPECIALIZADA CONTRA LOS DELITOS DE NARCOTRÁFICO DE BOGOTÁ, presuntas falencias

Posteriormente, alegó que, a través de este medio tuitivo se pretende adjudicarle a la FISCALÍA SÉPTIMA ESPECIALIZADA CONTRA LOS DELITOS DE NARCOTRÁFICO DE BOGOTÁ, presuntas falencias derivadas de las actuaciones propias de los jueces de instancia; en ese sentido, expuso que, no se observa la vulneración al derecho de defensa por no citar al abogado del libelista a la audiencia de lectura de auto de segunda instancia, pues ese es un proveído frente al que no proceden recursos.110012204000202400759 00 Juan Manuel Álvarez Castañeda Fiscalía Séptima Especializada contra los Delitos de Narcotráfico de Bogotá y otro

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En línea con lo anterior, sostuvo que, es el juzgador quien debe verificar la presencia de los abogados y si como lo expone el accionante, ha sido llevado a audiencia en más de 4 ocasiones sin su representante judicial, es al actor al que le corresponde informar que cambió de letrado.

Por otro lado, explicó que, las audiencias preliminares ocurren en la medida en que se presentan resultados en la indagación, por lo que no es factible tener una hora o fecha establecida par a la celebración de estas; además, manifestó que, son diligencias en las que simplemente se discute la forma en que se ejecutaron las actividades investigativas.

En consecuencia, concluyó que, no dio contestación a las peticiones, puesto que no le corresponde reconocer personería jurídica a los abogados.

Finalmente, anticipó que, dicha información sería comunicada a la parte actora.

En consecuencia, concluyó que, no dio contestación a las peticiones, puesto que no le corresponde reconocer personería jurídica a los abogados.

Finalmente, anticipó que, dicha información sería comunicada a la parte actora.

3.4 El abogado JUAN JOSÉ TORRES SÁNCHEZ, aceptó que, el 1 de diciembre de 2023, efectivamente recibió la petición de revocatoria del mandato y expedición de paz y salvo, la cual contestó enviando el documento solicitado, pero con el radicado incorrecto.

Asimismo, explicó que, en la misma fecha, recibió solicitud de corrección del CUI, a lo cual accedió de inmediato, por lo que no es cierto que no otorgó respuesta.

No obstante, aclaró que, en virtud del presente trámite tutelar, identificó que el documento que envió para corregir el error en el radicado, en realidad contenía el mismo yerro.110012204000202400759 00 Juan Manuel Álvarez Castañeda Fiscalía Séptima Especializada contra los Delitos de Narcotráfico de Bogotá y otro

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En ese orden de ideas, adveró que, accederá a la solicitud del accionante, motivo por el que anexó la revocatoria del poder y el paz y salvo corregidos.

Finalmente, expuso los motivos por los cuales no se deb e acceder a la pretensión de declaratoria de nulidad solicitada por la parte accionante.

4. CONSIDERACIONES

4.1 Competencia

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 86 de la

acceder a la pretensión de declaratoria de nulidad solicitada por la parte accionante.

4. CONSIDERACIONES

4.1 Competencia

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1° del Decreto 333 de 2021, es competente esta Sala para proferir fallo de primera instancia dentro de la presente acción de tutela.

El artículo 86 de la Constitución Política consagra el mecanismo de protección, cuya razón de ser no es otra que la de conceder a toda persona un procedimiento preferente y sumario para reclamar ante los jueces de la República, la protección inmediata, en cualquier tiempo y lugar, de sus derechos fundamentales cuando considere que han sido violados o se encuentren amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, siempre que el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice transitoriamente para evitar un perjuicio irremediable. En un Estado social de derecho la protección de tales garantías debe ser real y material, a ello apunta la tutela.

Esta Sala debe, en primer lugar, determinar si en la presente acción constitucional se cumplen los requisitos generales de procedencia. En caso de que así sea, se deberá establecer si en el110012204000202400759 00 Juan Manuel Álvarez Castañeda Fiscalía Séptima Especializada contra los Delitos de Narcotráfico de Bogotá y otro

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sub judice el extremo accionado y/o vinculado, vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante.

