TSDJ BOG SP - 110013187018202100115 01-(21-02-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA

S A L A P E N A L

Magistrado Sustanciador Dagoberto Hernández Peña Radicación 110013187018202100115 01 Procedencia Juzgado 18 de EPMS de Bogotá Accionante Edison Damián Hernández Pardo Accionado EPS FAMISANAR, INC, Secretaría de Salud Motivo alzada Fallo tuteló parcialmente Decisión Modifica Aprobado Acta Nº 09 Fecha 21 de febrero de 2022

Se resuelve la impugnación promovida en contra del fallo proferido el 12 de enero de 2022 por el Juzgado 18 de ejecución de penas y medidas de seguridad de esta capital.

ANTECEDENTES

EDISON DAMIAN HERNANDEZ PARDO instauró acción de tutela para que se le protejan los derechos fundamentales a la vida y la salud.

Hechos.- El demandante informó que tiene 24 años de edad y presenta enfermedad de “castleman multicéntrica y linfoma deRAD. 110013187018202100115 01– NI: T-5299

Demandante: Edison Damián Hernández Pardo 2 hodgkin clásica”1, siendo necesario el sometimiento a diferentes tratamientos para el control de la enfermedad , entre ellos quimioterapias y la valoración por el grupo de trasplante de progenitores hematopoyéticos.

Si bien , expresó, las quimioterapias ordenadas le han sido realizadas, en algunas con medicamentos distintos a los

quimioterapias y la valoración por el grupo de trasplante de progenitores hematopoyéticos.

Si bien , expresó, las quimioterapias ordenadas le han sido realizadas, en algunas con medicamentos distintos a los ordenados dado que la EPS FAMISANAR no los suministra, la valoración de trasplante ordenada en marzo d e 2021 no ha sido programada. Y, aunque en su última consulta médica, el día 3 de diciembre, la e specialista ordenó unos insumos para que sean inyectados vía cutánea e intravenosa, tampoco habían sido aplicados.

Resaltó que dada la complejidad de la enfermedad le es imposible acceder a un trabajo que le permita sufragar los gastos para asistir desde su residencia (Chipaque, Cundinamarca), hasta la ciudad de Bogotá, a las diferentes citas y tratamientos médicos necesarios para el mejoramiento y calidad de vida.

En ese orden de ideas, estima que sus derechos a la seguridad social, a la salud y vida d igna son vulnerados por la EPS FAMISANAR, la Secretaria de Salud Departamental y el Instituto Nacional de Cancerología, ya que las quimioterapias ordenadas se las han realizado con medicación diferente a la enseñada por el médico tratante, no se ha realiza do la valoración por el grupo de

1 1 La enfermedad de Castleman (EC) se define por la hipertrofia de los ganglios linfáticos con hiperplasia linfoide angiofolicular . En la forma localizada sólo un ganglio linfático está afectado, mientras que en la forma multicéntrica los ganglios afectados son varios. 2 El linfoma de Hodgkin, que

hiperplasia linfoide angiofolicular . En la forma localizada sólo un ganglio linfático está afectado, mientras que en la forma multicéntrica los ganglios afectados son varios. 2 El linfoma de Hodgkin, que solía denominarse enfermedad de Hodgkin, es uno de los muchos tipos de cáncer que se desarrolla en el sistema linfático. El linfoma se origina cuando las células sanas del sistema linfático cambian y crecen sin control. 2 SPH.-RAD. 110013187018202100115 01– NI: T-5299

Demandante: Edison Damián Hernández Pardo 3 trasplante de progenitores hematopoyéticos y además, no se le ha proporcionado medio de trasporte para el traslado desde el lugar de residencia a las instituciones prestadoras de servicio donde debe acudir a los tratamientos y citas médicas.

Respuesta a la demanda.- Notificada la tutela, se pronunciaron:

1.- La EPS FAMISANAR afirmó que la orden de v aloración por grupo de trasplante de progenitores hematopoyéticos se encuentra debidamente tramitada por la EPS , mediante autorización (POS) para consulta de primera vez por especialista en trasplantes y direccionado hacia la red habilitada y contratada para tal efecto, como lo es, el Instituto Nacional de Cancerología . Correspondiendo ahora a esa IPS garantizar la prestación del servicio, dada la contratación activa que mantienen.

