TSDJ BOG SP - 110013187009202100016 01-(12-05-2021)

República de Colombia

Rama Judicial Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Penal

Página 1 de 18

Magistrado ponente: EFRAÍN ADOLFO BERMÚDEZ MORA Radicación: 110013187009202100016 01

Accionante: Orlando de Jesús Agudelo García y otros Accionado: Presidencia de la República y otros

Derecho: Debido proceso y otros

Origen: Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá

Decisión: Confirma Aprobado: Acta número 058

Bogotá, D. C., doce (12) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

1ASUNTO

Resuelve la Sala la impugnación presentada por ORLANDO DE JESÚS AGUDELO GARCÍA, LUIS ALBERTO ARIAS HURTADO y DANIEL VALENCIA OSPINA, en contra del fallo de primera instancia proferido el 19 de marzo de 202 1, por el Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, por medio del que declaró improcedente el amparo deprecado.

2HECHOS Y ANTECEDENTES

2.1 Según el escrito de tutela , el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, el MINISTRO DE TRABAJO y el MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, expidieron los Decretos No.1779 del 24 de diciembre de 2020, por medio del cual se estableció el aumento de salario de los congresistas para el 2020, 1780 de la misma fecha,

CRÉDITO PÚBLICO, expidieron los Decretos No.1779 del 24 de diciembre de 2020, por medio del cual se estableció el aumento de salario de los congresistas para el 2020, 1780 de la misma fecha, que determina el reajuste de la escala salarial para el año 2021 de los empleados administrativos del Congreso de la República, 1785 del 28 de ese mes y año, que fijó el aumento del salario mínimo en110013187009202100016 01 Orlando de Jesús Agudelo García y otros Presidencia de la República y otros

Página 2 de 18 el 3.5% y 1786 de igual calenda, que fijó el incremento del subsidio de transporte en idéntico porcentaje.

En este sentido, resaltaron los actores, mediante el aumento superior a los miembros del Congreso de la República , en comparación con el que se determinó para el salario mínimo y el de los pensionados, se genera un trato diferenciado injustificado, pues el incremento para el legislativo no es equitativo ni proporcional, comoquiera que, a pesar de las manifestaciones del ejecutivo, de que la asignación de los legisladores creció en porción menor a lo previsto para el salario mínimo en 2020, ello no es cierto, puesto que en esa anualidad este ascendió $49.687, mientras que aquella $1.676.000.

En la misma línea, señalan que quienes se encuentran recibiendo pensión, se hace más notoria la diferencia, pues de acuerdo con lo establecido por el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, esta población tuvo un aumento real, descontando la inflación del 0%.

recibiendo pensión, se hace más notoria la diferencia, pues de acuerdo con lo establecido por el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, esta población tuvo un aumento real, descontando la inflación del 0%.

De igual manera, resaltaron, la asignación mínima mensual, es insuficiente para solventar las necesidades básicas familiares, pues no existe proporcionalidad entre e l crecimiento de los ingresos y el de los gastos, como por ejemplo el de la canasta familiar, lo que se ha agudizado actualmente, ya que en virtud de la pandemia ocasionada por el Covid -19, muchas personas han perdido su empleo y los que conservan ingresos, se han visto en la necesidad de colaborar con los gastos de familiares cercanos.

Finalmente, manifiestan que se configura un perjuicio irremediable, en razón a la pérdida del poder adquisitivo de las110013187009202100016 01 Orlando de Jesús Agudelo García y otros Presidencia de la República y otros

Página 3 de 18 pensiones, especialmente, las mesadas que corresponde al salario mínimo.

Con base en lo expuesto, pretenden los demandantes, se ordene la suspensión de los decretos mediante los cuales se aumentó el salario de los miembros del Congreso de la República de 2020, así como ajustarlo al porcentaje que se incrementó el salario mínimo de 2021 y se fije el acrecentamiento de las mesadas pensionales, siguiendo las reglas del incremento al legislativo y al ingreso mínimo.

2.2. La jueza novena de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá, el 5 de marzo del presente año, avocó

pensionales, siguiendo las reglas del incremento al legislativo y al ingreso mínimo.