4.2 Análisis de procedencia de la acción de tutela

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sub judice el extremo accionado y/o vinculado, vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante.

4.2 Análisis de procedencia de la acción de tutela

4.2.1 Legitimación en la causa por activa

Respecto de la legitimación por activa, el artículo 86 de la Constitución Política dispone el derecho de toda persona de reclamar mediante acción de tutela la protección inmediata de sus derechos fundamentales.

En igual sentido, el artículo 10 del Decret o 2591 de 1991, consagra que “la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante”.

En el caso concreto, JUAN MANUEL ÁLVAREZ CASTAÑEDA, se encuentra legitimado en la causa para ejercer la acción de tutela, dado que actúa a través de apoderada reclamando la protección de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados, ante la omisión de la FISCALÍA SÉPTIMA ESPECIALIZADA CONTRA LOS DELITOS DE NARCOTRÁFICO DE BOGOTÁ y el abogado JUAN JOSÉ TORRES SÁNCHEZ, de dar respuesta a sus peticiones.

Ahora bien, debe aclararse que, frente a la presunta vulneración de sus derechos fundamentales derivada de las actuaciones del J uzgado Sesenta y Siete Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá y el Juzgado Cuarenta y Uno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, desde el auto que avocó conocimiento de la prese nte actuación, se

Funciones de Control de Garantías de Bogotá y el Juzgado Cuarenta y Uno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, desde el auto que avocó conocimiento de la prese nte actuación, se indicó que, en el poder suscrito por el libelista, no se facultó a su110012204000202400759 00 Juan Manuel Álvarez Castañeda Fiscalía Séptima Especializada contra los Delitos de Narcotráfico de Bogotá y otro

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representante judicial para elevar la solicitud de amparo en contra de dichas autoridades judiciales, de manera que, respecto de estas la abogada carece de legitimación en la causa por activa.

4.2.2 Legitimación en la causa por pasiva

El artículo 86 de la Constitución Política establece que este amparo tiene por objeto la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales, cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públi cas o por el actuar de los particulares, en los casos previstos en la Constitución y en la ley.

De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, respecto esta exigencia de procedibilidad, se deben acreditar dos requisitos: “por una parte, que se trate de uno de los sujetos respecto de los cuales procede el amparo; y, por la otra, que la conducta que genera la vulneración o amenaza del derecho se pueda vincular, directa o indirectamente, con su acción u omisión.”1

En el asunto bajo examen, se evidencia la legitimación por

pasiva de la FISCALÍA SÉPTIMA ESPECIALIZADA CONTRA LOS DELITOS

pueda vincular, directa o indirectamente, con su acción u omisión.”1

En el asunto bajo examen, se evidencia la legitimación por pasiva de la FISCALÍA SÉPTIMA ESPECIALIZADA CONTRA LOS DELITOS DE NARCOTRÁFICO DE BOGOTÁ y el abogado JUAN JOSÉ TORRES SÁNCHEZ, pues recibieron las solicitudes del actor de manera que, presuntamente trasgredieron los derechos fundamentales del quejoso, al no contestar sus peticiones.

Ahora, se debe aclarar que, en el presente caso, si bien uno de los accionados es un particular, la jurisprudencia especializada ha establecido que, en estos eventos el mecanismo de amparo es procedente, siempre y cuando , el accionante se encuentre en una

1 Corte Constitucional. Sentencia T-348 de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.110012204000202400759 00 Juan Manuel Álvarez Castañeda Fiscalía Séptima Especializada contra los Delitos de Narcotráfico de Bogotá y otro

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situación de subordinación o indefensión frente a la pre sunta vulneración a sus derechos fundamentales2.