Añadió que, en comunicación realizada con un familiar del actor, corroboró que a la fecha no tiene medicamentos pendientes por aplicación, estando programada para los días 04 -01-22 y 11 -012022 nuevo ciclo y que el usuario no cuenta con orden médica para transportes.

corroboró que a la fecha no tiene medicamentos pendientes por aplicación, estando programada para los días 04 -01-22 y 11 -012022 nuevo ciclo y que el usuario no cuenta con orden médica para transportes.

Respecto a este señaló que es una pretensión de contenido evidentemente económico, la cual en principio no debe ser cubierta por la EPS, “ya que dicho servicio no tiene relación directa con servicios de salud y por ende al ser requerido por un usuario, debe contar con una prescripción emitida por médico tratante adscrito a la EPS, quien de acuerdo a la patología y necesidades médicas del paciente, determine el tipo de transporte que se debe suministrar (básico, medicalizado, aéreo, terrestre, puerta a puerta,RAD. 110013187018202100115 01– NI: T-5299

Demandante: Edison Damián Hernández Pardo 4 intermunicipal etc.), pr escripción con la que el accionante no cuenta.”

Precisa que, respecto a los pacientes ambulatorios, la Resolución 2481 del 2020 en su artículo 122 precisa los casos en que el mismo debe otorgarse, y, el municipio de residencia del usuario la EAPB no recibe una prima adicional por dispersión geográfica, dado que el municipio de Chipaque Cundinamarca no recibe prima adicional por dispersión geográfica, lo cual consta en la Resolución 2503 de 2020.

Solicitó se niegue la orden de suministrar transporte para el usuario, habida cuenta que no cumple los presupuestos que establece el Sistema General de Seguridad Social en Salud, para su concesión, máxime que no se allegó ningún elemento que permita presumir la ca rencia de recursos del accionante o su

usuario, habida cuenta que no cumple los presupuestos que establece el Sistema General de Seguridad Social en Salud, para su concesión, máxime que no se allegó ningún elemento que permita presumir la ca rencia de recursos del accionante o su núcleo familiar para cubrir dicho gasto, quienes en virtud del principio de solidaridad, tienen el deber de socorrerle frente a aquellas situaciones en las que requiera un servicio que no hace parte del PBS.

En cuanto al tratamiento integral resaltó que FAMISANAR EPS ha desplegado todas las acciones de gestión de prestación de servicios de salud en favor del usuario, para garantizar su acceso a todos y cada uno de los servicios ordenados por su médico tratante, para el tratamiento de la patología que padece. Luego, no se han configurado motivos que lleven a inferir que la EPS ha vulnerado o pretenda negar deliberadamente el acceso de servicios a futuro.RAD. 110013187018202100115 01– NI: T-5299

Demandante: Edison Damián Hernández Pardo 5

En posterior comunicación informó que fue programada la cita para valoración por grupo de trasplante de medula ósea para el día 19 de enero del 2022 a las 8:00 a.m. con la Doctora María Isabel Arbeláez en el Instituto Nacional de Cancerología. Información que se comunicó a la señora Sandra acudiente del afiliado al núm ero 3142384695 quien acepta y entiende, de igual manera al correo sandrapatriciapardo00@gmail.com.

2.- La Secretaria de Salud de Cundinamarca y el Instituto Nacional de Cancerología no dieron respuesta al requerimiento del Juzgado.

Sentencia de primera instancia.- Recopilado el acervo probatorio

sandrapatriciapardo00@gmail.com.

2.- La Secretaria de Salud de Cundinamarca y el Instituto Nacional de Cancerología no dieron respuesta al requerimiento del Juzgado.

Sentencia de primera instancia.- Recopilado el acervo probatorio pertinente, el a-quo argumentó que, respecto a la valoración por el grupo de trasplante de progenitores hematopoyéticos , la EPS FAMISANAR autoriz ó su práctica si endo asignada cita para su realización en el Instituto Nacional de Cancerología el 19 de enero de 2022, por lo que se predica un hecho superado.