2.2. La jueza novena de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá, el 5 de marzo del presente año, avocó conocimiento del trámite constitucional incoado por ESPERANZA ABRIL RODRÍGUEZ, ordenando la vinculación de la PRESIDENCIA DE

LA REPÚBLICA, el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, el

MINISTERIO DEL TRABAJO, el DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

NACIONAL DE PLANEACIÓN, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

y el CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

2.3. Mediante auto de la misma fecha, el despacho dispuso la acumulación de las demandas de tutelas interpuestas por

ORLANDO DE JESÚS AGUDELO GARCÍA, LUIS ALBERTO ARIAS

HURTADO, ÓSCAR ALIRIO SALAZAR GONZÁLEZ, MARÍA RUBIELA

RESTREPO, DANIEL VALENCIA OSPINA y ALFREDO PINZÓN FERNÁNDEZ.

2.4. En escrito de traslado, el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, hizo referencia, en primer lugar, a la ausencia de legitimación en la causa por pasiva, atendiendo que no tiene competencias referentes al reajuste de salarios y pensiones.110013187009202100016 01 Orlando de Jesús Agudelo García y otros Presidencia de la República y otros

Página 4 de 18 En segundo lugar, señaló que los decretos 1785, 1786 y 1779 de 2020, gozan de presunción de legalidad , a la fecha se

Presidencia de la República y otros

Página 4 de 18 En segundo lugar, señaló que los decretos 1785, 1786 y 1779 de 2020, gozan de presunción de legalidad , a la fecha se encuentran vigentes y fueron tramitados en cumplimiento de las disposiciones legales acerca del incremento salarial, sin que la entidad haya tenido participación en su expedición, por lo que solicitó sea excluida de cualquier responsabilidad en el caso bajo análisis.

2.5. A su turno, el MINISTERIO DEL TRABAJO, señaló la improcedencia del decreto de las medidas cautelares previstas en la Ley 1437 de 2011, en el trámite de acciones de tutela.

De igual manera, indicó que en el sub judice, no se cumple con el requisito de subsidiariedad, comoquiera que los promotores pueden acudir al medio de control de nulidad, para controvertir la legalidad de los actos administrativos de carácter general.

Asimismo, enfatizó que la fijación de los aumentos de los salarios de los congresistas y el mínimo, se establecen con base en normas diferentes, pues mientras los primeros, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución Política, se derivan de la determinación del Presidente de la República, con base en el promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, de acuerdo a la certificación que expida el Contralor General para tal fin, el segundo le corresponde, en pri ncipio, a la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales, como lo prevén los

remuneración de los servidores de la administración central, de acuerdo a la certificación que expida el Contralor General para tal fin, el segundo le corresponde, en pri ncipio, a la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales, como lo prevén los artículos 2 literal d y 8 de la Ley 287 de 1996, empero, ante la ausencia de concertación, se fija por parte del Gobierno Nacional.110013187009202100016 01 Orlando de Jesús Agudelo García y otros Presidencia de la República y otros

Página 5 de 18 Finalmente, resaltó que, respecto de la alegada vulneración del derecho fundamental a la igualdad, no se detalló fácticamente ningún elemento que permita al juez constitucional establecer su existencia.

Con base en lo anterior, solicitó se deni egue el amparo deprecado.

2.6. Por su parte, el jefe de la División Jurídica del Senado de la República, indicó que la Corporación carece de legitimación en la causa por pasiva, pues los gestores no refieren acción u omisión vulneradora por parte de la misma.

Igualmente, manifestó que la acción de tutela es improcedente, pues existen otros mecanismos para el control de legalidad de los decretos reprochados, como la acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional y la acción de nulidad por inconstitu cionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional ante el Consejo de Estado.

De otra parte, señaló que la asignación del salario de los miembros del Congreso de la República, no se fija arbitrariamente, pues está a cargo del Gobierno Nacional y, de acuerdo con el

Gobierno Nacional ante el Consejo de Estado.

De otra parte, señaló que la asignación del salario de los miembros del Congreso de la República, no se fija arbitrariamente, pues está a cargo del Gobierno Nacional y, de acuerdo con el artículo 187 de la Constitución Política, esta “se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según la certificación que expida el Contralor de la República.”

Por lo anterior, solicitó negar la procedencia del presente trámite.110013187009202100016 01 Orlando de Jesús Agudelo García y otros Presidencia de la República y otros

Página 6 de 18

2.7. Finalmente, la Procuraduría General de la Nación, indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva, por lo que peticionó su desvinculación.