Así las cosas, en el sub judice, asume la Sala que, el promotor se encuentra en una situación de indefensión frente a la no contestación de la misiva por parte del letrado , pues según la demanda, la ausenci a del documento reclamado impide que la FISCALÍA SÉPTIMA ESPECIALIZADA CONTRA LOS DELITOS DE NARCOTRÁFICO DE BOGOTÁ reconozca personería jurídica al togado que representa los intereses de JUAN MANUEL ÁLVAREZ CASTAÑEDA,

FISCALÍA SÉPTIMA ESPECIALIZADA CONTRA LOS DELITOS DE NARCOTRÁFICO DE BOGOTÁ reconozca personería jurídica al togado que representa los intereses de JUAN MANUEL ÁLVAREZ CASTAÑEDA, máxime, si se tiene en cuenta que, en el ordenamiento jurídico no existe un mecanismo que le permita exigirle al accionado responder su requerimiento, en consecuencia, el abogado JUAN JOSÉ TORRES SÁNCHEZ, se encuentra legitimado en la causa por pasiva.

De otra parte , la DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALÍAS DE BOGOTÁ, es la dependencia a la que se encuentra adscrita el despacho fiscal censurado y dentro de sus funciones está la distribución de las labores entre los fiscales bajo su cargo.

4.2.3 Inmediatez

Sobre este requisito de procedibilidad se tiene que “La acción de tutela también exige que su interposición se haga dentro de un plazo razonable, contabilizado a partir del momento en el que se generó la vulneración o amenaza de un derecho fundamental, de manera que el amparo responda a la exigencia constitucional de ser un instrumento judicial de aplicación inmediata y urgente (CP art.

2 Corte Constitucional, sentencia T-694 de 2013. “En síntesis, la acción de tutela es procedente contra los actos u omisiones de los particulares que causen violaciones a derechos fundamentales, y una de las mencionadas hipótesis, es la relación de subordinación y la situación de indefensión en la que se encuentra quien interpone la acción de tutela. Bien cabe precisar que el objeto de permitir la procedencia de la acción de tutela en estas situaciones

hipótesis, es la relación de subordinación y la situación de indefensión en la que se encuentra quien interpone la acción de tutela. Bien cabe precisar que el objeto de permitir la procedencia de la acción de tutela en estas situaciones concretas es la de equilibrar aquellas relaciones que parten de situaciones de desigualdad entre las partes, y que dada esta desigualdad puede generarse un desconocimiento a los principios del ordenamiento jurídico superior sin que el afectado tenga otro mecanismo de defensa al cual acudir, sino al amparo constitucional. Por otra parte, también se exige de los particulares, y no sólo de las entidades estatales, la observancia de los derechos y principios contenidos en la Constitución”.110012204000202400759 00 Juan Manuel Álvarez Castañeda Fiscalía Séptima Especializada contra los Delitos de Narcotráfico de Bogotá y otro

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86), con miras a asegurar la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza. Este requisito ha sido identificado por la jurisprudencia de la Corte C onstitucional como el principio de inmediatez.”3

Así las cosas, la citada exigencia se cumple en el caso bajo estudio, toda vez que, el accionante presentó la acción de tutela el 28 de febrero de 2024, es decir, poco menos de tres meses después de que presentará la primera de las peticiones objeto de reproche29 de noviembre de 2023-, término que se estima razonable.

4.2.4 Subsidiariedad

En cuanto al principio de subsidiariedad, ha establecido el alto Tribunal Constitucional que , “ conforme al artículo 86 de la Constitución, implica que la acción de tutela solo procederá cuando

4.2.4 Subsidiariedad

En cuanto al principio de subsidiariedad, ha establecido el alto Tribunal Constitucional que , “ conforme al artículo 86 de la Constitución, implica que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En otras palabras, las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de este mecanismo cons titucional como vía preferente o instancia judicial adicional de protección.”4

No obstante, en aquellos eventos en que existan otros medios de defensa judicial, la Corte Constitucional ha determinado que existen dos excepciones que justifican su procedibilidad: “(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso estudiado, procede el amparo como

3 Ibidem. 4 Corte Constitucional. Sentencia T-375 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.110012204000202400759 00 Juan Manuel Álvarez Castañeda Fiscalía Séptima Especializada contra los Delitos de Narcotráfico de Bogotá y otro

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mecanismo definitivo; y, (ii) cuando, pe se a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo transitorio.”5

En el presente caso, el actor acude a la acción constitucional

defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo transitorio.”5

En el presente caso, el actor acude a la acción constitucional con el p ropósito de que : (i) la FISCALÍA SÉPTIMA ESPECIALIZADA CONTRA LOS DELITOS DE NARCOTRÁFICO DE BOGOTÁ y el abogado JUAN JOSÉ TORRES SÁNCHEZ, contesten las peticiones elevadas por el quejoso; y, (ii) se decrete la nulidad de las audiencias llevadas a cabo dentro del proceso penal 110016000098201700085, en tanto no se notificó al defensor de confianza del promotor de dichas diligencias.