En cuanto a l suministro de transporte , adujo, lo ha estimado la jurisprudencia constitucional y, ahora, el ordenamiento jurídico, como un medio que permite el acceso a los servicios de salud, pues, a veces, el no contar él impide que se reciba el tratamiento médico establecido, por ende, la materialización de la garantía fundamental. Así, la Resolución 5521 de 2013, “por medio de la cual se define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud”, establece que se procede a cubrir el traslado acuático, aéreo y terrestre de los pacientes, cuando se presenten patologías de urgencia o el servicio requerido no pueda ser prestado por la IPS del lugar donde el afiliado debería recibir el servicio, incluyendo a su vez el transporte para atención domiciliaria (artículo 124). PorRAD. 110013187018202100115 01– NI: T-5299

Demandante: Edison Damián Hernández Pardo 6 lo t anto, en principio, son estos eventos los que deben ser cubiertos por las EPS.

Ahora bien, en cuanto a la capacidad económica del afiliado, dijo,

Demandante: Edison Damián Hernández Pardo 6 lo t anto, en principio, son estos eventos los que deben ser cubiertos por las EPS.

Ahora bien, en cuanto a la capacidad económica del afiliado, dijo, el accionante manifestó no poder laborar debido a sus padecimientos lo cual permite inferir que no tiene un i ngreso que le permita solventar sus necesidades encontrándose afiliado al régimen subsidiado en salud, de donde se deduce la carencia de recursos, siendo la EPS la que deb ió desvirtuar con sustento probatorio tal situación, y no lo hizo.

En consecuencia, el Juzgado proced ió a amparar el derecho fundamental a la salud de EDISON DAMIAN HERNANDEZ PARDO y orden ó a la EPS FAMISANAR que, siempre que haya lugar a su desplazamiento, autorice el traslado (ida y vuelta) en transporte adecuado para él y, en los event os en que sea necesario, de su acompañante, desde su lugar de residencia hasta las clínicas, hospitales, centro médico o de laboratorio en las que pueda acceder al tratamiento, terapias, citas médicas y procedimientos, y que, a su vez, se le brinde, sin ob stáculo de ningún tipo, el tratamiento integral que requiera, conforme lo prescrito por su médico tratante respecto de las patologías diagnosticadas y las que con ocasión o como consecuencia de las misma llegaren a generarse .

Ello, expuso, con sustento en la mora en la autorización de la valoración por el grupo de trasplante de progenitores hematopoyéticos, pues la misma solo fue expedida por la EPS una vez se notificó de la demanda de acción de tutela, por lo que en

valoración por el grupo de trasplante de progenitores hematopoyéticos, pues la misma solo fue expedida por la EPS una vez se notificó de la demanda de acción de tutela, por lo que en cuanto a la prestación del servicio i ntegral para la patología queRAD. 110013187018202100115 01– NI: T-5299

Demandante: Edison Damián Hernández Pardo 7 actualmente aqueja al tutelante, atendiendo las condiciones especiales en que se encuentra, y como ha sido expuesto por la Corte Constitucional “por la complejidad y el manejo del cáncer (…) ha reiterado el deber de protección especial que deben tener las entidades prestadoras del servicio de salud, y por lo tanto, ha ordenado que se autoricen todos los medicamentos y procedimientos POS y no POS que se requieran para el tratamiento específico e incluso inaplicar las normas que fundamentan las limitaciones al POS, razón por la cual se le debe otorgar un trato preferente”.

Concretó entonces su decisión así:

“PRIMERO: Declarar improcedente la acción de tutela respecto a la autorización de Valoración por grupo de trasplante de progenitores hematopoyéticos, por hecho superado. SEGUNDO: TUTELAR los derechos constitucionales fundamentales a la salud, a la vida y a la vida en condiciones dignas del señor EDISON DAMIAN HERNANDEZ PARDO vulnerados por EPS FAMISANAR, ... TERCERO: ORDENAR al Representante Legal se EPS FAMISANAR y/o quien haga sus veces, que siempre que haya lugar a su desplazamiento, autorice el traslado (ida y vuelta) del paciente EDISON DAMIAN HERNANDEZ PARDO y de su