2.8. A la fecha de este pronunciamiento la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA y el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, no dieron respuesta al requerimiento.

3DE LA DECISIÓN IMPUGNADA

El 19 de marzo de 2021, el juzgado de primera instancia , profirió sentencia en la que después de analizar las respuestas de las entidades accionadas, consideró que los demandantes no cumplieron con el principio de subsidiariedad de la acción constitucional, atendiendo que existen medios ordinarios idóneos para controvertir los actos administrativos, como el medio de control de constitucionalidad o legalidad ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, mas aún si se tiene en

constitucional, atendiendo que existen medios ordinarios idóneos para controvertir los actos administrativos, como el medio de control de constitucionalidad o legalidad ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, mas aún si se tiene en cuenta que no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

Lo anterior, resaltando que los diferentes actores, se limitaron a hacer consideraciones de índole personal, sobre las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional, sin hacer mayor claridad sobre la situación particular derivada de la vulneración de las garantías superiores alegadas.

Conforme a lo expuesto , declaró improcedente el amparo deprecado.110013187009202100016 01 Orlando de Jesús Agudelo García y otros Presidencia de la República y otros

Página 7 de 18

4DE LA IMPUGNACIÓN

Notificados de la decisión, ORLANDO DE JESÚS AGUDELO GARCÍA, LUIS ALBERTO ARIAS HURTADO y DANIEL VALENCIA OSPINA, presentaron impugnación, en la que reiteraron las consideraciones en torno a las condiciones injustamente disímiles, entre el aumento recibido por los congresistas para el año 2020, y el reajuste del salario mínimo y las mesadas pensionales, estas apenas en un porcentaje del 1,61% , pues los últimos están en desventaja frente al incremento de los precios de los bienes y servicios básicos, máxime, teniendo en cuenta que los pensionados asumen el pago completo del aporte a salud.

De otra parte, señal aron que se configura un perjuicio irremediable, teniendo en cuenta la pensión es en muchos casos

los bienes y servicios básicos, máxime, teniendo en cuenta que los pensionados asumen el pago completo del aporte a salud.

De otra parte, señal aron que se configura un perjuicio irremediable, teniendo en cuenta la pensión es en muchos casos el único ingreso de las familias, su reajuste ha tenido durante los últimos 30 años, tendencia a la baja y por la pandemia han tenido que asumir gastos del núcleo familiar y parientes cercanos que perdieron su empleo.

De cara a lo expuesto, deprecaron que se revoque la decisión de primer niv el y, en su lugar, se amparen las garantías deprecadas.

5CONSIDERACIONES

De conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, así como en atención a que la presente acción de tutela fue repartida, en debida forma, de acuerdo al artículo 1° del Decreto 333 del 2021, es esta Corporación competente para resolver la presente impugnación.110013187009202100016 01 Orlando de Jesús Agudelo García y otros Presidencia de la República y otros

Página 8 de 18

Así mismo el artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona cuenta con el mecanismo de amparo para solicitar, en cualquier momento y lugar, la protección inmediata de sus prerrogativas fundamentales, cuando las mismas resulten vulneradas o amenazadas por la acción u omisión de alguna autoridad pública o de un particular en los casos expresamente señalados en el ordenamiento jurídico, para que, mediante un procedimiento preferente y sumario, los jueces los amparen siempre que el afectado no cuente con otro medio de defensa

autoridad pública o de un particular en los casos expresamente señalados en el ordenamiento jurídico, para que, mediante un procedimiento preferente y sumario, los jueces los amparen siempre que el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice transitoriamente para evitar un perjuicio irremediable. En un Estado social de derecho la protección de tales garantías debe ser real y material.

Esta Sala debe en primer lugar, determinar si en la presente acción constitucional , se cumplen los requisitos generales de procedencia. En caso de que así sea, se deberá establecer si en el sub judice las entidades accionadas, vulneraron los derechos fundamentales a la dignidad humana, debido proceso, equidad e igualdad de la parte actora.