Así las cosas, en lo referente a las peticiones elevadas por el actor, esta colegiatura considera que, JUAN MANUEL ÁLVAREZ CASTAÑEDA, no cuenta con un mecanismo para la protección de sus garantías constitucionales, dado que en el ordenamiento jurídico no está consagrado un medio ordina rio que le permita exigirle a los demandados, responder las solicitudes presentadas.

Por su parte, frente a la segunda de las pretensiones, esta Sala se abstendrá de pronunciarse, pues como se indicó desde el auto que avocó la acción de tutela de la referencia, dicha petición se dirige en contra de las actuaciones del juzgado Sesenta y Siete Penal Municipal con Funciones de Co ntrol de Garantías de Bogotá y e l Juzgado Cuarenta y Uno Penal del Circuito con Funci ones de Conocimiento de Bogotá, empero, el poder suscrito por el libelista,

Municipal con Funciones de Co ntrol de Garantías de Bogotá y e l Juzgado Cuarenta y Uno Penal del Circuito con Funci ones de Conocimiento de Bogotá, empero, el poder suscrito por el libelista, no facultó a la apoderada judicial para elevar la solicitud de amparo en contra de dichas autoridades judiciales.

5 Ibídem.110012204000202400759 00 Juan Manuel Álvarez Castañeda Fiscalía Séptima Especializada contra los Delitos de Narcotráfico de Bogotá y otro

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En suma, en el caso concreto se acreditaron los requisitos de procedencia de la acción de tutela; sin embargo, de la respuesta otorgada por la autoridad accionada se avizora que el estudio de fondo sobre la vulneración alegada resulta improcedente, comoquiera que se ha satisfecho lo pretendido en m edio del presente trámite constitucional.

4.3 Del hecho superado

Como se indicó, sería del caso entrar a determinar si la autoridad accionada y/o la dependencia vinculada, han vulnerado derechos fundamentales de la parte accionante, de no ser porque, observa esta Sala, que en el sub judice se presenta la carencia actual de objeto; al respecto, la jurisprudencia constitucional, ha explicado:

“En reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha precisado que la acción de tutela, en principio, “pierde su razón de ser cuando durante el trámite del proceso, la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo”. En

el trámite del proceso, la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo”. En estos supuestos, la tutela no es un mecanismo judicial adecuado pues ante la ausencia de supuestos fácticos, la decisión que pudiese tomar el juez en el caso concreto para resolver la pretensión se convertiría en ineficaz.

En efecto, si lo que el amparo constitucional busca es ordenar a una autoridad pública o un particular que actúe o deje de hacerlo, y “previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales”. En otras palabras, ya no existirían circunstancias reales que materialicen la decisión del juez de tutela.

3.3 En ese orden, esta Corporación ha desarrollado la teoría de la carencia actu al de objeto como una alternativa para que los pronunciamientos de la Corte no se tornen inocuos. Sin embargo, ese propósito se debe ver con base en una idea sistemática de las decisiones judiciales. Así, es claro que la tarea del juez constitucional no solo es proteger los derechos fundamentales a través de la solución de controversias, sino también, mucho más en un Estado Social y Democrático de Derecho, supone la presencia de injusticias estructurales que deben ser consideradas y a pesar de que no exista n situaciones fácticas sobre las cuales dar órdenes, ello no es suficiente110012204000202400759 00 Juan Manuel Álvarez Castañeda Fiscalía Séptima Especializada contra los Delitos de Narcotráfico de Bogotá y otro

situaciones fácticas sobre las cuales dar órdenes, ello no es suficiente110012204000202400759 00 Juan Manuel Álvarez Castañeda Fiscalía Séptima Especializada contra los Delitos de Narcotráfico de Bogotá y otro

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para obviar la función simbólica que tienen sus decisiones. De allí que se haya establecido que las sentencias de los jueces de tutela deben procurar por la vigencia subjetiva y obj etiva de los derechos, pero también la supremacía, interpretación y eficacia de la Constitución de 1991.