se EPS FAMISANAR y/o quien haga sus veces, que siempre que haya lugar a su desplazamiento, autorice el traslado (ida y vuelta) del paciente EDISON DAMIAN HERNANDEZ PARDO y de su acompañante cuando sea necesario, desde su lugar de residencia hasta las instalaciones de la clínica, hospital o laboratorio clínico que requiera para el tratamiento de sus patologías. CUARTO: ORDENAR a EPS FAMISANAR que se brinde, sin obstáculo de ningún tipo, el tratamiento integral compuesto por todos aquel los, medicamentos, intervenciones, procedimientos, exámenes, controles, instrumentos y seguimientos que EDISON DAMIANRAD. 110013187018202100115 01– NI: T-5299

Demandante: Edison Damián Hernández Pardo 8

HERNANDEZ PARDO requiera, con ocasión del cuidado de sus enfermedades, conforme lo prescriban los médicos tratantes”.

Impugnación.- Notificado el fallo, FAMISANAR EPS lo recurrió insistiendo que no ha negado servicio en salud alguno al afiliado, pues han sido debidamente autorizados, de acuerdo con la normatividad vigente que rige el Sistema de Seguridad Social en Salud.

Frente a la petición consistente en la garantía de un tratamiento integral al paciente, resaltó que FAMISANAR EPS ha desplegado todas las acciones de gestión para prestación de servicios de salud en favor del usuario, esto en aras de garantizar su acceso a todos y cada una de las atenciones ordenadas por su médico tratante y otorgar así el tratamiento de su patología.

Concluyó que no es procedente conceder el tratamiento integral en tanto se evidencia que no se han configurado motivos que lleven a

y cada una de las atenciones ordenadas por su médico tratante y otorgar así el tratamiento de su patología.

Concluyó que no es procedente conceder el tratamiento integral en tanto se evidencia que no se han configurado motivos que lleven a inferir que la EPS haya vulnerado o pretenda negar deliberadamente el acceso al afiliado de servicios a futuro tal y como lo ha reiterado la Corte Constitucional en su amplia jurisprudencia. Además, debe tenerse en cuenta que el Ministerio del ramo estableció el listado de los servicios y tecnologías EXPRESAMENTE EXCLUIDOS y que por ende no pueden ser financiados con los recursos públicos asignados al Sistema de Salud (Resolución 586 de 2021, Resolución 2273 de 2021 , Ley 1751 de 2015).

Así las cosas, afirmó, ante la evidencia de ausencia de vulneración o amenaza de Derecho Fundamental alguno por parte deRAD. 110013187018202100115 01– NI: T-5299

Demandante: Edison Damián Hernández Pardo 9

FAMISANAR, las pretensiones planteadas por el accionante no están llamadas a prosperar, por tal razón de be declararse su

“IMPROCEDENCIA”.

Aclaró, finalmente, que e l suministro de transporte tampoco es oportuno, porque la EPS ha autorizado todos los servicios que ha requerido el usuario , conforme a las ordenes médicas expedidas por los galenos tratantes y que cumplan con los requisitos establecidos en las normas que regulan el SGSSS ; enfatizando que el usuario “YA se encuentra recibiendo toda la atención médica requerida en el municipio de residencia” y, por expresa disposición de la Resolución 2292 de 2021 en sus artículos 107° y 108° no

que el usuario “YA se encuentra recibiendo toda la atención médica requerida en el municipio de residencia” y, por expresa disposición de la Resolución 2292 de 2021 en sus artículos 107° y 108° no aplica al caso, en tanto no ha habido desplazamiento para recibir los servicios médicos en una ciudad distinta a la de su d omicilio principal y/o haya requerido ambulancia medicalizada para ser movilizado ante una calamidad de urgencia.

Por consiguiente, deprecó que se modifique la decisión del A quo y en su lugar se niegue la tutela instaurada por el accionante.