5.1 Análisis de procedencia de la acción de tutela

Legitimación en la causa por activa

Respecto de la legitimación por activa, el artículo 86 de la Constitución Política dispone el derecho de toda persona de reclamar mediante acción de tutela la protección inmediata de sus derechos fundamentales.110013187009202100016 01 Orlando de Jesús Agudelo García y otros Presidencia de la República y otros

Página 9 de 18 En igual sentido, el artículo 10 de l Decreto 2591 de 1991, consagra que “la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.”

En el caso concreto, es dable concluir que ESPERANZA ABRIL

momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.”

En el caso concreto, es dable concluir que ESPERANZA ABRIL

RODRÍGUEZ, ORLANDO DE JESÚS AGUDELO GARCÍA, LUIS ALBERTO

ARIAS HURTADO, ÓSCAR ALIRIO SALAZAR GONZÁLEZ, MARÍA RUBIELA RESTREPO, DANIEL VALENCIA OSPINA y ALFREDO PINZÓN FERNÁNDEZ, se encuentran legitimados en la causa para acudir al ejercicio de la acción de tutela, dado que actúan directamente, en procura de sus derechos fundamentales , que se han visto presuntamente vulnerados, de cara al aumento del 5,12% en la asignación de los congresistas para el año 2020, a diferencia de la determinada para el salario mínimo del 3,8% y al de las pensiones de 1,61%.

Legitimación en la causa por pasiva

El artículo 86 de la Constitución Política establece que este amparo tiene por objeto la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o por el actuar de los particulares, en los casos previstos en la Constitución y en la ley.

De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, respecto de esta exigencia de procedibilidad, se deben acreditar dos requisitos: “por una parte, que se trate de uno de los sujetos respecto de los cuales procede el amparo; y, por la otra, que la conducta que genera la vulneración o amenaza del110013187009202100016 01

deben acreditar dos requisitos: “por una parte, que se trate de uno de los sujetos respecto de los cuales procede el amparo; y, por la otra, que la conducta que genera la vulneración o amenaza del110013187009202100016 01 Orlando de Jesús Agudelo García y otros Presidencia de la República y otros

Página 10 de 18 derecho se pueda vincular, directa o indirectamente, con su acción u omisión.”1

En el asunto bajo examen, se evidencia la legitimación por pasiva de la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, comoquiera que al Gobierno Nacional le corresponde fijar el aumento de la asignación de los miembros del legislativo, de conformidad con certificación que expida el Contralor General, acerca del promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central.

Asimismo, debe fijar el incremento del salario mínimo, ante la ausencia de acuerdo al respecto, por parte de la C omisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales Laborales.

De otra parte, el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, el MINISTERIO DEL TRABAJO, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, el CONGRESO DE LA REPÚBLICA y el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, no tienen funciones relacionadas con la determinación del salario de los legisladores , aunque la aptitud para concurrir al trámite constitucional, se deriva de ser convocados como demandados.

Inmediatez

Sobre este requisito de procedibilidad se tiene que “La acción de tutela también exige que su interposición se haga dentro de un

para concurrir al trámite constitucional, se deriva de ser convocados como demandados.

Inmediatez

Sobre este requisito de procedibilidad se tiene que “La acción de tutela también exige que su interposición se haga dentro de un plazo razonable, contabilizado a partir del momento en el que se generó la vulneración o amenaza de un derecho fundamental, de manera que el amparo responda a la exi gencia constitucional de

1 Corte Constitucional. Sentencia T-348 de 2018, MP: Luis Guillermo Guerrero Pérez.110013187009202100016 01 Orlando de Jesús Agudelo García y otros Presidencia de la República y otros

Página 11 de 18 ser un instrumento judicial de aplicación inmediata y urgente (CP art. 86), con miras a asegurar la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza. Este requisito ha sido identificado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como el principio de inmediatez.”2

La Sala considera que la citada exigencia se cumple en el caso bajo estudio, toda vez que los peticionarios interpusieron la acción de tutela el pasado 5 de marzo de 2021, esto es, apenas poco más de dos meses, después de la expedición de los decretos que señalan como vulneradores de los derechos fundamentales.