3.4 Pues bien, a partir de allí, la Corte ha aclarado que el fenómeno de la carencia actual de objeto se produce cuando ocurren dos situaciones específicas: (i) el hecho superado y (ii) el daño consumado. Así las cosas, la primera hipótesis “se presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que “carece” de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela”. Es decir, el hecho superado significa la observancia de las pretensiones del accionante a partir de una conducta desplegada por el agente transgresor. En otros términos, la omisión o acción reprochada por el tutelante, ya fue superada por parte del accionado. Tambi én se ha señalado que se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, entre otras circunstancias, por

omisión o acción reprochada por el tutelante, ya fue superada por parte del accionado. Tambi én se ha señalado que se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, entre otras circunstancias, por ausencia de interés jurídico o sustracción de materia.

Cuando se presenta ese fenómeno (hecho superado), en términos de decisiones judicia les, la obligación del juez de tutela no es la de pronunciarse de fondo. Solo cuando estime necesario “hacer observaciones sobre los hechos que originaron la acción de tutela, con el propósito de resaltar su falta de conformidad constitucional, condenar su ocurrencia y conminar a que se adopten las medidas necesarias para evitar su repetición, so pena de las sanciones pertinentes. De cualquier modo, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que en la sentencia se demuestre la reparación del derecho antes de la aprobación del fallo, es decir, que se demuestre el hecho superado”. De lo contrario, no estará comprobada esa hipótesis.6

4.4 Del caso concreto

En el caso bajo análisis, el accionante informó que, presentó varias peticiones ante la FISCALÍA SÉPTIMA ESPECIALIZADA CONTRA LOS DELITOS DE NARCOTRÁFICO DE BOGOTÁ y el abogado JUAN JOSÉ TORRES SÁNCHEZ, empero, no ha recibido respuesta.

Así las cosas , respecto del abogado demandado, se observa que, el 29 de noviembre de 2023, la parte accionante le solicitó revocatoria de poder y paz y salvo del proceso penal

Así las cosas , respecto del abogado demandado, se observa que, el 29 de noviembre de 2023, la parte accionante le solicitó revocatoria de poder y paz y salvo del proceso penal

6 Corte Constitucional. Sentencia T011 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.110012204000202400759 00 Juan Manuel Álvarez Castañeda Fiscalía Séptima Especializada contra los Delitos de Narcotráfico de Bogotá y otro

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110016000098201700085, en el que fungía como defensor del accionante.

Seguidamente, el 1 de diciembre de 2023, el let rado contestó el requerimiento y envió el documento solicitado; no obstante, redactó mal el radicado , pues plasmó el número “05001600020720225095800”.

En consecuencia, el mismo día el quejoso pidió la corrección del oficio, ante lo cual el letrado remitió nuevamente el legajo con el error referenciado.

Ante tal situación, el 12 de marzo de 2024, en virtud del presente trámite de tutela, el profesional en derecho subsanó la equivocación y remitió la revocatoria del poder y paz y salvo con el CUI correcto, este es, el 110016000098201700085.

Dicho oficio fue enviado al correo electrónico yandrymfc@outlook.es, dispuesto por la apoderada del promotor para efectos de notificación.

Ahora, en lo que respecta a las peticiones radicadas ante el despacho fiscal accionado, el accionante expuso que, radicó

yandrymfc@outlook.es, dispuesto por la apoderada del promotor para efectos de notificación.

Ahora, en lo que respecta a las peticiones radicadas ante el despacho fiscal accionado, el accionante expuso que, radicó solicitudes los días 8 de noviembre, 11, 13 de diciembre de 2023 y 3 de enero de 2024.

Sin embargo, el quejoso no acreditó la interposición de la primera de las solic itudes referenciadas ni el fiscal accionado