Subsidiariamente, en caso de confirmar la decisión impugnada, se adicione orden a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) de reintegrar a la EPS FAMISANAR S.A.S. los recursos destinados al suministro de servicios excluidos de la financiación con recursos públicos del SGSSS a través de la UPC Resolución 2292 de 2021 y del Presupuesto Máximo Resolución 586 de 2021 dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la prestación del servicio ordenado por el Despacho Judicial.RAD. 110013187018202100115 01– NI: T-5299

Demandante: Edison Damián Hernández Pardo 10

CONSIDERACIONES

De la competencia.- Se radica en esta Corporación en segunda instancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991 y 1382 de 2000, y las demás disposiciones pertinentes; atendiendo a la competencia a prevención, la autoridad que emitió el fallo que se revisa y la calidad de la entidad demandada.

y las demás disposiciones pertinentes; atendiendo a la competencia a prevención, la autoridad que emitió el fallo que se revisa y la calidad de la entidad demandada.

Legitimación activa. El artículo 86 de la Constitución Política consagra que toda persona que considere vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales podrá interponer acción de tutela como lo hiciera en este caso EDISON DAMIAN

HERNANDEZ PARDO.

Legitimación pasiva . El artículo 5º del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas que vulneren o amenacen los derechos fundamentales.

En este caso, la demanda se ha dirigido contra la EPS FAMISANAR, la IPS Instituto Nacional de Cancerología y la Secretaría de Salud del departamento como involucrados en la prestación de los servicios de salud al demandante.

La legislación sobre seguridad social en nuestro país prevé que toda persona debe estar inscrita al servicio asistencial y tiene derecho a que el ente escogido le garantice la prestación de los servicios de salud que requiere y aquellos que requiere con necesidad, incluso si no se encuentran en el plan básico de salud.RAD. 110013187018202100115 01– NI: T-5299

Demandante: Edison Damián Hernández Pardo 11

Igualmente, que dicha prestación se efectúe por intermedio de la institución prestadora de servicios con la cual se hubiese suscrito contrato con tal fin.

Como quiera que precisamente se invoca el cumplimiento de esas obligaciones legales y contractuales, están legitimadas por pasiva

institución prestadora de servicios con la cual se hubiese suscrito contrato con tal fin.

Como quiera que precisamente se invoca el cumplimiento de esas obligaciones legales y contractuales, están legitimadas por pasiva en el proceso que se adelanta. (CP, art. 86º; D 2591/91, art. 1º).

Subsidiariedad. Los artículos 86 de la Constitución Política y 6º del Decreto 2591 de 1991, consagran que la tutela procede cuando la persona afectada no tenga otro mecanismo judicial de defensa o, “salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”

La Corte Constitucional ha precisado que la salud es un derecho fundamental que debe ser garantizado a todos los seres humanos igualmente merecedores, por lo cual no hacerlo conduce a que se presente un déficit de protección consti tucionalmente inadmisible. Y como se compromete la vida en condiciones dignas e incluso en el concepto máximo de la propia existencia, no opera mecanismo alterno de la misma eficacia que la acción constitucional, para su restablecimiento o protección.

De allí que resulte pertinente el estudio de la demanda que se promueve con tal propósito.

Protección constitucional del derecho a la salud. - Desde la óptica del derecho internacional, según el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la O.N.U ., la salud “es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio deRAD. 110013187018202100115 01– NI: T-5299

Demandante: Edison Damián Hernández Pardo 12 los demás derechos humanos” y, en consecuencia, todo ser

derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio deRAD. 110013187018202100115 01– NI: T-5299

Demandante: Edison Damián Hernández Pardo 12 los demás derechos humanos” y, en consecuencia, todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente.

Son numerosos los instrumentos de derecho internacional que reconocen el derecho del ser humano a la salud. En el párrafo 1 º del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se afirma que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a toda su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, en su artículo 12 reconoce “el derecho de toda persona al más alto nivel posible de salud física y mental”, atribuyendo a los Estados la obligación de adoptar medidas encaminadas a asegurar la plena efectividad de ese derecho, pero no concebido como la simple ausencia de afecciones o enfermedades o la conservación simple de las funciones corporales que le permitan a la persona mantenerse con vida, cualquiera sea la situación en que se encuentre, sino que implica, además, que el titular alcance un estado lo más lejano p osible al sufrimiento para que pueda desempeñarse en sociedad como un individuo normal con una óptima calidad de vida.