Subsidiariedad

En cuanto al principio de subsidiariedad, ha establecido el alto Tribunal Constitucional que, “ conforme al artículo 86 de la Constitución, implica que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio

alto Tribunal Constitucional que, “ conforme al artículo 86 de la Constitución, implica que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En otras palabras, las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional de protección.”3

No obstante, en aquellos eventos en que existan otros medios de defensa judicial, la Corte Constitucional ha determinado que hay dos excepciones que justifican su procedibilidad: “(i) cuando

2 Ibídem. 3 Corte Constitucional. Sentencia T-375 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.110013187009202100016 01 Orlando de Jesús Agudelo García y otros Presidencia de la República y otros

Página 12 de 18 el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo transitorio.”4

En el caso bajo análisis , se tiene que la parte accionante deprecó el amparo de sus garantías fundamentales, toda vez que el Gobierno Nacional estableció un trato desigual, entre los

mecanismo transitorio.”4

En el caso bajo análisis , se tiene que la parte accionante deprecó el amparo de sus garantías fundamentales, toda vez que el Gobierno Nacional estableció un trato desigual, entre los ciudadanos, especialmente los pensionados, y los miembros del Congreso de la República, mediante los Decretos No.1779 del 24 de diciembre de 2020, por medio del cual se determina el aumento de salario de los congresistas para el 2020, 1780 de la misma fecha, que establece el reajuste de la escala salarial para el año 2021 de los empleados administrativos del Congreso, 1785 del 28 de ese mes y año, que fijó el aumento del salario mínimo en el 3.5% y 1786 de igual calenda, el que señaló el incremento del subsidio de transporte en idéntico porcentaje.

En este sentido, conviene precisar que, en jurisprudencia reiterada, la Corte Constitucional ha establecido la procedencia excepcional de la acción de tutela , cuando se dirige en contra de actos administrativos de carácter general, impersonal y abstracto, como lo son los decretos arriba señalados. Al respecto, ha manifestado:

“5.13. Las demandas de amparo de derechos fundamentales son procedentes: (i) cuando la persona afectada carece de un medio judicial ordinario para defender esos derechos, debido a que no tiene legitimación para cuestionar esa clase decisiones de la

4 Ibídem.110013187009202100016 01 Orlando de Jesús Agudelo García y otros Presidencia de la República y otros

Página 13 de 18 administración, o el asunto objeto de debate es de naturaleza

4 Ibídem.110013187009202100016 01 Orlando de Jesús Agudelo García y otros Presidencia de la República y otros

Página 13 de 18 administración, o el asunto objeto de debate es de naturaleza constitucional; y (ii) cuando la aplicación del acto administrativo general amenaza o vulnera los derechos fundamentales de un individuo.

De otro lado, se adoptará la misma decisión cuando las actuaciones de orden general de las autoridades amenacen o vulneren los derechos fundamentales de las personas y se trate de perjuicios irremediables. En esos dos eventos, esta Corporación tiene la potestad de disponer la inaplicación o la pérdida de ejecutoria del acto general proferido por la administración.

5.14. Atendiendo a las características de la acción de tutela, la Corte ha explicado que ésta procederá contra actos de contenido general, impersonal y abstracto, sólo excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable y, además, sea posible establecer que el contenido del acto de carácter general, impersonal y abstra cto afecta clara y directamente un derecho fundamental de una persona determinada o determinable. Solo en estos casos el juez puede hacer uso de la facultad excepcional consistente en ordenar la inaplicación del acto para el caso concreto, con un carácter eminentemente transitorio mientras se produce la decisión de fondo por parte del juez competente.

La Corte, en abundante jurisprudencia, ha desarrollado una línea de interpretación uniforme que, en primer lugar, ratifica la regla general

eminentemente transitorio mientras se produce la decisión de fondo por parte del juez competente.

La Corte, en abundante jurisprudencia, ha desarrollado una línea de interpretación uniforme que, en primer lugar, ratifica la regla general según la cual la acción de tutela no es el mecanismo idóneo y apropiado para controvertir actos cuya naturaleza sea general, impersonal y abstracta, resultando en estos casos improcedente, y en segundo lugar admite que, excepcionalmente, es posible acudir al mecanismo de amparo constitucional, cuando se compruebe que de la aplicación o ejecución de un acto de esta naturaleza se origina la vulneración o amenaza a algún derecho fundamental de una persona determinada o determinable, y siempre que se trate de conjurar la posible configuración de un perjuicio o daño irremediable en los términos definidos por la jurisprudencia constitucional.”5

En el asunto bajo examen, se advierte que, le asiste razón a la funcionaria de primera instancia, comoquiera que no se configura ninguna de las excepciones que habilite la intervención transitoria del mecanismo constitucional.

5 Corte Constitucional. Sentencia C-132 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos.110013187009202100016 01 Orlando de Jesús Agudelo García y otros Presidencia de la República y otros

Página 14 de 18

En este sentido, es necesario precisar que, tal y como lo expusieron las entidades accionadas, el reajuste de la asignación a los miembros del Congreso de l a República y el incremento al salario mínimo y las mesadas pensionales, se rigen por normas

En este sentido, es necesario precisar que, tal y como lo expusieron las entidades accionadas, el reajuste de la asignación a los miembros del Congreso de l a República y el incremento al salario mínimo y las mesadas pensionales, se rigen por normas distintas y se tramitan por procedimientos diferentes.

Así, con relación al aumento salarial de los legisladores, el artículo 187 de la Constitución Política establece que, será determinado por el Presidente de la República, en proporción igual al promedio ponderado de los cambios de remuneración de los servidores de la administración central, de conformidad con certificación que expida e l Contralor General para tal fin, y para la fijación del salario mínimo, de conformidad con la Ley 278 de 1996, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, deberá llegar a un conceso a más tardar el 15 de diciembre de cada año, empero, si este no es posible, será fijado por el Gobierno Nacional , teniendo en cuenta como parámetros la meta de inflación del siguiente año fijada por la Junta del Banco de la República y la productividad acordada por el comité tripartito de productividad que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; además, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del producto interno bruto (PIB) y el índice de precios al consumidor (IPC).

De esta manera, comoquiera que, para la expedición de los decretos mencionados, se observó el procedimiento y parámetros económicos previstos normativamente, esto impide concluir que, en el caso de los demandantes, se acredite que la aplicación de los mismos derive en la vulneración con creta de derechos

decretos mencionados, se observó el procedimiento y parámetros económicos previstos normativamente, esto impide concluir que, en el caso de los demandantes, se acredite que la aplicación de los mismos derive en la vulneración con creta de derechos fundamentales.110013187009202100016 01 Orlando de Jesús Agudelo García y otros Presidencia de la República y otros

Página 15 de 18

Así mismo, los escritos de las demandas de tutela se limitan a expresar apreciaciones personales acerca del trato diferenciado que estableció el Gobierno Nacional , respecto de los aumentos para la asignación salarial de 2020 de los congresistas, el salario mínimo de 2021 y el aumento pensional de la misma anualidad, sin precisar , ni mucho menos acreditar que en cada caso particular, los medios ordinarios previstos en la Constitución Política y la ley para cuestionar el acie rto de los actos administrativos, no son eficaces ni idóneos, así como tampoco se probó la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

Sobre el particular, conviene precisar los requisitos que se han establecido jurisprudencialmente, para considerar que se acaece el perjuicio irremediable y la carga probatoria que recae en el accionante acerca de su demostración en el trámite de la acción de tutela. En este sentido, ha señalado la Corte Constitucional:

“4.7. Adicionalmente, en la sentencia T-808 de 2010, reiterada en la T-956 de 2014, la Corte estableció que se debe tener en cuenta la presencia de varios elementos para determinar el carácter irremediable del perjuicio.

la T-956 de 2014, la Corte estableció que se debe tener en cuenta la presencia de varios elementos para determinar el carácter irremediable del perjuicio.

En primer lugar, estableció que el daño debe ser inminente, es decir que está por suceder en un tiempo cercano, a diferencia de la mera expectativa ante un posible menoscabo. Este presupuesto exige la acreditación probatoria de la ocurrencia de la lesión en un corto plazo que justifique la intervención del juez constitucional. Es importante resaltar que la inminencia no implica necesariamente que el detrimento en los derechos esté consumado.

También indicó que las medidas que se debían tomar para conjurar el perjuicio irremediable deben ser urgentes y precisas ante la posibilidad de un daño grave evaluado por la intensidad del menoscabo material a los derechos fundamentales de una persona. La Corte señaló que la gravedad del daño depende de la importancia que el orden jurídico le concede a determinados bienes bajo su protección.110013187009202100016 01 Orlando de Jesús Agudelo García y otros Presidencia de la República y otros

Página 16 de 18 Finalmente estab