En nuestro ordenamiento jurídico, desarrollando los preceptos normativos, la Corte Constitucional ha sostenido que el de la salud es un derecho fundamental autónomo así sea catalogado por la

individuo normal con una óptima calidad de vida.

En nuestro ordenamiento jurídico, desarrollando los preceptos normativos, la Corte Constitucional ha sostenido que el de la salud es un derecho fundamental autónomo así sea catalogado por la doctrina como un derecho social, sin que ello resulte contrario al reconocimiento de una importante dimensión prestacional. En unaRAD. 110013187018202100115 01– NI: T-5299

Demandante: Edison Damián Hernández Pardo 13 de sus providencias encuentra artificioso que se deba recurrir a la estrategia del factor conexidad para proteger este derecho.2

En ese orden de ideas, es obligación del Estado procurar que todos y cada uno de los colombianos se encuentre adscrito a una entidad prestadora de salud, de su libre escogencia, y, que se le prest en los servicios que requiera, aun cuando no estén contemplados en el Plan Básico de Salud, en cuyo caso se ha admitido la inaplicación de la normatividad restrictiva.

Siendo aún más protectora en el caso de enfermedades catastróficas, de alto riego y pro gresivas, en cuyos eventos es inadmisible la demora o negativa en el suministro, resultando procedente la intervención del juez de tutela.

En esta ocasión, aunque el actor hizo alusión al suministro de las citas, instrumentos, medicamentos o procedimientos dispuestos por los galenos que lo atienden; la protección la hace derivar de la necesidad de que se le otorgue transporte para asistir a los servicios autorizados en Bogotá, pues él reside en Chipaque (C).

Al respecto, contrario a lo concluido por el a-quo, no se tiene en las diligencias soporte que permita afirmar que la EPS cuestionada se

servicios autorizados en Bogotá, pues él reside en Chipaque (C).

Al respecto, contrario a lo concluido por el a-quo, no se tiene en las diligencias soporte que permita afirmar que la EPS cuestionada se ha negado a tal prestación económica o no hubiese evaluado la opción de autorizar los servicios en el lugar de residencia del afiliado. Lo que si se tiene claro es que, desde el diagnóstico de la enfermedad, el demandante ha sido atendido en el Instituto Nacional de Cancerología ubicado en Bogotá, allí ha concurrido sin objeciones a recibir el tratamiento previsto por los galenos, y, la

2 Sentencia T-760 de 31 de julio de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.RAD. 110013187018202100115 01– NI: T-5299

Demandante: Edison Damián Hernández Pardo 14 inconformidad que ahora manifiesta en esta actuación no la ha puesto en consideración de la entidad promotora de salud.

En efecto, al interponer la demanda constitucional el interesado no aportó constancia de que hubiese acudido a la EPS para informarle que su residencia está fuera de la capital del país y que, por tanto, debe proveerle transporte para acudir a los servicio s que se le ofrecen en esta ciudad . Mucho menos, por supuesto, existe demostración de que pretensión en tal sentido hubiese sido negada por la demandada.

De lo que existe constatación según lo plasmado en la historia clínica y fórmulas aportadas al proceso, es que el paciente reporta como dirección carrera 14 n 18-55 de Funza, incluso en diciembre de 2021, ya en curso la actuación que se estudia, registraba esa

clínica y fórmulas aportadas al proceso, es que el paciente reporta como dirección carrera 14 n 18-55 de Funza, incluso en diciembre de 2021, ya en curso la actuación que se estudia, registraba esa dirección de residencia ante la EPS y la IPS.

Así las cosas, no habiendo realizado el interesado gestiones ante la entidad promotora de salud para superar el escollo que ahora manifiesta como amenaza a la continuidad del tratamiento, y, consecuentemente, no haber tenido FAMISANAR oportunidad de analizar el caso y aceptar o no otorgarle viáticos y transporte; no puede predicarse afectación de garantías supremas como lo concluyó el a-quo.

Le corresponde al interesado adelantar las gestiones administrativas pertinentes, con el fin de que la entidad promotora de salud evalúe su situación y resuelva lo que estime acertado, solo ante una respuesta sustentada sobre el particular, podría llegar a analizarse y, eventualmente, vislumbrarse la afectación deRAD. 110013187018202100115 01– NI: T-5299

Demandante: Edison Damián Hernández Pardo 15 garantías supremas que en esta ocasión pregona el actor.

De otra parte, atendiendo a que el juzgado de primera instancia dispuso el tratamiento integral a partir de la demora en la orden de valoración por grupo de trasplante de progenitores hematopoyéticos; se dirá que resulta acertada porque solo en diciembre 31 de 2021, en el curso de la actuación constitucional se tramitó por la EPS , emitiendo autorización para consulta de primera vez por especialista en trasplantes y direccionado hacia la red habilitada y contratada para tal efecto, como lo es, el Instituto

tramitó por la EPS , emitiendo autorización para consulta de primera vez por especialista en trasplantes y direccionado hacia la red habilitada y contratada para tal efecto, como lo es, el Instituto Nacional de Cancerología , programándose de inmediato la respectiva cita. Lo que de suyo conllevó a la declaratoria de carencia actual de objeto por hecho superado en cuanto a ese tópico en particular.

La jurisprudencia nacional ha reiterado que los afiliados del Sistema de Seguridad Social en Salud tienen derecho a no ser:

“víctimas de interrupciones constitucionalmente injustificables en la prestación de los servicios de salud, señalando algunos de los criterios que deben tener en cuenta las entidades promotoras y prestadoras de salud (EPSS, ARSS, IPSS) para garantizar y asegurar la continuidad de los mismos.3”4

Protección más amplia en el caso de enfermedades catastróficas, de alto riesgo y progresivas como la que aqueja al demandante, en cuyos eventos es inadmisible la demora o negativa en el suministro, resultando procedente la intervención del juez de tutela

3 Sentencias T-1198 de 2003, T-1218 de 2004, T-128 de 2005, T-246 de 2005 y T-354 de 2005, T-420 de 2007 4 Sentencia T-183 de 2008.RAD. 110013187018202100115 01– NI: T-5299

Demandante: Edison Damián Hernández Pardo 16 para disponer el amparo deprecado y acertada la orden impartida para la atención inmediata e integral de su salud.

Coincide esta instancia con el a-quo que la protección debe ir

Demandante: Edison Damián Hernández Pardo 16 para disponer el amparo deprecado y acertada la orden impartida para la atención inmediata e integral de su salud.

Coincide esta instancia con el a-quo que la protección debe ir mucho más allá de la orden ocasional e insular de la entrega de una medicina o un insumo, la práctica de un procedimiento o la emisión de una autorización; pues por las características del sufrimiento se concluye sin esfuer zo, la permanente amenaza en contra de la salud del paciente en cuanto condiciones dignas de existencia.

En efecto, si el enfermo recibe en forma incompleta o tardía las medicinas, no obtiene la autorización del tratamiento que requiere o se retarda la práctica de un procedimiento ordenado por su médico tratante; la vida directamente relacionada con su estado de salud se coloca en riesgo y merece protección por parte del juez constitucional para que la situación de desventaja que compromete su existencia no se mantenga o sólo pueda ser restablecida momentáneamente, cada vez que se instaure la acción de tutela, para ser nuevamente puesta en riesgo al ser incumplida la siguiente indicación médica.

La jurisprudencia de la Corte ha recalcado, en varias ocasi ones5, que e l ordenamiento jurídico colombiano ha prescrito que el derecho a la salud debe prestarse conforme con el principio de atención integral. Al respecto se puede mencionar la sentencia T760 de 2008 en la que se estableció:

“…, el numeral 3° del a rtículo 153 de la ley 100 de 1993, enuncia este principio de la siguiente manera:

atención integral. Al respecto se puede mencionar la sentencia T760 de 2008 en la que se estableció:

“…, el numeral 3° del a rtículo 153 de la ley 100 de 1993, enuncia este principio de la siguiente manera:

5 Por ejemplo, en la sentencia T-574 de 2010.RAD. 110013187018202100115 01– NI: T-5299

Demandante: Edison Damián Hernández Pardo 17 “El sistema general de seguridad social en salud brindará atención en salud i